“Son dogmas más que ciencia”

Los grupos antiderechos pretenden prohibir los anticonceptivos y particularmente la distribución de la anticoncepción hormonal de emergencia y apelan a argumentos pseudocientíficos –como ya informó este diario– para sostener que su acción es abortiva. Como en Chile y ahora Perú, encuentran jueces que les dan la razón. En los países se da la contradicción de que el método se puede comprar en las farmacias: la medida perjudica a los sectores más vulnerables que ya no podrán acceder a la pastilla gratuitamente en hospitales. En la década menemista, la Corte Suprema también pretendió prohibirla en el país –a partir de un recurso de amparo presentado por la ONG ultracatólica cordobesa–, pero la sentencia no tuvo efecto porque se refería a una versión comercial de la AHE que ya no estaba en el mercado.

 

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“Quienes toman este tipo de decisiones lo hacen basados en dogmas más que en evidencia científica: no existe ninguna evidencia científica que demuestre que sea abortiva”, señaló ayer a Página/12 el médico e investigador independiente del Conicet Carlos Nagle, uno de los científicos argentinos que más ha investigado el tema. “La información ya es definitiva y de carácter universal. En varios países se ha demostrado por distintas vías que el tratamiento con levonorgestrel actúa sobre la ovulación y no afecta la implantación: si hay un embrión, se implanta y la mujer se embaraza. Además, actúa de la misma forma que la progesterona, que es un conocido agente protector del embarazo”, detalló Nagle, vicepresidente de la Asociación Latinoamericana de Investigadores en Reproducción Humana (Alirh), y director del Centro de Investigación en Reproducción Humana y Experimental (Cirhe) del Instituto Universitario Cemic, que colaboran con la OMS en investigación y desarrollo en salud reproductiva.

Fuente: http://www.pagina12.com.ar

 

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Source: Octubre 2009

Perú, en debate sobre el aborto…

El debate sobre el aborto se despertó en Perú. El puntapié que abrió la discusión pública lo dio la Comisión Especial del Congreso Revisora del Código Penal que recomendó a comienzos del mes la despenalización en casos de violación y malformaciones congénitas en el feto. El Ministerio de Justicia pidió al cuerpo que reconsiderada su dictamen, pero el planteo fue rechazado la semana pasada. Llamativamente, en momentos en que grupos católicos y evangélicos reclaman que se archive el proyecto que ampliaría el acceso al aborto, el jueves el Tribunal Constitucional dio a conocer un fallo que prohíbe al gobierno de Alan García la distribución gratuita de la anticoncepción hormonal de emergencia, conocida como píldora del día después, por considerar –erróneamente– que no hay evidencias científicas para descartar que sea abortiva. La sentencia responde a un recurso de amparo presentado en 2004 por una ONG religiosa.

 

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En abril de 2008, el Tribunal Constitucional de Chile tomó la misma decisión en un controvertido fallo. Ambos fallos no son aislados: grupos “antiderechos” están litigando en la Justicia en distintos países de América latina, incluida la Argentina, para obstruir el acceso a los derechos sexuales y reproductivos.

La inesperada sentencia del Tribunal Constitucional de Perú se coló en medio del debate abierto a partir de la propuesta de la Comisión Revisora del Código Penal de despenalizar el aborto en casos de violación y de malformaciones fetales congénitas, que se anunció el 7 de octubre. “En virtud a lo que dicen ambas posiciones, no hemos llegado al convencimiento de que sea o no abortiva (…) pero ante la duda está el derecho a la vida”, alegó el presidente del TC, Juan Vergara Gotelli, para justificar la resolución.

 

El fallo dividió al gabinete presidencial. Los ministros de Salud, Oscar Ugarte, y de Mujer y Desarrollo Social, Nidia Vílchez, cuestionan la decisión suprema y consideran que es injusta con las mujeres más pobres. Sin embargo, el ministro de Defensa, Rafael Rey, y el cardenal de Lima, Luis Cipriani, ambas connotadas figuras del Opus Dei en Perú, celebraron el fallo. Apenas un puñado de países en el mundo prohíbe la distribución de la píldora (AHE).

“Para frenar el aborto en el Perú en caso de violación o de embarazos no deseados se necesita la píldora del día siguiente”, dijo el ministro de Salud, y señaló que impedir la distribución contribuye al aborto ilegal. Pese a ello, indicó que se acatará el fallo.

En las farmacias la píldora se puede adquirir bajo prescripción médica al precio de 25 soles (ocho dólares), una alternativa lejos del bolsillo de las mujeres pobres, denunciaron a su turno ONG feministas.

“Estamos entrando a una especie de régimen semiteocrático. Nunca más deberíamos criticar o asombrarnos de los musulmanes cuando nos llegan noticias de que el velo se volvió obligatorio, que lapidaron a una mujer por adúltera”, editorializó el diario limeño Correo. “¡Bienvenidos a Perustán!”, acotó el diario, cuya posición anticlerical es conocida y que además es uno de los que apoyan la despenalización del aborto en casos especiales.

