Perú: La desigualdad de acceso a los servicios de salud cuesta la vida a mujeres pobres e indígenas

Cientos de mujeres pobres, campesinas e indígenas están muriendo en Perú debido a que en la práctica no reciben los mismos servicios de salud que el resto de las mujeres del país, según concluye Amnistía Internacional en su nuevo informe, presentado el 9 de julio.

El informe, titulado Deficiencias fatales. Las barreras a la salud materna en Perú, examina los altos índices de mortalidad materna entre las mujeres pobres e indígenas del medio rural peruano y evalúa el impacto de las últimas políticas adoptadas por el gobierno para hacer frente al problema.

Perú presenta uno de los índices de mortalidad materna más elevados de todo el continente americano. Según datos oficiales, por cada 100.000 nacidos vivos en Perú mueren 185 mujeres. Las Naciones Unidas señalan un número aún mayor, 240. La mayoría de esas mujeres son campesinas, pobres e indígenas.

“Los índices de mortalidad materna en Perú son escandalosos –afirmó Silvia Loli, directora de Amnistía Internacional en el Perú–. La muerte de tantas mujeres por causas prevenibles constituye una violación de derechos humanos. El Estado peruano sencillamente está incumpliendo su obligación de proporcionar asistencia médica materna a todas las mujeres, al margen de quienes sean y el lugar en donde vivan.”

En su informe, Amnistía Internacional pone de relieve que en Perú mueren mujeres embarazadas debido a las dificultades que han de superar: falta de acceso a atención obstétrica de urgencia, falta de información sobre salud materna y falta de personal del servicio de salud que sepa hablar en lengua indígena.

Según el censo de comunidades indígenas de 2007, prácticamente el 60 por ciento de las comunidades que abarcaba el censo no tenía acceso a un centro de salud.

“Los servicios de salud para las mujeres embarazadas en Perú son una lotería: si eres indígena y pobre, no tienes ninguna posibilidad de ganar” señaló Silvia Loli.

José Meneses Salazar, de 24 años y residente en Ccarhuacc (Huancavelica), una de las zonas más pobres de Perú, perdió a su madre hace nueve años como consecuencia de un parto. La mujer evitó ir a las revisiones médicas por miedo a ser maltratada por el personal. Cuando se puso de parto, la comadrona del centro de salud más próximo estaba de permiso, por lo que el padre de José y otros familiares se encargaron de asistir a la mujer en el parto. Después de nacer el bebé, la placenta no salía y no supieron qué hacer. Al cabo de dos horas la mujer murió. La recién nacida sobrevivió.

En el informe se evalúa asimismo el impacto de varias políticas gubernamentales dirigidas a reducir los índices de mortalidad materna, como el incremento del número de casas de espera materna –lugares donde pueden alojarse antes del parto las mujeres que viven a gran distancia del centro de salud–, la mayor promoción del parto vertical, práctica común entre las mujeres indígenas en Perú, y la enseñanza de la lengua quechua a los profesionales de la salud.

Mujeres y profesionales de la salud consultados por Amnistía Internacional en Perú consideraban positivas las nuevas iniciativas pero se quejaban de que no se estaban aplicando eficazmente y ponían en duda que estuvieran dando verdaderos resultados.

Amnistía Internacional concluye en su informe que, si bien el número de casas de espera supera ya el triple de las que había hace ocho años, sólo la mitad están ubicadas en zonas rurales, donde más necesidad tienen las mujeres de asistencia obstétrica de emergencia.

Mujeres y organizaciones locales de la sociedad civil han contado a Amnistía Internacional que la formación a profesionales de la salud sobre los métodos del parto vertical no está lo bastante extendida. Según la Defensoría del Pueblo de Perú, el año pasado más del 45 por ciento del personal de los servicios de salud afirmó que no había recibido formación adecuada.

Por otra parte, ha habido iniciativas oficiales para enseñar el quechua a los profesionales de los servicios de salud, pero su uso no es generalizado y muchas mujeres de comunidades indígenas cuya lengua materna no es el español no pueden comunicarse con ellos.

