[México] Ponen obstáculos a menores violadas

En lo que va del año, 18 niñas entre 10 y 14 años de edad resultaron embarazadas tras una violación, pero ninguna de ellas accedió a la interrupción legal del embarazo (ILE).
De 2014 a abril de 2016, la Secretaría de Salud Jalisco (SSJ) tiene el dato de 52 embarazos por violación. Sin embargo, la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México (Ddeser) denunció que el secretario de Salud estatal, Antonio Cruces Mada, obstaculiza que las mujeres víctimas de violación accedan a la ILE.

“La barrera principal es el prejuicio y la actitud moralina del secretario de Salud y de las autoridades de la Secretaría de Salud. Ya no hay otra explicación. Ellos se están negando a respetar los derechos de las mujeres”, denunció Patricia Ortega Medellín, representante en Jalisco de Ddeser.
Ddeser señaló que personal de SSJ sí está reportando los casos, pero que en la dirección de la secretaría les bloquean el acceso a la ILE.
“Les responden que deben poner denuncia, ‘qué tal si están mintiendo’. Es decir, todos los prejuicios y todas las barreras como en los mejores momentos del conservadurismo en el estado de Jalisco. Es terrible lo que está pasando”.
El primer registro de embarazo por violación en el sexenio del gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval Díaz, fue en 2014. Fue el caso de una niña de 13 años. En ese primer año se sumaron otros dos de niñas de 14 años, según la respuesta que dio la autoridad a El Diario NTR vía ley de transparencia.
Mediante otra solicitud de información, la Fiscalía Regional de Jalisco reportó que entre 2013 y 2016 hubo ocho casos de niñas de 10 a 14 años que resultaron embarazadas luego de una violación; sin embargo, la Fiscalía Central (que abarca la Zona Metropolitana de Guadalajara) no cuenta con base de datos de mujeres encinta por los delitos de violación ni de abuso sexual infantil.
Hasta 20 años de prisión
El Código Penal del Estado de Jalisco establece de ocho a 15 años de prisión por el delito de violación; la misma pena está prevista para quienes cometan abuso sexual infantil, si la víctima tiene entre 15 y 18 años.
Cuando se trata de abuso sexual infantil para menores de 15 años, las penas van de 12 a 20 años.
Sólo tres casos
“No existe antecedente de la información solicitada”. Así respondió la Dirección General de Salud Pública de la SSJ al preguntar El Diario NTR, vía solicitud de información, el número de casos de ILE en 2013, 2014 y 2015.
Las autoridades reconocieron que fue hasta 2016 cuando se realizaron tres interrupciones legales del embarazo. Sin embargo, ninguno de estos casos fue de una niña menor de 14 años.
La versión pública, según información entregada por la dependencia, señala que las tres mujeres que accedieron a la ILE son de la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG).
Una de ellas tiene 18 años y vive en Guadalajara; otra tiene 16 años y habita en Tlajomulco de Zúñiga, mientras que la última tiene 15 años y es vecina de Zapopan.
“Se me hacen muchos, porque lo histórico es que no atendieran ni un solo caso porque no tienen protocolos, no tienen programas, no tienen reglamentos, no tienen absolutamente nada que les indicara cuál era el procedimiento a seguir, aunque sí existe la norma 046, que es muy clara. Si atendieran la norma no sería necesario reglamentos ni nada”, opinó sobre esta información Guadalupe Ramos Ponce, abogada feminista y académica de la Universidad de Guadalajara (UdeG).
“Decir que solamente tres solicitaron la interrupción es como una broma de mal gusto, es ni siquiera tener una pequeña noción, un pequeño conocimiento de lo que pasan las familias, de lo que pasan las niñas, las adolescentes que resultan embarazadas por estas condiciones. Es una violencia institucional tremenda el suponer que una niña va a querer continuar con un embarazo que es producto de violencia”, denunció la representante en Jalisco de Ddeser.
Que las niñas, adolescentes y mujeres no accedan a la interrupción del embarazo por violación se debe a que las autoridades están obstaculizando la garantía de este derecho, denunciaron las activistas de Ddeser, una red de mujeres que trabaja en la difusión, exigencia y vigilancia del respeto a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.
Ortega Medellín describió que al inicio de la activación de la Alerta de Violencia contra las Mujeres, según informaron las autoridades, una de las razones para que no se garantizara la ILE era la falta de información sobre la norma 046 y la Ley General de Víctimas.
