Perú: Minsa recibe pedido de AI para reducir muertes maternas

Minsa recibe pedido de AI para reducir muertes maternas
La mortalidad materna en el país se redujo de 185 a 103 por cada 100 mil nacidos vivos (nv), según la Endes 2009, logro significativo, pero que exige redoblar los esfuerzos para cumplir la meta del V Objetivo de Desarrollo del Milenio, que consiste en reducir la cifra a 66 por cada 100 mil nv, para el 2015, indicó la viceministra de Salud, Zarela Solis Vásquez.

 

Estas declaraciones las brindó al atender a una delegación de Amnistía Internacional (AI) que llegó a la sede del Ministerio de Salud (Minsa) para entregar un listado de unas 20 mil firmas de activistas de todo el país, mediante la cual solicitan al Estado la reducción de las muertes maternas que pueden ser evitables.

Acciones del Minsa

Solís Vásquez mencionó en este sentido logros del Ministerio de Salud, como la Implementación del Plan Nacional Concertado de Salud 2007 – 2020, que contempla como uno de sus objetivos la reducción de la mortalidad materna; así como la Implementación del Plan Estratégico Nacional para la Reducción de la Mortalidad Materna y Perinatal  2009 – 2015.

También se está trabajando la Implementación del Plan Regional Andino para la prevención del embarazo no planificado en adolescentes; el Seguro Integral de Salud (SIS), priorizando a las gestantes más pobres; y el Aseguramiento Universal en Salud (AUS).

Resaltó la ejecución del Presupuesto por Resultado del programa materno neonatal; y el fortalecimiento de la planificación familiar en zona rural; así como la Implementación de las casas de espera, actualmente se cuenta con 465 casa de espera a nivel nacional, donde la gestante estará bien cuidada, y tendrá acceso rápido y seguro a un centro hospitalario, explicó.

Implementación del parto vertical, plan de parto y adecuación cultural de los servicios. Se ha incrementado el parto institucional a 59%. El Minsa también está trabajando en la normatividad actualizada en salud sexual y reproductiva, difundida y en implementación a nivel nacional, anunció la viceministra.

Manifestación

Previamente, en el frontis del Minsa, la viceministra recibió, de manos del secretario general de Amnistía Internacional, Salil Shetty, y de la directora de Amnistía Internacional en el Perú, Silvia Loli, una lliclla gigante (bolsa andina) que contenía los millares peticiones firmadas.

Previamente se realizó un acto público en el que cinco mujeres de dicha organismo internacional, representando a campesinas y con mantas andinas (llicllas) de diferentes zonas del país, recogieron los millares de peticiones firmadas.

Cabe indicar que el Minsa, es responsable de conducir el diseño y ejecución de las estrategias para la reducción de la mortalidad materna y neonatal, en el marco de los compromisos internacionales de carácter vinculante que el País ha asumido en materia de derechos humanos, derechos sexuales y reproductivos y de derecho a la igualdad de las mujeres.

Fuente: http://www.larepublica.pe

Source: Noviembre 2010

Amnistía Internacional se une a la campaña por la despenalización del aborto en América Latina y el Caribe

Se deben derogar todas las normas que sancionan o permiten el encarcelamiento de mujeres y niñas que buscan o tienen un aborto bajo cualquier circunstancia. Es claro que cuando se restringe el acceso de las mujeres a la información y a los servicios de un aborto legal y seguro, sus derechos humanos están en grave peligro.

 

Es vergonzoso que en una región donde la gran mayoría de países son parte de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer – Convención de Belém do Pará, además de tener constituciones que protegen los derechos de las mujeres, haya tres países, Chile, El Salvador y Nicaragua, que penalizan el aborto en cualquier circunstancia, inclusive cuando una mujer o niña ha sido violada o cuando la vida de la mujer o niña embarazada se encuentra en peligro.

