PERÚ

PERÚ

Organización: Centro Ideas – Piura
Proyecto “Implementando Plan de Mejora para el acceso oportuno al aborto terapéutico en el Hospital de Sullana de la Región Piura”

Artículo resumen del proyecto

Sabemos que uno de los graves problemas de salud que presentan los países en vías de desarrollo, entre ellos Perú, es la mortalidad materna, siendo una de las principales causas el aborto inseguro. En América Latina, se estima que por cada 3 nacimientos, hay un aborto . En el Perú se estima que cada año se produce alrededor de 350,000 abortos (aproximadamente 1 aborto por cada 2 nacimientos).

Ante esta realidad, desde el año 2009, el Centro IDEAS Programa Piura asumió la incidencia política y pública para colocar en agenda regional los Derechos Sexuales y Reproductivos, como parte de las prioridades regionales, en tal sentido se logró priorizar la muerta materna y el embarazo en adolescentes como brechas a disminuir en el Pacto de Gobernabilidad 2015 – 2018 y en el Plan de Gobierno de la actual gestión.

Ello generó procesos de articulación y desarrollo de capacidades técnicas de Los funcionarios y fortalecimiento en la sociedad civil para concretizar la garantía de un servicio público especialmente requerido para mujeres con menos oportunidades, tal es el caso del acceso seguro al aborto terapéutico, una intervención médica quirúrgica que se hace con el propósito de preservar la vida o salud de la madre.
Como se sabe, la Guía Técnica Nacional del Aborto Terapéutico, se aprobó el pasado 28 de junio del 2014, la cual protege la salud materna en concordancia con el artículo 119° del Código Penal. Con la aprobación de esta guía se ha logrado cerrar algunos pendientes que el país tenía hace más de 90 años.

Por tal razón, se ha desarrollado la iniciativa “Implementando Plan de Mejora para el acceso oportuno al aborto terapéutico en el Hospital de Sullana de la Región Piura” que ha contribuido a fortalecer y facilitar el acceso seguro al aborto terapéutico como un servicio público especialmente para mujeres con menos oportunidades; fortaleciendo capacidades en las y los proveedores de salud involucrados en la ruta de atención además de fortalecer capacidades en la sociedad civil que permita vigilar el cumplimiento oportuno de la Guía Técnica Nacional en la Región.

Con esta iniciativa, la Asociación de Mujeres Las Chaquiras de Sullana, organización con gran liderazgo en su provincia, se ha convertido en un referente en la defensa derechos sexuales y reproductivos, involucrándose en la vigilancia ciudadana que permitió identificar barreras técnicas, administrativas, sociales y culturales que dificultan la implementación de la Guía Técnica Nacional para el Aborto Terapéutico en Hospital de Apoyo II de Sullana. Este proceso se desarrolló durante los meses de mayo y junio del presente año con la aplicación de 100 encuestas a usuarias y 35 a proveedores de salud involucrados en las diferentes especialidades según la Guía Técnica Nacional. Los resultados de esta vigilancia, muestran la situación actual de la inaplicabilidad de la Guía Técnica Nacional en este nosocomio. Se visibilizó que a nivel de las usuarias existe un desconocimiento por falta de información en el hospital sobre la Guía y sobre su legalidad, siendo lamentable, puesto que esta guía ayuda a salvar la vida de miles de mujeres y evitar daños a su salud por llevar embarazos de riesgo. A nivel de los y las proveedores de salud, los que mayor conocimiento tenían de la Guía eran sólo los y las especialistas de la área de gineco obstetricia, mientras que el resto de profesionales médicos la desconocían, quienes consideran que no es parte de su especialidad; un hecho realmente preocupante porque en su momento de aplicar este procedimiento formarían parte de la junta médica, según la afección que compromete a la vida de la mujer gestante. Pero no sólo es el desconocimiento del personal especializado, sino también fue evidente que no se cuenta con ambiente físicos para la implementación adecuada y oportuna del procedimiento.

Esta iniciativa ha permitido que el hospital de Sullana asuma el reto de implementar esta Guía Técnica Nacional, sin tener condicionantes de dogmas y credos (Estado Laico) garantizando el derecho a la salud y a la condición humana, donde lo primero que se ha priorizado fue la capacitación de su personal de salud sobre la ruta de atención integral del aborto terapéutico, involucrando además a profesionales de salud de los establecimientos del nivel I de la provincia de Sullana, quienes son los encargados de hacer las referencias de estos casos a los hospitales de mayor complejidad de la región. Además sus tres profesionales de salud, que han conocido la experiencia del Instituto Nacional Materno Perinatal de Lima, vienen aportando en la mejora de la implementación de este servicio en el hospital. Además una estrategia del hospital será la difusión del flujo grama porque constituye una herramienta comunicacional importante para que más usuarias conozcan y se informen de este servicio
Todo este proceso ha permitido que la Gerencia Regional de Desarrollo Social de Piura y la Sub Región de Salud Luciano Castillo Colonna de Sullana, asuman la rectoría para promover una adecuada implementación de la Guía Técnica Nacional de aborto terapéutico en la Región Piura.

Finalmente, agradecemos a CLACAI, a las integrantes de la organización de mujeres Chaquiras de Sullana, y a las y los especialistas de la salud del Hospital de Sullana que han permitido la implementación exitosa de esta iniciativa y desde el Centro IDEAS nos comprometemos a seguir poniendo en agenda los derechos sexuales y reproductivos como derechos humanos, contribuir a su defensa y exigir su real cumplimiento.

