[México] Conmemoran el Día Internacional por la Despenalización del Aborto

[México] Conmemoran el Día Internacional por la Despenalización del Aborto

En el marco del Día por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe, que se celebra el 28 de septiembre, la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos (DDESER) Oaxaca invita a reflexionar sobre este tema, y hace un llamado urgente para garantizar el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo y su vida, sin ser criminalizadas.

Para conmemorar esta fecha se organizó el foro “Para sociedades con mayor bienestar: despenalizar para no criminalizar”. La invitación está abierta para el día de hoy jueves 26 del presente mes, a

partir de las 9:00 horas en el auditorio del Instituto de Estudios Superiores del Istmo de Tehuantepec (IESIT) en el municipio de Juchitán de Zaragoza.

Asistirán especialistas de temas de Derechos Humanos y salud sexual y reproductiva como representantes de la DDESER, la Defensoría de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), entre otras. El Día por la Despenalización del Aborto fue establecido en 1990, durante el V Encuentro Feminista de Latinoamérica y el Caribe, en Argentina, con el propósito de impulsar acciones para que las mujeres de la región tengan acceso a abortos legales y seguros, y actualmente las acciones en torno a la misma se llevan a cabo en todo el continente y a nivel mundial.

En nuestro estado Oaxaca existen cuatro situaciones establecidas en el Código Penal del estado por las cuales el aborto es permitido. Las causales son: cuando la vida de la mujer embarazada está en peligro de muerte; cuando el producto presente malformaciones genéticas o congénitas; cuando en aborto sea causado por accidente involuntario y, cuando el embarazo sea resultado de una violación (a partir de agosto de 2010, existen procedimientos penales para la aplicación de esta causal).

Además la Norma 046-SSA2-2005 de Violencia familiar sexual y contra las mujeres. Criterios para la prevención y atención, de aplicación en las instituciones públicas y privadas establece que: “la violencia sexual es una emergencia médica que debe ser atendida de manera inmediata y gratuita”. Y que las instituciones médicas deben notificar al Ministerio Púbico antes de las 120 horas del delito sexual.

Además de informar adecuadamente sobre la interrupción del embarazo y proporcionar servicios de calidad, de lo contrario podrían estar cometiendo delitos de abuso de autoridad y responsabilidad médica.
Datos de la Subprocuraduría de Delitos contra la Mujer por Razón de Género, revelan que en la presente administración se han registrado 2, 057 denuncias por delitos sexuales, de los cuales 426 se han cometido de enero a agosto de este año.

Sin embargo, es preocupante que los reportes de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), instancia autorizada para realizar abortos en caso de violación, refieran hasta mayo de 2013 que se hayan practicado sólo dos procedimientos: uno en la región de la Mixteca y otro en Valles Centrales; considerando que de las 426 denuncias registradas por delitos sexuales, algunos de estos casos por violación derivan en embarazos y otros más que no se denuncian. Resultados de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (INEGI, 2011) reporta que sólo denuncian dos mujeres de cada 10 que vivieron violencia.

Fuentehttp://elsoldelistmo.com.mx/

Source: Septiembre 2013

Llamado a la acción: Contra la penalización del aborto

Llamado a la acción: Contra la penalización del aborto

28 de septiembre de 2013. Día por la despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe

En siete países de América Latina y el Caribe (Chile, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Haití, Surinam y República Dominicana), el aborto está totalmente prohibido y penalizado. En la mayoría de los otros países de la región, donde la interrupción del embarazo está permitida bajo algunas circunstancias, las autoridades no garantizan su acceso de forma segura, gratuita y libre de estigma.

Ya sea por la prohibición o por la falta de garantía de servicios adecuados, muchas mujeres se ven conminadas a recurrir a la interrupción del embarazo en la clandestinidad, poniendo en riesgo su salud y sus vidas.

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El 95% de los abortos que se realizan en América Latina y el Caribe son inseguros y aproximadamente 11% de las muertes maternas ocurre como consecuencia de abortos inseguros. Cabe destacar que más de un millón de mujeres y niñas son hospitalizadas cada año para recibir tratamiento por complicaciones que surgen como producto de aborto inseguro. Estas cifras parecen carecer de importancia para las autoridades que dejan de lado o rechazan debatir y legislar sobre esta situación, en base a una falsa o doble moral sustentada en supuestos dogmas de fe.

