AGUSTINA RAMÓN MICHEL (Argentina)

AGUSTINA RAMÓN MICHEL (Argentina)

Agustina Ramón Michel es abogada de la Universidad Nacional de Tucumán, Argentina, con medalla de plata. Tiene una maestría en derecho por la Universidad de Texas en Austin y es candidata doctoral en la Universidad de Palermo. Es investigadora adjunta del Área de Salud del Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES). Es profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de Palermo (UP). Ha sido becaria Fullbright y del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Ha escrito artículos así como colaborado en la compilación de publicaciones sobre derechos reproductivos y patentes farmacéuticas, salud y ética.

Source: Febrero 2015

DEBORA DINIZ (Brasil)

DEBORA DINIZ (Brasil)

Debora Diniz es profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de Brasilia e investigadora de ANIS – Instituto de Bioética, Derechos Humanos y Género. Es miembro de la Cámara Técnica de Ética e Investigación en Trasplantes del Ministerio de Salud de Brasil y miembro del Advisory Committee de Global Doctors for Choice/Brasil. Es vice-chair del Consejo del International Women’s Health Coalition/EUA. Desarrolla proyectos de investigación sobre bioética, feminismo, derechos humanos y salud. Es autora de decenas de libros y artículos científicos y dirige seis documentales Sobre derechos humanos.

Source: Febrero 2015

MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA ARAÚJO (Brasil)

Maria José de Oliviera Araújo, médica pediatra con título de especialista en pediatría por la  Sociedade Brasileira de Pediatria. Especialización en salud materno-infantil por la Universidad de la  Sorbonne, Francia. Fundadora de la Red Feminista de Salud y Derechos Sexuales y Reproductivos de Brasil y la Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe. Coordinadora del Área Técnica de Salud de la Mujer del Ministerio de Salud de Brasil de 2003 a 2007. Coordinadora de la Red Médica para el Derecho a Decidir-GDC/Brasil.

Source: Febrero 2015

Encuesta: 60% de los jóvenes está por despenalizar el aborto sólo bajo ciertas circunstancias

Encuesta: 60% de los jóvenes está por despenalizar el aborto sólo bajo ciertas circunstancias

El debate sobre el aborto será tema obligado en la agenda política y de salud este año, luego que la presidenta Michelle Bachelet anunciara, a fines de enero, el envío al Congreso de un proyecto que despenaliza el aborto en tres causales: riesgo de vida de la madre, inviabilidad fetal y violación.

Antes del despacho de esta iniciativa, en noviembre de 2014, el Instituto Nacional de la Juventud (Injuv) indagó en esta temática en su quinto sondeo sobre Derechos Reproductivos. El estudio, encargado al Instituto de Sociología de la U. Católica, contempló un total de 1.030 entrevistas telefónicas a hombres y mujeres entre 15 y 29 años, en 109 comunas del país.

Según esta encuesta, el 60% de los jóvenes está de acuerdo con despenalizar el aborto en ciertas circunstancias, mientras que otro 27% dice que se debe despenalizar sin restricciones. Un 12%, en tanto, señala que el aborto terapéutico es una “práctica inaceptable”(ver infografía).

El director del Injuv Nicolás Preuss, dice que no se esperaban cifras tan altas en el porcentaje de jóvenes que están a favor del aborto terapéutico. Del 60% de los jóvenes que sí estaba de acuerdo con el aborto terapéutico en “ciertas circunstancias”, el 92% lo estuvo en caso de inviabilidad del feto y un 91% si había riesgo para la vida de la madre. “Que 9 de cada 10 jóvenes esté de acuerdo con el aborto terapéutico, no estaba en las estimaciones de estudios anteriores”, dice Preuss.

A su juicio, lo anterior tiene que ver con dos situaciones: la primera es que “los jóvenes tienen una visión menos dogmática de la vida” y la segunda, que “nos están diciendo que cada familia debe tomar su decisión en casos de violación”, señala.

El sondeo también abordó otras temáticas, como el conocimiento de las infecciones de transmisión sexual, la calidad de la educación sexual en el país y uso de métodos anticonceptivos.

Sobre la pastilla del día después, la medición señala que sólo el 6% de los jóvenes la ha utilizado en alguna oportunidad, el 52% cree que es poco o nada probable que la llegue a utilizar, mientras el 47% estima es algo o muy probable que sí lo haga. “La mitad de los jóvenes sí la ocuparía. Para ellos es una herramienta viable que podría evitar una situación complicada a futuro y mitigar un problema país. No hay que olvidar que hoy, de los 750 mil jóvenes que no estudia ni trabaja, el 83% de ellos son mujeres que tienen hijos”, explica Preuss.

Desconocimiento

El sondeo del Injuv también incluyó preguntas relacionadas con el uso de preservativo y el conocimiento que tienen los jóvenes sobre las infecciones de transmisión sexual (ITS). El 71% de los consultados utiliza el condón para prevenir un embarazo no deseado como principal razón. El 22% mencionó como prioritario evitar contraer ITS y el 6%, el VIH/Sida.

Cuando se les preguntó directamente por las ITS, un 49% dijo que la hepatitis B no era una de ellas y otro 13% también consideró que el virus papiloma tampoco era una infección sexual.

Valentín Manríquez, ginecólogo de la Clínica Avansalud, agrega que “no existe en la conciencia de los adolescentes y tampoco entre los adultos que la hepatitis B y la hepatitis C también se pueden contagiar por vía sexual, además de otras vías de contagio como las transfusiones de sangre o drogas intravenosas. Falta educar a los adolescentes sobre cuáles son las ITS a las que están expuestos cuando no usan un método de protección”, añade.