Piura, 07 setiembre 2015

Source: Septiembre 2015

ECUADOR

ECUADOR

Organización: Surkuna
Proyecto de fortalecimiento de los servicios de asesoría sobre reducción de riesgos y daños del aborto inseguro

Artículo resumen del proyecto

Los servicios de asesoría sobre reducción de riesgos y daños del aborto inseguro tienen como objetivo facilitar a las mujeres información de los métodos seguros basados en evidencia científica para disminuir los riesgos de la realización de un aborto en contextos de clandestinidad e ilegalidad.

Estas iniciativas se basan en el reconocimiento de la existencia de barreras políticas, jurídicas, económicas, sociales y culturales que no permiten a las mujeres acceder a servicios de aborto seguros en el Sistema Nacional de Salud y en el conocimiento de que un aborto con misoprostol aún cuando se realiza sin la supervisión de un profesional de la salud capacitado es seguro, siempre y cuando la mujer cuente con la información correcta sobre el uso de este medicamento, posibles riesgos, efectos secundarios, complicaciones y cómo actuar frente a las mismas.

En Ecuador los servicios de asesoría sobre reducción de riesgos y daños de aborto inseguro son iniciativas generadas desde organizaciones de mujeres y feministas, que reconocen la capacidad y autonomía de las mujeres en la toma de sus decisiones reproductivas y creen en la sororidad como principio político en base al cual socializan información útil, para garantizar el derecho de las mujeres a tomar decisiones de forma autónoma con la menor cantidad de riesgos posibles.

Según un artículo en la revista Internacional Journal of Gynecology and Obstetrics, escrito por Joanna Erdman, la autoadministración del misoprostol por parte de las mujeres ha contribuido a disminuir los riesgos del aborto inseguro, sin embargo ellas requieren de información correcta y exacta para que la autoinducción de un aborto sea un proceso seguro.

Este tipo de iniciativas funcionan en Ecuador desde el año 2008. En la actualidad existen tres servicios de reducción de riesgos y daños del Aborto Inseguro en Ecuador:  la línea de información sobre aborto seguro “Salud Mujeres” que brinda asesoría telefónica sobre como interrumpir un embarazo con el uso de misoprostol, el blog de información sobre aborto seguro jovenesdespenalizacionaborto.org/ que brinda información mediante medios electrónicos de cómo realizarse un aborto con medicamentos y el cuartito de información “Warmikunapa Willachik Wasi” sobre aborto seguro, en el cual se brinda información cara a cara a las mujeres que acuden al mismo.

El proyecto fortalecimiento de los servicios de asesoría sobre reducción de riesgos y daños del aborto inseguro”, tenía tres objetivos principales:

  1. Fortalecer los servicios existentes mediante la generación y actualización de un protocolo médico, una norma de atención y un protocolo legal
  2. Ampliar el acceso a información segura de aborto con medicamentos mediante el fortalecimiento de los servicios de asesoría
  3. Fortalecer las capacidades de los servicios de asesoría para lograr que los mismos informen sobre las formas de evitar la criminalización a mujeres que acuden a buscar atención medica posteriormente a un aborto provocado.

En este sentido, el proyecto planteó la necesidad de un trabajo conjunto entre los tres servicios, que permita la recuperación de las diversas experiencias y conocimientos, la sistematización  y análisis de los mismos a la luz de la evidencia científica disponible en la actualidad y el nuevo contexto político social del país.

Este trabajo nos permitió actualizar el protocolo de aborto con medicamentos y estandarizarlo en los tres servicios, contando con la asesoría de un médico experto en la temática que apoyó en la redacción y revisión del mismo. El protocolo final fue validado en una reunión con expertos y expertas, lo cual nos permite asegurar que este cumple con los estándares de calidad requeridos para este tipo de documento. Además este trabajo nos permitió consolidar lazos con profesionales de salud con experticia en ginecología y obstetricia, quienes se constituyen en la actualidad como asesores de los servicios de reducción de riesgos y daños del aborto inseguro para casos difíciles.

El segundo producto desarrollado es una Norma de Atención para los Servicios de Reducción de Riesgos y Daños del Aborto Inseguro. Para el desarrollo de esta norma se realizó un grupo focal con las activistas de los diversos servicios lo que permitió evaluar el estado de situación de cada uno, visibilizar las principales falencias, necesidades y fortalezas.  Esta Norma es fundamental para la gestión de los servicios ya que por primera vez se cuenta con una herramienta que permite tener rutas de acción claras frente a los diversos escenarios que enfrentan los servicios: casos de aborto legal, violencia de género, embarazos avanzados y  contraindicaciones en el uso de misoprostol. Por otro lado, la norma permite  estandarizar criterios para el manejo de cada servicio según sus especificidades: lenguaje, principios y  manejo de datos. Por último la norma permitió actualizar la base de datos de referencias con la que contaban los servicios: violencia de género, aborto legal y  atención psicológica.

Esta norma se convierte entonces en el principal insumo con el que cuentan los servicios de reducción de daños y riesgos en Ecuador adaptada a la realidad de cada uno.  La norma ha sido construida y validada conjuntamente por integrantes de los tres servicios, con el objetivo de garantizar su utilidad y el manejo coherente de los mismos desde su especificidad.

