La tragedia de las niñas embarazadas por violaciones en América Latina

Cada año cientos de niñas dan a luz en América Latina luego de ser abusadas sexualmente.

Belén tenía 11 años cuando quedó embarazada después de ser violada por su padrastro.

Su caso causó conmoción en Chile hace un par de años, ya que ese país no le permitió abortar a pesar de una enorme campaña que realizaron organizaciones civiles preocupadas por la salud de la menor.

Hoy otra niña pasa por la misma experiencia que Belén, y su caso ha centrado nuevamente el interés de los activistas por los derechos humanos.

La pequeña vive en Paraguay y su nombre se mantiene en reserva para proteger su identidad. Pero se sabe que tiene apenas 10 años y que lleva un embarazo de cinco meses y medio.

El embarazo parece ser consecuencia del abuso reiterado de su padrastro, que hoy está detenido, al igual que su madre, acusada de no haberla protegido.

Amnistía Internacional (AI) lanzó una campaña para exigir a las autoridades paraguayas que le permitan abortar, un reclamo que es apoyado por el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU) y otros organismos.

Pero a pesar del alto perfil que ha adquirido este caso y el de Belén antes, lo cierto es que sus historias no son situaciones excepcionales.

El Centro de Derechos Reproductivos (CRR, por sus siglas en inglés), una organización internacional dedicada a la defensa de estos derechos, dijo a BBC Mundo que hay cientos de casos de niñas embarazadas tras ser violadas en América Latina, pero no suelen tener difusión.

Se trata de un problema difícil de cuantificar. Primero, porque muchas de las familias no lo denuncian debido a que en general los casos de abusos se dan en el seno del propio grupo familiar.

En estos casos los bebés resultado de la violación suelen ser declarados “de padre desconocido”, según afirmaron a este medio quienes trabajan de cerca con las menores embarazadas.

Además, la mayoría de los gobiernos no lleva estadísticas sobre esa realidad, explicó a BBC Mundo Mónica Arango, directora para América Latina y el Caribe del CRR.

Niñas-madre

No obstante, sí existen algunos datos elocuentes que dan cuenta de la gravedad de la situación.

Uno de ellos es un informe de la ONU que señala que América Latina es la segunda región con más maternidad infantil después de África.

Organizaciones como el CRR atribuyen esto, entre otros factores, a los altos índices de violencia sexual.

“Por ley, cuando una niña menor de 14 años queda embarazada siempre se considera que se trató de un abuso”, explicó Arango.

Los expertos en salud que tratan con las “niñas-madre” confirman que la mayoría fueron violadas.

Así lo dijeron a BBC Mundo los médicos que tratan a la menor embarazada en Paraguay y el Colegio de Matronas de Chile, que denunció el caso de Belén en 2013.

Según esa institución, que participa en todos los nacimientos de niños en Chile, cada año unas 850 menores de 15 años dan a luz en ese país, la mayoría por casos de incesto.

Por su parte, el Ministerio de Salud de Paraguay estimó que allí las menores embarazadas en 2014 fueron 680, algo que los médicos también atribuyen mayoritariamente al abuso sexual.

“Estamos acostumbrados a tratar niñas-madres”, confesó la médica Dolores Castellanos, responsable del equipo que atiende la salud de la pequeña de 10 años en el hospital Cruz Roja de Asunción.

Según el CRR estas cifras no son exclusivas de estos países sino que representan la realidad en la mayor parte de América Latina.

Sin embargo, el organismo destaca que mientras que en muchas naciones latinoamericanas a estas niñas se les permite abortar, por haber sido violadas, en otros no tienen ese derecho.

“Doblemente abusadas”

Organizaciones como el CRR, AI y la ONU denuncian que en países con legislación reproductiva más restrictiva, como Chile y Paraguay, las menores violadas son “doblemente abusadas” al ser obligadas a llevar a término un embarazo no deseado y riesgoso, debido a su corta edad.

“La decisión de las autoridades paraguayas ha resultado en graves violaciones de los derechos a la vida, a la salud y a la integridad física y mental de la niña, así como su derecho a la educación, que ponen en peligro sus oportunidades socio-económicas”, advirtió el lunes un grupo de expertos en derechos humanos de la ONU.

