Fue presentada en la CIDH la situación de los derechos reproductivos de las mujeres en América Latina y el Caribe

Fue presentada en la CIDH la situación de los derechos reproductivos de las mujeres en América Latina y el Caribe

Marzo 2011 – Fue durante una audiencia solicitada por 12 organizaciones no gubernamentales de la región, entre las que estuvo la ADC representando también a ELA y CEDES de Argentina. En la misma se presentó un diagnóstico sobre los obstáculos que enfrentan las mujeres en el efectivo ejercicio del derecho a la salud reproductiva y especialmente, las consecuencias que tiene la penalización de la interrupción del embarazo en el goce de los derechos reproductivos de las mujeres en la región

La Asociación por los Derechos Civiles (ADC), en representación también de las organizaciones argentinas ELA (Equipo Latinoamericano de Justicia y Género) y CEDES (Centro de Estudios de Estado y Sociedad) participó de una audiencia temática ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre los derechos reproductivos de las mujeres en América Latina. La misma tuvo lugar en Washington (Estados Unidos) el pasado lunes 28 de marzo, en el marco del 141º período de sesiones de la CIDH y fue solicitada por un grupo de 12 organizaciones no gubernamentales de la región entre las que se encuentran la ADC, ELA y CEDES. Estuvieron presentes los comisionados Dinah Shelton, presidenta de la CIDH, José de Jesús Orozco Henríquez, María Silva Gillén y la Relatora sobre los Derechos de la Mujer, Luz Patricia Mejía Guerrero, quienes manifestaron la importancia y especial relevancia del tema y agradecieron la información proporcionada por las organizaciones.

Durante esta audiencia se presentó un diagnóstico sobre los obstáculos que enfrentan las mujeres en el efectivo ejercicio del derecho a la salud reproductiva y especialmente las consecuencias que tiene la penalización de la interrupción del embarazo en el goce de los derechos reproductivos de las mujeres en la región, incluyendo el derecho a la vida, a la integridad personal, al más alto nivel de salud reproductiva, a la intimidad, a la dignidad, a la libertad personal y al derecho a vivir libres de violencia y discriminación.

Las organizaciones alertaron sobre la necesidad de contar con marcos jurídicos adecuados que garanticen el derecho de las mujeres al aborto, pues existen en la región países en donde el aborto está totalmente penalizado (Chile, Nicaragua, Republica Dominicana, El Salvador y Honduras) y otros países donde los códigos penales establecen causales de excepción con diferentes grados de punibilidad (Brasil, Bolivia, Ecuador, Costa Rica, Guatemala, Argentina, Uruguay, Haití, Paraguay y Perú entre otros) cuyo cumplimiento es irregular.

Asimismo, llamaron la atención sobre los obstáculos que enfrentan las mujeres para acceder al aborto legal. Destacaron que la falta de implementación de protocolos de atención para la interrupción legal del embarazo por parte de los Estados impide el acceso al aborto permitido y provoca confusión y desconcierto en los médicos encargados de realizar la práctica a mujeres, adolescentes y niñas que solicitan interrumpir un embarazo en los casos permitidos por ley.

Enfáticamente, explicaron cómo la penalización del aborto propicia la prestación de servicios ilegales de interrupción de embarazos, generando un mercado clandestino e inseguro. En este contexto, las organizaciones manifestaron la importancia de que los Estados diseñen políticas públicas para atender el aborto clandestino o inseguro y prevenir daños a la salud y la vida de las mujeres.

La Comisión destacó también que en la gran mayoría de los estados de la región persisten influencias moralistas, religiosas y fundamentalistas en torno a la sexualidad que limitan el desarrollo de políticas públicas para la promoción del los derechos sexuales y el acceso universal a métodos anticonceptivos.

Finalmente, se requirió a la CIDH:

– Que en el Informe que realiza la Relatoría de Derechos de las Mujeres sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales con perspectiva de género, se incorpore un “capítulo específico sobre salud sexual y reproductiva y acceso a la interrupción legal del embarazo que contenga estándares de regulación que puedan servir de guía a los Estados a la hora de definir, modificar o crear leyes, normativas o protocolos en esta materia.

– Que en el comunicado de prensa de este período de sesiones, manifieste su preocupación por la situación descrita e inste a los Estados a adoptar las medidas legislativas o de otra índole necesarias, para que garanticen el acceso a la interrupción legal del embarazo a fin de proteger los derechos reproductivos de las adolescentes, jóvenes y mujeres de la región.

– Que, conforme a los “Lineamientos para la elaboración de indicadores de progreso en materia de derechos económicos, sociales y culturales” elaborados por esa Comisión, se inste a los Estados a producir y generar información estadística que permita monitorear el cumplimiento de sus obligaciones en relación con el derecho a la salud sexual y reproductiva de las mujeres.

– Que en sus próximos períodos de sesiones, éste siga siendo un tema de preocupación de la Comisión para privilegiar audiencias en esta materia, y que en los casos o medidas cautelares que se sometan a su consideración, éstos sean prioritarios y se les brinde un abordaje integral que permita desarrollar estándares conformes con una interpretación extensiva de los derechos humanos de las mujeres, libres de prejuicios de género.

Al finalizar, los comisionados manifestaron su especial interés en el tema y afirmaron que las peticiones planteadas serían ponderadas y llevadas a la práctica por la CIDH. Por su parte la Relatora sobre los derechos de la mujer luego de agradecer el aporte y la información brindada, pidió a las organizaciones que mantengan informado a dicho organismo sobre la evolución de este tema en los distintos países de la región.

La audiencia fue solicitada por 12 organizaciones no gubernamentales de la región entre las que se encuentran: la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), El Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES), el Equipo Latinoamericano de Justicia y Genero (ELA) (Argentina), la Agrupación ciudadana por la despenalización del aborto terapéutico, ético y eugenésico (El Salvador); el Centro de Derechos de Mujeres (CDM) (Honduras); el Centro de Documentación y Estudios (CDE) (Paraguay); el Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos (PROMSEX) (Perú); la Colectiva Mujer y Salud (República Dominicana); la Colectiva por el Derecho a Decidir (Costa Rica); la Comissão de Cidadania e Reprodução (CCR) (Brasil); el Grupo de Información en Reproducción Elegida, A.C. (GIRE) (México): Ipas Centroamérica; , la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres (La Mesa) (Colombia); y MYSU, Mujer y Salud (Uruguay).

Fuente: http://www.rosarionet.com.ar

Source: Marzo 2011