El tercer producto construido fue un protocolo legal de los servicios, el mismo que incluye una revisión de la normativa en que los mismos fundamentan, su existencia, argumentos legales de defensa para los mismos, información legal de cómo actuar ante un escenario de criminalización a activistas que conforman los servicios, escenarios y rutas de acción legal. Este documento ha sido revisado por un grupo jurídico asesor, que se conformó a partir de este proyecto y que permitirá mantener una mayor seguridad en cuento al funcionamiento de los mismos.

Una de las preocupaciones inminentes en los últimos años de los servicios ha sido el nuevo contexto de criminalización a mujeres por aborto. Este protocolo legal cuenta con información concisa para que las mujeres que son usuarias de los servicios minimicen los riesgos de criminalización en caso de  requerir atención médica durante o después de un aborto con medicamentos.

Este proyecto ha contribuido de manera significativa a la discusión y planteamiento de nuevas estrategias de acción que se adapten al contexto actual de criminalización y no acceso real al misoprostol en Ecuador. 

Source: Septiembre 2015

[Chile] Aborto: Colegio Médico apoya indicación que obliga a denunciar casos de violación

[Chile] Aborto: Colegio Médico apoya indicación que obliga a denunciar casos de violación

Presidente del gremio, Enrique Paris, dijo que el facultativo debe informar “si ha encontrado signos o síntomas de una agresión sexual, pero es el juez el que debe resolver si hay delito”.

El presidente del Colegio Médico Enrique Paris, se manifestó a favor de la indicación que obliga a los profesionales de la salud a denunciar un caso de violación cuando examinen a una paciente, y que fue ingresada por el gobierno la semana pasada al proyecto que despenaliza la interrupción del embarazo en tres causales específicas: inviabilidad del feto, si la madre corre peligro y en caso de una agresión sexual.  

Paris dijo que “estoy de acuerdo con la indicación, no la he leído en detalle, pero el médico puede denunciar si ha encontrado signos o síntomas  de violación. La salvedad que hay que hacer es que no es el médico que le puede o debe decir sí, esto es una violación, sino que debe hacer una denuncia al juez y es éste quien debe definir si hay delito. El profesional debe describir las lesiones, explicar lo que encontró en el aspecto físico”.

Eso en el caso de mujeres adultas ya que Paris aclaró que cuando se revisa a una niña o niño, “se da por sentado que hubo una relación sexual sin consentimiento, por el hecho de ser menor de edad. Lo mismo se aplica cuando se detecta que la niña está embarazada”.

La indicación del Ejecutivo -que se ingresó junto a otras cinco indicaciones- señala que la denuncia se debe realizar por oficio, cuando mujeres menores y mayores de 18 años hayan sido víctimas de violación. En el caso que las adolescentes sean menores de 14 años, que presenten embarazos por violación y no tengan representantes legales, será el juez de familia quien deberá determinar si procede o no la interrupción del embarazo.

Lesiones
El facultativo insistió en la importancia de consultar oportunamente para que el profesional que la atienda logre encontrar signos del asalto sexual. Esto porque, dijo, las lesiones se van diluyendo conforme pasen los días.

Añadió que el tiempo de duración de dichas heridas “depende de la edad de la mujer, si ha tenido o no relaciones sexuales. Por ejemplo en una mujer virgen, joven, que nunca ha tenido relaciones sexuales, las lesiones vana a ser más llamativas y van a permanecer más tiempo, pero si no es el caso puede que las lesiones no duren mucho y al cabo de varias semanas no se va a encontrar nada del asalto sexual”.

Sobre si la obligación de denunciar la violación contradice la ley de derechos y deberes de los pacientes, Paris explicó que dicha norma “establece que el médico debe guardar confidencialidad respecto a los datos de la paciente, pero si hay una tercera persona involucrada, que puede ser un violador, no tiene por qué guardar confidencialidad”. 

Tomado de http://www.latercera.com/

Source: Septiembre 2015

México: Las mujeres vivimos discriminación simulada

México: Las mujeres vivimos discriminación simulada

México, septiembre (SEMlac).- En México, 682 mujeres son investigadas porque supuestamente cometieron un aborto; el mayor número se concentra en la capital del país, donde el aborto es legal hasta la doceava semana, informó el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE).

En un informe que va de 2013 a 2015, el documento señala que en el Distrito Federal también existe la tasa más alta de embarazos y de natalidad en adolescentes de 15 a 19 años.

GIRE detectó que existe una tendencia a criminalizar la actuación del personal médico, en lugar de resolver el problema estructural que lleva a las niñas a ponerse en riesgo; que envía mujeres a procesos judiciales, sin examinar bien los casos y que hay muertes maternas que podrían prevenirse.

Se trata del Tercer Informe de Gire denominado “Niñas y Mujeres sin Justicia, Derechos Reproductivos en México”, presentado en agosto último.

La directora de GIRE, Regina Tamés, señaló que frente a los resultados del informe, en México hay evidencia de un sistema de salud que, al igual que la violencia generalizada que vive el país, también está ejecutando a las mujeres embarazadas; hay impunidad y corrupción.

Apuntó que las mujeres, la mitad de la población del país, viven en condición de discriminación. Lo grave es que se trata de una discriminación simulada, pese a los avances legislativos, persiste la idea de valor para las mujeres solo “por ser madres, que cuidamos a niños, pero a veces ni eso”, dijo en relación a la falta de acceso a las estancias infantiles.