A juicio de Carolina Pastene, ginecóloga de adolescencia de Clínica Las Condes los adolescentes “se sienten inmunes, infértiles e inmortales” y siempre creen que las cosas les pueden ocurrir “al amigo” pero a ellos no por lo que las ITS no son un tema de preocupación para ellos. “He ido a hacer clases a algunos colegios y me he dado cuentan que conocen al menos los nombres de las ITS, pero cuando van a la consulta lo primero que preguntan como método de cuidado y prevención es por las pastillas anticonceptivas”, señala.

Según esta especialista falta más publicidad sobre las ITS pero cree que la incorporación de las vacunas contra hepatitis B y virus papiloma humano al plan nacional de vacunación es una buena instancia para hablar de estos temas al interior de la familia.

Tomado de http://www.latercera.com/

Source: Febrero 2015

Despenalización del aborto y derechos: respuesta a los críticos

Despenalización del aborto y derechos: respuesta a los críticos

El Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet ha cumplido su promesa programática y ha enviado al Congreso Nacional un proyecto de ley sobre interrupción legal del embarazo bajo un sistema de indicaciones que despenaliza la acción que provoca un aborto cuando se configura la causal terapéutica, la embriopática y la criminológica.

Es la primera vez en nuestro país, desde el regreso a la democracia, que mediante el uso de la potestad legislativa del Presidente de la República se promueve una regulación de la interrupción del embarazo en términos explícitos y abiertos. Sin duda es un avance significativo y debe aplaudirse, en especial por la intención de reconocer y proteger derechos de las mujeres. Sin perjuicio de ello, cabe hacer presente que el proyecto legislativo se compromete sólo con los estándares mínimos necesarios para resguardar derechos de las mujeres.
En ese contexto, el proyecto busca equiparar a Chile con un modelo de regulación del aborto presente en legislaciones tales como Israel, Polonia, Colombia, Bolivia, Argentina y la mayoría de los países latinoamericanos. Estos países establecen un sistema de indicaciones o causales y no un sistema regulatorio que se funda en las semanas de gestación. Este último, permite que la mujer adopte libremente la decisión de interrumpir un embarazo, bajo un período determinado, sin indicar motivos que lo justifiquen. Bajo el sistema de indicaciones o causales, en cambio, la interrupción del embarazo se permite de manera restringida cuando operan ciertas circunstancias definidas expresamente en la ley.

En la discusión pública nacional se han formulado diversos cuestionamientos por parte de quienes se oponen a que la propuesta legislativa se convierta en ley. A continuación abordaremos críticamente dos de estos.

En primer lugar, se ha sostenido que resultaría innecesaria la regulación propuesta en el proyecto, pues actualmente las mujeres no reciben el castigo penal al aplicárseles causales de exculpación por inexigibilidad, o bien, siendo culpables, se les impondrían, en todo caso, penas sustitutivas que devendrían en cumplimiento en un régimen abierto.

La insuficiencia y miopía de esta argumentación consiste en que relega el factor del juicio criminal. Esto es así porque: I) la sentencia de exculpación es un juicio contingente; II) omite que el soporte de un proceso criminal resulta en sí gravoso, debido a que mantiene la carga estigmatizante de la criminalidad y la doble victimización, independiente de si la mujer será o no exculpada o si se le aplicará o no una pena sustitutiva; III) esta carga tiene efectos discriminatorios, pues principalmente se aplica a mujeres pobres que se encuentran en condiciones particulares de exclusión o marginalidad; IV) genera intensas barreras para que las mujeres obtengan una atención de salud segura.

En segundo lugar, otros han afirmado que el proyecto va más allá de una mera despenalización de la interrupción del embarazo, pues configuraría, más bien, el equivalente a un derecho al aborto.

En efecto, lo que el proyecto hace es convertir en lícitas las acciones que interrumpan un embarazo, una vez que se cumplen ciertas exigencias que el propio proyecto establece. Vale decir, la conducta que antes era criminalmente reprochable, ahora es un actuar lícito, porque el Estado renunció a prohibir y castigar con sanciones punitivas esas acciones. Si esto es así, debemos interrogarnos por las condiciones para que tal conducta lícita pueda ser llevada a cabo.

Así, entonces, se equivocan quienes derivan de la despenalización el establecimiento de un supuesto (nuevo) derecho de la mujer a solicitar la interrupción del embarazo. Lo que las mujeres harán bajo la eventual nueva legislación es simplemente ejercer derechos que ya gozan en nuestro sistema jurídico con total libertad y en condiciones relativamente igualitarias: el derecho a la protección de la salud y, por supuesto, el derecho a la vida. Si la interrupción del embarazo es lícita, entonces el tratamiento sanitario debe ser protegido por las obligaciones que impone el derecho de protección de la salud y el derecho a la vida. En este sentido, no se propone un derecho al aborto a secas, simplemente se reconoce el derecho a que la salud y vida de las mujeres sean protegidas; salud que, en todo caso, debe entenderse en términos integrales.

Por lo demás, lo que el proyecto del Gobierno hace es evitar que se deje sin operatividad la ley y así no incurrir en un autoboicot. Despenalizar sin establecer mecanismos y procedimientos para que las mujeres efectivamente puedan interrumpir un embarazo en condiciones sanitarias oportunas y seguras, negaría una faz del derecho a la protección de la salud. En ese sentido, con los matices necesarios, la Corte Europea de Derechos Humanos condenó a Polonia por no disponer del marco regulatorio suficiente para que una mujer pueda acceder a procedimientos de interrupción del embarazo en un entorno que se puede aproximar al chileno (Caso P. y S. v. Polonia, N° 57375/08, 2013).

Si el legislador chileno despenalizará en ciertas hipótesis la interrupción voluntaria del embarazo, deberá hacerlo en condiciones tales que proteja el resto de los derechos constitucionales de las mujeres, sin perjuicio de crear las necesarias herramientas para su accesibilidad segura y oportuna y así cumplir con los estándares mínimos que el derecho internacional de los derechos humanos establece. Sólo de esa manera podremos dejar atrás una legislación criminalizadora sin excepción, resabio de la dictadura, que en derecho comparado sólo posee un puñado de países en el mundo.

