El Congreso de Honduras aprobó la reforma de la Constitución que modifica el artículo 67 que establece la prohibición y la ilegalidad de la interrupción del embarazo por parte de la mujer o de tercero y crea un blindaje constitucional que imposibilite legalizar la práctica del aborto en Honduras en el futuro.

La ley representa clara violación del derecho a la igualdad de las mujeres y niñas además de violar de igual forma el principio de proporcionalidad. La imposición de un embarazo y consecuente maternidad sin consentimiento implica que los derechos de la mujer o niña embarazada serían considerados inferiores al derecho del feto / embrión, ubicando mujeres y niñas como ciudadanas de segunda categoría. Por ejemplo, se podría impedir el acceso a la atención en un embarazo ectópico, obligar a una niña violada a continuar con el embarazo, obligar a una mujer a detener su tratamiento para el cáncer Por otro lado, existen otras posibilidades para que el ordenamiento jurídico proteja las etapas del desarrollo biológico del ser humano sin ser necesario  violar derechos humanos de las mujeres y niñas y proponer la creación  un blindaje constitucional para que no se amplíe los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en Honduras en ninguna circunstancia.

La reforma está basada en motivaciones ideológicas sin base científica y con el objetivo de negar a las mujeres y niñas la gama completa de servicios de salud reproductiva que son esenciales, incluso en casos extremos, para salvar la vida o la salud de la mujer. En otros momentos, estos intentos han buscado justificar las restricciones al acceso a la fecundación in vitro y o a la anticoncepción de emergencia. En general, estas estrategias intentan negar a las mujeres la capacidad de tomar decisiones autónomas con respecto a su fertilidad.

La ley va en sentido contrario al reconocimiento de la libertad y autonomía de las mujeres y niñas, y pretende imponer obligatoriamente la maternidad mismo en situaciones extremas como en caso de riesgo a la vida, a la salud, incesto o violación, en que se justificaría la interrupción por razones terapéuticas y son precisamente en aquellas circunstancias, en las que el embarazo debe resultar de una elección libre, responsable e informada. Además, impone una situación de tortura a la mujer y la niña que pasa a tener condición análoga a la de una incubadora, sin autonomía, convirtiéndola en objeto y despojándola de su dignidad humana. La restricción de derechos no va acompañada de ganancias o formas de protección, ya que existen graves violaciones al derecho a la libertad, integridad personal, vida privada y derecho a la salud. La prioridad del embrión hace con que la mujer o la niña se conviertan en un mero instrumento para hacer posible el nacimiento con vida del feto.

El derecho a la vida es un derecho humano fundamental para el disfrute de todos los demás derechos humanos. Todavía, el derecho internacional de los derechos humanos reconoce que este derecho básico se adquiere a partir del nacimiento con vida y no es absoluto.  Los órganos de derechos humanos internacionales y regionales, así como los tribunales de todo el mundo, han establecido claramente que cualquier protección prenatal debe ser compatible con la capacidad de las mujeres para tomar decisiones autónomas sobre sus vidas como sus derechos. a la vida, la salud, la dignidad, la igualdad y la autonomía, así como otros derechos humanos básicos. En ese particular, el Comité de Derechos Humanos (CDH) adoptó la observación general núm. 36 relativa al derecho a la vida (sobre el artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos), que establece que: “Aunque los Estados parte pueden adoptar medidas destinadas a regular interrupciones del embarazo, tales medidas no deben resultar en una violación del derecho a la vida de una mujer o niña embarazada, o sus otros derechos en virtud del Pacto. Así, restricciones en la capacidad de las mujeres o niñas para solicitar el aborto no debe, entre otras cosas, poner en peligro sus vidas, sufran dolores o sufrimientos físicos o mentales que violen el artículo 7, discriminen ellos o interfiere arbitrariamente con su privacidad. Los Estados parte deben proporcionar seguridad, legal y acceso efectivo al aborto cuando la vida y la salud de la mujer o niña embarazada están en riesgo, o donde llevar un embarazo a término causaría que la mujer o niña embarazada dolor o sufrimiento sustancial, sobre todo cuando el embarazo es el resultado de una violación o incesto o no es viable. Además, los Estados parte no pueden regular el embarazo o el aborto. en todos los demás casos de una manera contraria a su deber de garantizar que las mujeres y las niñas no tienen que realizar abortos inseguros, y deben revisar sus leyes de aborto en consecuencia.  Por ejemplo, no deberían tomar medidas como criminalizar embarazos de mujeres solteras o aplicar sanciones penales contra mujeres y niñas someterse a un aborto o contra los proveedores de servicios médicos que los ayuden a hacerlo, ya que la adopción de tales medidas obliga a las mujeres y niñas a recurrir al aborto inseguro.

El derecho internacional de los derechos humanos no reconoce la protección del derecho a la vida desde la concepción porque considera que interfiere significativamente con los derechos humanos de las mujeres, su salud y autonomía reproductiva. La práctica del aborto en condiciones inseguras tiene una estrecha relación con su criminalización. Por su vez, la Convención sobre Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer – CEDAW, de la cual Brasil es Estado signatario, en su artículo 12 (g) determina que los países derogan las disposiciones penales nacionales que constituyen discriminación contra la mujer, como es el caso de los dispositivos que penalizan la práctica del aborto.

El fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (la Corte) en noviembre 2012 en el caso de Artavia Murillo y Otros vs. Costa Rica generó una jurisprudencia muy significativa en el área de los derechos humanos de las mujeres. la Corte señala que el derecho a la autonomía reproductiva también está reconocido en el artículo 16 (e) de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, según el cual las mujeres tienen derecho a decidir libre y responsablemente el número de hijos y la entre los nacimientos y tener acceso a la información, la educación y los medios que les permitan ejercer estos derechos. El fallo de la Corte concluyó que no es admisible otorgar el estatus de persona al embrión (párrafo 223) y que la protección al derecho a la vida bajo el Artículo 4 (Derecho a la Vida) de la Convención Americana no es absoluta, más bien gradual e incremental según su desarrollo (párrafo 264). La Corte también estableció que los derechos a la vida privada y a la integridad personal están vinculados directa e inmediatamente con la atención de la salud. La falta de protecciones legales que tomen en consideración la salud reproductiva puede resultar en un impedimento al derecho a la autonomía reproductiva y a la libertad. Por lo tanto, existe una conexión ente la autonomía personal, la libertad reproductiva y la integridad física y mental (párrafo 147).

Asimismo, la Corte manifestó que “[d] el derecho de acceso al más alto y más efectivo progreso científico para el ejercicio de la autonomía reproductiva y la posibilidad de formar una familia deriva el derecho a tener acceso a mejores servicios de salud en asistencia técnica reproductiva y, en consecuencia, la desproporcionada e innecesaria prohibición de jure o restricciones de facto al ejercicio de las decisiones reproductivas que le corresponden a cada persona” (párr. 150). La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en este caso en particular es de especial relevancia para propuestas legislativas y los juicios encaminados para regular e implementar políticas de salud que garanticen el acceso de las mujeres a los servicios de salud para llevar a cabo la interrupción voluntaria del embarazo, de conformidad con los derechos humanos a la libertad, autonomía y dignidad de las mujeres.

Sociedades marcadas por preceptos patriarcales restringen el libre ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos y el acceso de las mujeres al aborto seguro. Paralelamente a estos estándares, surgen nuevos valores sociales sobre el papel de la mujer en la sociedad, como lo señala la igualdad de género incluida en los objetivos del desarrollo sustentable contenidos en la Agenda 2030 de Naciones Unidas.

Dichos valores se reflejan en cambios necesarios de paradigma y de fortalecimiento de la autonomía de las personas en materia de sexualidad y reproducción. La reforma constitucional refuerza el estereotipo de la mujer como madre y cuidadora y obligada por el estado a llevar su embarazo sin poder de elegir su proyecto de vida, como un mero receptáculo o vehículo de la vida por nacer. En los albores del nuevo milenio, es inaceptable que se adopte una legislación que impide el acceso a la salud y aumenta los riesgos a la vida y la salud asociados al aborto inseguro.

Por todo lo expuesto, los y las abajo firmantes rechazamos la reforma legislativa.

Erika Guevara Rosas, abogada, Directora para las Américas, Amnistía Internacional

Desirée Mostajo Flores, Ginecóloga Obstetra, Coordinadora del Comité de Derechos Sexuales y Reproductivos de la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Obstetricia y Ginecología (FLASOG)            

Miguel Gutiérrez, Médico Ginecólogo Obstetra,   Maestro de la Ginecología y Obstetricia Latinoamericana de la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Obstetricia y Ginecología (FLASOG)    

Silvia Oizerovich, Médica, Presidenta de la Red Iberoamericana de profesionales de la Salud Sexual y Salud Reproductiva

Soledad Deza, Abogada, Premio “Servicio a Otros” de la International Association of Bioethics, Argentina

Laura Gil Urbano, Ginecobstetra, Integrante del Comité de Aborto Seguro de la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia (FIGO)              

Alicia Ely Yamin , Profesora, Lecturer on Law, Estados Unidos       

Oscar A. Cabrera, Abogado/Profesor, Profesor Universidad de Georgetown University, Estados Unidos  

Guillermo Ortiz, Ginecólogo Obstetra, Medico, Asesor Senior, Estados Unidos

Enrique Manuel Mesa, Médico Ginecólogo, Argentina

Gabriela Perrotta, Psicóloga, Coordinadora de Consejería en salud sexual y salud reproductiva en Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires, Argentina   

Silvina Edith Ramos, Socióloga, Investigadora titular del CEDES (Centro de Estudios de Estado y Sociedad), Argentina      

Graciela Lukin Mutov, Ginecóloga Obstetra, Asesora técnica de la Dirección de SSR de la Provincia de Buenos Aires, y de la Dirección de SSR del ministerio de Salud de la Nación, Argentina

