Salud-Nicaragua: Aborto terapéutico ya no salva vidas

México, (IPS) – “Lo que pasó me cortó mis ilusiones, mis esperanzas… Yo querría trabajar afuera, pero paso todo el día en la casa cuidando al bebé… No puedo ni dormir y me siento muy insegura, muchos de mis días son una pesadilla. Es muy difícil seguir adelante y me siento muy triste y muy cansada.”

Ése fue el testimonio que “M”, una joven nicaragüense de 17 años que quedó embarazada tras ser violada por un familiar, brindó a representantes de la organización de derechos humanos Amnistía Internacional que visitó Nicaragua la semana pasada.

La joven no pudo interrumpir su embarazo porque el denominado aborto terapéutico está prohibido desde 2008 en esa nación centroamericana, una de las más pobres del continente.

 

El informe de Amnistía, titulado “La prohibición total del aborto en Nicaragua: La vida y la salud de las mujeres en peligro; los profesionales de la medicina, criminalizados” concluyó que esa política aumenta la mortalidad materna y pone en riesgo la salud de embarazadas de todas las edades.

“La prohibición del aborto terapéutico en Nicaragua es una vergüenza”, expresó este lunes Kate Gilmore, secretaria general adjunta de Amnistía, durante la presentación del reporte efectuada en la capital de México.

“Es un escándalo de derechos humanos que ridiculiza la ciencia médica y distorsiona la ley al ser un arma contra la prestación de servicios esenciales de atención médica a niñas y mujeres embarazadas”, agregó esta socióloga australiana.

Gilmore calificó la prohibición de “cruel, inhumana, ilegal, discriminadora, inaplicable y degradante”.

Treinta y tres niñas y mujeres han muerto en las primeras 19 semanas de este año como consecuencia de complicaciones en el embarazo y el parto, mientras en el mismo lapso de 2008 fueron 20 los fallecimientos por esa causa, según cifras oficiales reproducidas en el documento.

El nuevo Código Penal nicaragüense está vigente desde julio de 2008. El presidente Daniel Ortega, del izquierdista Frente Sandinista de Liberación Nacional, procuró atraer el voto conservador al apoyar esta reforma legal en la campaña electoral que lo llevó al cargo en enero de 2007.

La reforma eliminó una ley vigente desde 1893, al ordenar penas de cárcel para mujeres que padezcan cáncer, tuberculosis, sida o paludismo, entre otras enfermedades, o hayan resultado embarazadas como consecuencia de una violación y que decidan abortar, así como para los médicos y enfermeras que practiquen esa intervención.

“La reforma del Código Penal es una medida regresiva con arreglo al derecho internacional y hace que Nicaragua se aleje de una política de salud pública de probada eficacia”, indica el informe de 51 páginas.

Nicaragua tiene una población de 5,7 millones de personas, de las cuales 48 por ciento vive en situación de pobreza. La mitad de las víctimas de violación registradas ante las autoridades son menores de 18 años, y 16 por ciento resultan embarazadas a causa de ese delito.

Entre 1999 y 2005, hubo 7.099 mujeres y niñas que experimentaron complicaciones durante el embarazo y que resultaron en abortos espontáneos e inducidos.

“La ley ridiculiza a la ciencia y permite entrar en el derecho y la ciencia a la religión y la política”, expresó Gilmore.

uot;font-family: Arial;”>La activista encabezó un grupo de representantes de Amnistía que recorrió Nicaragua la semana pasada y que recabó testimonios de médicos y pacientes sobre el tema.

La delegación intentó entrevistarse con Ortega. No lo logró, pero sí fue recibida en audiencia por el ministro de Salud, Guillermo González.

“Afrontamos una persecución política. Estamos bajo investigación criminal desde octubre de 2007”, afirmó, entrevistada por IPS en la presentación del informe, Juanita Jiménez, integrante del nicaragüense Movimiento Autónomo de Mujeres.

Esta activista por la salud sexual y reproductiva es una de las nueve mujeres acusadas de apología del delito y de asociación ilícita para cometer un delito por sus actividades en la sociedad civil.

“La intención del gobierno es intimidar a los defensores de los derechos humanos y a sus organizaciones”, señaló Jiménez.

Amnistía eligió la capital mexicana para presentar el informe porque allí está admitida por ley, desde abril de 2007, la interrupción del embarazo voluntario en las 12 primeras semanas de gestación. Hasta ahora, unas 23.500 mujeres se sometieron a esa práctica.

Cuatro entidades de la Organización de Naciones Unidas ya señalaron que la ley nicaragüense viola tratados internacionales de los cuales Managua es parte.

El aborto en la nación centroamericana cobró relevancia en 2003 por el caso de “Rosita”, una niña entonces de nueve años embarazada y con dos enfermedades de transmisión sexual como consecuencia de una violación.

La niña pudo abortar, asistida por organizaciones femeninas y de derechos humanos nacionales e internacionales, a pesar de la oposición de algunos sectores del gobierno.