Artículo publicado http://www.elmostrador.cl/

Source: Febrero 2015

La revolución de Michelle Bachelet

La revolución de Michelle Bachelet

La presidenta chilena no cumple aún un año al frente del gobierno y ya ha sacado adelante una serie de reformas políticas largamente anheladas por un sector de la población.

Hasta hace un tiempo, los chilenos que viven en el extranjero no podían votar en las elecciones presidenciales. Ahora podrán. Hasta hace un tiempo, las parejas de igual o distinto sexo que no contraían matrimonio carecían de ciertos derechos. Ahora los tienen. Hasta hace un tiempo, los establecimientos educacionales que recibían subvención del Estado podían lucrar y seleccionar a sus estudiantes. Ahora no podrán. Ahí tenemos sobre la mesa tres de las reformas estructurales que fueron aprobadas en los últimos meses en Chile.

La transformación se ve complementada con otras modificaciones, como la tributaria (que busca dificultar la evasión, mejorar la distribución y recaudar un 3 por ciento del PIB adicional para financiar reformas como la educacional), la creación del Ministerio de la Mujer, la Reforma Electoral y la presentación de un proyecto de ley para despenalizar el aborto terapéutico en tres casos específicos: violación, peligro para la vida de la madre e inviabilidad del feto.

Durante años, la Concertación, hoy Nueva Mayoría, anheló algunos de esos cambios. Con la actual supremacía que exhibe en el Congreso y alianzas específicas realizadas con sectores de la oposición, el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet se tardó diez meses en sacar adelante las iniciativas. Se trata, a veces, de importantes gestos cargados de simbolismo, como el voto de los chilenos en el extranjero o el marco legal para las parejas no casadas, incluidas las homosexuales. Pero se trata también de modificaciones de fondo, como la Reforma Electoral, que puso término al sistema binominal imperante como amarre de la dictadura de Augusto Pinochet, un sistema que permitía, en casi todos los casos, que solamente hubiera representantes de los dos grandes bloques políticos: la centroderecha y la centroizquierda.

Reforma cuestionada

En el caso de esta última reforma, se trataba de un cambio que se vio truncado por más de 20 años. La nueva distribución de los distritos electorales permitirá, supuestamente, dar mayor representatividad a un Parlamento que está compuesto hoy por 120 diputados y 38 senadores y que en el futuro tendrá 155 y 50, respectivamente. Esta modificación fue aplaudida por amplios sectores, aunque también cuenta con críticos. Entre ellos se encuentra el académico alemán y cientista político Dieter Nohlen, experto en sistemas electorales, quien ha estudiado el caso chileno por años.

Nohlen asegura a DW que “el nuevo sistema electoral va seguir favoreciendo a los grandes partidos o a las alianzas electorales de partidos. El elemento técnico es el tamaño de las circunscripciones. En el caso del Senado, todas son pequeñas. En el caso de la Cámara de Diputados, más de la mitad de ellas cuenta con cinco diputados o menos. Esto supone una alta barrera electoral en contra de los partidos pequeños. Como efecto, no va aumentar la proporcionalidad, que era uno de los motivos de la reforma”. El especialista, para aclararlo aún más, hace una comparación con el sistema binominal: “En vez de favorecer a la primera minoría, como hacía el binominal, se va a favorecer en principio el partido mayoritario o la alianza electoral mayoritaria”.

Una visión distinta tiene el diputado Pedro Browne, del movimiento de centroderecha Amplitud, quien dice a DW que “el fin de sistema binominal es clave, porque generará un nuevo ordenamiento político y dará paso a los matices. Lamentablemente, en Chile todo se mira bajo la lógica del Plebiscito del Sí y el No, una dualidad establecida por la Constitución de Augusto Pinochet y que, obviamente, no funciona, porque solo genera que las posturas se extremen y no busquen puntos de acuerdo”.

Desafío mayor

La necesidad de reformar los marcos estructurales de la legislación chilena en temas como la educación, la recaudación de impuestos y el régimen electoral son diagnósticos que comparte no solo el oficialismo, sino también parte de la oposición. Browne señala que Amplitud, grupo escindido del partido Renovación Nacional, cree que “las reformas implementadas por la presidenta (Michelle) Bachelet son necesarias, entendiendo que Chile cambió, que es un país que ha crecido y que tiene otras necesidades. Nos sentimos orgullosos de nuestro aporte en el fin del sistema binominal, en el proyecto de Unión Civil y en entregarles derecho a voto a los chilenos que viven en el extranjero. Y cada vez que haya coincidencias, trabajaremos con el Gobierno”.

El debate generado por las propuestas del gobierno ha puesto sobre la mesa la idea de que Chile no es un país tan conservador como se ha creído. Pero es indudable que la voz de la oposición en algunos casos es bastante fuerte, en especial en asuntos de corte valórico como el aborto. La Alianza, junto a sectores de la Iglesia católica y autodenominados “movimientos pro vida”, se han movilizado para torpedear la última iniciativa legal de Bachelet en el camino por transformar Chile: una ley de aborto terapéutico.

Chile es uno de los pocos países del mundo que prohíbe el aborto en todos los casos. “Se trata de una situación difícil que debemos enfrentar como país maduro. Amamos la vida y nadie quisiera interrumpirla, y menos que nadie una madre. Pero cuando está en riesgo su vida, o la vida que se gesta es inviable o fruto de la violencia sexual, se ponen en tensión los principios éticos, derechos y criterios de humanidad que están en juego”, dijo Bachelet al presentar la iniciativa. Ahora viene la etapa más difícil para la jefa de Estado: convencer a su propia coalición de la importancia de esta ley. La Democracia Cristiana no parece tan feliz y la presidenta deberá demostrar que tiene muñeca para negociar sin provocar rupturas en un equipo de gobierno que ha sacado adelante ya muchos de los desafíos que se había impuesto al inicio de su mandato.

