Latinoamérica: Abortos inseguros causan 11 por ciento de muertes materna

Latinoamérica: Abortos inseguros causan 11 por ciento de muertes materna

El 95 por ciento de los abortos que se realizan en la región son inseguros y aproximadamente el 11 por ciento de las muertes maternas ocurren por su prohibición, recordaron quienes participaron en la cita, y expresaron la necesidad de abatir la falsa doble moral de quienes se arrogan el derecho de combatir la práctica legal de ese procedimiento.

Más de un millón de mujeres y niñas son hospitalizadas cada año en América Latina y el Caribe por complicaciones derivadas de abortos inseguros, trascendió en el seminario internacional “El derecho a decidir de las mujeres en contextos restrictivos: perspectivas y retos”, realizado en la capital mexicana en ocasión del 28 de septiembre, Día Internacional por la Despenalización del Aborto.

 

El 95 por ciento de los abortos que se realizan en la región son inseguros y aproximadamente el 11 por ciento de las muertes maternas ocurren por su prohibición, recordaron quienes participaron en la cita, y expresaron la necesidad de abatir la falsa doble moral de quienes se arrogan el derecho de combatir la práctica legal de ese procedimiento.

Asimismo, llamaron a dar la batalla frontal para conseguir su legalización en todos los países de la región, en el mayor corto plazo posible.

El seminario contó con el auspicio de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y fue organizado también por Católicas por el Derecho a Decidir y la propia Campaña 28 de Septiembre, cuya coordinadora regional, la dominicana Sergia Galván, señaló que las cifras reflejan un panorama muy desolador por el que atraviesan cientos de miles de mujeres, muchas de las cuales encuentran la muerte por someterse a abortos inseguros, clandestino y riesgosos.

Sin embargo, este hecho parece carecer de importancia para las autoridades de cada país, con excepción de Uruguay, donde se acaba de despenalizar el aborto. En todos los demás, los gobernantes rechazan debatir y legislar sobre tan grave situación, “basándose en una falsa o doble moral sustentada en supuestos dogmas de fe”, precisó Galván.

Al iniciar los trabajos del seminario internacional, María Consuelo Mejía, directora de Católicas por el Derecho a Decidir, consideró importante que se hable de la situación en Centroamérica y República Dominicana, donde ha habido casos con mucha promoción mediática debido a las dramáticas situaciones vividas por las mujeres frente a una oposición tajante de las autoridades para responder positivamente, aun cuando sus propias legislaciones así lo permitían.

El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Luis González Placencia, opinó que el debate de la despenalización del aborto “hay que irlo ganando”, y agregó que el Vaticano ya ha flexibilizado ese tema, según lo dicho por el Papa Francisco, quien pidió a su Iglesia que reduzca su belicosidad y modere su hostilidad en temas tan denostados como el aborto, el matrimonio gay o el uso de anticonceptivos.

Si bien dijo que habría que esperar a ver cómo se expresa en hechos esa nueva postura de la Iglesia Católica, González Placencia agregó que, mientras tanto, es importante lograr que el Estado se comprometa a generar las condiciones legales para que las mujeres que decidan interrumpir su embarazo no sufran impactos negativos que las estigmaticen, las degraden, pongan en riesgo sus vidas y hasta sean encarceladas por tener que recurrir al aborto clandestino.

“La marginación a la que se pretende seguir llevando a las mujeres con el tema del aborto está terminando por agudizar situaciones negativas en torno a ese problema, por lo que debe encontrarse una solución pronta y expedita”, expresó.

Agregó que muchos estados se autodenominan laicos, pero terminan cediendo a las presiones de sectores conservadores que utilizan una argumentación falaz para imponer la prohibición del aborto, castigando a una minoría que es estigmatizada y penalmente perseguida, por lo que llamó a eliminar los obstáculos desde el punto de vista institucional del Derecho Penal.

Durante el seminario, revelador respecto a la gravedad que representa la prohibición de esta práctica, fueron presentados casos de violación a los derechos humanos como los de “Esperancita” en República Dominicana; “Aurora” en Costa Rica; “Beatriz” en El Salvador, entre otras a quienes, en sus países de origen, les fue negado el derecho al aborto terapéutico, pese a que los médicos que las atendían demostraron que sus vidas corrían peligro si no se les autorizaba la operación.