“En mi hospital no”
Añadió que desde la experiencia de Ddeser, “te sigues encontrando personas que son objetoras y que no respetan el derecho de las víctimas. Es increíble porque lo estamos identificado. Encontramos directores de áreas de ginecoobstetricia, directores de hospitales que dicen: ‘En mi hospital no se va a poder hacer’. Ok, está la norma, está la guía para interrupción del embarazo, está la Alerta de Violencia contra las Mujeres, pero ‘por supuesto que por mi hospital eso no va a pasar’”.
La activista de Ddeser exigió al gobernador Aristóteles Sandoval Díaz: “Se necesita un golpe de autoridad por parte del gobierno del estado, el gobernador planteó que éste no iba a ser un estado moralino, que sí se iban a respetar los derechos de las mujeres, que éste es un estado laico, pero parece que los secretarios de Salud no han entendido el mensaje o no quieren. Su función moralina no les permite. El gobernador no ha entendido que tiene que dar ese golpe de autoridad. Se tiene que cumplir la ley”.
Defienden al secretario de Salud
“Es totalmente falsa esta afirmación. A lo mejor es una interpretación que la propia sociedad civil le está dando al matiz de la situación conforme a la aplicación de la norma oficial. No sé si se ellos te hayan dado un caso concreto donde ellos crean que exista una dilación o una falta de aplicación de la norma 046, porque nosotros no la hemos incumplido. Al contrario, todos los casos que hemos recibido este año y el anterior se han cumplimentado. Como coloquialmente dicen, estamos al corriente en la aplicación de la norma y es totalmente falso que el señor secretario esté bloqueando la aplicación de la norma”, afirmó el director de Asuntos Jurídicos de la SSJ, Fernando Letipichia Torres.
Aseguró que las niñas y adolescentes víctimas de violación son atendidas conforme a lo señala la Ley General de Víctimas.
A Letipichia Torres se le cuestionó que, según organizaciones civiles, a las mujeres que solicitaron la interrupción les negaron el servicio en la clínica regional a la que acudieron. Sobre esto, respondió: “Es una desinformación del personal médico que en su momento conoció la gente, finalmente si esas afirmaciones se hacen, se hacen a título personal, puesto que se acercan con las víctimas que desafortunadamente sufrieron este evento traumático”.
El director de Asuntos Jurídicos reconoció que con las modificaciones a la norma basta con que una mujer embarazada producto de una violación solicite por escrito la ILE sin necesidad de denuncia; sólo si es menor de 12 años la solicitud deberán hacerla padres o tutores.
Explicó que para la aplicación de la norma 046 debe estar armonizada la legislación estatal.
En el caso de Jalisco, deben modificarse el Código Penal porque “existe el delito de abuso sexual infantil y el delito de violación. El delito de violación aplica únicamente a personas mayores de edad (artículo 175 del Código Penal). Es por eso que existe, no es una laguna penal, es conforme está la legislación actualmente. Hemos trabajando en conjunto con la Fiscalía General del Estado para presentar una iniciativa de ley de reformar el artículo 175 del Código Penal en donde se permita, en casos de aplicaciones sanitarias, en este caso de la norma 046, se haga de esa manera”.
El director jurídico detalló que la iniciativa está en el Congreso y sólo esperan que se envíe el dictamen.
Insistió en que “es totalmente falso que el secretario esté obstaculizando dicha intervención”, es decir, la ILE. “Todos (los casos) han sido correctamente resueltos (…) Se ha interrumpido el embarazo de las afectadas. No se ha puesto nunca entre dicho su dicho, ni se les ha obstaculizado ningún servicio, al contrario, se les ha dado seguimiento conforme al resto de las normas oficiales mexicanas”.
Autoridades ineficaces
El informe del Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario (GIM) que dio origen a la Alerta de Violencia contra las Mujeres, activada en febrero, advirtió: “Del análisis realizado por el grupo, respecto del número de casos donde la víctima del delito de violación solicitó la interrupción legal del embarazo, se desprende la ineficacia por parte de las autoridades para brindar a las víctimas las herramientas jurídicas y de atención médica para llevar a cabo la interrupción del embarazo en los términos que marca el Código Penal del estado de Jalisco para los casos de violación sexual”.
Entre las propuestas del GIM está la creación del programa estatal para la interrupción legal del embarazo, como lo establece el Código Penal del estado, además de la capacitación al personal de salud y de procuración de justicia. Lo anterior, sugirió el grupo de expertas, debe ser monitoreado a través de evidencias gráficas que acrediten los avances.