La prohibición total afecta gravemente la capacidad del personal médico para responder de forma rápida y decidida a las complicaciones que sufren mujeres y niñas durante el embarazo. La penalización del aborto niega a las mujeres y niñas embarazadas la atención médica que necesitan. Esto muestra una cruel indiferencia hacia su integridad física y psicológica, y la ausencia de dignidad humana a la que la penalización condena a sufrir a mujeres y niñas.

Asimismo, las víctimas de violaciones que quedan embarazadas a consecuencia de este grave delito se ven forzadas a continuar con el embarazo, independientemente del peligro que ello suponga para su vida, su salud, su bienestar o su voluntad personal. La única otra posibilidad es buscar un aborto clandestino e inseguro, lo que pone en peligro su vida y su salud, y por el cual pueden terminar en prisión. Además, si una mujer o niña es violada por un familiar, la penalización significa que el Estado las obliga a dar luz a su propio hermano o primo.

Algunos lugares de América Latina han reconocido las graves violaciones de derechos humanos que resultan cuando el acceso al aborto seguro y legal se prohíbe o se restringe. En Cuba el aborto está despenalizado desde hace varias décadas y en la capital mexicana desde 2007.

A pesar de estos avances, la triste realidad en la región es que todavía existen leyes que castigan el aborto, y aunque en la mayoría de los países está permitido en ciertas circunstancias, en la práctica no se cumple. Las guías para el personal médico con frecuencia son inexistentes, son poco claras o no se distribuyen, y por lo tanto se utiliza el sistema judicial innecesariamente dejando a mujeres y niñas embarazadas sin la posibilidad de ejercer sus derechos.

Algunas mujeres y niñas, antes de enfrentarse a ser obligadas a seguir con un embarazo, intentan suicidarse. Otras toman medidas desesperadas, e intentan practicarse un aborto a sí mismas. Por lo tanto, cientos de abortos ilegales e inseguros ocurren día a día, y mujeres y niñas sufren serias consecuencias, que incluso significan la pérdida de la vida. En la región más desigual del mundo, estas medidas desesperadas claramente se cobran principalmente la vida de las mujeres y niñas que viven en la pobreza; ¿es que sus derechos humanos no merecen igual protección ante la ley? Sin recursos, los abortos inseguros a los que pueden acceder mujeres y niñas en estas circunstancias, las llevan a arriesgar su vida y su salud y, si sobreviven, a la posibilidad de ser procesadas y encarceladas.

Miles de activistas de todo el mundo se encuentran el día de hoy expresando su indignación frente a estas injusticias y exigiendo la despenalización del aborto en todo el continente. En Nicaragua, el único país de la región que recientemente retrocedió en proteger los derechos de mujeres y niñas al penalizar el aborto bajo cualquier circunstancia, el Grupo Estratégico para la Despenalización del Aborto Terapéutico, en adición a las 31.000 firmas ya enviadas, está entregando hoy 6.000 firmas más, recogidas por miembros de Amnistía Internacional en todo el mundo al presidente Daniel Ortega, exigiéndole que derogue inmediatamente las leyes introducidas por su gobierno que penalizan el aborto sin excepción.

Amnistía Internacional se une a este llamado regional.

Las mujeres y niñas tienen derecho a vivir y a vivir con dignidad y a no ser obligadas, bajo la amenaza de ser encarceladas, a seguir con un embarazo producto de violación sexual o que pone en riesgo su vida y salud.

“Los gobiernos deben cumplir con sus obligaciones internacionales de protección de los derechos humanos y dar prioridad a programas de salud sexual y reproductiva, incluyendo planes de educación sexual y acceso a servicios e información de planificación familiar a todos y todas, para que todas las mujeres decidan de manera libre e informada sobre cuándo desean tener hijos e hijas y cuántos, sin coacción o discriminación”, ha dicho Guadalupe Marengo, directora adjunta del Programa Regional para América de Amnistía Internacional

Fuente: http://mujeresporlademocracia.blogspot.com

Source: Noviembre 2010

ONU pide a El Salvador eliminar penalización absoluta del aborto y derogar Ley de Amnistía

El Comité de Derechos Humanos de la ONU pidió que se modifiquen las disposiciones del Código Penal que criminalizan el aborto en todas sus formas y pidió, además, que se derogue -o enmiende- la Ley de Amnistía y que el Estado impulse “activamente” investigaciones sobre las violaciones a los derechos humanos documentadas por la Comisión de la Verdad.

