Argentina: Hacia un registro público de objetores de conciencia que garantice el acceso a servicios de aborto seguro

Argentina: Hacia un registro público de objetores de conciencia que garantice el acceso a servicios de aborto seguro

El especialista argentino Daniel Tepaz participó de la IV Conferencia Regional CLACAI, Reafirmando el legado de Cairo. Aborto Legal y Seguro, que se realizó  en Lima, Perú, los días 21 y 22 de agosto.

Tepaz viene trabajando en un registro de médicos objetores de conciencia en Santa Fe y propone uniformizar acciones en el país para que este registro sea público y de libre consulta para quienes lo requieran.

Lima, setiembre de 2014.- Que una mujer sepa si el médico al que acude en caso de requerir un servicio de aborto seguro es un objetor de conciencia o no; es decir, si por alguna razón religiosa, ética u otra el médico se opone a brindar este servicio de salud, es un derecho que debería estar garantizado por todos los mecanismos del Estado.

Así lo afirma Daniel Tepaz, médico ginecólogo y obstetra argentino, que viene trabajando en la elaboración de un registro de médicos objetores de conciencia en la provincia argentina de Santa Fe. Hasta el momento, su investigación ha revelado las verdaderas razones por las que los médicos se oponen a brindar un servicio de aborto seguro a las pacientes que lo necesitan, que no son precisamente razones éticas o religiosas. Tepaz estuvo en Lima para participar de la IV Conferencia CLACAI, Reafirmando el legado de Cairo. Aborto Legal y Seguro, que se realizó en Lima el 21 y 22 de agosto.

“La objeción de conciencia es un tema trabajado de manera muy dispar en todo el territorio de Argentina. Si bien está contemplada dentro de la Constitución, relacionada a la libertad de culto, en los últimos años ha sido asociada a temas sobre salud reproductiva y sexual, y totalmente asociada al aborto”, explica el especialista. “En ese sentido, la objeción de conciencia ha sido utilizada por los médicos como un recurso para no brindar servicios de aborto seguro, en la mayoría de casos por evitar el estigma, por comodidad o desconocimiento”, asegura.

Para ser objetor de conciencia –explica el especialista– el médico tiene que justificar, demostrar fehacientemente que la práctica de aborto seguro daña o contradice profundamente sus convicciones éticas, morales o religiosas. “La provincia de Santa Fe tiene 4 millones de habitantes y cerca de 10 mil profesionales de salud. Esperábamos que la mayor parte de los objetores de conciencia argumentara razones religiosas, pero la realidad fue más desgarradora. Encontramos que la causa principal era un ‘efecto contagio’; es decir, el concepto de que porque otros médicos se decían objetores ellos también podían serlo. También encontramos que, en comunidades más conservadoras, existía el temor del médico a aparecer bajo el estigma del ‘abortero’. Finalmente, encontramos el tema de la comodidad, ellos pensaban que si era posible no hacerlo, pues preferían no hacerlo y evitarse complicaciones”, indica Daniel Tepaz sobre su labor cara a cara con distintos profesionales médicos.

Los resultados: 400 profesionales presentaron sus declaraciones juradas para convertirse formalmente en objetores de conciencia. De ese total de declaraciones, solo fueron aceptadas 136. Es decir, solo 136 personas pudieron demostrar y validar que la práctica de aborto seguro atentaba profundamente sus convicciones.

Registro debe ser público

De esa manera, la propuesta en la que trabaja Daniel Tepaz plantea, en primer lugar, que se uniformice para todo el país el mecanismo de elaboración del registro de objetores de conciencia; y en segundo lugar, que este registro sea de carácter público.

“Cuando hablamos de derechos sexuales y reproductivos debemos tener en cuenta, primero, que no existe una validación estricta de las justificaciones de los objetores de conciencia y, segundo, que los nombres de los objetores no están publicados en ningún lugar, lo que origina que la paciente no sepa si está frente a alguien que le va a brindar el servicio de salud que necesita o frente a alguien que va a tratar de influir en su decisión, en su autonomía”, explica el especialista. En la experiencia de Santa Fe, comenta,  lo que estamos haciendo es que si se detecta que un profesional médico ha prolongado la prestación de su servicio o tomado un camino más largo que el que la ley indica, este médico sea sancionado.