Roberto Baldiviezo Calles, Ginecólogo Obstetra, Médico Cirujano, Bolivia

Susana Cristina Asport Terán, Ginecóloga Obstetra, Bolivia           

Aníbal Eusebio Faúndes Latham, Médico Gineco-Obstetra, Profesor Emérito de la Universidad Estadual de Campinas (UNICAMP), Brasil              

Paulina Troncoso, Médica Ginecóloga Obstetra, Profesora del Departamento de Anatomía y  Medicina Legal y del Centro de Medicina Reproductiva y Desarrollo Integral del Adolescente en la Universidad de Chile  

Guillermo Galán Chiappa, Médico Ginecólogo Obstetra, Profesor de la Universidad de Chile,

Gonzalo Rubio Schweizer, Médico Ginecólogo, Dirigente del Colegio Médico de Chile         

Dominique Truan Kaplan, Médica Ginecóloga, Chile         

Lieta Valeria Vivaldi Macho, Abogada, Doctora en Sociología, Profesora en la Universidad de Chile     

Pio Iván Gómez, Médico Ginecobstetra y epidemiólogo, Profesor Titular de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia, Colombia        

José Ricardo Navarro Vargas, Médico anestesiólogo, Decano de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia.          

Laura Castro González, Politóloga, Politóloga, Colombia  

Víctor Manuel Álvarez Chávez, Médico, Presidente del Colegio De Médicos De Pichincha, Ecuador

El Salvador, Juan Cabrera Guillen, Médico general, Doctorado en Medicina de la Universidad de El Salvador

Juan Carlos Lovo Barahona, Ginecólogo, Médico, El Salvador        

Edgar Kestler, Ginecólogo Obstetra, Médico Cirujano, Director Ejecutivo del Centro de Investigación Epidemiológica en Salud Sexual y Reproductiva, Guatemala              

Alfonso Gerardo Carrera Riva Palacio, Médico especialista en Ginecología y Obstetricia, Miembro titular de la Asociación Mexicana de Medicina de la Reproducción y Profesor Titular de Ginecología y Obstetricia en la Universidad Autónoma del Estado de México, México   

Ana Laura Magaloni, Abogada,   Profesora de la División de Estudios Jurídicos del Centro de Investigación y Docencias Económicas CIDE, México

Diana Layla Ibáñez López, Licenciada en Enfermería y Obstetricia, Investigadora de Universidad Nacional Autónoma de México, México  

Adriana María Domínguez Torres, Médica Cirujana, México         

David Ernesto Moncada Estévez, Médico y Sexólogo Clínico, México

Alejandra Selene Carranco Zepeda, Médica Cirujana, México        

José Martínez Bolaños,   Ginecólogo, Medico general, México      

Claudia Martínez López, Ginecóloga Obstetra, Médica, México    

Martha Lucía Micher Camarena, Senadora por Guanajuato, México         

Alfredo Guzmán Changanaqui, Gineco-Obstetra y Salubrista, Past Presidente De la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología, Perú          

Sofía Macher Batanero, Socióloga, Comisionada CVR Perú, Perú 

Beatriz Ramírez Huaroto, Abogada, Docente universitaria, Perú  

Indira Huilca Flores, Socióloga, Ex Congresista de la Republica, Perú          

Susana Rostagnol, Doctora en Antropología, Prof. Titular Departamento de Antropología Social, Universidad de la República Uruguay, Uruguay

 

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Source: Abril 2008

El Congreso de Honduras aprobó la reforma de la Constitución que modifica el artículo 67 que establece la prohibición y la ilegalidad de la interrupción del embarazo por parte de la mujer o de tercero y crea un blindaje constitucional que imposibilite legalizar la práctica del aborto en Honduras en el futuro.

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Los embarazos en adolescentes de 15 a 19 años sus repercusiones físicas y sociales, si bien se han abordado con políticas públicas e incluso investigaciones, dichos esfuerzos en Venezuela siguen siendo insuficientes por lo que en la actualidad seguimos observando embarazos tempranos. Ante esta situación, organizaciones como FALDAS-R, PLAFAM y CEDESEX, abocadas a la promoción en materia de DDSSRR, proponen y ejecutan programas como La Ruta Virtual de Formación en Sexualidad Juvenil #NiñasNoMadres. La ejecución de dicho programa se da en un contexto en el que la crisis sanitaria mundial a raíz de la Covid 19 generó condiciones de distanciamiento físico, dificultando la realización de cualquier tipo de actividad formativa en modo presencial. Durante la pandemia, embarazos tempranos, abortos inseguros y contagios de ITS siguen sucediendo, por lo que la educación y formación en el área de los DDSSRR y el empoderamiento femenino no deben detenerse. Por tanto, encontramos en la virtualidad una forma de canal para que niñas, adolescentes femeninas y mujeres jóvenes, sobre todo de zonas populares y vulnerables, tuvieran acceso a información oportuna, clara y segura sobre prevención y protección en materia de embarazos tempranos y abortos inseguros; de igual forma, acceso a herramientas para la detección y vías de denuncia de diferentes expresiones de violencia.