En el Perú, el aborto está penalizado desde 1863, cuando fue aprobado el primer Código Penal. Varias décadas más tarde, el Código Penal de 1924 estableció como única figura no punible el aborto terapéutico, y el actual, promulgado en 2004, penaliza con pena privativa de la libertad no mayor de dos años o prestación de servicio comunitario todas las formas de aborto con excepción del terapéutico, e incluye como atenuantes el aborto eugenésico y el ético o sentimental.

Numerosas evidencias, sin embargo, dan cuenta de que, en Perú –como ocurre en la Argentina y en otros países– un marco legal restrictivo no resulta disuasivo para que las mujeres recurran al aborto. Una investigación reciente los estimó en 376 mil por año. Las consecuencias de los abortos inseguros causan el 7 por ciento de la mortalidad materna y producen más de 60.000 hospitalizaciones al año. El aborto ocupa el cuarto lugar como causa de muerte de mujeres en gestación, según el Ministerio de Salud. En la Ley de Salud existe una norma legal que obliga al personal médico a denunciar los casos en que existan indicios de aborto, lo que quiebra el principio de confidencialidad médico-paciente. Este cuadro contribuye a que el aborto constituya en Perú un grave problema y de salud pública y de justicia social, al que el Estado debe enfrentar con la eliminación de la normatividad punitiva, con políticas adecuadas y los recursos correspondientes, señaló la ONG Flora Tristán, que trabaja en la defensa de los derechos de las mujeres.

La Comisión Especial Revisora del Código Penal está integrada por representantes de distintos ámbitos: a favor de la propuesta de despenalizar parcialmente el aborto votaron Rosa Mavila, miembro de la Junta Directiva del Colegio de Abogados de Lima (CAL); Víctor Prado, representante del Poder Judicial; Luis Bramont, de la Asamblea Nacional de Rectores, y Ricardo Váscones, del Ministerio de Justicia. En casos de malformaciones congénitas, argumentaron que a una mujer no se le puede imponer la carga de tener un hijo “que se va a morir”.

En contra de la propuesta votaron Arsenio Oré, miembro del CAL, y Fernanda Ayasta, representante del Ministerio de Justicia, que argumentaron que debía protegerse la vida del por nacer, independientemente de las circunstancias.

Las conclusiones de esta comisión serán remitidas a la presidencia del Congreso, que determinará, finalmente, si se eleva a debate entre los 120 legisladores que lo conforman. En el marco del debate, la organización con base en Estados Unidos Human Rights Watch consideró que el Congreso “debe apoyar” la despenalización parcial del aborto como una “cuestión de derechos humanos”.

Publicado por Género con Clase

Fuente: http://generoconclase.blogspot.com

 

 

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Source: Octubre 2009

México incumple compromisos internacionales sobre muerte materna

México DF, 27 oct 09 (CIMAC).- Ayer se llevó a cabo la Reunión de Alto Nivel sobre Salud Materna-Objetivo de Desarrollo del Milenio (ODM) 5, convocada por el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA, por sus siglas en inglés), en la cual se evidenció el incumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por México para abatir la mortalidad materna (MM), problemática por la que fallecen entre tres y cuatro mujeres al día en el país.

Desde Etiopía, donde se celebró el encuentro con la presencia de representantes de más de cien naciones, Enoé Uranga, diputada federal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), señaló en entrevista telefónica que ante los “serios rezagos” en MM es precisó colocar el tema en “el lugar más prominente” de la agenda nacional, así como “intensificar” el compromiso político y financiero en salud materna.

 

De 2000 a 2006, cuando se impulsó “Arranque Parejo en la Vida” –programa de acción que carecen de reglas de operación y, por lo tanto, no tienen presupuesto fijo– murieron entre tres y cuatro mujeres por día por MM. Esto significa que de 2000 a 2005 fallecieron 8 mil 022 mujeres por esta causa, según información de Fundar, Centro de Investigación y Análisis.

Así, mientras que en 1990 murieron 2 mil 209 mujeres, en 2008 la cifra descendió a mil 047. A decir de Daniela Díaz, encargada del proyecto de salud materna de Fundar, la disminución es “magra”  si se considera que en 19 años se han realizado numerosas estrategias y acciones para reducirla.

Al respecto, la diputada del PRD indicó que ayer tuvo oportunidad de explicar la situación en México, la cual se caracteriza por la falta de resultados positivos de los programas y las políticas públicas instrumentadas para alcanzar los ODM.

Frente a esta problemática, la legisladora, quien lamentó la ausencia de José Ángel Córdova Villalobos, secretario de Salud, en la reunión de Alto Nivel donde México era uno de los 15 expositores centrales, refirió la necesidad “imperante” de que las financiadoras inviertan en el desarrollo del país.

“Se requiere que las financiadoras miren a México de forma focalizada, pues aunque en términos generales el país tiene un crecimiento medio, éste es desigual en comunidades marginadas”, dijo.

Esta ayuda, añadió, “debe avanzar a la par de los compromisos del gobierno mexicano en materia de transparencia y rendición de cuentas a fin de que compruebe que efectúa las acciones que se requieren para alcanzar los ODM”.

