Comienza audiencia sobre ley de aborto en Texas

Comienza audiencia sobre ley de aborto en Texas

AUSTIN — La lucha por la nueva ley del aborto en Texas llegó el lunes a los tribunales como parte de un desafío judicial que intentará anular elementos de la legislación impulsada por los republicanos que provocó protestas masivas este verano en la Legislatura estatal.

Tres grupos alegarán en tribunales federales de aquí que las nuevas normas que exigen que los proveedores de abortos dispongan de privilegios en hospitales locales y que se restrinja el acceso a los

fármacos que inducen el aborto, son inconstitucionales y constituyen una carga para las mujeres.

De manera colectiva, el Centro de Derechos Reproductores, la organización Planned Parenthood y la Unión de Libertades Civiles de Estados Unidos tiene planes de convocar a cinco testigos, presentar testimonios por escrito de tres expertos y un conjunto de datos y documentos para sustentar su caso, según indican materiales judiciales divulgados el viernes.

El equipo legal del procurador general Greg Abbot defenderá la medida contra el aborto a nombre del estado y alegará que se trata de una legislación sólida y que los tres grupos que han presentado la demanda no son legítimos como para emprender una acción legal en este caso.

El equipo de Abbott ha expresado en documentos judiciales que no llamará a testigos sino que basará todo su caso en testimonios por escrito de ocho expertos.

El encuentro judicial en Austin puede durar al menos dos días y es el resultado de semanas de rencores y luchas partidistas en la Legislatura, que aprobó en julio unas de las regulaciones más estrictas contra el aborto en el país.

Incluida en la propuesta hay una prohibición al aborto después de las 20 semanas de embarazo, además de normas que sólo permiten que se realicen abortos en centros quirúrgicos y que los médicos que los practiquen tengan privilegios en hospitales cercanos. También exige un mayor control a los fármacos que inducen abortos.

Fallo para el 28 de octubre

En la demanda, grupos a favor del derecho al aborto critican dos partes de la legislación que deben entrar en vigor el 29 de octubre: la que exige que los médicos obtengan privilegios en hospitales locales que se encuentre a menos de 30 millas del sitio donde se realizan los abortos y otra que dicta cuándo se pueden usar los fármacos para inducir abortos.

El juez federal de distrito Lee Yeakel ha indicado que podría emitir un fallo sobre este caso el 28 de octubre, según informaron abogados.

Pero los defensores del aborto afirman que los hospitales locales rara vez otorgan privilegios de admisión a los médicos que practican abortos, además de que la ley obligará a clínicas en Lubbock, Waco, Killeen, Harlingen y McAllen, así como a tres proveedores en Fort Worth, que dejen de practicar abortos.

El resultado, según documentos judiciales, será que alrededor de 22,000 mujeres en Texas cada año no podrán tener acceso a los abortos, mientras que una de cada 12 que busquen ese procedimiento se verá obligada a viajar más de 100 millas para llegar a una clínica.

Fuentehttp://lavoztx.com/

Source: Octubre 2013

La atención postaborto en Colombia

La atención postaborto en Colombia

La tasa de embarazos no deseados y los abortos inducidos en Colombia son temas aún sensibles para la opinión pública y hoy más pertinentes que nunca en las discusiones que sobre salud pública se están generando en el país. El Instituto Guttmacher nos sorprende con los resultados de importantes trabajos de investigación realizados entre el 2010 y el 2013 en relación con los costos de la atención postaborto y del aborto legal en Colombia.

Primero, habría que especificar que desde 1989 la tasa de aborto en este país se ha mantenido relativamente constante; es decir, entre 36 y 39 abortos por cada 1.000 mujeres en edad reproductiva, aun cuando esta tasa varía mucho según las regiones.

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En el 2008, el 56% del total de embarazos en Colombia fueron no deseados o no planeados. De estos, más de la mitad acaban en aborto. En cuanto a los abortos legales –para las tres excepciones despenalizadas desde el 2006 por la sentencia 355 de la Corte Constitucional– representan menos del 1% de los abortos que se realizan en el país.