El informe de Amnistía subraya que la ley actual “deja a los profesionales de la medicina en una situación riesgosa” al “exponerlos a penas de prisión”, pues los “obliga a actuar en contra de sus principios éticos” al enfrentarlos con la posibilidad de negarles “a sus pacientes el tratamiento más beneficioso posible para su salud” en caso de que éste sea el aborto terapéutico.

Amnistía, informó Gilmore, urgió al gobierno y el parlamento de Nicaragua a despenalizar el aborto terapéutico, a garantizar el acceso al aborto seguro a las víctimas de violación o mujeres en riesgo sanitario y a proteger el derecho a la libertad de expresión para quienes critican las regulaciones antiabortistas.

La batalla legal se libra en las salas de la Corte Suprema de Justicia, el más alto tribunal del país y que tiene la última palabra.

Mientras Jiménez dijo que “no se sabe qué pasará en la Corte, pues es un órgano influido por el partido gobernante”, Gilmore anunció que Amnistía presentará una petición legal ante esa instancia “recordándole que cuatro organismos de la ONU han declarado ilegal esa legislación”.

Amnistía Internacional inició este lunes una campaña para promover la salud materno-infantil y prevenir la mortalidad materna en Nicaragua, dentro de su programa global “Exige dignidad”.

(FIN/2009)

Fuente: ipsnoticias.net

 

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Source: Agosto 2009

La escandalosa prohibición total del aborto niega tratamientos que salvan vidas a niñas y mujeres

Las víctimas de incesto y violación se ven obligadas a tener hijos

Ciudad de México.- La prohibición total del aborto en Nicaragua está poniendo en peligro las vidas de niñas y mujeres, negándoles tratamiento para salvar sus vidas, previniendo a profesionales de la salud de practicar la medicina eficaz y contribuyendo así a un aumento de las muertes maternas en todo el país, ha afirmado Amnistía Internacional en su nuevo informe“La prohibición total de aborto en Nicaragua: La vida y la salud de las mujeres en peligro; los profesionales de la medicina, criminalizados”.

 

Según cifras oficiales, 33 niñas y mujeres han muerto este año durante el embarazo, en comparación con 20 en el mismo período el año pasado. Amnistía Internacional considera que estas cifras son mínimas, ya que el propio Gobierno ha reconocido que no todos los casos de muertes maternas han sido registrados.

Este informe es el primer estudio de Amnistía Internacional que examina el impacto en los derechos humanos de la negación del aborto cuando la vida o la salud de una mujer o niña está en riesgo, incluso cuando ella es víctima de violación o incesto.

La revisión del Código Penal en Nicaragua establece penas de prisión para niñas y  mujeres que buscan un aborto y para los profesionales de la salud que prestan servicios asociados con el aborto. Sólo el 3% de los países del mundo tienen una prohibición total del aborto.

El nuevo Código introduce sanciones penales para los médicos y enfermeras que tratan a una mujer o niña embarazadas por enfermedades como el cáncer, la malaria, el VIH/SIDA o en situaciones de emergencia cardiaca, cuando el tratamiento está contraindicado en el embarazo y puede causar lesiones o muerte del embrión o feto.

Incluso llega a castigar a niñas y mujeres que han sufrido un aborto involuntario, ya que en muchos casos es imposible distinguir el aborto espontáneo del aborto inducido.

Esta nueva ley contraviene las Normas y Protocolos para la Atención de Complicaciones Obstétricas de Nicaragua, emitidos por el Ministerio de Salud, que autorizan el aborto terapéutico como una respuesta clínica a casos específicos. Sin embargo, no hay garantías por parte de las autoridades de que los médicos no serán procesados si se respetan estas normas.

“La prohibición del aborto terapéutico en Nicaragua es una vergüenza. Es un escándalo de derechos humanos que ridiculiza la ciencia médica y distorsiona la ley al ser un arma en contra de la prestación de servicios esenciales de atención médica a niñas y mujeres embarazadas”, dijo Kate Gilmore, Secretaria General Adjunta de Amnistía Internacional en una conferencia de prensa en la Ciudad de México, al regresar de una visita a Nicaragua.

“El Código Penal de Nicaragua es un artefacto cruel y cínico resultado de los tratos políticos durante las elecciones en el país en 2006. Hoy, sin embargo, se castiga a las mujeres y las niñas por buscar tratamientos médicos que salvarían sus vidas y a los médicos por proporcionar los mismos. “

En Nicaragua, la delegación de Amnistía Internacional se reunió con organizaciones de derechos humanos,  profesionales médicos, miembros de la Asamblea Nacional y con el Ministro de Salud. A pesar de las reiteradas peticiones, la Comisión de la Mujer de la Asamblea Nacional al igual que el Presidente Ortega y el Instituto de la Mujer de su Gobierno se negaron a reunirse con la organización para discutir el impacto de la ley sobre las niñas, las mujeres y las víctimas de violación e incesto.

