Muestra ONU pocos avances en 15 años de promover igualdad de género

Naciones Unidas, 14 Mar (Notimex).- A 15 años de que 186 países adoptaran la Declaración de Beijing de Naciones Unidas para abatir la desigualdad de género, los avances mostrados en ésta última revisión de la agenda, terminada el pasado viernes, resultan escasos.

 

“Las mujeres aún sobrepasan a los hombres entre las personas más pobres del mundo, y reciben menos salario por el mismo trabajo que sus

contrapartes masculinos”, afirmó Asha-Rose Migiro, vicesecretaria general de Naciones unidas (ONU), al inaugurar la 54 Comisión sobre el Estatuto de la Mujer.

La funcionaria señaló, además, que dos tercios de los analfabetos siguen siendo mujeres y que la mortalidad materna continúa siendo altamente inaceptable.

La Declaración de Beijing promueve que los países miembros de la ONU reflejen en todas sus leyes y políticas una perspectiva de género con objeto de incrementar la participación de las mujeres en temas sociales, económicos y de acceso al poder político.

Asimismo, la plataforma de la ONU impulsa el acceso a las mujeres a servicios de salud, a educación de calidad y a información sobre sus derechos reproductivos.

Sin embargo, de acuerdo con información proporcionada por la propia ONU, los avances respecto de estos temas son insuficientes.

Cada año, unas cinco mil mujeres son fusiladas, apedreadas, quemadas, enterradas vivas, estranguladas, asfixiadas o apuñaladas hasta la muerte, sólo en nombre del honor, de acuerdo con la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Navi Pillay.

Por su parte, el organismo promotor de los derechos de las mujeres Igualdad Ya reportó este domingo que varios gobiernos en el mundo siguen aún promulgando legislaciones discriminatorias contra la población femenina, como en el caso de Afganistán y la ley Shia.

La Organización Internacional para las Migraciones, mientras tanto, indicó que la población femenina no goza de las mismas oportunidades que los hombres para emigrar legalmente, pese a que la mitad de los migrantes del mundo son mujeres, unos 105 millones.

En una de sus intervenciones durante la Comisión sobre el Estatus de la Mujer, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, señaló además que la violencia contra las mujeres en los hogares, el tráfico sexual y la mutilación genital femenina continúan ocurriendo con alarmante frecuencia.

“Quince años puede ser poco en términos de la humanidad, pero es mucho para un individuo, y esperar todo ese tiempo para avanzar un paso puede convertirse en la lucha de toda una vida”, expresó en entrevista Lady Okogun, directora de Safewomb International Foundation (fundación internacional de la matriz segura).

Entre los avances de la reunión, destacó el acceso de las mujeres al poder político en el mundo, y la perspectiva de eliminar la transmisión de VIH-Sida de madres a hijos en los siguientes cinco años.

La Unión Interparlamentaria (IPU) señaló que el número de legisladoras en el mundo aumentó a casi un 19 por ciento del total, un incremento de 7.5 por ciento en relación con las congresistas de hace 15 años.

Sin embargo, el secretario general de la IPU, Anders Jonson, describió esa cifra como “muy moderada”, y subrayó que en un cuarto de los países del planeta apenas se registran avances en ese sentido.

El último día de la Comisión sobre el Estatus de la Mujer, la secretaria de Estado estadunidense, Hillary Clinton, indicó que aún queda mucho por hacer para reducir la desigualdad de género, y que el mundo debía escribir cuanto antes el siguiente capítulo de este proceso.

“Hemos hecho algunos avances en los recientes 15 años, pero eso no significa de ninguna manera el fin de la historia. Es quizá, si somos afortunados, apenas el final del principio”, enfatizó Clinton.

Por Maurizio Guerrero. Corresponsal

Fuente: http://sdpnoticias.com/

 

Source: Marzo 2010

Día de la mujer. la onu pide más servicios de planificación familiar

El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, destacó los “grandes avances” registrados en el ámbito de la igualdad, pero subrayó que “aún queda mucho por hacer” contra los altos niveles de mortalidad materna, la violencia de género y para mejorar el acceso a los servicios de planificación familiar en el planeta.

En el mensaje que lanzó este lunes con motivo del Día Internacional de la Mujer, Ban insistió en que “facultar a la mujer es una cuestión que atañe a los derechos humanos consagrados en la Carta de las Naciones Unidas”.

 

“La igualdad de las mujeres y las niñas constituye también un imperativo económico y social. Hasta que no se logre liberarlas de la pobreza y la injusticia, todos los objetivos de paz, seguridad y desarrollo sostenible correrán peligro”, agregó.

El secretario general de las Naciones Unidas valoró las “repercusiones” que, en su opinión, ha tenido la Declaración de Beijing, con la que distintos gobiernos se comprometieron hace 15 años a promover la equidad, el desarrollo y la paz para todas las mujeres del mundo.

Sin embargo, y pese a los “grandes avances” logrados, reiteró que “aún queda mucho por hacer”, y citó los “altos” niveles de mortalidad materna, el “restringido” acceso a los servicios de planificación familiar y la violencia contra la mujer.

(SERVIMEDIA)

Fuente: http://ecodiario.eleconomista.es/

 

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Source: Marzo 2010

El 84.5% de limeños y chalacos opina que en Perú se discrimina a la mujer

Entre los principales problemas de la mujer peruana están: violencia familiar (43.3%), falta de educación (16.7%) y embarazos no deseados (11.4%), revela el barómetro social de la U. de Lima.

El 84.5% considera que en el Perú hay discriminación contra la mujer, el 80.7% de ese total que respondió así fueron varones y el 88.4% fueron mujeres.

Así lo revela el barómetro social realizado por la Universidad de Lima los días 13 y 14  de febrero con motivo de celebrarse este 8 de marzo el Día Internacional de la Mujer.

 

Asimismo, el 88.8% considera que vivimos en una sociedad machista, mientras que solo el 10% opina que no es así. En esa misma línea, el 58.8% cree que las mujeres en el Perú son machistas.

Sin embargo, un 82.8% de los encuestados piensa que en los últimos años se ha logrado mayor igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. El 73.8% consideró que en la educación, las mujeres en el Perú tienen iguales oportunidades que el sexo opuesto.

En el entorno laboral, el 56.4% dijo que ambos sexos tienen iguales oportunidades, incluso el 44.9% respondió que las féminas se desempeñan mejor en el trabajo, frente a un 25% que apoyó a los hombres.

Acerca de si en la política hay igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, el 56% opinó que sí, frente a un 42.9% que pensó que no.

De otro lado, respecto a quién corresponde la mayor responsabilidad económica y material en el hogar, solo el 1.1% señaló que a las mujeres; el 27.5 dijo que al hombre; mientras que el 71.4 opinó que a ambos.

Preguntados sobre a quién corresponde la mayor responsabilidad moral en el hogar, el 12.7% afirmó que a la mujer, solo el 4.5% respondió que al hombre. El 82.7% expresó que a ambos.

El principal problema de la mujer en el Perú

Los encuestados respondieron así: Violencia familiar (43.3%), falta de educación (16.7%), embarazos no deseados (11.4%), desempleo (9.1%), acoso sexual (8.8%), aborto (6.5%), poca participación en política (3.2%).

Prejuicios sobre temas sexuales y el aborto

El 58.2% de los entrevistados precisó que en los últimos años la sociedad peruana tiene menos prejuicios sobre temas sexuales. Así también, el 85.2% se mostró de acuerdo con los métodos anticonceptivos artificiales.

El 68% dijo estar en desacuerdo con que se legalice el aborto, solo el 28.2% afirmó estar de acuerdo.

De haber un caso de violación, el 57.2% apoyó el aborto; cuando peligra la vida de la madre el 68.6% aprobó el aborto. Así también, a favor se mostró el 53.5% si es para evitar el nacimiento de niños con malformaciones.

En contra del aborto se pronunció el 84.2% si se argumentan problemas económicos; el 91.1% no lo aprueba cuando el hombre abandona a la mujer; y el 82.2% tampoco apoyaron el aborto si la madre es adolescente.

Fuente: http://www.rpp.com.pe/

 

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Source: Marzo 2010

Argentina: Piden legalizar el aborto

El bloque Nuevo Encuentro presentó la iniciativa en Diputados. En los últimos 25 años se presentaron más de 50 proyectos en ese sentido, sin que prosperara ninguno.