Además, las mujeres que tienen derecho a un aborto legal y que deberían recibir las mejores condiciones de atención y seguridad enfrentan continuamente barreras de acceso innecesarias que se traducen en dilaciones injustificadas y, lógicamente, en aumentos de semanas de gestación. Es así como muchas de ellas terminan por recurrir a procedimientos clandestinos que significan atenciones postabortos más complejas y se traducen en altos costos de atención para el sistema de salud. A esto tenemos que añadir que el 33% del total de mujeres colombianas que recurren a abortos clandestinos sufren complicaciones, cifra que sube al 53% en las mujeres pobres del campo.

Se estima que en el 2012 aproximadamente 102.000 mujeres fueron tratadas por complicaciones de aborto en instituciones médicas, lo que le cuesta a nuestro sistema de salud aproximadamente 14 millones de dólares al año solo en costos directos. La mitad del total de abortos en Colombia se hace hoy día mediante el uso del misoprostol. Sin embargo, y pese a la alta eficacia y seguridad del medicamento cuando se usa correctamente, el inadecuado conocimiento sobre cómo y cuándo usarlo, tanto en las mujeres como en los proveedores, da lugar a una alta tasa de complicaciones. Y lo que debemos saber es que la mayoría de las complicaciones y atenciones postaborto se atienden con la técnica de dilatación y curetaje, lo que implica una anestesia general y días de hospitalización, entre otros costos hospitalarios, pese a que la técnica recomendada por la OMS es la aspiración manual endouterina, más segura, menos invasiva y menos costosa.

Las conclusiones saltan a la vista: en primer lugar está la necesidad imperiosa de mejorar la implementación de la sentencia C-355 del 2006 y de asegurar que se respeten las directrices para la prestación de servicios de interrupción del embarazo, que se eliminen las barreras para los servicios legales y que se mejore la difusión de información sobre criterios jurídicos entre mujeres, jueces y personal médico.

En segundo lugar, es necesario mejorar la cobertura y calidad de la atención postaborto, así como alentar el uso generalizado de la aspiración manual endouterina que reducirá significativamente los costos hospitalarios. Y finalmente, me parece urgente volver a pensar en campañas modernas y sin tabúes de una educación sexual centrada en derechos sexuales y reproductivos, anticoncepción y anticoncepción de emergencia, sin olvidar la responsabilidad que tienen las facultades de medicina en formar médicos y médicas con miradas ilustradas sobre el tema.

Florence Thomas
Coordinadora del grupo Mujer y Sociedad

Fuentehttp://www.eltiempo.com/

Source: Octubre 2013

Mujeres por Bachelet realizan marcha para dar a conocer temas de género del comando

Mujeres por Bachelet realizan marcha para dar a conocer temas de género del comando

La representante de la Red Metropolitana de Mujeres por Bachelet, Carmen Andrade, aseguró este miércoles que en el comando de la candidatura presidencial del pacto Nueva Mayoría existe una postura frente a temas valóricos como el aborto, aunque precisó que es un asunto que debe abrirse a la discusión y el debate.

Un pequeño grupo de la Red Metropolitana de Mujeres por Bachelet, se dieron cita en el paseo Ahumada para marchar rumbo a Plaza de Armas, con el objetivo de informar sobre la agenda de género y

hacer un llamado a votar por la ex presidenta Michelle Bachelet el próximo 17 de noviembre, asegurando que pretenden ganar en primera vuelta.

 

“Creemos que no hay que esconder la cabeza, creemos que hay que discutirlo (el tema del aborto) no todo el mundo piensa como uno quisiera, creo que es una larga pelea de las mujeres, que es de largo plazo y por eso me parece que lo principal es que abramos la conversación y que todos puedan poner sobre la mesa sus puntos de vista, los católicos, los no católicos, yo represento en este caso al comando”, enfatizó la ex ministra Sernam.

Carmen Andrade puntualizó que “nosotras queremos que se abra un gran debate respecto del aborto, lo que hemos dicho es que desde nuestra candidatura creemos que hay que despenalizar el aborto en situaciones de peligro de vida para la mujer, en situaciones de inviabilidad del feto, vale decir que no pueda vivir fuera del útero de su madre, y también en casos de violación, junto con eso hay que abrir un gran debate en toda la sociedad sobre las otras situaciones”.

