Proyecto de ley de aborto terapéutico en Chile

Proyecto de ley de aborto terapéutico en Chile

“Las chilenas no queremos ser consideradas un mero recipiente para la maternidad, queremos vivirla producto de la libre decisión”, dijo la abogada Camila Maturana, integrante de una de las organizaciones de mujeres que luchan por la despenalización del aborto terapéutico.

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Esta práctica fue legal en Chile entre 1931 y 1989, hasta que la dictadura (1973-1990) decidió derogar la norma respectiva cuando faltaban pocos meses para ser desplazada por la democracia. Ahora el tema espera en el parlamento para su discusión y posible aprobación de la ley correspondiente.

Chile integra el minoritario grupo de estados que prohíben el aborto en toda circunstancia, como República Dominicana, El Salvador, Nicaragua y Honduras, en América Latina, o Malta y el Vaticano en Europa.

Desde 1994 hasta 2010 se presentaron nueve proyectos de ley para modificar la legislación sobre aborto en el país, pero hasta ahora ninguno prosperó. El último de ellos plantea la despenalización cuando un grupo de tres médicos haya certificado que el feto es inviable o está muerto como consecuencia de alguna intervención, tratamiento o administración de algún fármaco que sea indispensable para salvar la vida de la madre.

En paralelo se presentaron dos proyectos más asociados al mismo tema: uno que repone el aborto terapéutico en el código sanitario y otro que añade los casos de embarazo producto de una violación. Los proyectos, que caminan juntos, pero deberán ser votados por separado, están en etapa de discusión desde el 21 de este mes en el Senado.

“Existen en Chile más de 1.000 embarazos ectópicos y, en muchos de esos casos, la atención que reciben las mujeres para interrumpir esa gestación es retardada por la inseguridad de los médicos frente a la disyuntiva de si están actuando en el marco legal o no”, explicó Maturana.

“Estamos en presencia de una de las más graves deudas del Estado de Chile con los derechos humanos de las mujeres”, subrayó Maturana, abogada de la no gubernamental Corporación Humanas.  ”En Chile, las mujeres, bajo la amenaza de cárcel, son obligadas a continuar y llevar a término un embarazo cualquiera sean las circunstancias, lo cual es considerado por la Organización de las Naciones Unidas como trato cruel, inhumano o degradante”, agregó.

Por su parte, el psicólogo Rubén Araya, experto en temas de medicina reproductiva, indicó que “es importante y casi necesario” el aborto terapéutico en este país. ”Fue al final del régimen militar cuando se eliminó la ley, y el hecho que esta discusión se haya postergado por mucho tiempo y que además sea una práctica bastante habitual y muy desigual en términos de clases sociales y acceso, va generando que se transforme en una suerte de reivindicación social y de género”, precisó.

Araya aclaró que es importante que exista la práctica, pero se debe aplicar analizando caso a caso. ”Estoy de acuerdo en que hay que legislar y en que debiera permitirse el aborto terapéutico, pero no se debe poner por sobre la atención particular de cada caso la necesidad de una reivindicación social importante”, añadió este experto, miembro de la Unidad de Psicoanálisis y Medicina de la Universidad Alberto Hurtado.

La Octava Encuesta Nacional “Percepciones de las Mujeres sobre su situación y condiciones de vida en Chile 2011?, organizada por Corporación Humanas, indicó que más de 70 por ciento de las chilenas consultadas apoyaban una ley sobre aborto terapéutico, 70 por ciento en caso de malformaciones graves y 60 por ciento si el embarazo es producto de una violación.

Sin embargo, la ley tiene fervientes detractores, que abarcan desde el propio gobierno del derechista Sebastián Piñera hasta las comunidades religiosas. La Iglesia Católica se opone al aborto sin excepción, al igual que la Metodista Pentecostal, la corriente evangélica que posee más adeptos en Chile.

En la clase política, la oposición afirma estar abierta a legislar sobre la materia, mientras que la gran mayoría del oficialismo adelantó su absoluto rechazo. La polémica está instalada, máxime cuando la senadora Ena von Baer, de la cogobernante Unión Demócrata Independiente y exministra de Piñera, señaló que el cuerpo de la mujer es algo que se presta para la maternidad, lo cual desató múltiples críticas.