Del mismo modo, se propone que la objeción de conciencia sea consecuente tanto en el subsector público como en el privado. “Además, ha pasado en Santa Fe que si se detecta que el médico se opone  a realizar esta práctica en el subsector público, pero sí lo hace en el privado, es una causal para desvincularlo de su cargo”, explica.

CLACAI, un espacio de encuentro

Para Daniel Tepaz, la IV Conferencia Regional CLACAI es un lugar de encuentro e intercambio de experiencias “en una región donde el debate sobre salud sexual y reproductiva se torna por momentos desagradable por los grandes retrocesos o estancamientos que muestran algunos países”; sin embargo, cada vez más CLACAI se torna en un espacio en el que se puede encontrar personas que están en la misma sintonía y eso es de suma importancia para sentirnos apoyados en nuestras iniciativas, finaliza.

Source: Septiembre 2014

Susana Chávez: “Aborto implica mucho más que interrupción del embarazo”

Susana Chávez: “Aborto implica mucho más que interrupción del embarazo”

La secretaria ejecutiva de CLACAI, Susana Chávez, ofreció un balance sobre esta cuarta conferencia regional ‘Reafirmando el legado de Cairo: Aborto legal y seguro’

En él indicó que son varias las lecciones aprendidas, por ejemplo que ‘aborto implica mucho más que interrupción del embarazo’ y que el intercambio de experiencias, testimonios y hasta adelantos de la tecnología nos permiten avanzar en una agenda de derechos sexuales y reproductivos.

Lima, septiembre de 2014.- La IV Conferencia Regional CLACAI – Lima, Reafirmando el legado de Cairo, aborto legal y seguro’ planteó varias cuestiones y abrió la puerta para el intercambio, la relectura y el compartir avances y retos en torno a los derechos sexuales y reproductivos en la región. Así lo estimó Susana Chávez, secretaria ejecutiva de CLACAI, quien ofreció un balance de esta reunión que se llevó a cabo en Lima, los días 21 y 22 de agosto.

“¿Qué hemos aprendido?”, preguntó Susana Chávez a los cientos de especialistas y activistas que se congregaron en el Hotel Sol de Oro, en Miraflores. Hemos podido ver –dijo– el marco de los estados y países, que supuestamente son el referente más grande en temas de derechos, pero también el proceso de una sociedad que va avanzando y que pide cambios.

“También hemos podido ver y participar de la discusión sobre los hitos que ha ido marcando la tecnología en este aspecto, la importancia de la disponibilidad del misoprostol en determinado momento por parte de las mujeres, incluso el lanzamiento de una aplicación para teléfono que puede guiar a las mujeres en su intento de acceder a servicios de aborto seguro. Todo esto marca la pauta de nuevas interacciones”, sostuvo.

Explicó que la importancia de la realización de CLACAI consiste en que, a partir de este espacio, se puede compartir experiencias sobre lo que está bien, pero también sobre lo que nos puede hacer retroceder en materia de derechos humanos. Además, permite poner en discusión y a consenso los diferentes puntos de vista de los concurrentes. El proceso no es lineal, indicó, sin embargo habrá momentos en que tengamos más coincidencias. “El proceso no es fácil. Sabemos que hay desconfianza y dificultades, pero lo importante es saber en qué momento tenemos una agenda conjunta”, aseveró.

La secretaria ejecutiva de CLACAI también llamó la atención sobre la nueva generación de jóvenes activistas que se dieron cita en el Hotel Sol de Oro, de Miraflores, durante los dos días de jornada. “Esto nos da la certeza de que el activismo ha ido ganando relevancia”, dijo.

“¿Para qué nos ha servido CLACAI? Para desarticular argumentos que se han ido dando por sentados, por ejemplo el concepto de la vida, el concepto de que hay que ser madres para ser completamente mujeres, el panorama de los cambios legislativos. La demanda por la despenalización o la despenalización por causales, comienza a tener un sentido distinto a la luz de esta nueva perspectiva de derechos”, aseguró.

Susana Chávez, también presidenta del consejo directivo del Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos – PROMSEX, añadió que se aprendió y se obtuvo muchas miradas sobre el acceso al aborto seguro. “Hemos aprendido que el aborto es mucho más que la interrupción del embarazo, que supone muchas cosas más que la sola interrupción del embarazo, que enfrenta factores sociales que hoy, en el siglo XXI, ya deberían estar superados, para asegurar los derechos de todas las mujeres fuera de un sistema patriarcal. Cuestionar la maternidad y defender la posibilidad de abortar se constituyen en la resistencia más férrea de nuestro derecho a decidir”.