En el Día Internacional de la Mujer, los diputados de Nuevo Encuentro Martín Sabbatella, Vilma Ibarra, Carlos Heller, Ariel Basteiro y Jorge Rivas, presentaron un proyecto de ley para legalizar el aborto hasta la semana catorce de embarazo.

 

“Es imprescindible que la legalización del aborto se instale definitivamente en la agenda legislativa de 2010”, señalaron los diputados nacionales. Agregaron que “venimos trabajando desde hace tiempo esta temática consultando opiniones de especialistas y de numerosas organizaciones de la sociedad civil”.

Los legisladores puntualizaron que “es necesario dinamizar los proyectos existentes, reforzando los consensos. Esta iniciativa es muy importante porque propone legalizar el aborto hasta la semana 14 de embarazo, como se ha hecho recientemente en España. Si esta ley se aprueba en Argentina estaremos dando un gran paso respecto de los derechos humanos de las mujeres”.

En los últimos 25 años, se presentaron alrededor de 50 iniciativas al respecto, todavía sin resolución.

Según el Ministerio de Salud, en Argentina se estima que se producen alrededor de 400.000 abortos clandestinos por año y esta práctica es una de las principales causas de mortalidad materna.

El proyecto

PROYECTO DE LEY
El Senado y Cámara de Diputados,…

Artículo 1º.- Toda mujer puede decidir la interrupción voluntaria del embarazo en cualquiera de las siguientes circunstancias:
1. antes de las catorce semanas de gestación;
2. si el embarazo es producto de la comisión de un delito contra la integridad sexual, mientras sea inviable la vida del feto con independencia del cuerpo de la mujer.
3. si existe peligro para la vida o la salud de la mujer; entendiéndose a la salud conforme la define la Organización Mundial de la Salud como el estado de completo bienestar físico, mental y social, y no como la mera ausencia de enfermedades;
4. si se ha diagnosticado médicamente la inviabilidad de vida extrauterina;

Artículo 2º.- La interrupción voluntaria del embarazo, realizada en concordancia con lo dispuesto en la presente ley, sólo podrá ser ejercida por un profesional o equipo de profesionales médicos y será considerada, a todos los efectos, como una práctica médica sujeta a las responsabilidades previstas en las leyes que regulan el arte de curar.

Artículo 3º.- El médico al que se le solicite la interrupción voluntaria del embarazo deberá informar, de manera clara y acorde a la capacidad de compresión de cada mujer sobre:
a) la posibilidad de interrupción voluntaria del embarazo según las condiciones de la presente ley;
b) las características de la intervención, riesgos y evolución previsible;
c) el servicio de consejería previo y posterior a la interrupción voluntaria del embarazo, previsto en el artículo 8º de la presente ley.
Si la decisión de la mujer es la interrupción voluntaria del embarazo el médico deberá registrar en la historia clínica el cumplimiento de su deber de informar así como la decisión de la mujer, adjuntando el consentimiento informado a través de una declaración de voluntad de la mujer autorizando la intervención.
El consentimiento informado como instrumento cuya finalidad es garantizar los derechos de las pacientes no podrá interpretarse como un modo de dificultar el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo previsto en la presente ley.

Artículo 4º.- Si se trata de una mujer declarada incapaz en juicio se requiere el consentimiento informado prestado por su representante legal.
Si se trata de una mujer menor de 14 años de edad, se requerirá el consentimiento de al menos uno de sus representantes legales. En todos los casos la niña deberá ser oída y se considerará primordial la satisfacción del interés superior del niño en el pleno goce de sus derechos y garantías consagrados en la Convención Internacional de los Derechos del Niño (Ley 23.849).

Artículo 5º.- Las prestaciones necesarias para la interrupción voluntaria del embarazo realizada en los términos de la presente ley serán incluidas en el Programa Médico Obligatorio -o el que lo reemplace- y contarán con la cobertura total y gratuita de todos los servicios de salud del subsector estatal, de obras sociales y privado.

Artículo 6º.- Los médicos o personal auxiliar del sistema de salud que tengan objeciones de conciencia para intervenir en los actos médicos necesarios para la interrupción voluntaria del embarazo, deberán comunicarlo a las autoridades de los establecimientos a los que pertenecen dentro de los treinta días contados a partir de la promulgación de la presente ley. Quienes ingresen posteriormente, deberán manifestar su objeción en el momento en que inician sus actividades en el establecimiento. El ejercicio del derecho de objeción de conciencia no tendrá consecuencia laboral alguna.
Los profesionales y auxiliares que hubieran manifestado a las autoridades de los establecimientos su voluntad de ejercer la objeción de conciencia con respecto a los actos médicos necesarios para la interrupción voluntaria del embarazo que en ellos se practiquen, deberán respetar dicha postura en todo ámbito, público o privado, en que ejerzan su profesión.
La existencia de objetores de conciencia no exime de responsabilidad, respecto de la realización de las prácticas requeridas, a las autoridades del establecimiento de salud que corresponda, quienes están obligados a disponer las medidas necesarias para garantizar el ejercicio del derecho de la mujer a acceder a la interrupción voluntaria del embarazo en los términos de la presente ley.

Artículo 7º.- El Ministerio de Salud de la Nación será la autoridad de aplicación de la presente ley.

Artículo 8º- El Ministerio de Salud de la Nación reglamentará, en el marco del Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva creado por ley 25.673, la implementación del servicio de consejería previo y posterior a la interrupción voluntaria del embarazo de conformidad con el cumplimiento de los objetivos de dicha ley.

Artículo 9º.- No se requerirá la intervención o autorización de ninguna autoridad judicial o administrativa para practicar la interrupción voluntaria del embarazo regulada por la presente ley. La única autorización que se requiere es el consentimiento informado de la mujer o su representante legal, conforme los artículos 3º y 4º de la presente ley.

Artículo 10.- En ningún caso será punible la mujer que causare la interrupción de su propio embarazo o consintiere en que otro se la causare.

Artículo 11.- Modifícase el artículo 85 del Código Penal, que quedará redactado de la siguiente forma:
“Artículo 85.- El que causare la interrupción de un embarazo será reprimido con reclusión o prisión de tres a diez años, si obrare sin consentimiento de la mujer. Esta pena podrá elevarse hasta quince años, si el hecho fuere seguido de la muerte de la mujer.
Si la conducta reprimida en este artículo la realizaran médicos, parteras o farmacéuticos que abusaren de su ciencia o arte, sufrirán, además, inhabilitación especial por doble tiempo que el de la condena”.

Artículo 12.- Deróganse los artículos 86 y 88 del Código Penal.

Artículo 13.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

FUNDAMENTOS

Señor Presidente:

El presente proyecto que propicia la despenalización y el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo, reconoce como antecedente el proyecto de ley registrado como expediente 761-D-08. Sobre el mismo se han trabajado algunas modificaciones vinculadas, en término generales, con los avances nacionales e internacionales en políticas públicas, legislación y derechos humanos.
Se transcriben a continuación parte de los fundamentos del proyecto referido y se agregan nuevos a fin de actualizar y adecuar aquellos al texto de la presente iniciativa. La exposición de motivos que ameritó la presentación de aquella, comenzaba con el debate internacional sobre los derechos sexuales y reproductivos y la situación de nuestro país en relación con los avances en la materia.

“Cuando se aborda el tema del aborto y la forma en que el mismo es tratado por nuestra legislación, es fundamental hacer referencia a la historia de la salud y los derechos sexuales y reproductivos en nuestro país. En primer lugar, hay que mencionar que hasta la década del noventa, no se habló, o mejor dicho se prohibió hablar, de salud sexual y reproductiva y los derechos correspondientes (diez años después de que el tema cobrara relevancia internacional). Por un lado, tanto el gobierno de Isabel Perón en 1974, como la dictadura militar en 1977, emitieron decretos que prohibían y eliminaban las actividades vinculadas al ‘control de natalidad’. Recién en el año 1986, se dejaron sin efecto dichos decretos y de esa forma se eliminaron las prohibiciones sobre los servicios públicos de salud y las obras sociales en relación al tema. Esto ocurrió un año después de que el Congreso Nacional ratificara la Convención sobre Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW), pero el final de la vigencia de normas prohibitivas no significó la inmediata implementación de acciones positivas al respecto. Puede mencionarse en ese sentido, que fue en el año 1988 cuando la entonces Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, implementó el Programa de Procreación Responsable.