Cabe mencionar las legisladoras mexicanas Enoé Uranga y Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), discutirán el tema con representantes de 110 países, hoy y mañana, en la Conferencia Internacional de Parlamentarios que también se llevará a cabo en Etiopía.

En la Conferencia, Enoé Uranga abordará la experiencia mexicana en la aplicación del Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo (CIPD) para el cumplimiento de los ODM; en particular, en lo relativo a los derechos reproductivos, la salud sexual y el VIH/Sida.

La legisladora refirió, finalmente, que de esta conferencia surgirá una declaración con compromisos de las diferentes naciones para poder cumplir los ODM en 2015.

09/GCJ/YT

Fuente: http://www.cimacnoticias.com

 

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Source: Octubre 2009

Flacso Chile y la "píldora del día después": Vamos a llegar a buen puerto

La directora del Programa “Genero y Equidad”, Claudia Dides, valoró el proyecto visado en el Senado.

Además dio a conocer cifras “brutales” de embarazo adolescente.

La directora del Programa “Género y Equidad” de Flacso Chile (Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales), Claudia Dides, valoró la  aprobación por parte del Senado del proyecto de ley en general sobre derechos reproductivos, que incluye la distribución pública de la “píldora del día después”.

 

Dides afirmó que pese a que esta aprobación no garantiza la distribución del fármaco, pero cree que es un paso adelante para un acceso universal.

“(La aprobación) no garantiza (su distribución), pero hace parte de un proceso que llevamos por lo menos hace 10 años de trabajo. Yo creo que vamos a llegar a buen puerto porque cada día se cuestiona menos la base científica que presentamos  hace 10 años” afirmó.

La profesional de Flacso comentó un estudio sobre salud sexual y reproductiva, VIH sida, y enfermedades de transmisiones sexual en el país realizado por la institución, que muestra un aumento en los embarazos adolescentes y diferencias “brutales” en las tasas entre las comunas más ricas y pobres.

Como ejemplo mencionó la comuna de La Pintana, que presenta una tasa de 21 por ciento de madres adolescentes, mientras que ese índice en Vitacura alcanzó sólo un 1,6 por ciento.

“Esto tiene que ver con la falta de educación sexual y la falta de acceso a  la anticoncepción de emergencia”, señaló Dides, quien agregó que la inexistencia de una política continua en educación sexual en los últimos 20 años es parte del problema.

Fuente: http://www.cooperativa.cl

 

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Source: Octubre 2009

Perú: Fortalecen a obstetrices en salud sexual y reproductiva

En curso taller organizado por CPS-Desarrollo y GESALL

Para fortalecer la capacidad resolutiva de los establecimientos de salud y mejorar la atención de las emergencias obstétricas en La Libertad, el Centro de Promoción Social y Desarrollo del Norte (CPS-Desarrollo) y la Gerencia Regional de Salud (GESALL), vienen desarrollando el curso taller en “Salud Sexual y Reproductiva, Emergencias Obstétricas y Neonatales según Funciones Obstétricas Neonatales y Atención de Salud con Enfoque Intercultural”, que se realiza los fines de semana de octubre, hasta noviembre, financiado por la fundación española ANESVAD.

 

La capacitación, que está dirigida a médicos, enfermeras, obstetras, técnicos en enfermería, integrantes del Servicio Rural y Urbano Marginal del Servicio de Salud (SERUM) y otros profesionales del referido sector, se cumple en el marco de la segunda fase del proyecto: “Mejorando el Acceso a la Atención de Salud de las Familias Andinas en Extrema Pobreza de los Distritos de Sinsicap y Paranday, Provincia de Otuzco, Región La Libertad”.

La temática incluye: situación actual materna neonatal, deberes y derechos en salud sexual y reproductiva, cuidados generales de la gestante, situación actual de las infecciones de transmisión sexual, interculturalidad, atención del parto vertical con adecuación cultural, paternidad responsable, planificación familiar, habilidades y destrezas de las emergencias obstétricas y neonatales, Control de Crecimiento y Desarrollo (CRED) y Programa Ampliado de Inmunización (PAI) del menor de un año.

El curso taller es dictado por profesionales de los hospitales Regional y Belén, de la microrred y red de Trujillo, así como personal invitado de la GESALL. “Esperamos que, al final del curso taller, el personal haya fortalecido sus capacidades y, de esta forma, se pueda atender a todas las urgencias en los centros de salud, sobre todo, en Sinsicap, San Ignacio y Paranday, y reducir el riesgo de muertes maternas y perinatales”, indicó la coordinadora del área de salud de CPS-Desarrollo, magíster Rosa María Aguilar Aldana.

Con exposiciones y talleres, que incluyen lecturas cortas, discusiones en grupo, sesiones plenarias, el fin de semana último, se trató los contenidos de emergencias obstétricas de hemorragias (a primera mitad del embarazo, a segunda mitad, en intraparto y postparto), enfermedades hipertensivas (preclampsia, eclampsia, síndrome hellp) y complicaciones obstétricas (hiperémesis gravídica, infecciones de vías urinarias, anemia en gestantes y sepsis purperal).