En Paraguay el aborto sólo es permitido en caso de riesgo de vida para la madre o el bebé, sin contemplar otras excepciones como la violación o el daño a la salud física o mental.

Las autoridades de salud paraguayas han determinado que la menor puede llevar a término su embarazo de manera segura, a pesar de que sólo pesa 34 kilos.

En tanto, en Chile la legislación es aún más restrictiva: es uno de los pocos países del mundo que no permite el aborto bajo ninguna condición, algo que podría cambiar si avanza el proyecto de ley propuesto por la presidenta, Michelle Bachelet, en enero de este año.

Riesgos

Quienes defienden la decisión de que las menores lleven a término sus embarazos sostienen que se trata de un proceso natural.

“Del momento que una mujer vive su primera regla, su primera menstruación, es porque su organismo ya está preparado para ser madre”, sostuvo el diputado conservador chileno Issa Kort cuando se generó la polémica por el caso de Belén en el país trasandino.

También la Sociedad Paraguaya de Ginecología se manifestó contraria a realizar un aborto en el caso que hoy causa controversia allí, debido al riesgo que podría suponer para la menor interrumpir el embarazo después de las 20 semanas de gestación.

Sin embargo, la ONU advierte que ser madre antes de los 16 años conlleva muchos peligros para la salud.

Según un informe que publicó el organismo en 2013, una niña que queda embarazada en los dos años posteriores a la menarquia (cuando ocurre la primera menstruación) o cuando su pelvis y canal de parto todavía están en crecimiento tiene más probabilidades de tener problemas de salud que una mujer mayor.

“En América Latina, el riesgo de muerte materna es cuatro veces mayor entre las adolescentes menores de 16 años”, advirtió el panel de expertos de la ONU que se pronunció el lunes.

Por su parte la Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que las complicaciones en el embarazo y el parto son la principal causa de muerte entre las adolescentes en países en vías de desarrollo.

En tanto, activistas como Mónica Arango destacan los riesgos para la salud mental que significa para una niña ser madre tras ser violada.

“Que una menor sea víctima de violencia sexual y luego se la obligue a pasar por un embarazo es equivalente a torturarla”, sentenció.

Tomado de http://www.bbc.co.uk/

Source: Mayo 2015

El aborto en Brasil, un asunto político

El aborto en Brasil, un asunto político

En Brasil, el aborto está tipificado en el código penal como un delito grave, castigado hasta con tres años de prisión. Las excepciones a  tal condena las constituyen los cuadros clínicos en que la vida de la madre corre peligro o los casos de violación. Semejante situación conduce al aborto clandestino o al mercado negro para adquirir píldoras abortivas, con todos los riesgos que ello comporta.

Estas circunstancias inspiran un sentimiento de soledad, de aislamiento, frente a una sociedad que no pocas veces da la espalda a las mujeres. Por si fuera poco, hay que confrontar la hipocresía porque, aunque la gente haya recurrido a prácticas ilegales, en público casi nadie apoya a quienes viven esta situación. Por lo tanto, las mujeres se ven obligadas a ser solidarias entre ellas, pese a que ello signifique violar la ley e infringir los códigos sociales y religiosos.

Cada año, entre quinientas mil y un millón de mujeres apelan a un aborto clandestino. Las que pertenecen a las clases sociales privilegiadas lo hacen en clínicas privadas y gozan de garantías médicas, mientras que quienes no poseen suficientes recursos se someten a intervenciones sin ningún control. Resultado, anualmente, doscientas mil mujeres sufren complicaciones de salud, que pueden desembocar en graves secuelas o en la muerte. Según estadísticas oficiosas, el aborto sería la quinta causa de muerte femenina en el país.

Todo ello ha conducido a manifestaciones de protesta multitudinarias en fechas simbólicas, como el 8 de marzo, día internacional de la mujer.

Para Adriana Martins, militante de los derechos de la mujer, el aborto es una cuestión de clase social en Brasil.