Fuentehttp://noticias.terra.cl/

Source: Octubre 2013

Mi bebé no nació, agonizó

Mi bebé no nació, agonizó

La mujer que denunció a Costa Rica ante la CIDH por haberle negado el derecho al aborto terapéutico que le faculta la ley cuenta su experiencia
Una madre denuncia a Costa Rica por negarle un aborto terapéutico

A su lado otra mujer daba a luz a un niño. Aurora podía escuchar el llanto mientras seguía el protocolo adecuado para parir a su bebé en absoluto silencio, sabiendo que al nacer comenzaría una breve cuenta regresiva hacia la muerte. Así se lo habían dicho seis meses antes. “Los médicos dijeron que vivió cinco minutos, pero en realidad agonizó cinco minutos”, recuerda Aurora, como se hace

conocer la mujer que denuncia a Costa Rica ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por no haberle permitido el aborto terapéutico. Ahora, nueve meses después del parto, accede a relatar su experiencia a EL PAÍS, consciente de que su caso no es único en este país donde la letra de la ley permite el aborto terapéutico, pero solo la letra.

El parto fue la noche del sábado 29 de diciembre del 2012 en el hospital Max Peralta, en Cartago, al este de San José. Fue una cesárea después de 10 horas de esperar que Aurora dilatara, pero sus dolores de contracciones no eran premonición de nada. Esos mismos dolores los padeció durante muchas de las 29 semanas que tuvo en su vientre un feto con cero posibilidades de nacer y vivir. Además de una escoliosis severa, el feto tenía el síndrome de pared abdomen; sus órganos estaban expuestos y no desarrolló sus piernas. No alcanzó tampoco a desarrollar su sexo, pero Aurora y su esposo supusieron que era un hombre y lo llamaron Manuel.

“Yo preguntaba si era hombre o mujer para comprarle la ropita para enterrarlo, pero nunca supimos bien y, por las facciones de la carita, asumimos que era un hombre”, cuenta Aurora, una devota evangélica que pide separar leyes y doctrinas religiosas. Ella le pudo ver el rostro en directo cuando nació, antes de que lo trasladaran a la morgue. El personal médico envolvió el cuerpo del bebé de manera que la madre viera solo la cara y no más. La amiga que la acompañó en el parto, cirujana de profesión, sí miró el cuerpo del niño y dijo que fue lo más impresionante que había visto en su carrera.

“No puedo entender cómo el doctor que diagnosticó la enfermedad de mi bebé dijo que no iba a sufrir. Él se estuvo ahogando en mi vientre por semanas, con los pulmones fuera del cuerpo, destripado por mis órganos. Después supe que aspiró su propia materia fecal, hasta que nació. Aunque él no nació, él agonizó cinco minutos”, relata Aurora, de 33 años, quien cree que los médicos no quisieron tramitar el aborto terapéutico por miedo, aunque lo permite el Código Penal costarricense para casos en que esté en riesgo la salud de la madre.

“Yo me pasé vomitando todos esos meses. Hasta un vaso de agua me provocaba el vómito aunque me inyectara. Me advirtieron de un riesgo alto de estrés postraumático y ahora sé que mis riñones también sufrieron un daño”. Rechazó tomar ansiolíticos y no dejaba de leer los comentarios de las noticias sobre su caso, “solo para confirmar el grado de ignorancia en asuntos sobre aborto terapéutico”. Leía también sobre la situación médica de su bebé, la suya y sobre otras mujeres en otros países. Ahora, aunque ya soportó estar embarazada de un feto inviable, dice estar comprometida con la causa.

“Que nadie tenga que vivir lo que vivimos mi bebé y yo. Por eso estoy en esto (denuncia ante la CIDH) aunque sé que puedo pasar muchos años”. Lo hace con apoyo del grupo Colectiva por el Derecho a Decidir, cuyo personal la acompañó a algunas de las citas médicas y reuniones con abogados del hospital Calderón Guardia, en San José, donde rechazaron la posibilidad del aborto terapéutico. La posibilidad de un aborto clandestino, como hacen decenas de miles de mujeres en este país, no se le pasó por la cabeza.

