Nuestro cuerpo, nuestra decisión

Nuestro cuerpo, nuestra decisión

La manifestación del 5 de abril en Iruñea se está convirtiendo en una cita imprescindible para las defensoras y defensores de los derechos de las mujeres. El movimiento feminista de Euskal Herria toca a rebato. Ya han empezado las diversas movilizaciones por nuestros pueblos, de todo tipo: charlas, concentraciones, triki-poteo, juevintxo, flash-mob, pancartas por todos los sitios, carteles… en reivindicación permanente de la soberanía de nuestros cuerpos.

Discurren por las redes vídeos diversos, canciones, bailes, el cartel de la convocatoria y un manifiesto de apoyo que suscriben decenas de grupos, para apuntarse también a esta manifestación. Muchos, muchos autobuses se están organizando desde todos los puntos de Euskal Herria. Es obligado pensar que si estamos reivindicando la libertad para nosotras y nuestros cuerpos, esta mani va a ser gozosa, divertida, de disfrute, de mucha marcha y sobre todo muy contestataria y alternativa.

¿Qué está pasando, entonces, en nuestros pueblo que se produce una movilización tan contundente y feminista radical?

Nosotras, desde la comisión por el derecho al aborto, y después de decenas de charlas de presentación y discusión de la campaña en contra de la repenalización de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, estamos haciendo algunos apuntes que caracterizan esta nueva irrupción del movimiento feminista en la palestra social.

Es obligado decir que miles de nuevas jóvenes feministas se están incorporando al movimiento feminista. Esto, de por sí, esta re-caracterizando al movimiento ya que representa una imagen más contestaria y radical, con una reivindicación muy directa y callejera, con un estilo de movilización muy abierto, suelto, desvergonzado, desprejuiciado, muy corporal,…. Se ve que hablan en primera persona, del singular y del plural. Se está re-construyendo un nosotras muy potente. Aparecen y reaparecen lazos de solidaridad y amalgama feminista. La reivindicación del cuerpo, de la soberanía del cuerpo, de la libertad de decidir en todo momento, en las cuestiones más vitales de la sexualidad y la procreación –también para no ser madre o serlo en solitario- están en el centro de la calle.

También se debe señalar que la vuelta y la involución a períodos oscuros de la dictadura franquista y del nacional-sindicalismo no es fácil de hacerla tragar a amplios sectores de mujeres que vivieron tiempos de liberación de sus cuerpos, como un sueño real y utópico, para terminar efectivamente siendo más libres. Emerger de la inquisición católica y franquista, para poder decidir, -aunque ya se sabe que con muchas limitaciones-, sobre dos cuestiones tan elementales como las relaciones sexuales y la procreación, es un paso demasiado importante como para que un ministro de dudoso origen y peor emparentamiento y adscripción ideológica nos lo suprima de un plumazo. Además pertenece a un Gobierno, de Madrid, y a un partido, el PP, que no por lejano y ajeno a nuestro pueblo, nos deja indiferentes, pues nos está imponiendo los mayores hachazos y limitaciones a los derechos sociales y democráticos.

La propuesta del PP se está encontrando también con una sociedad que no es la de los tiempos de la primera ley del aborto. Ideológicamente la derecha ultra-conservadora, que apadrina este proyecto, puede suponer en Euskal Herria menos de un 25%, si nos atenemos a los datos electorales, y ni siquiera todos sus votantes apoyan esta recesión ideológica. La cúpula religiosa de corte obispal y curil tiene poco predicamento entre nuestros jóvenes y mayores. ¿Será que no se olvidan de los constantes y permanentes abusos y violaciones sexuales “intra-muros”, impunemente silenciados y que han dado origen a tantos abortos –clandestinos, por supuesto- o maternidades impuestas?

Es sintomático ver en las tertulias cómo el trasnochado debate de “la vida desde la concepción porque es dios el que da la vida en ese momento”, ya ni siquiera enerva, simplemente aburre y cansa.

Frente a ello la reivindicación y la explicación se está tornando franca y directa: mi cuerpo es mío, yo decido. O en palabras de nuestra amiga Onintza Enbeita, probablemente susurradas por alguna de sus mayores, “en mi coño y en mi moño, mando yo”. Y para demostrar que esto es así, en cualquier lugar aparecen unas mozas destetándose y desafiando a los bienpensantes de la sociedad con su desnudez. Como diciendo y afirmando: “ya estamos hartas de que nos desnudéis, ahora nos desnudamos nosotras, porque queremos, porque lo decidimos”.

Por aquí corre la impresión de que un nuevo movimiento feminista está reapareciendo para juntarse con las resistentes de antaño, con las feministas luchadoras que no se han rendido a los oropeles institucionales del feminismo políticamente correcto. Se está produciendo el “momentico” de la fusión feminista. Y va a ser en las calles de Iruñea donde se va a poner en el centro de la protesta y la reivindicación el cuerpo libre y soberano de las mujeres. Hala bedi!