Aportó como dato que solo 11,3 por ciento de la infancia cuyas madres trabajan tienen acceso a guardería, y el estudio deja claro que 51,2 por ciento de la niñez es cuidada por sus abuelas.

Explicó que de los 39 casos litigados por GIRE en los dos últimos años, hay una respuesta positiva por parte de las autoridades. Sin embargo, la razón de la violación a los derechos reproductivos de las niñas y las mujeres sigue intocado, porque no se ha resuelto el problema de fondo, pues son las instituciones de salud las que provocan violencia contra las mujeres.

Ahí siguen ocurriendo muertes maternas y otras “prácticas médicas, naturalizadas sobre la maternidad convalidada por las ideas conservadoras de la sociedad”, señaló Tamés.

Explicó que “con este informe queremos que la sociedad se indigne”, que sepan que detrás de las cifras hay una mujer, un nombre, una familia, recalcó.

También dijo que “hoy tenemos un marco normativo garante de derechos de las mujeres con enfoque en derechos humanos, un primer paso, pero -se preguntó- cuántos años más vamos a seguir esperando”, refiriéndose a la discriminación cotidiana que siguen viviendo las mujeres y que se agudiza entre las más pobres, las indígenas y entre las niñas.

El informe de GIRE contiene seis capítulos: anticoncepción, aborto, violencia obstétrica, muerte materna, reproducción asistida, vida laboral y reproducción, y es “una radiografía del estado trágico en el que las mujeres y niñas viven su vida reproductiva en el país”, dijo.

Indicó que, pese a que México es el país con la tasa de natalidad más alta entre mujeres de 15 a 19 años, con 17,4 por ciento de los nacimientos totales en menores de 20 años, la información sobre anticoncepción o consejería se condicionada en las instituciones de salud al acompañamiento de familiares, madre o padre.

De igual forma, el informe contempla datos de mujeres a las que se impuso el uso de métodos anticonceptivos después del parto, muchas veces sin información suficiente ni otras opciones.

El aborto en México
Tamés dio a conocer que en México la legislación sigue siendo restrictiva en materia de aborto y varía de acuerdo con las reglamentaciones de cada entidad.

Las procuradurías del país reportaron a GIRE un total de 682 denuncias en contra de mujeres que están siendo investigadas por el delito de aborto.

“Con los problemas que tiene este país y se están gastando el dinero en el sistema de justicia persiguiendo mujeres que son pobres, no solo en términos económicos sino también de información; que no conocen los métodos anticonceptivos, no pueden interrumpir el embarazo y si lo hacen pueden ser criminalizadas”, señaló.

Dijo que hay 29 sentenciadas y casi todas son denunciadas por el sector salud.

Solo 14 estados tienen la causal de aborto cuando la salud de la mujer corre riesgo; es decir, en la gran mayoría del país no se puede interrumpir un embarazo, pese a la mala condición de salud que pudiera presentar una mujer.

Por otra parte, abundó en que pese a que el aborto por violación es una causal reconocida en todo el país, la organización litiga ocho casos de niñas a las cuales se les negó su derecho a abortar, aunque apuntó que deben ser miles de casos, considerando que de acuerdo con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas “una de cada cuatro niñas sufre abuso sexual antes de cumplir los 18 años, y seis de cada 10 abusos sexuales son cometidos en el hogar, por familiares o conocidos cercados”.

Tamés explicó que pese a que existen en México nueve causales de aborto legal que se aplican de manera distinta en las 32 entidades del país, lo que incluye al Distrito Federal donde el aborto es legal hasta la semana 12, la criminalización de mujeres por abortar es una realidad.

De los 39 casos que acompaña GIRE, 12 son por negativa de acceso al aborto legal, 10 por violación y ocho son de menores de edad.

Violencia Obstétrica
La violencia obstétrica tiene su origen en problemas estructurales que provocan discriminación y negativa de atención a los servicios de salud, por falta de equipamiento o personal.

Se trata de una violencia institucional de género, en que el Estado criminaliza –como ha sucedido en Veracruz, Chiapas y Guerrero– en lugar de hacer un abordaje general y ver cuáles son las causas que provocan que las mujeres sean víctimas durante el embarazo, el parto o el puerperio.

No existen tampoco mecanismos de reparación integral del daño en casos de mujeres que sufren violencia obstétrica, lo que a veces concluye con la muerte materna.

Tamés apuntó que las medidas de reparación se quedan cortas, pues no garantizan ni obligan al Estado a no repetir esas situaciones, es decir, hay indemnizaciones económicas pero no cambios estructurales que urgen en las instituciones de salud para que estos casos no se repitan.

Muerte materna
De acuerdo con GIRE, México no cumplió con las expectativas planteadas en los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), sobre la razón de muerte materna, que sigue siendo del 38,3 por ciento, además de que el avance no es homogéneo.

De las muertes maternas de 2013, 12.5 por ciento corresponde a mujeres sin esquemas de seguridad social; 6,2 a mujeres sin escolaridad, 129 muertes maternas corresponden a menores de 20 años de edad y seis de ellas son niñas de entre 10 y 14 años de edad.

Además, el aborto sigue representando la cuarta causa de muerte materna en México.

Reproducción asistida
México carece de legislación en materia de reproducción asistida, lo que implica incertidumbre para la gente que recurre a ella en el país, donde tres de cada 10 personas padecen de infertilidad.