“Las iniciativas oficiales para reducir la mortalidad materna son buenas noticias –afirmó Silvia Loli–. Pero la ausencia de responsabilidades claras en su cumplimiento, así como la falta de vigilancia y de asignación eficaz de los recursos, ponen en grave peligro toda iniciativa.”

Amnistía Internacional ha pedido a las autoridades peruanas que asignen recursos a la mortalidad materna y a la asistencia de la salud reproductiva dando prioridad a las regiones que presenten mayores índices de mortalidad, para que todas las mujeres tengan garantizada la igualdad de acceso a la asistencia obstétrica de emergencia en caso de complicaciones durante el parto. También ha recomendado aumentar la formación de profesionales de la salud y que exista un servicio de apoyo lingüístico a las mujeres indígenas en todos los centros de salud.

Si desean una copia del informe Deficiencias fatales. Las barreras a la salud materna en Perú, remítanse a: http://www.amnesty.org/es/library/info/AMR46/008/2009

Encontrarán material de trabajo con medios de comunicación, como documentos de datos y cifras, estudios de casos y fotografías, en http://www.amnesty.org/

*Fuente: Anmistia Internacional

 

.

Source: Julio 2009

En Colombia mueren 73 mujeres por cada 100.000 nacidos vivos Mortalidad materna, una tarea pendiente

El país avanza en salud sexual y reproductiva, pero siguen altas las cifras de madres que fallecen durante el embarazo.

Hace 15 años más de 11.000 representantes de 179 países se dieron cita en la ciudad de El Cairo (Egipto) para discutir las metas que el mundo entero debía trazarse en materia de población y desarrollo. Cuando faltan apenas cinco años para que se venza el plazo para cumplirlas, el balance es desigual y la crisis económica amenaza con provocar retrocesos.

Colombia no es ajena al panorama mundial. El martes, Gobierno y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa) evaluaron qué tan lejos o cerca está el país de cumplir las metas de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo de El Cairo.

“Estoy muy contento, en el país se están tomando decisiones importantes”, comentó Diego Palacio, representante de Unfpa en Colombia. Aseguró que el país ha mostrado avances en materia de salud sexual y reproductiva con una política clara en este sentido. Prueba del progreso es la alta cifra de parejas que recurren a métodos de planificación. Destacó también progresos en igualdad de género y la mejoría en índices de superación de la pobreza.

Pendiente

Sin duda uno de los aspectos más preocupantes en el país sigue siendo la tasa de embarazo adolescente y la mortalidad materna. Las cifras hablan por sí solas.

En 1990 la tasa de embarazo en la adolescencia era de 70 por cada mil mujeres de 15 a 19 años. Quince años después, esa cifra no deja de crecer, llegando hasta 90 por cada mil mujeres. Al respecto, Palacio resaltó que “las instituciones del país han tratado de responder a esta situación”. “Creo que la próxima encuesta de salud reproductiva prevista para el año entrante tal vez muestre una menor tasa”.

La mortalidad materna, que asciende a 73 mujeres fallecidas por cada 100.000 nacidos vivos y en algunas regiones, como Chocó, puede llegar a 200, muestra fracturas en la atención de salud. En países desarrollados apenas se presentan de 6 a 7 casos por ese mismo número de nacidos vivos. Una de las sugerencias para evitar todas estas muertes es fortalecer los servicios de atención obstétrica de emergencia, pues muchas mujeres fallecen por no llegar a tiempo a un hospital.

Colombia 15 años después de El Cairo

Aumento de cobertura en salud que equivale al 87.91% de la población

Incremento de mujeres con cuatro o más controles prenatales, y atención institucional del parto con cobertura del 97% de los casos.

Se ha mantenido la prevalencia de la infección en VIH (1.2%).

515.094 familias vinculadas a la Red de Protección Social para la Superación de la Pobreza Extrema.

Existencia de políticas públicas que promueven la salud sexual y reproductiva.