La penalización del aborto afecta especialmente a mujeres jóvenes, pobres y que viven en condiciones de vulnerabilidad, pues son ellas quienes interrumpen sus embarazos bajo condiciones de alto riesgo. En este sentido, la penalización constituye un tema de injusticia social que fomenta y profundiza las raíces de la discriminación por razones económicas, étnicas, de raza, de clase y condición migratoria, entre otras.

También afecta a las y los profesionales comprometidos con los derechos de las mujeres, al restringirles obligaciones con relación al derecho a la sexual y salud reproductiva de las mujeres.

En países y gobiernos que se dicen democráticos, es inaudito que las mujeres no puedan ejercer el derecho a decidir cuándo pueden o no ser madre, que tengan embarazos forzados, muchas veces producto de violaciones sexuales y que eso no sea lo condenable.

Las mujeres son ciudadanas libres, ética y moralmente responsables, dueñas de sus decisiones y sus vidas, por tanto, los Estados están en la obligación de garantizarles el ejercicio de sus derechos y de cubrir sus necesidades sin criminalización, persecución o negación de servicios de aborto seguro.

ACTÚA, PROMUEVE LA CAMPAÑA EN TU PAÍS: Envía la carta al consulado donde el aborto esté totalmente penalizado

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Source: Septiembre 2013

TCP emitirá fallo sobre despenalización del aborto el próximo año

TCP emitirá fallo sobre despenalización del aborto el próximo año

El presidente del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Rudy Flores, informó que el fallo de esta instancia judicial sobre la despenalización o no del aborto en Bolivia, podría conocerse recién a partir de enero del próximo año.

El TCP aún se encuentra en la etapa de recolección de opiniones e informes técnicos en el ámbito nacional, pero también se consultó la jurisprudencia de los Tribunales Constitucionales de Colombia y

Uruguay. “A partir del sorteo del tercer magistrado relator, el Código Procesal Constitucional dispone el plazo de seis meses máximo para la consideración de informes y peritajes técnicos, en ese sentido el sorteo ha sido en julio, el plazo máximo que podría extenderse es hasta diciembre o enero del próximo año. A partir de eso el Tribunal Constitucional podría emitir el fallo en cualquiera de los siguientes meses”, afirmó Flores.

El debate del aborto se da luego de que la diputada Patricia Mancilla (MAS), presentará el 2012 una acción de inconstitucionalidad ante el TCP, en contra de 12 artículos del Código Penal, tres de los cuales (263, 266 y 269) se refieren al aborto y establecen las penas a quienes los efectúan.

De ahí en adelante las opiniones sobre este tema son diversos, incluso algunos juristas consideran que para legalizar el aborto en el país, primero se debería modificar la Constitución Política del Estado, por su parte la Iglesia Católica y organizaciones de la sociedad piden el respeto a la vida rechazando esta propuesta.

Fuentehttp://www.lostiempos.com

Source: Septiembre 2013

"Las verdaderas provida somos las feministas"

La Plataforma Gallega por el Derecho al Aborto convoca una manifestación en Compostela este sábado, ante la posibilidad de que el Gobierno abra en octubre el proceso para eliminar el derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos.

“Ninguna ley reduce el número de abortos, una mujer que ha decidido abortar lo va a hacer, con la ley o sin ella, en condiciones sanitarias excelentes, que es lo que exigimos, o en otras condiciones.

Lo que va a conseguir Gallardón es que aumenten los abortos de riesgo. Cada año mueren 70 mil mujeres en el mundo por abortos clandestinos”. La Plataforma Gallega por el Derecho al Aborto convoca una manifestación en Compostela este sábado 28, Día Internacional de Acción Global por un Aborto Legal, Seguro y Gratuito, y ante la posibilidad de que el Gobierno abra en octubre el proceso para eliminar el derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos. La marcha, que contarán con numerosas acciones reivindicativas en su recorrido, partirá a las 17.30 horas desde la estación de tren y llegará a la Praza Roxa a las 19.30 horas, apoyada por las 65 organizaciones y colectivos que conforman la Plataforma.