Además, sostuvo, que ya no son solo las iglesias, los únicos sistemas que se oponen a esta nueva mirada de los derechos: también los modelos económicos. En parte, tenemos que entender que hay vacíos, desconocimiento. En el Perú no abundan las facultades universitarias que incluyen entre sus materias la discusión sobre los derechos humanos.

Sin embargo, dijo, hay una opinión más favorable en torno a los derechos sexuales y reproductivos. “El derecho a decidir también es el derecho a decir quiénes somos, es integral, como en el caso de la Unión Civil, y ese derecho a decidir junto al derecho a decir quiénes somos no puede más estar desligado, así como nuestra lucha no puede estar desligada de la democracia” finalizó. 

Source: Septiembre 2014

“La perspectiva de derechos sexuales y reproductivos nos obliga a una relectura de los derechos humanos a nivel regional”

“La perspectiva de derechos sexuales y reproductivos nos obliga a una relectura de los derechos humanos a nivel regional”

Ana Cristina González Vélez llegó a Lima desde Colombia para participar de la IV Conferencia Regional CLACAI, reafirmando el legado de Cairo, Aborto Legal y Seguro.

Ella integra la Articulación Feminista Marcosur y nos ofrece su mirada desde el proceso regional. 

-¿De qué manera los derechos sexuales y reproductivos nos obligan a repensar o releer el marco general de los derechos humanos?

-Todos los elementos que tienen que ver con la sexualidad y la reproducción interpelan el marco general de los derechos humanos. Esta una discusión en la que hemos venido trabajando desde hace mucho tiempo, pero que es importante abordarla en una conferencia tan importante como CLACAI. Por ejemplo, el derecho a la vida, entendido desde una mirada convencional, no incorpora necesariamente que hay que proteger la vida de la mujer y no ponerla en riesgo cuando se trata, por ejemplo, de un aborto inseguro.

-Otro punto de vista de los mismos derechos…

– Los derechos sexuales y reproductivos dotan de un sentido particular al marco general de derechos humanos. En ese sentido, por ejemplo, el derecho a la vida incorpora la posibilidad de que las mujeres no se mueren por un aborto inseguro, el derecho a la información implica que las mujeres tengan información clara, veraz y no sesgada, el derecho a la autonomía quiere decir que las mujeres son dueñas de sus propios cuerpos.

-¿Qué implicancia tiene en este contexto el proceso de Cairo más 20?

-La agenda del Cairo, que incorpora un tema tan importante como el de los derechos sexuales y reproductivos, hace veinte años marcó un cambio en el paradigma. De las políticas de demografía y población a los derechos que tienen que ver con sexualidad y reproducción. Esto sería más una agenda de desarrollo, mientras que el marco internacional de los derechos humanos son un conjunto de tratados que nuestros gobiernos se han comprometido y frente a los que tienen obligaciones específicas. Lo que decimos es que, 20 años después, aquello que está contenido en la agenda de Cairo es necesario que nuestros gobiernos lo cumplan como una forma de asegurar el cumplimiento de los derechos humanos. No se puede entender como una agenda aislada.

-¿Y cómo avanza esta nueva perspectiva en el marco universal de derechos humanos?

Los órganos internacionales de monitoreo de derechos humanos han puesto de manifiesto el hecho de que no se penalice el aborto, que la penalización absoluta viola los derechos humanos de las mujeres. Todas estas son disputas que ya están ganadas en el marco internacional y, por consiguiente, deben ser incorporadas en la agenda universal de derechos humanos.

-¿A qué atribuye el hecho de que en algunos países se avance más en ese sentido, por ejemplo en temas de aborto, como en el caso de Uruguay, y en otros todavía no se hayan incorporado estos temas?

Lo que pasó en Uruguay ha sido el resultado de un proceso de alta movilización social, con cambio cultural, con creación de conciencia en una sociedad que le dice también a sus políticos: “ustedes nos representan a nosotros. Esta sociedad ha cambiado y tiene la concepción de que a las mujeres no se les lleva a la cárcel por  hacerse un aborto”. Entonces, hay como una pugna entre ese cambio cultural y la necesidad de verlo reflejado en la legislación.

-¿No existen muchas vertientes políticas que tengan esta nueva mirada o la voluntad de asumir el cambio cultural?