Cada historia fue paradigmática y evidenció la fuerte resistencia que prevalece para dar solución legal a un problema que se agrava porque crece la tasa de embarazos en la población adolescente, que en muchos casos recurre al aborto clandestino. El índice de embarazos no planeados en el mundo es de 41 por ciento, y es cada vez mayor en las adolescentes.

Sergia Galván, además directora de la Colectiva Mujer y Salud en Santo Domingo, apuntó que la ilegalidad no persuade a las mujeres de practicarse el aborto cuando lo consideran necesario, y que hay casos que son verdaderamente dramáticos, como el de Teresa, una salvadoreña de 28 años, que en 2011 tuvo una pérdida espontánea de embarazo, la fiscalía la acusó de homicidio agravado y fue sentenciada a 40 años de cárcel.

“En especial estamos pidiendo la libertad de Teresa, acudiendo a todas las instancias nacionales e internacionales”, señaló y reafirmó que “el aborto legal, seguro y gratuito es un asunto de derechos y un asunto de democracia”.

En las conclusiones del seminario intervino la doctora Ana Güezmes García, representante en México de ONU Mujeres, quien puso de relieve que muchos países, incluido México, han ratificado convenios internacionales vinculantes para adaptar sus normas a esas indicaciones que obligan a los Estados a flexibilizar sus posturas con respecto a la interrupción del embarazo, y que tendrán que hacerlo, de un modo u otro.

Dijo que esos compromisos internacionales que los Estados han asumido abarcan a los tres niveles de gobierno (municipal, estatal y federal) y están cargados de recomendaciones para abrazar medidas que contribuyan a despenalizar el aborto y a superar las incongruencias.

En diferentes países de América Latina y el Caribe tienen lugar, durante el mes de septiembre, acciones que buscan contribuir a la despenalización de estas prácticas, en ocasión de la celebración de la fecha, las cuales centran el debate en que el aborto ilegal es el resultado de “una violencia de Estado”, por lo que urge incorporar marcos legales que hagan segura estas intervenciones cuando las mujeres así lo hayan decidido.

Fuentehttp://www.observatoriogeneroyequidad.cl

Source: Octubre 2013

Acciones en las calles de Quito por el derecho al aborto [Foto-Reportaje]

Acciones en las calles de Quito por el derecho al aborto [Foto-Reportaje]

Con motivo del Día de Acción Global por la Despenalización del Aborto que se celebra cada 28 de septiembre, se realizaron en la ciudad de Quito varias acciones organizadas por diversos colectivos feministas agrupados en la Coalición por el aborto libre, seguro, legal y gratuito.

El aborto en Ecuador es legal en dos supuestos: en el caso en que la vida o la salud de la mujer esté en peligro, o cuando el embarazo sea producto de una violación a una mujer con discapacidad mental – “idota o demente” -, como consta en el artículo 447 del Código Penal. El Comité del Pacto Internacional por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) de Naciones Unidas

recomendó a Ecuador reformar el artículo del Código Penal relacionado con la penalización del aborto en casos de mujeres violadas, sin importar su condición mental. Además, el PIDESC solicita al Ecuador suprimir del Código Penal las palabras “idiota y demente” cuando se refiere a mujeres con discapacidad mental y/o psicosocial.

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En la actualidad, la Asamblea Nacional se encuentra elaborando un nuevo Código Integral Penal y un Código Integral de Salud. Para muchas de las organizaciones de mujeres de Ecuador esto supone una oportunidad histórica para actualizar estas leyes, y permitir que todas las mujeres tengan la opción de interrumpir un embarazo en condiciones seguras y gratuitas. Según una encuesta nacional realizada en el año 2012 por el Frente Ecuatoriano por la Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos-SENDAS con el apoyo técnico de CEDATOS, el 64% de la población ecuatoriana está de acuerdo con el aborto cuando el embarazo es producto de una violación o producto de un incesto. Además, el 60% está a favor en casos de malformaciones congénitas, el 66% por razones de salud de la mujer y el 75% cuando peligra su vida.