Tomado de http://noticias.terra.com.pe/

Source: Febrero 2015

CIDH interpela a Costa Rica por embarazo forzado: Casi expira plazo de respuesta

CIDH interpela a Costa Rica por embarazo forzado: Casi expira plazo de respuesta

Comunicado de Prensa

Las demandas contra el Estado costarricense ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se vuelven recurrentes. Ahora se trata de Ana, quien a los 26 años tuvo un embarazo que produjo un feto diagnosticado con encefalocele occipital; un defecto del cerebro que provoca que el revestimiento y el líquido protector del mismo queden fuera del cráneo, haciendo inviable su vida fuera del útero, pues nacería muerto. Tras una profunda depresión a causa de este dictamen médico, Ana solicitó la interrupción de su embarazo, un procedimiento legal en Costa Rica cuando la vida o la salud de la mujer estén en riesgo, según el artículo 121 del Código Penal.

Vivir la tortura de un embarazo forzado

Sin embargo, Ana fue obligada por las autoridades médicas a llevar a término su embarazo, soportando padecimientos de salud física y mental, aunados a maltratos y burlas del personal hospitalario. Como última medida, solicitó ante la Corte Constitucional la realización de un aborto terapéutico. Pese a que la magistratura reconoció que la situación de Ana implicaba un riesgo para su vida y su salud, se determinó que éste provenía de sí misma y no del embarazo que estaba gestando en contra de su voluntad y sus derechos, por lo cual se denegó su solicitud. Ana debió pasar por una labor de parto de más de 7 horas, cuyo desenlace fue una autopsia que reveló que el feto había muerto dentro del útero, consecuencia del encefalocele diagnosticado a las 6 semanas de embarazo.

Reclamamos justicia para Ana: derechos para todas

Al agotar las vías de jurisdicción interna, Ana, junto con el Centro de Derechos Reproductivos y la Colectiva por el Derecho a Decidir, interpusieron el 3 de octubre de 2008, una petición ante la CIDH contra el Estado costarricense. La petición alega que el Estado ha vulnerado el derecho a su vida e integridad personal, incurriendo en tratos crueles, inhumanos y degradantes, al negarle el acceso a un aborto terapéutico al que tenía derecho. Esto fue admitido como demanda por la CIDH, que pidió una respuesta al Estado, otorgándole para ello un plazo de 60 días que expiran el 19 de febrero de 2015.

¿Qué dirá un Estado que continúa sin regular la Interrupción Terapéutica del Embarazo (ITE)? ¿Cómo justificará su incumplimiento, si desde 2009 la Caja Costarricense del Seguro Social cuenta con una Guía de procedimientos para la ITE aún sin aprobar? ¿Continuará ignorando casos como el de Ana y el de Aurora? No olvidemos que en 2013 Aurora también demandó al Estado ante la CIDH por negársele la interrupción de su embarazo, inviable por malformaciones severas que harían imposible la vida extra-uterina del feto, pero ella fue igualmente obligada a llegar al parto.

Exigimos una Guía para la Interrupción Terapéutica del Embarazo

Buscamos que el Estado costarricense establezca medidas de reparación para Ana, que aplique normas como la Guía ITE para garantizar el acceso al aborto terapéutico sin discriminación, y que sancione a los responsables de las violaciones cometidas contra los derechos humanos. Exigimos al Estado que asegure que cuando la vida o la salud de las mujeres peligren, resuelva sus solicitudes de aborto en el mejor interés por la protección de los derechos humanos de las mujeres.

Para mayor información puede contactar a la Colectiva por el Derecho a Decidir
Margarita Salas: tel. 88 54 54 58, Pamela Cunningham: tel. 87 18 40 50,
Larissa Arroyo: tel. 88 22 13 64, Adriana Maroto: tel. 88 36 80 21
Correo electrónico: colectiva@colectiva-cr.com

Source: Febrero 2015

Incrementa violencia contra las niñas: ONU

Incrementa violencia contra las niñas: ONU

Un informe elaborado por la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos (ACNUDH) alertó sobre el aumento de ataques contra las escuelas, en especial contra las niñas.

Persisten los ataques contra las niñas en el entorno escolar y, de forma alarmante, en algunos países está ocurriendo con creciente regularidad”, afirmó en rueda de prensa en Ginebra la directora del ACNUDH sobre derechos de la mujer, Veronica Birga.

“Si bien se han realizado progresos significativos para garantizar la educación para todos en muchos países, las niñas aún se enfrentan a obstáculos adicionales para el pleno disfrute de sus derechos para, por y a través de la educación”, indicó.

Sólo en 2012 se registraron más de tres mil 600 atentados contra instituciones educativas, docentes y estudiantes, citó el informe.

Varios casos recientes de ataques contra las niñas han puesto de relieve la fragilidad de los logros en elaumento de la accesibilidad, disponibilidad, adaptabilidad, aceptabilidad y calidad de la educación para todos, señaló.

El informe citó hechos como el secuestro de cerca de 300 alumnas en abril de 2014 por el grupo extremista Boko Haram en el noreste de Nigeria y el tiroteo de la Premio Nobel de la Paz y activista de la educación Malala Yousafzai en 2012 por miembros de los talibanes en Pakistán.

Sin embargo, estas agresiones son solamente una fracción de lo que ocurre como por ejemplo varios incidentes de ataques de envenenamiento y ácido contra colegialas en Afganistán entre 2012 y 2014.