 

El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas pidió este jueves a El Salvador que despenalice el aborto y que deje de perseguir judicialmente a las mujeres que interrumpen su embarazo.

“El Salvador debe tomar medidas para impedir que las mujeres que acuden a los hospitales públicos sean denunciadas por el personal médico o administrativo por el delito de aborto. Asimismo, en tanto no se revise la legislación en vigor, el Estado debe suspender la incriminación en contra de las mujeres por el delito de aborto”, reza el texto del Comité.

Actualmente, el Código Penal salvadoreño castiga con penas de entre 2 y 8 años “a aquel que provocare un aborto con el consentimiento de la mujer o la mujer que provocare su propio aborto o consintiere que otra persona se lo practicare”.

En teoría, en El Salvador no se puede hacer ningún tipo de aborto, ni siquiera el terapéutico o uno en el que se aleguen razones éticas, como en los embarazos producto de violación. Incluso hay casos en los que una mujer que alega haber sufrido un aborto espontáneo es procesada por las autoridades.

La Asamblea Legislativa reformó en 1997 la Constitución de la República, para establecer que se entiende la existencia de un ser humano desde el momento de la concepción.

Para el organismo, que vigila el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, El Salvador debe adaptar su legislación a dicha norma internacional en lo referente a la interrupción voluntaria del embarazo, ya que, por ejemplo, se viola la presunción de inocencia al considerar delito cualquier tipo de aborto.

La resolución del Comité ocurre dos meses después de que el presidente Mauricio Funes declarara públicamente que la promoción de la despenalización del aborto no es un tema que estuviera en su agenda gubernamental. “Yo no he dado ninguna orden para la revisión de dicha ley. La Asamblea debe revisar las leyes”, dijo Funes el 25 de agosto pasado, desacreditando la posición que la directora del Instituto de la Mujer (Isdemu), Julia Evelyn Martínez, quien expresó el compromiso de El Salvador por revisar dicha legislación en el Consenso de Brasilia, celebrado en julio de este año.

El pleito en el gobierno de Funes por la declaración desautorizada de la directora del Isdemu levantó un debate entre las organizaciones conservadoras, apoyadas por la iglesia católica, que defienden la penalización absoluta del aborto, y las organizaciones feministas que exigen una revisión de la normativa. En la Asamblea Legislativa, sin embargo, ningún partido político exigió nada al respecto, pese a la controversia. El último suceso referido al tema en el parlamento ocurrió en las vísperas de las elecciones presidenciales, cuando la Fundación Sí a la Vida (en contra del aborto) consiguió que todos los partidos políticos, incluidos los diputados del FMLN y el actual vicepresidente, Salvador Sánchez Cerén, firmaran un libro en el que se plasmaba un “compromiso por la vida”.

Siempre en temas relativos a la integridad de las mujeres, el Comité denunció “la persistencia de estereotipos y prejuicios sobre el rol de la mujer en la sociedad”, que permite que, en la práctica, se registren altos niveles de violencia física y sexual contra las mujeres.

“El Estado debe investigar con todos los medios a su alcance los hechos de violencia contra la mujer, y especialmente esclarecer los casos de asesinatos de mujeres, identificando a los responsables, enjuiciándoles e imponiéndoles sanciones apropiadas”, plantea la resolución.

Contra Ley de Amnistía

En la resolución del Comité de Derechos Humanos también hay un apartado que recomienda al Estado derogar o enmendar la ley de Amnistía para que se investiguen los crímenes cometidos durante la guerra civil (1980-1992), como el homicidio de monseñor Óscar Arnulfo Romero.