“Nos preocupa que haya parlamentarios que podrían estar poniendo sus creencias y valores personales e incluso religiosos, por sobre el mandato de la ciudadanía para representar sus intereses”, advirtió Maturana. La abogada añadió que Chile es un Estado laico desde 1925, por lo cual “no se puede por ley imponer al conjunto de la sociedad una creencia religiosa o moral sobre el inicio de la vida humana, un debate que ni siquiera a nivel científico está resuelto, ni se pueden imponer las creencias morales sobre el valor o no del cuerpo de las mujeres”.

El presidente Piñera, a través de una carta abierta, manifestó que la discusión sobre el aborto es “legítima y necesaria”, pero advirtió que no es partidario de que se legalice la práctica. Entre sus argumentos, el mandatario afirmó que, “como cristiano, creo en la vida como un don de Dios”.

Debido a esto, una de las preocupaciones centrales de las organizaciones es que el proyecto sea vetado por el gobierno en caso de ser aprobado por el Congreso legislativo.  El alerta se instaló luego de que el ministro de Salud, Jaime Mañalich, aseguró que, “si el presidente me preguntara mi opinión, le diría ‘por favor, vete esta ley’”.

A juicio de Maturana, “existe claridad en los legisladores y la ciudadanía respecto de que lo que se está discutiendo son situaciones acotadas, no estableciendo la posibilidad de que el aborto sea permitido en cualquier circunstancia”.

“En todos los países en que se regula el aborto terapéutico, se hace como un acto médico, no como una decisión arbitraria de las mujeres. Es el equipo de salud el que determina que existe un determinado riesgo y el que consulta a la mujer si quiere asumir ese riesgo o prefiere interrumpir el embarazo”, aclaró.

Lo importante aquí es que “todos los días los derechos humanos de las mujeres son violados al ser obligadas a continuar un embarazo”, destacó. ”No queremos seguir ‘prestando el cuerpo’”, afirmó Maturana.

Fuente: periodismohumano.com

Source: Abril 2012

“Lo que haremos es acatar la ley”

“Lo que haremos es acatar la ley”

“Se trata de acatar la ley y así lo haremos”, anunció el gobernador de La Pampa, Oscar Mario Jorge, al señalar que la provincia cumplirá el fallo de la Corte Suprema de Justicia sobre abortos no punibles. La declaración, pronunciada al finalizar un acto en conmemoración por el aniversario de la guerra de Malvinas, sobrevino a días de que el ministro de Salud provincial, Mario González, afirmara lo contrario. Ayer, en cambio, el gobernador Jorge señaló que los comentarios del ministro habían sido “personales”, y que, aun cuando la intención de su gobierno es “acatar la ley”, hoy se reunirá con los asesores letrados del Estado para “analizar” la situación. 

La semana pasada, el ministro González había advertido que la provincia “no iba a acatar” el fallo de la Corte según el cual las mujeres víctimas de violación pueden acceder al aborto no punible. Ayer, Jorge afirmó que “los del ministro fueron comentarios personales”, porque “no se trata de ser abortistas o no abortistas, se trata de acatar la ley y así lo haremos”. Sin embargo, Jorge llegó a condicionar la aplicación de esa ley: “habrá que tener cuidado porque no sea cosa que después un médico realice un aborto y tenga que responder ante la Justicia”.

Fuentes de la gobernación confirmaron que desde la semana pasada la asesora letrada del Poder Ejecutivo, Daniela Vassia, analiza la decisión de la Corte para que la provincia fije una postura oficial. Días atrás, el propio ministro González había recordado que en 2007 Jorge había vetado una norma que disponía la aplicación de un protocolo para los casos de aborto no punible. En la misma entrevista, González había declarado que, a pesar de ser él el responsable de la cartera de Salud, ignoraba la existencia de los protocolos del Ministerio de Salud nacional. “No sabía lo de los protocolos. Igual, lo que me dijeron los asesores legales es que es un fallo sobre un caso puntual. Que no afecta o direcciona las políticas de Estado”, aseguró. En esa misma ocasión, González afirmó que ésa era “la posición de la provincia”, que “por supuesto” había hablado sobre el tema con el gobernador Jorge, porque “yo no soy un librepensador. Formo parte de un gobierno, y lo que expreso es la posición del gobierno”.

Por otra parte, ayer el Instituto Interdisciplinario de Estudio de la Mujer de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de La Pampa rebatió la afirmación del ex gobernador y actual presidente del PJ pampeano, Rubén Marín, según la cual la provincia debía realizar un plebiscito para decidir si cumplir o ignorar el fallo de la Corte. “La responsabilidad de los funcionarios públicos es el cumplimiento de las normas, no su interpretación”, explicó el Instituto en un comunicado. “Para este caso, es ilegal poner trabas y obstaculizar la interrupción de un embarazo producto de una violación.”

