La mortalidad materna sigue en aumento: República Dominicana

Santo Domingo.- La mortalidad materna sigue en aumento en la República Dominicana, pues  128 defunciones de madres se han registrado en el país en lo que va de año, completando  680 muertes en los últimos cuatro años.

Sólo en el mes de agosto se reportaron  nueve decesos.

 

Las principales causas de la mortalidad materna son: las hemorragias, la  hipertensión arterial y las infecciones.

Las cifras de muertes maternas por año van ascendiendo.

El año 2007 cerró con 160 muertes,  2008 con 190, el año 2009 con 202 y la proyección en 2010 es  que va a superar esta última cifra.

Los hospitales con mayor mortalidad materna son José María Cabral y  Báez, en Santiago; Maternidad Nuestra Señora de la Altagracia, Centro Materno Infantil San Lorenzo de los Mina y el hospital Luis Eduardo Aybar.

La República Dominicana es el séptimo país de América Latina y el Caribe con la tasa más alta de mortalidad materna, a pesar de que el 95 por ciento de las mujeres embarazadas recibe atención prenatal y el  98 por ciento de los partos son institucionales. En el mes de septiembre se ha notificado una sola muerte.

Fuente: http://eldia.com.do

Source: Septiembre 2010

Argentina: 'El cuerpo de las mujeres fue y es negociado'

Ana María Pizarro es médica ginecóloga, lideresa de los derechos sexuales y reproductivos y una de las feministas más reconocidas del continente. Nació en Argentina pero vive desde los ‘80 en Nicaragua, comprometida con la Revolución Sandinista. Desde el 2007 es perseguida por el gobierno de Daniel Ortega -antes líder revolucionario- por defender el derecho al aborto de las mujeres. Y hoy cuenta las consecuencias terribles de la prohibición en el país: mujeres que se suicidan y otras que son abandonadas mientras se desangran.

Debe ser uno de los recorridos más dolorosos. Irte de tu país en plena juventud perseguida por una dictadura militar, anclar en una tierra comprometida en una revolución social y, treinta años después, ser perseguida en esa nación por quienes antes fueron también caminantes de la transformación, y ya no querer volver a tu país de origen porque ahí no tenés raíces.

 

A Ana María Pizarro le cuesta entender lo que pasa. Más bien le cuesta aceptarlo. Huyó de Videla, eligió Nicaragua y se comprometió con la Revolución Sandinista, y hoy es perseguida por el gobierno de Daniel Ortega, antes líder del sandinismo y ahora aliado de la iglesia católica.

Le pregunto si tiene ganas de volver, después de haberla escuchado desgranar los padecimientos que vive ahora –dos veces llevada a tribunales por el orteguismo en los últimos tres años, con su organización SI Mujer reducida a la mitad, y en medio de un proceso político de polarización feroz del país-.

Responde con un ‘no’ seguro y rápido. ‘La revolución ha significado muchísimo en nuestras vidas. Yo vine por la revolución y le serví. Pero habiendo estado presa de la dictadura de Videla, no puedo entender cómo me persigue un gobierno de izquierda. Son contradicciones muy difíciles. Yo nunca tuve un cargo en el partido ni lo aspiré. Trabajé en centros de salud, hospitales, fui médica de los más pobres del mundo, llegué a dirigir una unidad de cuidados intensivos., en mis manos se murieron centenares de mujeres por aborto durante la revolución. Yo no aprendí estas cosas en un manual de feminismo, sino en la historia cotidiana. Y luché contra todos los gobiernos de derecha que tuvo este país: Violeta Chamorro, (Enrique) Bolaños y (José Arnoldo) Alemán. Estoy haciendo ahora lo mismo que hice toda la vida, nada contradictorio. Por eso no puedo creer que esto que tenemos ahora se llame sandinismo.’

Persecución

Ana María Pizarro es médica ginecóloga, sandinista, batalladora por el cumplimiento de los derechos sexuales y reproductivos y de la legalización del aborto y una de las lideresas del feminismo latinoamericano.

El compromiso con estas causas es motivo de que hoy sea perseguida en Nicaragua. En el 2007, la Fiscalía le inició la primera causa, junto a otras nueve feministas, por apología del aborto, asociación ilícita para delinquir, y obstrucción de administración de justicia. Se les reclamaba haber colaborado en que una nena nicaragüense –conocida internacionalmente como Rosa- accediera a un aborto terapéutico (AT) después de haber sido violada en Costa Rica. En esa época en Nicaragua todavía estaba vigente el AT, que unos años después fue suprimido por iniciativa del orteguismo.

La causa se cerró en abril de este año porque la Fiscalía comprobó que no hubo delito. ‘Sin embargo, la resolución es terriblemente incriminatoria hacia nosotras. Cierran el caso pero dicen que somos delincuentes que hacíamos abortos clandestinos y nos lucrábamos con el aborto y violábamos los derechos de la niña. Y manda a investigar a los centros de mujeres. Yo podría acusar a la Fiscalía de falso testimonio, pero en un país donde la Corte Suprema está partidizada, donde los cortesanos actúan como voceros del partido de gobierno, es perder el tiempo.’