El jefe del Servicio de Obstetricia del centro médico, Jorge Gregorio Barboza, dijo a EL PAÍS que era sabida la inviabilidad del feto y que los médicos opinaban que el embarazo debía interrumpirse, pero que se limitaron a respetar lo que dice el Código Penal. Opinó que la salud de la madre no estaba en riesgo. “Ella se enfrentaba a los mismos riesgos que cualquier otra mujer embarazada”, contestó el médico, quien admitió el temor de exceder lo que dice la ley y arriesgarse a una condena de cárcel.

“Tiene que tenerlo (el embarazo)”, dice Aurora que le dijo el primer médico que detectó el síndrome de su hijo, aquella mañana en la que le explicó brevemente qué era el síndrome abdomen pared. A partir de este momento ella se recluyó en casa para evitar las preguntas curiosas que la gente hace a una mujer embarazada. Vestía blusa negra y pantalón oscuro. “Yo comencé mi duelo. Sabía que tenía en mí a un bebé que sufría y que moriría apenas al nacer. Es muy fácil de decir, pero muy difícil comprenderlo”

El jefe del servicio de Obstetricia del hospital de la capital había escrito que no había una amenaza especial para la salud de la madre. Los abogados del hospital dijeron que esto era un asunto médico. Y así llegó Aurora a finales de diciembre, cuando rompió aguas y llegó de emergencia al hospital de su provincia. Parió por la noche y logró evitar que la llevaran a recuperarse a la sala donde estaban otras madres con sus bebés recién nacidos.

El suyo estaba recién fallecido, como estaba pronosticado. El padre estaba comprando el ataúd blanco en el que lo enterrarían el día siguiente por la tarde en el cementerio de su pueblo, con el nombre de Manuel. Aurora, por cierto, no se llama Aurora, pero se niega a revelar su nombre y su rostro por miedo a represalias de sectores conservadores organizados contra el aborto y otros temas que se discuten en Costa Rica, como uniones de homosexuales o fertilización in vitro. “Diga que soy Aurora, es más seguro”.

Fuentehttp://elpais.com/

Source: Octubre 2013

La prohibición del aborto, una herencia de Pinochet que desafían miles de chilenas

La prohibición del aborto, una herencia de Pinochet que desafían miles de chilenas

Sólo siete países en el mundo prohíben totalmente el aborto, sin importar la razón esgrimida por la mujer para someterse al mismo. Chile es uno de ellos debido a una ley aprobada durante la dictadura y el debate al respecto cobra cada vez más fuerza.

Dominique es chilena. A los 22 años se preparaba para salir a bailar con sus amigas, cuando un test de embarazo cambió su vida.

 

 

“No tenía pareja y estaba recién entrando al mundo laboral, recién proyectándome, y fue como un terremoto”, dijo a RT Dominique, quien actualmente trabaja como profesora de yoga.

El apoyo de su madre, que sabía de las dificultades de convertirse en madre soltera y joven, fue fundamental para encarar un proceso que la obligaba a la marginalidad.

Consiguió comprar en el mercado negro la pastilla Misotrol, que hasta hace un par de años se adquiría en las farmacias con receta para el tratamiento de la úlcera gástrica. Esta píldora es la opción más accesible para las alrededor de 1.600 mujeres chilenas que abortan por año, según estudios privados. Hacerlo en un centro médico, burlando el sistema de salud, cuesta entre 5.000 y 8.000 dólares y solo una minoría puede permitírselo.

Fue la dictadura de Pinochet la que derogó la ley que permitía el aborto terapéutico, prohibiéndolo en todas sus formas y convirtiéndolo en un delito. En la democracia, según los especialistas, la fuerte presión de la Iglesia Católica se encargó de impedir ningún avance en la legislación.

Claudia Dides, portavoz del movimiento en defensa de la interrupción legal del embarazo Miles, lamentó en RT que actualmente “el 70% de los colegios en Chile no tienen educación sexual”. Según explicó, los adolescentes de 14 años pueden ser sujetos de responsabilidad penal “pero no tienen acceso a los derechos anticonceptivos”.

