[Bolivia] Denuncias de violencia aumentan en 2015 respecto al año pasado

[Bolivia] Denuncias de violencia aumentan en 2015 respecto al año pasado

Instituciones departamentales y nacionales, así como activistas que buscan la protección de los derechos de las mujeres, realizan acciones para disminuir el índice de violencia, sin embargo de esto, los casos van en aumento a pesar, inclusive, de la implementación de la Ley 348, Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida sin Violencia.

La directora de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV), mayor Marcela Vargas, mencionó que de casi 1.100 casos registrados en el primer semestre de 2014, la cifra sobrepasa los 1.200 en los primeros seis meses de este año, lo que significa un incremento del 10 por ciento de denuncias atendidas por esta repartición policial.

El director del Servicio Legal Integral del Municipio (SLIM), Héctor Rodríguez, manifestó que en lo que va de esta gestión se ha registrado 2.480 denuncias de violencia psicológica y física, lo que equivale a un incremento del 20 por ciento respecto al año pasado.

Ante esta situación, el Sistema Integral Plurinacional de Prevención Atención Sanción y Erradicación de Violencia en Razón de Género realiza talleres de difusión de la Ley 348 en lo que hace conocer los alcances de la misma, así como quiénes pueden denunciar casos y las sanciones que son aplicadas contra los agresores.

Casos atendidos

Vargas precisó que en lo que va de este año tuvo un reporte de 1.200 casos de violencia, de lo que en 90 por ciento las víctimas son mujeres y el porcentaje restante corresponde a niños y adolescentes que sufrieron abuso sexual.

Vargas explicó que en loscasos de violenciade género, la mayoría son por agresiones psicológicas y físicas contra mujeres en las que, generalmente, los responsables son hombres en estado de ebriedad.

En los datos estadísticos de la FELCV se hace conocer que las víctimas de agresión están entre los dosaños de edad y los sesenta. “En la revisión de los casos de agresión sexual se pudo conocer sobre un buen porcentaje de mujeres de más de cincuenta años que fueron violadas” lamentó.

Rodríguez mencionó que de los más de dos mil casos recibidos, la mayor parte fueron derivados por el Ministerio Público, que solicita informes sociales y psicológicos de las víctimas para proseguir con los procesos correspondientes. “En el Servicio Legal Integral del Municipio existe preocupación por el incremento de los casos de violencia, que se encuentra en el 20 por ciento con relación a la pasada gestión”, declaró.

Para Rodríguez, en las estadísticas existe prevalencia de los casos de violencia psicológica, expresada a través de insultos de hombres contra mujeres, por lo que dijo que es importante que en una acción entre las instituciones públicas y privadas reducir estos índices. “Con las actividades programadas se espera contar con familias más estables y consolidadas emocionalmente para que hombres y las mujeres vivan una cultura de paz y comprensión”, reflexionó.

Difusión de Ley 348

Con la presencia de representantes de instituciones públicas y privadas, en días pasados fue realizado un taller de difusión de la Ley 348, según informó la funcionaria Rosario Laime, del área técnica del Sistema Integral Plurinacional de Prevención Atención Sanción y Erradicación de Violencia en Razón de Género.

Laime mencionó que con esta actividad se busca mejorar la atención a las víctimas de violencia psicológica y física. “En este taller se hizo conocer sobre las casasde acogida y refugio temporal para las víctimas de violencia, tanto en área rural como para la urbana”, dijo.

Agregó que los servicios integrados de justicia se encargan de la atención de denuncias, orientación y patrimonio legal. “La víctima puede denunciar los actos de violenciapero también sus familiares, vecinos, amigos, profesores, directores, personal de salud de establecimientos públicos y privados, autoridades indígenas, originarias, campesinas o cualquier persona”, aclaró.

En el taller se hizo conocer que la Ley 348 reconoce al feminicidio o asesinato de mujeres por el hecho de ser mujer, delito que tiene la sanción de 30 años de cárcel, y otros delitos, además de los procesos de atención, prevención, protección, persecución y sanción.

Exigen esclarecimiento de la muerte de una niña indígena

La responsable del Equipo de Comunicación Alternativa con Mujeres (ECAM), Peky Rubín de Celis, manifestó que en una labor coordinada con la Defensoría del Pueblo y otras instituciones exigen que la Fiscalía General del Estado aclare el caso de la muerte de una niña indígena, ocurrida hace un año y medio. “Como Red de Lucha Contra la Violencia hacia las Mujeres estamos preocupados por el asesinato de una niña indígena de 12 años, ocurrido en Villa Montes en enero de 2013”, declaró.

