Carta a la CIDH sobre proceso de selección de titular de Secretaría Ejecutiva y denuncias de acoso

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25 de septiembre de 2020

Presidente y demás integrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

Las redes y organizaciones firmantes, defensoras de los derechos sexuales y reproductivos y usuarias del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, expresamos nuestra profunda preocupación por la crisis institucional que se ha manifestado en las últimas semanas en el seno de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Lo anterior, dada la decisión anunciada por el Secretario General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) de no renovar el mandato del Secretario Ejecutivo de la CIDH, y la subsecuente decisión de abrir un nuevo proceso de selección para un/a titular de este último cargo.

Las organizaciones firmantes entendemos que las decisiones que afectan el funcionamiento de la CIDH, tomadas de manera unilateral por la OEA, como la no renovación del mandato del Secretario Ejecutivo de la CIDH atentan contra la autonomía e independencia de la CIDH y pueden generar inestabilidad. Por ello, reiteramos nuestro apoyo para que la Comisión siga siendo autónoma e independiente con respecto a este organismo multilateral y a los Estados miembros, pues solo así tendrá la posibilidad de cumplir con su mandato fundamental para la promoción y protección de los derechos humanos en la región.

Ahora bien, teniendo en cuenta nuestro trabajo y nuestras luchas para erradicar la violencia que afecta a mujeres y niñas, también sabemos que el acoso, en todas sus formas y específicamente en los ambientes laborales, tiene serias consecuencias para la vida y la salud de las personas -particular para su salud mental-. Es por eso que es esencial que la labor fundamental que realiza la CIDH, pueda desarrollarse en un ambiente seguro y libre de acoso. El hecho de que se hayan utilizado denuncias de acoso laboral como un instrumento de naturaleza político, no debe, bajo ninguna circunstancia, ser un impedimento para que se adelanten las investigaciones pertinentes sobre dichas alegaciones que son, por sí solas, graves.

El Sistema Interamericano, y en particular la Comisión Interamericana, han sido históricamente fundamentales en el desarrollo de los derechos de la mujer y en particular en el avance de estándares vinculados a la sexualidad y la reproducción. El impacto de casos como Maria da Penha Vs. Brasil, Campo Algodonero Vs. México, Artavia Murillo (Fecundación in Vitro) Vs. Costa Rica, I.V. Vs. Bolivia y más recientemente Guzmán Albarracín Vs. Ecuador, o de informes temáticos como el de “Violencia y discriminación contra mujeres, niñas y adolescentes” o el de “acceso a la información en materia reproductiva desde una perspectiva de derechos humanos” han sido esenciales para avanzar en el acceso a derechos de las mujeres a lo largo de la región. Los estándares ya mencionados han significado en alguna medida acercarnos un poco más a la garantía efectiva del derecho de todas a vivir libres de violencias.

Partiendo de esos mismos estándares, deseamos ser enfáticas en la urgente necesidad de que se investiguen y sancionen, conforme al debido proceso legal, cualquier conducta que, en el seno de la Secretaría de la Comisión, atente contra los derechos de su personal. Para ello, es esencial que se garantice la confidencialidad de quienes denuncian, con el fin de proteger a trabajadoras y trabajadores (1) . Recordamos que estas garantías de confidencialidad están previstas en los mecanismos establecidos en la OEA.

Asimismo, se requiere que se adopten medidas inmediatas para que cesen los actos de acoso denunciados y se determinen las responsabilidades correspondientes, a través de procesos transparentes. Resaltamos que el informe elaborado por la ombudsperson de la OEA permite identificar problemas sistémicos, frente a los cuales la Comisión debe tomar medidas destinadas a brindar una solución permanente dentro de la Secretaría Ejecutiva y eliminar prácticas que puedan desincentivar a las víctimas para acudir a formalizar denuncias ante el Inspector general de la OEA.

Por las razones anteriores y bajo los principios de centralidad en las víctimas, consideramos necesario y urgente que esta Comisión Interamericana colabore de manera decidida con los mecanismos que prevé la política de prevención de la violencia que la propia OEA se ha dado, es decir, tanto con la omdusperson como con las investigaciones correspondientes que se inicien ante la oficina del Inspector General.

Por otra parte, frente al nuevo proceso de selección del cargo para la Secretaría Ejecutiva, es importante destacar que dicho proceso de selección debe ser llevado a cabo de una forma transparente y libre de cualquier forma de politización. Por dichos motivos, desde la sociedad civil reiteramos nuestro compromiso para acompañarles como aliadas en esta elección, que esperamos refleje de forma transparente los criterios con base en los cuales se realiza la selección en pro de los derechos humanos en la región.