Según Patricio Melero, diputado de Unión Demócrata Independiente, el embarazo adolescente sigue siendo un problema importante en el país y es fundamental trabajar en medidas preventivas para impedirlo. Sin embargo, subrayó, el aborto no es la solución a ese problema.

Hasta ahora la postura más conservadora ganó todas las votaciones en el Parlamento. En un año electoral y 40 años después del golpe militar, sigue habiendo posturas encontradas. Según una encuesta privada, el 67% de la población estaría a favor de despenalizar el aborto.

En caso de conseguir los escaños que pronostican las encuestas, los candidatos de varios partidos políticos prometen llevar este largamente postergado debate al Congreso. Entre tanto, miles de mujeres aguardan expectantes el momento en que la sociedad chilena decida si está preparada o no para otorgarles el derecho que reclaman

Fuentehttp://actualidad.rt.com
Videoclic aquí

Source: Octubre 2013

Nueva Ley anti aborto en España afectará a mujeres más progresistas

Nueva Ley anti aborto en España afectará a mujeres más progresistas

La catedrática de la Universidad de Málaga, España, Patricia Laurenzo, dijo que Europa está siendo afectada por una ola de conservadurismo que llevará al retroceso político en los derechos de los ciudadanos.

La catedrática de la Universidad de Málaga, España, Patricia Laurenzo, dijo que Europa está siendo afectada por una ola de conservadurismo que llevará al retroceso político en los derechos de los

ciudadanos, como los reproductivos que han permitido la despenalización del aborto. En entrevista con Notimex, consideró que la contra reforma anunciada por el gobierno español en esa materia, es una reacción adversa de lo ya inevitable, porque “si bien buscará limitar las causales por las que será legal la interrupción del embarazo, la sociedad no dejará de hacerlo en condiciones clandestinas o en otros países”.

“Si se cierra el círculo y se prohibe el aborto de una manera muy intensa, automáticamente se va a condenar a la mujer a que vaya a situaciones de mucho más riesgo y podría aumentar la mortalidad, va aumentar el riesgo derivado de un aborto, la clandestinidad siempre lleva a que aumente el riesgo para la salud y para la vida de las mujeres porque nadie lo controla”, destacó.

En el marco del III Congreso Latinoamericano Jurídico Sobre Derechos Reproductivos que alza en este municipio, Patricia Laurenzo agregó que las mujeres de las capas sociales más bajas serán quienes se verán afectadas en mayor medida por una acción de esta naturaleza.

Expresó que por el momento no se ve que la sociedad española vaya a luchar por mantener la ley como actualmente se encuentra en lo que respecta a derechos reproductivos, porque la actual crisis económica ha dejado “una sociedad anestesiada”.

La académica española, comentó que la gente está más interesada por tener un empleo, en que no bajen las pensiones de los jubilados y en tratar de conservar lo más que se pueda el nivel que habían alcanzado que en estas reformas de índole social que en esta coyuntura se pueden filtrar.

Explicó que España desde 1985 España cuenta con una ley que permite la interrupción del embarazo por plazos. Hasta las 14 semanas de gestación se puede abortar sin dar explicaciones, y ya después de ese tiempo la mujer debe argumentar el por qué desea interrumpir la gestación.

Señaló que el gobierno de su país argumenta que la Ley de 1985 es inconstitucional y lo que se busca es volver a como estaba antes, aumentando quizá las restricciones, sin aceptar tal vez, la causal de malformaciones en el feto.

De acuerdo a información publicada en el portal electrónico del Ministerio de Salud de España, en el año 2011 se registraron más de 118 mil interrupciones voluntarias del embarazo (IVE).

Fuentehttp://www.criteriohidalgo.com

Source: Octubre 2013

El Estado mexicano de Morelos debatirá la legalización del aborto

El Estado mexicano de Morelos debatirá la legalización del aborto

Hasta el momento el Distrito Federal es la única entidad federativa del país que lo permite

Morelos podría convertirse en la segunda entidad de México donde el aborto libre sea legal. En su participación en el III Congreso Latinoamericano Jurídico sobre Derechos Reproductivos el secretario de Gobierno local, Jorge Messeguer, aseguró que el Gobierno del Estado “no va a criminalizar a ninguna mujer que por razones diversas haya sufrido un aborto”. En palabras del responsable estatal,

“no se va a mandar a la cárcel a ninguna mujer por estos motivos y se va propiciar respetar el derecho a decidir sobre su cuerpo y sus ideas”. Messeguer ha explicado que en este año de Gobierno una de las prioridades del Ejecutivo ha sido “crear un espacio para construir el consenso para la sociedad de derecho”. Dentro de estos derechos “los sexuales y reproductivos están en este marco de discusión”.