Elena Lakabe, Oihana López y Begoña Zabala
Rebelión

Fuentehttp://www.rebelion.org/

Source: Abril 2014

Aborto y Nuevo Código Penal

Aborto y Nuevo Código Penal

El pasado 10 de marzo ingresó al Congreso Nacional, mediante un mensaje del ex Presidente de la República Sebastián Piñera, el proyecto de ley que establece un nuevo Código Penal (en adelante PNCP). Aunque el ministro de Justicia José Antonio Gómez anunció el retiro de éste, el sustrato académico y profesional del proyecto amerita su escrutinio crítico y público.

Así, en términos generales, PNCP innova respecto del actual Código Penal de 1874 en varios aspectos. En particular, respecto a la ampliación de los tipos penales económicos, la autorización del auxilio al suicidio, la transformación del sistema de determinación y fijación de las penas, su afán sistematizador y la explicitación de avances en la teoría del delito. Sin embargo, en lo que concierne a materias valorativas socialmente sensibles, tales como la autorización para interrumpir un embarazo, el PNCP no propone avance. Al contrario, sienta un retroceso.

De esa manera, en lo que sigue efectuaré una revisión crítica de los nuevos elementos jurídico-penales que contiene la prohibición del aborto prevista por el PNCP. Se argumentará que la modificación propuesta perfecciona el actual esquema de criminalización total y sin excepción, resultando incompatible con el derecho comparado y el derecho internacional de los derechos humanos, cuestión que nos sigue dejando como uno de los 5 países en el mundo que contemplan una prohibición tan draconiana (I). Luego, analizaré los problemas constitucionales y de política criminal que se siguen de la introducción de un nuevo tipo penal que castiga las acciones que dañen la salud e integridad corporal del embrión implantado o feto (II). Finalmente, emitiré unos comentarios de lo revisado a modo de conclusión (III).

Lo primero que debemos resaltar, es que la tipificación prevista por el PNCP para el aborto mantiene el actual sistema de criminalización total, sin posibilidad de, al menos, justificar acciones que interrumpan un embarazo en circunstancias calificadas. Así, en términos generales, lo que se hizo fue un perfeccionamiento técnico-jurídico de las reglas que establecen prohibiciones y castigos al aborto, en relación a la regulación prevista en el actual Código Penal de 1874.

Dicho eso, la innovación que nos interesa destacar viene dada por la introducción de una situación de necesidad que, tal como está redactado, operaría en algunos casos como causal de no-exigibilidad que excusa la aplicación de la pena y, en otros, simplemente como una circunstancia atenuante, respecto de la determinación judicial de la pena para los casos de aborto consentido por la mujer (Art. 230 PNCP). Cabe decir que esta figura no es un permiso y tampoco excluye la ilicitud del acto, estando obligada la mujer a soportar el estrés que le podría causar el proceso criminal en su contra. Por lo demás, resulta complejo que opere en favor de los derechos de la mujer en su aplicación práctica, ya que su efectividad quedará entregada a la decisión del tribunal, en atención a la convicción que se haga a partir de los antecedentes de hecho que rodearon el caso y que se hayan logrado acreditar en el proceso criminal. Por último, entregar al tribunal tan amplio margen de decisión es contrario al espíritu del propio PNCP, el cual se propuso como principio aminorar el arbitrio judicial al momento de determinar el alcance de las penas.

En lo que concierne a las penas aplicables, éstas tampoco varían de modo sustantivo. Veamos la hipótesis en la cual un tercero no-médico interrumpe un embarazo consentido por la mujer. En nuestra regulación actual, la pena asignada para esa situación va desde los 541 días a los 3 años de presidio para el que ejecuta la acción. En la tipificación prevista por el PNCP, esto se mantiene casi intacto, pues establece penas que van desde 1 a 3 años de prisión para aquel que ejecute la acción prohibida. En cuanto al castigo aplicable a la mujer embarazada, el PNCP establece que la mujer que cometa auto-aborto “o consienta en que otro lo cometa, será sancionada con multa, reclusión o prisión de 1 a 3 años” (Art. 230 PNCP). Aquello simplemente representa una mitigación del castigo aplicable, en relación a la regulación actualmente vigente, la cual, para la hipótesis de auto-aborto por parte de la mujer y para el caso en que ésta consienta la interrupción del embarazo, las penas aplicables actualmente vigentes van desde los 3 años y un día a 5 años de presidio.