“El Comité reitera su recomendación en el sentido de que se derogue la ley de Amnistía o se la enmiende para hacerla plenamente compatible con las disposiciones del Pacto. El Estado debe impulsar activamente las investigaciones sobre todas las violaciones de los derechos humanos documentadas por la Comisión de la Verdad, entre los cuales se destaca el asesinato de monseñor Oscar Romero”, dijo el comité, que dio una conferencia de prensa en Ginebra.

El Salvador ha desatendido reiteradamente las recomendaciones similares que ha emitido la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que considera que el Estado ha violado el derecho a la justicia y ha promovido la impunidad al mantener la vigencia de la Ley de Amnistía de 1993.

La ONU, además, pidió una revisión referente a las detenciones provisionales, que bajo la autoridad policial pueden extenderse hasta 72 horas, más otros tres días por decisión judicial.

“El Estado debe revisar la legislación relativa a la detención provisional para hacerla compatible con las disposiciones del Pacto, para asegurar que dicha detención no exceda las 48 horas”, reza el texto.

Asimismo, el Comité se mostró “preocupado” por el hecho de que la prisión preventiva pueda extenderse bajo ciertas circunstancias hasta 24 meses.

Según la resolución, El Salvador deberá proporcionar información pertinente sobre la aplicación de las recomendaciones en el plazo máximo de un año.

Fuente: http://www.elfaro.net/

Source: Noviembre 2010

Julia Evelyn Martínez: “Somos como un rompehielos”

Entrevista exclusiva con la Directora Ejecutiva del Instituto Salvadoreño de la Mujer

 

* Ante los ataques machistas: “Estas luchas son difíciles, y se llevan a cabo en campos de batalla minados por el patriarcado y son defendidos por guerreros y gladiadores del patriarcado”.

* “Puedo asegurar que cuento con toda la confianza del Presidente Mauricio Funes”.
* Sobre su firma en el Consenso de Brasilia: “No tenía sentido ponerle observaciones a un instrumento jurídico de menor carácter vinculante”.

“Yo sabía que la lucha por los derechos de las mujeres no es un camino fácil, que no está sembrado de rosas. Eso lo tengo muy claro. Pero soy optimista y por eso estoy serena”, dice Julia Evelyn Martínez, Directora Ejecutiva del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (Isdemu) en un momento de esta entrevista. Y así habló todo el rato, con serenidad y precisión académica, desde su despacho en el centro de la capital, esta mujer de alta estatura física, más del 1.70, calculo.

Martínez fue llamada para integrar el gobierno del Presidente Mauricio Funes, cuando laboraba en la Universidad Centroamericana (UCA), donde nació a la vida académica, estudiando economía primero y después ejerciendo la docencia en esa disciplina y emprendiendo investigaciones científicas que vinculaban economía y género. De hecho continúa con su asignatura en la universidad.

Durante las últimas dos semanas, Martínez y el Isdemu han desfilado en la pasarela pública donde una parte de la sociedad salvadoreña les ha aplaudido por abrir camino democrático y otro grupo, les ha atacado reciamente con todos los instrumentos del abanico de violencia hacia las mujeres: burla, agresión, denigración, desprecio, misoginia, ofensas, entre otros.

“Ha sido una jornada intensa. Una jornada histórica, especialmente para la sociedad civil en un sentido amplio, que se ha movilizado y ha debatido y que ha dado muestras de apoyo a una institución que considera que puede promover el avance en materia de derechos de las mujeres, de democratización y de desarrollo en el país”, valora Martínez, ordenando un fajo de papeles y documentos, en los que se irá apoyando para aclarar con actitud profesoral sus declaraciones.