El año 1994 fue históricamente relevante para los derechos de las mujeres. Por un lado, en cuanto a nuestro país, y a partir de la reforma constitucional, se incorporó la mencionada convención al texto de la Carta Magna, y por otro lado, en el ámbito internacional, se realizó la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo (CIPD) reunida en El Cairo, en la cual se elevó a nivel de compromiso internacional la atención a la salud sexual y reproductiva y el respeto a los derechos correspondientes, y se estableció un ‘programa de acción’, considerablemente ambicioso pero al que es pertinente aclarar que nadie está obligado; sí resulta un compromiso moral, suscripto por gobiernos, entre ellos el argentino, organizaciones civiles y organismos internacionales. En el año 1995, se realizó la V Cumbre Mundial de la Mujer en Beijing. Ambas conferencias internacionales constituyen avances fundamentales en la consideración de los derechos sexuales y reproductivos como derechos humanos de las mujeres.
Cabe entonces señalar que Argentina firmó los documentos emanados de dichos eventos, comprometiéndose a llevar adelante acciones que promuevan la salud de las mujeres y en particular, su salud sexual y reproductiva, así como los derechos pertinentes.

Como consecuencia de lo expuesto, el aborto no puede considerarse por fuera de los compromisos asumidos por nuestro país, o sin enmarcarse en el debate sobre la salud sexual y reproductiva y los derechos de las mujeres. En este sentido, cabe citar el Párrafo 8.25 del Programa de acción de la Conferencia Internacional sobre Población respecto al aborto: ‘En ningún caso se debe promover como método de planificación de la familia. Se insta a todos los gobiernos y a las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales pertinentes a incrementar su compromiso con la salud de la mujer, a ocuparse de los efectos que en la salud tienen los abortos realizados en condiciones no adecuadas como un importante problema de salud pública y a reducir el recurso del aborto mediante la prestación de más amplios y mejores servicios de planificación familiar. Las mujeres que tienen embarazos no deseados deben tener fácil acceso a información fidedigna y a asesoramiento comprensivo (…) En los casos en que el aborto no es contrario a la ley, los abortos deben realizarse en condiciones adecuadas. En todos los casos las mujeres deberían tener acceso a servicios de calidad para tratar complicaciones derivadas de abortos. Se deberían ofrecer con prontitud servicios de planificación de la familia, educación y asesoramiento postaborto que ayuden a evitar la repetición de los abortos.’. Asimismo, en la Conferencia de Beijing mencionada más arriba, la delegación argentina participó del consenso para adoptar el párrafo 106 k) de la Plataforma de Acción que recomienda a los gobiernos considerar la posibilidad de revisar el derecho que impone sanciones a la mujer que comete un aborto. Dice el párrafo mencionado en cuanto a medidas recomendadas a los gobiernos: ‘k) A la luz de lo dispuesto en el párrafo 8.25 del Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo…’, citado anteriormente, ‘…considerar la posibilidad de revisar las leyes que prevén medidas punitivas contra las mujeres que han tenido abortos ilegales.’.

Teniendo en cuenta lo expresado, cabe referirse a la situación en que se encuentra nuestro país, ya que también el Comité instituido por la Convención sobre Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW), con facultades de control, seguimiento y evaluación del cumplimiento de las obligaciones asumidas por los Estados parte en el tratado, en el año 1997, recomendó al gobierno argentino revisar la legislación sobre el aborto. El Estado no ha respondido entonces, ni lo ha hecho hasta la actualidad.

Asimismo, también el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, órgano supervisor de la aplicación del Pacto de Derechos Civiles y Políticos (1966) y sus Protocolos por parte de los Estados Partes, realizó las siguientes recomendaciones a la Argentina en relación al aborto, en el año 2000: ‘…14. En cuanto a los derechos relacionados con la salud reproductiva, preocupa al Comité que la criminalización del aborto disuada a los médicos de aplicar este procedimiento sin mandato judicial incluso cuando la ley se lo permite, por ejemplo, cuando existe un claro riesgo para la salud de la madre o cuando el embarazo resulta de la violación de una mujer con discapacidad mental…’ y continúa, ‘…El Comité recomienda que el Estado Parte tome medidas para aplicar la Ley de salud reproductiva y procreación responsable de julio de 2000, gracias a la cual se dará asesoramiento sobre planificación familiar y se dispensarán contraceptivos con objeto de ofrecer a la mujer verdaderas alternativas. El Comité recomienda además que se reexaminen periódicamente las leyes y las políticas en materia de planificación familiar. Las mujeres deben poder recurrir a los métodos de planificación familiar y al procedimiento de esterilización y, en los casos en que se pueda practicar legalmente el aborto, se deben suprimir todos los obstáculos a su obtención. Se debe modificar la legislación nacional para autorizar el aborto en todos los casos de embarazo por violación.’

Es claro, por lo tanto, que la revisión de la normativa no sólo no se vincula, sino que es opuesta, a la consideración del aborto como método de planificación familiar. Teniendo en cuenta lo expuesto hasta aquí, es oportuno dejar planteado entonces que el debate sobre el tratamiento normativo del aborto debe realizarse en el marco de la consideración de los derechos humanos, en el que están involucrados el respeto a la autonomía, a la salud integral, a la dignidad, entre otros. Los derechos humanos de las mujeres requieren la consideración de los derechos acordes a su especificidad sexual y reproductiva.”

Se avanzaba entonces en los fundamentos con la necesidad de una revisión normativa y de impulsar una propuesta que incorporara, en principio, dos circunstancias de no punibilidad del aborto, ampliando las ya previstas en el artículo 86. Por un lado, cuando hubiere ocurrido el embarazo como consecuencia de un delito contra la integridad sexual, y por otro cuando fuera un embarazo con diagnóstico médico de inviabilidad de vida extrauterina del feto.

“Actualmente, el artículo 86 del Código Penal, pena con reclusión o prisión de uno a cuatro años e inhabilitación especial por el doble tiempo que el de la condena, a los médicos, cirujanos, parteras o farmacéuticos que abusaren de su ciencia o arte para causar el aborto o cooperaren a causarlo. A su vez, establece dos excepciones a la prohibición de realizar abortos; si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre y si este peligro no puede ser evitado por otros medios; si el embarazo proviene de una violación o de un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente. En este caso, el consentimiento legal debe ser requerido para el aborto.

En cuanto a la mujer que causare su propio aborto o consintiere en que otro se lo causare, el artículo 88 del Código Penal establece que será reprimida con prisión de uno a cuatro años. En virtud de este mismo artículo, la tentativa no es punible.
La incorporación de estos dos supuestos, ampliaría los casos en que el aborto no es punible, dando respuesta a las recomendaciones recibidas internacionalmente y a cuestiones que hacen a la problemática que nuestro país enfrenta en cuanto al aborto.

¿Cuáles eran esas problemáticas? ¿Cuáles son esas problemáticas?

Repasemos y actualicemos los datos que echan luz sobre ellas.
En nuestro país, como en la mayor parte de los países de América Latina y el Caribe, el aborto es considerado un delito, excepto en los dos casos mencionados.
También es en dicha región donde se concentran gran cantidad de muertes maternas, entre cuyas principales causas se encuentran las complicaciones por abortos inseguros. Según aproximaciones realizadas se llega a una cifra de alrededor de 10.000 muertes por aborto por año en América Latina; el 21% de las muertes maternas en América Latina es por abortos inseguros. El lugar que el aborto ocupa entre las causas de muerte varía en los distintos países. Teniendo en cuenta esta variación es posible estimar que ocurren entre y 250 muertes por cada 100.000 abortos. En promedio, en los países donde el aborto es legal, la cifra es de 0,6 por cada 100.000 interrupciones del embarazo (Organización Mundial de la Salud, 1998).”

En cuanto a lo que ocurre en nuestro país, las complicaciones del aborto constituyen una de las principales causas de muerte materna, siendo el 25% del total, y representado el 1,1 de la tasa de mortalidad materna en Argentina que asciende a 4,4 (Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación –Año 2007-. Dirección de Estadísticas e Información de Salud, Anuario Estadísticas Vitales. Diciembre de 2008).

“Asimismo, “la hospitalización por aborto se ha incrementado en nuestro país en un 57% desde 1995 a 2000 y el 40% de ellas corresponde a mujeres menores de 20 años. Considerando que la mortalidad representa apenas la punta del iceberg, estos datos de hospitalización confirman la magnitud del problema. Debe tenerse en cuenta, por otra parte, que esta cifra corresponde sólo al sector público, ya que el sector privado no reporta datos.” (Ministerio de Salud y Ambiente, 2005. “Guía para el mejoramiento de la atención post-aborto”). Puede decirse, por lo tanto, que este tema constituye un problema de salud pública, aunque este proyecto no se aboque específicamente a resolverlo en su complejidad.”