El argumento no es nuevo. En plena campaña presidencial, el propio Enrique Peña Nieto llegó a declarar: “Yo estoy a favor de la vida. Pero eso sí, también estoy en contra de que se criminalice a las mujeres sólo por el hecho de que decidieron interrumpir sus embarazos”.

En México, hasta el momento, la interrupción legal del embarazo de forma libre únicamente está permitida en el Distrito Federal desde el año 2007. En el resto de entidades federativas de la República el aborto solo es legal siempre en el supuesto de violación y en algunos casos, cuando supone un peligro para la salud de la madre o por razones económicas.

En el caso específico de Morelos, la legislación solo contempla el aborto legal ecuando es producto de una violación. Para el resto de supuestos, el código penal del Estado contempla penas de cárcel de uno a cinco años de duración. En el estudio Omisión e Indiferencia. Derechos Reproductivos en México, publicado por la organización civil GIRE (Grupo de Información en Reproducción Elegida), el Estado de Morelos es una de las entidades que declara “inexistencia de información” sobre autorizaciones para la interrupción legal del embarazo en el supuesto de violación entre los años 2006 y 2012.

El mismo informe señala que en México se practican alrededor de un millón de abortos inducidos y solo uno de cada 60 -los practicados en el Distrito Federal- es legal.

Fuentehttp://sociedad.elpais.com/

Source: Octubre 2013

Ofrecerán expertos mexicanos asesoría a Bolivia en tema del aborto

Ofrecerán expertos mexicanos asesoría a Bolivia en tema del aborto

La directora del Departamento Jurídico del CIDE, Leticia Bonifaz, planteó que uno de los grandes retos de las organizaciones sociales, los legisladores y los gobiernos en algunos países como Bolivia, es armonizar los derechos y las libertades consagradas en la Constitución con las leyes secundarias.

Al dictar una conferencia magistral en el III Congreso Latinoamericano Jurídico sobre Derechos Reproductivos, que se lleva a cabo en este municipio del estado de Morelos, mencionó que Bolivia tiene

una Constitución muy avanzada, pero un código penal del siglo XIX. La académica del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) dijo que la Iglesia Católica está presionando en ese país sudamericano para que se lleve a cabo un referéndum para que la población decida si se debe modificar el Código Penal para despenalizar el aborto, entre otros aspectos.

Leticia Bonifaz, quien como consejera jurídica acompañó al ex jefe de Gobierno del Distrito federal, Marcelo Ebrard, en todo el proceso para lograr la aprobación de la Interrupción Legal del Embarazo (ILE), expresó que asesorará a las organizaciones bolivianas en esa lucha.

Más tarde, en entrevista, precisó que algunas agrupaciones civiles y una legisladora de Bolivia presentaron una acción de inconstitucionalidad contra las prohibiciones que marca su código penal y han solicitado su asesoría.

Manifestó que el proceso jurídico va por buen camino, pero se requiere también convencer a los distintos sectores involucrados en el tema para que apoyen ese recurso legal.

“Me pidieron argumentar por qué si la Constitución ya trae nuevos derechos, tienen que declararse inconstitucionales normas, particularmente del código penal, que son denigrantes para la mujer.

“Fui a la audiencia con los magistrados, de los siete magistrados hay algunos que vienen de procedencia indígena, y normalmente los derechos reproductivos y sexuales de las mujeres chocan cuando entra lo indígena”, detalló.

Mencionó que en ese país hay una fuerte injerencia de la Iglesia Católica y bajo el argumento de que los derechos no pueden ser sometidos a consulta, se buscará impedir el referéndum que está solicitado esta corriente religiosa.