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Fuente: www.pagina12.com.ar

Source: Abril 2012

España: Aborto, no

No toca. El aborto no toca. No es ni necesario ni urgente que el Tribunal Constitucional dirima sobre el recurso interpuesto por el Partido Popular y el Gobierno de Navarra contra la ley de plazos —oficialmente bautizada como Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo—. Así lo ha dicho el presidente del Constitucional, Pascual Sala. Ha asegurado, sin más explicaciones, que esta alta institución del Estado organiza su trabajo “de acuerdo con las necesidades y la urgencia del momento” y que hay “otros asuntos de importancia y mucho más antiguos” que resolver antes que la ley de plazos. 

Sala podría haber argumentado que trabajar para una ley que está a punto de ser derogada es un trabajo baldío. Aunque discutible, al menos habría sido una razón. También lo habría sido alegar que hay demasiado trabajo en el tribunal, pero tampoco lo ha hecho; quizá porque ello habría vaciado el argumento por el cual ha prometido dirimir cuanto antes sobre la legalidad del partido de la izquierda abertzale Sortu, vetado por el Supremo, de manera que este sepa antes de las elecciones autónomas vascas del próximo año si puede o no participar en ellas.

En este asunto no solo hay una flagrante contradicción. Hay también un sesgo conservador y, por decirlo suavemente, poco sensible hacia los problemas sociales. De otro modo, es difícil de entender que el Constitucional no haya despejado todavía el recurso de anticonstitucionalidad contra la ley de matrimonio homosexual presentado en octubre de 2005, hace ya seis años y medio. También es difícil de entender que la ley de plazos no sea urgente y sí lo sea la legalización de Sortu cuando la izquierda abertzale ha demostrado su pericia en participar en la vida política con distintas siglas. Por lo demás, ambos recursos son igualmente antiguos: el de Sortu se presentó en mayo de 2010 y el de la ley de plazos, en julio de ese mismo año.

 

Esta decisión del Tribunal Constitucional de aplazar sine die el recurso contra la ley de plazos es, para colmo, un balón de oxígeno para el ministro más reaccionario del Gobierno de Rajoy: Alberto Ruiz-gallardón. El exalcalde de Madrid lidera una contrarreforma de la justicia que incluye anular la ley de plazos y volver al aborto en determinados supuestos. Asegura, faltando a la verdad de los hechos, que el Constitucional ya se ha pronunciado contra esta ley y se permite el lujo de asegurar que su derogación es lo más progresista que hará nunca.

El Tribunal Constitucional tuvo que dirimir en el pasado por dos veces la primera ley del aborto de 1985 y la Ley de Reproducción Asistida de 1989. En ambos casos señaló que los no nacidos no son titulares del derecho fundamental a la vida, pero Gallardón continúa su irritante cruzada mezclando y manipulando conceptos. Dijo en el Congreso que las españolas abortan porque hay una “violencia estructural” que las empuja a ello para evitar, por ejemplo, ser despedidas por embarazo, lo que el ministro no acompaña de una reforma laboral en consecuencia o de políticas natalistas. Esta semana ha insistido en su insultante estrategia afirmando en el Senado que “la libertad de la maternidad es lo que hace auténticamente mujer a la mujer”.

Según este ministro, entonces, las infértiles y las que ya no tienen la regla no son mujeres de verdad. Ya que la ley de plazos está sentenciada y España volverá a ser una excepción en Europa a este respecto, quizá no es mucho pedir que Gallardón se abstenga de hacer comentarios tan hirientes, aunque lo peor es que se le dé alas desde el Constitucional, donde, por cierto, las magistradas, letradas y jefas de departamento son excepción. Pero eso, seguramente, es irrelevante, como lo es que en la cruzada emprendida por Mayor Oreja y otros eurodiputados contra el aborto haya solo hombres.

Fuente: El Pais

Source: Abril 2012

Las Cortes y los derechos

En los últimos días hemos recibido una noticia importante. La Corte Suprema de la Nación confirmó que el régimen jurídico argentino permite el aborto en caso de violación y que éste es un derecho que tienen las mujeres. De modo similar, hace unas semanas, en un caso de una niña de 12 años, la Corte Constitucional de Colombia ratificó que el aborto legal involucra derechos fundamentales, así como obligaciones para el Estado y los actores del sistema de salud. 