En el 2008, le abrieron una segunda causa, aún inconclusa, junto a otras nueve personas de organizaciones de mujeres, organizaciones sociales y redes de todo el país, acusadas de asociación ilícita para delinquir, apología del aborto y lavado de dinero. Parte de las acusadas fueron organizaciones internacionales de cooperación que a partir de ese momento se retiraron de Nicaragua afectando los programas sociales que hacían con ong’s como SI Mujer. ‘Hay una necesidad enorme de callar a las feministas y hacer un movimiento de mujeres obsecuente. Pero no lo lograron. En todas las áreas se ve la polarización, ahora encontrás agrupaciones de médicos o arquitectos que se llaman ‘sandinistas’, pero que en verdad se identifican con el orteguismo.’
Un vaso muy vacío

– ¿Cómo está Nicaragua en relación a los derechos sexuales y reproductivos, más allá de la prohibición del aborto terapéutico que trascendió las fronteras?

Hay luces y sombras. El país no tiene ley sobre DSyR, no hay programa ni política a nivel oficial. Sí hay un programa de salud sexual y reproductiva dentro del Ministerio de Salud pero enfocado desde la salud, no desde los derechos. Pero en el camino, como parte de la campaña oficial del ‘sandinismo’, se derogó el artículo 204 que penalizaba la sodomía, o sea el concúbito entre personas del mismo sexo. Fue sin pena ni gloria, nos enteramos de pronto. Y luego se creó una Procuraduría de Diversidad Sexual dentro del área de Derechos Humanos, se nombró en ese espacio a una persona con trayectoria de lucha en esa área, y se elaboró una resolución ministerial donde se exige al personal de salud la no discriminación por razones de educación sexual.

– ¿Esto se hizo en el marco de una política pública sobre el tema?

No, es campaña electoral. Si vos tenés un 15% de población que tiene una identidad sexual diversa, estás dirigiéndote a ella con estas acciones. Durante la revolución hubo una enorme intolerancia con estos sectores: expulsados de las fuerzas armadas, del partido, de muchos trabajos. Todo este movimiento me parece perfecto, hay un gran movimiento de diversidad sexual, con todas las dificultades que hay en todos los países, pero hay libertad absoluta de expresión. O sea, no es que se han reconocido los derechos de esta población, pero si se la ha dejado de penalizar.

– ¿Cómo están en educación sexual?

Estamos mal pero desde siempre, desde el comienzo de la revolución. Los 10 años de revolución hubo amplísima libertad, con muy bajo nivel de educación sexual a nivel formal e informal. Y llegamos al ’90 con el gobierno conservador de Violeta Chamorro, apegado completamente a la iglesia católica, y después dos gobiernos del Partido Liberal más apegados todavía a la iglesia; y ahora un gobierno cuya consigna es ‘Nicaragua cristiana, socialista y solidaria’ y en donde hay una conversión de la pareja que gobierna hacia el catolicismo. En este proceso de concúbito del ‘sandinismo’ con la iglesia, que se hizo muy evidente a partir de los ’90, tenés una mixtura en donde todo lo que tiene que ver con sexualidad, reproducción y derecho a decidir es lo primero que se negocia. El cuerpo de las mujeres fue negociado por un gobierno conservador, dos liberales y éste que gobierna en nombre de la revolución sandinista.

Ultimas noticias

Ana María trabajó desde los años ’80 en el área de salud de Nicaragua, tanto en instituciones públicas como desde la sociedad civil. Cuenta que durante la Revolución Sandinista se hacían AT en el Hospital de Managua y en algunos pocos del resto del país. Un comité de ética evaluaba las solicitudes y aprobaba el 70% de los casos.

‘En el año ’90 –recuerda-, Violeta Chamorro dijo: las mujeres son para cuidar niños, quedarse en sus casas y ocuparse de la familia. Y eso fue clarísimo para las mujeres: las solicitudes empezaron a caer. De 290 en el ‘90 pasaron a 25 en el ‘91. Las mujeres entendieron que todo lo que se había logrado durante la revolución se perdió, aunque no hubiera un cartel que dijera que no se los iban a hacer.’

Con una situación similar a la de Argentina, donde el AT está permitido por la legislación pero no se concreta, llegó Nicaragua a la década del 2000, cuando Daniel Ortega, en pleno romance con la iglesia católica, negoció la abolición en el 2006 prometiendo a la militancia que lo restituiría si llegaba al poder, cosa que no sucedió. Y en el 2007 fueron introducidos en el nuevo Código Penal los derechos de los ‘no nacidos’. Se terminó así con un derecho que las mujeres nicaragüenses tenían desde 1837 y que ni siquiera la dictadura de Anastasio Somoza había cuestionado.

En noviembre del 2009, Ana María fue invitada a participar de una audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Allí explicó las consecuencias para las mujeres nicaragüenses de la abolición del AT. ‘Llevé dos testimonios terribles. Una mujer a la que filmaron en el hospital mientras le hacían el legrado y el video pasó a la prensa y a celulares de un montón de personas y con eso la denunciaron. Y otra joven que murió porque no la atendieron con un aborto en curso porque esperaban que primero el feto se muriera y que lo expulsara espontáneamente.’

El 28 de mayo del 2010, Ana María presentó la última evidencia de los estragos de la prohibición: 20 adolescentes embarazadas que murieron entre el 2007 y 2008 por haber consumido ‘pastillitas del amor’, pesticidas para frijoles que ellas toman porque creen que así van a interrumpir el embarazo ‘pero que el patriarcado las llama de esta forma porque no puede entender que las mujeres se suiciden porque no quieren ser madres, y prefieren decir que es porque un hombre las abandona’.