Los delegados de Amnistía Internacional se reunieron con jóvenes que, habiendo sido objeto de violencia sexual a manos de familiares cercanos o amigos, fueron obligadas a llevar a término sus embarazos, dando a luz -en muchos casos a sus propios hermanos o hermanas- porque se les niega el acceso a alternativas. Es profundamente preocupante el registro de un aumento en el suicidio por consumo de veneno entre adolescentes embarazadas en el 2008.

Obstetras, ginecólogos y médicos de familia en Nicaragua le dijeron a Amnistía Internacional que, en virtud de este Código Penal, legalmente ya no pueden proporcionar un tratamiento médico eficaz para enfermedades que amenazan la vida en mujeres y niñas embarazadas debido al potencial riesgo para el feto.

Un médico le dijo a Amnistía Internacional que reza por no recibir a una paciente con un embarazo anencefálico (una enfermedad que significa que el feto no puede sobrevivir), debido a la necesidad de tener que decirle a la mujer que se verá obligada a llevar el embarazo a término, a pesar de los efectos devastadores fisiológicos y psicológicos.

“Sólo hay una manera de describir lo que hemos visto en Nicaragua: un gran horror,” dijo Kate Gilmore. “Las niñas se ven obligadas a tener bebés y a las mujeres embarazadas se les niega atención medica esencial, incluso cuando sus vidas están en riesgo.”

“¿Qué alternativas le ofrece el Gobierno a una niña de 10 años embarazada como consecuencia de una violación? ¿Y a una mujer que sufre cáncer a quien se le niega tratamiento para salvar su vida sólo porque está embarazada, mientras que ella tiene otros hijos esperando en casa?,” dijo Kate Gilmore.

“Niñas embarazadas como resultado de incesto tuvieron el coraje de reunirse con nosotros para hablar de la situación, pero el Presidente Ortega no lo hizo. Al parecer, las autoridades nicaragüenses no podían defender la ley, no podían tomar responsabilidad de la ley, ni comprometerse a su urgente derogación.”

Amnistía Internacional insta a las autoridades nicaragüenses a:

  • Derogar inmediatamente la ley que prohíbe toda forma de aborto.
  • Garantizar servicios de aborto seguro y accesible para víctimas de violación y mujeres cuya vida o salud están en riesgo si continúan con el embarazo.
  • Proteger la libertad de expresión de los que hablan en contra de la ley y ofrecer apoyo a las mujeres y niñas afectadas por la ley.

 

Amnistía Internacional pide asimismo a la Corte Suprema de Nicaragua adoptar una decisión sobre la legalidad y la constitucionalidad de la ley como una cuestión de máxima urgencia.

Información complementaria
El lanzamiento del informe “La prohibición total de aborto en Nicaragua: La vida y la salud de las mujeres en peligro; los profesionales de la medicina, criminalizados”  es parte de la campaña de Amnistía Internacional, Exige Dignidad.

La campaña pretende poner fin a las violaciones de los derechos humanos que impulsan y profundizan la pobreza mundial. La campaña movilizará personas en todo el mundo a exigir que los gobiernos, grandes corporaciones y otras personas que tienen poder escuchen las voces de quienes viven en la pobreza y reconozcan y protejan sus derechos.

Para más información, véase:

Categorías: América, Derechos económicos, sociales y culturales, Mujeres, Pobreza, Tortura y malos tratos, VIH/SIDA

Ficheros:
DATOS_Y_CIFRAS_Nicaragua_jul09_02.pdf
TESTIMONIOS_Nicaragua_jul09_02.pdf
CONTEXTO_LEGAL_Nicaragua_jul09_02.pdf

Más información
Gabinete de prensa de la Sección Española de Amnistía Internacional, Telf., 91 310 12 77
Centro de Documentación de AI: doc.es.amnesty.org.

Fuente: http://www.es.amnesty.org

 

 

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Source: Agosto 2009

Línea Aborto: "Más información, menos riesgos"

Zula Lucero (LAS MARIPOSAS – INDYMEDIA)

El colectivo Lesbianas y Feministas por la Descriminalización del Aborto, lanzó una línea telefónica donde brindara información sobre interrupción de embarazos con misoprostol. El número es el 15 6664 7070 y funcionara de lunes a jueves de 9 a 15 horas y viernes, sábados y domingos de 18 a 0 horas.

El objetivo de la línea telefónica es hacer más accesible la información sobre aborto medicamentoso producida por la Organización Mundial de la Salud y la Federación Latinoamericana de Sociedades de Obstetricia y Ginecología, y será la que circulara en la línea. La idea es prevenir la muerte y los daños a la salud causadas por abortos inseguros, realizados en la clandestinidad. Este proyecto ya esta funcionando en Ecuador y Chile y cuenta con el apoyo de la ONG Women on Waves y XminY.

