Una clara advertencia a los jueces

Una clara advertencia a los jueces

El organismo lo informó a partir del caso de la ex jueza Myriam Rustán de Estrada, que en octubre de 2012 impidió el aborto legal a una mujer violada mientras estaba cautiva de una red de trata. Se habían presentado cinco denuncias contra la ex magistrada.

El Consejo de la Magistratura de la Nación advirtió que si un juez obstruye el acceso a un aborto legal incurrirá en mal de-sempeño. El organismo sentó así un valioso precedente. Se pronunció sobre las denuncias presentadas contra la ex jueza Myriam Rustán de Estrada, quien pretendió impedir la interrupción de un embarazo a una mujer víctima de trata que había sido violada durante su cautiverio. La jueza, que estaba a cargo del Juzgado Nacional en lo Civil Nº 106, intervino arbitrariamente, luego de que el jefe de Gobierno, Mauricio Macri, negligentemente diera a conocer el día y el lugar en el que se realizaría el supuesto “primer aborto no punible en la Ciudad”, en octubre de 2012.

El accionar de Rustán de Estrada generó que se presentaran cinco denuncias en su contra ante el Consejo de la Magistratura. Y luego, la misma Corte Suprema de la Nación pidió que se evaluara su accionar. Pero antes de esperar que el organismo resolviera, Rustán de Estrada se apresuró a presentar su renuncia. De todas formas, el órgano quiso dejar en claro su postura. La resolución fue dictada a mediados de diciembre, pero recién trasciende ahora. Lleva la firma de la presidenta del Consejo de la Magistratura, Gabriela Vázquez, quien se convirtió en la primera mujer en encabezar ese órgano. Vázquez trabajó dando los talleres promovidos por la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema, a partir de la gestión de Carmen Argibay en el máximo tribunal, para capacitar a operadores de la Justicia en la incorporación de la perspectiva de género en sus decisiones.

Aunque Rustán de Estrada ya no es jueza, el pronunciamiento del Consejo de la Magistratura es importante porque hasta ahora han sido inusuales las sanciones a los jueces u otros operadores de la Justicia que impiden el acceso a un aborto legal, poniendo sus preceptos religiosos por encima del cumplimiento de la ley. Además, “confirma que hay consecuencias legales para quien abuse de la función pública para obstaculizar el ejercicio de los derechos de las mujeres” y, “si bien la renuncia de esta jueza impidió seguir adelante con el proceso en contra, es bueno que se fortalezca la idea de la necesaria rendición de cuentas por las acciones del Poder Judicial”, destacó en diálogo con este diario la abogada Natalia Gherardi, directora ejecutiva del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), una de las entidades que había denunciado a la jueza.

El Consejo de la Magistratura señaló que, si bien renunció a su cargo, su conducta habría sido encuadrada en el supuesto de mal desempeño –artículos 25 incisos 1, 3 y 4 de la Ley 24.937– por demostrar un desconocimiento inexcusable del derecho, negligencia grave en el ejercicio del cargo y realización de actos de manifiesta arbitrariedad. En sus fundamentos, señala que “su postura se convirtió en un obstáculo judicial para la realización de una práctica médica permitida por la legislación vigente, poniendo en riesgo la salud y la propia vida de quien la reclamaba y desconociendo el criterio sostenido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo FAL sin dar mayores fundamentos”.

El Consejo de la Magistratura advirtió sobre el accionar obstructivo a través de la utilización de la Justicia. “La judicialización de esta cuestión, que por su reiteración constituye una verdadera práctica institucional, además de ser innecesaria e ilegal, es cuestionable porque obliga a la víctima del delito a exponer públicamente su vida privada, y es también contraproducente porque la demora que apareja en su realización pone en riesgo tanto el derecho a la salud de la solicitante como su derecho al acceso a la interrupción del embarazo en condiciones seguras.” Y denunció sobre este tipo de maniobra “fomentada por operadores de la salud y convalidada por distintos operadores de poderes judiciales nacionales como provinciales”.

En septiembre último, en Chubut, el Superior Tribunal de Justicia aplicó por primera vez en el país un castigo: multó por “falta grave” y “abuso de poder” al juez penal de Esquel, José Oscar Colabelli, quien había prohibido un aborto a una niña de 12 años que había quedado embarazada como consecuencia de una violación. En ese caso, la sanción fue más bien simbólica, dado que la multa fue apenas de 1500 pesos, pero dejó también el precedente. En cambio, en mayo de 2014, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de Salta rechazó, por mayoría, promover el jury contra el juez Víctor Raúl Soria, que unos meses antes, en diciembre de 2013, también había prohibido un aborto no punible a una adolescente de 13 años violada por su padrastro. El jurado, presidido por el titular de la Corte salteña, sostuvo llamativamente que la acusación contra el magistrado era “inadmisible por no haberse configurado una inusitada gravedad institucional en la conducta”.