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Los embarazos en adolescentes de 15 a 19 años sus repercusiones físicas y sociales, si bien se han abordado con políticas públicas e incluso investigaciones, dichos esfuerzos en Venezuela siguen siendo insuficientes por lo que en la actualidad seguimos observando embarazos tempranos. Ante esta situación, organizaciones como FALDAS-R, PLAFAM y CEDESEX, abocadas a la promoción en materia de DDSSRR, proponen y ejecutan programas como La Ruta Virtual de Formación en Sexualidad Juvenil #NiñasNoMadres. La ejecución de dicho programa se da en un contexto en el que la crisis sanitaria mundial a raíz de la Covid 19 generó condiciones de distanciamiento físico, dificultando la realización de cualquier tipo de actividad formativa en modo presencial. Durante la pandemia, embarazos tempranos, abortos inseguros y contagios de ITS siguen sucediendo, por lo que la educación y formación en el área de los DDSSRR y el empoderamiento femenino no deben detenerse. Por tanto, encontramos en la virtualidad una forma de canal para que niñas, adolescentes femeninas y mujeres jóvenes, sobre todo de zonas populares y vulnerables, tuvieran acceso a información oportuna, clara y segura sobre prevención y protección en materia de embarazos tempranos y abortos inseguros; de igual forma, acceso a herramientas para la detección y vías de denuncia de diferentes expresiones de violencia.

La Ruta Virtual de Formación en Sexualidad Juvenil #NiñasNoMadres se lleva a cabo a través de la herramienta “Moodle” e incluye actividades prácticas empleando herramientas de comunicación digital con acceso a recursos educativos abiertos, materiales audiovisuales, descargables y enlaces externos. Además de la presente herramienta virtual, se implementa simultáneamente la aplicación WhatsApp para la realización de foros-chats. El rol educativo de les adultes significantes (madres, padres, representantes, docentes, personal de salud, trabajadores sociales y orientadores que acompañan a les adolescentes) en las instituciones educativas, el entorno familiar y social son determinantes. Por esta razón, en el marco de la Ruta Virtual, se facilita también la formación para empoderar a adultos y adultas significantes en el entendimiento y acompañamiento de adolescentes en el ejercicio de sus Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos para la prevención de embarazos en adolescentes y a temprana edad, de infecciones de transmisión sexual y de abortos inseguros en niñas y adolescentes, con especial énfasis en las más vulnerables.

Por consiguiente y para abarcar ambas poblaciones, se diseñaron dos cursos de 5 semanas de duración, a saber:

  • Orientación en Sexualidad Adolescente, Herramientas para el Acompañamiento: Dirigido a adultes significantes (madres, padres, representantes, docentes, personal de salud y enfermería, trabajadores sociales y orientadores).
  • Sexualidad y Empoderamiento Femenino Adolescente: Dirigido a adolescentes de 12 a 19 años.

El desarrollo de ambos cursos y sus respectivos programas profundiza en materia de DDSSRR para cada público meta: en el caso de las adolescentes busca la formación de promotoras teen que sean capaces de replicar dicha información en sus entornos sociales; y en el caso del curso para les adultes significantes, profundizar en las estrategias para el acompañamiento y orientación.

Dada la modalidad virtual de los cursos, fueron tomadas las siguientes acciones en la orientación y en el desarrollo de las actividades: ofrecer la información de la forma más clara, detallada y puntual, no sin dejar les formadores de mantenerse abiertes a la resolución de cualquier duda, valoración de observaciones, apreciaciones. Inicialmente, se inscribieron para el curso de adolescentes 102 participantes, y para el de adultes significantes 102. Al final de la formación fueron certificades respectivamente: 43 adolescentes y 56 adultes. La participación durante las actividades formativas se ha dado en un espacio de intercambio de opiniones y reflexiones en torno a los temas de embarazo temprano y no deseado, prevención de abortos inseguros, prevención e ITS, identificación de diferentes tipos de violencia machista y empoderamiento sobre DDSSRR.

Una de las principales dificultades acaecidas durante la ejecución de nuestro proyecto fue el alcance en las zonas más vulnerables, pues muchas personas participantes presentaron problemas de conectividad, de señal de internet o de acceso a energía eléctrica, situación mucho más acentuada en localidades rurales o empobrecidas. Y dicha situación ocasionó que algunes participantes abandonaran la formación incluso queriendo mantenerse en ella.

Alcanzar a un número importante de mujeres en todo el territorio nacional en este contexto de pandemia y bloqueo económico contra Venezuela, donde se ha vulnerado la calidad de los servicios básicos, la salud y calidad de vida de las mujeres, resulta ser nuestro mayor obstáculo en la actualidad.

Nos proponemos dar continuidad a esta primera experiencia, así como ampliar contenidos con las promotoras teen certificadas mediante esta metodología. Creemos oportuno ampliar la temporalidad de las actividades formativas, y así brindar mayor oportunidad a que personas de diversos territorios puedan tener acceso a las actividades e informaciones en la medida que el contexto lo posibilite, y que no exista una meta temporal inmediata que ponga un límite dicho acceso. Igualmente, se plantea un nuevo formato mixto, en el que lo presencial (con las respectivas medidas de bioseguridad) y lo digital se conjuguen para que los contenidos formativos tengan mayor alcance en las poblaciones de interés.