“Nosotros, las feministas, somos las verdaderas provida, porque defendemos una vida digna para todos, una vida que merece ser vivida”, destacaron las portavoces del colectivo en la presentación de la manifestación. Y añadieron: “el PP y la Iglesia católica no soy provida: defienden los derechos del feto hasta que nace, pero después recortan en sanidad, en dependencia, en comedores públicos, provocan casos crecientes de desnutrición infantil… Ignoran la violencia de género y los asesinatos de mujeres”. “Sus argumentos son falsos”, concluyen. Por este motivo, dicen, “exigimos una sanidad pública y de calidad. Exigimos las mejores condiciones para todas las mujeres y eso sólo se da en la sanidad pública”. Exigen también “que haya una prevención. Exigimos que haya una educación afectivo-social laica”.

La ley actual es una ley de plazos, pero con la reforma se volvería a un modelo de supuestos donde sólo se podría abortar en caso de violación, de riesgo para la vida de la madre o de malformación del feto; pero en este último caso todo indica que sólo se podrá interrumpir el embarazo en caso de que la malformación sea muy grave. En 2011 abortaron 118.359 mujeres y de ellas, 105.341 (el 89%) no podrían hacerlo si la situación se les presentara a partir de que entre en vigor la reforma propulsada por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón.

Para la Plataforma, esta reforma supone “un retroceso de más de 25 años” y “volver al tiempo en el que las mujeres practicaban abortos clandestinos, poniendo en peligro sus vidas”, abriendo “una brecha entre las mujeres ricas y las mujeres pobres”. Para los colectivos que conforman la Plataforma la reforma de la ley del aborto es una decisión más “dentro de una estrategia más amplia, clasista y machista, que está intentando imponer el PP. La política de gasto público que está llevando a cabo el Gobierno es un ataque claro a la mujer; sólo hay que fijarse en los recortes en mamografías, en revisiones ginecológicas, en los centros de orientación familiar o en las campañas entre la juventud para una vida sexual sana y segura”.

La reforma, destacan, constituye una “caza de brujas contra las mujeres que disentimos del papel de madres y esposas, y caza de brujas también contra los médicos”. Y concluyen que “significaría que tenemos que pedir permiso para tomar decisiones sobre nuestros cuerpos. Nos consideran a las mujeres menores de edad perpetuas”.

Fuentehttp://www.eldiario.es/

Source: Septiembre 2013

Piden liberación de acusada de homicidio por aborto espontáneo

Piden liberación de acusada de homicidio por aborto espontáneo

Aunque el Juez Tercero de Pacho Viejo tiene la obligación de dictar un auto en un plazo de 144 horas, no lo ha hecho y la ha detenido cinco mil horas sin que exista el citado auto.

Diversas organizaciones civiles en defensa de los derechos de las mujeres exigen la pronta liberación de Concepción Galván Escalante, quien al presentarse en las instalaciones de la Cruz Roja por un fuerte dolor de vientre, sufrió de un aborto espontáneo.

Desde el pasado 25 de febrero, Concepción Galván Escalante fue consignada por el delito de Homicidio Doloso ya que ese mismo día, a las 7:30 de la mañana, sufrió de un aborto espontáneo en los baños de la Cruz Roja del puerto de Veracruz, a donde acudió por dolores de vientre y donde no fue asistida debidamente. Desde entonces, la madre soltera de dos pequeños ha pasado por tres penales diferentes en la entidad sin que se le haya realizado un proceso penal eficiente, pues diversos especialistas, entre ellos los peritos designados por la autoridad ministerial, han determinado que el parto no fue provocado por ella.

Mediante un escrito dirigido al presidente de la República, Enrique Peña Nieto, al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong y al gobernador Javier Duarte de Ochoa, organizaciones civiles han solicitado la liberación inmediata de la acusada.

“Concepción Galván Escalante, madre soltera de dos hijos menores de edad y voceadora de un periódico local en el estado de Veracruz, se encuentra privada de su libertad desde el día 25 de febrero del año en curso, sin que a la fecha se le haya dictado un auto de formal prisión que justifique su detención, tal como lo establece el artículo 19 constitucional”, explica el escrito.