Rustán de Estrada estaba a cargo del Juzgado en lo Civil Nº 106. El martes 9 de octubre de 2012, en un trámite irregular, frenó el aborto no punible que estaba programado para ser realizado en el curso de ese día en el Hospital Ramos Mejía de la ciudad de Buenos Aires. La causa judicial que derivó en la obstrucción de la intervención siguió un trámite irregular, que la misma Rustán de Estrada reconoció en ese fallo. El abogado Pedro Andereggen, de la Asociación Civil para la Promoción y Defensa de la Familia, promotor de la maniobra, no hizo su presentación por la mesa de entradas de la Cámara Civil, donde se realiza el sorteo del juzgado que debe intervenir. En cambio, eligió a esa magistrada y llevó a su juzgado el recurso de amparo para que se suspendiera el procedimiento médico –seguramente porque conocía de antemano su posición y cómo se pronunciaría–, luego de que el viernes 5, cuatro días antes, un juez del fuero Contencioso Administrativo y tributario de la Ciudad, Guillermo Scheibler, había rechazado un planteo similar del mismo abogado.

La entidad católica hizo la presentación, tras conocer por la negligencia del jefe de Gobierno porteño, dónde y cuándo se realizaría el aborto no punible, solicitado por una mujer de 32 años, víctima de trata que había resultado embarazada durante su cautiverio a manos de redes prostibularias, de donde pudo escaparse. El mismo gobierno porteño apeló la resolución de la entonces jueza.

En su decisión, Rustán de Estrada desconoció a la propia Corte Suprema de la Nación, que el 13 de marzo de 2012 había clarificado los alcances de la norma sobre aborto en el país –en la sentencia FAL s/medida autosatisfactiva– y, puntualmente, indicó que no debían ponerse obstáculos arbitrarios ni exigir una autorización judicial ni el pronunciamiento de un comité de bioética. Por el contrario, la entonces jueza escribió en su resolución: “Si la madre necesita reparar el trauma sufrido mediante su desvinculación completa del hijo engendrado, podrá hacerlo en cuanto el niño nazca mediante el instituto de la adopción, pero no puede hacerlo mediante su eliminación de la faz de la Tierra”.

El caso llegó rápidamente a la CSJN para revocar la medida cautelar dictada y el conflicto de competencia suscitado a raíz de las presentaciones simultáneas realizadas por la Asociación Civil Pro Familia en la Justicia Civil de la Nación y en la Justicia Contencioso Administrativa de la Ciudad. La Corte Suprema, en una decisión contundente, dejó sin efecto la decisión de Rustán de Estrada y ordenó que se respetara el derecho de la mujer a un aborto legal.

Un año más tarde, la CSJN volvió a pronunciarse, esta vez sobre el fondo, y sostuvo que, si bien el caso ya había devenido en abstracto, “es necesario tomar todas las medidas para desmantelar toda posible consecuencia que pretenda derivarse de esas actuaciones judiciales deformadas”. En este sentido, declaró la nulidad de todo lo actuado por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil 106 y ordenó que se examinara la conducta de la asociación peticionaria (Asociación Pro Familia) y de su letrado patrocinante, y que por su parte el Consejo de la Magistratura interviniera para evaluar el desempeño de Rustán de Estrada.

Tomado de http://www.pagina12.com.ar

Source: Marzo 2015

La ONU dice que El Salvador tiene "retos importantes" en derechos humanos

El representante de las Naciones Unidas (ONU) en El Salvador, Roberto Valent, dijo hoy que ese país tiene “retos importantes” que superar en derechos humanos para “viabilizar” que la población pueda “vivir” dichos derechos.

El representante de las Naciones Unidas (ONU) en El Salvador, Roberto Valent, dijo hoy que ese país tiene “retos importantes” que superar en derechos humanos para “viabilizar” que la población pueda “vivir” dichos derechos.

Valent señala que los principales retos para El Salvador están en torno a la “despenalización del aborto” y a una “impunidad casi total” de la violencia contra las mujeres.

En El Salvador “hay temas que son muy sensibles, como la discusión de la despenalización del aborto, (…) allí hay vulnerabilidades importantes que aquejan a niñas y adolescentes”, dijo Valent a Acan-Efe.

Agregó, que las mujeres también se ven afectadas por la violencia intrafamiliar y “la violencia de la sociedad”, haciendo referencia a las estadísticas de violaciones sexuales que registran un promedio de “una mujer violada cada 3 horas” y a un “número importante de asesinatos que continúan ocurriendo”.

“Se necesitan implementar de manera decidida y conjunta, por parte del Estado y de la sociedad, acciones integrales para el abordaje de la violencia desde las causas estructurales”, expuso Valent.