Fuente: http://www.noticiastrujillo.com

 

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Source: Octubre 2009

Abortos en malas condiciones matan a 70.000 mujeres al año

“Las restricciones legales no impiden el aborto, sólo hacen que el procedimiento sea peligroso. Demasiadas mujeres están mutiladas o mueren al año porque carecen de un acceso legal al aborto”.

Pese a un acceso más sencillo al aborto ya que se han relajado las restricciones en muchos países, el número de abortos cayó desde una cifra estimada de 45,5 millones en 1995 a 41,6 millones en 2003, según un informe del Instituto Guttmacher, con sede en Estados Unidos.

Pero el estudio halló un inflexible alto número -casi 20 millones – de abortos en malas condiciones, la mayoría en países pobres y a menudo practicados por las propias mujeres con fármacos inapropiados o pociones de hierbas, o por curanderos tradicionales sin formación.

Es significativo y trágico que mientras que la tasa global de aborto está en declive, los abortos inseguros no se han reducido.

Las cifras no mienten,  este tipo de prácticas se dan sobre todo en Latinoamérica y África, dos zonas geográficas en las que la ley es especialmente dura en este sentido y que, en algunos casos, no permite el aborto ni siquiera para salvar la vida de la madre.

Este es el caso de El Salvador y Nicaragua, dos de los tres únicos países del mundo que durante los últimos 15 años han endurecido la legislación sobre el aborto hasta prohibirlo bajo cualquier circunstancia.

El tercer país en cuestión es Polonia, que en 1997 reforzó la ley del aborto y permite la interrupción del embarazo con condiciones (malformación del feto, violación y riesgo para la madre), un recurso muy extendido en los países desarrollados, a medio camino entre la prohibición absoluta y su total liberalizaci ón.

Por todo esto, legisladores, servicios sociales y sanitarios, empresas farmacéuticas y educadores deben poner su grano de arena en un delicado asunto que amenaza la vida y la libertad sexual de millones de mujeres cada año.

Fuente: http://deanfredy.blogspot.com

 

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Source: Octubre 2009

Perú: Comisión Especial Revisora del Código Penal no reconsidera su decisión sobre despenalización del aborto en casos de violación y graves malformaciones

En la sesión de hoy, desarrollada en el Hemiciclo del Congreso de La República, la Comisión Especial Revisora del Código Penal no aprobó la reconsideración para votar una propuesta distinta de la que adoptaron el martes 6 de octubre pasado, fecha en que, por cuatro votos a favor y dos abstenciones, se aprobó la propuesta de modificar el artículo 119º del Código Penal de modo que fueran despenalizado, junto con el aborto terapéutico, los abortos realizados por un/a médico/a, con consentimiento de la mujer gestante, en los casos de violación y graves malformaciones en el feto. Para la reconsideración se necesitaban 8 votos a favor (la mitad + 1 del total de integrantes titulares de la Comisión)

Votaron en contra de la reconsideración de la votación Robinson Gonzales Campos (representante titular del Poder Judicial), Victor Prado Saldarriaga (representante titular del Poder Judicial), Rosa Mávila León (representante titular de la Junta de Decanos de los Colegios de Abogados del Perú),

Juan Ramos Suyo (representante titular de la Asamblea Nacional de Rectores), Cayo Galindo Sandoval (miembro titular del Congreso de la República), y José Vargas Fernandez (miembro alterno del Congreso de la República). Votaron a favor de la reconsideración Pablo Sanchez Velarde (representante titular del Ministerio Público), Carmen Rivera Santander (representante titular del Ministerio de Justicia), Fernanda Ayasta Nassif (representante titular del Ministerio de Justicia), Arsenio Oré Guardia (representante titular de la Junta de Decanos de los Colegios de Abogados del Perú) y Carlos Torres Caro (miembro titular del Congreso de la República y Presidente de la Comisión).

La representante de la Defensoría del Pueblo, Gisella Vignolo Huamaní, se abstuvo de votar la reconsideración y recalcó la necesidad de que este debate se mantenga y que se examine las situaciones propuestas bajo el test de ponderación de los derechos fundamentales ya explorado en la experiencia jurídica comparada. Esta invocación es oportuna pues la propuesta aprobada por la Comisión pasará con los demás artículos del Código Penal a ser debatida por el Pleno del Congreso para su aprobación cuando la Comisión Especial Revisora haya terminado su función. La invocación a un diálogo desde el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y el Derecho Comparado hecha por la representante de la Defensoría del Pueblo traza la ruta de la agenda de los meses siguientes.

 

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Source: Octubre 2009

Amnistía Internacional ve con satisfacción los esfuerzos para despenalizar el aborto en Perú

Amnistía Internacional ve con satisfacción los pasos que se están dando hacia la despenalización del aborto en Perú y hace un llamado a las autoridades correspondientes para que estos esfuerzos sean pronto concretados en las normas penales. Las propuestas presentadas el pasado martes por la Comisión del Congreso encargada de revisar el Código Penal buscan despenalizar el aborto en determinadas circunstancias, incluyendo por ejemplo, cuando una mujer o niña queda en estado de embarazo como resultado de una violación sexual.