Rubín de Celis recordó que el cuerpo sin vida de Brígida Pérez Tórrez fue encontrado el 8 de enero de 2013 en estadode descomposición en inmediaciones de una quebrada distante a 8 kilómetros de la ciudad de Villa Montes”, explicó.

En el examen médico forense se hace conocer que las causas de la muerte son: Traumatismo Encéfalo Craneano (TEC), sofocación y hemorragia intracraneal por trauma con objeto contundente de bordes romos. “Este crimen se encuentra en riesgo de quedar impune, ya que el 14 de enero el fiscal de materia de Villa Montes emitió una resolución de sobreseimiento, y en febrero el fiscal departamental emitió la resolución de ratificación”, lamentó.

Mencionó que enviaron una carta al fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, la que “es una denuncia de la ausencia de justicia hacia una niña indígena y pobre, cuya familia no tiene posibilidad de activar otros medios de defensa que no sean los establecidos por el Estado”.

Para Rubín de Celis, en el procesamiento de este hecho hubo “mala práctica, carencia de profesionalismo e investigación negligente e ineficiente”, por lo que espera que Guerrero autorice el reinicio del caso.

Tomado de http://www.elpaisonline.com

Source: Julio 2015

Yo disfrazada de monja, tú disfrazado de santo

Yo disfrazada de monja, tú disfrazado de santo

Invocando monjas embarazadas. Invocando la servidumbre sexual de cientos de monjas dentro de la Iglesia Católica, mujeres que han parido hijos bastardos del cura, del confesor y del obispo, tomamos las graderías de las catedrales de La Paz y Santa Cruz, simultáneamente.
 
Las monjas -que seguramente hoy cientos de ellas estarán con las manos hinchadas de haber fabricado las miles de hostias que la Iglesia les manda cocinar, pero les prohíbe consagrar- han sido el personaje a partir del cual hemos querido cuestionar, una vez más, el significado de la presencia del Papa en Bolivia.

Además de invocarlas embarazadas, les hemos dedicado una de nuestras siluetas del Vaticano, donde decía: en la iglesia hay un patrón que se esconde tras la sotana y la religión; mientras las monjas cocinan y lavan, los curas consagran, rezan, fornican y descansan.

Hemos querido, con estas palabras, cuestionar el lugar de las mujeres dentro de la Iglesia. Un lugar que representa la mano de obra gratuita de las mujeres. A las monjas se les prohíbe estudiar teología, filosofía o cualquier otra profesión; mientras a los curas se los forma dándoles becas y dejándoles crecer intelectualmente.

Las monjas tienen una formación religiosa como catequistas de menor profundidad que los curas, porque hay temor en la Iglesia al pensamiento religioso que las mujeres puedan construir. Son por eso muy pocas las monjas que han logrado rehuir el control patronal de los obispos. Y de las pocas que ha habido en la historia, hemos tenido auténticas sabias, como Sor Juana Inés de la Cruz, lesbiana. Como Hildegarda de Bingen, médica y, probablemente, lesbiana también, o como Teresa de Jesús, la mística del “nada te turbe nada te espante”, palabras que tanto me sirven para respirar más hondamente.

Mujeres que han defendido sus libros y su derecho a estudiar y pensar contra obispos y jerarcas. Las monjas son para la Iglesia peones, seres inferiores en su relación con el Dios cristiano. 

Mi homosexualidad no necesita tu aprobación, es la homosexualidad dentro de la Iglesia la que necesita urgentemente reivindicación. Con esta frase, que formaba parte de otra de las siluetas (cartel),  que la Policía se ensañó en romper, queríamos evocar e invocar a las cientos y miles de monjas lesbianas, y curas homosexuales que dentro de la Iglesia viven su sexualidad con culpa, que están obligados a callar y a nutrir la doble moral de la Iglesia. 

No necesitamos que el papa Francisco nos reconozca ninguna dignidad a lesbianas que no pertenecemos a su Iglesia, por eso le exigimos que la tarea de dignificación la empiece en su casa, donde es más urgente y donde el dolor es más profundo. Donde el silencio y la doble moral son más pesadas y donde la condena nunca termina.
  