Fuente: http://www.argenpress.info/

 

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Source: Septiembre 2010

¿Es democrático oponerse al aborto?

Pablo Simón Lorda, médico de familia y Director del Área de Conocimiento Ciudadanía y Ética de la Escuela Andaluza de Salud Pública de Granada, ha escrito un artículo en El País  donde defiende lo que él denomina como el “hecho incuestionable del pluralismo”. Según este principio, no sería democrático oponerse el aborto, porque no se puede negar la posibilidad de abortar a los que deseen hacerlo sólo porque

algunos (aunque fueran mayoría) piensen que no se debe permitir. El profesor Simón reduce su planteamiento al absurdo de considerar que las posiciones contrarias al aborto lo son por fundamentarse en principios morales de la Iglesia católica. Desde esta perspectiva tan miope, la opinión de la Iglesia, a la que afirma pertenecer, sería muy respetable. Pero igualmente lo es la de los que no pertenecen a esta sacrosanta institución. Por tanto, una adecuada separación Iglesia-Estado implica que la Iglesia no debe meterse en cuestiones de moral, ni pretender imponer su peculiar forma de entender el mundo al resto de la sociedad. Sus enseñanzas son dignas de respeto, pero tan solo para sus fieles. Según el doctor Simón, “la influencia de lo católico sigue sobrepasando claramente los límites de lo aceptable en una sociedad pluralista y democrática”. Asusta pensar que seres humanos que cometen torpezas intelectuales tan burdas como esta tengan puestos de responsabilidad en la formación de otras personas. Es el caso del doctor Simón, en su papel como gurú de ética en la Escuela Andaluza de Salud Pública. No quiero imaginarme con qué cacao mental saldrán sus alumnos si es esto lo que les enseña.

Todo esto viene a resultas del debate que se ha suscitado estos días, acerca del aborto y su posible declaración como contrario a nuestra Constitución por el Tribunal Constitucional. Nuestro alto tribunal lleva tiempo en situación de interinidad, y cuando parecía que los dos principales partidos se habían puesto de acuerdo para su renovación, de repente el PP ha decidido paralizarla a través de diversas estrategias, porque creen que con los miembros actuales es bastante posible que la ley 2/2010 sea declarada inconstitucional. Con independencia de que a algunos en dicho partido esto les trae absolutamente al fresco, la dirección nacional cree que de resultar así, supondría un duro revés para el gobierno. Por eso han diseñado una estrategia según la cual, aunque afirman estar a favor de la renovación del tribunal, a la vez proponen a candidatos que no pueden ser aceptados por el PSOE. Con ello, en la práctica, la situación se encalla, con el más que seguro resultado de la declaración de inconstitucionalidad de la ley. Esto sería posible porque hay un magistrado del sector considerado “progresista”, D. Eugeni Gay Montalvo, que voto a favor de la aplicación de medidas cautelares frente a esta nefasta ley al poco tiempo de entrada en vigor de la misma. Recordemos que dichas medidas fueron finalmente rechazadas por 6 votos frente a cinco. Es lógico suponer que llegado el momento de la votación, de nuevo lo haga en contra de la constitucionalidad de la ley. En el lado ideológico contrario, el magistrado Vicente Conde Martín de Hijas, considerado conservador, votó sin embargo en contra de la aplicación de medidas cautelares. La justificación fue el artículo 30 de la Ley Orgánica 2/1979 del Tribunal Constitucional, que prohíbe la existencia de cuestiones previas de inconstitucionalidad, cuando dice que “la admisión de un recurso o de una cuestión de inconstitucionalidad no suspenderá la vigencia ni la aplicación de la Ley, de la disposición normativa o del acto con fuerza de Ley.” Vicente Conde interpretó que ese artículo excluía la posibilidad de la existencia de medidas cautelares, y por eso votó en contra de que se aplicaran. Sin embargo, es previsible que si de lo que se trata es de decidir si la ley es constitucional o no, el magistrado Conde considere que el artículo 15 defiende a la vida del nasciturus, al igual que lo haría el magistrado Gay, con lo que la ley sería declarada anti constitucional, en este caso por 6 votos frente a 5.

Ante esta perspectiva, los partidarios del aborto, como parece ser el profesor Simón, ahora ponen el grito en el cielo porque las personas que con su voto tiene que dilucidar cuestiones como las que nos ocupa utilicen su conciencia y voten en función de sus propios y personales criterios y valores. Para estos tales, con el profesor Simón entre ellos, los magistrados deberían olvidarse de sus principios y votar tan solo teniendo en cuenta la ley positiva vigente.
 
Sin embargo, hay un punto irresoluble: Si los magistrados solo tuvieran que votar de acuerdo con la ley positiva, no haría falta discusión: Lo escrito, escrito está. Se trataría de coger el libro, y leerlo. Pero si de lo que se trata es de interpretar si una propuesta de ley está de acuerdo o no con otra ley positiva, ¿cuál es el criterio que deben adoptar los que tal extremo deben juzgar? ¿En base a qué pueden decidir si dicha ley es conforme o no? Si todo fuera objetivo, el asunto sería muy fácil: Sería cuestión de sacar la regla y medir. Pero, obviamente, no es tan fácil. Y cuando alguien tiene que aplicar un juicio sobre una cuestión cualquiera, necesariamente debe aplicar algún criterio, que siempre será basado en ciertos valores, para hacerlo.
Dice el profesor Simón que “es grave, a mi modo de ver, que alguien pueda pensar que la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una ley pueda ser evaluada con un instrumento distinto al de la propia Carta Magna. Menos aún, con el catecismo de la Iglesia católica. Y es que los funcionarios públicos deben tomar decisiones basadas en el interés público, no en sus presupuestos morales privados.” Y yo creo que el doctor Simón se equivoca radicalmente en su juicio por las siguientes razones:
 