 

“En Argentina, 6 de cada 10 cajas de misoprostol se venden sin cumplir el requisito de receta archivada. Esto indica, entre otras cosas, que nadie puede monopolizar el conocimiento, y que las mujeres decidimos sobre nuestra vida y nuestro cuerpo. Pero también muestra que la prohibición del aborto y la clandestinidad a que se nos obliga ponen en marcha un mecanismo selectivo de desinformación, que perjudica especialmente a mujeres y niñas pobres, jóvenes, excluidas, víctimas de formas graves de violencia de género, quienes ven vulnerado su derecho a acceder a información que salva vidas.” Aseveran las integrantes de Lesbianas y Feministas por la Descriminalización del Aborto.

Según la Federación Internacional de Planificación de la Familia: 19 millones de mujeres pobres se someten a abortos inseguros en el mundo y el 13% de ellas mueren como consecuencia de esta práctica. En Argentina al igual que la mayoría de los países latinoamericanos, salvo Cuba, Costa Rica y Guyana, el aborto es ilegal a pesar de ser la mayor causa de muerte materna. La falta de recursos económicos limita el acceso a un buen nivel de salud sexual y reproductiva condenando, a las pobres, a no tener control para decidir sobre su sexualidad y sus embarazos. Todos los casos de mortalidad materna ocurren en países del tercer mundo, dejando al descubierto la brecha que existe en materia de salud entre las naciones del primer mundo y los países empobrecidos.

En nuestro país se estima que al menos 2 mujeres mueren por abortos inseguros y muchas otras quedan con secuelas físicas evitables. Anualmente se producen, alrededor de 500.000 abortos ilegales que representan el 40 % de todos los embarazos. En el año 2.000 se registraron más de 70.000 hospitalizaciones por aborto en todo el país, el 15% correspondía a mujeres de menos de 20 años y el 50% a mujeres entre los 20 y 29 años. Muchas mujeres, sobre todas las pobres, que se someten a métodos abortivos inseguros deben sortear otra barrera: la atención post aborto en los hospitales públicos. Si bien hay acuerdo estatal, en la necesidad de generar mejoras en la atención a las mujeres que llegan al hospital publico con un aborto incompleto o con complicaciones, la realidad muestra que en la práctica esto no sucede y muchas son tratadas de forma humillante, criticadas y culpabilizadas.

Fuente: argenpress.info

 

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Source: Agosto 2009

Nicaragua: “Nombre no importa, sino salvar la vida de mujeres”

Representantes de organizaciones de la sociedad civil de derechos humanos y médicas consideraron que no importa si se le denomina aborto por indicación médica, emergencia obstétrica o aborto terapéutico, lo que verdaderamente es importante es salvar la vida a las mujeres.

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La ginecóloga e investigadora de temas de salud, Ana María Pizarro, perteneciente al Movimiento Autónomo de Mujeres, dijo que si el Estado está evitando las muertes maternas aplicando el Manual de Emergencia Obstétrica, ella sería la primera en felicitar a este gobierno.

 

Ante la negativa del Ministerio de Salud, Minsa, argumentando que la intervención que realizan la denominan aborto por indicación médica, Pizarro expresa que los abortos terapéuticos, en el caso del manual, no son más que procedimientos para las emergencias obstétricas.

“Entre ambas acciones científicamente no hay ninguna diferencia”, afirmó, mencionando que en todo caso hay interrupción del embarazo cuando, por ejemplo, éste es ectópico, o complicado por afectaciones determinantes.

En tanto, la definición de aborto terapéutico es clara: “Es el que es justificado con razones médicas para salvar la vida de la madre, cuando la continuación del embarazo o el parto significan un riesgo grave para su vida”.

“Estaríamos ante una situación interesante, porque el Estado nicaragüense reconocería que no puede cumplir la ley que el propio Estado promovió al abolir una ley establecida desde hace 171 años en la historia de Nicaragua. Si están practicando los abortos terapéuticos, lo único que estarían haciendo es cumpliendo con una obligación con las mujeres nicaragüenses. Esto debería ser una orden pública para todos los centros de servicios médicos del país”.

Indicó que el enredo en medio de esto es la Iglesia, que es una asociación civil que presiona al Estado, amenazando con la excomunión a la dirigencia política del país. Entonces, los políticos no actúan como servidores públicos de un Estado laico, sino como feligreses.

Muerte materna es un tema grave
Criticó que lo más importante no es si el Ministerio de Salud, Minsa, hace abortos o no, sino las muertes maternas, algunas de las cuales fueron provocadas por intentos de abortos inseguros o un dudoso servicio del personal médico.

Según el reporte del Minsa, hasta el 7 de mayo de 2009, se contabilizaron 33 muertes maternas, mientras en 2008 la cantidad fue 20 en ese mismo período. Las principales víctimas fueron las mujeres de entre los 20 y los 34 años, con 22 fallecidas este año, y en segundo lugar están las menores de 20 años que representan seis.

“Significa un incremento del 65 por ciento. Un dato altamente alarmante, por lo que pregunté al ministro de Salud qué estaban haciendo, entonces, contra esta epidemia”, indicó Pizarro.