De esas técnicas en reproducción asistida se habla de la gestación subrogada, mediante la cual una mujer gesta para alguien más, reconocida en Tabasco y Sinaloa. En esta última entidad existe con limitaciones que implican discriminación, en especial hacia parejas del mismo sexo y madres solteras.

Vida laboral y reproductiva
“En México los derechos laborales que tienen que ver con la vida reproductiva no se reconocen para todas las personas y, por tanto, no pueden ejercerlos”, dijo Rebeca Ramos, coordinadora de Legislación, Política Pública e Investigación de GIRE.

La funcionaria quien dio a conocer que solo 11,3 por ciento de las niñas y niños de cero a seis años tienen acceso a una estancia infantil, además de que los viudos o padres no disfrutan del derecho a la custodia legal de sus hijos , debido al estereotipo de que son las mujeres las responsables de ese cuidado.

También refirió que las licencias de maternidad en México son de 12 semanas, mientras que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) recomienda que sean de 14 a 18 semanas, por lo que urgió al Congreso de la Unión a atender la recomendación internacional, así como el aumento de las licencias de paternidad, que en México es de solo cinco días, cuando existe.

Ramos indicó que siguen ocurriendo despidos por embarazos y cuestionó que la Procuraduría Federal del Trabajo solo reportó, entre 2013 y 2014, ocho despidos por esta razón, lo que no se corresponde con la realidad.

Tomado de https://rotativo.com.mx/

Source: Septiembre 2015

[Argentina] El costo de negar un derecho

[Argentina] El costo de negar un derecho

A tres años del fallo de la Corte Suprema que avaló los abortos no punibles, todavía persisten obstáculos arbitrarios para garantizarlos en distintas ciudades del país. En el Hospital Iturraspe, de la ciudad de Santa Fe, el jefe de Ginecología –y ex decano de Medicina de la Universidad Nacional del Litoral– y los cinco médicos que integran el servicio, se negaron a practicar una interrupción legal de embarazo a una joven y se declararon objetores de conciencia, un año y medio después de que cerrara el registro para inscribirse como tales. En Rosario, también hubo trabas frente al pedido de otro aborto legal de parte de una joven con un retraso mental leve, y la subdirecora del Hospital Provincial, las jefas de Ginecología y de Guardia, entre otros profesionales, fueron denunciadas en la Justicia para que se investigue la posible comisión de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, y aplicación de vejámenes (ver aparte).

El representante de la Comunidad en el Consejo de Administración del Iturraspe, Mariano Figueroa Sobrero, con el apoyo de organizaciones de mujeres, pidió la renuncia del jefe de Ginecología, Samuel Seiref. El Iturraspe es el mismo hospital de la provincia de Santa Fe en el que ocho años atrás obligaron a la joven Ana María Acevedo, de 19 años, a continuar con un embarazo que no era indicado que siguiera adelante porque tenía cáncer, y necesitaba recibir quimioterapia. Y tampoco le quisieron aplicar el tratamiento oncológico que requería su cuadro para no afectar la gestación, lo que condujo a la muerte a la muchacha, que era muy pobre y madre de tres niños. La criatura llegó a nacer y falleció a los pocos días (ver aparte).

“Sí, soy objetor de conciencia y otros médicos también. Las autoridades de Salud tendrán que arbitrar los medios para que otro profesional realice la práctica o eventualmente derivarlo a un nosocomio para eso. No veo cuál es el problema. Después de todo, sólo diez cuadras separan al Iturraspe del Hospital Cullén, por ejemplo, donde porían realizársela”, sostuvo Seiref, que fue decadano de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional del Litoral. La decisión de todos los médicos del servicios de declararse objetores de conciencia, por fuera del plazo legal que estableció la provincia de Santa Fe para que pudieran hacerlo, surgió a partir del pedido de otra mujer pobre y madre de tres hijos, que “se presentó el 2 de febrero desesperada porque no tenía dinero para pagar un aborto en forma privada y no quería continuar con ese embarazo, porque con el último había sufrido una patología que casi la mata y no podía dejar de trabajar”, señaló a este diario Figueroa. La mujer fue recibida por el director del Iturraspe y escuchada por un equipo interdisciplinario, en varios encuentros. El equipo llegó a la conclusión de que encuadraba en la “causal salud”, es decir, que por tanto la práctica era legal, tal como figura en el dictamen, al que tuvo acceso Página/12. Se tuvo en cuenta además de su cuadro clínico, que la mujer contó que conocía a una vecina que realizaba interrupciones de embarazo, lo que alarmó al equipo interdisciplinario por el temor a que pusiera en riesgo su vida con una práctica abortiva insegura. En esa instancia, según contó Figueroa, se le pidió al jefe de Ginecología que la recibiera. Pero Seiref se negó, alegó que no estaba de acuerdo con el aborto, precisó el Representante de la Comunidad. “Entonces decidimos citarlo y le expresé que no podía ser jefe del Servicio de Ginecología, que se había quedado con la definición de que salud es la ausencia de enfermedad y de que tenía que leer el fallo F.A.L. de la Corte Suprema. Expresó que era objetor de conciencia y que al día siguiente todo el servicio presentaría el formulario de objeción”, indicó Figueroa. La práctica médica pudo resolverse. Pero quedó en evidencia la posición de todo el servicio frente a casos similares.