Para el representante de la ONU, parte de la violencia que vive El Salvador se debe a la “débil” presencia de las estructuras del Estado “a nivel de territorio” y dijo que es necesario “fortalecer” dicha presencia “para poder proteger y amparar” a la niñez vulnerable de “integrarse a esquemas criminales”.

También señaló que los avances que presenta el país en derechos humanos, por la suscripción de acuerdos internacionales y creación de leyes especificas, se complican cuando se trata de “implementar y de asegurar que la vigencia de derechos humanos sea vivida por la gente”.

Por su parte, la representante de la Oficina Regional para América Central del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, Carmen Rosa Villa, dijo a Acan-Efe que es importante “buscar una reflexión y un diálogo para sentar las bases de una discusión” en torno a la despenalización del aborto.

Agregó que también “hay desafíos de luchar contra la discriminación de los grupos de la diversidad sexual”.

Por otra parte, destacó que un elemento que preocupa a la ONU “es el de poner fin a la impunidad por graves violaciones de derechos humanos” ocurridas durante la guerra civil salvadoreña (1980-1992) y de garantizar “verdad, justicia, reparación para las víctimas y la no repetición” de dichos crímenes.

Las declaraciones fueron dadas en el marco de la presentación de resultados del Segundo Ciclo del Examen Periódico Universal (EPU) al que fue sometido El Salvador por la ONU.

Este destaca que de 159 recomendaciones hechas a ese país, 117 fueron aprobadas por el Estado y “se toma nota” de otras 42, como la “despenalización del aborto”, los derechos de los grupos de diversidad sexual, la ratificación del Estatuto de Roma y del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)en beneficio de los pueblos indígenas.

Tomado de http://www.laprensagrafica.com/

Source: Marzo 2015

[Chile] Aborto: Ministra explicita que debe primar "confidencialidad por sobre denuncia"

Carmen Castillo se refirió al caso de la joven que fue detenida en Calama tras la delación de un ginecólogo.
El Colegio Médico llamó a abrir “una discusión técnica, ética, con altura de miras” sobre el tema.

La ministra de Salud, Carmen Castillo, explicitó este miércoles la postura del Gobierno ante casos como el de la mujer de 25 años que fue detenida en el Hospital Carlos Cisternas de Calama luego de que un ginecólogo la denunciara por haberse realizado un aborto

En la víspera, tras conocerse el caso, elsubsecretario de Salud Pública, Jaime Burrows, reconoció que “existe una norma que señala que hay que hacer la denuncia”, pero recordó que el Minsal envió un instructivo a todos los hospitales donde llamó a hacer primar la reserva cuando se detecte un caso de aborto.

Hoy “estamos, como Ministerio, reforzando la confidencialidad por sobre la denuncia”, declaró Castillo.

La situación de esta joven es una causal de por qué se está legislando en esto de la despenalización de la interrupción del embarazo para tres causales específicas, y además el deber de confidencialidad frente a situaciones que nos lleguen a nosotros como sector salud“, indicó la secretaria de Estado.

El proyecto del Gobierno para despenalizar el aborto contempla la confidencialidad de los médicos y, en dicho sentido, el presidente del gremio hizo un enérgico llamado a discutir con profundidad el tema.

Enrique Paris admitió que el ginecólogo que denunció el hecho a Carabineros tras atender de urgencia a la mujer incurrió en una falta ética, pero manifestó comprensión con la situación del profesional.

El médico tiene que guardar la confidencialidad, pero también yo entiendo al doctor, que (el caso) lo pone contra la espada y la pared, porque por un lado tiene que respetar la confidencialidad –eso es lo más importante, estamos de acuerdo en eso todos-, pero por otro lado también se le obliga a denunciar”, dijo Paris.

“No lo ataquen por la prensa, cuando el médico está haciendo lo que está obligado a hacer”, dijo el presidente del Colegio Médico, quien consideró que la situación señalada “da pie para realizar una discusión técnica, ética, con altura de miras, y entregar una legislación que respete tanto a los pacientes como a los médicos”.

Tomado de cooperativa.cl/

Source: Marzo 2015

[Paraguay] Ministra sugiere aplicar la despenalización del aborto

[Paraguay] Ministra sugiere aplicar la despenalización del aborto

La ministra de la Mujer, Ana Baiardi, sugirió al Congreso despenalizar el aborto con base en reiteradas recomendaciones de las Naciones Unidas. Baiardi dio a conocer la posición institucional de la cartera a su cargo a pedido de la Comisión Nacional para el Estudio de la Reforma del Sistema Penal Penitenciario, integrada por senadores, diputados, ministros de Corte y fiscales.