Los fundamentos a partir de allí avanzan sobre el proyecto como una respuesta integral al problema de salud pública y derechos humanos que representa la penalización del aborto, y como un intento de revertir las consecuencias que la criminalización del aborto, al volver clandestina esa práctica, representa también para los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, y al alarmante y creciente número de abortos clandestinos que se practican.

“Hay evidencia irrefutable a nivel internacional que ejemplifica que la despenalización y regulación del acceso aborto ha sido un avance en tanto ha significado la fuerte reducción de las muertes maternas, y no han aumentado las tasas medias de abortos, y en algunos casos, han disminuido. Como dije también en la anterior oportunidad, “Nadie está a favor del aborto y en particular ninguna mujer, por su capacidad de engendrar vida. Sólo, seguramente, quienes lucran con el aborto, propician su práctica.”.

En el caso de Suiza, la despenalización del aborto ocurrió en el año 2001 y la evolución de la tasa anual de abortos fue la siguiente: 8.4 (1996), 7.5 (2001) y 7.5 (2002) por mil mujeres en edad fértil. El caso de Suiza también es puesto como ejemplo en los fundamentos del proyecto que, el pasado 27 de septiembre de 2005, la Secretaría Especial de Políticas para las Mujeres (SPM) de la República de Brasil entregó a la Presidenta de la Comisión de Seguridad Social y Familia de la Cámara de Diputados, resultado de los trabajos de la Comisión Tripartita creada en abril de ese mismo año, por la SPM, para revisar la legislación punitiva de la interrupción voluntaria del embarazo.

Según informa la SPM, dicho trabajo prevé que: “…”toda mulher tem o direito à interrupção voluntária de sua gravidez, realizada por médico e condicionada ao consentimento livre e esclarecido da gestante”. Assegura a interrupção voluntária da gravidez nas seguintes condições: até 12 semanas de gestação; até 20 semanas, no caso de gravidez resultante de crime contra a liberdade sexual (estupro); no caso de diagnóstico de grave risco à saúde da gestante; e no caso de diagnóstico de má-formação congénita incompatível com a vida ou de doença fetal grave e incurável. Pelo texto, a realização do aborto fica assegurada no âmbito do sistema único de saúde e determina a sua cobertura pelos planos privados.”.
(http://200.130.7.5/spmu/destaques/comissao_gravidez/comissao_28_09.htm).
En una publicación producida por la misma SPM a raiz del panel en que se debatió la revisión de legislación punitiva sobre la interrupción voluntaria del embarazo, se adjunta un gráfico que esclarece el efecto de la mortalidad por abortos inseguros sobre la mortalidad materna, tomando el caso Rumania (el mismo puede consultarse en Stephenson et al. AM J Public Health, 1992). Puede resumirse ese gráfico diciendo que en el período de tiempo que va desde 1960 a 1990, las muertes maternas aumentan o disminuyen condicionadas directamente, cada vez más a medida que avanza el tiempo, por la mortalidad como consecuencia de abortos inseguros, mientras las otras causas de muertes maternas disminuyen a lo largo de todo el período.

En esa misma publicación se encuentra un gráfico vinculado con las tasas de abortos en diversos países, tomando como variables el acceso al aborto legal, la educación sexual y anticoncepción. Las conclusiones son muy interesantes. En los países con tasas de aborto de entre 6.5 y 7.6 por 1000 mujeres en edad fértil, como Holanda, Bélgica y Alemania, las mujeres tienen acceso al aborto legal, al uso de anticonceptivos y a una educación sexual amplia. En los países que como Colombia, Chile y Brasil las mujeres sólo tienen acceso al uso de anticonceptivos, las tasas son de entre 36.3 y 40.8.

Podríamos considerar que Argentina se encuentra en el segundo grupo de países, y que deberíamos realizar todas las acciones necesarias para que las tasas se acercaran a las del primer grupo de países. Es por ello también que se considera conveniente el impulso de este proyecto, así como reafirmar la importancia del Programa creado por la Ley Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, 25.673.

No hay dudas de que mediante la despenalización del aborto no se promueve su práctica, sino el reconocimiento de los derechos sexuales, reproductivos y la salud integral de las mujeres como derechos humanos, y se termina con la práctica clandestina del aborto.

La misma certeza tenemos en la actualidad sobre la necesidad de despenalizar y regular el acceso al aborto para no seguir poniendo en riesgo la salud y la vida de las mujeres, en tanto la criminalización lleva inevitablemente a la clandestinidad de las prácticas, a abortos sin los cuidados profesionales, éticos y humanos que corresponden y en condiciones de salud precarias, y de ninguna manera la criminalización ha orientado la conducta de las mujeres. Dicho de otro modo, la criminalización del aborto no reduce su número, sino que estos se siguen practicando en condiciones clandestinas con riesgos graves para la salud de la mujer, y en un número importante con el resultado muerte.”

En este sentido es importante destacar que el pasado 17 de junio de 2009
El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas emitió la Resolución 11/08 sobre la mortalidad y morbilidad materna prevenible y los derechos humanos. Allí el Consejo “Reafirmando la Declaración y la Plataforma de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo y sus conferencias de examen y las metas y los compromisos respecto de la reducción de la mortalidad materna y el acceso universal a la salud reproductiva, en particular los que figuran en la Declaración del Milenio de 2000 (resolución 55/02 de la Asamblea General) y en el Documento Final de la Cumbre Mundial de 2005 (resolución 60/01 de la Asamblea General); Reafirmando también los Objetivos de Desarrollo del Milenio, en particular los relativos al mejoramiento de la salud materna…”, resolvió “1. Expresar grave preocupación por la tasa mundial inaceptablemente alta de mortalidad y morbilidad materna prevenible y señalar a ese respecto que la OMS a calculado que más de1500 mujeres y niñas mueren todos los días como resultado de complicaciones prevenibles que aparecen antes, durante y después del embarazo y el parto y que, en el ámbito mundial, la mortalidad materna es la principal causa de muerte entre las mujeres y niñas en edad reproductiva; 2. Reconoce que la mayoría de los casos de mortalidad y morbilidad materna son prevenibles y que la mortalidad y morbilidad materna prevenible supone un problema de salud, desarrollo y derechos humanos que también exige la promoción y protección efectiva de los derechos humanos de las mujeres y niñas, en particular su derecho a la vida, a ser iguales en dignidad, a la educación, a ser libres para buscar, recibir y difundir información, a gozar de los beneficios del progreso científico, a esta a salvo de la discriminación y a disfrutar del nivel más alto posible de salud física y mental, incluida la salud sexual y reproductiva.”.
En este marco, la importante proporción de muertes prevenibles que surgen relacionadas con la clandestinidad del aborto y que agravan la tasa de mortalidad materna de nuestro país y sus desigualdades entre jurisdicciones, debieran permitirnos reflexionar sobre los efectos evitables de la penalización del aborto.
“Una última cifra es conmovedora, el 13% de las muertes maternas en el mundo se debe a abortos inseguros. Teniendo en cuenta este último dato y sabiendo que el 61% de las mujeres del mundo vive en países donde el aborto está permitido, nuestro país debería sumarse a aquellos que posibilitan disminuir la cantidad de mujeres que conforman el restante 39% sobre las que ocurren las muertes maternas por abortos inseguros.

Es por todo lo expuesto que el presente proyecto establece la despenalización y regulación del acceso a la interrupción voluntaria del embarazo, penalizando sólo la interrupción realizada sin el consentimiento de la mujer -con una pena agravada en caso de muerte de la misma-, y si la interrupción sin consentimiento la realizaren médicos, parteras o farmacéuticos, dispone su inhabilitación especial por el doble tiempo de la condena. Para ello se propone la derogación de los artículos 86 y 88 del Código Penal (artículo 12) y la modificación del artículo 85 (artículo 11).”

A continuación los fundamentos de la iniciativa legislativa tomada como antecedente del presente se refieren al articulado del proyecto, lo cual se hace también a partir de aquí, adecuándose a las modificaciones que se han introducido.
Se consagra en el artículo 1º, entonces, el derecho de toda mujer a decidir la interrupción voluntaria del embarazo en cualquiera de las siguientes circunstancias – previstas en función de los plazos de gestación y de la salud de la mujer y el feto-: antes de las catorce semanas de gestación; si el embarazo es producto de la comisión de un delito contra la integridad sexual, mientras sea inviable la vida con independencia del cuerpo de la mujer; si existe peligro para la vida o la salud de la mujer; si se ha diagnosticado médicamente la inviabilidad de vida extrauterina. Respecto del primer supuesto, el establecimiento del plazo de catorce semanas, se corresponde con los avances en legislaciones de otros países, como la recientemente sancionada en España.