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Para poner fin a los abortos inseguros y a otras violaciones de los derechos humanos de las mujeres, deben derogarse todas aquellas normas que prevean penas de prisión u otras sanciones contra las mujeres y niñas por el simple hecho de haber buscado u obtenido un aborto. Los Estados deben tomar todas las medidas necesarias para garantizar la

disponibilidad de servicios de aborto seguros y legales; que sean accesibles, aceptables y de buena calidad para todas las mujeres que los soliciten en caso de embarazo no deseado como consecuencia de una violación sexual o incesto, o cuando el embarazo ponga en peligro la vida de la mujer o conlleve un riesgo grave para su salud.

Una mujer o una niña que ha quedado en estado de embarazo tras sufrir una violación, asalto sexual o incesto, no debe ser sometida a riesgos o violaciones adicionales a sus derechos humanos al buscar un aborto en esta situación; por ejemplo, al buscar tratamientos clandestinos e inseguros que traen resultados inciertos y que llevan consigo una asistencia inapropiada y la posibilidad de ser encarceladas.

Amnistía Internacional pide a las autoridades peruanas eliminar la criminalización del aborto, dicha criminalización pone a las mujeres y a las niñas en una situación de vulnerabilidad y las expone a más abusos contra sus derechos humanos. Amnistía Internacional también insta a las autoridades peruanas a promover un ambiente en el que las mujeres sean escuchadas y puedan tomar decisiones informadas sobre su salud y su vida; el acceso a la información sobre salud sexual y reproductiva y a los servicios de salud debe ser libre y sin restricciones.

Eliminar estas sanciones penales, contribuirá a prevenir e impedir violaciones adicionales a los derechos humanos de mujeres y niñas, y a que sufran riesgos adicionales para su salud y su vida.  Amnistía Internacional seguirá con atención el debate y espera que la propuesta final de la Comisión Revisora este acorde con los estándares internacionales de derechos internacionales y que ésta se materialice en las normas penales de Perú.

Si desean más información o concertar entrevistas con representantes de Amnistía Internacional, contáctense con:
Núria Frigola Torrent ( comunicacion@amnistia.org.pe / 241 56 25 / 989 180 327)

 

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Source: Octubre 2009

Católicas por el Derecho a Decidir: Un Estado democrático debe garantizar el derecho a decidir de las mujeres

La Comisión Revisora del Código Penal peruano aprobó mantener su decisión  de despenalizar el aborto por violación sexual y aborto eugenésico (fetos con malformaciones graves incompatibles con la vida extrauterina). Dicha propuesta deberá ser remitida para su debate y aprobación en el Pleno del Congreso.

Católicas por el Derecho a Decidir – Perú saluda esta decisión de la Comisión al considerar que la despenalización del aborto es un asunto de salud pública, justicia social y derechos  humanos de las mujeres. Un Estado democrático y no confesional debe garantizar el derecho a decidir y eliminar toda forma de discriminación y tortura hacia las mujeres.

 

Católicas por el Derecho a Decidir – Perú rechaza la injerencia de la jerarquía católica en las políticas públicas en perjuicio de los derechos de las mujeres, en especial de las mujeres más pobres del país. Ellas son las más perjudicadas con la penalización del aborto, ya que muchas de ellas se ven obligadas a llevar adelante un embarazo consecuencia de una violación o  interrumpirlo en condiciones poco salubres, clandestinas, poniendo en riesgo sus propias vidas. Esta situación genera vulneración y abuso a los derechos de las mujeres.

Como católicas y mujeres de fe creemos en un Dios justo, comprensivo y liberador, y tenemos presente que un principio católico es promover la justicia, la equidad y el respeto a la libertad de conciencia. Reconocemos a la maternidad como un acto voluntario y de amor, por lo que no se puede aceptar una maternidad impuesta, producto de una violación sexual y del abuso de poder.

Exhortamos y exigimos a nuestros congresistas a debatir el tema con argumentos técnicos y alejados de creencias religiosas, en el marco de  un Estado democrático y laico que respeta la libertad de conciencia y el derecho a decidir de las mujeres. Es importante también que en el debate se tenga en cuenta los acuerdos internacionales suscritos por el Estado peruano que garantizan los derechos humanos, los que incluyen una vida digna para las mujeres.

Agradecemos su difusión.

Lima, 21 de octubre de 2009

 

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Source: Octubre 2009

El aborto condena a millones de mujeres al sufrimiento y la clandestinidad en América Latina

Tres millones de mujeres —casi la población total del Uruguay— recurren anualmente al aborto en 12 países de América Latina y el Caribe. Otros tres millones recurren a este procedimiento en Brasil. La abrumadora mayoría de todas ellas lo hace de manera clandestina, debido a que las leyes de las naciones en que viven penalizan esta práctica.

Salvo Cuba y el Distrito Federal de México (la capital de ese país con 18 millones de habitantes), donde la interrupción voluntaria del embarazo es legal, en el resto de las naciones el aborto es parcialmente despenalizado o directamente considerado delito y, como tal, castigado con penas variables.

La ilegalidad y clandestinidad no solo incrementan el riesgo de mortalidad materna, debido a prácticas insalubres, sino que condenan a las mujeres a la persecución policial y a la cárcel, lo cual multiplica su sufrimiento.