Me ha impresionado mucho el debate que se suscitó, sobre todo porque en su primera parte se pretendía proteger a las jovencitas y a niñas y niños de las redes de pederastia y de trata de personas. ¿Quién podría estar en contra de esto? Supe que hay una constante: que en el periodo posterior a los desfiles es cuando se disparan las violaciones a niñas. La segunda parte del debate tiene que ver con que si usted se extralimitó en sus funciones al firmar el Consenso de Brasilia. ¿Se extralimitó?

Martínez: “La intención del Isdemu no se puede comprender sin saber qué es el Isdemu, cuál es la naturaleza de este instituto, sus objetivos y atribuciones. Este no es un instituto del órgano ejecutivo, sino que tiene su propia ley de creación y en su artículo 1 señala que tiene autonomía, técnica, financiera y administrativa, dotado de personalidad jurídica y de su propio patrimonio. El objeto del Isdemu es velar por los derechos humanos de las mujeres y promover el avance de ellas. Y entre sus atribuciones está la de proponer que se adecúe la legislación nacional a las convenciones internacionales, que han sido ratificadas por El Salvador. Que van desde la Convención contra la erradicación de todas las formas de discriminación hacia las mujeres, conocida como Belem do Pará, y dar seguimiento a las plataformas de acción emanadas de las conferencias internacionales relativas a la promoción de la mujer.

“La intención del Isdemu, por ser el ente que define la Política Nacional de la Mujer, al no presentar una reserva a una objeción a esta parte del Consenso de Brasilia, en donde los estados consensan la necesidad de revisar, no de reformar, las leyes punitivas para las mujeres, para el aborto en los diferentes países, lo que pretendía el Isdemu era dar cumplimiento al mandato que emana de su ley y los compromisos internacionales firmados por el estado salvadoreño”.

¿El Consenso de Brasilia exige cambiar leyes o sólo revisar?

“En particular se dice que esta revisión se deberá hacer de conformidad con lo que establece la plataforma de acción de Beijing, la cual El Salvador ha ratificado y no tiene reserva, y también que se hará de conformidad con lo establecido en la conferencia de población de El Cairo, y El Salvador ha retirado las reservas que formuló en el año 1994, cuando en el ejecutivo estaba un gobierno de derecha, conservador. En el 2010 fueron retiradas estas reservas para situar al país en la corriente democrática, progresista de todo el mundo, y sobre todo de América Latina que está asumiendo compromisos reales con la plena vigencia de los derechos humanos de las mujeres.

“Esa fue la intención del Isdemu. Y estuvo amparada en varios instrumentos, como la ley del instituto, y el plan quinquenal de desarrollo del país 2010-2014 que en la página 62, numeral 57, dice que para este plan “se necesita impulsar una política nacional de la mujer, cuya rectoría corresponderá al Isdemu”.

Durante el debate acusaron al Isdemu de pretender reformar la Constitución. ¿Quieren reformar la Constitución Política?

“Es que no podemos reformar la constitución. Eso es una competencia de la Asamblea Legislativa. El Isdemu no tiene esa facultad. La única facultad que tiene el Isdemu es revisar la legislación nacional y proponer para adecuar la legislación a lo que son los tratados y convenciones internacionales suscritos por El Salvador en materia de derechos humanos de las mujeres, particularmente la Cedaw; y proponer a las instancias que sí tienen iniciativas de ley para que inicien el proceso legislativo, si así lo consideran conveniente.

“Pero en Brasilia, al revisar esto y dado que El Salvador ha retirado las reservas no tenía sentido ponerle observaciones a un instrumento jurídico de menor carácter vinculante, que tiene una menor fuerza, menor obligación  como puede ser un convenio, o un tratado en donde sí se necesita contar con poderes plenipotenciarios para poder suscribir un convenio”.

