Se pone en acción la red uruguaya de acompañamiento feminista en aborto LAS LILAS. Ni un paso atrás de lo conquistado.

En Uruguay han pasado más de 7 años de la promulgación de la Ley 18.987 de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) y en este periodo más de 65.000 mujeres abortaron en los servicios legales. La atención en salud sexual y reproductiva es parte de las prestaciones obligatorias que deben brindar las instituciones públicas y privadas del Sistema Nacional Integrado de Salud. La ley aprobada no despenaliza la práctica sino que incorpora plazos para no aplicación de la pena (12 semanas por voluntad de la gestante, 14 si es producto de violación y sin plazos si hay malformación fetal incompatible con la vida extrauterina o riesgo de vida para la embarazada). Los servicios legales de aborto funcionan bajo condiciones que deben cumplirse obligatoriamente para acceder a la interrupción que de no cumplirse se habilita el procesamiento penal quien no lo cumpla, quien acompañe así como a quien provea la interrupción. Además, no están amparadas por la ley las migrantes con menos de un año de residencia en el país y sólo pueden resolverlo en la clandestinidad quienes queden fuera de los plazos y condiciones estipuladas.

El 96% de los abortos registrados ha sido por vía medicamentosa y, al final del largo proceso administrativo que exige la ley (incluyendo cinco días de reflexión obligatorios), cada mujer recibe la medicación de su proveedor de salud y procesa la interrupción en la casa y muchas veces sola. De quienes iniciaron el proceso el 95% finalizó la ruta y abortó, el cinco por ciento restante puede haber resuelto continuar con el embarazo aunque también parte de ese porcentaje puede haberse “fugado” a resolverlo de manera no legal porque no sintió que en su servicio de salud tuviese todas las garantías de confidencialidad.

Se han registrado situaciones de incertidumbre, angustia y desorientación porque el asesoramiento recibido desde los equipos intervinientes no siempre es el adecuado; porque permanece el estigma y la sanción moral en muchas localidades y desde integrantes del personal de salud. En no pocos casos, la soledad es la forma en que se transita la práctica porque quienes deciden abortar no siempre cuentan con el apoyo y comprensión de sus entornos más cercanos.

Hay obstáculos y barreras que dificultan el funcionamiento de los servicios impactando en el acceso universal y en la calidad de la atención. Hay fuga de mujeres del sistema formal porque las instituciones no cumplen difundiendo adecuadamente información sobre los servicios y condiciones; porque hay demoras en realizar los estudios confirmatorios o porque no cuentan con todos los recursos humanos que se requiere para integrar los equipos multidisciplinarios. No hay suficiente cantidad de profesionales de la ginecología, la psicología y el trabajo social exigidos para integrar los equipos y actuar simultáneamente como lo determina la norma. Particularmente escasos son al norte del país y en localidades más pequeñas del todo el territorio, eso hace que estén disponibles sólo en las capitales departamentales o en las grandes ciudades. Por lo tanto hay quienes tienen que desplazarse largas distancias para acceder a la atención.

En varias localidades la totalidad de profesionales de la ginecología se niegan a brindar la atención excusándose por “razones de conciencia” y hay departamentos con más de 60% de profesionales que no dan el servicio. Por disposición del Tribunal de lo Contencioso Administrativo el nombre de los “objetores de conciencia” es confidencial y las usuarias no tienen acceso a la nómina. Se han registrado distintas formas de vulneración de los derechos de las mujeres en situación de abortar debido a la discrecionalidad con la que intervienen diversos profesionales de la salud, operadores jurídicos e instituciones educativas. No hay fiscalización desde las autoridades sanitarias para asegurar el cumplimiento de la norma ni mecanismos efectivos de denuncia cuando no se cumplen o se padecen arbitrariedades.