En conclusión, la experiencia de la Ruta Virtual como iniciativa pedagógica y formativa sobre DDSSRR en un contexto de pandemia y bloqueo, junto a la virtualidad del contexto ofreció herramientas para que en tal circunstancia, estas importantes informaciones puedan llegar de forma oportuna y clara a niñas y adolescentes. Se logró sensibilizar en torno al embarazo temprano y a los abortos inseguros a todes les participantes de ambos cursos. Al mismo tiempo, se brindó información a todes les participantes sobre cómo un embarazo temprano y/o un aborto inseguro pueden retrasar o frustrar los planes de vida de las niñas, adolescentes y jóvenes. Estimamos que además de les participantes certificades, las formadoras teen replicarán con sus familias, comunidades, centros de estudios o actividades formativas sobre todos los contenidos referidos al ejercicio de los DDSSRR durante el curso. Con énfasis en la prevención y protección.

Artículo final en el marco de la subvención otorgada por Clacai a FALDAS-R y CEDESEX, VENEZUELA.

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Source: Abril 2008

En los últimos años en Costa Rica la Interrupción Terapéutica del Embarazo ha sido un tema de debate nacional. En el año 2015 el Estado costarricense llegó a un acuerdo amistoso con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y dos mujeres que años atrás habían demandado a Costa Rica luego de ser obligadas a llevar a término sus embarazos incompatibles con la vida extrauterina. El acuerdo comprometía al Estado a hacer explícitos los procedimientos para aplicar el contenido del artículo 121 del Código Penal, a través de la promulgación de un decreto de Norma Técnica.

El artículo 121 del Código Penal, aprobado en el año 1970, establece que no es punible “el aborto practicado con consentimiento de la mujer por un médico o por una obstétrica autorizada, cuando no hubiere sido posible la intervención del primero, si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre y éste no ha podido ser evitado por otros medios”. Sin embargo, esta disposición no se ha aplicado en el país al no contar con una guía que estandarice el proceso y los procedimientos a seguir en los casos en que la interrupción se considere necesaria.

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En los últimos años en Costa Rica la Interrupción Terapéutica del Embarazo ha sido un tema de debate nacional. En el año 2015 el Estado costarricense llegó a un acuerdo amistoso con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y dos mujeres que años atrás habían demandado a Costa Rica luego de ser obligadas a llevar a término sus embarazos incompatibles con la vida extrauterina. El acuerdo comprometía al Estado a hacer explícitos los procedimientos para aplicar el contenido del artículo 121 del Código Penal, a través de la promulgación de un decreto de Norma Técnica.

El artículo 121 del Código Penal, aprobado en el año 1970, establece que no es punible “el aborto practicado con consentimiento de la mujer por un médico o por una obstétrica autorizada, cuando no hubiere sido posible la intervención del primero, si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre y éste no ha podido ser evitado por otros medios”. Sin embargo, esta disposición no se ha aplicado en el país al no contar con una guía que estandarice el proceso y los procedimientos a seguir en los casos en que la interrupción se considere necesaria.

Luego de cuatro años de que el Estado costarricense aplazara la firma de la Norma, en diciembre del año 2019, el Presidente Carlos Alvarado firma su propuesta de Norma Técnica, la cual señala que para su aplicación deben aprobarse protocolos que hagan ejecutable sus contenidos en los centros de salud públicos y privados. Esta propuesta no fue el resultado de un proceso de consulta con organizaciones feministas y el texto se hizo público solamente dos días antes de su firma.

Es en este contexto que alrededor de la Interrupción Terapéutica del Embarazo han circulado informaciones falsas, se han presentado escenarios improbables y sobre todo se han dirigido mensajes de descalificación y ridiculización a grupos feministas y sus demandas específicas sobre salud sexual y reproductiva. La multiplicación de estos discursos se ha visto amplificada por la avanzada de grupos fundamentalistas religiosos en la política electoral, tanto en el país como en la región, que como parte de sus estrategias discursivas buscan desligar estas demandas específicas de las mujeres del marco de los derechos humanos.

Con la intención de abrir espacios de diálogo y compartir información veraz, laica y científica desde un enfoque de derechos que ayude a fortalecer los niveles de información de mujeres y otras personas con capacidad de gestación desde la Colectiva por el Derecho a Decidir impulsamos el proyecto “El ABC de la ITE (Interrupción Terapéutica del Embarazo)”.

Como parte de este proyecto construimos una propuesta metodológica y de contenido para una serie de talleres virtuales. Para la Colectiva este proceso implicó el ejercicio de recuperar parte de la lucha y el trabajo de investigación, generación de conocimiento e incidencia que venimos realizando desde hace muchos años, pero principalmente los importantes esfuerzos que hace más de 10 años llevamos a cabo para consolidar las propuestas para una “Guía de Atención para la Interrupción Terapéutica del Embarazo” y una “Guía de Procedimientos para la Interrupción Terapéutica del Embarazo”.