Asimismo, el traslado forzoso de las niñas de las escuelas en Somalia para convertirlas en “esposas” de loscombatientes de Al-Shabaab en 2010, y el secuestro y violación de niñas en una escuela cristiana en la India en julio de 2013.

En otros contextos, las agresiones no están motivadas explícitamente por el deseo de negar a las niñas una educación sino que reflejan, en cambio, la violencia experimentada por las niñas y las mujeres en todos los ámbitos de su vida pública y privada, señaló el informe.

Los ataques de violencia sexual en contra de las maestras y las niñas en los centros educativos o durante el viaje hacia o desde ellos se han registrado en la República Democrática del Congo, en El Salvador, Haití, Indonesia, Irak, Malí, Myanmar, Filipinas y Siria”, agregó.

Además, la experta observó que los ataques contra la educación de las niñas tienen un efecto dominó, puesto que no sólo tienen impacto en las vidas de las menores, sino también en sus comunidades puesenvían la señal de que las escuelas “no son lugares seguros para las niñas”.

Si a las niñas no se les respeta su derecho a la educación esto puede dar lugar a violaciones adicionales de derechos humanos como el matrimonio forzado, la violencia doméstica, el embarazo precoz, la exposición a otras prácticas nocivas como la trata así como la explotación sexual y laboral”, advirtió el informe.

Tomado de poblanerias.com

Source: Febrero 2015

La injusticia y las 17 de El Salvador

La injusticia y las 17 de El Salvador

El Salvador es uno de los cinco países de América Latina en los que se aplica la prohibición absoluta del aborto, pero también es el país en el que se dictan las condenas más altas, que incluso pueden alcanzar los cincuenta años de prisión. El análisis de los casos de las condenadas por delitos relacionados con el aborto revela la enorme injusticia de la que son víctimas las mujeres pobres que en más de la mitad de las ocasiones son denunciadas por un personal sanitario que no tiene en cuenta la posibilidad de que el aborto haya sido producido de forma espontánea.

Hasta 1997, la legislación salvadoreña contemplaba la interrupción del embarazo para los casos en los que corriera riesgo la vida del feto o de la madre y en aquellos en los que hubiera sido fruto de una violación. En aquel momento, el país preparaba una reforma penal amparada por los Acuerdos de Paz que habían permitido poner fin a una guerra civil de más de diez años y con la que se pretendía lograr avances en todos los asuntos del país, desde la economía a la agricultura, y también en el sistema judicial. Tras décadas de violencia, asesinatos y desapariciones marcadas por la impunidad, el nuevo Código Penal y el Código Procesal Penal generaron muchas expectativas respecto a las garantías y derechos fundamentales para las personas procesadas.

Expectativas y presiones del ultracatolicismo

El 20 de abril de 1998, seis años después de la firma de los Acuerdos de Paz, se aprobó en la Asamblea Legislativa la reforma penal que actualizaba el cuerpo legislativo y daba garantías de derecho a una ciudadanía que durante muchos años había sufrido el estado de excepción. Pero la presión de los sectores ultracatólicos logró que un texto dirigido a conquistar la garantía de derechos se volviera aún más restrictivo respecto a la interrupción del embarazo: los supuestos permitidos hasta ese momento se eliminaron de la ley y se estableció la penalización total del aborto.

La explicación del porqué de las condenas tan altas en El Salvador se encuentra en la enmienda constitucional de 1998 por la que se considera que la vida se inicia en el momento de la concepción y, por tanto, el estado es responsable de proteger la vida del feto desde el embarazo. Es así como mujeres que llegan a los hospitales con abortos en curso pueden acabar siendo condenadas por homicidio agravado, delito para el que la ley contempla condenas de entre 30 y 50 años de prisión. En la práctica, estas mujeres están siendo juzgadas, procesadas y condenadas en los mismos términos que los miembros de las pandillas responsables de la violencia que sufre el país.

El informe Del hospital a la cárcel. Consecuencias para las mujeres por la penalización sin excepciones de la interrupción del embarazo en El Salvador, realizado por la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto Terapéutico, Ético y Eugenésico, reveló que en un 57 por ciento de los casos los procesamientos a mujeres por delitos relacionados con el aborto se inician por la denuncia interpuesta por el personal sanitario. Las mujeres son denunciadas en los hospitales públicos por aborto sin que se tenga en consideración si la interrupción del embarazo se ha producido de forma espontánea. El sistema de justicia asume que estos partos extrahospitalarios fueron provocados intencionalmente por las mujeres, que finalmente acaban siendo condenadas por el delito de homicidio agravado.

Cuando la justicia no tiene en cuenta las condiciones en las que se ha producido el aborto y acusa a las mujeres de ser responsables de la muerte del feto o del neonato, en realidad se están ignorando las condiciones de pobreza en las que viven miles de mujeres salvadoreñas, que no tienen acceso a la sanidad, que viven en zonas rurales de difícil acceso en caso de complicaciones en el parto, o que muchas han sido víctimas de la violencia sexual. También es habitual que mujeres en situación de pobreza sufran anemia y desnutrición y que por este motivo sean propensas a sufrir embarazos de alto riesgo o partos prematuros.

La condena de las 17

Efectivamente, estas son algunas de las situaciones que se identifican en los casos de las 17 mujeres acusadas injustamente por homicidio agravado y que cumplen condena por este delito en el Centro de Readaptación de Mujeres de Ilopango, una de las prisiones con mayor densidad de población de América Latina.

El pasado mes de abril diversas organizaciones sociales que defienden derechos humanos en el ámbito nacional e internacional, amparadas en la Ley Especial de Ocursos de Gracia, el Código Penal y la Constitución de la República, presentaron a la Asamblea Legislativa 17 solicitudes de indultos, uno por cada una de las mujeres que están condenadas a penas que ascienden hasta los 40 años de cárcel por abortos derivados de problemas obstétricos.