Inclusión de más de 20.000 mujeres en la Banca de Oportunidades.

Planeación a nivel nacional, departamental y local con un enfoque de poblaciones.

La razón de mortalidad de mujeres a causa de la maternidad es de 73 muertes por cien mil nacidos vivos, una cifra que no corresponde al nivel de desarrollo alcanzado por Colombia.

Reducir las brechas en salud sexual y reproductiva. La fecundidad de las adolescentes en las zonas rurales es 50% mayor que en las zonas urbanas,

Reducir el embarazo no deseado entre adolescentes. En 1990 la tasa de embarazo en la adolescencia era de 70 por cada mil mujeres de 15 a 19 años, en el 2005 aumentó hasta 90 por cada mil mujeres. El 22% de las adolescentes en el país ha estado alguna vez embarazada, y esta cifra aumenta con la situación de desplazamiento.

* Redacción Vivir | EL ESPECTADOR

Fuente: elespectador.com

 

.

Source: Julio 2009

"Hablar del aborto genera mucha incomodidad"

El aborto en debate, aportes para una discusión pendiente, de Editorial Paidós, recopila las crónicas sobre la problemática del aborto publicadas en Página/12 por Mariana Carbajal. Aquí, la periodista aporta sus reflexiones a partir de su experiencia en la cobertura de un tema que, explica, no es sólo de salud pública sino de derechos humanos.

La periodista de Página/12 Mariana Carbajal acaba de publicar El aborto en debate, aportes para una discusión pendiente, de Editorial Paidós, un libro que reúne su cobertura sobre la despenalización del aborto, realizada en este diario. El texto recopila aportes de especialistas y las historias de mujeres, jóvenes y niñas, forzadas sexualmente e impedidas de su derecho a decidir la interrupción del embarazo. El libro pone de relieve que las muertes por aborto no sólo son un problema de salud pública, sino también una violación a los derechos humanos. “Hablar del aborto genera mucha incomodidad –subraya la cronista–.

El aborto sigue siendo un tema tabú, que está envuelto en mucha hipocresía, fundamentalmente, porque las que padecen la prohibición del aborto son las mujeres pobres, no son las mujeres de clase media que pueden pagar un aborto seguro en una clínica privada”, apunta. El libro muestra que, con una lectura amplia de las vidas dramáticas reflejadas en las crónicas, esas historias pueden dejar de ser vistas como casos aislados y generar un punto de partida para mejorar la vida de todas las mujeres.

–¿Cómo surge el libro?
–Marta Alanís, coordinadora de Católicas por el Derecho a Decidir en Córdoba, me conminó cariñosamente a publicar un libro con toda la información que había ido recolectando, investigando y profundizando sobre la problemática del aborto en la Argentina y con los procesos de liberalización en el acceso a esta práctica que se han dado en otros países latinoamericanos como Colombia, y también en la Ciudad de México y España. A partir de ahí tomé el impulso para empezar a revisar el camino recorrido en los últimos años. El resultado es este libro.

–¿Por qué se habla poco en los medios del problema del aborto, cuando –-como usted destaca desde el comienzo en el libro– se trata de un problema de salud pública?
–No es un tema del cual se hable habitualmente en los medios, aunque en los últimos años pueden observarse algunos cambios: el tema ingresó en los medios masivos a partir de una sucesión de casos de abortos no punibles, donde mujeres jóvenes, con discapacidad mental, tuvieron que atravesar un largo proceso judicial ante los obstáculos que les pusieron tanto en el ámbito médico, en hospitales públicos, como en la Justicia para poder acceder a ese derecho. Estos casos pusieron la temática en la primera plana de los diarios. Son dramas. Pero hay un aspecto de fondo que se aborda poco y es el que tiene que ver con las vidas que se ponen en riesgo y que se pierden en un marco normativo de acceso restringido al aborto.