Concepción, detallan, “sintió la necesidad de ir al sanitario y sin ser acompañada por los paramédicos o persona que la asistiera por los dolores que tenía, se encontró sola y tuvo un parto fuera de las condiciones médico sanitarias óptimas, hoy es criminalizada como una homicida por una circunstancia ajena a su voluntad”.

Aunque el Juez Tercero de primera instancia de Pacho Viejo tiene la obligación de dictar un auto que justifique la detención de Concepción en un plazo máximo de 144 horas, no lo ha hecho y la ha dejado privada de su libertad cinco mil horas sin que exista el citado auto.

“Es preocupante que el Juez no pueda analizar a todas luces la consignación hecha por el Ministerio Público del caso de Concepción, la cual adolece de elementos necesarios para acreditar la posible responsabilidad y la existencia del cuerpo del delito. Concepción sufrió un parto fortuito por la negligencia de los paramédicos que la recibieron, quienes al ver a una mujer con dolores de parto, le permitieron ir al sanitario sin asistencia, siendo que como protocolo médico, una mujer que tiene dolores de parto debe ser asistida en todo momento, en vista de que el parto fortuito es común”.

Fuentehttp://e-veracruz.mx

Source: Septiembre 2013

Frente al Congreso argentino realizan intervención urbana por el aborto

Frente al Congreso argentino realizan intervención urbana por el aborto

El Movimiento Mujeres de la Matria Latinoamericana – MuMaLá – llevará adelante una intervención urbana para reclamar el tratamiento y aprobación del proyecto de Ley para la Legalización de la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE).

Será presentado por la Campaña Nacional por el Derecho al aborto legal, seguro y gratuito. El jueves 25/09 a las 17 hrs frente al Congreso de la Nación mujeres reproducirán en la calle un juego de

mesa gigante y jugarán por los derechos de las mujeres y la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo. Durante la jornada también se llevará a cabo una radio abierta y difusión de información. La realidad nos dice que se realizan alrededor de 500.000 abortos inducidos por año en nuestro país. Se estima que mueren alrededor de 80 mujeres por año consecuencia de complicaciones derivadas de abortos clandestinos. Se registran alrededor de 70.000 hospitalizaciones de mujeres por complicaciones a su salud a causa de los abortos clandestinos en todo el país, cada año. El aborto clandestino es la primera causa de mortalidad materna en nuestro país en los últimos veinte años. El aborto clandestino es un negocio millonario por el cual se obtienen ganancias estimadas en 1.200 millones de pesos por año a costa de la vida, la libertad y la salud de las mujeres.

Raquel Vivanco, Coordinadora Nacional de MuMaLá manifestó al respecto: “La sanción de una ley que legalice el acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo en la Argentina, es una cuestión de necesidad y urgencia, de justicia social y derechos humanos”. Y agregó al respecto: “En la actualidad el proyecto de ley presentado por la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito cuenta con la firma de 60 diputados y diputadas de todos los bloques políticos pero hasta este momento el bloque oficialista del FPV, con mayoría en ambas cámaras, no ha demostrado tener decisión política para impulsar su tratamiento y aprobación.”

LATAM: Reporte (drm)

Fuentehttp://espanol.upi.com/

Source: Septiembre 2013

España: Sin derecho al aborto 35 años después

España: Sin derecho al aborto 35 años después

“Aborto libre. Nosotras decidimos”. Podría ser el lema de una de las pancartas que encabezaron las manifestaciones y protestas a finales de los años 70 y principios de los 80 en el estado español, pero se trata del eslogan unitario bajo el que el Movimiento Feminista de Madrid saldrá a las calles del centro de la ciudad el próximo viernes.

La primera regulación de la interrupción voluntaria del embarazo tras el duro “tiempo de silencio” experimentado por toda la sociedad española y, de forma muy contundente, por las mujeres y su sexualidad, se produjo en 1985. Recordemos que hasta octubre de 1978 suponía un delito castigado con arresto o multa la mera información sobre cualquier método anticonceptivo. Las cifras sobre abortos clandestinos y mujeres muertas como consecuencia directa de los mismos era en esa época escalofriantes. Según los propios datos de la Fiscalía del Tribunal Supremo, en 1974 se produjeron 300.000 abortos y 3.000 mujeres perdieron la vida sobre como consecuencia de las penosas condiciones y ausencia total de higiene y seguridad en las que se realizaban estos.