La alfombra roja de la Asamblea Nacional

Alrededor de un centenar de personas, la gran mayoría mujeres vestidas de rojo, marcharon en el día de ayer por la ciudad de Quito desde la Corte Constitucional hasta la Asamblea Nacional ecuatoriana. La marcha inició su corto itinerario en el Parque El Arbolito, en frente de la sede Constitucional. Durante el recorrido se escucharon consignas como “aborto ilegal, violencia estatal” o “aborto legal para no morir” ante las curiosas miradas de los transeúntes. En las pancartas que portaban se podían leer frases como “en mi cuerpo no hay vaticano que meta mano” o “cada cuatro minutos una mujer aborta en el Ecuador”.

En aproximadamente quince minutos la movilización llegó a las puertas de la Asamblea Nacional, donde alrededor de treinta policías les impedían el paso. En ese momento unas setenta mujeres vestidas de rojo se acostaron en el asfalto simbolizando una alfombra roja. “Nos pisotean nuestros derechos”, aseguraba una de las activistas.

A continuación, Nancy Carrión, vocera de la Coalición por el Aborto libre, seguro, legal y gratuito leyó el manifiesto. “Nos declaramos en desobediencia frente a toda ley que criminalice la voluntad y capacidad de cualquier mujer que, en uso de su conciencia y libertad, decida interrumpir un embarazo”.

 Según Verónica Vera, de Salud Mujeres, aunque “el Estado continúe penalizando las decisiones de las mujeres, nosotras apostamos por trabajar por la despenalización cultural del aborto. De modo que las decisiones de las mujeres sean tomadas en contextos carentes de culpa, en contextos fundamentalmente que protejan su vida. Es la clandestinidad y la ilegalidad la que hace que las mujeres tengan que sufrir y enfrentar condiciones de inseguridad”. Vera aclara que, pese a las propuestas que se han realizado al Legislativo, “la acción de hoy es para solicitar el aborto legal para todas, sin condiciones, sin que necesariamente las mujeres hayan tenido que vivir una situación de violencia”. Entre cánticos y tambores concluyó la movilización en las puertas de la Asamblea Nacional.

El debate tendido en la calle

Dos decenas de personas acudieron en el día de hoy a la concurrida Plaza Grande para organizar varias acciones que generaron una gran expectación y algunas controversias. Frente al Palacio de Gobierno un grupo de mujeres colocó una pizarra en la que se podía leer la pregunta: “¿Qué piensas del aborto?”. Durante algunas horas la ciudadanía expresó su opinión con frases como “es mi derecho y es mi cuerpo, respétame” o “educación sexual para la juventud”. En otro espacio, dos chicas sostenían una cuerda de la que colgaba ropa interior femenina realizada con cartulinas, donde las personas podían dejar sus mensajes. “Derecho para decidir sobre nuestra vida” o “los derechos femeninos son derechos humanos” fueron algunas de las aportaciones de quienes se animaron a participar. Sin embargo, fue alrededor de la performance donde más debate se suscitó. Siete mujeres sosteniendo carteles y manchadas de sangre simbolizaban las condiciones de clandestinidad e inseguridad a las que se ven sometidas las mujeres cuando deciden abortar. Personas a favor y en contra debatieron acaloradamente acerca del aborto mientras se desarrollaba la acción junto al Palacio de Presidencial.

*Miriam García Torres ( mirgartor@gmail.com ) es ilustradora, fotógrafa e investigadora independiente. Participa en espacios ecologistas y feministas

 

 

  

 

 

 

 

Source: Octubre 2013

Despenalizar el aborto en América Latina y El Caribe es un compromiso con el derecho a la vida, a la igualdad y un imperativo de Derechos Humanos

Despenalizar el aborto en América Latina y El Caribe es un compromiso con el derecho a la vida, a la igualdad y un imperativo de Derechos Humanos

Declaración Pública AI Index: AMR 01/003/2013 28 septiembre de 2013
Amnistía Internacional: Despenalizar el aborto en America Latina y el Caribe es un compromiso con el derecho a la vida, a la igualdad y un imperativo de Derechos Humanos. Despenalizar el aborto en la región es un compromiso con la vida. Los propios Estados de America Latina y el Caribe han reconocido recientemente que la penalización del aborto provoca el incremento de la mortalidad y

morbilidad maternas y no disminuye el número de abortos. Esto es así porque amenazar con penas de prisión a mujeres, jóvenes y adolescentes que deciden interrumpir su embarazo no las disuade, pero si las empuja a practicarse abortos clandestinos, que en la mayoría de los casos son inseguros y por ende ponen su vida y su salud en riesgo.