La prohibición del aborto no ha servido más que para que cada año mueran alrededor de cien mujeres por abortos inseguros y muchas más sufran graves mutilaciones porque no pudieron pagar un aborto en una clínica privada, como lo hacen históricamente tantas mujeres de clase media o media alta. Ese escenario de profunda inequidad me conmueve. Ninguna mujer deja de abortar, una vez que tomó esa decisión, porque el Código Penal se lo prohíba. Sobre este aspecto poco se habla en los grandes medios. El temor a las presiones de los sectores conservadores y particularmente a la Iglesia Católica es enorme y prefieren el silencio. Las mujeres que ponen en riesgo su vida son las más pobres. En provincias del Norte todavía se recurre a métodos precarios como la introducción de una aguja de tejer, un tallo de perejil o una sonda, que terminan en gravísimas infecciones.

Lo que pasa es que de esa inseguridad que afecta particularmente a las mujeres pobres no se habla. Estamos a mitad de año y ya debe haber un promedio de 50 mujeres que perdieron la vida en todo el país por esa causa. A fin de año serán alrededor de cien. El aborto inseguro es la principal causa de muerte materna en la Argentina desde hace más de dos décadas, pero es un dato que no conmueve a funcionarios y legisladores, que prefieren mirar para otro lado y evitar la apertura de un debate en torno de la despenalización del aborto. El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas acaba de definir a las altas tasas de mortalidad materna que hay en el mundo como un problema de derechos humanos. Ya no sólo como un problema de políticas sanitarias, sino de derechos humanos, porque está en juego la vida, el derecho a la salud, a la integridad física de las mujeres. Una política integral de derechos humanos debería incluir el problema de las muertes por abortos inseguros. El tema tiene que entrar en la agenda parlamentaria.

–¿La despenalización del aborto no se discute en el Congreso porque los políticos tienen temor a las presiones de la jerarquía eclesiástica o porque la sociedad está dividida y todavía no está preparada?
–Es un cuento decir que la sociedad no está preparada para dar este debate. Es cierto que el tema divide a los bloques. Con excepción del Partido Socialista, ninguno tiene una posición unánime. En algunos diputados juegan las creencias personales y, en otros, el temor reverencial a la jerarquía católica. En las provincias del NOA, el poder eclesiástico es fuerte y tiene mucha influencia sobre los políticos. Pero los últimos estudios de opinión pública marcan que hay un amplio consenso en la sociedad en torno de la despenalización del aborto en algunas situaciones, como los casos de violación.

El año pasado se quiso avanzar con un proyecto muy interesante que aclaraba los alcances del Código Penal en ese punto, para que no hubiera más dudas y quedara saldada la discusión sobre si sólo se considera no punible la interrupción de un embarazo producto de una violación cuando la mujer tiene una discapacidad mental o ese derecho alcanza a cualquier mujer. El proyecto tenía el visto bueno del presidente de la bancada oficialista. Lo presentaron e impulsaron tres diputados kirchneristas, que además son presidentes de tres comisiones clave, involucradas con la temática: Nora César, titular de Legislación Penal; Juliana Di Tulio, de Mujer, Familia y Adolescencia, y Juan Héctor Sylvestre Begnis, de Salud.

La iniciativa tenía apoyo de legisladores de todos los bloques, salvo del PRO. Justo el día que se iba a firmar un dictamen de mayoría, que lo habilitaba a votarse en el recinto, se levantó la reunión de las comisiones y el proyecto quedó archivado. Hay mucha hipocresía porque seguramente alguna hija, tía, sobrina, esposa, de los legisladores que se oponen a abrir la discusión en un ámbito parlamentario para proteger la vida de las mujeres alguna vez tuvieron una experiencia cercana de un aborto. Pero prefieren decir “de eso no se habla”. Y es importante aclarar que nadie quiere que una mujer aborte. Sería deseable que ninguna tuviera que recurrir a un aborto. Pero hay ciertas circunstancias que enfrentan a una mujer a un aborto, como la falta de educación sexual, de acceso a anticonceptivos, una relación sexual violenta u otras experiencias o coyunturas. El punto es que todas las mujeres puedan acceder a una práctica segura y que la diferencia entre la vida o la muerte no sea cuestión de tener o no tener dinero suficiente para pagar el procedimiento en una clínica privada.