El debate está profundamente ideologizado, en especial porque la iglesia católica, de gran influencia en el país, se opone de manera férrea a la legalización del aborto. Pero el mayor obstáculo es político. En efecto, en el Congreso, la denominada bancada evangélica combate de manera sistemática cualquier iniciativa progresista, como la despenalización del aborto y las drogas o la legalización del matrimonio homosexual. La elección del conservador Eduardo Cuña como presidente del Congreso ha agudizado estas posiciones extremas.

Ni siquiera la presidenta Dilma Rousseff ha osado ejercer presiones para modificar este estado de cosas, en vista de que 70 % de la población se opone a la modificación de la ley.

Una de las pocas voces discordantes, a favor de la mujer, es la de Jean Willys, joven parlamentario negro y homosexual, que presentó una propuesta de ley para legalizar el aborto. Como Willys explicó a RFI, su proyecto no será aprobado, pero al menos tendrá la virtud de abrir el debate sobre el tema: “es una cuestión de salud pública … tenemos que aportar respuestas y la respuesta no es criminalizar a las mujeres.”

Como consecuencia de todo esto, muchas mujeres se sienten discriminadas y se apartan de la política, que perciben como algo concebido por y para los hombres. Superar estas mentalidades es uno de los desafíos sociales actuales planteados a Brasil.

Entrevistados: Mariana, Noelia, Adriana Martins, militante de los derechos de la mujer; Jean Willys, parlamentario.

Tomado de http://www.espanol.rfi.fr/

Source: Mayo 2015

Paraguay impide el aborto de una niña violada de 10 años y 34 kilos

Paraguay impide el aborto de una niña violada de 10 años y 34 kilos

El ministro de Salud lo rechaza y la juez señala que la ley es muy clara
Solo hay aborto si hay riesgo para la vida de la madre

Tiene 10 años, pesa apenas 34 kilos y mide 1,39, pero está embarazada de cinco meses y va a ser madre. Una niña violada por su padrastro en Luque, una localidad vecina de Asunción, la capital de Paraguay, será forzada a dar a luz si la presión internacional no lo impide. En Paraguay no hay aborto salvo que peligre la vida de la madre, algo que solo se aplicó una vez en 2009 por un embarazo ectópico y después de mucha presión. Diversas organizaciones humanitarias tratan de convencer al Gobierno paraguayo de que la vida de la niña corre peligro, pero de momento el Ejecutivo rechaza tajantemente el aborto y pretende obligar a la niña, separada ahora de su familia, a tener el hijo.

“Es un atentado contra los derechos humanos”, se queja Elba Núñez, de la organización CLADEM. “Este formalmente es un Estado laico, pero hay mucha presión de sectores conservadores”, asegura María José Garcete, de Amnistía Internacional en Paraguay, ambas en conversación telefónica desde Asunción. Las dos organizaciones apoyan a la madre, que ha sido encarcelada por supuesta complicidad con el padrastro, ahora fugado, en los abusos a la niña. La madre, sin embargo, denunció el año pasado los abusos a su hija, entonces solo manoseos, pero nadie los paró.

El ministro de Salud, Antonio Barrios, que antes de saltar a la política era el médico personal del presidente, el conservador Horacio Cartes, ha descartado por completo el aborto. “Si se debía abortar, tuvo que ser antes de la semana 20. El embarazo no será interrumpido. Lo del aborto ya lo hemos descartado por completo”, ha contestado a la prensa local. El caso no es nuevo. Según las estadísticas del hospital de Clínica, el año pasado hubo casi 700 casos de niñas entre 10 y 14 años que dieron a luz. La mayoría, según las ONG consultadas, son víctimas de violaciones. A ninguna se le permitió abortar, al menos no oficialmente. Nunca se ha aplicado con una niña embarazada el artículo 109.4, que permite interrumpir el embarazo en caso de riesgo para la vida de la madre. La economía paraguaya ha crecido mucho en los últimos años, pero la pobreza está muy extendida y los embarazos en niñas y adolescentes siguen siendo algo muy habitual.