Tiene un punto de vista parcial: Da por supuesto que el voto en contra de la ley del aborto se hace por seguir dictados de la moral católica. Olvida que hay muchas personas no católicas que opinan igualmente que el aborto es un crimen abominable. Porque no es necesario ser católico para estar en contra del asesinato de seres humanos inocentes. Incluso hay algunos que, aún estando a favor del aborto, pueden oponerse a esta ley por otras razones (hasta partidistas, como he señalado).
Su planteamiento tiene un aspecto naif: La Constitución necesita de un Tribunal que la interprete. Y las discusiones entre los miembros del Tribunal no se hacen citando párrafos del Catecismo de la Iglesia ni se fundamentan en la doctrina de los Santos Padres, sino que se fijan en los puntos de nuestra legislación civil y penal aplicable, como es el caso del artículo 15 de nuestra Constitución. Se trata de entender si cuando allí se dice que “todos tienen derecho a la vida” esto incluye o no al nasciturus. Y si cuando en la sentencia 53/85 del TC se indica que “la vida del nasciturus, en cuanto éste encarna un valor fundamental -la vida humana- garantizado en el art. 15 de la Constitución, constituye un bien jurídico cuya protección encuentra en dicho precepto fundamento constitucional”” eso puede ser compatible con una ley de plazos según la cual la madre pueda deshacerse de su hijo sin ninguna limitación, excepto la edad del mismo. Sería realmente ridículo, y yo sería el primero en denunciarlo, que los magistrados del TC recurrieran al punto 1398 del Código de Derecho Canónico, por ejemplo, donde se afirma que “quien procura el aborto, si éste se produce, incurre en excomunión latae sententiae” para justificar la no constitucionalidad de la ley 2/2010.
 
Lo más grave. Da por supuesto que el aborto es un asunto de interés público, y que como tal debe ser respetado por los funcionarios públicos. Lo cual es una toma de posición (legítima, como todas) por su parte, pero bastante discutible. Porque precisamente lo que se está dilucidando en estos momentos es si nuestras leyes defienden o no la vida de los españoles en su etapa de máxima debilidad e indefensión.
 
Estimado Pablo Simón, si lee estas líneas, permítame que cite textualmente sus palabras para decirle que “no entender ni aplicar estos conceptos constituye, a mi modo de ver, un ataque frontal al pluralismo, al bien común y a la esencia de la democracia”.

Fuente: http://www.religionenlibertad.com

Source: Septiembre 2010

México: Penar aborto eleva criminalidad, ignorancia y pobreza: Mercado

La representante legal del Instituto de Liderazgo “Simone de Beauvoir” A.C., Patricia Mercado Castro, afirmó que la penalización del aborto incrementa la criminalidad, ignorancia y pobreza en las mujeres.
Al participar este lunes en el “Foro para la salud, la vida y los derechos de las mujeres”, organizado por el Instituto Municipal de la Mujer

(IMM) que preside Diana Banda Bahena; la ex candidata a la presidencia de la república, se pronunció a favor de la despenalización del aborto, porque un embarazo no deseado implica que son vidas en nueva situación de pobreza.
Al año, 400 mil mujeres adolescentes en México se embarazan, y de estas, cien mil se reconcilian con el embarazo no deseado, y el resto implica que son vidas en nueva situación de pobreza.
Dijo que el aborto se tiene que dar como servicio de salud cuando una mujer desea interrumpir un embarazo no deseado en situaciones extremas, esto es, si es producto de una violación, o cuando la vida de la madre está en peligro.

 

“No se trata de hacer el aborto un tema de delito, sino de salud, y de justicia, porque las mujeres pobres son las que se mueren y enferman por abortos mal practicados; las que tienen dinero se los hacen en consultorios médicos particulares y ahí se genera un tema de inequidad”, aseveró.
Y refirió: “El aborto es el último recurso para una mujer, ninguna lo hace por gusto, es el menor de los males en este momento, nadie está a favor del aborto en si mismo, sino de que las mujeres puedan decidir”, afirmó.
Insistió que despenalizar el aborto significa tener educación sexual y anticonceptivos seguros como es la píldora de emergencia
“Las mujeres tienen que saber que pueden ir al centro de salud y prevenir un embarazo no deseado, el tema es la prevención, pero cuando esto falla pues que sea la voluntad de la mujer quien finalmente decida o no interrumpir la gestación”, detalló.

NO ESTUDIAN

Mercado Castro, enfatizó que las féminas que resultan en estado de gravidez son jóvenes que dejan de estudiar, o dependen de su familia porque viven con ello, “y es un circulo vicioso de generación de nuevas familias en estado de pobreza”, indicó.
Por eso, es la importancia de este tipo de foros para conocer las propuestas de los ciudadanos y la sociedad decida qué hacer.
La representante legal del Instituto de Liderazgo “Simone de Beauvoir” A.C, precisó que hacen falta políticas públicas con equidad de género, “pensar que cualquier decisión de gobierno o legislativa no pega igual con hombres que con mujeres, todas estas decisiones tienen que ponerse en la mirada de la desigualdad entre mujeres y hombres para hacer políticas con mayor igualdad de oportunidades”, añadió.
También hace falta mayor inversión en salud, en que las familias no sean violentas y en educación.