 

Una revisión efectuada por SEMlac de la legislación que rige en Argentina, Bolivia, Colombia, Chile, Cuba, Guatemala, México, Nicaragua, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela deja en evidencia que la presión de los grupos más conservadores de la sociedad civil, así como de la Iglesia Católica, ha logrado, en muchos de ellos, que las normas penales sean cada vez más restrictivas.

En Chile, en 1989, cuando la dictadura militar daba sus últimos estertores, se penalizó el aborto bajo cualquier causa, situación que rige hasta hoy.

“La madre debe tener al hijo aunque este salga anormal, aunque no lo haya deseado, aunque sea producto de una violación, aunque de tenerlo, derive en su muerte”, sostuvo en su momento Jaime Guzmán, gestor de la Constitución heredada del período pinochetista y fundador de la Unión Demócrata Independiente (UDI).

Además de Chile, República Dominicana, Nicaragua y El Salvador son los países que en América Latina tienen penalizado el aborto sin importar causales. En Chile constituye la tercera causa de muerte materna.

En República Dominicana, una reforma constitucional aprobada el pasado 17 de septiembre establece el derecho a la vida desde la concepción y se asimila el aborto a la pena de muerte.

“El derecho a la vida es inviolable desde la concepción hasta la muerte. No podrá establecerse, pronunciarse ni aplicarse, en ningún caso, la pena de muerte”, establece el artículo 30.

Prácticas caseras y costos astronómicos

En las zonas rurales de esa nación, fronteriza con Haití, cuando una mujer pobre quiere abortar se “bebe una botella”, confirmó a SEMlac Xiomara Peralta, maestra de profesión y activista que, desde hace décadas, trabaja en la organización de las mujeres dominicanas desde la Confederación de Mujeres del Campo (CONAMUCA) y el Centro de Solidaridad para el Desarrollo de la Mujer (CE-Mujer), entre otras organizaciones.

Esa botella contiene cáscaras de aguacate (palta), melaza, jengibre, cuaba (una corteza como de pino seco). También le ponen quina y otras raíces muy amargas que provocan diarrea y, por ende, el aborto.

Cuando este ya pasó, beben otra “botella” para limpiarse, la cual contiene calcio, polvo de hierro, miel de abejas, remolacha, berro, zanahoria y bija, una potente semilla colorante derivada del achiote.

El Instituto Alan Guttmacher, de Estados Unidos, dedicado desde fines de 1968 a la investigación y análisis de las políticas relativas a los derechos reproductivos y de población, encontró que, en Guatemala, las mujeres del área rural intentan abortar ingiriendo cilantro con aguardiente y clavo de olor, más de 250 gramos de sal común y 40 tabletas de Alka-Seltzer, sal inglesa con sulfato y aceite de castor.

Después de Haití, Guatemala es la nación donde se practica el mayor número de abortos clandestinos (65.000 por año), confirmó a SEMlac Senaida Escobedo, directora de la Unidad de la Mujer y Análisis de Género de la Corte Suprema de Justicia.

Con diferencias según los países, el costo de un aborto seguro oscila entre los 300 y los 1.500 dólares, inalcanzables —en cualquier caso— para las mujeres pobres.

El método más utilizado en las clínicas privadas es la aspiración.

El misoprostol o cytotec —una droga desarrollada para tratar las úlceras gastrointestinales, pero con efectos secundarios abortivos— está siendo utilizado cada vez más como método seguro de interrupción de embarazos. Pero, pese a que su empleo logra abatir la mortalidad materna por abortos insalubres, comprar estas pastillas se ha transformado en un acto tan clandestino como el aborto quirúrgico, en muchos países.

Esta realidad ineludible ha impulsado, desde hace décadas, al movimiento de mujeres en toda la región en el reclamo a la despenalización del aborto.

“Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir” es la consigna de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito emprendida en Argentina por una amplia alianza que incluye a más de 250 organizaciones, grupos y personalidades vinculadas al movimiento de mujeres y organismos de derechos humanos.

“En algunas provincias argentinas, como Santiago del Estero, hasta hace poco tiempo, se esposaba a la cama de los hospitales a las mujeres que llegaban con un aborto en curso”, confirmó a SEMlac Silvia Juliá, de la organización Católicas por el derecho a decidir.

Sin embargo, la acción del movimiento de mujeres, en alianza con profesionales de la salud, logró modificar esta situación y en la actualidad se aplica un protocolo de atención humanizada pos aborto que impide la judicialización de los casos.

En Uruguay rige desde 2004 una ordenanza, hoy incorporada a la ley de “Defensa del derecho a la salud sexual y reproductiva”, por la cual los servicios de salud deben prestar asesoramiento a la mujer pre y pos aborto, y recomienda el uso de misoprostol. Esta ley, aprobada por el parlamento en noviembre de 2008, incluía un artículo que despenalizaba el aborto. Días después de aprobada, el presidente Tabaré Vázquez la vetó.

Según datos del Servicio de Salud Sexual y Reproductiva del Hospital de la Mujer del Pereira Rossell, la mayor maternidad uruguaya, 59 por ciento de las mujeres consultadas por embarazos no deseados usó métodos anticonceptivos que fallaron. El condón es el método al que más se recurre.