 

A pesar de esta sangría, la cuestión del aborto se seguía dirimiendo en el ámbito privado. Las mujeres acomodadas viajaban a Londres o a Portugal y las pobres recurrían a métodos como el famoso perejil y otras muchas hierbas y mejunjes caseros con los que ponían en grave riesgo su salud. Fue necesario que el gobierno sentase en el banquillo en 1979 a 10 mujeres y 1 hombre (“las 11 de Bilbao”), a quienes consideraba culpables del delito de aborto para que el debate alcanzase a toda la sociedad. Los actos, manifestaciones y muestras de solidaridad se multiplican y estrategias posteriormente utilizadas con éxito, como las autoinculpaciones, consiguen la adhesión de figuras públicas.

En los primeros años de la década de los 80, la reivindicación de la legalización del aborto es uno de los puntos centrales en la incipiente y amplia agenda feminista. En 1983 el gobierno socialista presenta un proyecto de ley que no satisface al movimiento feminista, ya que mantiene la interrupción voluntaria del embarazo tipificado como un delito dentro del código penal y no garantiza su realización en la sanidad pública, y genera un rechazo absoluto en las filas de Alianza Popular, que presentan un recurso de inconstitucionalidad. Finalmente, en abril de 1985 el Tribunal Constitucional dicta una sentencia positiva a la ley y en julio entra en vigor la despenalización parcial del aborto.

Con el despegue de la cooperación internacional durante la década de los 90, parecía que el concepto de derechos sexuales y reproductivos, que institucionaliza la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo de Naciones Unidas en 1994 en El Cairo, se reservaba para hablar de países pobres. Actualmente, y a través principalmente de los movimientos feministas de América Latina y Caribe, se está recuperando su uso en un sentido integral también en el estado.

Las últimas reformas del gobierno del PP que afectan a los derechos reproductivos suponen un fuerte retroceso en un logro precario y parcial. Por un lado, la regulación del acceso a la reproducción asistida en la red sanitaria pública, anunciada por Ana Mato, inicialmente excluía a todas las mujeres que no estuviesen acompañadas por un varón en su búsqueda (infructuosa) de la maternidad. Por otro, el ministro Alberto Ruiz Gallardón parece empeñado en llevar a cabo un plan por el que todas las mujeres que se queden embarazadas están obligadas a ser madres.

La modificación de la legislación vigente implicaría un grave empeoramiento de una situación que, a pesar de los avances que supuso la regulación de 2010 (la conocida entre ciertos sectores como Ley Aído), dista mucho de ser ideal. Uno de los mitos más extendidos es que “el aborto es legal”, pero, en el caso de no cumplir con los plazos y formas administrativas establecidas, puede suponer un delito. Uno de estos trámites formales consiste en la entrega de un sobre con información que, en la práctica y en la mayoría de comunidades gobernadas por el Partido Popular, se reduce a folletos de organizaciones religiosas que animan a continuar con ese embarazo no deseado con la promesa de ayudas caritativas.

Otro de los mitos más extendidos y espoleados por los grupos antielección se puede resumir en esta imagen: chica de 16 años abortando en avanzado estado de gestación y a espaldas de sus padres. Sin embargo, las estadísticas oficiales ofrecen una imagen bien distinta. En 2011, las mujeres de entre 20 y 34 años supusieron un 67% de las que se practicaron una interrupción voluntaria de su embarazo y más del 88% lo hicieron en las primeras 12 semanas, porcentaje que se amplía hasta más del 95% en las primeras 14.

El derecho al aborto, esto es, a la libre decisión de las mujeres sobre su cuerpo y su vida, y la plena consecución de los derechos sexuales y reproductivos sigue siendo, 35 años después, un logro pendiente para la sociedad española. Pero los cambios legislativos no son concesiones de gobiernos concienciados sino fruto de la lucha por parte del feminismo. Por eso, con motivo de la celebración del Día Internacional por la Despenalización del Aborto, en la España del año 2013 sigue siendo necesario salir a la calle para defender tanto el derecho a interrumpir un embarazo no deseado como a ejercer una maternidad buscada.