Durante el debate se interpretó que el Isdemu quería despenalizar el aborto, prohibir las minifaldas a las mujeres, acabar con los desfiles cívicos…

“Lamentablemente creo que se ha manejado muy mal el debate. Más bien no ha habido un debate. Lo que ha habido es un ataque frontal al Isdemu, donde se ha elevado el volumen de las críticas. Todo aquel que ha querido criticar y atacar personalmente a la directora ha tenido todo el espacio disponible en los medios de comunicación, y todas aquellas y aquellos de la sociedad civil que han querido mostrar apoyo a la institución y a la intencionalidad del instituto al firmar el Consenso de Brasilia pues no han tenido los espacios y han tenido que pagar en los medios para que se les puedan publicar sus adhesiones”.

El jueves las organizaciones de mujeres y feministas cortaron la carretera Panamericana para hacerse escuchar, frente a Casa Presidencial.

“Ha habido una gran demostración de apoyo popular para el Isdemu para que se respete la autonomía. Y los medios han querido enfocar todo como una controversia entre el Isdemu y el ejecutivo, cuando ése no es el punto”.

¿Y qué piensa usted: porqué todos contra el Isdemu?

“Dividamos un antes y un después del 1 de junio del 2009. Antes, no les importaba el Isdemu o se sentían muy tranquilos y confiados de tener un instituto de la mujer que no velara por los verdaderos derechos de la mujer. Por eso estos ataques de ahora, este odio, esta oposición, tiene como fundamento el cambio y el enfoque de trabajo del Isdemu y también en el compromiso de esta administración de hacer que el instituto sea un verdadero ente rector de las políticas para  la igualdad. Y sobre todo el temor que  ha despertado cuando se han dado cuenta que no solamente está en el papel y en el discurso sino que lo hemos llevado a la práctica.

¿A qué se refiere?

“Desde este instituto se han señalado a funcionarios públicos que han cometido casos graves de acoso sexual, y se han traslado esos casos a  la Presidencia de la República. También se hizo el primer informe nacional sobre la situación de violencia contra las mujeres y que le ha servido a las delegaciones del estado salvadoreño como fundamento para presentación de informes a nivel internacional.

“Este instituto está revisando la Política Nacional de la Mujer, para hacer una política que realmente se ejecute y no sólo se quede en el papel. Por ejemplo, con el tema de violencia hemos pasado de un enfoque asistencialista: de ver a las mujeres pobrecitas que hay que cuidarlas y curarlas mientras se recuperan de los golpes, se ha pasado al nivel de la política pública de seguridad y de acciones de prevención y erradicación de las causas de la violencia. Y eso es lo que nos ha generado tanta controversia con las cachiporristas, que se ha tratado de ridiculizar, pero que es un tema bastante serio…

Sí me parece serio. Y vital para la sociedad. Hace poco asesinaron a una niña de 6 años y le desmembraron el cuerpo. ¿Por qué no se relaciona este tipo de asesinatos con la necesidad de prevención y protección de la imagen de los niños y niñas?

“El tema que pusimos en debate llega al fundamento, al corazón del machismo, que es cómo se ve en El Salvador a la mujer, la imagen de la mujer, los estereotipos de la mujer. Hemos denunciado incluso a grandes empresarios, y también la existencia de redes dedicadas a la explotación sexual y pornografía infantil que utilizan a las niñas cachiporristas como el primer eslabón que les lleva posteriormente a la explotación sexual y a la pornografía”.

Hay dos aspectos del tema de las cachiporristas y que me parece que no se les ha prestado más atención y es el fomento del estilo marcial y militarista de los desfiles y lo otro es la práctica de usar a los niños disfrazados de mascotas, como animales. Una vez miré uno de estos desfiles y llevaban a un niño disfrazado de perro y atado con una correa.

“Principalmente son disfraces militares. (Y ahora se tapa la cara, como indicando vergüenza ajena). Mire, esta sociedad ha tenido demasiado con el militarismo, con el autoritarismo, el fascismo y esta es una nueva etapa en el desarrollo de nuestra sociedad. Esta sociedad está cambiando y tiene que cambiar más, y los cambios creo que comienzan y terminan con el cambio cultural y parte de la cultura y de ese imaginario social que compartimos, de lo que consideramos que es lo correcto y lo incorrecto, ni modo, va a tener que pasar en unas primeras instancias por algún tipo de prohibiciones, que pueden ser temporales y que después van a ser asumidas por la sociedad como valores que son correctos”.