La ministra Baiardi informó a los legisladores de la citada comisión que el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, en el 50° período de sesiones, llevado a cabo en Ginebra (Suiza), del 3 al 11 de octubre de 2011, volvió a reiterar a varios países la necesidad de una despenalización del aborto.

Entre esos países se encuentra Paraguay.

En la nota remitida por Baiardi a los legisladores se destaca una de las últimas recomendaciones realizadas por el comité de las Naciones Unidas, que insta a los países a actuar “sin demora y aplique medidas efectivas para hacer frente a la elevada tasa de mortalidad materna, impedir que las mujeres tengan que recurrir a abortos en condiciones de riesgo y suprimir las disposiciones punitivas que se aplican a las mujeres que se hayan sometido a abortos (…).

¿Cómo surgió el tema?

La Comisión Nacional para el Estudio de la Reforma Penal se instaló en abril de 2014, con el objetivo de revisar el Código Penal y Procesal Penal. A partir de ahí dirigió notas a diferentes instituciones: ministerios de Salud y de la Mujer; universidades Nacional de Asunción, Católica “Nuestra Señora de la Asunción” y del Norte; Sociedad Paraguaya de Ginecología, Organización Panamericana de la Salud y el Círculo Paraguayo de Médicos.

Pasaron seis meses y ninguna de estas instituciones hizo llegar sus posturas al Congreso Nacional, con excepción del Ministerio de la Mujer.

La ministra Baiardi agrega en el escrito que la cartera a su cargo asumió esa postura institucional en “cumplimiento estricto de las disposiciones y recomendaciones de los órganos internacionales ante los cuales el Estado paraguayo, como parte, asume la responsabilidad de su cumplimiento”.

El Código Penal paraguayo castiga con penas privativas de libertad y multas, en diferentes grados, sobre este hecho punible, en sus artículos 105, 349, 350, 351, 352 y 353.

Eutanasia

La Comisión Nacional también solicitó opinión a las distintas instituciones mencionadas sobre la eutanasia, tipificada como delito en el Código Penal paraguayo, con pena de hasta tres años (Art. 106).

Tomado de abc.com.py/

Source: Marzo 2015

[Chile] Despenalización del aborto: Causal de violación marcó inicio de discusión

[Chile] Despenalización del aborto: Causal de violación marcó inicio de discusión

La presentación de este martes por parte del Gobierno fue con datos concretos en esta causal.
La ministra del Sernam, Claudia Pascual, dijo que “es una de las razones importantes que se tienen que tener en cuenta”.

La Comisión de Salud de la Cámara de Diputados comenzó este martes a las 17:00 horas el debate del proyecto de ley que busca despenalizar la interrupción voluntaria del embarazo bajo tres causales: inviabilidad del feto, riesgo de vida de la madre y violación.

Antes de su plena discusión, la causal de violación ha generado el debate. Esta permite el aborto hasta las 12 semanas en el caso de las mayores de 14 años y hasta 18 semanas en las menores de 14 años. Hay dudas respecto a estas fechas entre parlamentarios de la DC.

Por eso la presentación por parte del Gobierno fue con datos concretos en esta causal. Por ejemplo, durante el 2013, 533 mujeres menores de 14 años fueron abusadas sexualmente y entre los 14 y 17 años, 402 mujeres.

La ministra del Sernam, Claudia Pascual, sostuvo que “el Ejecutivo lo que está haciendo es promover un debate que nos permita legislar para despenalizar en estos ámbitos. Nos parece que la causal de violación es una de las razones importantes que se tienen que tener en cuenta”.

“Es la primera exposición y, por lo tanto, poder explicar los fundamentos del Gobierno en tanto que argumentan el proyecto y poder comentar en base a qué premisa fue abordada”, dijo respecto a sus expectativas sobre la primera sesión de esta tarde.

Además, el Gobierno argumentó que según cifras entregadas por el Sename, en 2014 esta institución tuvo 3.292 niñas embarazadas, 198 casos fueron por abuso sexual. Se trata de niñas entre 12 y 15 años.

Los ministros de Justicia, José Antonio Gómez; de Segpres, Ximena Rincón; Salud, Carmen Castillo; y del Sernam, Claudia Pascual, expusieron durante 40 minutos, defendiendo particularmente la violación como causal de aborto.

“Éste no es un tema nuevo. Existía en el pasado en nuestro país y se borró sin discusión legislativa. Aquí lo que estamos protegiendo es la vida de las mujeres. Aquí no hay una obligación del Estado de imponer una conducta a las mujeres, aquí lo que hay es la posibilidad de que las mujer voluntariamente decida, y eso es lo que hoy en nuestro país no tenemos”, señaló Ximena Rincón.

“No tiene que ver con cárcel o no cárcel, tiene que ver con la libertad y la garantía de los derechos humanos de las mujeres que hoy día no están plenamente expresados”, añadió.