LEY DEL ABORTO HIPOCRITA E INJUSTA

En el “Foro para la salud, la vida y los derechos de las mujeres”, organizado por el Instituto Municipal de la Mujer, los participantes hablaron de la ley del aborto.
En su participación, la presidenta del Consejo de Administración de Diario del Istmo, Mónica Robles de Hillman, dijo estar en contra de la penalización del aborto, y si a favor de la vida.
“La mujer debe decidir si aborta o no, se deben de generar las condiciones para que sean respetados los derechos”, expresó.
Con la ley del aborto, se impone la visión de la vida, “queremos respeto no imposición, la penalización es la violación de los derechos de las mujeres, es violenta, hipócrita e injusta”, aseveró.
Por su parte, la investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS) Patricia Ponce Jiménez, mencionó que el aborto sigue siendo un problema en pleno siglo XXI, ante la ausencia de programas y de métodos anticonceptivos.
Condenó la penalización del aborto porque anula los derechos de la mujer a decidir sobre su cuerpo, “la única persona que puede decidir si aborta o no es la mujer, y con esta ley no se tomo en cuenta la opinión de nosotras”.
Los ponentes en el foro como Rocío Nalhe, Javier Pulido Biosca, Jessica Martínez y Ariel Terrazas, también coincidieron en despenalizar el aborto.

Fuente: http://www.imagendelgolfo.com.mx

Source: Septiembre 2010

Trabajan en reducir riesgos en embarazos

Agregó que hay abortos espontáneos y que el 10 por ciento de los embarazos terminan de esta manera y a veces son incompletos

León.- La directora general del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva del Gobierno Federal, Patricia Uribe avaló que el tener acceso a servicios seguros con el derecho a decidir en el embarazo evita correr el riesgo de muerte a mujeres jóvenes.

 

Explicó que aunque en México el porcentaje de muertes maternas asociadas a complicaciones de aborto es aproximadamente del 7 a 8 por ciento, es importante acceder a servicios seguros ya que es una forma de contribuir a disminuir la muerte materna.

“Tenemos que garantizar que una mujer tenga acceso a servicios seguros, esa parte es la que le toca a salud. Y la mejor manera de prevenir embarazos no deseados es promoviendo la planificación familiar”, recomendó la servidora pública.

Luego de que hace un par de semanas en la conferencia mundial de la juventud uno de los temas más discutidos en León fue el aborto en relación a la mortalidad materna en jóvenes, hoy la directora general del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva de la Secretaría de Salud del Gobierno Federal reconoció que, por ejemplo en el DF por la apertura que hay de la opción a decidir, se han logrado evitar muertes maternas.

“Esta demostrado no es una cuestión de un área o de un país en particular, esta documentado, la misma organización mundial de la salud lo establece que el tener acceso a servicios seguros. Y servicios seguros quiere decir que cuenten con personal capacitado, el equipo, las medicinas, con todo lo que se requiere para que no se corra riesgo de morir a una mujer”, señaló Patricia Uribe Zúñiga.

Agregó que hay abortos espontáneos y que el 10 por ciento de los embarazos terminan de esta manera y a veces son incompletos; aunque también dijo hay abortos inducidos que suceden en mujeres que no deseaban tenerlo.

Por eso recalcó la funcionaria federal que “hay que ver el marco legislativo pero sin ninguna duda, y además Latinoamérica es de los que tienen los mayores porcentajes de muertes maternas vinculadas al aborto, es en promedio el 13 por ciento”, mencionó.
Mauricio Zapiáin Flores

Fuente: http://www.milenio.com

 

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Source: Septiembre 2010

Parteras legalizadas

El Primer Encuentro Suramericano para el Fortalecimiento de la Salud Sexual y Reproductiva con enfoque Intercultural, realizado en Quito, sirvió para que Bolivia, Paraguay, Chile y Ecuador compartan las experiencias sobre el parto culturalmente adecuado con la participación de parteras. Según Miryan Conejo, directora nacional de Salud Intercultural, a escala nacional existen dos mil matronas registradas.

 

 

“Al momento estamos en un proceso de legitimación para que puedan ejercer su trabajo, esto quiere decir que para calificar como partera se debe avalar su trayectoria, ser reconocida por la comunidad, que las autoridades locales certifiquen que su labor se ha realizado sin ningún tipo de problemas”, comentó.

Aumento de partos
De acuerdo a Conejo, en el hospital de Otavalo la asistencia de partos con ayuda de comadronas en 2009 aumentó en un 9% en relación a los años anteriores.

“Antes las indígenas se resistían a ir a un servicio de salud pública porque aseguraban que la posición horizontal en las que eran colocadas les dificulta el parto”, comentó la experta.

Prácticas ancestrales
Margarita Saenz, encargada de Salud y Pueblos Indígenas del Ministerio de Salud de Chile aseguró que el sistema de salud del país debe generar las condiciones necesarias para que a las madres se las atienda con equipos técnicos y conocimientos ancestrales. “Antes este tipo de parto era preferido por mujeres indígenas, ahora las mujeres mestizas también lo practican”, señaló.

Beneficios
Parto culturalmente adecuado

° Participación de la familia.

° Posición vertical de la mujer.

° Acercamiento temprano del niño a la madre para que inicie el proceso de lactancia.