Por otra parte, respecto al uso del derecho penal comparado, en la presentación de los aspectos generales del PNCP, se menciona que se tuvo a la vista el Código Penal Alemán, el Código Penal Español, el Código Penal Francés y el Código Penal Suizo. Pues bien, todo parece indicar que, en lo concerniente a la revisión del aborto, esos Códigos no se consultaron, puesto que en todos esos países está autorizado interrumpir un embarazo. Ninguno de esos Códigos prevé una criminalización de la interrupción del embarazo tan severa como la nuestra. Al contrario, los modelos de regulación del aborto que aquellos Códigos Penales establecen, son muchísimo más liberales y permisivos que la intención pretendida por el PNCP, estableciendo incluso sistemas de plazos.

Otra novedad que el PNCP nos presenta es el establecimiento de delitos contra el nonato. En efecto, el Art. 232 del PNCP prescribe como acciones típicas aquellas que causen un daño a la integridad corporal o salud física del embrión implantado o del feto. Esto es problemático porque viola tanto el carácter subsidiario del derecho penal, como el principio de intervención punitiva mínina, en el sentido que el derecho penal debe ser utilizado sólo si es estrictamente necesario, siempre y cuando otros controles menos gravosos que el sistema jurídico contempla hayan fallado, debiendo castigar conductas, si y sólo si, signifiquen transgresiones gravísimas al orden jurídico. Siendo ello así, extender una protección penal a una entidad que nuestro sistema jurídico no le asigna un peso específico que lo haga merecedor de especial valor, deviene en una forma de interferencia punitiva no racionalizada e injustificada.

Lo antes dicho se funda en dos razones: i) nuestra Constitución en el inciso segundo del Art. 19 Nº 1 establece un mandato de protección legal a la vida intrauterina, distinto del inciso primero, que establece el derecho subjetivo a la vida, cuyos destinatarios son las personas nacidas; este mandato diferenciado, a la luz de los principios limitadores del derecho penal, no ordena el uso de las reglas punitivas para proteger al nonato; ii) en el ámbito del sistema interamericano de derechos humanos, la Corte Interamericana (en adelante CIDH) concluyó que el embrión no es persona en los términos de la Convención Americana, pudiendo únicamente ser objeto de derecho (Párr. 264, “Artavia Murillo vs. Costa Rica“). Esto significa lo siguiente: a) sólo las conductas atentatorias contra los derechos de las personas (nacidas) podrían castigarse mediante el uso de las reglas penales; b) el nonato para el sistema jurídico es sólo objeto de protección, pudiendo el legislador llevar a cabo (esta protección) mediante el uso de reglas cuya naturaleza no sea penal.

En relación al uso del derecho penal, en derecho internacional de los derechos humanos, la Comisión Europea de Derechos Humanos, en el caso Sutherland v. The United Kingdom (Párr. 64-65), tomando como referencia lo resuelto por la Corte en el caso Dudgeon v. The United Kingdom, sostuvo que desincriminación no significa, de modo automático, que una conducta sea aprobada socialmente. Del mismo modo, aseveró que el temor de la población de inferir conclusiones probables pero no necesarias del hecho de reformar legislaciones penales, no era una buena razón para mantener en vigencia ciertas reglas con características injustificables e irrazonables. De lo antes dicho es posible deducir algo que está presente en la discusión sobre interrupción del embarazo, pero que no ha sido abordado con el necesario detenimiento, a saber: que del hecho que el nonato merezca algún tipo de protección mediante el uso de las leyes, ello en ningún caso significa que ésta deba efectuarse necesariamente mediante el uso de las reglas punitivas.

Chile debe avanzar y no retroceder en el reconocimiento de los derechos de las mujeres, de su agencia moral y su calidad de ciudadanas, por eso, el Estado chileno debe autorizar legalmente la interrupción del embarazo. El PNCP, en lo que concierne al castigo del aborto consentido, tal como está prevista su regulación, no puede convertirse en ley de la República. Esto, porque antes que recoger las exigencias de la sociedad respecto a la descriminalización del aborto consentido, a lo menos en ciertas hipótesis, en tanto acción socialmente no reprochable, lo que hace, más bien, es perfeccionar técnicamente su actual tipificación. Igualmente, tal regulación resulta incompatible con las orientaciones del sistema internacional de derechos humanos, el cual protege íntegramente a la mujer de los menoscabos generados como consecuencia de embarazos que colocan en riesgo sus derechos. Así lo ha mostrado la CIDH, cuando ordenó medidas provisionales para el caso “Beatriz” (El Salvador, 2013), cuando decretó medidas cautelares para el caso “Amelia” (Nicaragua, 2010) y también por lo decidido en el caso “Artavia Murillo vs. Costa Rica“.

Corolario: el trato que el PNCP entrega al aborto consentido contraviene lo que nuestra Presidenta de la República, Michelle Bachelet, ha remarcado de modo expreso, sobre la necesidad de establecer permisos legales para la interrupción del embarazo. Nuestra Presidenta, dado que fue la primera directora de la entidad especializada en derechos de las mujeres de la O.N.U., entiende el asunto y, por consiguiente, no debiese tener problemas en impulsar su eje programático sobre derechos sexuales y reproductivos.