El indulto en el contexto legal salvadoreño es una causa que extingue la pena, en donde concurren los tres poderes del estado y que sigue el siguiente trámite: se presenta la solicitud en la Asamblea Legislativa, que solicita un informe conductual al Concejo Criminológico Nacional. Una vez que se envía, la Asamblea Legislativa solicita un informe a la Corte Suprema de Justicia, compuesta por quince magistrados. Si este informe es favorable, la Asamblea Legislativa podrá otorgar el indulto de conformidad a la Constitución.

El indulto implica la participación de varias autoridades de El Salvador. Reviste un procedimiento del estado, en donde ocurren varios actos administrativos que conocen de un procedimiento administrativo en donde ya existe una sentencia condenatoria firme, y por lo tanto, no hay contención o conflictos de intereses, de tal suerte que no existe oposición alguna en el trámite, sino un análisis exhaustivo.

En algunos de los casos ya se han agotado los recursos dispuestos por la ley, como la apelación, la casación, el amparo y la revisión. La Ley Especial de Ocursos de Gracia podría significar algún tipo de reparación para la injusta desproporción de las penas que les han sido otorgadas a estas mujeres, sin tener en cuenta su situación de salud física, emocional y psicológica y las consecuencias que su encarcelamiento ha significado para sus familiares, sobre todo para sus hijas, hijos, madres, padres y amistades.

El perfil de las mujeres presas por delitos relacionados con el aborto se repite y denota la discriminación de la que son víctimas: las mujeres condenadas viven en condiciones de pobreza, son jóvenes, con baja escolaridad y han sufrido alguna complicación obstétrica o un parto precipitado. Durante o después de su parto extrahospitalario fueron acusadas en un primer momento de aborto, pero en el proceso terminaron condenadas por homicidio agravado.

En estos procedimientos se observa cómo la presunción de culpabilidad se impone a la presunción de inocencia, no sólo por existir una inseguridad jurídica sobre la penalización absoluta dada la ausencia de legislación expresa en los permisos de aborto terapéutico, ético y eugenésico, sino porque estas mujeres fueron condenadas sin pruebas directas que pudieran demostrar su culpabilidad o por la desestimación de aquellas pruebas que hubiesen podido demostrar su inocencia. Estos hechos quedan reflejados en la constante que se repite en las fundamentaciones de las sentencias condenatorias: “(…) a pesar de que no existen pruebas directas para condenar a las mujeres, sin embargo, hay suficientes indicios para pensar que fue la madre quien provocó la muerte de la víctima, y tenemos prueba como la del ADN, siendo resultado el 99,99 por ciento de maternidad y con eso se individualiza”.

De nuevo, las mujeres pobres son víctimas de la discriminación, por no poder pagar una asesoría legal que garantice su defensa.

Diversas organizaciones peticionarias a la Asamblea Legislativa consideran que es un acto de justicia y derechos humanos solicitar el indulto para las 17 mujeres por sus condiciones de salud y circunstancias personales. No deben enfrentarse a penas carcelarias tan desproporcionadas sin haber tenido en cuenta su derecho de presunción de inocencia y a una defensa adecuada.

Hasta el momento, el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, David Ernesto Morales Cruz, se comprometió a impulsar los mecanismos que la PDDH llevará a cabo para demandar a las autoridades competentes la revisión de los casos y la tutela de estos por razones humanitarias y de justicia.

Hay que recordar que algunas de las mujeres presas han logrado recuperar su libertad gracias al trabajo que la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto Terapéutico, Ético y Eugenésico ha conseguido oportunamente mediante figuras legales disponibles, como el recurso de revisión de sentencia, reducción de sentencia o fallos en los procesos legales, en los que se logró la revocación o una absolución.

Esto demuestra que estas 17 mujeres encarceladas no han sido las únicas, sino que hay otras que también han estado privadas de libertad injustamente. Pero la historia no termina: al menos ocho mujeres se encuentran en procesos penales enfrentando una condena entre 30 y 50 años de cárcel. La mayoría de estos casos se encuentran estancados en la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia por el Recurso de Casación presentado por la defensa particular.

 

Mª Cruz Tornay Márquez forma parte del consejo de redacción de Pueblos-Revista de Información y Debate.
Dennis Muñoz Rosa es abogado de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto Terapéutico, Ético y Eugenésico (El Salvador).

Source: Febrero 2015

Silvina Ramos: "En el campo de la salud, no hay buena política si no se tiene buena información"

Directora del Cedes y consultora de la OMS, considera que para intervenir en problemáticas como la mortalidad materna se debe reducir la brecha entre investigación y gestión sanitaria.

El dato. Esa cifra en la que se recoge la información indispensable para conocer la realidad, y comenzar a cambiarla. Eso (el dato, exacto y actualizado) parecería ser la obsesión de Silvina Ramos, socióloga egresada de la Universidad del Salvador con un posgrado en investigación social, docente universitaria y actual directora del Centro de Estado y Sociedad (Cedes).

Tal vez porque, como sentencia a poco de iniciada la charla con la nacion, esa tan argentina ausencia de información confiable en cuestiones tan críticas como educación o salud pública no puede sino ser una mala noticia. ¿Porque cómo se comienza a resolver eso que ni siquiera se conoce a fondo? ¿Eso que -al volverse invisible para el ojo de la estadística- termina desapareciendo de la agenda pública? ¿Por qué parecería ser que al Estado no le interesa producir más y mejor información sobre cuestiones como embarazo adolescente o mortalidad materna?