De acuerdo al segundo informe del avance de la declaratoria de la alerta de violencia, en abril 220 profesionales de la salud en Ameca, Zapopan y Tlajomulco de Zúñiga fueron capacitados sobre la norma 046.
En total, se reportaron 300 profesionales de 18 instituciones, como el Centro de Justicia para las Mujeres, el Hospital Ángel Leaño, el Hospital del Bosque, además del personal de universidades como la del Valle de México (UVM), del Valle de Atemajac (Univa) y la Panamericana (UP), en prevención y atención de la violencia sexual de niñas y adolescentes, según el reporte de Juntxs por Ellas.
La Secretaría de Salud aprobó la Guía para la interrupción legal del embarazo, una herramienta práctica dirigida al sector salud con el fin de establecer criterios para los casos de violación contra niñas y mujeres. También fue propuesto el formato para solicitar la ILE.
Según ese reporte, la guía fue canalizada para su revisión en Ciudad Niñez para casos de abuso sexual infantil y así dar paso a la capacitación a los grupos interdisciplinarios que se harán cargo de las interrupciones legales del embarazo en los distintos centros de salud, según el informe de Juntxs por Ellas.
A favor de la vida
“Si usted tuviera una hija que fuera violada y resultara embarazada, ¿optaría por la ILE o por dar en adopción al bebé?”, preguntó NTR al fiscal de Derechos Humanos, Dante Haro Reyes.
“Tendría primeramente que platicarlo con mi esposa para determinar la circunstancia. El interés superior del menor está por encima de las decisiones que se puedan dar. Si tiene menos de 12 años, se requiere el consentimiento de los padres; si es mayor de eso, platicar y al final de cuentas está la solicitud del aborto”.
Consideró como una necesidad que se puedan implementar por la enorme cantidad de casos que se está dando en adolescentes, pero si no pone en riesgo la vida de la persona, estaría a favor de continuar con el embarazo.
“Si no pone en riesgo la vida de la persona que está involucrada, al final de cuentas sí estaría yo a favor de que hubiese, que se tuviera pues al bebé, pero es una decisión personal que tendría que darse; yo estaría a favor de cuidar y de velar por la parte de la vida, ése es mi opinión propia, personal”, expuso Haro Reyes.
Los pasos de la Fiscalía de Derechos Humanos
Dante Haro Reyes, fiscal de Derechos Humanos, informó que la dirección a su cargo estuvo al frente de dos casos en los que se interrumpió el embarazo de dos chicas, una de 16 y otra de 17 años, quienes fueron violadas; ambas viven fuera de la ZMG.
“Se han dado dos casos donde se ha venido dando el acompañamiento en lo que va de este año. Desde el tratamiento psiquiátrico, psicológico, hasta con trabajo social hicimos un acompañamiento hasta la parte que tiene que ver con el hospital; fue el hospital de Zoquipan el que hizo las labores con todo ese manejo”.
Explicó que cuando se presenta una denuncia ante el Ministerio Público, éste canaliza a las víctimas a la Fiscalía de Derechos Humanos, luego en la Dirección General de Atención a Víctimas del Delito una trabajadora social explora la situación y da atención psicológica. El funcionario aseguró que hay una valoración médica y se da apoyo legal.
“Es muy difícil porque las agencias del Ministerio Público no dependen de nosotros como Fiscalía de Derechos Humanos, dependen ya sea de la Fiscalía Regional o de la Fiscalía Central, pero inmediatamente se está en la obligación de que el Ministerio Público nos dé aviso (…) muchas veces la Fiscalía de Derechos humanos no está presente cuando la persona va a realizar lo que es la denuncia”.
Modificación a la norma 046
La norma 046 permite la interrupción del embarazo en caso de violación a niñas, adolescentes y mujeres.
En febrero, el Comité Consultivo Nacional de Normalización de Prevención y Control de Enfermedades aprobó modificar la Norma Oficial Mexicana 046-SSA2-2005 (NOM-046) para agilizar el trámite porque organizaciones civiles y activistas documentaron que uno de los principales obstáculos para que las mujeres accedieran a la interrupción legal del embarazo (ILE) era presentar la denuncia ante las autoridades.
La norma 046 surgió después de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos hiciera un llamado al Estado mexicano por el caso paradigmático de Paulina, una niña de Baja California que resultó embarazada producto de la violación y le negaran el derecho a la ILE.
Tomado de http://www.ntrguadalajara.com/
Source: Septiembre 2016