La propuesta de contenido para los talleres se centró en los conceptos básicos para comprender los procedimientos relacionados con la ITE, así como información sobre la situación en Costa Rica, ambos temas presentados a la luz de historias ficticias. Llevamos a cabo 4 talleres virtuales en los que participaron alrededor de 50 mujeres y personas con capacidad de gestar con edades entre 20 y 70 años, de diferentes lugares del país, integrantes de organizaciones universitarias, organizaciones feministas y grupos de mujeres, así como lideresas comunitarias de zonas rurales y urbanas.

Los talleres fueron un espacio importantísimo para la discusión y el intercambio de reflexiones y preguntas en torno a la ITE y nos dieron la posibilidad de entrar en contacto con organizaciones y grupos de mujeres fuera del Gran Área Metropolitana, con quienes posiblemente hubiese sido más difícil coincidir en una modalidad presencial.

Paralelo a los talleres, trabajamos en la construcción de un material didáctico complementario al proceso de facilitación, realizando un ejercicio de consulta y escucha con otras mujeres sobre sus inquietudes, conocimientos, fuentes de información y reflexiones alrededor de la ITE para repensar en clave pedagógica los contenidos más propicios para comunicar y generar reflexiones en torno al tema.

Como resultado graficamos una de las historias de los talleres en formato cómic. La historia de Susana nos dio la posibilidad de evidenciar las barreras que enfrentamos para acceder a la ITE en el país y lo que este largo proceso implica en nuestras vidas. Integramos al material los conceptos clave, información del contexto país, así como preguntas para la reflexión y discusión que puedan apoyar los procesos de diálogo. El material se titula “Aprendiendo Juntas sobre la Interrupción Terapéutica del Embarazo” y está disponible en nuestra página web.

Siguiendo la misma línea gráfica del material didáctico imprimimos 150 bolsos de tela blanca y stickers con la frase “La Interrupción Terapéutica del Embarazo es mi derecho”, productos que potencian la visibilidad del mensaje más allá de lo virtual. A cada participante del taller le enviamos a través de servicio de correos el bolso con el material didáctico, stickers y otros materiales de la Colectiva. Además, desarrollamos diverso material audiovisual. Se produjo el video la historia de Susana, a partir del cual se derivaron otros productos para redes sociales y mensajes de Whatsapp; que han tenido una gran receptividad, posicionando y problematizando los temas a través de narrativas que refuercen la visión de los Derechos Humanos.

 

 

Durante el periodo de ejecución del proyecto, el protocolo para la Interrupción Terapéutica del Embarazo, incluído en la Norma Técnica como necesario para su implementación, no había sido aprobado por el Ministerio de Salud, por lo que en el marco de esta iniciativa emitimos un comunicado exigiendo su aprobación y señalando que su retraso es una clara forma de violencia institucional que evidencia la inacción total de un Estado indiferente ante la vida y la salud integral de las mujeres y las personas con capacidad de gestar.

Desde la Colectiva entendemos que este esfuerzo ha sido importante para fortalecer la capacidad de mujeres y personas con capacidad de gestar para demandar la garantía de sus DSR, así como visibilizar la lucha que organizaciones y colectivas hemos llevado adelante para el ejercicio pleno de estos derechos.

 

Artículo final en el marco de la subvención otorgada por Clacai a la COLECTIVA POR EL DERECHO A DECIDIR, COSTA RICA.

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Source: Abril 2008

En los últimos 10 años, Uruguay ha experimentado un gran avance en la agenda de derechos, construyendo un marco normativo robusto que fue facilitado por la conjunción de diferentes actores, como la academia, movimientos feministas, parlamentarias, profesionales de salud, que permitieron concretar este proceso y hacer que Uruguay sea uno de los pocos países de la región que permite la interrupción voluntaria del embarazo.

La regulación uruguaya reconoce el derecho al aborto a demanda durante las primeras 12 semanas de gestación (Ley 17.823), mantiene las causales de despenalización durante el resto de la gestación (salud de la mujer o malformaciones fetales incompatibles con la vida) y hasta las 14 semanas en caso de violencia sexual, reconociendo el respeto por la autonomía progresiva y confidencialidad de las consultas de niñas y adolescentes sin distinción hasta los 18 años. No obstante, al igual que otros países de la región, persisten brechas e inequidades que afectan el ejercicio de los derechos, particularmente los sexuales y reproductivos en mujeres, niñas y adolescentes.

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En los últimos 10 años, Uruguay ha experimentado un gran avance en la agenda de derechos, construyendo un marco normativo robusto que fue facilitado por la conjunción de diferentes actores, como la academia, movimientos feministas, parlamentarias, profesionales de salud, que permitieron concretar este proceso y hacer que Uruguay sea uno de los pocos países de la región que permite la interrupción voluntaria del embarazo.