El artículo 2º regula el ejercicio del procedimiento en cuestión, estableciendo que el mismo sólo podrá ser realizado por un profesional o equipo de profesionales médicos, y que será considerado a todos los efectos como una práctica médica sujeta a las responsabilidades previstas en las leyes que regulan el arte de curar. El artículo 3º hace operativo el condicionamiento del procedimiento a la voluntariedad de la mujer, disponiendo los pasos y formas para asegurar que la interrupción se realice con el consentimiento informado de la gestante.
“El consentimiento informado constituye una exigencia ética y legalmente exigible a los miembros de la profesión médica, de autonomía del paciente, como un derecho básico derivado de la dignidad de la persona y de su derecho de autonomía. Por tanto, la información necesaria para prestar el consentimiento para una intervención médica no puede convertirse en un acto protocolarizado, que no atienda a las circunstancias específicas de cada paciente. La información así ofrecida no cumpliría con la función prevista en la ley, y el consentimiento así prestado no serviría al efecto previsto.”

(Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de España, “Informe al anteproyecto de ley orgánica de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo”, 2009, pág. 94.).

En consonancia con esta interpretación, dicho artículo establece que el médico al que se le solicite la interrupción voluntaria del embarazo deberá informar a la mujer sobre: la posibilidad de interrupción voluntaria del embarazo según las condiciones de la presente ley; las características de la intervención, riesgos y evolución previsible; el servicio de consejería previo y posterior a la interrupción voluntaria del embarazo, previsto en el artículo 8º del proyecto de ley.

Es importante que luego de presentar y explicarle a la mujer la información sobre los derechos que la asisten, el médico deja a la libre voluntad y autonomía de la mujer la decisión sobre la interrupción voluntaria del embarazo.

El artículo 4º prevé los consentimientos especiales, de los casos en que se trate de mujeres declaradas incapaces o de mujeres menores de 14 años de edad. En el primer caso se requiere el consentimiento de su representante legal, y en el segundo, tomándose como referencia las leyes 25.673 y 26.061 y sus decretos reglamentarios, la decisión se inscribe en el marco del ejercicio de los derechos y obligaciones de la patria potestad, considerándose primordial la satisfacción del interés superior del niño en el goce de los derechos y garantías consagrados en al Convención Internacional de los Derechos del Niño.

El proyecto también procura asegurar a las mujeres el acceso a los servicios y procedimientos para la interrupción del embarazo en la red de salud estatal, de las obras sociales y privada. Es por ello que, de acuerdo al artículo 5º, se incluyen las prestaciones necesarias para la interrupción del embarazo en el Programa Médico Obligatorio, o el que en el futuro lo reemplace, y se dispone la cobertura total de dichas prestaciones en todos los servicios de salud de cualquier subsector.
En concordancia con las disposiciones de la ley que procuran garantizar a las mujeres el ejercicio del derecho que regula el presente proyecto en los servicio de la red de salud de cualquier subsector, se incorporan -en el artículo 6º- los criterios básicos para que los médicos o personal auxiliar de cualquier efector del sistema de salud, puedan ejercer el derecho de objeción de conciencia respecto a los actos médicos necesarios para la interrupción voluntaria del embarazo.

El primer criterio es que la manifestación de la objeción de conciencia debe sostenerse en todos los establecimientos o ámbitos en que se ejerzan las prácticas objetadas. Es importante evitar cualquier posibilidad de ejercer una doble moral, una para el ámbito público y otra para el ámbito privado. Quien es objetor de conciencia debe serlo en todos los ámbitos donde ejerza. El segundo criterio es que el derecho subjetivo de las personas, en este caso los médicos y auxiliares, no puede limitar en modo alguno los derechos de quienes solicitan la práctica. Por lo tanto, los establecimientos, como instituciones de salud, están obligados a disponer las medidas necesarias para garantizar el ejercicio del derecho de la mujer a acceder a la interrupción voluntaria del embarazo en los términos de la presente ley.

Se ha expresado y ejemplificado a lo largo de estos fundamentos que en el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, y en particular con relación a la prevención de la morbi-mortalidad materna por abortos inseguros, además de revertir la clandestinidad de esas prácticas, es fundamental la prevención de embarazos no deseados, es decir el acceso a métodos anticonceptivos, que junto con la educación sexual disminuyen las tasas de abortos. Y en consecuencia, se planteaba la necesidad de acompañar este proyecto de despenalización con un respaldo a la ley 25.673. Esto se traduce, en el artículo 8º del presente proyecto, en la implementación del servicio de consejería previo y posterior a la interrupción del embarazo, de conformidad con los objetivos de dicha ley.

El Ministerio de Salud, autoridad de aplicación de la ley según se propone -artículo 7º-, reglamentará en el marco del Programa Nacional creado por ley 25.673 la implementación de ese servicio de consejería.

Por último, es sabido que la modificación de la legislación es una condición necesaria pero no suficiente para garantizar la posibilidad de que las mujeres se realicen esta práctica sin encontrar obstáculos de diversos tipos. Es sabido que actualmente, aún en los casos permitidos, no es sencilla para las mujeres la accesibilidad para realizarse un aborto. Los artículos 9º y 10º responden a la intención de garantizar efectivamente el ejercicio de los derechos que establece esta ley.

El artículo 9º prevé expresamente que no es exigible la intervención de ninguna autoridad judicial o administrativa para practicar la interrupción voluntaria del embarazo en los términos de la presente ley, y el artículo siguiente, despeja cualquier duda sobre la no punibilidad de la mujer que causare la interrupción de su propio embarazo o consintiere que otro se la causare.

Concluyendo, se propone la despenalización y regulación del acceso al aborto partiendo del conocimiento real que dicha práctica se efectúa en forma clandestina.
Abordamos la temática como un grave problema de salud pública -que afecta a las mujeres- y del reconocimiento de los derechos sexuales, reproductivos y de salud integral de las mujeres como derechos humanos. En este sentido, la presente propuesta intenta contribuir a sincerar, modificar y superar los problemas vinculados con la criminalización del aborto.

En virtud de lo expuesto se propone la aprobación del presente proyecto de ley.

Fuente: http://www.parlamentario.com

 

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Source: Marzo 2010

México: Retroceso, reformas antiabortistas: ONU

Los derechos de la población femenina se ven afectados, asegura

Las reformas antiabortistas promovidas en varias entidades son un retroceso y un paso en el sentido equivocado para el desarrollo de los derechos humanos de la población femenina mexicana, dijo Madgy Martínez-Solimán, coordinador residente del sistema de Naciones Unidas en México.

 

Ayer durante una conferencia de prensa con motivo de la celebración del Día internacional de la Mujer, expresó: “Creemos que esas modificaciones constitucionales son un retroceso y un paso en el sentido equivocado”.

Agregó que en “diversas ocasiones el Sistema de Naciones Unidas ha manifestado que México tiene que cumplir con sus obligaciones derivadas de tratados internacionales y de recomendaciones de organismos como los del Comité para la eliminación de la discriminación en contra de la mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés)”.

Este organismo, dijo, ha conminado a los Estados miembros a que se respete el derecho de las mujeres a decidir sobre su salud sexual y reproductiva.

En el evento encabezado por Ana Güezmez, directora regional del Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer, participaron Jadrank Milehic, directora del Centro de Información para México, Cuba y República Dominicana de las Naciones Unidas; Mónica Orozco, directora general de Evaluación y Desarrollo del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres); y Ana Lindstedt, embajadora de Suecia en México.

Desempeño laboral de las mujeres

Martínez-Solimán, agregó, en el contexto de la reforma política impulsada por el presidente Calderón, el gobierno debería contemplar medidas que eviten la proposición al electorado de candidatas destinadas desde el inicio a ser sustituidas por suplentes varones.

Dijo que para cumplir con la representación política de las mujeres el gobierno no necesita invertir dinero, ya que el precio de esa modificación “se cotiza en una divisa igualmente preciada: la de la voluntad política a favor de la igualdad”.

El 57.6% de las mujeres en el país, informó, no ingresan al mercado laboral y pasan a “áreas grises” como la informalidad y el trabajo no remumerado.

Explicó que entre los principales rezagos que presentan esta población a nivel nacional están la mortalidad materna y la representación política.