Destacó que en estos momentos se debate entre una alta estadística de muertes maternas, y un informe de Amnistía Internacional que describe como “un horror y una vergüenza” la penalización del aborto terapéutico, y está dando la vuelta al mundo, en medio de la evaluación del Programa de Acción del Cairo.

“Esto significa que como Estado tienen que tomar una medida urgente, y si la están tomando eso, lo celebro”, señaló.

La especialista dijo que si una forma de detener las cifras es atender profesionalmente las emergencias obstétricas, entonces ella lo aplaude.

Estado obligado a eliminar penalización
Wendy Flores, abogada del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Cenidh, perteneciente al Grupo Estratégico por la Despenalización del Aborto Terapéutico, dijo que –a pesar de ahora negar lo dicho–, la “confesión” de Edmundo Sánchez, Director de Vigilancia para la Salud Pública del Minsa, no está divorciada de la necesidad que la ley permita la práctica del aborto terapéutico, lo cual considera la única forma para salvarle la vida a una mujer en casos de malformaciones congénitas, enfermedades críticas, y las docenas de casos de violación a niñas, cuyos cuerpos no están preparados para la concepción.

“Lo que ha dicho el funcionario del Minsa de verse en la necesidad de practicar un aborto por indicación médica, justifica aún más la obligación que tiene el Estado a través del Poder Judicial de declarar la inconstitucionalidad de la ley que prohíbe el aborto terapéutico”, expresó.

La abogada del Cenidh, señala que a pesar de que los médicos y los hospitales estén entendidos de la situación, no en todos los hospitales actúan de igual manera, porque existe incertidumbre e inseguridad jurídica que incurre en el incremento de los índices de mortalidad materna.

Si bien es cierto que sólo cinco murieron por la práctica de un aborto clandestino, otras fallecieron por enfermedades que necesitan tratamiento, como cáncer y el Sida, pero su embarazo y la penalización del aborto terapéutico impide a los médicos aplicarle los tratamientos rigurosos para esas enfermedades.

“La penalización del aborto en todas sus formas, lo que demuestra es que Nicaragua sigue incumpliendo con sus compromisos en derechos humanos. ¿Qué opciones tiene una mujer con cardiopatía si resulta embarazada, siendo que su condición agrava su salud y su vida? ¿Qué opciones se les da a las niñas abusadas sexualmente?”, inquirió.

Flores rechazó, por otra parte, que las mujeres sean obligadas a llevar un bebé que no vivirá cuando nazca, lo cual ha sido internacionalmente señalado como una tortura.

“Lo que recogió para su cuna, mejor utilícelo para el ataúd, pero no lo mate”, fue la recomendación que los médicos dieron a una mujer cuya criatura en gestación, tenía una malformación congénita, y que al nacer duraría unas horas antes de morir. Sin embargo, el embarazo no podía detenerse, ya que eso sería un aborto, penalizado por la ley nicaragüense que no mira excepciones.

“El caso mencionado lo vimos el año pasado en el Cenidh. Ella era una mujer trabajadora de una maquila en Tipitapa, y se le obligó a llevar al término su embarazo a pesar de que los doctores, desde los primeros dos meses, supieron que el niño era anencefálico, o sea, que carecía de partes del cerebro, entre otras malformaciones”.

Comentó que por situación similar el Estado de Perú fue condenado por el Comité de Derechos Humanos, en el caso de una joven de 17 años a la que se consideró haberla sometido a esa tortura. Ya que hasta la obligaron a amamantar al bebé agonizante, que si bien nacen con vida, no pueden vivir fuera del útero, porque no tienen el cerebro para desarrollar sus funciones básicas.

“La mujer sobrellevó problemas psicológicos graves. Además de enfrentar a su niño de 5 años, que tenía las expectativas de tener un hermanito que no era tal, y que prácticamente tendrían que enterrarlo en cuanto naciera”.

Flores dijo que el problema es gravísimo, pero también es atroz que un Estado no pueda comprenderlo. Por eso mencionó que en nuestro país la penalización del aborto terapéutico es tortura contra las mujeres, pues está demostrado que el impacto sicológico es mayor cuando se obliga por meses a las mujeres a llevar en su interior un cuerpo sin vida.

Al preguntarle si al admitir el Estado, a través del Minsa, que está realizando abortos, estarían incumpliendo con la ley, Flores dijo: “Se podría decir que sí. El problema es que este Estado tiene una doble moral, por un lado para quedar bien con la Iglesia penaliza totalmente el aborto, y para darle una salida a los médicos gineco-obstetras aprueban normas y procedimientos protocolarios de carácter médico que conllevan a un aborto terapéutico”.

Marcadas y obligadas al embarazo
Sobre el caso, Magali Quintana, de las Católicas por el Derecho a Decidir, menciona que el presidente Daniel Ortega no se atreve a entrar en contradicción con la jerarquía de la Iglesia Católica, y, mientras tanto, sus instituciones tratan de ofrecer una alternativa, ya que tienen la vigilancia internacional para que se respeten los derechos humanos.

