Además, cree que esta retirada temporal tiene que ver con “las disensiones internas dentro del Partido Popular (PP), ya que solo han querido contentar a las personas de extrema derecha”. Sin embargo, para ACAI es una buena noticia pues, según ha explicado Francisca García a Europa Press, “llena de tranquilidad pensar que la mujer podrá abortar dentro de la legalidad sin poner en riesgo su salud y su vida”.

La asociación también piensa que este aplazamiento se ha dado por las “cuentas electorales”. Esta ley ha tenido mucha influencia en la sociedad civil, tanto en el ámbito sanitario como en sectores feministas, por lo que “las cuentas electorales no les salen”. “Se acercan elecciones, primero autonómicas y municipales y después generales, y esto ha influido en que el PP piense en retirar la ley”, añade la presidenta de ACAI.

En cuanto a la posible dimisión del ministro de Justicia, García ha afirmado que, “desde la honestidad, Gallardón debería dimitir porque no tiene apoyo interno ni externo”.

Por todo ello, la presidenta de ACAI piensa que la nueva ley del aborto no se va a aprobar. “Este viernes lo veremos. Si no lo llevan al Consejo de Ministros empezará a ser más definitivo”, concluye.

Fuente: http://bit.ly/1uLsP2X

Así lo comentó Lilian Abracinskas, la directora de MYSU – Mujer y Salud en Uruguay. Ella estuvo en Lima, en el marco de la IV Conferencia Regional CLACAI, donde se habló sobre los avances y retos en materia de aborto seguro en la región.

Sin embargo, Abracinskas es enfática: “La ley sobre aborto en Uruguay mantiene la figura de aborto como un delito y, por lo tanto, también mantiene el estigma que pesa sobre las mujeres que se practican un aborto en el país”.

“Fue una lucha de 25 años, con 12 años de campaña. Nuestra lucha original era eliminar la figura de aborto como delito y terminamos con una ley que mantiene el delito de aborto con todo el estigma asociado a él”, aseguró. Sin embargo, consideró que el haber logrado algún tipo de avance en la legislación con respecto al aborto en el país se debió a que esta demanda, que inicialmente fue de mujeres y de algunos grupos, se fue convirtiendo en una demanda ciudadana.

“Se fue construyendo una demanda ciudadana más que solo de las mujeres. Este pedido trascendió hasta convertirse en una demanda de la ciudadanía y ahora la mayoría de la población aprueba la despenalización del aborto y reconoce el derecho de la mujer a decidir. Lamentablemente, en Uruguay la ley no refleja este cambio cultural y este es uno de los nudos más críticos que tenemos”, considero.

Además, contó entre los obstáculos al propio poder médico. “Hemos visto todas las resistencias del poder médico, pues va a tener que implementar ahora un servicio por el que antes se lucraba. Si vemos la serie de excusas que ponen los médicos bajo pretexto de objeción de conciencia, la mayoría no tiene una razón válida sino que tiene que ver con intereses económicos corporativos”.

Una ley que no benefició a las más vulnerables

Para Abracinskas, el gran reto que ahora tienen las organizaciones civiles y la ciudadanía en general es hacer que esta nueva ley sobre aborto en el país realmente garantice el acceso a los servicios de aborto seguro de las mujeres que más lo necesitan. “Hasta ahora lo que hemos visto es que quienes se han beneficiado de este acceso al servicio legal de aborto han sido las mujeres de clase media, del sector privado, las que ya tienen recursos. Cosa que está muy bien, pero aquellas mujeres por las cuales el feminismo ha luchado mucho, que son las mujeres que están en mayor vulnerabilidad, no han sido beneficiadas aún”.

¿Por qué? Porque, explica Abrancinskas, las mujeres jóvenes, migrantes de menos de un año de residencia en el país, las mujeres trabajadoras que tengan dificultades para pedir tantas veces permiso para salir de su trabajo y acudir a los servicios son las que todavía no se benefician de este derecho. “Nos parece que es importante decir que Uruguay ha dado un paso de avanzada, que se logró porque hubo un movimiento social muy fuerte, pero que ahora hay que trabajar mucho por la universalización de este derecho”.