Fuentehttp://www.elmostrador.cl/

Source: Abril 2014

Derogar las leyes que penalizan el aborto; garantizar acceso universal a los servicios

Derogar las leyes que penalizan el aborto; garantizar acceso universal a los servicios

WashingtonLíderes políticos, de salud y de derechos humanos provenientes de más de 30 países firmaron, “La Declaración de Airlie a favor del Aborto Seguro y Legal”, en la que hacen un llamado a derogar todas las leyes que penalizan el aborto y a garantizar acceso universal a los servicios de aborto seguro y legal.

Entre los participantes de esta reunión se encontró Lilián Abracinskas, directora de Mujer y Salud en Uruguay – MYSU.

La Declaración se dio a conocer en una conferencia de prensa después de una reunión de dos días en el Centro Airlie, en Virginia, con motivo de la revisión de 20 años del Programa de Acción de las Naciones Unidas de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, celebrada en 1994 en El Cairo, y debates mundiales sobre la agenda de desarrollo post 2015.

La Declaración de Airlie se enfoca en los lentos avances para mejorar el acceso a los servicios de aborto seguro desde la conferencia en El Cairo y llama la atención a las estimaciones de que más de 1 millón de mujeres han muerto y más de 100 millones han sufrido lesiones –muchas de éstas de por vida– debido a las complicaciones del aborto inseguro. La Declaración insta a los gobiernos a “lograr que los servicios de aborto seguro y legal estén universalmente disponibles y sean accesibles a todas las mujeres, independientemente de su edad, ingresos o lugar de residencia”.

“Ver a líderes de tan diversos países y culturas unidos para apoyar este objetivo es un indicio prometedor de que podemos trascender la polarizante política en torno al tema del aborto y transformar los derechos de las mujeres en una realidad”, dijo Elizabeth Maguire, Presidenta y Directora Ejecutiva de Ipas, una organización internacional de salud reproductiva.

Maguire convocó la reunión junto con la Dra. Nafis Sadik, antigua Directora Ejecutiva del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y Secretaria General de la CIPD. Otras personas que convocaron la reunión fueron: el Dr. Musimbi Kanyoro, Presidente y Director Ejecutivo del Fondo Global para Mujeres, e Ivens Reis Reyner de la Coalición de Jóvenes por la Salud Sexual y Reproductiva.

“El acuerdo en El Cairo de hacer el aborto ‘seguro en los lugares donde no es contrario a la ley’ fue un logro en ese momento, pero no es satisfactorio en muchos aspectos,” dijo la Dra. Sadik. “El acuerdo aborda el tema del aborto como algo atípico en la discusión sobre la salud reproductiva de las mujeres, cuando sabemos muy bien que es una preocupación integral de muchas mujeres”. Además, hizo un llamado a “abrir el diálogo sobre el aborto seguro y legal, en cada parte de cada país, para beneficio de la salud y el bienestar de todas las mujeres”.

Maguire criticó la política exterior de Estados Unidos por no apoyar el diálogo abierto sobre los asuntos de aborto en el extranjero y señaló los daños causados por la Enmienda de Helms a la ayuda exterior de Estados Unidos. Desde hace mucho tiempo, la Enmienda de Helms y las disposiciones relacionadas han sido aplicadas como la prohibición total de fondos de Estados Unidos para el aborto, aunque es permitido por la ley en casos de violación, incesto y cuando la vida de la mujer corre peligro.

Durante la conferencia de prensa, la Honorable Dra. Arzu Rana Deuba, Integrante del Parlamento y la Asamblea Constituyente de Nepal, destacó los avances en su país después que la reforma legislativa que ocurrió hace una década liberó a las mujeres que estaban encarceladas por aborto. Declaró que “Junto con el acceso a métodos anticonceptivos y las mejoras en los cuidados obstétricos, el aborto seguro es reconocido de manera extendida por ser un factor clave en la disminución de la mortalidad materna en Nepal”.

Reyner de Brasil, hizo hincapié en que “las personas jóvenes no se aferran a las dogmas de generaciones anteriores”. Agregó: “No toleraremos los esfuerzos por impedir que ejerzamos nuestros derechos reproductivos. Nos aseguraremos de que nuestras voces sean escuchadas y de que tengamos la información y los servicios de salud sexual y reproductiva que necesitamos, incluidos los servicios de aborto seguro”.

Esta reunión fue co-auspiciada por IPAS junto con el Centro de Derechos Reproductivos y la Federación Internacional de Planificación de la Familia.

En base a informaciones de: IPAS y Blog de Mónica Roa.

Tomado dehttp://www.mysu.org.uy

Source: Abril 2014