Mónica Orozco informó que al inicio del sexenio presidente Calderón los casos de mortalidad materna era 60 por cada 100 mil nacimientos y que actualmente se posicionan en 58 decesos por el mismo número atenciones.

Dijo que el impacto del virus A H1N1 en la población afectó a grupos vulnerables como las mujeres embarazadas, lo que tuvo trascendencia en los objetivos planteados por México ante la ONU para reducir la mortalidad materna.

Fuente: http://www.eluniversal.com.mx

 

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Source: Marzo 2010

Perú ordena volver a repartir "píldora día siguiente"

Lima – El Gobierno peruano dispuso el martes volver a distribuir gratuitamente la píldora anticonceptiva de emergencia en el sistema público del país, cuatro meses después de que fue prohibida por un tribunal de justicia.

El Tribunal Constitucional de Perú invalidó en octubre del año pasado una política del Gobierno de repartir la “píldora del día siguiente” en centros de salud por considerar que aún era incierto que no tuviera un efecto abortivo o provoque daños secundarios.

 

“Conforme con los informes técnicos científicos expedidos posteriormente a la sentencia del Tribunal Constitucional (…) existe evidencia de que el uso de levonorgestrel como anticonceptivo oral de emergencia no es abortivo y no produce efectos secundarios mortales o dañinos”, señaló una norma.

El vicepresidente del Tribunal Constitucional (TC), Carlos Mesía, dijo que la posición del ministerio es “un abierto desacato a un órgano del Estado, al poder judicial, y supone la violación del principio de la división de poderes”.

“Su negativa a acatar la sentencia del Tribunal Constitucional supone un duro golpe a la democracia, un duro golpe a la institucionalidad del país, a la seguridad jurídica”, agregó Mesía en entrevista con Reuters.

El Ministerio de Salud citó en su resolución los informes de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPM) que señalaban que el principal mecanismo de acción de la pastilla -levonorgestrel- no era abortivo.

Pero Masía aclaró que el informe de la OMS fue una de las pruebas que el TC desestimó el año pasado, y que pedirá a las autoridades presentar “la supuesta nueva prueba que causaría la certeza de que la píldora del día siguiente no es abortiva”.

“El Tribunal Constitucional considera que hoy la ciencia, sobre todo la embriología que es la llamada a dar la última palabra en este tema, no tiene una posición concluyente sobre la naturaleza abortiva (…) de la píldora del día siguiente”, afirmó.

El ministro de Salud, Oscar Ugarte, explicó que el fallo del TC señalaba que el ministerio debía confirmar que esa píldora no producía efectos secundarios mortales, lo cual, demostró con los informes técnicos.

“La sentencia del TC faculta a la autoridad competente a tomar las decisiones correspondientes (…) así que no hay desacato y menos golpe de Estado, eso una figura periodística que ha utilizado el señor vicepresidente del TC”, dijo Ugarte a la radio local RPP.

La norma “no es contraria al ordenamiento jurídico. Lo que estamos haciendo es aplicar la argumentación de la sentencia de octubre”, agregó.

La prohibición del Tribunal Constitucional generó en octubre el rechazo de grupos feministas y del Gobierno.

Organizaciones feministas de Perú han calculado que cada año se producen 376.000 abortos clandestinos en el país, siendo sus complicaciones la tercera causa de mortalidad materna.

REUTERS TC PV SR RF/

Fuente: http://economia.terra.com.pe

 

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Source: Marzo 2010

El movimiento antiaborto languidece

Las organizaciones, que afrontan la lucha divididas, reúnen a unas 10.000 personas – Los ‘provida’ no logran la promesa del PP de que derogará la ley

 

María R. Sahuquillo

 

El movimiento antiabortista pierde fuelle. Con la nueva ley del aborto ya aprobada y publicada en el BOE, son cada vez menos los que salen a la calle para protestar contra la interrupción voluntaria del embarazo. Ayer, miles de personas -9.726, según la empresa de recuento de asistentes Lynce, contratada por la agencia Efe, y más de medio millón según los organizadores- pidieron en Madrid la derogación de la normativa que entrará en vigor el próximo 5 de julio, y que permitirá a las mujeres abortar libremente hasta la semana 14 de gestación. Una cifra lejana a los más de 55.000 asistentes que contabilizó Lynce en la gran manifestación de octubre. Pero a cuatro meses de que la ley entre en vigor, muchos piensan que aún no es tarde. Ayer, los manifestantes, convocados por más de 270 organizaciones antiabortistas, reclamaron al PP que haga efectivo su compromiso e incluya en su programa electoral la derogación de la ley.

Una petición para la que, sin embargo, no han conseguido todavía una promesa. El PP ha asegurado que recurrirá la ley del aborto ante el Constitucional, pero que aún es pronto para hablar de programas electorales. Sí ha habido pronunciamientos en solitario. Como el del portavoz del PP en el Parlamento Europeo, Jaime Mayor Oreja, que participó en la marcha y que volvió a asegurar ayer que si llega al Gobierno, su partido derogará la norma. “Aunque vamos a hacerlo y, a pesar de que la ley ya está aprobada, no debemos dejar de salir a la calle para protestar”, dijo. También el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, se ha mostrado contrario a la norma. Aunque habla de modificarla, no de derogarla. “Cuando el PP tenga mayoría, no debe consentir [esta ley], sino que debe modificar. Tenemos que adquirir ese compromiso con los ciudadanos”, dijo en una entrevista a La Gaceta publicada ayer.

Pero a pesar de las llamadas para que no cesen las movilizaciones, lo cierto es que los que alzaron la voz ayer contra la ley que consagra el derecho al aborto fueron pocos. La marcha de Madrid no tenía un afán unitario ni multitudinario, ya que se celebraban concentraciones en varias ciudades, pero los asistentes también clarearon en las calles de Bilbao, Barcelona o Sevilla. Tampoco fueron multitud los dirigentes del PP en las marchas. Además de Mayor Oreja asistieron la teniente de alcalde de Madrid Ana Botella o los diputados Vicente Martínez Pujalte, Eugenio Azpiroz y Eugenio Nasarre.

Así, a pesar del carácter festivo de una marcha plagada de música y globos rojos en forma de corazón, el movimiento antiabortista languidece. Y lo hace dividido. Dos de sus principales formaciones Derecho a Vivir (parte de Hazteoir.org) y el Foro Español de la Familia se han distanciado. De hecho, en las manifestaciones de ayer no participó esta última organización. La división, sin embargo, han aclarado los portavoces de ambas asociaciones autodenominadas provida, no se ha producido por motivos ideológicos, sino por “divergencias, desacuerdos y malos entendidos” antes de la gran movilización de octubre. Conflictos que, según dicen, tienen que ver con la forma de gestionar sus organizaciones.

Sin embargo, problemas y promesas aparte, muchos piensan que aún hay tiempo hasta el 5 de julio para protestar contra una ley que definen como “un asesinato”. “Por culpa de Zapatero nos vamos a quedar sin niños. Si abortan, entonces no habrá niños en España. Que se vaya a Venezuela con Hugo Chávez”, se quejaba ayer Carmen Martínez, madrileña de 69 años que se declara “una habitual” en las manifestaciones contra el aborto. También, y detrás de la pancarta principal estuvo Juan José Cortés, padre de la niña Mariluz, asesinada hace dos años en Huelva, que reclamó la derogación de la ley y, de paso, la revisión de la cadena perpetua.

Pero la tónica fundamental de la marcha, en la que participaron muchos jóvenes, fueron los gritos contra el Gobierno: “Zapatero dimisión”, “Zapatero tu madre no abortó”. Luis González, de 50 años, lo tiene claro. Seguirá movilizándose hasta que consiga que esta “ley asesinato” desaparezca. “No nos vamos a cansar. Este Gobierno es un asesino”, dijo señalando una pancarta con el lema “ZP 007 con licencia para matar”.

Fuente: http://www.elpais.com

Source: Marzo 2010

España: Sin igualdad la libertad no existe

El ministerio de Bibiana Aído ha sido objeto de mofas, críticas y chascarrillos desde sus comienzos

 

De las muchas cuestiones que marcan el avance en las políticas de igualdad de nuestro país hay tres que merecen especial atención en el 8 de marzo. La primera es la reciente aprobación de la ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo. Una ley

que nace del compromiso con la libertad de las mujeres, adquirido en el año 1985 por el PSOE, en el mismo momento en que se despenalizó el aborto en nuestro país. Atendiendo a ese compromiso el Gobierno tomó la iniciativa de promover un debate serio y reflexivo sobre el aborto, debate que ha finalizado con la aprobación de esta ley que tanto parece molestar a un PP que, curiosamente, durante los ocho años en que gobernó en este país y con más de 500.000 abortos realizados en ese período, no se atrevió a proponer ni la modificación de la ley ni, mucho menos, su derogación.