Fuentehttp://www.argenpress.info/

Source: Septiembre 2013

[Chile] Arica: Mujer que está en estado grave tras realizarse aborto arriesga hasta 5 años de prisión

[Chile] Arica: Mujer que está en estado grave tras realizarse aborto arriesga hasta 5 años de prisión

Una mujer de 25 años será formalizada por intentar realizar un aborto. La mujer está grave en el Hospital Juan Noé de Arica, mientras que afuera una patrulla de la PDI custodia el recinto para formalizarla.

 

En las afuera del Hospital Juan Noéuna patrulla de la PDI custodia el recinto, donde se encuentra internada en la UCI una mujer que intentó practicarse el aborto. La acción policial de la Brigada de Homicidios, responde a una orden del Ministerio Público para formalizar a la mujer de 25 años por el delito de aborto consentido.

 

Según informó el sitio soyarica la mujerhabría ido a Tacna a realizarse el aborto con medicamentos, los que no actuaron de manera inmediata, generando el sangrado en nuestra ciudad. Tras el desprendimiento la mujer con sus manos arrancó el cordón y la placenta, mientras que el feto se lo sacaron en el hospital.

Legislación

En Chile el aborto es ilegal sin excepción según el Código Penal de Chile de 1874. Según indica el Código Penal, en los Artículos 342 A y 245, se tipifica el delito bajo el título de “Crímenes y Delitos contra el Orden Familiar y la Moralidad Pública“, éste no solo condena a quien practica el aborto, sino que también sanciona a la mujer.

En el caso de la joven ariqueña, corre el riesgo de caer presa entre 3 a 5 años por el delito, sin embargo, deja sin sanción a todos los otros actores que pudieron incidir en la toma de decisión, como sería el hombre en caso de abandono o presión para que la mujer realice un aborto, entre otros.

En los últimos meses el aborto ha movilizado a distintas organizaciones que exigen que se legisle en el país, sobre todo tras los casos de dos niñas embarazadas producto de violaciones (de 12 y 13 años) y que no pudieron practicarse un aborto dado que no existe legislación que las ampare al respecto.

Fuentehttp://www.elmorrocotudo.cl/

Source: Septiembre 2013

Aborto: ¿y si el embarazo fuera cosa de hombres?

Aborto: ¿y si el embarazo fuera cosa de hombres?

Cada vez que, como ahora, me enfrento al debate de la regulación legal del mal llamado aborto me hago la misma pregunta: ¿qué pasaría si fuéramos los hombres quienes nos quedáramos embarazados? Seguramente –me digo- nada de lo que pasa sucedería. Ya sé que hoy día eso es un imposible, pero quizá merece la pena pensar en ello para entender de qué estamos hablando.

En los últimos días estamos asistiendo a un rico, interesante e imaginativo debate impulsado mayormente por mujeres para (tratar de) hacer frente a la enésima intentona mediática del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, de intentar embridar los derechos de la mujer a través de una reforma de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción del embarazo, mal llamada ley del aborto. De salir finalmente adelante su propuesta, la del ministro, ello supondría el fin de la ley de plazos aprobaba por el gobierno Zapatero y una vuelta a la regulación legal de los años ochenta, alejando a nuestro país de la mayoría de las legislaciones de los países democráticos de nuestro entorno que apuestan decididamente por una ley de plazos para legislar sobre esta cuestión.

Este debate, como decía, está impulsado mayormente por mujeres del ámbito de la izquierda social y del movimiento feminista y persigue el loable intento de hacer descarrillar en el plano legal la contrarreforma Gallardón alentando para ello una rebelión del voto femenino dentro del Partido Popular (91 diputadas sobre 185) abogando por algo así como la “solidaridad de género”.

Si el PP y los grupos que les apoyen no alcanzasen el mínimo de 176 votos, la contrarreforma de la ley no saldría, lo que supone a su vez que un mínimo grupo de mujeres del PP se habría desmarcado de la disciplina del partido y se habría negado a apoyar la ley por razones de conciencia, bien absteniéndose o, simplemente, no estando presentes en el hemiciclo del Congreso en el momento de la votación.