° Corte tardío del cordón umbilical.

Dato
El Ministerio de Salud capacita a las comadronas en la identificación de riesgos obstétricos, para que acudan a casas de salud o a la Cruz Roja.

Frases
“Hay que complementar la mejor calidad técnica de los hospitales con la posibilidad de hacerlo respetando las costumbres y la cultura”.
Carlos Rojas
Funcionario del Ministerio de Salud

Fuente: http://www.lahora.com.ec

Source: Septiembre 2010

Debate sobre la legislación del aborto

Desde 2005, se practican alrededor de 460 mil abortos al año. En el marco de la charla-debate “Hacia una nueva legislación de aborto en Argentina”, organizada por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, el doctor Aníbal Faúndes expone su visión sobre la penalización del aborto.

 

 
El dilema no es entre los que están “a favor” o “en contra” de la interrupción del embarazo. No conozco a ninguna persona que esté a favor del aborto. Incluso las mujeres que se hacen un aborto, no están a favor ni es algo que desean. Yo mismo, que como médico lo he realizado, no le deseo a ninguna mujer que deba hacérselo. No obstante, estoy contra la criminalización del aborto. Aquí radica la diferencia. El verdadero dilema es condenar o no condenar a la mujer que se provoca un aborto. Es allí donde yo estoy a favor de la mujer, fundamentalmente, porque penalizar el aborto no resulta eficaz para disminuir su incidencia y es socialmente injusto, dado que castiga sólo a la mujer y casi exclusivamente a las más vulnerables.

En relación a la ineficacia de una normativa restrictiva, podemos comparar la tasa de abortos por cada mil mujeres en edad fértil: en países que sí lo permiten -como Holanda (6.5), Bélgica (6.8) y Alemania (7.6)-, contra países con leyes restrictivas en Latinoamérica, Colombia (36.3), Venezuela (40.8) y Chile (50).

En materia de la injusticia social que supone una legislación criminalizadora del aborto, las pruebas son aún más evidentes. Todos saben que sólo mujeres más marginadas son procesadas y punidas por hacerse un aborto. También son aquellas que no tienen voz política, quienes se ven afectadas por esta restricción legislativa. Son mujeres que, debido a su escasez de recursos, recurren a prácticas riesgosas de interrupción de su embarazo. En cambio, si el aborto fuera legal, se reducirían drásticamente los daños graves y fallecimientos frecuentes que derivan de esta situación.

Una vez más, así lo demuestran las investigaciones más recientes: mientras que en América Latina y África la tasa de aborto inseguro es 29 por cada 1000 mujeres fértiles, en Europa Occidental y Norte América es prácticamente cero. Las altas tasas de aborto inseguro constituyen un problema de salud pública en Latinoamérica, visto que entre el 13 y el 30% de las muertes maternas son por esta causa. 

Existe otro dato no menor en relación a la falta de voz de estas mujeres de pocos recursos. Un muy significativo número de ellas se embarazan por causas que no pueden manejar. No sólo me refiero al difícil acceso y/o desinformación o falla de los métodos anticonceptivos (ninguno es 100%  efectivo). Muchas veces el embarazo no planeado que lleva al aborto resulta de una relación sexual no consentida, que no se limita a los casos de violencia sexual por desconocido o en el mismo seno de una familia. También hay una importante presencia cultural instaurada (propio de un tiempo patriarcal añejo), dado que muchas mujeres que abortaron reconocieron que el acto sexual no se había producido con su consentimiento, pero sintieron que tenían que ceder porque era su obligación con su novio o compañero más permanente.

Si la experiencia muestra que la criminalización no es eficaz para reducir el número de abortos y, a la vez, es injusta -porque perjudica exclusivamente a las más vulnerables-, por qué resulta tan difícil modificar la ley. Están los que sostienen razones morales y filosóficas y sostienen que legalizarlo aumentaría el número de abortos y significaría el sacrificio de un mayor número de embriones o fetos. Pero la experiencia muestra que éste también es un preconcepto equivocado: en Francia, que lo legalizó en 1975, el número de abortos por cada 1000 mujeres en edad fértil bajó más de 30% en 20 años; en Italia, la disminución alcanzó el 50% en el mismo período.

Por tanto, la ley no cambia porque afecta sólo a las mujeres y a las más pobres que carecen de poder político. Si los hombres fueran los que abortaran, en esta sociedad patriarcal, la disputa hubiera sido resuelta hace mucho tiempo. Hoy un hombre puede abortar con la frase “No es mío”, eso le basta. Las mujeres no tienen la misma posibilidad. Al menos hoy.

Doctor Aníbal Faúndes, en el marco de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito (que representa a casi 300 ONGs de todo el país) cuyo lema es “Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir”.

Fuente: http://www.entremujeres.com

Source: Septiembre 2010

India reduce a la mitad la mortalidad materna

Los expertos advierten de que el país todavía está lejos de alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM)

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India ha conseguido reducir a la mitad el número de mujeres que mueren al dar a luz. Los nacimientos en instituciones sanitarias han aumentado, y por tanto la seguridad a la hora de parir. El principal problema de India son la falta de infraestructuras sanitarias y la educación de las mujeres, que prefieren dar a luz en casa sin asistencia médica, aunque este pensamiento está cambiando.