Fuentehttp://www.uniradionoticias.com

Source: Octubre 2013

Vida, violencia y aborto

Vida, violencia y aborto

La penalización del aborto incluso cuando el embarazo ha sido provocado por una violación, deja a la sociedad ecuatoriana expuesta a una nueva versión de oscurantismo religioso, y a las mujeres a las más diversas formas de violencia. Y todo ello, como ha dicho el Arzobispo de Guayaquil en una declaración de apoyo a la postura del presidente Rafael Correa, en nombre de una concepción que entiende la vida como sagrada. Como la vida es sagrada –sostiene Arregui- no puede ser eliminada. Y como tampoco puede ser debatida, ya que entonces saltan las acusaciones de traición y las

amenazas de renuncia – ¡qué actitudes!- los aliancistas, en otro gesto de claudicación personal, silencian sus propias creencias y convicciones. Si se trata de una postura conservadora -donde convergen, vaya coincidencia, Rafael Correa, Guillermo Laso, Gustavo Noboa y Monseñor Arregui- se debe precisamente a que realiza una defensa en abstracto de la vida, más allá de las condiciones en las que se genera y sin problematizar si ella misma es un acto de libertad y de amor, que pueda rodear a esa vida por venir de las mejores condiciones posibles para su realización plena. En el embarazo por violación ocurre todo lo contrario: la mujer es sometida a un acto de violencia, castigada, humillada, devaluada en su condición humana. La violación expresa una forma extrema de ejercicio del poder masculino en contra de las mujeres. No son actos individuales aislados, sino manifestaciones de una estructura de poder sólidamente implantada en las relaciones sociales, de allí el alto porcentaje de mujeres violadas cada año.

Me resulta difícil admitir que la vida generada de un acto cruel y violento, no deseado, tenga un carácter sagrado. Semejante postura solo puede sostenerse si la vida de las mujeres, y por extensión de la sociedad, queda sometida a una voluntad superior –capaz de establecer esos designios terroríficos para ciertos seres humanos como irremediables- frente a la cual la mujer violada debe resignarse. Si la vida es la máxima obra de Dios, hay un punto en donde se desprende de su creador para ganar autonomía y darse a sí misma un sentido plenamente humano. El problema surge cuando la voluntad de Dios no puede diferenciarse de las relaciones de poder en una sociedad; entonces, esa voluntad puede volverse ciega frente a las más diversas formas de violencia y humillación.

La defensa en abstracto de la vida obliga a las mujeres a colocar su designio como madres por encima de cualquier otra aspiración. Para los defensores de la vida, ser madre no demanda ni exige necesariamente condiciones sociales ni afectivas ni de amor plenas para su materialización, sino la aceptación de una condición natural inscrita en el cuerpo. Como han mostrado los diversos feminismos, el control del cuerpo de la mujer ha sido, históricamente, uno de los dispositivos de su dominación. Por eso, el acto de ser violada implica la inscripción de su cuerpo en unas determinadas relaciones de poder, de las cuales se hace abstracción al fusionarse el determinismo natural con los designios divinos. No importa que ese cuerpo haya sido violentado y agredido, y que una vida surja de un espantoso acto de abuso de poder. No importa porque la vida, a pesar de todo, resulta sagrada.

Fuentehttp://www.hoy.com.ec/

Source: Octubre 2013

Activistas de Femen irrumpen en el Congreso: “El aborto es sagrado”

Activistas de Femen irrumpen en el Congreso: “El aborto es sagrado”

En este pleno el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, no iba a ser hoy interpelado por la oposición acerca de la reforma del aborto, pero lo han hecho desde la tribuna del público. Tres mujeres jóvenes, activistas de la organización feminista internacional Femen -que en sus protestas contra el machismo las mujeres muestran los pechos desnudos y llevan una corona de flores en la cabeza-, han irrumpido en la sesión a gritos cuando el ministro de Justicia ha comenzado su réplica a una pregunta ajena a su futura ley del aborto. El desconcierto se ha hecho entre los diputados, al escuchar

de repente el grito de estas tres mujeres: “El aborto es sagrado”. El mismo lema que llevaban también escrito en el pecho. Una de ellas es Lara Alcázar, líder del movimiento en España. Las otras dos son la ucrania Inna Shevchenko y la francesa Pauline Hillier. La organización ha reivindicado el acto a través de su cuenta de Twitter.