Investigadora desde hace más de tres décadas de todo lo que se refiera a la salud sexual y reproductiva, consultora del Banco Mundial, la Organización Mundial de la Salud y Unicef, entre otras organizaciones, Ramos cree ver en esa histórica falta de información una señal de alarma. “Creo que la Argentina, en el campo de la salud en particular, se caracterizó por un cierto menosprecio por la producción de conocimiento, y eso es algo que aplica a muchas otras áreas”, arranca.

-¿Por qué? ¿Se presupone que el conocimiento es algo superfluo y que más vale apostar a la gestión?

-Exacto. Pero no hay buena política con mala información, porque no se puede intervenir sobre lo que no se conoce. Pero hay otro factor que también ha contribuido a esto.

Y es que en la Argentina tampoco ha habido formación de investigadores orientados a la toma de decisiones. El campo de la sociología siempre ha sido un campo muy endogámico y con muy pocos vínculos con los circuitos de toma de decisiones (el ámbito parlamentario, las políticas públicas, lo judicial), cuando lo cierto es que no se puede no estar ahí. Los investigadores se han formado y se siguen formando con muy poca visión con respecto a su responsabilidad y su papel como instrumentos para la toma de decisiones, porque el conocimiento es un instrumento para eso: para tomar decisiones. A aquellos que, como el Cedes, nos orientamos a las políticas públicas, nos interesa sobremanera producir conocimiento, “traducirlo” en cierta forma y crear los formatos amigables para que ese conocimiento llegue a quienes tienen que decidir.

-¿Existe, como sostienen las autoridades, una mejora en la cifra de mortalidad materna?

-Las últimas estadísticas oficiales acaban de ser publicadas, corresponden al año 2013 y el número absoluto de muertes maternas (esto es: la cantidad de mujeres que se mueren por complicaciones en el embarazo, parto y puerperio, entre las cuales se incluyen las complicaciones derivadas de abortos inseguros) efectivamente ha ido disminuyendo. Pero -y es un fenómeno que no sucede sólo en la Argentina- hay subregistro. Hay, por caso, algunas provincias que reportan cifras que son absolutamente poco creíbles.

-¿Por ejemplo?

-La provincia de Santiago del Estero es el caso paradigmático, porque reporta un número de muertes maternas del que el resto de las fuentes e informantes, incluido el propio Ministerio de Salud de la Nación, descree. Y esto pasa con otras jurisdicciones de la Argentina en las que año a año se genera información que resulta poco creíble. Cabe aclarar que de todos modos a nivel nacional y en el caso de la mortalidad materna en la Argentina, no hay un subregistro de muerte, sino un subregistro de causas. Esto es: si una mujer se muere habiendo estado embarazada o nueve meses antes, eso debe ser consignado como muerte materna. Sin embargo, muchas veces no se lo considera como tal. Y el problema de la mortalidad materna en la Argentina es ése: que no sabemos cuál es su configuración. Entonces, investiguemos. Averigüemos cuántas mujeres y de qué causas se mueren realmente. Ése es un déficit que la Argentina arrastra desde hace mucho tiempo. Con todo, en materia de mortalidad materna bajaron el número absoluto y la tasa, que está en 33 muertes cada 100.000 nacidos vivos.

-Pero si nos atenemos al punto 5 de los Objetivos para el Desarrollo del Milenio, que la Argentina firmó, este año deberíamos llegar a 13 muertes maternas. Y los datos dicen que casi triplicamos esa cifra.

-Es así. No vamos a cumplir la meta que nos habíamos propuesto. Nos propusimos reducir la mortalidad materna en ¾ partes y para eso deberíamos haber llegado este año a 13 muertes. Y estamos en 33. Tenemos una tasa de mortalidad materna 2,5 puntos más de lo que nos comprometimos a tener para esta fecha. Pero el problema de la mortalidad materna, hoy, me atrevería a decir que es que no la conocemos bien. Porque si bien ha habido algunas intervenciones, no hemos podido evaluar cómo se las ha hecho ni cuál es el impacto que han tenido.

-¿Y el Plan de Reducción de Mortalidad Materna, que ya tiene seis años?

-Ha habido una evaluación de mitad de camino y ya tiene cuatro años. Y si ha habido algo más, no se ha dado a conocer y yo soy de las personas que piensan que la información existe siempre y cuando sea pública. Si no, no es información. El punto aquí es que la mortalidad materna no forma parte clara de la agenda pública. Nunca he visto a un político hablando de la mortalidad materna, por ejemplo. ¿A qué lo atribuyo? En parte, a que la estructura de muertes maternas en la Argentina es muy particular y se parece a la de muy pocos países en la región. En parte, a que históricamente las complicaciones por abortos inseguros ha sido la primera causa de muerte materna y volvió a serlo en 2013. Fue y sigue siendo la principal causa de muerte de mujeres. Entonces, para meterse con la mortalidad materna, hay que meterse con las complicaciones del aborto. Y ése es el tema al que nadie le quiere poner el ojo ni intervenir.

-¿Cuál es la cifra del aborto en la Argentina?

-Tenemos un estudio hecho a pedido del Ministerio de Salud en 2004 y la estimación de la magnitud del aborto en la Argentina, según colegas del Centro de Estudios de Población (Cenep), se calcula entre 350.000 y 500.000 abortos al año, lo cual da un aborto cada dos nacimientos. Es una cifra alta. De todos modos, la situación del aborto en el país ha cambiado con la llegada del misoprostol, el medicamento que se puede adquirir en las farmacias y que -con algunas barreras que van más allá del precio- ha facilitado un aborto mucho más seguro de lo que solíamos conocer, que eran agujas o profesionales no calificados y en condiciones muy inseguras. De todos modos, en las instituciones de salud, la mujer que aborta sigue siendo estigmatizada. Esa inequidad se observa en el acceso, en la calidad de la atención y en los resultados.