Figueroa sacó a la luz la situación en una conferencia de prensa, donde estuvo acompañado por organizaciones sociales como la Multisectorial de Mujeres. “Es una barbaridad lo que pasa en el Iturraspe con el jefe de Ginecología. El registro de Objetores de Conciencia había cerrado hacía un año y medio. La objeción de conciencia es un derecho individual pero no puede todo un servicio declararse así”, cuestionó la activista Mabel Busaniche, de la Multisectorial. Se trata de un servicio que además es formador de futuros ginecólogos. El caso tuvo otras derivaciones: la Asociación Ojo Ciudadano, ligada a la Iglesia Católica, realizó una denuncia contra el hospital por considerar de que no se trataba de un aborto legal y otras entidades religiosas antiderechos se movilizaron frente al Iturraspe para manifestarse “a favor de la vida, en contra del aborto”. Los activistas católicos y evangélicos dijeron estar en contra del protocolo nacional implementado por Salud de la Provincia. Entre sus argumentos, sostuvieron que esa guía –que tiene status de resolución ministerial– contempla que las mujeres pueden pedir un aborto a partir de los 14 años y “sin el aval de los padres, novios o maridos” y que el médico debe practicarlo sea o no objetor.

Como quedó en evidencia en el Iturraspe, la objeción de conciencia está siendo utilizada también en otros hospitales del país como un nuevo obstáculo para garantizar los abortos legales, avalados por el histórico fallo FAL de la Corte Suprema del 13 de marzo de 2012. El protocolo de atención de estos casos que acaba de actualizar el Ministerio de Salud de la Nación y que es de cumplimiento obligatorio en todas las instituciones sanitarias pública y privadas establece que la objeción de conciencia queda limitada expresamente para aquellos casos en que ha sido autorizado por la institución médica y subordinado siempre a que no afecte la disponibilidad material de la atención.

Tomado de http://www.pagina12.com.ar/

Source: Septiembre 2015

Ana María, un emblema

Ana María, un emblema

En 2006, a Ana María Acevedo le negaron un aborto no punible en el Iturraspe, de Rosario. Pero por el embarazo tampoco la trataron por su cáncer. Y murió. La polémica y los reclamos.

Ana María Acevedo tenía 20 años cuando en 2007 murió sin tratamiento para su cáncer porque en el Hospital Iturraspe, de Santa Fe, le negaron un aborto terapéutico y no quisieron aplicarle quimioterapia porque estaba contraindicado para el embarazo. El caso de la joven santafesina se convirtió en un emblema para el movimiento de mujeres.

El calvario de Ana María se remonta a mayo de 2006, cuanndo recurrió al hospital de su localidad, Vera, porque tenía un fuerte malestar de muelas. Ya era madre de tres niños y vivía en condiciones de extrema pobreza. Tras cinco meses de atención odontológica, el 23 de octubre de ese mismo año, fue derivada al Hospital Cullen, de la ciudad de Santa Fe. Allí le detectaron un cáncer en el maxilar y le extrajeron una parte del tumor de las partes blandas del cuello. La familia siempre sostuvo que no le explicaron la gravedad del cuadro ni que debía tomar precauciones para no quedar embarazada.

El 23 de noviembre de 2006 fue derivada al Servicio de Oncología del Hospital Iturraspe, pero ante la sospecha de que podía estar embarazada no le iniciaron el tratamiento por el cáncer porque la quimioterapia está contraindicada para la salud del feto. El embarazo se confirmó el 7 de diciembre. El 22 de febrero de 2007 el Comité de Bioética del Iturraspe se enteró del caso y lo analizó. La reunión quedó registrada en un documento escrito. Muestra claramente lo poco que valía la vida de Ana María para los médicos. “¿En algún momento se pensó en un aborto terapéutico? Por convicciones, cuestiones religiosas, culturales, en este hospital (y en Santa Fe) no”, dice el acta de la discusión. También precisa: “En este estadio de la enfermedad aún se puede hacer quimioterapia y radioterapia como chance para mejor calidad de vida”, pero “con el embarazo en curso ambas posibilidades terapéuticas se descartan”. Y más adelante sigue: “La familia, los padres, expresan que no se le está haciendo nada. Y en realidad es así, pues se le está tratando el dolor pero no se combate la enfermedad”. Con esa negativa, Norma Cuevas, la mamá, deambuló por los tribunales para reclamar el aborto terapéutico. La autorización nunca llegó.

El caso se conoció después de que Ana María fuera sometida a una cesárea, el 26 de abril de 2007. Ya estaba en la Unidad de Terapia Intensiva “en estado pre mortem, es decir, con una marcada insuficiencia respiratoria y falla de órganos”, según explicó entonces el médico Emilio Schinner, en el expediente clínico. La criatura que dio a luz, de 22 o 23 semanas de gestación, sobrevivió 24 horas. Ana María murió el 17 de abril.

En un primer momento, el entonces director del Iturraspe, Andrés Ellena, negó que la madre y el padre de Ana María hubieran pedido un aborto terapéutico. La mentira quedó en evidencia cuando se conoció la historia clínica de la joven. Le costó el cargo. Allí dice textualmente: “Se habla con la familia, padre y madre refieren querer realizar aborto, se habla con el director en presencia de los mismos y se les explica que no se puede realizar de ninguna manera. Familia muy agresiva, amenazando que va a recurrir a la Justicia”, dice el parte, fechado el 22 de marzo de 2007.