Abracinskas explica que el primer obstáculo para lograrlo es el trámite que supone acceder al servicio seguro. “Son tres consultas con tres profesionales, más la ecografía, más el examen de sangre, más los cinco días de reflexión, para recién poder acceder a la medicación, y además no puedes elegir si deseas medicamentos o aborto quirúrgico. Se trata de un tránsito muy expulsivo”, indica.

Del mismo modo, la experta señala que no existe en el país la capacidad adecuada para que todos los centros de salud y hospitales tengan ginecólogo, psicólogo y asistente social para que atiendan a las mujeres. “Los hay en las zonas capitales, pero no en poblaciones rurales, por ejemplo, o en horarios que sean accesibles a las mujeres que trabajan”.

En Uruguay, lo que la ley indica es que no se aplicará la pena del delito de aborto hasta las 12 semanas de gestación, pero dependiendo del trámite administrativo: es decir, si no se cumple con el trámite antes mencionado, no se tiene habilitación para acceder al servicio de aborto seguro. “Ello, strictu sensu, no es una despenalización del aborto, ni reconocer el derecho que tiene la mujer a decidir”, comenta Abracinskas.

CLACAI hacia nuevos horizontes

“Me llama la atención la cantidad de nuevas personas que han participado de esta edición de CLACAI, creo que podemos hacer más para incluir a las nuevas generaciones, a más gente joven. Siempre es bueno este intercambio de experiencias que cada persona trae de cada país y de cada organización, experiencias que pueden ser útiles para otras organizaciones”, opinó Lilian Abracinskas sobre la IV Conferencia Regional CLACAI Reafirmando el legado de Cairo. Aborto Legal y Seguro, que se realizó en Lima, Perú, los días 21 y 22 de agosto.

No era para menos, la aprobación del protocolo de aborto terapéutico en el Perú podía servir como un precedente más de avance en la región en un contexto en el que Chile esperaba –y espera actualmente– el debate de una norma para despenalizar el aborto referido a ciertas causales.

Claudia Dides, la presidenta de Miles Chile, estuvo en Lima para participar de la IV Conferencia CLACAI, Reafirmando el legado de Cairo, Aborto Legal y Seguro. Allí explicó que Miles propuso el proyecto el año pasado, que fue presentado al Parlamento. “Lo presentaron 15 diputadas y diputados y hoy en día ese proyecto está en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados. A fines de este mes (setiembre) se empezaría a discutir nuestro proyecto que contempla tres causales para interrupción legal del embarazo, que son: 1) si el embarazo pone en riesgo la vida o la salud de la mujer, 2) por inviabilidad fetal extrauterina y 3) por violación sexual”, indicó Claudia Dides.

Si bien, el debate podría durar entre seis meses y un año la iniciativa ha servido para concientizar a la población acerca de que ninguna mujer debe ser criminalizada o presa por una interrupción del embarazo. Actualmente, comenta Dides, este debate tiene un 70% de aprobación por parte de la ciudadanía, en un país donde existen 80 mujeres que están condenadas bajo distintas modalidades, por ejemplo libertad vigilada u otras, según datos de la Gendarmería al 2012.

El proceso que seguirá este proyecto incluye un debate en la Comisión de Salud, que luego pasará a la Cámara de Diputados y luego al Senado. Sin embargo, existe un compromiso de la propia presidenta Michel Bachelet de apoyar esta iniciativa, debido a las recomendaciones que tiene el país, provenientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. “Chile está tomando esas recomendaciones pues somos de los pocos países en que la interrupción del embarazo está totalmente penalizada”,  explica.

La implicancia del caso peruano

“Nos parece que cualquier avance en la región es una avance para todos los países latinoamericanos, cualquier avance nos va a servir porque nos abre más la opinión pública y la sensibilización sobre que el aborto es un derecho y son las mujeres las que tiene que discutir esto”, opinó Dides con respecto a la aprobación del protocolo de aborto terapéutico en el Perú.

Consideró además que hechos como este abren la posibilidad para seguir discutiendo. “Cada uno de nuestros países tiene sus propias críticas y sus propias necesidades, pero me parece que es mejor considerar que sí hemos avanzado y que se tendrá que seguir avanzando. Es muy importante dar pasos mancomunados entre los países, quizá lograríamos más que realizando procesos separados, pues nos regimos por casi las mismas convenciones y tratados”, finalizó.