 

Jesús Posada, presidente del Congreso, casi no lograba articular palabra y ha aconsejado a los ujieres y a los servicios de seguridad de la Cámara: “Procedan con cuidado”. Mucho esfuerzo han tenido que poner para lograr desalojarlas, ya que aferradas a los asientos y a la barandilla de la tribuna, han resistido durante casi un minuto los tirones de los servicios de seguridad.

Solo algunos diputados de la izquierda, al final, se han atrevido a un tímido aplauso, dado que el silencio ha sido la reacción predominante. Y ha sido el propio ministro, al reanudar la sesión, el que ha afeado la conducta de estos parlamentarios. Minutos después, el coordinador de IU, Cayo Lara, en su intervención, ha sacado pecho de la legitimidad de defender “el derecho al aborto”. Ya en el pasillo, el ministro de Justicia ha deplorado este acto al considerar que estas mujeres han mostrado “una total falta de respeto a la soberanía popular, encarnada en el Congreso”.

Algunas diputadas del PP, entre ellas la ourensana Ana Belén Vázquez Blanco, han calificado de “repugnante”, “patética” y acto de “fanatismo” la protesta. También la que fue portavoz del PP en el debate que hubo en mayo en el Congreso sobre la reforma de la ley de aborto, la diputada Beatriz Escudero, lo ha definido como “un acto de fanatismo”.

Las tres mujeres, detenidas por un presunto delito de alteración del orden público en el Congreso de los Diputados, ya han sido puestas en libertad. Lara Alcázar fue liberada en sede policial mientras que las otras dos mujeres, que fueron trasladadas a los Juzgados de Instrucción de Plaza de Castilla al no poder acreditar un domicilio en España, fueron liberadas horas más tarde. El juzgado de Instrucción número 6 estima que la perturbación que han causado en el Congreso es “a lo sumo no grave”, y está penada con una multa de seis a 12 meses, en función de la capacidad económica. El juez solo ha impuesto como obligación “fijar domicilio en España” para las notificaciones o citaciones.

Presente y futuro de la ley del aborto

La ley actual permite abortar sin dar explicaciones hasta la semana 14 de gestación. Es una ley de plazos que equipara el modelo español con la legislación de otros países de Europa, como Holanda o Francia. En la mayoría de los países de la Unión Europea hay ley de plazos.

Entre las semanas 14 y 22 de embarazo, la ley permite abortar únicamente por “grave riesgo para la vida o la salud de la madre o el feto”, determinados tras un dictamen realizado por médicos especialistas distintos de los que practicarían la intervención.

Un embarazo de más de 22 semanas solo puede interrumpirse si se detectan “anomalías fetales incompatibles con la vida y así conste en un dictamen emitido con anterioridad por un médico o médica especialista, distinto del que practique la intervención, o cuando se detecte en el feto una enfermedad extremadamente grave e incurable en el momento del diagnóstico y así lo confirme un comité clínico”.

Los plazos descritos anteriormente, contemplados en la actual ley, quedarían suprimidos. La nueva norma plantea una vuelta al modelo de supuestos vigente hasta 2010 —violación, malformación del feto o riesgo para la madre—, aunque con modificaciones.

El supuesto de malformación del feto podría quedar suprimido en la mayoría de los casos. Aunque el ministro ha expuesto distintas opciones en el último año, cobra fuerza aquella en la que el aborto se pueda practicar en los casos de malformación grave y quede prohibido en los de “discapacidad” del feto; pero no está claro qué se entendería por discapacidad.

Uno de los aspectos que resultaron más polémicos cuando se debatía la última norma aprobada era el que hace referencia a las menores. Las chicas de 16 y 17 años pueden abortar libremente, aunque deben decírselo a sus padres, que deberán acompañarlas a la clínica. Pero, además, si la menor embarazada alega que contarlo en casa le puede generar un conflicto puede abortar sin que los padres sean informados.

El Gobierno ha reiterado que la nueva norma exigirá a las menores, sin excepción, el permiso de sus tutores para abortar.

Fuentehttp://politica.elpais.com/

Source: Octubre 2013