Que ocurra esto parece muy improbable ateniéndonos a la dinámica de los partidos políticos en nuestro país, pero, sin duda, es un camino que podría acabar teniendo recorrido político en tanto en cuanto rompe la disyuntiva izquierdas-derechas y pone el foco en otras consideraciones.
De este debate me interesan dos cuestiones, una primera que afecta al plano de lo personal, y la segunda al político. Del primero, del personal, me lleva a preguntarme: ¿Tenemos los hombres derecho a imponer una normativa que, se quiera o no, en última instancia afecta al ámbito de la conciencia de cada persona, hombre o mujer, más allá de cuestiones de índole moral, religioso, etc?

Cualquier hombre que tenga cierta edad habrá podido experimentar y/o conocer como padre, como amigo o como compañero de una mujer embarazada que se ha visto en esta tesitura, que su opinión podía ser más o menos importante en el terreno de la discusión, de las consideraciones previas, pero que la decisión final ha sido siempre de la mujer, tanto para continuar un embarazo, como para poner término al mismo, y, sobre todo, cuando ha existido conflicto entre la opinión de él y ella. Casos hay que, pero en la mayoría de las ocasiones son ellas las que deciden. No parece, por tanto, exagerado pedir que la ley, cualquier ley, recoja lo que ya sucede en la realidad, y que tan rotundamente recoge el famoso eslogan “Nosotras parimos, nosotras decidimos”.

Para entender esto en su extensión más profunda, cabría darle una vuelta al calcetín. Pensemos por un momento que fuéramos los hombres quienes nos quedáramos embazados. ¿Aceptaríamos que nuestra compañera, madre, amiga… decidieran por nosotros si seguimos o no adelante con el embarazo o exigiríamos ser nosotros quienes tuviésemos la última decisión? Creo que la respuesta no admite aquí dudas. Y, además, parece evidente que como género masculino velaríamos porque la ley, toda ley, nos diera ese margen de decisión. Entonces, ¿por qué lo que defenderíamos para nosotros, estamos dispuestos a negárselo a la mujer? Ya sé que es un imposible, pero como sucede en tantas ocasiones hay que intentar recorrer la mayor parte del camino que nos separa del otro, en este caso la otra, para poder entender algo. No es fácil. A veces, ni es posible, pero ayuda a entender y a centrar el debate.

La segunda cuestión que me suscita interés de este debate afecta a las supuestas consecuencias políticas que esa supuesta rebelión de las mujeres del PP podría tener para ellas dentro de su propio partido. Pues bien, estoy convencido que una decisión de género en este caso (¿es tan difícil pensar que un mínimo de diez diputadas populares optasen por votar en conciencia?) más que causar graves desperfectos en el partido del Gobierno le ocasionaría un gran beneficio en el medio y largo plazo. Sería una manera de visibilizar que en determinadas situaciones la conciencia está por encima de los intereses. Es un tema que, creo, cotiza al alza entre la ciudadanía y que no debería ser desdeñado sin más.

No sé si finalmente Gallardón seguirá adelante con su proyecto, pues han sido muchas las ocasiones en las que parecía que el tema entraba en su recta final; no sé si seguirá utilizando esta cuestión como globo sonda para tapar otras cuestiones con la inexcusable ayuda de la infantería mediática que le aplaude, pero lo que sí parece es que este ministro o cualquier otro que quisiera llevar este tema adelante debería contar con quienes más tienen que perder y/o ganar en este terreno. Y éstas no son otras que las mujeres. Incluidas, claro, las del Partido Popular.

Pepe López
En twitter @plopez58

Fuentehttp://www.lacronicavirtual.com

Source: Septiembre 2013

Penalización del aborto solo castiga a "mujeres pobres" en El Salvador

La penalización del aborto en El Salvador solo se aplica a “mujeres pobres”, señaló una organización proabortista, que promoverá el indulto para 18 de 29 de ellas que están presas tras haber sido acusadas de esa práctica.