Atentamente,
Consorcio Latinoamericano contra el Aborto Inseguro – CLACAI
Acción Joven Honduras
Agrupacion Ciudadana por la Despenalización del Aborto de El Salvador
Católicas por el Derecho a Decidir – Colombia
Católicas por el Derecho a Decidir El Salvador
Centro de Derechos de Mujeres
Centro de Derechos Reproductivos
Centro de Estudios de Guatemala
Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos – PROMSEX
Colectiva Feminista La Revuelta (Neuquén, Patagonia Argentina)
Colectiva Feminista para el Desarrolo Local. El Salvador
Colectivo “Género y Teología para el Desarrollo”
Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres, CLADEM.
Corporación Humanas
Corporación Miles
Corporación Miles Chile
ECUMÉNICAS POR EL DERECHO A DECIDIR
ELA – Equipo Latinoamericano de Justicia y Género
Equality Now
Femiñángaras Honduras
Fundación Todas Nosotras Violetas
Grupo de Información en Reproducción Elegida – GIRE
Hábitat Mujer Salud
Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos
Jóvenes Voceras y Voceros en Derechos Sexuales y Reproductivos
Movimiento Manuela Ramos
Mujer Y Salud en Uruguay – MYSU
Plataforma de Adolescentes y Jóvenes por los Derechos Sexuales y Reproductivos en Honduras
Red de Jóvenes para la Incidencia Política INCIDEJOVEN
Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe.
Red Salvadoreña de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos
Right Here, Right Now Honduras
Servicios Humanitarios en Salud Sexual y Reproductiva ac
Sombrilla Centroamericana. Organizaciones por Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos
Synergía, Iniciativa por los derechos humanos
Unidad de Desarrollo Integral de la Mujer y la Familia
Unidad de Desarrollo Integral de la Mujer y La Familia UDIMUF
Vecinas Feministas por la Justicia Sexual y Reproductiva en América Latina
Women’s Link Worldwide


1 OIT, Acabar con la violencia y el acoso contra las mujeres y los hombres en el mundo del trabajo, 2018, párr. 312 y ss.

Pronunciamiento de la Campaña: Día Internacional del Aborto Seguro, 28 de septiembre de 2020

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¡El aborto seguro es un servicio esencial de salud!

¡Garanticemos el acceso al aborto seguro ahora!

¡Ya hemos esperado 100 años!

La pandemia de Covid-19 ha puesto de relieve y exacerbado el acceso diferencial al aborto seguro y legal en todo el mundo, tanto entre países como dentro de ellos durante el 2020. Se han cerrado muchas fronteras y los encierros han confinado a las mujeres en sus hogares, dificultando el acceso a abortos seguros y legales. Incluso donde el aborto es accesible, la atención del aborto en persona, y especialmente en los hospitales, se ha vuelto considerablemente más difícil de obtener.

La pandemia ha dejado al descubierto el daño causado por leyes sobre el aborto altamente restrictivas. En algunos casos, los médicos reacios las han utilizado como excusa para no realizar abortos al colocarlos como atención “no esencial”, “no urgente” o “de rutina”. Sin embargo, en su mayor parte, el acceso reducido a la atención del aborto ha sido una consecuencia de la pandemia en sí. Este ha sido y sigue siendo un escenario que cambia rápidamente, y diferentes países han respondido de diferentes maneras. Es probable que más adelante descubramos el real alcance sobre si -y cómo- las mujeres pudieron encontrar abortos a través de los sistemas de salud.

Tanto la atención médica urgente, como la menos urgente, se han pospuesto o retrasado debido a que las trabajadoras y los trabajadores de la salud dan todo para lidiar con el Covid-19. Debido a la falta de pruebas y equipos de protección personal adecuados, muchas de ellas y ellos se han infectado o se han visto en la obligación de permanecer fuera del trabajo en cuarentena. El riesgo de infección en entornos clínicos / hospitalarios, donde normalmente se lleva a cabo la consejería y la asistencia para la atención del aborto, y tener que recolectar y tomar píldoras abortivas en persona, podría evitarse con un cambio de política. Las propias mujeres han tenido miedo de buscar atención incluso cuando los servicios están abiertos y seguros, por temor a una infección en el camino, debido a la falta de transporte seguro y a la preocupación de que incluso si llegan a una clínica, es posible que no puedan recibir la atención que necesitan. Cuanto más lejos tengan que viajar y menos dinero tengan, más difícil será. Estos problemas también se aplican a muchos otros aspectos de la atención médica, no solo a la atención del aborto seguro.

Al mismo tiempo, apenas hemos comenzado a abordar las consecuencias de esta pandemia para las economías, el trabajo, la vivienda y la educación a nivel nacional, y menos aún los efectos más graves sobre la salud pública mundial.

Por lo tanto, nos acercamos al Día Internacional del Aborto Seguro, el 28 de septiembre de 2020, conscientes de que el contexto global en el que exigimos el derecho al aborto seguro ha cambiado sustancialmente. Sin duda, hace que el acceso al aborto seguro, la anticoncepción segura y la maternidad segura sean más importantes que nunca.

En lo que respecta al aborto seguro, se ha producido un cambio importante. Hoy en día, las mujeres ya no tienen que depender de sus sistemas de salud para realizar abortos como lo hacían cuando el aborto era solo un procedimiento quirúrgico. A mediados de la década de 1980, las mujeres de Brasil se dieron cuenta de que un medicamento de venta libre llamado misoprostol también era abortivo; Esto se difundió rápidamente. En 1988, la Corte Suprema de Canadá derogó todas las leyes canadienses que restringían el aborto, aunque ningún otro país ha tenido el valor de seguir sus pasos. Así mismo en 1988, Francia aprobó la mifepristona, y personas científicas e investigadoras comprometidas, incluyendo a las de la Organización Mundial de la Salud, desarrollaron un método de aborto nuevo, seguro y eficaz – las píldoras abortivas – que comenzó a ser aprobado por los países.