El objetivo acordado por la ONU para 2015, enmarcado en los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), es conseguir que haya, como máximo, 140 muertes por cada 100.000 nacimientos. De momento India ha logrado reducir la mortalidad materna a la mitad hasta llegar a las 254 muertes por cada 100.000 nacimientos.  Los expertos advierten, pese a lo optimista del dato, que la falta de instalaciones médicas impidan al país conseguir el objetivo fijado, y aunque India invirtiese en sanidad, le faltaría profesionales. “La demanda ha aumentado para los nacimientos en instituciones, y ahora debemos trabajar para asegurar que este aumento de la demanda se satisface con el suministro adecuado de infraestructuras”, indicó Beena Varghese, directora de Investigaciones para el Desarrollo de la Fundación de Salud Pública de India.

¿Cómo lo han conseguido?

El Gobierno indio ha conseguido que las mujeres vayan a dar a luz a centros públicos o privados incentivándolas con subvenciones y ayudas. Lo llevan haciendo desde 2005 con gran éxito, pues el número de nacimientos que ha habido fuera de los hogares ha aumentado en un 75 por ciento.

Fuente: http://www.enmemoria.com/

Source: Septiembre 2010

Ni una muerte más, Ni una mujer menos!

28 de septiembre – Día de lucha por la Despenalización del Aborto!

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Dentro de exactamente 28 días, todas las feministas saldremos a las calles con nuestros pañuelos verdes a luchar por la Despenalización del aborto!

El aborto inseguro es una de las principales causas de la mortalidad en la mujer, donde se estima que se realizan 4.140.000 abortos por año, de los cuales el 95% son clandestinos e inseguros. 
De las 78.000 mujeres que mueren cada año por causa de aborto en el mundo, el 13% vive en América Latina y El Caribe; o sea, más de 10.000 mueren cada año, o 28 cada día, principalmente mujeres de bajos recursos.

 

El debate sobre la despenalización del aborto no se puede reducir a posturas “por” o “contra”. Implica reconocer que el aborto clandestino es fundamentalmente un tema de salud pública e injusticia social.

 

En efecto, el aborto inseguro se ha convertido en un grave problema de salud pública. Además de muertes, es causa de incontables complicaciones que dejan serias secuelas en la salud de las mujeres, incluyendo hasta la infertilidad. La falta de responsabilidad de las autoridades estatales en promover medidas de prevención y abortos seguros, obliga a los servicios de salud pública a destinar considerables recursos para tratar estas complicaciones. Y ello, sin contar el impacto en las mujeres afectadas y las familias de las víctimas mortales.

Es también un problema de justicia social, porque implica discriminación a las mujeres pobres, que no tienen posibilidades de pagar por una atención segura, la cual sí está al alcance y disposición de las mujeres con mayores recursos. Las legislaciones restrictivas nunca han impedido que las mujeres aborten; solamente obligan a que lo hagan clandestinamente, a costos exorbitantes o en pésimas condiciones.  Es más, las actitudes culturales cargan la culpa del embarazo no deseado a las mujeres y dejan a los hombres libres de responsabilidad.

La despenalización del aborto tiene también implicaciones de derechos y de democracia, según señala el Llamado a la Acción 2007, de la Coordinación Regional de la Campaña: “El derecho al aborto es una cuestión de Derechos Humanos, en tanto los Derechos Humanos son universales, indivisibles e interdependientes a todos los seres humanos, independiente de la nacionalidad, la raza, el sexo, las creencias, las preferencias sexuales o el status social. Las mujeres tienen derecho a decidir libre y voluntariamente sobre la maternidad”.  En tal sentido, la IV Conferencia Mundial de la Mujer de la ONU (Beijing, 1995) formuló la recomendación a todos los países a revisar las leyes que penalizan a las mujeres cuando se someten a abortos ilegales.

En cuanto a la democracia, el mismo documento enfatiza que “las mujeres deben ser consultadas y ser parte de las decisiones, cuestión que permanentemente ha sido ignorada en la región. La sociedad no puede continuar negando la competencia de las mujeres para definir sobre su integridad, su reproducción o su sexualidad. Enajenar en terceros su soberanía política, ha sido la práctica cotidiana de políticos, funcionarios públicos, jerarcas religiosos, legisladores y otros, que detentando autoridad, han usurpado a las mujeres su capacidad de tomar decisiones”.

Fuente: http://entrerelampagos.blogspot.com

 

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Source: Septiembre 2010

Dos nuevos informes documentan las necesidades de las jóvenes mexicanas y las barreras que obstaculizan la mejora de la salud materna en México

Diferencias regionales afectan el acceso de las adolescentes a servicios de salud sexual y reproductiva

 

La mortalidad materna en la región menos desarrollada es casi el doble del promedio nacional

Dos informes publicados hoy por el Guttmacher Institute, Investigación en Salud y Demografía (Insad) y el Colegio de México arrojan nueva

luz sobre la salud sexual y reproductiva de las jóvenes mexicanas y las barreras que obstaculizan la mejora de la salud materna en México. Basados en encuestas nacionales, los informes “Las Necesidades de Salud Sexual y Reproductiva de las Adolescentes en México: Retos y Oportunidades” y “Barreras para la Maternidad Segura en México”, presentan nueva evidencia con el objetivo de brindar información para que los programas e intervenciones realizadas en estas áreas respondan mejor a las necesidades de las mujeres y las adolescentes mexicanas.