Frente a la situación anterior, la nueva ley ofrece seguridad jurídica a las mujeres y a los profesionales sanitarios, respeta los derechos y el bien jurídico protegido, y es respetuosa con la Constitución. Y lo más importante, con las medidas que pone en marcha persigue reducir el número de abortos que se practican en nuestro país, situándonos en la línea de las legislaciones europeas más avanzadas, planteando la interrupción voluntaria del embarazo como parte de un programa más amplio en el que se pone el valor en la maternidad planificada y en la prevención de embarazos no deseados.

La segunda cuestión a señalar en el 8 de marzo es la preocupante aparición de conductas y declaraciones dirigidas a criticar y desprestigiar a los movimientos feministas y centrando sus ataques en el Ministerio de Igualdad y, de manera muy especial, en la Ministra. Desde su puesta en marcha, este Ministerio ha sido objeto de mofas, críticas y chascarrillos. Con su creación retornaron los valores e ideas más machistas y más retrógrados, poniéndose en marcha una campaña de desprestigio, iniciada por la misma Esperanza Aguirre, que no ha parado desde entonces. La presidenta de la Comunidad de Madrid ya señaló, a raíz de la creación del Ministerio: «Es como si yo creara una consejería de la Bondad, de la Abundancia o del Amor». Ahora el PP vuelve a la carga al considerar que se tendría que reducir el número de ministros y que el Ministerio de Igualdad, por ejemplo, es «prescindible».

Pero la demostración más evidente de ese desprecio de los nuevos machistas hacia el Ministerio se ha producido en los ataques realizados desde ciertos medios de comunicación contra las políticas de apoyo a la investigación y al conocimiento en temas feministas, de género y de las mujeres, que lideran el Instituto de la Mujer y el Ministerio de Igualdad.

Los comentarios soeces, cavernícolas y despreciativos de determinados profesionales y líderes de medios de comunicación han cuestionado las subvenciones concedidas a los estudios de temática feminista, como la investigación científica sobre el clítoris, despreciando así una línea de trabajo destinada a generar un cuerpo de conocimientos y evidencias científicas para abordar el diferente comportamiento biomédico de ambos sexos y desarrollar así una practica médica mas ajustada a las necesidades de cada sexo y edad. Este cuestionamiento sólo puede estar basado en la ignorancia, el desprecio o el miedo a las políticas de igualdad; miedo basado en arraigados prejuicios y estereotipos de género.

Muy vinculada con el Ministerio de Igualdad está la tercera de las cuestiones que quisiéramos señalar, porque el término igualdad se refiere a que a igual cualificación e igual trabajo, una ciudadana española ha de cobrar el mismo salario que un ciudadano español con el mismo nivel de formación.

Por ello la ministra de Igualdad ha abogado por convertir la igualdad salarial de las mujeres en objetivo prioritario de la UE. Para el PSOE, la brecha salarial es uno de los principales obstáculos que subsisten para alcanzar la igualdad real entre hombres y mujeres en el ámbito laboral, siendo necesario, entre otras medidas, intensificar las inspecciones a empresas para evitar estas diferencias. Para superar las desigualdades laborales es necesaria una mayor voluntad de aplicar lo dispuesto en la ley, puesto que el mercado laboral reserva para las mujeres condiciones menos favorables que para los hombres. Esta diferencia salarial acrecienta las desigualdades de género, ya que se transforma posteriormente en diferencias en la cuantía de las pensiones, encontrándonos con un obstáculo más para que ambos sexos tengan la misma independencia económica .

Nos gustaría terminar la celebración del 8 de marzo con una reflexión de nuestra compañera Amparo Rubiales: «El feminismo siempre ha sido ridiculizado y hoy, con nuevas formas, lo vuelve a ser con fuerza. Así, hablan de revancha de género, de feminismo resentido, dogmático o radical, sin más intención que la de volver a demonizarlo». Son manifestaciones de ese miedo a la igualdad que los neomachistas tratan de extender de diversas maneras: sacralizan, por ejemplo, la lactancia materna, culpabilizando a las madres que no pueden practicarla; hacen responsables a las mujeres de los problemas de los menores, con la teoría del «nido vacío»; y del aborto, ni hablemos, parece que es un capricho de algunas. Ninguno de ellos dice que está en contra de la igualdad, sino que, por el contrario, afirman que somos las mujeres las que estamos haciendo una sociedad con graves problemas de convivencia como consecuencia directa de nuestra necesidad de ser libres e iguales.

Nunca entendieron que sin igualdad la libertad no existe, y que aquélla o es real o no es igualdad, y la democracia exige ambas.

M.ª VICTORIA GONZÁLEZ DIEZ 
SECRETARÍA DE IGUALDAD PSOE-AVILÉS

Source: Marzo 2010

Otorga CIDH medidas cautelares para que Amalia reciba atención

Autoridades nicaragüenses tienen 5 días para cumplir medidas

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De la Redacción

(CIMAC).- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a favor de Amalia, una joven nicaragüense con 10 semanas de gravidez y un  cáncer invasivo metastásico, a quien el gobierno de Nicaragua le niega el tratamiento para combatir la enfermedad porque en este país se prohíbe el aborto, incluso el terapéutico.

 

Entre estas medidas, la CIDH solicitó al gobierno nicaragüense que le garantice a Amalia el acceso al tratamiento médico que necesita, informaron en comunicado de prensa distintos organizaciones internacionales defensoras de derechos humanos.

El organismo internacional también pidió a las autoridades de dicho país centroamericano, reservar la identidad de la joven y de su familia, refiriéndose a ella sólo como Amalia.

El Estado de Nicaragua deberá adoptar estas medidas en concertación con la beneficiaria y sus representantes, precisa el comunicado firmado por el Grupo Estratégico por la Despenalización del Aborto Terapéutico, Ipas Centroamérica con sede en Nicaragua, Women’s Link Worldwide con sede en Colombia y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional.

Al tiempo, las autoridades de ese país deben presentar información a la CIDH sobre el cumplimiento de estas medidas, en un plazo de cinco días y actualizar esos datos de manera periódica.

Dichas organizaciones, quienes fueron las solicitantes de las medidas cautelares para la joven, refieren que con el atraso o negación de la atención médica a mujeres como Amalia, las autoridades de ese país transgreden los derechos humanos a la vida y a la salud de las nicaragüenses.

Este hecho, aseguran, es resultado de la legislación vigente en Nicaragua desde finales del año 2006, la cual penaliza el aborto terapéutico, “violentando de ese modo el derecho de las mujeres a la protección de su salud y de su integridad personal”.

En casos como el de Amalia, la falta de acceso al aborto terapéutico pone en riesgo la vida de las mujeres al negarles el tratamiento médico adecuado para su enfermedad, por proteger al embrión de los efectos derivados del tratamiento.

Previamente, en una carta dirigida al gobierno de Nicaragua, la Relatoría de los Derechos de la Mujer de la CIDH, expresó su preocupación porque la negación del aborto terapéutico significa también un obstáculo para que el personal de salud cumpla con su tarea de proteger la vida y la salud de sus pacientes.

Y es que, indica el comunicado, aunque el Ministerio de Salud “finalmente” decidió aplicar el tratamiento de quimioterapia a Amalia, el Estado es responsable de las consecuencias negativas que pueden resultar del atraso de la atención médica y por no proponer el aborto terapéutico como parte del tratamiento para combatir el cáncer y prolongar su vida.

Por ello, con el propósito de prevenir situaciones como la de Amalia, las organizaciones solicitantes realizan un llamado a la Corte Suprema de Justicia, a la Asamblea Nacional y a Daniel Ortega, presidente de Nicaragua, para que adecue la legislación en materia de aborto conforme a las disposiciones de los diferentes instrumentos internacionales de derechos humanos.

Dicho ajuste, debe preveer el aborto como un derecho cuando el embarazo ponga en riesgo la vida y salud de las mujeres, en caso de violación o incesto, y cuando el embrión presente malformaciones congénitas incompatibles con la vida humana.