Con estas píldoras, se había encontrado una alternativa a los abortos inseguros por parte de proveedores inseguros. Desde el 2005, este método, el aborto con medicamentos, figura en la Lista de medicamentos esenciales de la Organización Mundial de la Salud. El 1 de junio de 2020, frente a la pandemia, la Organización Mundial de la Salud volvió a confirmar lo que habían dicho antes: el aborto seguro es servicio esencial de salud.

¿Cómo un servicio esencial de salud puede ser un acto delictivo? No puede.

Frente a las leyes penales y restrictivas sobre el aborto, y el continuo rechazo de la atención de abortos seguros a todas las mujeres que los solicitan, ellas obtienen, cada vez más, píldoras abortivas de fuentes fuera de sus sistemas de salud. Es probable que la pandemia haya hecho que esto sea aún más necesario y común.

Para ayudar a satisfacer esa necesidad, personas defensoras del derecho al aborto abrieron dos líneas internacionales directas de información sobre abortos seguros, la primera en 2005 y la segunda en 2014. Ambas asesoran, en línea en varios idiomas, a un número creciente de mujeres y les envían píldoras. También hay un número creciente de líneas directas de información sobre el aborto seguro a nivel nacional en todas las regiones del mundo, así como aplicaciones que solo brindan información. El hecho es que esta información se comparte de muchas maneras y ha viajado por todas partes.

Solo unos pocos países han “permitido” oficialmente la telemedicina y el aborto autogestionado en el hogar debido a la pandemia. Por lo tanto, las mujeres tienen grandes dificultades para encontrar una forma de acceder a abortos seguros. Especialistas temen que esto conduzca a un gran aumento de abortos inseguros y abortos tardíos, incluso en el segundo trimestre. El aborto inseguro ya es un grave problema de salud pública; seguramente nadie quiere que eso vuelva a empeorar.

Mas allá de la pandemia, casi todas las leyes y políticas nacionales sobre el aborto están desactualizadas: son restos de los siglos XIX y XX. La mayoría trata a las mujeres como bienes muebles. Algunas personas pueden decir que en medio de una pandemia no es realmente un buen momento para plantear esto. Pero el momento adecuado nunca parece llegar. Llevamos 100 años tocando esta puerta. Decimos que ya es hora de llevar las leyes, políticas y servicios de aborto al siglo XXI, precisamente por las implicaciones y las consecuencias de esta pandemia.

100 años de espera por el acceso universal al aborto seguro

Hace cien años, en 1920, la Unión Soviética aprobó la primera ley que legalizó el aborto, bajo la égida de Aleksándra Kolontái, la primera Comisaria del Pueblo para el Bienestar Social.

Quienes lideran los gobiernos, los parlamentos y los servicios de salud deben reconocer que el aborto seguro es un servicio esencial de salud y que es una contradicción que un servicio esencial de salud sea controlado y restringido legalmente.

Todos los Estados deben respetar, proteger y cumplir el derecho a la salud, la vida y el bienestar de todas aquellas personas que necesitan un aborto seguro. Todos los Estados deben garantizar el acceso universal al aborto seguro como parte de su compromiso con la atención integral de la salud sexual y reproductiva, como una cuestión de justicia social, y al derecho a decidir si tener hijos y cuándo.

Firmado 24 de septiembre 2020:

Equipo de Coordinación

  • Marge Berer, Shilpa Shroff, Christina Boateng, Will de Villiers, Rachel Mantock, Ellioté Long
  • International Campaign for Women’s Right to Safe Abortion (ICWRSA), UK, India

Trustees

  • Susana Chávez, Consorcio Latinoamericano contra el Aborto Inseguro (CLACAI), Perú
  • George Hale, Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos (PROMSEX), Perú
  • Sivananthi Thanenthiran, Asian-Pacific Resource & Research Centre for Women (ARROW), Malaysia
  • Beverly Winikoff, Gynuity Health Projects, USA
  • Jane Fisher, Antenatal Results & Choices, UK

International Advisory Group

  • Selma Hajri, Groupe Tawhida Ben Cheikh, Tunisia / Right & Access for Women to Safe Abortion in the Middle East & North Africa Network
  • Rodica Comendant, Reproductive Health Training Center, Moldova / Eastern European and Central Asian SRHR Regional Coalition
  • Mariana Romero, Health Economy and Society Department, Centro de Estudio de Estado y Sociedad (CEDES) and Red de Acceso al Aborto Seguro (REDAAS), Argentina
  • Ammal Awadallah, Palestinian Family Planning and Protection Association, Palestine Occupied Territories
  • Sonia Corrêa, Sexuality Policy Watch, Brazil
  • Suzanne Majani, Ipas Africa Alliance, Kenya
  • Satang Nabaneh, Sexual and Reproductive Rights Network, The Gambia