Nos dicen que no se está violando el carácter laico del Estado en la medida en la que el Papa es también representante de un Estado. Si Evo Morales tiene derecho de cuestionar el carácter imperialista del Estado norteamericano, nosotras tenemos el mismo derecho de cuestionar el carácter misógino y antidemocrático del Estado del Vaticano. Por eso decíamos ayer:  no rindo pleitesía al jefe de un Estado donde el poder es vitalicio, gerontocrático y patriarcal. Un poder vertical que niega el derecho no sólo a decisión, sino inclusive a opinión y discusión. 

Hoy que en Bolivia estamos siendo empujados a pasar al régimen general a sectores pequeños, como pensiones, talleres, fotocopiadoras, y que nos enfrentamos todos los días a clausuras, porque no dimos una factura por dos empanadas o tres refrescos, quisimos dedicarle un cartel a los privilegios de la Iglesia Católica. Por eso decíamos: la Iglesia lucra con tu salvación y no le obligan a pagar impuestos como lo hacen contigo y conmigo. ¿Cuánto cuesta un matrimonio, un bautizo, un entierro? ¿Por qué no dan factura? 

El Papa, intentando hacer una broma, les decía a los ecuatorianos que no les va a cobrar nada. La broma le revienta en los labios porque la realidad cotidiana es que antes de cualquier sacramento va la paga. Esa paga ha pasado de la limosna al lucro, por eso la Iglesia no practica el voto de pobreza y los franciscanos del mundo hoy son grandes empresarios del turismo religioso, antes que ascetas, como era su fundador. 

María Galindo es miembro de Mujeres Creando

Tomado de paginasiete.bo/

Source: Julio 2015

Spots publicitarios chilenos por la legalización del aborto obtienen premio en Cannes

Spots publicitarios chilenos por la legalización del aborto obtienen premio en Cannes

Un conjunto de spots publicitarios, realizados en alianza entre la Fundación Miles y la empresa publicitaria Grey, lograron un especial reconocimiento en el Festival Internacional de Creatividad Cannes Lion al recibir uno de los 24 Le de Bronce concedidos por el festival internacional de publicidad en la categoría Contenidos de Marca y Entretenimiento. Se trata de una campaña publicitaria, consistente entres cortos, publicados en YouTube, que simulan ser tutoriales donde diversas mujeres explican cómo llevar a cabo un aborto que pareciera accidental. La campaña busca sensibilizar sobre la legalización del aborto terapéutico en Chile.

La campaña fue lanzada en abril y aunque en Chile el impacto fue relativo, en Europa logró su objetivo viralizándose rápidamente.

Los cineastas Shawn Garry (Desierto Sur) y Gonzalo Díaz (I Am From Chile) fueron los realizadores a los que la productora Gray encargó los comerciales. La idea era que parecieran videos caseros, grabados con celular.

La Campaña “Tutorial Aborto #LEYabortoTERAPEUTICO”, ha logrado numerosas menciones en la prensa internacional debido a la sorpresa- según sostiene en su página la Fundación Miles- que causó en el  extranjero que el aborto, frente a todo evento, aún esté penalizado en Chile. Medios como la BBC, Al Jazeera, le dieron importante cobertura a la campaña de sensibilización.

Ver VIDEO aquí ► http://bit.ly/1GRWP0e

Source: Julio 2015

El derecho al aborto terapéutico

El derecho al aborto terapéutico

Hace dos meses, una niña de 11 años en el Plan Tres Mil (Santa Cruz) fue abusada sexualmente por un mototaxista y quedó embarazada. Tanto ella como su madre expresaron su deseo de interrumpir esa gestación. Aunque los informes médicos reportaron que el cuerpo de la niña no estaba en condiciones de tolerar el embarazo, la decisión de interrumpirlo estuvo sometida a deliberación de médicos, psicólogos y voceros de la Iglesia Católica.

El Código Penal reconoce la figura del “aborto impune” (art. 266) cuando el embarazo es consecuencia de un delito de violación, rapto “no seguido de matrimonio”, estupro (relaciones sexuales con menores de edad) y relaciones sexuales entre individuos con algún tipo de parentesco familiar. 