Lo que pasa en nuestra región es que incluso muchos gobiernos de izquierda están permeados por posturas de orden religioso personales que nuestros gobernantes pretenden extender a la política pública y a las legislaciones. Pero también son posturas patriarcales, donde para los hombres es muy importante seguir manteniendo el control sobre los cuerpos de las mujeres. Ni siquiera en las izquierdas, por lo que hay son posturas religiosas personales.

-¿Tienes algún ejemplo de país en que las propias izquierdas estén ‘petardeando’ el avance en temas de derechos sexuales y reproductivos?

-Nicaragua. No solamente no avanzó sino que retrocedió a uno de los peores niveles como es la penalización absoluta del aborto terapéutico, para salvar la vida de una mujer. Es decir, en Nicaragua lo que hay es que si una mujer aborta vaya a la cárcel. O El Salvador, donde tenemos 17 mujeres presas por haber abortado. También Honduras, Chile, por ejemplo.

-¿Cuál es su balance sobre esta edición de la conferencia CLACAI?

-Me parece que hay varias cosas fundamentales. Primero, que se congrega a actores de diversas trayectorias y experiencias, investigadores, activistas, que estamos acá para pensar y analizar el concepto regional y pensar estrategias. Los procesos cambian, son variables y es importante compartir, dar a conocer aquello que funciona o que no funciona para a partir de allí poder pensar en el futuro.

Entrevista: Cynthia Campos, periodista (Perú)

Source: Septiembre 2014

Católicas por el Derecho a Decidir – México: 20 años de feminismo católico

Católicas por el Derecho a Decidir – México: 20 años de feminismo católico

En Lima. María Consuelo Mejía, la presidenta de ‘Católicas por el Derecho a Decidir’ de México, estuvo en nuestra capital para participar de la IV Conferencia Regional CLACAI – Reafirmando el legado de Cairo. Aborto Legal y Seguro. “En una región donde el catolicismo ha estado tan arraigado, es de esperar que el mensaje conservador haya moldeado de alguna manera nuestra cultura”, asegura.

 -¿Cómo han sido estos 20 años de labor disidente en México, donde una religión como el cristianismo está tan arraigada?

– Eso es verdad. América Latina es una de las regiones con mayor influencia del catolicismo y ha sido ese mensaje conservador de la jerarquía católica el que ha primado durante todos estos años. Ello, de hecho, ha moldeado de alguna manera nuestra cultura en América Latina. Sin embargo, también ha sucedido que con el desarrollo de la perspectiva de Derechos Humanos, de las perspectivas feministas, de la tecnología anticonceptiva y con los cambios de posición de la mujer en la sociedad, la mayoría de la población católica latinoamericana ya no está de acuerdo con las ordenanzas de la moral sexual de la jerarquía católica.

-Digamos que este nuevo proceso marca el inicio de otra mirada hacia el catolicismo…

-Así es. Porque esta mayoría de la que estaba hablando tampoco quiere que la Iglesia ingrese en política y tome decisiones sobre ellos. Este punto de vista es mucho más acorde con los planteamientos que nosotros hacemos sobre el derecho de las mujeres a decidir, desde una perspectiva católica feminista.

-¿En qué pueden asemejarse las perspectivas católica y las feminista?

-Pues en que nosotras tenemos la perspectiva del derecho de las mujeres a decidir, porque la misma doctrina católica habla de la libertad de conciencia como la base de la decisión humana. En realidad, somos una posición dentro de la iglesia que defiende los derechos de las mujeres y los derechos sexuales y reproductivos, porque la misma doctrina católica nos permite hacerlo. En primer lugar, porque la libertad de conciencia es el valor más importante defendido por la Iglesia y cuando las mujeres toman la decisión de tomar anticonceptivos o abortar lo hacen con libertad de conciencia. En segundo lugar, porque no hay dogmas en temas de moral sexual. No es dogmática la posición educativa declarada como tal en las enseñanzas morales y, por lo tanto, los católicos y católicas tenemos derecho a usar nuestra libertad de conciencia. En tercer lugar, porque hay un principio de la misma jerarquía católica y es que la práctica de la comunidad debe ser un factor importante a tomar en cuenta.