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Despenalizar el aborto es un imperativo de igualdad. Diferentes organismos internacionales han comprobado empíricamente que las mujeres indígenas, afrodescendientes, que viven en la pobreza o que tienen baja escolaridad están desproporcionadamente representadas entre estas mujeres que mueren o quedan severamente afectadas a raíz de abortos inseguros. En la región más desigual del mundo, este no es un dato menor.

En definitiva, despenalizar el aborto en la región es un imperativo de derechos humanos. Los estándares internacionales de derechos humanos son claros en que los Estados tienen la obligación de proteger los derechos a la vida, a la integridad física, a la autonomía y a la igualdad de mujeres, jóvenes y adolescentes. Para cumplir esta obligación, los Estados deben proveer de todas las herramientas necesarias para que mujeres, jóvenes y adolescentes puedan evitar embarazos no deseados. Las mujeres tienen el derecho a decidir si quieren ser madres o no y cuando quieren serlo. Asimismo, los Estados no pueden obligar a alguien a practicarse un aborto, así como no pueden amenazar con cárcel u otras penas a quienes lo practiquen; poniendo sus derechos en riesgo.

Amnistía Internacional promueve y defiende el derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Quienes por convicciones morales, religiosas o filosóficas crean que interrumpir un embarazo es terminar con una vida tienen derecho a pensar y a practicar sus creencias. Sin embargo, los Estados no pueden imponer una sola idea y pensamiento a todas las personas a través de su sistema penal, y mucho menos criminalizar a quienes disienten con esa noción.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en un caso referido a la interpretación del derecho a la vida, ha establecido claramente que como no hay consenso acerca del inicio de la vida humana, los Estados deben permitir diferentes y a veces contradictorias opiniones al respecto dentro de su jurisdicción; aclarando que las concepciones morales o religiosas que consideran que un ovulo fecundado es vida humana “no pueden justificar que se otorgue prevalencia legal a esta idea, porque ello implicaría imponer un tipo de creencia específica a otras personas que no las comparten.”1

Este 28 de septiembre, Día Internacional por la Despenalización del Aborto en America Latina y el Caribe, es diferente. Hace poco más de un mes, los gobiernos de la región firmaron un histórico acuerdo consecuente con sus obligaciones en materia de derechos humanos y que de ser cumplido salvará miles de mujeres. En el Consenso de Montevideo, los gobiernos de 38 países de America Latina y el Caribe acordaron, entre otras cosas, “prevenir y evitar el aborto inseguro, (con medidas) que incluyan la educación en salud sexual y salud reproductiva, el Caso Artavia Murillo y Otros (Fecundacion in vitro) vs Costa Rica, Sentencia 28 nov. 2012).

acceso a métodos anticonceptivos modernos y eficaces y el asesoramiento y atención integral frente al embarazo no deseado y no aceptado”. En igual sentido, instaron a los Estados a considerar “modificar las leyes, normativas, estrategias y políticas públicas sobre la interrupción voluntaria del embarazo para salvaguardar la vida y la salud de mujeres y adolescentes.” Este histórico acuerdo fue firmado en la capital Uruguaya, un país que despenalizó el aborto en Octubre de 2012.

No existe justificación en el derecho internacional de los derechos humanos para amenazar con cárcel a quien interrumpa un embarazo no deseado, ni para obligar a una mujer o niña a seguir adelante con dicho embarazo.

Este 28 de septiembre, Amnistía Internacional hace un enérgico llamado a las y los líderes de todos los países de la región a demostrar su compromiso por los derechos humanos con cuatro estrategias concretas:

1- Garantizar educación sexual para que las niñas, niños y adolescentes puedan elegir y decidir,
2- Garantizar el acceso sin discriminación a métodos anticonceptivos modernos para que cada embarazo sea deseado,
3- Despenalizar el aborto y garantizar que cualquier mujer o niña que sufra complicaciones derivadas de un aborto tenga acceso a los servicios médicos que precise y así evitar más muertes prevenibles, esto independientemente de si el aborto se practicó dentro o fuera del marco legal del país del que se trate,
4- Garantizar la provisión de servicios de aborto a cualquier mujer o niña que quede embarazada a consecuencia de una violación, agresión sexual o incesto, o si el embarazo supone un riesgo para su vida o su salud.