La regulación uruguaya reconoce el derecho al aborto a demanda durante las primeras 12 semanas de gestación (Ley 17.823), mantiene las causales de despenalización durante el resto de la gestación (salud de la mujer o malformaciones fetales incompatibles con la vida) y hasta las 14 semanas en caso de violencia sexual, reconociendo el respeto por la autonomía progresiva y confidencialidad de las consultas de niñas y adolescentes sin distinción hasta los 18 años. No obstante, al igual que otros países de la región, persisten brechas e inequidades que afectan el ejercicio de los derechos, particularmente los sexuales y reproductivos en mujeres, niñas y adolescentes.

En 2019, se registraron 10227 interrupciones voluntarias de embarazos, de las cuales 35 corresponden a menores de 15 años, es decir, un 0,43% del total de las interrupciones. A su vez, en el mismo período se registraron 83 nacimientos de madres niñas de 14 años o menos. Si bien esta cifra, en términos cuantitativos, no parece ser elevada, la misma resulta significativa para un país con una tasa de fecundidad global por debajo del nivel de reemplazo poblacional, de 1,8 hijos por mujer y por el impacto crítico que tiene en la salud, el bienestar, el curso de vida y la posibilidad de ejercicio de sus derechos. Aun teniendo esto en cuenta, las estadísticas y los reportes del Estado son poco claros, resultando en que esta realidad se invisibiliza entre las cifras de embarazo adolescente.

Para Iniciativas Sanitarias (IS), una asociación civil de profesionales de la salud comprometidos con la promoción del derecho humano a la salud como bien social, en la teoría y en la práctica, y específicamente la salud sexual y reproductiva y salud integral de la mujer, esto es una preocupación. A partir de esto, surge la necesidad de analizar las barreras destacadas por los equipos de los servicios de salud sexual y reproductiva y operadores de justicia de Montevideo para el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo en niñas y adolescentes menores de 15 años, teniendo en cuenta el rol clave que estos actores tienen en la ruta de atención y abordaje de esta problemática.

Es así que llevamos adelante el proyecto “Barreras Invisibles” donde a partir del análisis y registro de normativas, recursos, y el relato de operadores de justicia y personal de salud, fue posible caracterizar el embarazo y maternidad infantil e identificar las barreras de acceso a la interrupción voluntaria del embarazo para menores de 15 años.

La evidencia estaría indicando que existen barreras específicas para las NyA<15 (además de las que afectan a todas las mujeres) para el acceso al IVE, más allá del contexto habilitante de la ley. Estas barreras refieren, en primer lugar, a factores relacionados a la experiencia específica del aborto y el contexto en el que se da el embarazo (como producto de violencia sexual o relaciones consentidas), así como factores individuales y del contexto familiar (especialmente la madurez y autonomía progresiva de NyA y la prevalencia de la violencia intrafamiliar y basada en género), y a construcciones sociales sobre el embarazo, la maternidad y el aborto, y el impacto de ellas sobre la vida y el desarrollo de NyA.

A partir de la identificación de barreras de acceso al IVE para  NyA<15 realizada, entendemos que el abordaje del embarazo y maternidad infantil forzado plantea ciertos desafíos, requiriendo enfoques integrales, interseccionales, transversalizados por una perspectiva de género y derechos humanos, que aborden los factores determinantes estructurales subyacentes (como la desigualdad de género, la pobreza, la violencia y la coacción sexual, el matrimonio infantil, comercio sexual, las presiones sociales, la exclusión de oportunidades educativas y laborales, y las actitudes negativas y los estereotipos con respecto a las niñas y adolescentes) que tengan en cuenta el papel que cumplen las masculinidades, y que desarrollen el capital humano de las NyA, centrándose en la capacidad de tomar decisiones sobre sus vidas y presenten oportunidades reales de proyectos de vida más allá de la maternidad.

A partir de estos insumos, se generó una estrategia de comunicación con diversos productos que sirven para visibilizar el embarazo en la infancia como una vulneración de derechos y una responsabilidad del Estado.

El mapeo y registro de normativas da cuenta de que Uruguay cuenta con un robusto cuerpo de normativas para la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes y garantía de sus derechos sexuales y reproductivos, pero solo 8 de ellas se pueden caracterizar como transformadoras de las desigualdades de género. Esto es relevante porque la principal barrera que detectamos refiere a las construcciones sociales y culturales que las personas y las instituciones asumen sobre la maternidad, el género y las infancias.

En tal sentido, consideramos que es fundamental insistir en la sensibilización de los equipos técnicos para el abordaje del embarazo no intencional en la infancia como producto de la violencia estructural basada en género que vulnera los derechos y afecta la salud física, emocional y social de niñas y adolescentes. Asi también debemos continuar fortaleciendo el abordaje del aborto desde una perspectiva integral e interseccional de salud.

La violencia a la que están sometidas las niñas y adolescentes es una vulneración a sus derechos, resaltando las diferencias de poder y limitando su autonomía.

Hagamos visible lo invisible. Escuchemos a las infancias.

 

 

Artículo final en el marco de la subvención otorgada por Clacai a INICIATIVAS SANITARIAS, URUGUAY.