Respaldo DC y rechazo UDI
Mientras que en la DC comenzaron su propia discusión en torno al tema y el diputado de la falange y miembro de la Comisión de Salud Víctor Torres dijo que “en la DC hay distintas miradas y la decisión ha sido no obligar a nadie respecto de estas materias con orden de partido ni instrucción de bancada”.

“Lo más probable es que en la Comisión de Salud de la Cámara los parlamentarios apoyemos las tres causales. Lo mismo espero que ocurra en la Comisión de Constitución. Mi impresión es que la mayoría del partido va a apoyar el proyecto de la Presidenta”, adelantó.

Mientras tanto, parlamentarios de la UDI han manifestado su rechazo a la iniciativa, como explicó Gustavo Hasbún, quien pidió iniciar una campaña para el uso de la píldora del día después.

“¿Qué pasa cuando nosotros hablamos hoy día de la legalización del aborto terapéutico en estas supuestas tres causales? ¿Qué pasa con la pastilla del día después? ¿No será mejor hacer una campaña educativa, informativa, para que se pueda utilizar la pastilla del día después por una violación o abuso?”, indicó.

El proyecto no tiene urgencia, por lo que la próxima sesión se realizará el 31 de marzo con la presencia de los cuatro ministros.

Tomado de http://www.cooperativa.cl/

Source: Marzo 2015

Exigen a Supremo nicaragüense declarar inconstitucional penalización del aborto

Con bailes y sombrillas exigen restituir el aborto terapéutico en Nicaragua.

Más de 20 mujeres integrantes del Grupo Estratégico por la Despenalización del Aborto Terapéutico entregaron este martes un escrito ante la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua, en el que exigen que se declare inconstitucional la penalización absoluta de la interrupción del embarazo.

“Venimos a demandar que la Corte Suprema de Justicia se pronuncie y decrete inconstitucional la penalización absoluta del aborto terapéutico”, dijo a Efe la coordinadora del organismo de Mujeres Católicas por el Derecho a Decidir, Magali Quintana.
En este sentido, las mujeres organizadas en el grupo estratégico presentaron el escrito a favor de la restitución de la figura del aborto terapéutico, prohibido en el Código Penal de Nicaragua desde 2006.

La legislación facultaba a practicar este tipo de interrupción del embarazo si era determinado científicamente, con la intervención de tres facultativos por lo menos, y el consentimiento del cónyuge o pariente más cercano a la mujer.

La organización interpuso en el año 2007 el primer recurso por inconstitucionalidad del artículo del Código Penal que penaliza el aborto terapéutico.

“Han pasado 8 años y la Corte Suprema de Justicia no se ha pronunciado, y para ejercer presión hemos introducido alrededor de cinco escritos por año, sin obtener ninguna respuesta”, agregó la activista.

Según apuntó Quintana, entre 2011 y 2013 han fallecido más de 40 mujeres, cuyas edades oscilan entre 25 y 35 años.

Dichas muertes, expuso la activista, pudieron evitarse “si hubiesen tenido acceso a practicarse un aborto terapéutico”.

“Estas mujeres tenían enfermedades crónicas y ameritaban practicarse un aborto terapéutico para salvar su vida”, señaló Quintana.

Por su parte, el director jurídico del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Gonzalo Carrión, calificó de “injusta” a la Corte Suprema, asegurando que cada año se ha comparecido ante la misma para pedirle que resuelva los recursos.

A la presentación del escrito acudieron decenas de mujeres con pancartas, máscaras y megáfonos pidiendo la restitución del aborto terapéutico.

En el contexto de la campaña por las elecciones presidenciales de 2006, la Asamblea Nacional nicaragüense aprobó una reforma del Código Penal, que hasta entonces y desde hacía más de un siglo contemplaba el aborto terapéutico.

Tomado de http://www.ultimahora.com/

Source: Marzo 2015

[República Dominicana] ¿Cuáles son los aspectos normativos del aborto terapéutico?

[República Dominicana] ¿Cuáles son los aspectos normativos del aborto terapéutico?

República Dominicana.– Profesionales del área de la salud y organizaciones de mujeres analizaron los aspectos normativos del aborto terapéutico en el contexto de la Ley 550-14 que establece el nuevo Código Penal, en un foro realizado este martes en el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC).

En este evento, el presidente del Colegio Médico Dominicano (CMD), Pedro Sing, expuso sobre la importancia del protocolo para atender los casos de aborto, mientras que Rocío Caridad, presidenta de la Sociedad Dominicana de Obstetricia y Ginecología, dio a conocer los procedimientos aplicados en los casos de interrupción del embarazo que se presentan en los centros de salud del país.