No se ha ejecutado una política de información ni de promoción de estos servicios legales por parte de las distintas autoridades sanitarias que han ejercido desde que se aprobó la ley, ni desde las instituciones proveedoras de los servicios. No han habido campañas de difusión ni acciones que procuren subsanar los obstáculos generados por la “objeción de conciencia” y combatir el estigma que persiste tanto sobre quienes abortan como sobre los equipos que brindan la atención. Si bien los Derechos Sexuales y Reproductivos (DSR) han sido reconocidos por ley como Derechos Humanos no han sido defendidos ni promovidos como tales, particularmente en aquellos sectores más vulnerados en sus derechos y en donde más se registran maternidades impuestas o embarazos productos de relaciones no consensuadas y violentas.

Además, la agenda de DSR se encuentra en riesgo de retrocesos. Tras las elecciones nacionales del 2019, se conformó una mayoría parlamentaria opuesta a los derechos consagrados y el gobierno nacional lo obtuvo el Partido Nacional, histórico opositor a esta agenda, gracias a una coalición electoral de cinco partidos de centro derecha y derecha. Las nuevas autoridades, que asumieron el 1º de marzo de 2020, han manifestado públicamente ser un gobierno “pro-vida y defensor de los derechos de los no nacidos”. Sectores católicos conservadores tienen fuerte representación en el Poder Ejecutivo y sostienen su permanencia en el legislativo los sectores evangélicos neo pentecostales, imponiendo un sesgo conservador y retardatario en las políticas gubernamentales.

A dos semanas de comenzada la actual administración de gobierno, el 13 de marzo, se decretó la emergencia sanitaria por la llegada de la pandemia del COVID-19 a Uruguay lo que ha concentrado la atención en la agenda política y mediática. La agenda legislativa también se vio capturada por el COVID-19, pero esto no impidió la presentación y el desarchivo de proyectos de ley con intención restauradora en asuntos que generan alarmas y amenazas de retroceso en materia de DSR. Se instala una política de corte neoliberal, asistencialista y meritocrática que debilita la conceptualización de los derechos como inherentes a todo ser humano y la responsabilidad del estado en garantizar las condiciones para su ejercicio con igualdad de oportunidades.

Por todas estas razones y porque en tiempos adversos es imperioso reactivar las acciones de solidaridad y resistencia, el 30 de noviembre 2020, luego de casi un año de preparación, se puso en funcionamiento la Red de Acompañamiento Feminista en Aborto “LAS LILAS”. La actividad de presentación fue presencial y virtual contando con el aliento, la participación a distancia y el apoyo de las organizaciones amigas de Nicaragua, Honduras, Guatemala, Bolivia, Argentina, Ecuador, Colombia y Perú.

LAS LILAS nos conformamos ante la necesidad ineludible de apoyar a mujeres y a personas con capacidad de gestar que deciden abortar, para que lo hagan de manera segura y acompañada. Contamos con la presencia de colectivas y feministas en 10 de 19 departamentos del país (Montevideo, Canelones, Maldonado, Rocha, Treinta y Tres, Tacuarembó, Rivera, Paysandú, Salto y Colonia).

LAS LILAS, en cada localidad y según la capacidad de cada colectiva, hemos acordado relevar los servicios disponibles, sus horarios de funcionamiento, profesionales a cargo y la integración de los equipos multidisciplinarios de las instituciones públicas y privadas de salud existentes, para difundir ampliamente en cada territorio. Se informará sobre la RUTA IVE alertando sobre sus limitaciones, incentivando la utilización de los servicios legales de aborto y promoviendo los derechos que tienen las personas que lo requieren.

También asesoraremos sobre las formas seguras de abortar y se promoverá que se hable abiertamente de aborto para combatir el estigma y la discriminación que todavía acompañan su práctica. Se generarán talleres sobre autonomía reproductiva y espacios para compartir alivios y desactivar miedos y prejuicios que aún persisten.

LAS LILAS nos proponemos incentivar las denuncias cuando los servicios no están disponibles, no cumplen con lo estipulado o no se brindan con la calidad que corresponde. LAS LILAS somos una red feminista, como otras similares de la región y el mundo, que lucha por la plena autonomía reproductiva y la libertad de decidir, sin coacciones ni violencias.

SON NUESTROS DERECHOS, LOS HEMOS CONQUISTADO Y LOS HACEMOS VALER.

Artículo final en el marco de la subvención otorgada por Clacai a MYSU.