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Source: Abril 2008

Los pueblos Indígenas en Bolivia suelen tener acceso limitado o nulo a cualquier tipo de atención en salud. Las vulnerabilidades se asientan aún más en servicios de Salud Sexual y Salud Reproductiva, lo que se traduce en un promedio de 4 a 6 hijos por mujer en dichas comunidades y una alta tasa de mortalidad, sin dejar de lado el alto índice de embarazo adolescente.

De esta manera Marie Stopes Bolivia en trabajo coordinado con la Central Indígena de la Región Amazónica de Bolivia (CIRABO) y la Red de Salud 7 a cargo del Servicio Departamental de Salud de (SEDES) Beni se trasladaron a las Comunidades, donde se brindó el acceso informado a métodos anticonceptivos en la Comunidad Indígena Tacana.

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Los pueblos Indígenas en Bolivia suelen tener acceso limitado o nulo a cualquier tipo de atención en salud. Las vulnerabilidades se asientan aún más en servicios de Salud Sexual y Salud Reproductiva, lo que se traduce en un promedio de 4 a 6 hijos por mujer en dichas comunidades y una alta tasa de mortalidad, sin dejar de lado el alto índice de embarazo adolescente.

De esta manera Marie Stopes Bolivia en trabajo coordinado con la Central Indígena de la Región Amazónica de Bolivia (CIRABO) y la Red de Salud 7 a cargo del Servicio Departamental de Salud de (SEDES) Beni se trasladaron a las Comunidades, donde se brindó el acceso informado a métodos anticonceptivos en la Comunidad Indígena Tacana.

Los Tacanas, Takanas o Totonas son un pueblo indígena originario de la Amazonía de Bolivia (Beni). Sus actividades económicas giran en torno a la agricultura, la caza, la pesca y la recolección.

Entrevistamos a Paby Melgar, enfermera y proveedora de servicios de nuestro Consultorio para Jóvenes de Riberalta, quien viajó con la Unidad Móvil a los municipios: Victoria, Rosario, Recreo, Carmen Alto, Alta Gracia, Tablero, Santa Elena y Triunfo.

“Nos trasladamos a las comunidades con personal de salud del SEDES, tuvimos que viajar entre 4 a 5 horas para llegar a cada lugar, primero viajábamos por tierra en la camioneta, después algunas rutas en moto y pasábamos en canoas algunos ríos, fue muy difícil llegar a nuestro destino pero lo logramos” indica Paby Melgar.

“Llegábamos a las Comunidades y el Capitán Mayor (Jefe de la Comunidad) reunía a las mujeres del pueblo en un espacio, les brindábamos información sobre la importancia del Derecho a poder decidir cuándo y cuántos hijos tener. Nos encontramos con desinformación en las mujeres, además pensamientos y miedos propios de su cultura, las que dificultaban el hecho de que las mujeres decidan optar por un método anticonceptivo” afirma Paby.

“Tengo 45 años soy madre de ocho hijos, el menor tiene un mes de nacido” señala una de las mujeres atendidas. “Tengo 16 años de edad y tengo dos hijos” indica otra. “Tengo 26 años y tuve 6 partos”. “Tengo miedo que mi marido me diga algo si uso un método” en contraparte su hija (que también era parte del público al que brindábamos la sesión informativa) le responde “Mamá cuídese”. “Tengo 13 años y ya tengo un hijo”… son algunos testimonios de las mujeres de los pueblos.

“Es difícil convencer a las mujeres optar por algún método anticonceptivo porque la cultura de los pueblos impedía que ellas pueden tomar decisiones sin antes preguntar a sus parejas pero toda la información que dimos estaba orientada a las decisiones individuales” indica Paby. Otras de las dificultades era que el 80 por ciento de la población que se visitó en las Comunidades tenía COVID-19, la situación era preocupante, familias enteras contagiadas, pero se cumplió el trabajo con todas las normas de bioseguridad.

Un logro importante fue la coordinación con instituciones aliadas como el Ministerio de Salud, SEDES Beni y CIRABO, tanto en las comunidades indígenas como en áreas urbanas. Ministerio de Salud dono 200 implantes subdérmicos para la atención en el Beni; SEDES dispuso los espacios y personal necesario durante las atenciones y CIRABO autorizo nuestro ingreso a las tierras comunitarias de origen (TCO) que de otro modo no era posible hacerlo.

La presencia de COVID-19 en el departamento de Beni, fue un reto para el equipo que proveyó servicios en comunidades indígenas y la ciudad de Trinidad. La disponibilidad y el uso de los EPP fue fundamental, así como la aplicación de un protocolo de cuidados sanitarios que permitió minimizar riesgos de contagio

“Lo que más me gratificó fue el poder ayudar a las mujeres a que tomen decisiones informadas, una se siente muy bien consigo misma por llegar a lugares de difícil acceso geográfico, alcanzamos nuestro objetivo… poder brindar servicios a personas que más lo necesitan” expresó Paby.

 

Sesión de orientación a un grupo de mujeres en la Comunidad Indígena “Carmen Alto”

 

Artículo final en el marco de la subvención otorgada por Clacai a MARIE STOPES BOLIVIA, BOLIVIA.

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Source: Abril 2008