La doctora Miladys Román analizó  los protocolos que rigen para el aborto terapéutico en América Latina y el Caribe, en este foro sobre “Aspectos normativos del aborto terapéutico”, organizado por el Centro de Estudios de Género (CEG-INTEC) en coordinación con el CMD y las Áreas de Ciencias Sociales y Humanidades y de Ciencias de la Salud del INTEC.

Durante la apertura del encuentro, la coordinadora del CEG-INTEC Lourdes Contreras valoró  la importancia del diálogo entre los intereses de las mujeres frente al ejercicio de sus derechos sexuales y sus derechos  reproductivos, y las responsabilidades del sector salud.

Contreras dijo que es oportuno el debate sobre la normativa del aborto terapéutico, en razón de que la ley fue promulgada en diciembre pasado y para su implementación el país debe darse un protocolo que oriente la práctica médica. Propugnó porque el proceso de formulación de estos instrumentos sea lo más participativo posible.

El nuevo Código Penal establece que no es punible “la interrupción del embarazo practicado por personal médico especializado en establecimiento de salud, públicos o privados si se agotan todos los medios científicos y técnicos disponibles para salvar las dos vidas, hasta donde sea posible”.

El foro sobre “Aspectos normativos del aborto terapéutico” forma parte de las acciones del proyecto Voces por los Derechos de las Mujeres que ejecutan PROFAMILIA y el CEG-INTE, con el apoyo de la Unión Europea.

Tomado de http://www.noticiassin.com/

Source: Marzo 2015

La Cedaw dio seis recomendaciones al Ecuador sobre el derecho a la salud de las mujeres

La Cedaw dio seis recomendaciones al Ecuador sobre el derecho a la salud de las mujeres

Hoy, lunes 9 de marzo, representantes de la Coalición Nacional de Mujeres de Ecuador y el Frente Ecuatoriano para la Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos, presentaron en rueda de prensa las recomendaciones y observaciones que hizo el Comité de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de la Discriminación contra las Mujeres (Cedaw) al país para proteger los derechos de este grupo.

El documento tiene 13 páginas en las que se menciona las acciones que debe realizar el Estado ecuatoriano en referencia a la discriminación contra la mujer, acceso a la justicia, mecanismo nacional de avance para las mujeres, medidas especiales temporales, estereotipos y prácticas nocivas, violencia contra las mujeres, trata y explotación sexual, participación en la vida pública y política, educación, empleo, empoderamiento económico de las mujeres, mujeres indígenas, afroecuatorianas y montubias, mujeres migrantes y refugiadas, igualdad en el matrimonio y relaciones familiares, diseminación y asistencia técnica.

Antes de que se realice la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (Cedaw, por sus siglas en inglés) en Ginebra, la Coalición Nacional de Mujeres del Ecuador entregó el informe denominado ‘Sombra’ que recopiló de manera global el análisis de la problemática en relación a la discriminación contras las mujeres. Mientras que el Frente Ecuatoriano para la Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos presentó el informe Alternativo sobre la situación del derecho a la salud sexual y salud reproductiva en Ecuador.

Por ello, la Cedaw dio al Ecuador en lo referente al derecho a la salud de las mujeres seis recomendaciones: despenalizar aborto en caso de violación, incesto y malformaciones fetales graves o serias; asegurar acceso a métodos anticonceptivos modernos para todas las mujeres y adolescentes; proveer información y educación de la sexualidad integral para reducir el embarazo en adolescentes; asegurar que las leyes tengan una compresión amplia de la salud en sus tres dimensiones: física, social y mental; respetar la confidencialidad en los servicios de salud y desarrollar capacitaciones para el personal de salud sobre secreto profesional; priorizar implementación de Guía de Práctica Clínica de Aborto Terapéutico.

Tomado de http://www.elcomercio.com/

Source: Marzo 2015

#Argentina a 10 años de la creación de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito

#Argentina a 10 años de la creación de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito

Victoria Tesoriero, socióloga y miembro de la Campaña que promueve el debate parlamentario sobre el Proyecto de Ley IVE (Interrupción Voluntaria del Embarazo), reflexiona sobre los avances y las deudas con las mujeres.

Este 8 de marzo tuvimos un nuevo Día Internacional de la Mujer sin que el tema de la legalización del aborto sea discutido en el parlamento argentino. La legalización del aborto hoy es la demanda que unifica todos los sectores del movimiento de mujeres en nuestro país. Este año, la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito cumple diez años de existencia con muchos logros especialmente en instalar el tema en la agenda social, en la opinión pública, donde alcanza un gran nivel de acuerdo, pero sin lograr todavía que se discuta en el Congreso de manera seria y respetuosa.