Una de las situaciones que el Estado debería combatir con mayor fuerza son los abusos sexuales, sobre todo donde las víctimas son niñas.

Según un análisis cuantitativo sobre artículos periodísticos sobre violencia sexual en 2008, en 693 artículos de prensa sobre violencia sexual, las principales víctimas fueron menores de edad.

A nivel general, las principales víctimas fueron menores que representaron el 53.9 por ciento del total. Es así que 334 mujeres que resultaron afectadas eran menores de 21 años. El 26 por ciento está comprendido entre las edades de 10 a 13 años; el 24.6 por ciento entre los 14 y 17 años; el 11.1 por ciento de 1 a 6 años; el 8.7 tiene entre los 18 y 20 años, y el 8.1 por ciento tiene entre los 7 a 9 años.

Entre los victimarios, el 25.9 por ciento fueron los padres, y los padrastros el 16.2 por ciento. Entre otros agresores, se encontró que 6 eran pastores, los que estuvieron involucrados en los abusos sexuales de 12 víctimas.

De las 318 mujeres comprendidas entre los 1 a los 20 años, que fueron violadas, 48 quedaron embarazadas producto de la violación. De ellas, el 58.7 por ciento tenían entre 14 y 17 años, y el 32.6 por ciento de 10 a 12 años.

Unfpa recomienda consenso y acciones de prevención
Junko Sazaki, representante del Fondo de Población de las Naciones Unidas, Unfpa, señaló que, en el caso del aborto terapéutico en Nicaragua, la discusión nuevamente fue puesta en agenda por Amnistía Internacional, algo que consideró muy sano. Señaló muy importante hacer hincapié de lo que pasa en el país, y saber si con la penalización dejó de subir la mortalidad materna o no.

Comentó que, según los datos oficiales del primer semestre, si bien es cierto que la cifras de muertes maternas se incrementaron, se debe esperar a tener el consolidado del año para hacer una valoración más acertada.

“Es importante que se haga una investigación, obtener datos más exactos y analizar la situación”, dijo, recalcando que el fondo de cooperación no aprueba el aborto como una forma de plantificación familiar.

En un país con altas tasas de embarazos adolescentes y altas cifras de violencia sexual, primero recomendó la necesidad de difundir información y los servicios de planificación familiar para reducir los embarazos no deseados, teniendo en cuenta que la prevención de un embarazo es el primer paso de la solución, el cual es seguido de un continuo seguimiento a la gestación del bebé.

Por otra parte, “la aprobación del aborto terapéutico es una decisión soberana de cada Estado, lo cual las Naciones Unidas respetamos”, comentó que sólo hay cuatro países en el mundo donde existe la prohibición total del aborto.

Fuente: elnuevodiario.com.ni

Source: Agosto 2009

Se muere una de cada 300 mujeres que tienen que recurrir a un aborto inseguro

Cada año 19 millones de mujeres en todo el mundo recurren al aborto inseguro y uno de cada 300 de esas mujeres muere. Estas muertes son innecesarias y prevenibles. Hay estudios científicos que demuestran que los abortos con medicamentos en pastillas (misoprostol solo o en combinación con mifepristona) son muy seguros y efectivos y han demostrado que las mujeres pueden realizarse un aborto con medicamentos ellas mismas, de forma segura, en sus casas. Los riesgos son los mismos que en un aborto espontáneo. En general, entre el 15 y el 20 por ciento de todos los embarazos terminan en un aborto espontáneo y, la mayoría, son manejados por las propias mujeres sin supervisión médica adicional. El aborto con medicamentos y el espontáneo son procesos muy similares y tienen los mismos riesgos de complicaciones.

 

La mifepristona y el misoprostol han sido registrados como medicamentos esenciales por la OMS. El misoprostol también puede ser usado para el tratamiento de abortos espontáneos incompletos, provoca contracciones y sangrado, pero en el caso de sangrado severo una dosis adicional regula el flujo sanguíneo y detiene una hemorragia. La investigación de la OMS acerca de la forma de uso más efectiva del misoprostol, publicada en la revista médica británica The Lancet, en junio de 2007, examinó las tasas de aborto completo luego de dos semanas. Si no había un aborto completo, luego de este tiempo, a las mujeres se les practicaba una aspiración. Sólo el 17 por ciento –de las mujeres a quienes se les indujo el aborto con misoprostol– necesitaban recibir un tratamiento qu irúrgico posterior. Sin embargo, la pregunta es si todas estas intervenciones quirúrgicas eran realmente necesarias, dado que otra investigación mostró que un aborto incompleto usualmente se completa luego de la primera menstruación.