Ana María apenas había podido ir a la escuela primaria y trabajaba como empleada doméstica. A los 16 años había parido al primero de sus tres hijos. Antes de recibir el diagnóstico de cáncer, su madre –como ella era menor– había iniciado los trámites para que le hicieran una ligadura tubaria. “Tenía todos los papeles firmados, pero en el hospital de Vera no se la quisieron hacer”, recordó la mamá de Ana María. A la muchacha le negaron el derecho a elegir el método anticonceptivo elegido y también el acceso a un aborto terapéutico, no punible de acuerdo con el Código Penal. Su historia y su nombre son un emblema para el movimiento de mujeres argentino. Ocho años después, todavía la Justicia no se expidió sobre el accionar médico y la causa por la muerte de Ana María sigue abierta. Los médicos involucrados en su atención fueron procesados por los delitos de lesiones culposas e incumplimiento de los deberes de funcionario público, una resolución que sentó el precedente de que no practicar un aborto legal puede constituirse en delito. Pero el expediente no avanzó más. Este año, al cumplirse un nuevo aniversario de la muerte de la adolescente, su familia realizó una marcha en su pueblo, Vera, a 256 kilómetros al norte de la ciudad de Santa Fe. Que hayan transcurrido ocho largos años sin respuesta de la justicia, es algo que “nos enferma” dijo Norma, la mamá de Ana María: “Primero fue mi marido y ahora yo estoy en tratamiento, queremos que la Justicia haga algo, para que nuestra hija descanse en paz. Sabemos que no nos devolverán a Ana María, pero queremos terminar esta etapa”. Los tres hijos de la joven, de 12, 10 y 9 años, pasaron la mayor parte de su vida sin su madre, y tienen su recuerdo por fotos. “Lo más duro para esta familia es que no sólo siguen pensando en la posibilidad de que Ana María se podría haber salvado, sino que murió sufriendo y que esta muerte podría haber sido mucho más digna”, expresó Mariano Figueroa, representante de la Comunidad del Hospital Iturraspe, quien viene acompañando a la familia en su reclamo desde la muerte de la adolescente.

Tomado de http://www.pagina12.com.ar/

Source: Septiembre 2015

Argentina: El aborto como un problema de política criminal

Argentina: El aborto como un problema de política criminal

En Tierra del Fuego, una mujer está procesada y será juzgada por realizarse un aborto con una curandera en un barrio popular de la capital provincial. El fiscal que interviene en el juicio, Nicolás Arias, pidió para ella un año de prisión en suspenso. Organizaciones de derechos humanos se presentaron como amicus curiae ante el Tribunal Oral en lo Criminal de Ushuaia, que interviene, para pedir que se anule el proceso. “Este caso muestra el problema de enfocar el aborto no como un derecho –en las condiciones establecidas por ley vigente en Argentina–, sino como un tema de política criminal”, alertó la abogada Natalia Gherardi, directora del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA). Gherardi detalló que se trata de una joven en situación de gran vulnerabilidad y con una historia de violencia, que debería haber accedido a la práctica legal del aborto en un hospital público, en condiciones seguras y legales. “Sin embargo, la falta de acceso a ese derecho en la provincia la empujó a la clandestinidad, poniendo en riesgo su salud y su vida, para luego además quedar expuesta a la persecución penal por haber ejercido lo que debió ser su derecho. Las leyes penales deben dejar de marcar la vida y la salud de las mujeres en los casos en que su vida, su salud o su integridad se encuentra en juego, y debe dar lugar a una política pública de salud enfocada en garantizar el ejercicio de sus derechos humanos”, señaló Gherardi.

La mujer vive en Río Grande, tiene 32 años y es madre de tres hijos. Desde La Hoguera, una organización local que defiende los derechos de las mujeres, la están acompañando en su defensa. “Es una barbaridad lo que la Justicia ha hecho con ella”, dijo a este diario Ayelén Martínez, de la ONG. La abogada Solange Verón, quien se hizo cargo de su representación legal en los últimos meses, pidió la nulidad de las actuaciones, y en caso de que no prospere ese pedido, su absolución.

ELA, junto al CELS, Católicas por el Derecho a Decidir y Amnistía Internacional se presentaron como amicus curiae, para avalar la posición de la defensa. Por un lado, sostienen que se trató de un aborto legal, contemplado en el artículo 86, incisos 1º y 2º, dado que el embarazo ponía en riesgo su salud –tiene una lesión en la cintura producto de malos tratos recibidos durante su infancia– y además, había sido producto de la violación de su pareja, quien ejercía sobre ella violencia de género. “El Estado, en lugar de garantizar el acceso a una práctica permitida por ley, criminaliza a las mujeres que, por desconocimiento de la ley vigente o ante el temor de ser perseguidas, recurren a los abortos inseguros”, señalaron las cuatro organizaciones en su presentación. En diálogo con este diario, Diego Morales, director del área de Litigio del CELS, consideró que “las barreras del acceso al aborto no punible constituyen un supuesto de violencia institucional”. En este caso “está llevada a su máxima expresión porque no sólo se obstaculiza el acceso a la interrupción legal del embarazo en los casos en que la ley lo permite, sino que, luego de tal ausencia, el Estado aparece para perseguir penalmente a la mujer”.