Datos del Instituto Alan Guttmacher revelan que gran parte de las mujeres latinoamericanas que se someten a un aborto tienen 20 años o más, están casadas y ya han sido madres anteriormente. En cambio, en la mayoría de los países desarrollados, las que recurren al aborto son más jóvenes, por lo general solteras y aproximadamente la mitad no ha tenido hijos.

Legislaciones problemáticas

Entre los países con legislación más punitiva figura Nicaragua. En octubre de 2006, la Asamblea Nacional penalizó el aborto terapéutico, única causal de interrupción del embarazo, que había sido autorizada en 1874 y que rigió durante 132 años.

La penalización del aborto terapéutico coloca a médicos y médicas en una disyuntiva jurídica, ya que si realizan una interrupción del embarazo pueden ser denunciados, investigados, procesados y condenados por cometer delito.

Pero, si no prestan ese servicio por estar prohibido por el Código Penal, igualmente pueden ser denunciados, procesados y condenados por no cumplir con el artículo 160 del mismo código, por el cual se castiga al personal de la salud que niegue atención sanitaria cuando esta conducta pueda derivar en riesgo grave para la salud de la persona.

En el otro extremo está Cuba, donde el aborto no es penado por la ley ni perseguido y hay una gran cobertura de métodos anticonceptivos. Sólo es posible de sanción quien procede sin el consentimiento de la grávida, lo realice fuera de las instituciones oficiales, no sea médico o lo haga por lucro.

Realizado en hospitales, con condiciones adecuadas y por personal calificado, el aborto es decisión de las mujeres, que acuden a esa práctica con cierta frecuencia. De acuerdo con datos del Anuario de Salud Pública 2007, publicados en Infomed, el portal cubano de salud, ese año se practicaron 66.008 abortos inducidos, 58,4 abortos por cada 100 partos y 36,9 por cada 100 embarazadas.

En las mismas con diciones de legalidad que Cuba se encuentra la capital mexicana, desde abril de 2007, cuando la Asamblea de Representantes del Distrito Federal (congreso local) despenalizó el aborto, el cual dejó de ser considerado delito y está permitido antes de las 12 semanas de gestación. Es obligación de los hospitales públicos atender este tipo de acto médico, que podrá realizarse con la sola voluntad de la madre y sin necesidad de justificación.

Desde entonces se han registrado 1.300 solicitudes de información sobre interrupción de embarazo en diferentes establecimientos de la Secretaría de Salud del Gobierno del D.F. Se estima un promedio de 5,5 interrupciones por día.

En un análisis de 140 expedientes (de poco más de 230 amparados por el derecho al aborto en las 12 semanas de gestación) divulgado en mayo pasado, en ocasión del Día Mundial de Acción por la Salud de las Mujeres, se concluye que las pobres y analfabetas que requirieron el servicio de interrupción de embarazo representan apenas 0,7 por ciento de las pacientes, mientras que las de las capas medias, con educación técnica, media y superior, abarcan 54 por ciento. Más de 80 por ciento profesa la religión católica. Sólo 10 por ciento es menor de edad y 56 por ciento tiene entre 20 y 29 años.

En ese país se practican un millón de abortos anuales, de acuerdo con cifras de un estudio de 2008 de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Con diferencias según los estados, hay siete causales no penadas en México: cuando el embarazo es producto de una violación, hace correr peligro de muerte para la mujer, por malformaciones congénitas, grave daño a la salud, por ser el resultado de una inseminación artificial no consentida, por razones económicas y cuando ocurre de forma imprudente o por accidente.

No obstante, en ninguna entidad federativa se las reconoce a todas, además de que, hasta el 18 de septiembre se habían aprobado leyes semejantes a la de República Dominicana en 16 estados. La violación es la única causal aceptada en todo el país, pero esa excepción peligra frente a la complicidad con la Iglesia. De derogarse, colocaría al país en la misma situación de Chile, El Salvador y República Dominicana.

Pese al marco legal “protector”, en los últimos años han arreciado las persecuciones a niñas y mujeres que recurrieron al aborto.

Países como Colombia o Bolivia se encuentran en una categoría intermedia. En mayo de 2006, la Corte Constitucional colombiana sentenció que la interrupción de embarazo dejaba de ser delito cuando la vida de la madre está en peligro, cuando la gestación es el resultado de violación o incesto y en los casos en que se diagnostiquen malformaciones fetales que hagan inviable la vida fuera del útero. Hasta ese momento, la normativa penalizaba el aborto en cualquier circunstancia.

La histórica sentencia fue el resultado de una demanda presentada por la abogada Mónica Roa, directora de programas de la organización Women’s Link Worldwide (capítulo Colombia).

Si bien en Bolivia está despenalizado el aborto en casos de violación, este no se hace y las mujeres víctimas de este delito, así sean niñas, se ven obligadas a culminar sus embarazos. No ha habido ni un sólo caso de aborto despenalizado desde la reforma del Código Penal en 1999, como tampoco antes, cuando estaba amparado en caso de estupro, violación y riesgo de vida para la madre.