-Y las prácticas de la comunidad exigen, totalmente, un cambio…

-Nosotras hemos hecho encuestas profesionales en varios países de América Latina. En Brasil, Colombia, Argentina, Bolivia y México, por ejemplo, los resultados nos hablan de eso. Más de la mitad de la población católica de América Latina, teniendo en cuenta que algunos países son más conservadores que otros, no está de acuerdo con estas enseñanzas. Sin embargo, no deja de ir a misa, no deja de usar los ritos católicos, no deja de creer en Dios, pero usa anticonceptivos, aborta, tiene relaciones sexuales fuera del matrimonio, defiende los derechos de gays y homosexuales y no quiere que la Iglesia se meta en política.

-La relación entre ustedes y el Vaticano ha sido tensa en ese sentido…

-No hemos tenido relación con el Vaticano más que en la ONU. Es más, hemos tenido alguna comunicación, más que alguna relación. A nivel internacional, sí, ha sido difícil y muy tensa porque las posiciones del Vaticano siempre son perjudiciales a los derechos.

-¿Ve alguna diferencia fundamental entre el Papa Francisco y los anteriores pontífices?

-Sí, muchas. La manera como está hablando del compromiso por la justicia social no solo afuera sino adentro. El cambio de estilo de vida de la jerarquía de la curia, incluso en el tema de abuso sexual, aunque todavía falta mucho, se ha reunido con las víctimas, no ha cerrado el dialogo en el tema del celibato, entre otras cosas. O sea, hay cambios muy interesantes en la forma, pero todavía no en el fondo. Hay un cambio radical mucho más cercano al Concilio Vaticano II, pero todavía en temas de moral sexual es demasiado conservador.

-¿Qué son las ‘Catolicadas’?

-El proyecto ‘Catolicadas’ muestra estas contradicciones entre lo que dice la tradición en la Iglesia, lo que dicen los obispos, y lo que estamos planteando desde una perspectiva católica feminista. Los capítulos de ‘Catolicadas’ se están pasando por televisión abierta, son 60 capítulos en Televisa, también están en YouTube, tenemos 4 millones de vistas en allí y 170 mil fans en Facebook, que están interactuando con nosotros en muchos sentidos. Es interesante la respuesta que ha tenido el proyecto. Creo que eso tiene que ver con el enojo que siente la feligresía católica contra una Iglesia que los ha coactado. Creo que han encontrado en esto una manera de expresar ese enojo y en muchos casos, también, reconciliarse.

-¿Cuál es la perspectiva de Católicas por el Derecho a Decidir, una vez cumplidos estos 20 años?

– Tenemos que continuar con este trabajo de comunicación exitosa que es ‘Catolicadas’, darle otros alcances. Seguir con el trabajo en temas de violación de los derechos humanos de las mujeres, de violación de derechos humanos dentro de la misma Iglesia, seguir con nuestros proyectos de investigación, ya estamos preparando una tercera encuesta, fortalecer nuestra relación con organismos de derechos humanos, con las organizaciones feministas, fortalecer la Red Nacional de Jóvenes por el Derecho a Decidir y seguir defendiendo con mucha fuerza el estado laico.

Source: Septiembre 2014

Libertad para LAS 17

Libertad para LAS 17
Hace cinco meses que diversas personas y organizaciones solicitamos a la Asamblea Legislativa el Indulto para 17 mujeres condenadas a desproporcionadas penas de cárcel por un delito que no cometieron.
 