-Impresiona un dato del Observatorio de Salud Sexual y Reproductiva, según el cual una mujer en edad reproductiva tiene entre 14 y 16 veces más chances de morir por complicaciones en el embarazo y en el parto si vive en Formosa que si vive en la Capital.

-Ésa es la inequidad expresada en los resultados: la probabilidad de morir frente a un mismo episodio de embarazo, parto y puerperio. Y creo que ésa es una de las grandes asignaturas de la política pública en la Argentina. Pero ¿por qué nadie toma la posta de esto? Porque implica intervenir fundamentalmente sobre el aborto y eso seguramente no es algo que al gobernador de Formosa le deba resultar muy simpático. Hay provincias en este país que siguen gobernadas por pensamientos extremadamente conservadores y ésa es parte de la expresión de la inequidad. Son síntomas de inequidad que responden no a la falta de leyes, sino a la falta de voluntad política para llevar adelante esas intervenciones. No faltan tantos recursos como responsabilidad frente a la toma de decisiones. Porque cuando un ministro no interviene para alentar a sus equipos del sistema de salud ni rinde cuentas de por qué en su provincia no hay protocolos de atención del aborto legal, ¿qué le podemos pedir al eslabón más débil, que es el médico interviniente?

-Cada cinco minutos, en nuestro país, nace un bebé de una menor de 19 años. Y cada tres horas da a luz una nena de menos de 15. ¿Qué es lo que no está funcionando?

-Sí, son un 15% de los nacimientos. Esto significa 120.000 nacimientos al año que se producen en mujeres menores de 19 años. Eso representa una de cada seis madres, una cifra que no se ha reducido en los últimos años. Estamos peor que Uruguay, Paraguay, Chile, Perú. La Argentina tiene una tasa de fecundidad adolescente de 70%, que es de las más altas de América latina. Y, frente a esto, uno debería preguntarse para quién es un problema la maternidad adolescente. Y lo primero que aparece es que la maternidad adolescente dispara el abandono escolar y cuando la muchacha deja de estudiar, automáticamente tiene menos posibilidades de inserción en el mercado laboral, porque las credenciales educativas que se solicitan son cada vez más altas. El otro aspecto es que muchas veces la maternidad adolescente deja a las chicas en soledad, porque no sólo hay abandono de la pareja, sino también hay abandono de la familia. La maternidad adolescente también es un problema porque limita las chances de crecimiento y desarrollo personal. Todos sabemos que un hijo bien traído al mundo es una delicia, pero mal traído es una carga. Entonces, el problema no es que las adolescentes tengan hijos; el problema es que las adolescentes tengan hijos cuando no los quieran tener. Es tan obvio, tan simple como eso. El resultado son menos grados de libertad que se te van acumulando y hacen de tu vida algo más estrecho. Como sociedad tenemos que abrir oportunidades, no cancelarlas.

-Sin embargo, desde hace un tiempo circula la idea -incluso en los textos académicos- de que el embarazo es una opción de vida deseada por estas chicas, que se realizarían siendo madres. ¿Es esto así?

-Yo creo que ésa es una explicación extremadamente complaciente con el fenómeno. No descarto que pueda ser así, pero ¿no será que el hijo es lo único que, en definitiva, ellas pueden controlar? ¿Porque qué otras oportunidades ha tenido esa muchacha para desarrollarse personalmente como mujer? Esa explicación puede aplicar a una gran parte de la maternidad adolescente, pero no agota el fenómeno. Y además no aplica al caso de las niñas mamás, que son las chicas de 13 a 15 años (y que en la Argentina son 3000 al año), que tienen un hijo y que son situaciones estrechamente vinculadas a violencia o abuso.

-¿Qué se está haciendo mal para llegar a este estado de cosas?

-Estamos haciendo mal varias cosas. Lo primero es que la política de educación sexual integral no llega a todos por igual en el territorio. Hay provincias donde la ley de educación sexual es un adorno. En este caso, el federalismo está jugando a favor de la desigualdad y de la inequidad porque si la provincia se define como soberana para tomar sus decisiones y lo que decide es no aplicar la política de salud sexual integral, no se aplica ni se usan los materiales provistos por el Ministerio de Educación, que son muy buenos. Entonces, la población que vive en esa provincia queda desprotegida. Hemos reducido la edad de los adolescentes para votar considerando que son lo suficientemente maduros para elegir quién va a gobernar, pero no resguardamos su derecho a recibir la información mínima y básica para ejercer una vida sexual libre de coerción, de violencia, de embarazo, etcétera. Desde el lado de los adolescentes, lo que se destaca es que la vida sexual en esa etapa es muy poco programada, mientras que la conducta anticonceptiva tiene mucho de previsión.

-¿No estaremos los adultos comunicándonos mal?

-Sí, creo que el problema fundamental es que no tenemos una manera clara de intervenir para que los adolescentes tomen mejores decisiones. Ése es el mayor déficit que tenemos. Está claro, además, que con la información sola no basta y que hay que buscar cómo trasmitir eso para que se transforme en una conducta. Además, hay que involucrar tanto a varones como a mujeres, que ambos se sientan igualmente responsables del acto sexual y de sus posibles consecuencias. Las intervenciones deberían estar focalizadas en trabajar las relaciones de poder entre mujeres y varones. Nos cuesta a los adultos, imaginate a los adolescentes. Pero creo que también hay que pensar cuál es el lugar que les estamos dando a los adolescentes en nuestra sociedad. ¿Qué horizonte les estamos dando, qué oportunidades, qué puertas además del ocio o la hipersexualización? Creo que hay algo que los adultos no estamos haciendo muy bien y que tiene que ver con transmitir a nuestros hijos, amigos y sobrinos una mirada mucho más amorosa y menos utilitaria de la sexualidad. Porque eso, como patrón cultural, termina permeando sobre los más chicos.

Tomado de lanacion.com.ar

Source: Febrero 2015