Fuentehttp://www.amnesty.org/

Source: Octubre 2013

Discursos sobre el aborto

Discursos sobre el aborto

Muchos son los avances logrados en materia de salud sexual y reproductiva en la primera reunión de la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe, celebrada en Montevideo, Uruguay, del 12 al 15 de agosto pasado, a la cual asistieron 38 representantes de Estados de la región, así como un gran número de representantes de la sociedad civil.

De la misma forma, son muy significativos los avances logrados en la Ciudad de México, donde el cambio de la ley se tradujo en un efectivo acceso de las mujeres a servicios de abortos legales y seguros.

 

Desde abril de 2007, más de 106 mil mujeres han tenido acceso a una interrupción del embarazo en las primeras 12 semanas, en los servicios públicos de la Secretaría de Salud del DF, bajo un marco de protección legal y de seguridad médica.

Asimismo, en Uruguay, se ha logrado recientemente un importante avance legislativo en materia de interrupción legal del embarazo y un acceso de las mujeres de ese país sudamericano a la atención legal y segura del aborto.

También, en este proceso, se han sumado países como Colombia y Argentina, que han logrado progresos en el marco legal y en la mejoría del acceso a la interrupción terapéutica del embarazo.

Ante estos éxitos, no es fortuito que emerjan discursos por parte de grupos conservadores que bajo argumentos seudocientíficos y observaciones no basadas en evidencia ni en datos duros oficiales, buscan desvirtuar la importancia para la salud pública y los Derechos Humanos de las mujeres de los logros mencionados.

Los argumentos enunciados por estos grupos afirman que: 1. El aborto no constituye una causa relevante de muerte materna 2. Por lo tanto, la legalización del aborto no es necesaria para reducir la muerte materna.

A estos argumentos se oponen los datos duros y las evidencias internacionales, regionales y nacionales. Las muertes por abortos inseguros en el mundo representan 13 por ciento del total de las muertes maternas.

En México, entre 2002 y 2010, se registraron en promedio 85 defunciones por aborto cada año en mujeres de todas las edades, acumulándose 950 defunciones en estos años, lo que ha representado poco más del 7 por ciento de todas las defunciones, ubicando al aborto como la quinta causa de muerte materna.

En adolescentes, este indicador fue de 12 defunciones por año en promedio (135 en total); es decir, el 14.2 por ciento de todas las muertes por aborto ocurrieron en mujeres menores de 19 años.

No siempre un aborto inseguro cobra la vida de las mujeres, pero con mucha frecuencia impacta en su salud. Las consecuencias sobre la salud de un aborto inducido dependen esencialmente del marco legal en el que se realiza, pero también de los servicios que atienden a sus complicaciones, de la capacitación y actitud del profesional y del método empleado.

También es muy relevante la edad gestacional, ya que un aborto en las primeras semanas del embarazo es siempre más seguro que intervenciones más tardías.

La importancia que representa el aborto en la salud pública puede medirse a través de la carga que representa en las atenciones hospitalarias.

Durante el periodo comprendido de 2000 a 2010 se ha observado una tendencia ascendente en el número de mujeres hospitalizadas por esta causa en el país, situación que se vincula directamente con las brechas que aún prevalecen en materia de cobertura anticonceptiva, demanda insatisfecha de métodos anticonceptivos y edad al tener el primer hijo.

A inicios del periodo, en los hospitales públicos del Sistema de Salud en el país se registraron 164 mil 457 egresos por aborto, y 205 mil 646 durante 2010.

Este comportamiento se desarrolló a expensas de un aumento en las atenciones registradas por la Secretaría de Salud (72 mil 414 contra 126 mil 287). En el IMSS-Ordinario se observó un decremento (72 mil 556 contra 63 mil 10), mientras que en los otros sectores el número absoluto se mantuvo relativamente estable.

La evidencia en México demuestra que existe un alto porcentaje de embarazos no planificados, particularmente entre las mujeres adolescentes. Según la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (Enadid) 2009, 4 de cada 10 adolescentes que tuvieron un embarazo lo definieron como no planificado o no deseado.