En las últimas semanas, a través de diversos medios de comunicación, se han divulgado informaciones falsas y parciales para difamar a las 17 y a las personas defensoras de derechos humanos que
solicitamos su indulto. Ante ello queremos manifestar lo siguiente:
  1. Las 17 mujeres para las que se solicita el indulto, sufrieron lo que medicamente se llama un parto precipitado y en el lenguaje popular conocemos como un “mal parto”, que dura menos de tres horas desde la primera contracción y en el que pueden surgir complicaciones para la mujer y el feto. Los partos precipitados ocurren en un 10% de todos los partos. Cuando a estas mujeres les ocurrió este problema obstétrico, estaban lejos de un Hospital por lo que tuvieron un parto extra-hospitalario. Es sabido medicamente que el parto extra-hospitalario intempestivo presenta las tasas más altas de complicaciones maternas y neonatales. Esto es lo que les ocurrió a estas mujeres. NO HUBO NINGÚN DELITO SINO UN PROBLEMA OBSTÉTRICO QUE EL SISTEMA JUDICIAL, POR FALTA DE CONOCIMIENTO E INVESTIGACIÓN, CONFUNDIÓ CON UN ABORTO.
  2. Estas mujeres fueron acusadas inicialmente de aborto pero la Fiscalía, al no poder comprobarlo, porque no hubo un aborto provocado, cambió la tipificación de la acusación por la de homicidio gravado, cometiendo un grave error al acusar a estas mujeres por un delito que no existió. Para fundamentar la acusación utilizó pruebas científicas consistentes en análisis forenses de la criatura que murió, pero los informes presentados por el Instituto de Medicina Legal son de una bajísima calidad técnica, no cumpliendo ni siquiera sus propias normas de actuación. El propio Director de Medicina Legal, en un reciente programa televisivo, aseguró que las criaturas nacieron vivas y las acusadas les asesinaron, poniendo como la prueba principal que les hicieron una práctica forense llamada docimasia hidrostática. Este tipo de prueba tiene más de 1900 años, ya la mencionaba Galeno el padre de la medicina, pero desde hace más de 100 años se sabe que sus resultados producen muchos errores de diagnóstico, por lo que en cualquier manual de Medicina Forense se explica que no puede utilizarse como prueba para determinar con certeza la muerte. Por tanto a estas mujeres se las condenó sin una prueba científica seria y responsable de que las criaturas nacieran vivas. Esto muestra la gran irresponsabilidad con que se dirige esa institución y la falta de base científica que tiene al acusar públicamente a estas mujeres. Errores similares hay sobre la causa de muerte de las criaturas.
  3. En ninguna de las sentencias, los jueces pueden argumentar su condena en base a una prueba directa que demuestre que estas mujeres realizaron una acción intencional que llevara a la muerte de estas criaturas. Es decir, no hubo lo que los juristas llaman “dolo”, o intención. Sin prueba de intencionalidad ningún juez puede condenar a una persona, sin embargo a LAS 17 les impusieron penas de hasta 40 años. Las condenas se realizan por argumentaciones a través de indicios, prejuicios y suposiciones, razón por la que uno de los magistrados que juzgaron a Maritza, una de LAS 17, se negó a condenarla y expreso en la sentencia “Con las pruebas presentadas no hay ningún elemento directo que nos lleve a establecer que ellas ejecutaron alguna acción tendiente a producir en el cuerpo de la víctima heridas y lesiones que se establece en el reconocimiento médico forense, causaron o produjeron la muerte”, sin embargo Maritza está condenada a 30 años de cárcel y ya lleva cinco años presa. Las demás sentencias presentan la misma falta de pruebas directas.
  4. Las personas que solicitamos el indulto de LAS 17, somos defensoras de derechos humanos ejerciendo el derecho que tenemos como ciudadanos y ciudadanas de solicitar un beneficio que está establecido en el Capítulo III de la Ley de Ocursos de Gracia, vigente en nuestro país. Somos organizaciones legalmente reconocidas a nivel nacional e internacional y velamos porque a estas mujeres se les restituya su libertad, que fue vulnerada al no garantizarles sus derechos procesales y ser condenadas injustamente. Por ello denunciamos a las personas y medios de comunicación que están realizando una campaña de acoso y amenazas de nuestro trabajo, fomentando un espíritu de confrontación y odio en nuestra sociedad.
  • Llamamos a los Diputados y Diputadas de la Asamblea legislativa a agilizar y cumplir los plazos que la ley determina para resolver las solicitudes de indultos presentadas hace 5 meses. 
  • Pedimos a los medios de comunicación que hagan un trabajo informativo responsable, verificando sus fuentes, contrastando opiniones sin difundir información falsa, parcial ni calumniosa, no dejándose presionar por sectores económicos e ideológicos poderosos pero minoritarios.
  • Llamamos a los Magistrados y Magistradas de la Corte Suprema de Justicia a resolver favorablemente las solicitudes de indulto de Las 17, para rectificar de alguna forma las violaciones procesales a la presunción de inocencia y los graves errores en las sentencias que el sistema judicial cometió contra estas mujeres.
  • Solicitamos a la Procuraduría de Derecho Humanos velar por el debido proceso de trámite de la solicitud de Indulto y por la integridad física y legal de las defensoras de derechos humanos.
San Salvador, 1 de septiembre de 2014
 
LIBERTAD PARA LAS 17,
NO DEJEMOS QUE SUS VIDAS SE MARCHITEN
 
#LibertadALas17 #IndultoYA
 

Source: Septiembre 2014