Pero, aun así, esto también significa que, al menos, el 83 por ciento de las mujeres, finalmente, no necesitarán recurrir a métodos invasivos inseguros y arriesgar su salud y sus vidas. Más aún, esta “tasa de fallo” no se refiere a situaciones de riesgo de vida. La hemorragia es una complicación cuyo riesgo es relativamente bajo (0,4 por ciento) en un aborto inducido por misoprostol. El riesgo es aceptable en un contexto donde la única alternativa son los métodos de aborto de muy alto riesgo que implican mucha mayor probabilidad de hemorragia, infección y otras complicaciones. Si no hubiera ninguna institución médica cerca, la mujer puede tanto trasladarse a cualquier clínica (tiene que poder llegar en una hora como máximo en el caso de hemorragia) como usar una dosis adicional de misoprostol.

En los raros casos en que una mujer necesita atención médica posterior, puede decirle a l@s médic@s que tuvo un aborto espontáneo. El tratamiento de seguimiento para el aborto espontáneo y aún la atención postaborto están disponibles y son legales en la Argentina. Otra complicación del aborto médico es que continúe el embarazo (lo que sólo sucedió en el 6 por ciento de las veces cuando se usó misoprostol y en menos del uno por ciento de los casos cuando se usó la combinación de mifepristona y misoprostol). Las mujeres con embarazos que continúan pueden intentar usar misoprostol de nuevo y es posible que el segundo intento sea exitoso.

Las píldoras para el aborto con medicamentos dan a las mujeres la posibilidad de tomar el control de sus decisiones reproductivas, sin depender de la legalidad del aborto y de la disponibilidad o voluntad de l@s médic@s y a tomar este control de manera segura, con muy poco riesgo para sus vidas y su salud. Para salvar vidas de mujeres, la información y el aborto con medicamentos deberían hacerse fácilmente accesibles para las mujeres.

Women on Waves publicó instrucciones para las mujeres acerca de cómo realizarse un aborto con medicamentos ellas mismas en su sitio web (http://www.womenonwaves.org/

set1020.191en.html). Las instrucciones son para el aborto seguro usando misoprostol. En algunos países el misoprostol se consigue con facilidad, pero a las mujeres les falta información adecuada acerca de cómo usarlo de la manera más efectiva.

Si el aborto con medicamentos es accesible, las mujeres no necesitan recurrir a prácticas tradicionales o peligrosamente invasivas. Además, las que no tienen los medios para pagar por un aborto ilegal (posiblemente seguro pero muy caro) realizado por un/a profesional pueden realizarse un aborto seguro, inducido por ellas mismas, en su casa, si saben acerca del aborto con medicamentos ¤

* Médica y directora de la organización holandesa Women on Waves (Mujeres sobre las olas).

Fuente: pagina12.com.ar

Source: Agosto 2009

Las pobres no tienen acceso al aborto seguro

En los cinco años que la médica obstetra Leonor Zapata estuvo trabajando en la sala de parto de la Maternidad Concepción Palacios, conoció casos terribles de mujeres que murieron por abortos mal practicados. “Supe de una joven que se puso un cable eléctrico a través del cuello uterino y se conectó a la corriente, la atendieron en el Pérez Carreño; tuve otra paciente que se hizo un lavado con permanganato, una sustancia abrasiva, y se quemó desde la vulva hasta la rodilla. No sobrevivió”.

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“Algunas se hacen enemas de jabón azul que son mortales, porque producen insuficiencia renal. Otras usan tallos de perejil con el riesgo de perforarse el útero, muchas mueren, la mayoría son mujeres pobres”, expresa Zapata.

El 16% de las muertes maternas en Venezuela son por abortos clandestinos, describe Alba Carosio, directora del Centro de Estudios de la Mujer de la UCV.

Por eso, la doctora Asia Villegas considera que en este tema hay un componente de clase social. “Hay que levantar la sábana de la hipocresía que cubre el tabú del aborto. Las que pueden pagarse una clínica abortan en condiciones seguras; las pobres no tienen acceso a este servicio y muchas mueren por abortos hechos en condiciones inseguras”.

Leyes. En este país la interrupción del embarazo es ilegal, salvo cuando corra peligro la vida o la salud de la madre.

El Código Penal establece prisión de seis meses a 2 años para la mujer que interrumpa su embarazo, y de uno a tres años para el que la ayude.

A pesar de las leyes, diariamente cientos de mujeres se hacen abortos en centros de salud privados o clandestinos. La Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Venezuela impulsa un proyecto piloto que busca disminuir la mortalidad por abortos inseguros . “Comenzamos en Zulia, Anzoátegui, Guárico y Lara porque tienen las cifras más altas en muertes por esta causa, pero la solución comienza hablando de este grave problema de salud pública que no puede seguir siendo un tabú”, comenta su vicepresidente, Rogelio Pérez.

GIOVANNA MÉROLA, PIONERA EN AMÉRICA LATINA
Teresa Sosa, coordinadora de Palabra de Mujer del Diario de Los Andes, recuerda que la batalla por la legalización del aborto en el país se inició en la década de los 70. “En 1979 nuestra compañera Giovanna Mérola (fotografía) publicó el libro En Defensa del Aborto en Venezuela de la Editorial Ateneo. Giovanna no sólo fue la pionera en nuestro país sino además en Latinoamérica y el Caribe.