Integrada por más de 300 organizaciones, la Campaña ha tenido el logro de extender la demanda por el aborto legal más allá de los límites del movimiento de mujeres, contando hoy con el apoyo de organismos de derechos humanos, sindicatos, universidades nacionales, personalidades de la cultura, organizaciones políticas de todo el arco ideológico. Hoy, la legalización del aborto es la gran deuda de la democracia con las mujeres de nuestro país, pero además de ser un tema de gran relevancia por tratarse de un derecho a la autonomía en la toma de decisiones fundamentales para la vida de las mujeres, es también un tema de salud pública, de derechos humanos y de justicia social.

El proyecto de ley que presentó la Campaña cuenta con el apoyo de casi 70 diputadas y diputados de todo el espectro político, y aunque no se encuentra en la agenda parlamentaria hoy, no descartamos que pueda ser debatido en cualquier momento, porque es una demanda muy instalada socialmente.

El único objetivo del milenio que Argentina no va a cumplir es la reducción de la mortalidad de mujeres gestantes, de la cual el aborto es la primera causa. Desde la Campaña creemos que es un debate urgente, y que sólo la legalización del aborto por decisión de la mujer, hasta las doce semanas de gestación como propone nuestro proyecto de ley, podrá bajar la tasa de abortos y de mortalidad de mujeres gestantes. La legalización no obstante, debe ir acompañada a nuestro entender por una política integral, en la que los hospitales provean información adecuada para prevenir los abortos inseguros, y la ley de educación sexual se implemente a nivel nacional.

Tomado de http://elecodesunchales.com.ar

Source: Marzo 2015

Despenalización del aborto en Chile: Retroceder para avanzar

Despenalización del aborto en Chile: Retroceder para avanzar

Este año, la conmemoración del Día Internacional de la Mujer coincide con uno de los debates más polémicos de la administración de Michelle Bachelet: la despenalización parcial de la interrupción voluntaria del embarazo. Mientras grupos conservadores se han negado sistemáticamente a revertir la criminalización absoluta de esta práctica, organismos internacionales instan a poner fin a la vulneración de derechos que ello conlleva y la sociedad civil exige una legislación acorde a la realidad.

Desde hace más de cien años y en distintas fechas, la conmemoración del Día de la Mujer siempre ha tenido un carácter combativo, con miras a la reivindicación de derechos fundamentales históricamente negados. El sufragio femenino universal, el ejercicio del trabajo en condiciones dignas, el acceso a cargos públicos y la no discriminación fueron algunas de las primeras demandas de las cientos de miles de mujeres que cada año siguen repletando las calles, en homenaje a sus pares que lucharon antes que ellas.

Con el pasar de las décadas, las exigencias se mantienen y, a su vez, se complejizan. En Chile, por ejemplo, la consigna elegida por los movimientos feministas y de Derechos Humanos para la conmemoración de este año es el fin de los abortos clandestinos, en concordancia con el debate que comenzará la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados el martes 10 de marzo desde las cinco de la tarde: la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo por tres causales, una de las promesas de campaña de actual Presidenta de la República y exdirectora de ONU Mujeres, Michelle Bachelet.

Chile es el único país de América del Sur en el cual la interrupción del embarazo es penalizada sin excepción, luego de que la dictadura militar derogara el artículo 119 del Código Sanitario, que autorizó el aborto terapéutico entre 1931 y 1989. El texto presentado por el Ejecutivo el 31 de enero de este año pretende despenalizar el aborto sólo en tres situaciones: si el embrión o feto padeciese alteraciones congénitas o genéticas incompatibles con la vida extrauterina, en caso de violación o de riesgo para la vida de la mujer.

Vida digna

Una de las principales preocupaciones de organismos internacionales con respecto de la prohibición total del aborto dice relación a los altos índices de mortalidad materna en América del Sur, donde más de cinco mil mujeres mueren cada año producto de las complicaciones de abortos ilegales realizados en condiciones de clandestinidad. De acuerdo a las estimaciones más recientes de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el número de abortos inseguros en la región se incrementó, pasando de 3,9 millones en 2003 a 4,2 en 2008.

En Chile, 54 mujeres fallecieron el año 2012 en su proceso de gestación y se estiman cerca de 500 casos anuales de la inviabilidad fetal, concordantes con las cifras sobre muertes neonatales por alteraciones estructurales incompatibles con la vida extrauterina.

Karen Espíndola es uno de aquellos casos. A los 23 años y con 12 semanas de gestación, fue informada de que el hijo que esperaba sufría de holoprosencefalia, malformación cerebral incompatible con la vida. “Me dio una depresión terrible, bajé once kilos, no comía nada, no podía dormir. Es una tortura pensar que tienes dentro tuyo un feto que no va a vivir, que no hay nada que puedas hacer, estar día y noche pensando en eso es una tortura terrible”, recuerda.