Otra cláusula dentro del mismo artículo permite el aborto cuando hay riesgo para la vida o salud de la madre. En el caso de abortos por delitos de violación, la sentencia 206/2014 del Tribunal Constitucional Plurinacional establece que los requisitos para acceder a la interrupción legal del embarazo son: la presentación de una copia de la denuncia de violación y el consentimiento de la mujer (niña, adolescente, joven o adulta) para acceder al procedimiento. A pesar ello, los familiares de la niña enfrentaron dificultades para que se cumpla la norma.   No es la primera vez que en el país se conoce de la realización de un aborto terapéutico o impune (el aborto está penalizado en el país). Al amparo de la normativa constitucional vigente, el pasado mes de abril se practicó el primer aborto de un embarazo producto de una violación atendiendo el pedido de una niña que resultó embarazada tras ser abusada por su padrastro. 

Sin embargo, el caso que se comenta volvió a poner en vigencia el debate sobre el derecho al aborto impune o terapéutico. Este reciente ejemplo nos muestra cuán árido es aún el camino en nuestro país para que las mujeres y niñas accedan a sus derechos sexuales y reproductivos. Aunque se han realizado intentos de avanzar en la despenalización del aborto, ni siquiera el aborto impune o terapéutico, que es un elemental derecho de las víctimas de abuso sexual, puede ser practicado sin temor a sanciones y amenazas morales o religiosas. 

Así como ningún médico que practique un aborto terapéutico puede ser perseguido, estigmatizado o enjuiciado, está claro que se debe respetar la objeción de conciencia de quienes no deseen practicarlo por las mismas razones, pero en ningún caso se puede  privar a la víctima de un abuso sexual como los que se comenta de su derecho a una interrupción segura de su embarazo. Por encima de cualquier consideración la norma debe ser respetada.

Este ejemplo nos muestra cuán árido es aún el camino en nuestro país para que las mujeres y niñas accedan a sus derechos sexuales y reproductivos.

Tomado de paginasiete.bo/

Source: Julio 2015

Mujeres costarricenses buscan sacar del limbo aborto terapéutico

Mujeres costarricenses buscan sacar del limbo aborto terapéutico

La ausencia de un reglamento sobre cómo aplicar el aborto terapéutico en Costa Rica, obliga a las mujeres a depender de la interpretación de los médicos sobre las circunstancias en que puede realizarse el procedimiento, aun en los supuestos en que es legal. 

El artículo 121 del Código Penal de Costa Rica establece que el único aborto impune (legal), es solo aquel que realizan profesionales de la medicina “con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre y este no ha podido ser evitado por otros medios”.

Sin embargo, en la práctica las autoridades de salud reconocen únicamente el riesgo para la vida de la madre como causa para interrumpir el embarazo.

“El problema es que hay muchas mujeres que cumplen con las condiciones de este artículo, ellas piden el aborto terapéutico y se les niega con el argumento de que no hay riesgo para su vida”, explicó a IPS la abogada Larissa Arroyo, integrante de la Colectiva por el Derecho a Decidir.

“No es un problema de leyes, sino de interpretación de leyes”, explicó la representante de la organización defensora de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.

Arroyo y otras activistas impulsan que Costa Rica acepte en este tema la definición de salud de la Organización Mundial de la Salud, un concepto asociado al bienestar físico y mental de las personas.

A falta de mayor claridad sobre cómo atender a mujeres embarazadas que solicitan la interrupción del embarazo, muchos médicos de los hospitales públicos rechazan realizar el procedimiento, que puede ser castigado con hasta tres años de cárcel, e incluso más si se dan algunos agravantes.

“Es complicado porque en la interacción que hemos tenido con doctores y doctoras, ellos nos dicen: ‘Vea, yo lo haría, pero no me lo permiten’”, explicó Arroyo.

Otros aducen objeciones de conciencia, vinculadas con el peso conservador de la dominante Iglesia Católica y de otras confesiones religiosas.

En Costa Rica, el aborto está penalizado en todas las demás causales consideradas terapéuticas, como violación, incesto y malformación del feto, pero las activistas subrayan que en esos casos la salud emocional de la mujer se ve muy afectada.

“Muchas mujeres no piden la interrupción porque creen que está prohibido. Si las mujeres creen eso y también los doctores, no hay quien demande los derechos”, sostuvo Arroyo.

Esto deja en situaciones críticas a mujeres como Ana y Aurora, dos de las costarricenses que en los últimos 10 años estuvieron embarazadas de un feto que sabían que no sobreviviría, pero que los médicos no les permitieron abortar.