El otro hito histórico fue la XXXVI Reunión Ordinaria de la Asamblea de la Federación Médica Venezolana realizada en Maracaibo en 1981, cuyo tema oficial y único fue el aborto en Venezuela. Esta reunión fue impulsada desde la Maternidad Concepción Palacios por el Dr. Rosendo Castellano, director, y el equipo de planificación familiar dirigido por Elisa Jiménez”.

LAS CIFRAS
Cada día más de 150 venezolanas
son atendidas en la red de hospitales por abortos espontáneos o inducidos, lo que no incluye las clínicas ni los lugares clandestinos.

13 % de las muertes maternas en el mundo se deben a complicaciones por abortos clandestinos.

Venezuela está por encima de la media con 16%.

Entre BsF 25 mil y BsF 50 mil
puede costar una cápsula abortiva de Misoprostol, que se vende en farmacias clandestinamente al detal y sin récipe médico.

Fuente: entornointeligente.com

Source: Agosto 2009

Nicaragua: ¿peligroso prohibir el aborto?

Un informe de la organización Amnistía Internacional (AI) sobre la prohibición del aborto en Nicaragua concluyó que la estricta legislación del país “contribuye a aumentar el número mujeres que mueren durante el embarazo”, ya que “pone en peligro sus vidas al negarles tratamiento médico”.

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En Nicaragua, la interrupción voluntaria del embarazo está penalizada bajo cualquier supuesto desde octubre de 2006; incluso se castiga el aborto “terapéutico”, es decir, aquel que se practica cuando la vida de la madre o el feto corren peligro.

También se penan los abortos cuando la madre es menor y ha sido violada.

Casi tres años después de que Nicaragua endureciera su política antiabortista, AI aseguró que esta decisión trajo serias consecuencias para la protección de los derechos humanos de mujeres y niñas.

Abortos en el patio trasero de Nicaragua

“La prohibición es una desgracia. Es un escándalo para los derechos humanos que ridiculiza a la medicina y convierte esta ley en un arma contra la provisión de los cuidados médicos básicos para niñas y mujeres embarazadas”, dijo Kate Gilmore, una de las responsables del informe.

Según denunció la organización, 33 mujeres murieron en 2009 durante su embarazo, mientras en 2008 esta cifra fue de 20. AI cree que estos datos son ingenuo s y aseguró que no se están contabilizando todos los casos reales.

Este grupo pidió a las autoridades nicaragüenses que garantizaran la posibilidad de abortar a las víctimas de violaciones y a aquellas cuya salud podría estar en riesgo de continuar el embarazo.

El aborto “viola la Constitución”

El aborto terapéutico se había permitido desde 1893 hasta noviembre de 2006.

La presidencia nicaragüense de Enrique Bolaños justificó su ilegalización en 2006 asegurando que “la eliminación de la figura del aborto terapéutico es con el fin de que en Nicaragua no se continúen realizando actos delictivos encubiertos bajo la figura del aborto terapéutico”.

La decisión de la Asamblea Nacional de prohibirlo pretendía acabar con “una abierta violación a la Constitución que protege de forma integral al niño por nacer”.

A fondo: El aborto en América Latina

¿La revolución traicionada?

Como recordó el corresponsal de la BBC Mike Wooldridge, el aborto se convirtió también en una cuestión polémica por sus implicaciones políticas.

Algunos nicaragüenses lamentan que Daniel Ortega, el actual mandatario, cambiara su postura al respecto y apoyara ahora esta legislación.

Cuando los sandinistas combatieron contra el régimen de Anastasio Somoza, “solían animar a sus mujeres a abortar si se quedaban embarazadas”, aseguró la periodista Patricia Orozco.

Orozco, que dijo que ella misma había sido sandinista en los años 70, cree que “la revolución ha sido traicionada”.

Pasado y presente de una revolución

Incluso en las facultades de medicina el aborto puede despertar polémica. “Para nosotros es muy difícil enseñarlo, porque sólo por hablar de él ya parece que estás a favor”, le dijo a la BBC el doctor Andrés Herrera Montes, de la Universidad de León.

A pesar de la prohibición y los riesgos de persecución, todavía hay mujeres que se someten a un aborto de forma clandestina. “El doctor me dijo que había una forma de hacerlo en casa usando algunas medicinas, que era seguro y que no pondría en peligro mi vida. Fue una decisión difícil entre mi futuro y el riesgo a ir a la cárcel”, explicó una mujer nicaragüense que quiso permanecer en el anonimato.

¿Por qué arriesgar entonces su vida y su libertad? “Porque soy dueña de mi propio cuerpo y tengo derecho a decidir”.

Fuente:  bbc.co.uk/mundo

Source: Agosto 2009