Han pasado siete años desde su embarazo y su pérdida y Karen aún recibe ayuda siquiátrica para sobrellevar el trauma que le provocó el ser obligada a convertirse en madre. Su hijo Osvaldo nació sin una parte de su cerebro y falleció a los dos años de edad. “Él no se daba cuenta de nada, por lo que para mí no tuvo ningún sentido todo el sufrimiento que padeció”, agrega Karen, quien desde su diagnóstico ha acompañado activamente cada intento de discusión de una ley de aborto terapéutico en el Congreso, sin ningún resultado positivo para aliviar el dolor de cientos de mujeres y familias como la suya.

Un asunto de Derechos Humanos

En su mensaje por el Día Internacional de la Mujer, la Relatora sobre los Derechos de las Mujeres y Presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Tracy Robinson, advirtió sobre los significativos obstáculos que enfrentan las mujeres en la región, en el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos. “Algunas mujeres terminan en la cárcel por acceder a servicios de salud de emergencia durante un embarazo. Otras mujeres se ven obligadas a continuar con embarazos que ponen en riesgo sus vidas, o que son resultado de una violación sexual, debido a que el aborto está criminalizado bajo toda circunstancia en varios países de la región”, detalló con preocupación.

En ese sentido, la Comisión urge a los Estados a adoptar medidas urgentes para garantizar el respeto de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en América, los cuales han sido respaldados mediante la firma y ratificación de numerosos tratados internacionales.

Uno de ellos es la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (Cedaw), adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas en diciembre de 1979, que garantiza en su artículo 12 el derecho de la mujer al acceso a servicios de atención médica en condiciones de igualdad, incluyendo los que se refieren a la planificación de la familia. Además, la recomendación general número 24 del Cedaw establece el acceso a la atención de la salud reproductiva como un derecho básico de las mujeres.

Este derecho se ve reforzado por el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que entró en vigor en enero de en 1976 y asegura en sus artículos 10 y 12 el acceso de todas las personas a la asistencia médica y los servicios de salud, especialmente durante y después del embarazo.

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos también compromete a los Estados Partes a garantizar a hombres y mujeres la igualdad en el goce de todos los derechos civiles y políticos. Su Comité también ha vinculado el derecho a no ser privado de la vida arbitrariamente, establecido en el artículo 6 del documento, con las miles de muertes maternas producidas por los abortos clandestinos.

Panorama regional

Aunque en muchos países de la región el aborto está parcialmente permitido por ley, “hay dificultades en su aplicación, porque se apela a la objeción de conciencia”, explica Ana Lima, coordinadora regional en Uruguay del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Cladem).

Es el caso de Perú, donde el aborto está permitido únicamente si la mujer está en peligro de muerte. A pesar de la norma, en la práctica “es como si estuviese penalizado, porque no se brinda. Ni siquiera se apela a la objeción de conciencia, sino que depende directamente del médico de turno, no está regulado”, advierte Jeannette Llaja, directora del Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Demus).

De hecho, el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas criticó la falta de acceso a interrupciones voluntarias del embarazo en su última revisión al Estado de Perú: “las alegaciones recibidas indican la omisión del Estado Parte en la prevención de actos que perjudican gravemente la salud física y mental de las mujeres y que constituyen actos crueles e inhumanos”. Además, el año recién pasado, el Cedaw recomendó extender la legalización del aborto en casos de violación, incesto o severa malformación del feto y eliminar todas las leyes punitivas contra mujeres que han interrumpido su embarazo.

En Brasil, el Supremo Tribunal Federal dictaminó en abril de 2012 la despenalización del aborto en el caso de fetos con malformaciones cerebrales y el cese del castigo a los médicos que los realicen. Recientemente, el presidente del Congreso, Eduardo Cunha, se negó a debatir la ampliación de los márgenes de la legislación al respecto.

Durante el mismo mes, la Corte Suprema argentina decretó la legalidad del aborto en casos de violación, sumándose a las causales de peligro para la vida y peligro para la salud.

Pero uno de los mayores avances en materia de despenalización se llevó a cabo en Uruguay, donde desde 2013 el aborto puede ser practicado libremente y de forma gratuita hasta las 12 semanas de embarazo, con un plazo de reflexión de cinco días antes de tomar la decisión final. Según consigna el propio gobierno, desde la sanción de la ley el país registra una de las tasas de interrupción del embarazo más bajas del mundo, practicándose nueve abortos cada mil mujeres.

El informe “Una mirada analítica a la legislación sobre interrupción del embarazo en países de Iberoamérica y el Caribe”, elaborado en 2011 por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), revela que los países que tienen el aborto completamente penalizado corresponden al 1 por ciento de la población mundial. Por otra parte, los países que permiten el aborto a solicitud de la mujer representan a cerca del 40 por ciento de la población.

Tomado de: http://radio.uchile.cl/

Source: Marzo 2015