A finales del 2006, Ana quedó embarazada y una revisión médica tras seis semanas de gestación reveló que el feto padecía encefalocele occipital, una condición que provoca una hernia en la zona craneal incompatible con la vida fuera del útero.

Ante esa certeza, la mujer, entonces de 26 años, solicitó un aborto terapéutico y argumentó que gestar un feto sin posibilidades de sobrevivencia le producía depresión y problemas psicológicos. Pero las autoridades médicas y laCorte Suprema de Justicia desestimaron su demanda y tras siete horas de parto, su hija nació muerta.

La Colectiva y el Centro de Derechos Reproductivos, con sede en Washington, llevan el caso de Ana ante laComisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), al igual que el de Aurora, quien también reclama al Estado el haberle negado su derecho al aborto terapéutico.

Su caso es muy similar. En 2012, su feto desarrolló un síndrome llamado abdomen pared, donde se tiene abierta la pared abdominal y expuestos órganos claves como el corazón, el hígado y los intestinos. Sin haber desarrollado las piernas y con una escoliosis grave, su hijo murió inmediatamente después del parto.

El Comité de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (Cedaw) manifestó en 2011 que “preocupa que las mujeres no tengan acceso al aborto legal, debido a la falta de directrices médicas claras en que se esboce cuándo y cómo puede hacerse un aborto legal”.

Por ello, demandó al Estado costarricense que elabore directrices médicas sobre el acceso legal, las difunda ampliamente y, adicionalmente, estudie la legalización del aborto en casos como la violación y el incesto.

A las presiones internacionales se acaba de sumar la nueva jueza de la Corte Interamericana de Justicia, la costarricense Elizabeth Odio, quien aseguró que “es obvio que se debe aplicar el aborto terapéutico que ya está en nuestra legislación”, en una entrevista con el diario local La Nación el 20 de este mes.

“Hay médicos que creen que es un crimen el aborto terapéutico y ponen en riesgo la vida de la mujer”, puntualizó la magistrada del tribunal interamericano, con sede en San José.

En marzo, el ministro de Salud, Fernando Llorca, admitió que “ha surgido el debate sobre la necesidad de desarrollar una norma de aborto terapéutico. La necesidad sí ha surgido y el debate está en el país”.

Las activistas apuestan por un protocolo que regule el aborto impune, que establezca la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), que rige el sistema público de salud y maneja la prestación de los servicios sanitarios, incluidos los hospitales. Pero su avance está empantanado desde 2009.

“Con la Colectiva y la CCSS trabajamos durante varios años un protocolo, pero las autoridades de la Caja al momento de estar terminado lo remitieron a otra instancia e intervino la opinión personal de funcionarios y funcionarias que pasan más por lo emocional que por lo legal”, dijo Ligia Picado, de la Asociación Demográfica Costarricense (ADC).

La activista, integrante de una de las organizaciones de la sociedad civil que más de cerca trabaja temas de derechos sexuales y reproductivos, explicó a IPS que “la dificultad es que no hay protocolo o una norma que respalde al personal de salud para que implemente el derecho de las mujeres”.

A su juicio, el protocolo es especialmente urgente para las mujeres “que no tienen  recursos para poder acceder a un servicio médico clandestino”, al contrario que otras que cuentan con posibilidades de costear alternativas dentro o fuera del país para interrumpir un embarazo que afecte su salud física o emocional, explicó Picado.

Los datos sobre abortos en este país de 4,7 millones de personas son más que exiguos. Según estimaciones de 2007 de la ADC, cada año se producen 27.000 abortos inducidos clandestinos, mientras no hay datos de aquellos realizados legalmente en centros públicos o privados.

Grupos de la Asamblea Legislativa han empezado a moverse para presionar a la CCSS para que apruebe el protocolo y el 17 de junio la Comisión legislativa de Derechos Humanos envió una carta a la Presidenta de la caja.

“Esperamos que llegue hasta las autoridades de la CCSS la necesidad de emitir la directriz de que los médicos no pueden alegar objeciones de conciencia y tienen que cumplir con la normativa costarricense”, explicó a IPS la diputada opositora Patricia Mora, quien promovió la misiva.

Editado por Estrella Gutiérrez

Tomado de ipsnoticias.net

Source: Julio 2015