Tiene mucho trabajo por delante. Los cambios culturales son la política en estado puro.

“Yo sabía que la lucha por los derechos de las mujeres no era un camino fácil, que no estaba sembrado de rosas, y lo tengo muy claro. Y por eso estoy con seguridad, confianza y optimismo, porque vamos rompiendo el hielo, somos un rompehielos. Vamos abriendo un camino. Estas luchas son difíciles, y se llevan a cabo en campos de batalla minados por el patriarcado y son defendidos por guerreros y gladiadores del patriarcado. Está siendo muy difícil. Pero yo creo en el poder de la razón, del cambio cultural, y que la inteligencia se impondrá a la barbarie y la ignorancia”.

¿Qué tal se lleva con el Presidente?

“Le puedo asegurar que cuento con toda la confianza del Presidente Mauricio Funes. Fui invitada a formar parte del gobierno porque él me conocía, conocía mis credenciales académicas,  humanas, toda mi trayectoria profesional y creo que esa confianza no la he perdido. Que pueda parecer o ser manejado en los medios y los grupos conservadores y fundamentalistas, como si alguna frase o aclaración del Presidente significa un ataque directo a mi persona, quiero aclarar que no significa eso bajo ninguna medida.

“Precisamente por eso estoy tratando de ser muy comedida en mis declaraciones y solamente estoy atendiendo a medios de comunicación serios que permitan realmente exponer argumentos y que no tomen frases y sacarlas de contexto para generar una imagen o construir una noticia de una supuesta polémica, o un supuesto enfrentamiento entre la Presidencia de la República y la dirección ejecutiva del Isdemu. Porque tal enfrentamiento no existe”.

¿Funes habló con usted y le dijo algo así como: “Julia Evelyn voy a dar estas y estas declaraciones…”?

“Mi línea directa provino de la Primera Dama de la República, que es la Presidenta del Isdemu, y a través de ella tuve conocimiento de las consideraciones que estaba tomando el Presidente, de las decisiones, y por supuesto a través de ella le transmití al Presidente que sigue contando con mi apoyo”.

¿Y cuáles fueron esas consideraciones?

“Pues no estoy segura cuáles fueron las consideraciones. Supongo que fue un informe que le presentó cancillería y el canciller de la república tendrá que hacer las aclaraciones respectivas, de esta decisión que se está tomando, la de mantener esa comunicación a Cepal. Por ejemplo, si se determina de que no hay error, de que no ha habido usurpación de funciones, ni extralimitación de funciones, yo no lo sé, pues deberá ser el canciller o quien le asesoró, quien deberá hacer las explicaciones respectivas. Lo que sí puedo decir es que no hay pugna, ni diferencia, ni alejamiento entre la Presidencia y el Isdemu, porque el Isdemu es un ente autónomo.

Eché de menos que el Presidente no dijera públicamente: “Julia Evelyn cuentas con todo mi apoyo…”. Tuve la impresión de que estuvo usted sola ante todos los ataques…

“No lo consideré necesario, porque él tendrá sus razones. Para mí es complicado, no me gusta especular, teorizar y hacer hipótesis. ¿Qué estaba pensando el Presidente con respecto a esto? Creo que cada funcionario es responsable de sus actos y creo que cada funcionario es responsable de dar explicaciones a sus superiores y de dar explicaciones a la ciudadanía”.

¿Cree usted que el Presidente se fijó más en cómo los índices de popularidad bajaban o subían y que prefirió conservarlos altos a continuar apoyando las acciones del Isdemu?

“No lo sé. Y no quiero especular sobre eso. No sé cómo los presidentes toman sus decisiones. No sé”.

Fuente: http://www.confidencial.com.ni

Source: Noviembre 2010