La juez que lleva el caso y se ocupa de la custodia de la hija, Pili Rodríguez, del juzgado de infancia de Luque, señala en conversación telefónica con EL PAÍS: “Nuestra Constitución protege la vida desde la concepción. No se conocen en Paraguay casos de médicos que hayan interrumpido un embarazo de niñas. Hasta ahora los reportes médicos no hablan de riesgo para la salud de la niña. Serán los médicos los que decidan, no el juzgado. Nosotros debemos proteger a la niña, puesto que su padre hace tiempo que está ausente, la madre está en la cárcel y el padrastro prófugo. De eso nos ocupamos. Lo que tenemos que hacer es replantearnos el sistema de prevención para que esto no vuelva a ocurrir”, explica. El aborto no parece estar encima de ninguna mesa.

La presión internacional, una vez que el caso ha sido difundido, es muy fuerte, pero el Gobierno paraguayo no parece en absoluto dispuesto a ceder. Las ONG reclaman que se cree una junta médica independiente que evalúe los riesgos para la vida de la niña, que ellos ven evidentes por su escasa complexión, con un cuerpo para nada preparado para dar a luz. El embarazo ya está avanzado (cinco meses), por lo que los activistas reclaman que se establezca un protocolo para proteger la vida de la madre.

“El Estado paraguayo ha fallado. La madre fue hasta cuatro veces a denunciar posibles abusos a su hija. Y fue ella la que hace 13 días la llevó al médico. El primero que la vio le habló de los riesgos para la vida y por eso ella reclamó la interrupción del embarazo para salvar la vida de su hija. Y la reacción del Estado ha sido criminalizarla y meterla en la cárcel, donde teme por su vida porque las demás presas la culpan. Todo el mundo se pregunta por qué seguía viviendo con ese hombre, pero ella también es víctima de abusos y sabemos cómo son estas situaciones. La niña está ahora separada de su familia, solo puede ver dos horas a sus tías, es una tortura tremenda”, se indigna Elba Núñez.

“Han dejado pasar 13 días y ahora dicen que es demasiado tarde. Responsabilizamos al gobierno paraguayo de cualquier cosa que pueda pasarle a la niña, es muy débil, esto atenta contra la convención de los derechos del niño que Paraguay firmó”, insiste la activista. De momento la presión crece, y todo indica que se conformará esa junta independiente que las ONG reclaman, pero nadie apuesta a que el resultado sea aceptar un aborto que en Paraguay sigue siendo un absoluto anatema, incluso en casos tan extremos como este.

Tomado de http://internacional.elpais.com

Source: Mayo 2015

[RD] Diferentes sectores del país piden al Tribunal Constitucional mantener reforma que permite el aborto

[RD] Diferentes sectores del país piden al Tribunal Constitucional mantener reforma que permite el aborto

Médicos, periodistas, activistas de derechos humanos, hombres y mujeres de la sociedad civil y la academia, entre otros sectores, le han solicitado al Tribunal Constitucional que mantenga la despenalización del aborto como mecanismo para proteger la vida y la salud de las mujeres dominicanas.

Un total de 22 intervenciones de expertos y expertas, y más de 600 cartas de ciudadanos y ciudadanas dominicanas a favor de la despenalización del aborto han sido presentadas al Tribunal Constitucional dentro del proceso que sigue esta Corte para decidir si mantiene la reforma al Código Penal que permite el aborto en tres circunstancias, y de esta manera protege la vida y la integridad de las mujeres dominicanas.

A través de argumentos jurídicos, sociológicos o de salud, o simplemente de los sentires ciudadanos sobre lo que debe garantizar el Estado, decenas de organizaciones nacionales e internacionales y personas hemos enviado escritos al Tribunal Constitucional (Amicus Curiae), demandando que el aborto por causales sea  garantizado como un asunto de interés público, de derechos humanos y justicia social.

En un país con una de las mayores tasas de mortalidad materna de la región -en donde en el año 2014 murieron 179 mujeres, y a mediados de abril del corriente van 44 muertes maternas, en su mayoría por causas evitables y en parte por abortos inseguros- despenalizar el aborto cuando la vida o integridad de la mujer están en riesgo, cuando el embarazo es producto de una violación o cuando el feto presenta malformaciones incompatibles con la vida, es un avance en la garantía de los derechos humanos de las mujeres y por eso,  las nuevas disposiciones del Código Penal deben ser respetadas, protegidas e implementadas por los poderes públicos.

