Paloma, de 10 años, tuvo que ampararse para poder abortar tras ser violada en Tabasco

Organizaciones civiles alertan que las autoridades mexicanas ignoran la ley y evitan practicar interrupciones del embarazo a menores violadas, quienes tienen que recurrir a amparos.
Paloma quedó embarazada tras sufrir una violación sexual a los 10 años en Tabasco. Cuando acudió al centro de salud para realizarse un aborto, el personal se negó a atenderla porque “ningún ginecólogo quería practicarlo”, según documentó el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE).
Después acudió al Hospital Regional de Alta Especialidad de la Mujer del estado, donde la ingresaron para tenerla en observación mientras el comité de bioética de la unidad médica decidía sobre su interrupción.

El personal del hospital se excusó de realizar el aborto, argumentando que necesitaban autorización de un juez, aunque en Tabasco se encuentra permitida la práctica del aborto cuando las mujeres embarazadas fueron violadas, o cuando se encuentra en riesgo su vida.
Conforme los días pasaron, el estado de salud de Paloma se agravó con dolores intensos, hinchazón y crisis emocionales recurrentes. No recibió medicamentos.
Las organizaciones GIRE y Católicas por el Derecho a Decidir llevaron el caso ante la Fiscalía General de Tabasco, donde se intentó obstaculizar el acceso de Paloma al aborto, reclasificando el delito de violación como pederastia.
El comité de bioética del hospital determinó que Paloma no estaba mal de salud y que “sólo tiene los malestares normales de cualquier embarazo, que se ven agravados porque sólo tiene 10 años”, por lo que el bebé era viable.
Violencia sin interrupción
En México –de enero de 2009 a junio de 2016– 28 mil 252 niñas menores de 15 años denunciaron haber sido víctimas de violación sexual; de ellas, sólo a 2 mil 419 (8.5%) se les ofreció anticoncepción de emergencia, según el informe Violencia sin interrupción, elaborado por GIRE.
El problema “es aún más grave”, ya que de acuerdo con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), se denuncia menos del 10% de lo que en realidad sucede.
Además, en el país se sigue condicionando el servicio de acceso al aborto a menores víctimas de violación sexual, a pesar de que desde marzo de 2016 la Norma Oficial Mexicana 046 indica que las mujeres y niñas mayores de 12 años que hayan sido agredidas sexualmente y hayan resultado embarazadas pueden acudir a cualquier centro de salud público para interrumpir su embarazo.
Según el informe, a pesar de la modificación de la NOM 046, el IMSS y el ISSSTE dijeron no haber realizado un solo aborto legal, de 2009 a 2016. Por su parte, la Secretaría de Salud federal dijo no contar con información al respecto.
Obligadas a ser madres
“La implementación de la norma es un grave problema que tenemos que seguir denunciando, porque el Estado y las Secretarías de Salud no quieren interrumpir el embarazo y prefieren que estas niñas se conviertan en madres a pesar de los riesgos físicos y emocionales”, dijo durante la presentación del informe Regina Tamés, directora de GIRE.
Además, mencionó, el 60% de los casos de violación o agresión son cometidos por parte de familiares cercanos a las víctimas, lo que dificulta la denuncia “porque seguramente la persona vive contigo o tú dependes económicamente de él”.
Pero ahí no terminan las dificultades: “Lo peor es que muchas de ellas quedan embarazadas y a pesar de que el aborto es legal en el país no se les permite la posibilidad de interrumpir el embarazo”.
Búsqueda del aborto seguro
En su informe, GIRE documentó el caso de otras menores de edad embarazadas como consecuencia de haber sido víctimas de violación.
Muchas de ellas, tal como Paloma, tuvieron que recurrir a procesos legales como amparos para que se les permitiera abortar.
Algunas otras han tenido que ser acompañadas desde el estado del que son originarias al Distrito Federal, donde reciben la atención médica necesaria para practicarse el aborto y volver a su hogar “simplemente porque a la autoridad no le da la gana cumplir con la norma de hacer el acceso al aborto por violación”.
Por ello, organizaciones como GIRE y Católicas por el Derecho a Decidir brindan acompañamiento a las mujeres embarazadas para presentar amparos y que se garantice el acceso a sus derechos.
Tomado de http://www.animalpolitico.com/
Source: Noviembre 2016