El primer informe, “Las Necesidades de Salud Sexual y Reproductiva de las Adolescentes en México: Retos y Oportunidades” muestra que las vidas de las jóvenes difieren ampliamente dependiendo de la región y el estado en donde vivan, y de si viven en un ambiente urbano o rural. Aquellas que viven en los estados menos desarrollados, menos urbanizados y más pobres del sur de México tienen un acceso más limitado a servicios e información en salud sexual y reproductiva que las que viven en áreas más desarrolladas, más urbanizadas y más ricas, como Ciudad de México y los estados del norte del país.

Los investigadores encontraron que el comportamiento marital, sexual y reproductivo también varia ampliamente, dependiendo de donde vivan las jóvenes. En 2006, 29% de las mujeres de entre 20 y 24 años de edad que vivían en zonas rurales reportaron haberse casado antes de los 18 años, en comparación con el 17% de las que vivían en áreas urbanas. Comparado con las mujeres rurales, una proporción menor de mujeres urbanas tuvieron un nacimiento antes de los 18 años (22% vs.14%)

En general, el conocimiento de anticonceptivos es alto –97% de las mujeres de entre 15 a 19 años conocían al menos un método anticonceptivo en 2006—pero el uso de anticonceptivos ha disminuido ligeramente entre las mujeres casadas de entre 15 a 24 años: de 56% en 1997 a 53% en 2006. Mientras tanto, la proporción de mujeres casadas que tienen una necesidad no satisfecha de anticoncepción, es decir, que pueden quedarse embarazadas pero que no están usando ningún método anticonceptivo, incluso cuando no desean tener un hijo pronto o no quieren tener más hijos, aumentó en este grupo etario, de 23% a 31%. La situación es aun más crítica entre las jóvenes solteras sexualmente activas de entre 15 a 24 años: solamente el 35% estaba usando un método anticonceptivo en 2006.

“Si bien el gobierno ha implementado una gran variedad de estrategias para mejorar la salud sexual y reproductiva de las jóvenes mexicanas, se necesitan realizar mayores esfuerzos para coordinar estas iniciativas y para afrontar las diferencias geográficas”, dice Fátima Juárez, coautora  e investigadora distinguida del Guttmacher Institute.

Juárez y sus colegas argumentan que la inclusión de la educación sexual en los planes de estudios de los colegios primarios y secundarios ha sido un logro altamente significativo, pero aclaran que es esencial capacitar a los maestros para aumentar su conocimiento y su confianza a la hora de enseñar contenidos relacionados con comportamientos sexuales y reproductivos.

El segundo informe, “Barreras para la Maternidad Segura en México”, muestra que, mientras que la mortalidad materna ha disminuido de manera constante desde la década de los cincuenta, el nivel de muertes maternas permanece alto. En 2008, hubo 57 muertes maternas por cada 100.000 nacidos vivos en México, una razón que es cinco veces mayor a la encontrada en países industrializados. Además, la razón de mortalidad materna en la región menos desarrollada del país (que comprende los estados de Guerrero, Oaxaca y Chiapas) es 97.3 muertes maternas por cada 100.000 nacidos vivos—casi el doble del promedio nacional.

Estas diferencias regionales se deben en gran parte a la distribución desigual de los recursos y de los proveedores de salud, la cual favorece a las áreas urbanas, como es el caso de la Ciudad de México.

Los investigadores encontraron que la hemorragia y la hipertensión durante el embarazo son las causas principales de mortalidad materna, y juntas representan un poco más de la mitad de las muertes maternas en México. Los abortos clandestinos son la quinta causa de muerte materna en el país. De acuerdo con el informe, es improbable que la mortalidad relacionada al aborto disminuya a menos que las mujeres tengan un mayor acceso a servicios de anticoncepción, así como al aborto legal y seguro.

Si bien el objetivo del gobierno mexicano es reducir la mortalidad materna a más de la mitad  –a 22 muertes por cada 100.000 nacidos vivos para el año 2015 —los autores creen que este objetivo no va a ser alcanzado a menos que se realicen mayores esfuerzos para cerrar las brechas regionales que existen en materia de acceso a servicios obstétricos, y para aumentar el acceso a servicios de emergencia de alta calidad.

El informe documenta que las organizaciones no gubernamentales esta jugando un rol importante en los esfuerzos por mejorar la salud materna en México. Por ejemplo, el Comité Promotor por una Maternidad sin Riesgos reúne a organizaciones privadas y gubernamentales entorno a iniciativas orientadas a reducir la mortalidad materna, dirigidas, entre otras cosas, a promocionar el acceso universal a los servicios de emergencia y a priorizar la provisión de servicios en las regiones más necesitadas del país.

“Este tipo de iniciativas coordinadas son la clave para mejorar la salud materna de todas las mujeres mexicanas”, afirma José Luis Palma, director general de Insad y coautor del informe.

El informe “Las Necesidades de Salud Sexual y Reproductiva de las Adolescentes en México: Retos y Oportunidades” puede encontrarse en: http://www.guttmacher.org/pubs/Adolescentes-Mexico.pdf

El informe “Barreras para la Maternidad Segura en México” puede encontrarse en:http://www.guttmacher.org/pubs/Maternidad-Segura-Mexico.pdf

CONTACTOS:
Cimac (Mexico)
Heizel Escamilla/ (+1 52) 55 100085; 55 102033 prensaycomunicacioncimac@gmail.com 
Guttmacher Institute (EEUU)
Fernanda Abella/+1 212 248 1111 x 2253 fabella@guttmacher.org

Source: Septiembre 2010