Las mujeres que en circunstancias excepcionales necesitan interrumpir el embarazo no pueden seguir muriéndose y dejando hijos huérfanos, familias destrozadas y pisoteada su dignidad humana. Con la reforma al Código Penal, el país dio un gran paso para evitar estas situaciones. Ahora el Tribunal Constitucional tiene en sus manos la oportunidad de ratificarlo y situarse a la vanguardia centroamericana en materia de defensa de la vida y la salud de las mujeres.

En caso de que el Tribunal decida no mantener la reforma, estaría violentando derechos como el derecho a la vida de las mujeres; el derecho a no ser sometidas a torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes;  el derecho a no sufrir violencia; el derecho al más alto nivel posible de salud; el derecho a la intimidad; el derecho a la igualdad y a la no discriminación.

Las organizaciones abajo firmantes, miembros de la Coalición por los Derechos y la Vida de las Mujeres*, le solicitamos al Tribunal Constitucional tomar en consideración los argumentos y recomendaciones presentadas por las siguientes organizaciones y personas:

Manuel Atienza Rodríguez, Universidad de Alicante (España); Claudio Nash, Universidad de Chile; Rebeca Cook, Universidad de Toronto (Canadá); académicas de la Universidad de Génova (Italia); Universidad Carlos III de Madrid- Instituto Universitario de Estudios de Género y Grupo Antígona de la Universidad Autónoma de Barcelona; Grupo Internacional de Investigación sobre estereotipos, prejuicios y discriminación, de los departamentos de psicología social de la Universidad Complutense de Madrid y de la Facultad de psicología de la Universidad Federal de Paraíba (Brasil); Amnistía Internacional; Centro de Derechos Reproductivos (Estados Unidos), Women’s Link Worldwide (Colombia-España), Consorcio Latinoamericano contra el Aborto Inseguro (CLACAI), Red Alas (Red Latinoamericana de Académicos del Derecho); DeJusticia (Colombia); Red Latinoamericana de Católicas por el Derecho a Decidir; Católicas por el Derecho a Decidir (México); Programa de Acción por la Igualdad y la Inclusión Social –PAIIS- de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes (Bogotá, Colombia); Colectiva de Mujeres para el Desarrollo Local (El Salvador); Centro Kennedy (Estados Unidos); International Pregnancy Advisory Services- IPAS, entre otras organizaciones internacionales.

En el plano nacional han presentado Amicus Curiae, la Coalición por los Derechos y la Vida de las Mujeres, representada por el Colegio Médico Dominicano, el Colegio Dominicano de Periodistas, la Colectiva Mujer y Salud, la Asociación Nacional de Enfermería, el Centro de Investigación para la Acción Femenina- CIPAF, la Federación Nacional de Mujeres Trabajadoras, la Unidad Nacional de Mujeres Activas (UNISIMAS-CENUS) y el Centro para la Educación y el Desarrollo (CEDUCA). Adicionalmente han presentado intervenciones, el Centro de Estudios de Género de INTEC; la Confederación Nacional de Mujeres del Campo (CONAMUCA) y  Profamilia, entre otras.

La Coalición espera que el Tribunal Constitucional no retroceda en los derechos adquiridos por las mujeres y tome su decisión amparado en la Constitución de la República y en los compromisos internacionales de Derechos Humanos asumidos por el Estado Dominicano.

Colegio Médico Dominicano
Colectiva Mujer y Salud
Confederación Nacional de Mujeres del Campo, (CONAMUCA)
Instituto de Investigación de Género y Familia, (UASD)
Centro de Investigación para la Acción Femenina (CIPAF)
Centro de Estudios de Género de la Universidad INTEC (CEG-INTEC).
Unidad Sindical de Mujeres Activas, (UNISIMAS-CNUS).
Asociación Nacional de Enfermería, (ASONAEN).
Federación Nacional de Mujeres Trabajadoras (FENAMUTRA),
Centro para la Educación y el Desarrollo (CEDUCA),
Foro Feminista
Centro para el Desarrollo de la Mujer CE-MUJER  

Santo Domingo, mayo 5 de 2015

 

Source: Mayo 2015