La causa se inició en 2010 a partir de escuchas telefónicas realizadas a una mujer en el marco de una investigación judicial por el homicidio de su pareja, un artista plástico. Esa mujer resultó imputada por ese crimen y se le inició otra causa por practicar abortos clandestinamente. Pero no sólo a ella la persiguió la Justicia: también a las mujeres que habían concurrido a su domicilio presuntamente para interrumpir un embarazo. Y a un hombre que presuntamente había acompañado a una de ellas. Para todos el fiscal pidió un año de prisión en suspenso.

Tomado de http://www.pagina12.com.ar/

Source: Septiembre 2015

Leonel Briozzo "No pueden tildarnos de pro aborto"

—¿Qué opina del fallo del TCA?

—Se acata, pero no la comparto. Es una resolución que considero profundamente equivocada. Hay un error conceptual en no considerar lo que se estaba haciendo en Uruguay hace más de 10 años.

Ningún observador activo puede ignorar que acá se generó un modelo de trabajo totalmente original, que es el modelo de Iniciativas Sanitarias, cuya base no era ni es promover el aborto, sino el asesoramiento integral a las mujeres para ayudarlas a decidir en cuanto a las tres opciones que hay, que son continuar el embarazo, continuar y dar al hijo en adopción, o interrumpir el embarazo. Eso olímpicamente se ignora, ya que se plantea que el modelo de reducción de riesgos y daños no contempla esto.

—¿Le consta que se esté haciendo ese asesoramiento así?

—Por supuesto. Desde el primer asesoramiento que yo hice, en 2011, han tenido esas características. Siempre tuvo esa impronta. Y en el modelo de reducción de riesgos y daños es que se inspira la ley de salud sexual y reproductiva y luego la ley de despenalización del aborto. Tanto es así, que la palabra asesoramiento no está elegida al azar: podríamos haber dicho orientar o aconsejar. Pero asesoramiento implica la acción profesional de informar calificada y humanamente, constatar que la persona es responsable de sus decisiones, y que está libre de presiones. Cuando se corrobora que es una decisión conciente, desde mi punto de vista, la actitud correcta es alinear mis intereses a los de la paciente y acompañar su decisión aún cuando yo no esté de acuerdo con ella.

—Sé el caso de una mujer, Alexandra, a la que no le dijeron nada de eso.

—Por supuesto que puede haber algún profesional que no actúe correctamente, como lo hay en todos los roles y prácticas.

—Si se dan las tres opciones, ¿cómo se explica que las que continúan el embarazo sean tan pocas (solo el 9% de 9.300 consultas) y las adopciones sean tan escasas (109 en 2014)?

—La población que vemos muy, pero muy excepcionalmente, toma la opción de la adopción; no está instalado en nuestra consulta. Pero de ninguna manera se plantea que se promueva el aborto. La doctrina del modelo se opone al paternalismo médico, que quiere imponer sus creencias, y con igual vehemencia a quienes quieren banalizar el aborto. Es una situación que en lo posible debe ser evitada. Este modelo fue hecho para disminuir las muertes maternas y disminuir el número de abortos. En los dos temas resultó exitoso. Tan así, que es un producto de exportación no tradicional a toda América Latina y el Caribe, a países de África y Asia. Al TCA le falta información y esto deja una situación como de que se dudara de lo hecho.

—¿Cómo impacta en el servicio?

—No impacta en nada. Es más, creo que no cambia en nada la práctica. El Código de Ética Médica (que es ley) dice que el médico debe respetar la autonomía del paciente y nunca imponer sus convicciones. Para mí, lo primero es la ética. Después las leyes o los decretos administrativos.

—El fallo señala que hay distintas concepciones entre la ley y el decreto reglamentario, sobre todo respecto a objeción de conciencia.

—Sí, no sé por qué. La objeción es un derecho salvaguardado en la ley, y la reglamentación era garante. En lo personal, estoy convencido de que cuando la objeción de conciencia es genuina, nunca es un problema para el sistema sanitario. Lo otro es desobediencia civil. Yo creo que la labor de los profesionales es siempre alinearse y tratar de apoyar a las pacientes minimizando el riesgo. Yo puedo estar totalmente en contra del aborto, como lo estoy, pero debo entender que para algunas mujeres, en algunos momentos de su vida, es la única posibilidad.

—¿Qué cambia, entonces, en cuanto al asesoramiento?

—Nada. El término asesoramiento implica equilibrio en la información. Lo desarrollamos nosotros. Por eso aquí nunca pudo decir nadie que los que desarrollábamos la práctica profesional basada en el derecho a la atención de las mujeres, promovíamos el aborto. Y de hecho, no solamente no lo hicimos sino que hoy, a dos años y medio de implementada la ley, somos de los países con menor tasa de abortos del mundo.

—El hecho de que se haya extendido la posibilidad de objetar en distintas etapas de aborto, ¿no complica la asistencia?

—Yo creo que no, porque ya se sabe quiénes son. Y hoy hay equipos de trabajo consolidados en todas las instituciones. No me corresponde a mí, desde el lugar que hoy ocupo como académico, hacer un relevamiento de lo que ocurre en el país. Eso lo debe hacer la autoridad sanitaria.

—Los colectivos feministas salieron a decir que con esto “se aumentaban las barreras”.

—Sí… Yo también digo que no estoy de acuerdo con el fallo. Pueden aumentar, pero creo que no está en riesgo en absoluto la marcha de este derecho consagrado a las mujeres uruguayas.

Tomado de http://www.elpais.com.uy/

Source: Septiembre 2015