En Guatemala, Argentina y Uruguay el aborto es ilegal, pero son causas atenuantes de las penas cuando la mujer grávida corre riesgo de vida y cuando el embarazo es fruto de una violación.

La angustia económica (aborto miserable), lesión a su honor (aborto honorífico) son asimismo atenuantes para la legislación uruguaya. No obstante, esas excepciones rara vez se utilizan, debido principalmente a que el artículo 328 del Código Penal que las incluye nunca fue reglamentado y no existen mecanismos que faciliten a la mujer que desea interrumpir un embarazo lograr su objetivo.

En Venezuela, donde hay en la actualidad intensas movilizaciones por la despenalización del aborto, este está penado en todas sus formas, excepto cuando peligra la vida de la madre.

Ni la Constitución aprobada en 1999, que marcó el inicio del proceso bolivariano, ni la sometida a referéndum en 2007 incluyeron el derecho a decidir demandado por el movimiento de mujeres. Por ende, sigue vigente la ley penal de 1915, por la cual ni el embarazo producto de una violación o de relación incestuosa pueden ser interrumpidos legalmente. Sin embargo, la salvaguardia del honor masculino y la honra femenina constituyen atenuantes.

Para la médica mexicana Sandra Peniche, fundadora y presidenta de Servicios Humanitarios en Salud Sexual y Reproductiva, la penalización del aborto “sólo favorece los intereses masculinos, ya que quienes realizan abortos son hombres y lucran con ellos, y ni siquiera informan a las mujeres sobre metodología anticonceptiva”.

Rossina Guerrero, psicóloga, coordinadora de proyectos del Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos (Promsex) de Perú, opina que “la penalización ha sido un total fracaso para prevenir o evitar que las mujeres recurran a un aborto (…) Las mujeres arriesgan su salud, sus vidas y su integridad personal a pesar de la ilegalidad”, expresó a SEMlac.

De hecho, el mayor peso de las leyes penalizadoras recae sobre los médicos que practican el aborto y no sobre las mujeres que recurren a ellos. De lo contrario, serían millones las que cada año estarían encarceladas.

Acceso a anticonceptivos

En la mayoría de los países contenidos en el presente informe, el acceso gratuito a métodos anticonceptivos, incluida la anticoncepción de emergencia o “pastilla del día después”, es irregular y deficitario. Con frecuencia los avances logrados se frenan o detienen, según el vaivén de los cambios de gobierno, las políticas de los ministerios de salud pública y las presiones de los grupos conservadores y religiosos.

Perú, por ejemplo, es considerado un país de baja prevalencia en el uso de métodos anticonceptivos modernos. Para 2008 se estimó en 48 el porcentaje de mujeres que usaba algún anticonceptivo, en comparación con 78 de Colombia, 75 en Uruguay, 72 Cuba y 70 por ciento Brasil, informó Guerrero a SEMlac.

En Bolivia, cifras de la última Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDSA) indican que el uso de anticonceptivos modernos se mantuvo constante en 35 por ciento entre 2003 y 2008 (igual porcentaje en Guatemala) y sólo se aprecia un aumento en el uso y prevalencia de los mal llamados “métodos naturales”, como la abstinencia y el ritmo, que se elevaron de 23 a 26 por ciento en el mismo período, indicó a SEMlac Ramiro Claure, director de Maria Stopes Internacional.

Una vez que Uruguay reglamente la ley de “Defensa del derecho a la salud sexual y reproductiva”, todos los centros de salud públicos y privados deberán entregar la canasta completa de métodos anticonceptivos.

La médica dominicana Lilliam Fondeur ha sido una tenaz militante contra la inclusión del actual artículo 38 en la Constitución de Colombia. Autora del libro Las hijas de nadie, allí recoge los testimonios de mujeres que se han visto en situaciones desesperadas por violación, incesto y anencefalia de la criatura en gestación.

La anencefalia es un defecto del tubo neural del sistema nervioso central del feto, que trae como consecuencia la ausencia de una parte importante del cerebro, el cráneo y el cuero cabelludo.

“Como médica, considero que interrumpir un embarazo es parte del trabajo. Por el imaginario social sobre el tema, más el factor clandestinidad, no es un trabajo agradable”, confesó a SEMlac.

“En mi caso debo estar segura de quién es la mujer y a través de quién viene, para que no me agarren los conservadores. No puedo negar que se cobra bien, si la mujer tiene dinero. Es obligatorio en mi práctica, después de interrumpir un embarazo, colocar un DIU”, agregó.

No obstante, la realidad regional muestra que un mayor acceso a la anticoncepción no garantiza a las mujeres el control pleno de su sexualidad.

Ese es el caso de Bolivia, confirmó a SEMlac la psicóloga Denise Ampuero. “Las mujeres no utilizan la anticoncepción porque sus parejas no se los permiten; las golpean, las maltratan, las tratan de locas. Entonces, de nada nos serviría hacer una campaña espectacular para que las mujeres sepan de los anticonceptivos, si las parejas no las dejan usarlos”, concluyó.

Fuente: http://www.redsemlac.net

 

 

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Source: Octubre 2009