La decisión de la Corte Constitucional de Colombia es relevante por los puntos de cercanía que tiene con nuestra situación. El sistema jurídico argentino reconoce, en las formas, el derecho a acceder a un aborto con el mismo alcance. De igual manera, contamos con regulaciones para la atención de los abortos no punibles y hemos tenido casos tristemente conocidos de niñas y adolescentes sometidas a maltrato (y abandono) institucional cuando solicitaron un aborto en los servicios de salud. También, las dos sentencias de los altos tribunales trataban sobre niñas en situación de aborto no punible. Ambas sentencias reconocen que la cuestión del aborto legal involucra derechos constitucionales de las mujeres. Mientras que la sentencia argentina permite terminar con la discusión jurídica sobre si la interrupción del embarazo en caso de violación está despenalizada, el fallo del país vecino ratifica que el aborto en casos de salud comprende la salud mental y defiende el derecho que las mujeres tienen a un diagnóstico oportuno, completo y de calidad cuando acuden a los centros de salud.

Asimismo, el Tribunal de Colombia destaca que la valoración médica sobre los peligros de la continuación del embarazo debe ser integral, basada en la percepción que la propia mujer tiene de cuán afectada será su salud si continúa o interrumpe el embarazo. Esto no debería ser extraño para nuestro país. La salud integral ha sido reconocida como un derecho no sólo por los tratados de derechos humanos incluidos en la Constitución nacional, sino por numerosas normas como el Programa Médico Obligatorio (PMO), que incluye dentro del conjunto de prestaciones esenciales la atención psicológica y psiquiátrica; las leyes básicas de salud provinciales; los amparos judiciales que dan lugar a pedidos de acompañantes terapéuticos para ciertos padecimientos; la alimentación para celíacos, entre otros; así como por proyectos en el Congreso presentados por todo el arco político partidario. No obstante, cuando se trata de situaciones de mujeres con riesgo a la salud que demandan un aborto, hay quienes pretenden limitar la interpretación a la salud física. Tal restricción no es acorde con el derecho, sino que resulta en una discriminación basada en el sexo, pues sólo a las mujeres –embarazadas– se les restringe el derecho a la salud a padecimientos físicos.

Las dos altas Cortes se preocuparon por referir a la implementación de los abortos permitidos legalmente, repudiaron la exigencia de trámites innecesarios y demoras injustificadas por parte de los hospitales. El máximo tribunal argentino fijó las pautas para la atención de los abortos no punibles. Se prohíbe la judicialización, se ordena la resolución en el servicio de salud a cargo de un solo profesional, se exige declaración jurada acerca de la violación por parte de la mujer como requisito administrativo y recuerda el deber de confidencialidad que tienen los proveedores de salud. La sentencia de Colombia, por su parte, sostiene que el Estado y los actores del sistema de salud tienen que cumplir con sus deberes de respeto y garantía en el acceso a los abortos permitidos por ley. Ambos fallos también dejaron en claro que ante el incumplimiento hay mecanismos legales para reaccionar. Nuestra Corte explicitó que si se generan barreras al acceso al aborto, sus autores serán responsables “por las consecuencias penales y de otra índole que pudiera traer aparejado su obrar”. Mientras que el Tribunal Constitucional de Colombia condenó a la entidad a una amplia indemnización teniendo en cuenta la condición de menor de edad y el daño a su salud mental y su proyecto de vida que le ocasionó la denegación de ese derecho reproductivo, también ordenó que la institución de salud le preste atención psicológica por tiempo indeterminado, cobertura médica al bebé, y que la entidad sea investigada y sancionada por el organismo estatal encargado de supervisión. Es decir, y tal como lo afirma la Corte Suprema, los máximos tribunales intervienen para “esclarecer la confusión reinante en lo que respecta a los abortos no punibles y a fin de evitar frustraciones de derecho”. Se rompió el silencio de uno de los poderes del Estado. Ahora resta que los Ejecutivos nacional y provinciales retomen sus obligaciones y acaben con el incumplimiento. Hoy, en la Argentina, el marco jurídico es claro: ofrece toda la certidumbre para que los profesionales de la salud, bajo el apoyo institucional de los ministerios de salud nacional y provincial, cumplan con sus obligaciones. No caben ya excusas. Y la violación de deberes será más costosa. Las mujeres ya conocen el derecho que les asiste y tienen a su disposición los mecanismos para exigirlos.

* Abogada, becaria Cedes-Conicet.

 

Fuente: Página 12

Source: Abril 2012