–Una de sus crónicas más fuertes, incluidas en el libro, es el relato del ingreso de integrantes de un grupo fundamentalista de Mendoza en la habitación de un hospital donde estaba internada una nena violada para presionarla y convencerla de que no interrumpiera el embarazo, después de que había reclamado su madre el acceso a un aborto no punible. ¿Qué opina de que estos grupos se denominen “pro vida”?
–Yo ya empecé a llamarlos “antiderechos”, como los denominan en otros países. Llamarlos “pro vida” genera una confusió n semántica. Quienes defendemos la despenalización del aborto también defendemos la vida: la de las mujeres. Hace pocas semanas asesinaron a un médico muy conocido en Kansas, que tenía una de las dos clínicas que realizaban abortos en embarazos avanzados en Estados Unidos, donde están permitidos. Lo asesinaron en la puerta de un templo, cuando iba a practicar su religión, mientras estaba acompañado de su mujer. Lo mató un fundamentalista. ¿Quiénes defienden la vida? Por supuesto ninguno de esos grupos que pretenden llamarse “pro vida” se adjudicó ese homicidio, pero han promovido otros asesinatos de médicos que realizaban interrupciones voluntarias de embarazos. Esos grupos pretenden obligar a una mujer que ha sido violada a una maternidad forzosa. Eso no es defender la vida. Esa actitud tiene tintes de tortura.

–¿Por qué le interesó el problema del aborto y particularmente el del acceso a los abortos no punibles?
–Me interesa visibilizar un tema silenciado. Pienso que como periodista tengo un compromiso en darles voz a las y los que tienen voz y no los escuchan. En ese sentido, creo que es muy importante acompañar el reclamo de una mujer que pide acceder a un aborto no punible tras haber sido violada y tiene que enfrentar trabas y obstáculos arbitrarios. Las cortes de las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos y Mendoza se pronunciaron en los últimos años señalando que en los casos de aborto no punibles contemplados en el Código Penal los médicos no deben exigir una autorización judicial, sino que la interrupción del embarazo debe plantearse y resolverse en la privacidad de la consulta médica. Pero esto rara vez ocurre. Me interesa dar cuenta de la violación de los derechos de estas mujeres. Cuando entrevistás a una mujer o a su familia en esas circunstancias, en algún sentido le estás robando su intimidad, porque te está contando cosas de su privacidad. Siempre pienso que el costo de revelar sus dramas y miserias tiene que tener una compensación; a esa mujer, a su familia, les tienen que servir para mejorar algo de su vida.

Fuente: insurrectasypunto.org

Source: Julio 2009

"Es función del Estado ofrecer un aborto seguro y legal"

Gineco-obstetra estadounidense Dan Grossman sostiene que es labor directa del Minsa. Advierte que costos de las complicaciones derivadas de un aborto inseguro son mayores. Urge un protocolo.

Cynthia Campos.

¿Cuál es la situación de los servicios de aborto seguro en América Latina?

Según las últimas cifras de la Organización Mundial de la Salud, un buen porcentaje de los casos de mortalidad materna se encuentra en los países en vías de desarrollo, muchos de los cuales tienen que ver precisamente con el tema del aborto seguro. En casi todos los países de América Latina el aborto es legal para algunas causales, como violencia sexual o porque el embarazo pone en riesgo la vida de la mujer.

Pero, aun así muchos países no tienen un protocolo.

Aun así, muchos países aún no han desarrollado debidamente los servicios para atender a la mujer, en casos de un aborto legal y seguro.

¿A qué se debe esta situación?

Se debe en muchos de los casos a que parte de la comunidad médica no tiene conocimiento de si el aborto en el caso terapéutico es legal o no, entonces prefieren no realizarlo. Y por supuesto debe existir un protocolo, un conjunto de normas
que regulen esta práctica y en qué casos es necesario realizarla.