Las 129 salvadoreñas acusadas de aborto entre 2000 y 2011, de las que 29 están encarceladas, son empleadas domésticas, amas de casa, estudiantes, obreras o vendedoras ambulantes, entre otras,

según la organización no gubernamental Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto Terapéutico, Ético y Eugenésico. “Este es un problema de mujeres pobres, de injusticia social”, resumió la presidenta de la Agrupación Ciudadana, Morena Herrera.

La dirigente agregó que las 129 procesadas, “todas, sin excepción, son mujeres que viven en situación de pobreza, jóvenes y con bajo nivel educativo”.

Un informe de la Agrupación presentado en San Salvador señaló que entre esas 129 mujeres acusadas de aborto hay 49 amas de casa, 24 empleadas domésticas, 17 estudiantes, 10 obreras, empleadas de comercio o meseras, siete empleadas institucionales y tres obreras agrícolas; las otras 19 se incluyen en otras actividades.

Herrera sostuvo que los casos “en realidad no son abortos provocados, sino que se trata generalmente de partos sin asistencia médica”, en los que las mujeres “tienen complicaciones”.

Antes de 1997, el aborto era criminalizado en El Salvador, aunque existían tres excepciones: el ético, el terapéutico y el eugenésico, pero en 1998 se penalizó en todas sus formas, con castigo de dos a ocho años de cárcel, que el informe califica de “draconiano”.

Pero Herrera señaló que en muchos casos de mujeres acusadas de aborto “la Fiscalía cambia el tipo de delito y las terminan procesando por homicidio agravado contra su hijo”, lo que eleva las penas hasta 30, 40 o 50 años de prisión.

Según el informe, de las 129 mujeres procesadas, 68 lo fueron por “aborto consentido y propio”; 60 por “homicidio simple y agravado”, y una por “abandono y desamparo de persona”.

Entre los casos más recientes, Herrera dijo en Mejicanos, cerca de San Salvador, “una trabajadora de maquila tiene una de las penas más altas, que es de 40 años” de prisión.

Aparte de esas 129 mujeres, el informe señala que al menos 24 menores fueron procesadas en 13 de los 20 Juzgados de Menores, 17 por aborto y siete por homicidio agravado, aunque ninguna fue condenada.

Herrera señaló que todas las denuncias de aborto proceden de los hospitales públicos, “ninguna es de hospital privado”, donde, si a una mujer “le provocan el aborto o (llega con problemas y) le terminan el aborto, no pasa nada”.

La Agrupación Ciudadana, según su presidenta, busca vías para cambiar la penalización del aborto en El Salvador, uno de los cinco países de Latinoamérica, junto a Nicaragua, Honduras, República Dominicana y Chile, que prohíben esa práctica de manera absoluta.

Herrera indicó que la organización apoya una propuesta de diálogo que Naciones Unidas hizo en abril pasado a raíz del caso de “Beatriz”, una salvadoreña a la que el tribunal supremo le denegó el aborto y finalmente fue sometida a una cesárea en junio.

La Agrupación Ciudadana y otras organizaciones también han dialogado con diputados de la Asamblea Legislativa sobre una eventual iniciativa para despenalizar el aborto, pero ellos han pedido esperar que pase la campaña rumbo a las elecciones de 2014.

Además, la Agrupación promoverá “una solicitud de un indulto a 18 casos”, de las 29 mujeres condenadas, para lo cual buscará el apoyo de la primera dama y secretaria de Inclusión Social de El Salvador, Vanda Pignato, dijo Herrera.

Pero lamentó que “el problema es que (un indulto) lo tienen que aprobar los tres poderes del Estado: primero entra por la Asamblea Legislativa, después lo mandan a una comisión de la Corte Suprema de Justicia y por último a la Presidencia de la República”.

La dirigente dijo que también se cifran esperanzas en un eventual fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Costa Rica, por una demanda que la Agrupación presentó en 2012 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en Washington, por la muerte en la cárcel de “Manuela”, otra salvadoreña condenada por aborto.

Auguró que la Corte podría ordenar al Estado salvadoreño emitir “leyes y medidas de políticas públicas que aseguren los derechos de las mujeres”, así como reparar económica y moralmente a la familia de “Manuela”, y reconocer que “no fue una asesina”.

FuenteEFE

Source: Septiembre 2013