[Argentina] La Corte apura al Gobierno por protocolo de aborto no punible

[Argentina] La Corte apura al Gobierno por protocolo de aborto no punible

Omar Palermo y Alejandro Pérez Hualde firmaron la resolución que da lugar a un recurso de amparo de Mujeres Cotidianas e insta al Ejecutivo a explicar por qué no adhiere a la ley nacional.

Nadie se lo esperaba en Casa de Gobierno y de repente otra bomba estalló: la Suprema Corte, con las firmas de los jueces Omar Palermo y Alejandro Pérez Hualde, hizo lugar a un recurso extraordinario presentado por un colectivo de mujeres e instó al Gobierno a responder los motivos de por qué la Provincia no adhiere al protocolo de aborto no punible, existente a nivel nacional. La

medida tomó por sorpresa al Ejecutivo provincial, que según la resolución firmada por Pérez Hualde y Palermo, tiene fecha del 12 de setiembre e insta al Gobierno a contestar en un plazo de 15 días.

Según explicó Laura Chazarreta, de Mujeres Cotidianas, en el recurso de amparo se le exige al Gobierno provincial que adhiera al protocolo nacional y no que haga una nueva ley, como se decidió en su momento.

La presentación del amparo fue determinada en medio de la discusión sobre si Mendoza adscribía o no y tomó relevancia tras la elaboración de un proyecto de la diputada provincial Liliana Vietti (UCR).

Esa iniciativa consiguió la aprobación de la Cámara de Diputados, pero en Senadores no alcanzaron los votos, y fue rechazada y enviada al archivo.

“Mujeres Cotidianas presentó el recurso de amparo exigiéndole al Gobierno que nos dé seguridad, como es su deber. Ahora nos tiene que dar una respuesta en los próximos 15 días”, señaló Chazarreta, basándose en lo resuelto por los supremos, en el expediente Nº109.301 caratulado “Soria de Paula, Santos Victoria Valentina en J° 14.426/88.495 Mazurenco Natalia y otros C/ Gob. Prov. de Mendoza P/ Acc. De amparo s/cas”.

Chazarreta recordó que el protocolo de aborto no punible, no hace otra cosa que respetar el artículo 86 del Código Penal, autorizando esta práctica para toda mujer, cuyo embarazo sea fruto de un abuso sexual o que su vida corra riesgos.

Si bien esto debería ser así, en la práctica se suelen presentar recursos judiciales que demoran el proceso y en muchos casos, cuando la Justicia decide aprobar la práctica, la mujer ya ha pasado las 12 semanas de embarazo.

En el Gobierno provincial, lo resuelto causó sorpresa, ya que ante la consulta de Diario UNO, admitieron que no sabían nada del tema, por lo que prefirieron mantener la cautela y estudiar lo resuelto por la Suprema Corte.

Idas y vueltas de un tema siempre candente
La adhesión al protocolo de aborto no punible causó uno de los primeros chispazos dentro del Gobierno, cuando el vicegobernador Carlos Ciurca desautorizó y criticó al ministro de Salud, Carlos Díaz Russo, por sus declaraciones en las que destacaba que sería una torpeza no contar con la opinión de la Iglesia Católica sobre el tema.

En el medio, la senadora radical Liliana Vietti introdujo un proyecto para que Mendoza adhiriera a la Guía Técnica para la Atención Integral de los Abortos No Punibles y obtuvo la aprobación de la Cámara de Diputados, poniendo contra las cuerdas al Gobierno provincial, que desde un principio se mostró reticente a la adhesión.

Finalmente, tras varios meses de discusión, el proyecto se sometió a votación en la Cámara de Senadores a mediados de diciembre de 2012 y allí, tras un debate de más de cinco horas, los legisladores decidieron archivar la iniciativa, en una discusión en la que primó el debate entre aborto sí y aborto no, cuando en realidad el protocolo atiende los casos ya fijados por el Código Penal para interrumpir embarazos.

A mediados de año, Vietti volvió a presentar el proyecto, pero no ha podido conseguir el apoyo necesario para su aprobación, aunque ahora la situación parece dar un giro importante.

Declaración jurada
El protocolo de aborto no punible exige que la mujer presente una declaración jurada aduciendo haber sido violada. Este punto fue uno de los más polémicos, ya que algunos legisladores sostuvieron que podían darse falsas denuncias y otros, apelando al Código Penal, explicaron que al tratarse de un delito de instancia privada, no se exige una denuncia y que pedirla sería inconstitucional.

La adhesión al protocolo fue exhorto de la Corte tras decidir sobre un caso en particular. Los detractores a la adhesión sostuvieron desde el primer momento que los jueces sólo estaban opinando y los defensores adujeron que la Constitución marca que la Corte debe interpretar la Carta Magna, y se debe aprobar la implementación del protocolo y acabar con la judicialización provocada por grupos ultracatólicos.

Fuentehttp://www.diariouno.com.ar

Source: Septiembre 2013