10/GCJ/LR/LGL

Lea la comunicación de la CIDH

Fuente: http://www.cimacnoticias.com/

 

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Source: Marzo 2010

La judicialización: una estrategia contra los derechos sexuales y reproductivos

Hace más de tres años, en la provincia de Formosa, una mujer fue imputada por practicarse un aborto. La denuncia fue radicada por el médico que asistió a la mujer cuando llegó al hospital a tratarse por las complicaciones posteriores a la práctica realizada en condiciones inseguras. Un fallo reciente de la Corte Suprema de la Provincia resolvió la nulidad de las actuaciones y el sobreseimiento definitivo de la mujer.

 

La sentencia ratifica la vigencia del plenario “Natividad Frías”1 que establece, desde hace cuatro décadas, que ninguna persona puede autoincriminarse. Avanzar en un proceso, y posterior condena, con la sola “autodenuncia” de la persona que se ve obligada a recurrir al hospital porque peligra su salud y su vida, es violatorio de derechos esenciales, establecidos, también, en el artículo 18 de la Constitución Nacional, que señala que nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo.

Si bien esta sentencia no supone innovación en la temática, sólo se encarga de ratificar jurisprudencia de vieja data, interesa resaltar un aspecto presente en los fundamentos de la Ministra de la Corte Dra.Colman, cuando sostiene que: “La Fiscalía parte de un extremo opuesto al del Plenario (Natividad Frías) al entender que el anoticiamiento del delito por parte del médico que asistió a la imputada es obligatorio por existir obligación legal de denunciar en razón del carácter público de las funciones que reviste el médico de un hospital público”.

En tal sentido: “no es la denuncia del profesional la reprobable, sino cualquier avance procesal que el juez o el fiscal anoticiado pudiere implementar sobre la base de ella contra la persona obligada por las circunstancias a autoinculparse”. Ademàs agrega: “Las ideas liberales y republicanas que informan, desde el origen, a la Constitución Nacional han determinado limitaciones al poder penal del Estado haciendo prevalecer una serie de valores básicos de la personalidad humana frente a los objetivos propios de la persecución penal”.

Lo que observa y cuestiona la Ministra, más allá de la actitud del médico que denuncia a la mujer, es que ni el fiscal ni el juez deberían haber avanzado en el juzgamiento. Cabe recordar que hubo fallo de primera y segunda instancia, hasta llegar al tribunal supremo. En definitiva, estamos frente a una innecesaria e inútil acción judicial, por lo menos en sus efectos punibles.

El resultado de estas estrategias está más allá de los alcances de un fallo determinado y de la incumbencia del poder judicial interviniente. En este sentido importa repensar la repitencia de estas situaciones y actualizar una mirada sobre su impacto. Esta intromisión supone la revictimización de las mujeres que ya vivieron situaciones de vulnerabilidad, porque debieron recurrir a un aborto, que además de clandestino, es inseguro. Si tuvieran recursos económicos no podrían evitar la clandestinidad, pero sí el riesgo para su vida y su salud. Son otros los efectos que parecen perseguir quienes despliegan estrategias de criminalización hacia las mujeres.

Como pudimos ver en esta y otras situaciones similares, no se producen efectos punitivos, ni tampoco prácticos en relación a disuadir frente a la decisión de interrumpir un embarazo no deseado, pero sí se provoca retraso en la consulta de la mujer, por el temor a la denuncia policial, que agrava los efectos en la salud y los riesgos para la vida de las mujeres.

La denuncia ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU

Este accionar no es un hecho aislado, por el contrario, forma parte de un patrón de conducta. En nuestro país, existe una larga historia de intervenciones judiciales, especialmente en lo que respecta al aborto en sus excepciones legales (artículo 86 incisos 1 y 2 del código penal), que tienen por misión obturar el ejercicio de derechos.

En provincia de Buenos Aires, Mendoza, Entre Ríos, Santa Fe (con el caso emblemático que terminó con la muerte de Ana María Acevedo, a quien se le negó tratamiento oncológico) se registran esas historias.

En mayo de 2007, el caso LMR, se presentó ante el Comité de DDHH de la ONU2. Esta es la historia de una joven de 19 años, con una edad mental de 10, de la localidad de Guernica de la Provincia de Buenos

Aires, que era violada por su tío. Como consecuencia del abuso queda embarazada y cuando le iban a realizar el aborto, en un hospital de La Plata, la justicia interfiere impidiendo la práctica. El caso llega a la Suprema Corte que autoriza la interrupción de la gestación y ratifica la constitucionalidad del artículo 86 del código penal. Finalmente, el hospital se niega a interrumpir el embarazo, aduciendo que estaba muy avanzada la gestación. Sin embargo, se cuenta con pruebas que demuestran que el motivo de la negativa del equipo profesional estuvo asentado en la gran cantidad de presiones y amenazas recibidas desde los grupos fundamentalistas.

En la demanda, llevada a cabo por organizaciones de mujeres, se demuestra que el Estado argentino incumplió sus compromisos internacionales, al violar sus obligaciones de garantizar y respetar los derechos de una ciudadana a: un recurso legal; a la vida; a la igualdad; a estar libre de tratos crueles, inhumanos y degradantes; y a la intimidad; así como a la libertad de pensamiento y de conciencia, y el derecho a acceder a la salud reproductiva.

El Estado Argentino reconoció ante el Comité la violación de los derechos, a través de un dictamen de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Suponemos que en el 2010 se conocerá la resolución definitiva del Comité. Lo cierto es que, a pesar de este reconocimiento, todavía hoy nos encontramos con situaciones cotidianas de falta de acceso a la salud y la justicia para las mujeres.

En el momento de escritura de la presente nota se está difundiendo una historia muy parecida a la de la jovencita de Guernica, en Comodoro Rivadavia: negativa del hospital y judicialización, que está llevando a una situación sin salida a una niña de 15 años, víctima de un abuso incestuoso, que amenaza con suicidarse si la obligan a continuar con la gestación.

Es cierto también, que el largo accionar del movimiento de mujeres para cambiar estas prácticas y visiones conservadoras, nos permiten también contar con ejemplos de buenas prácticas.

En varias provincias se avanzó con la sanción de protocolos de aborto no punible, que definen el procedimiento a seguir en estas circunstancias y evitan la judicialización. Buenos Aires, Santa Fe y Ciudad Autónoma, son algunas de ellas. Esos protocolos están en vigencia y se implementan. No tienen repercusión mediática, justamente porque de eso es de lo que se trata: que las mujeres tengan acceso a la interrupción legal del embarazo cuando así lo solicitan, sin exposición pública y sin dilaciones.

Hace pocas semanas, en una pequeña localidad de la provincia de Buenos Aires, una niña con síndrome de down, víctima de abuso por un integrante de su grupo familiar, acudió al hospital municipal para irrumpir un embarazo producto de ese abuso. La institución le negó la práctica, pero rápidamente las autoridades responsables del área de niñez, en articulación con el programa de violencia del Ministerio de Salud Provincial, a cargo la implementación del protocolo de aborto no punible, tomaron las medidas necesarias para que la práctica se realizara en un hospital provincial. Hay muchos casos similares, que demuestran que se puede obrar de otra forma y que las políticas públicas pueden ser eficaces a la hora de garantizar la salud y la vida de las mujeres.

Los recursos están, las políticas necesarias ya están diseñadas: ¿de qué se trata entonces?, de que esta garantía sea efectiva para todas las mujeres de nuestro país. Por esto, necesitamos sin demoras que la Guía Técnica de Aborto No Punible, del Ministerio de Salud de la Nación, tenga vigencia en todos los efectores de salud del país. Pero también, y en cumplimiento con una deuda de larga data con los derechos humanos, el Congreso Nacional deberá tratar los proyectos de legalización y despenalización del aborto.

Nos merecemos como sociedad que el debate por los temas de diversidad y derechos sexuales y reproductivos forme parte de la agenda amplia de derechos civiles, económicos, sociales y culturales. Nos merecemos las políticas que los hagan realidad.

1 Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional. Sala V número 28183 del 16 de agosto de 1966.
2 Demanda que fuera presentada por INSGENAR de Rosario, CDD Córdoba y el CLADEM, en Ginebra por la violación de los artículos 2, 3, 6, 7, 17 y 18 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
* Estela Díaz es Integrante del Consejo Directivo del FMS.

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Publicado por el Boletín Electrónico de Fondo de Mujeres del Sur – Febrero de 2010
http://www.mujeresdelsur.org/intranet/Boletines/02-FEBRERO-2010.pdf

Fuente: http://elcentroglttb.blogspot.com

 

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Source: Marzo 2010