Esa información es consistente con los niveles de demanda insatisfecha de anticoncepción que presentan las adolescentes de este grupo de edad (una de cada cuatro). Mientras exista esta tendencia, las mujeres continuarán enfrentando la necesidad de recurrir a abortos inseguros como única opción para regular su fecundidad.

El aborto inducido continúa siendo un tema de salud pública, de Derechos Humanos (DH) y de desigualdad, y sigue cobrando, injustamente, inequitativamente e innecesariamente, las vidas y afectando la salud de las mujeres.

Las mujeres que cuentan con acceso a información, a tecnologías adecuadas y recursos económicos, pueden interrumpir su embarazo de forma segura, mientras que muchas otras se someten a procedimientos que arriesgan su salud, su vida o su seguridad jurídica.

Pero, si el aborto se realiza en condiciones legales, por personal capacitado y en servicios habilitados, es el procedimiento más seguro que pueda enfrentar una mujer embarazada, con un riesgo de muerte decenas de veces inferior al de un parto.

Así lo demuestran las estadísticas internacionales y la evidencia generada en los últimos años en la Ciudad de México: entre los más de 106 mil casos atendidos conforme a la legislación de interrupción legal del embarazo, se han registrado cero muertes maternas.

La estrategia para evitar abortos inseguros debe por lo tanto, como cualquier estrategia de salud pública, desarrollarse a través de la prevención primaria, es decir, que las mujeres tengan acceso a información, métodos anticonceptivos y educación sexual integral.

La prevención secundaria se debe realizar mediante servicios de aborto seguro y legal, lo que representa también un imperativo desde el punto de vista de los DH de las mujeres.

Es importante dar a conocer los compromisos que los gobiernos de la región asumieron a este respecto y las medidas que acordaron adoptar, de acuerdo con el Consenso de Montevideo:

• Dar prioridad a prevenir el embarazo en la adolescencia y eliminar el aborto inseguro, mediante la educación integral para la sexualidad, y el acceso oportuno y confidencial a la información, asesoramiento, tecnologías y servicios de calidad, incluida la anticoncepción oral de emergencia sin receta y los condones femeninos y masculinos (Párrafo 14).

• Eliminar las causas prevenibles de morbilidad y mortalidad materna, incorporando en el conjunto de prestaciones integrales de los servicios de salud sexual y salud reproductiva medidas para prevenir y evitar el aborto inseguro, que incluyan la educación en salud sexual y salud reproductiva, el acceso a métodos anticonceptivos modernos y eficaces, y el asesoramiento y atención integral frente al embarazo no deseado y no aceptado. Asimismo, la atención integral después del aborto, cuando se requiera, sobre la base de la estrategia de reducción de riesgo y daños (Párrafo 40).

• Asegurar, en los casos en que el aborto es legal o está despenalizado en la legislación nacional, la existencia de servicios de aborto seguros y de calidad para las mujeres que cursan embarazos no deseados y no aceptados, e instar a los demás Estados a considerar la posibilidad de modificar las leyes, normativas, estrategias y políticas públicas sobre la interrupción voluntaria del embarazo para salvaguardar la vida y la salud de mujeres y adolescentes, mejorando su calidad de vida y disminuyendo el número de abortos (Párrafo 42).

Las mujeres tienen derecho a tomar decisiones, a estar informadas, pero sobre todo a vivir una sexualidad segura y placentera, libre de violencia y discriminación, así como de vivir una maternidad elegida, segura y gozosa.

*Raffaela Schiavon Ermani es directora general de Ipas México.
**Silvia María Loggia es asistente del Comité Promotor por una Maternidad Segura en México (CPMSM).

***Ipas México y el CPMSM son parte de la Coalición por la Salud de las Mujeres, una red de organizaciones civiles con trabajo en salud y derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.

Fuentehttp://www.rotativo.com.mx/

Source: Octubre 2013

[Argentina] Interrupción voluntaria del embarazo

[Argentina] Interrupción voluntaria del embarazo

Despenalizar el aborto en Argentina y en el resto de América Latina es un compromiso con la vida y un imperativo de derechos humanos.

La penalización no disminuye los abortos pero afecta la salud, la vida y dignidad de las mujeres. El reconocimiento del derecho a decidir nos hará una sociedad más libre e igualitaria. El Congreso debe dar el debate.

Source: Octubre 2013