En el Perú, existe un protocolo pero no se da a conocer. Existe toda una polémica al respecto. ¿Hay países que tengan una situación similar a la nuestra?

Entiendo que en la mayoría de países no hay apoyo del propio Estado, que es el que debería ofrecer este tipo de servicios.

Eso es parte de la labor del Ministerio de Salud. Pero entiendo también que existen muchos estigmas. En la mayoría de países del mundo la Iglesia es también un obstáculo muy fuerte y es una pena. Muchas mujeres mueren o ven vulnerados sus derechos humanos porque no pueden acceder a estos tratamientos, que son legales y deberían estar disponibles.

Ahora, una medida como esa debería venir acompañada de algún tipo de capacitación también…

Claro. No es suficiente solo tener un protocolo, muchos médicos no están instruidos en las técnicas y las tecnologías que deben usarse. Por otra parte, el trabajo es multidisciplinario. Es decir, muchos médicos no saben cuándo se debe practicar un aborto terapéutico y enfocan solo el aspecto físico y olvidan los daños psicológicos que un embarazo en ciertas circunstancias puede ocasionarles. El trabajo debería ser multidisciplinario.

En cuestión de costos, ¿cuánto puede costar a un Estado implementar estos servicios y hacer estas capacitaciones?

Bueno, pongo un ejemplo. En algunos hospitales se sigue practicando el legrado uterino, una técnica para realizar abortos terapéuticos que es muy antigua y que incluso en la comunidad médica es el procedimiento menos recomendable porque puede ocasionar muchas complicaciones. Si hablamos de costos, cuesta más a un Estado dar tratamiento a las complicaciones derivadas de un aborto inseguro que ofrecer un aborto legal.

Seguro y legal

EN LIMA. El gineco-obstetra norteamericano Daniel Grossman estuvo en el Perú para participar en la conferencia latinoamericana “Prevención y atención del  aborto inseguro”, que tuvo como objeto analizar la forma de ofrecer a las mujeres un aborto seguro.

QUIÉN ES. Grossman es gineco-obstetra e investigador norteamericano, con una licenciatura en Bioquímica de la Universidad de Yale. Se tituló como  médico  de la U. de Stanford.

Fuente: larepublica.pe

Source: Julio 2009

Las mujeres, el segundo sexo en la UE

Han transcurrido 60 años desde la publicación de El segundo sexo, de Simone de Beauvoir. Una obra pionera en la que analizaba la condición de inferioridad de la mujer a lo largo de la historia, donde señalaba que las tradiciones y los prejuicios relegan a la mujer a un estatus de segunda clase. “No se nace mujer, se llega a serlo”, afirmaba la escritora. Por desgracia, la tesis de esta autora conserva su vigencia si analizamos la situación de la mujer en la Unión Europea.

Las opciones vitales de las mujeres europeas son más limitadas que las de los hombres. A una edad muy temprana se consolidan unos rígidos estereotipos de género que condicionan la trayectoria educativa y profesional: muy pocas mujeres consiguen acceder a los principales órganos de decisión. Ha llegado el momento de unir nuestras fuerzas para liberar a la mujer del estatus de segundo sexo.

La igualdad de género ha avanzado en los últimos decenios. Las reformas graduales y la labor persistente de quienes defienden los derechos de la mujer están dando sus frutos. Hombres y mujeres van adquiriendo una representación cada vez más paritaria en los Parlamentos; las mujeres obtienen mejores resultados en las licenciaturas universitarias y la discriminación flagrante es relativamente poco común. ¿No deberíamos sentirnos satisfechos?

En absoluto. En primer lugar, la igualdad de género es deseable desde el punto de vista económico. La UE precisa una política económica a largo plazo que permita a la mujer participar en el mercado laboral en condiciones de igualdad. Según el último informe publicado por la Comisión sobre igualdad de género, sólo el 58% de las mujeres tiene trabajo actualmente en la UE, frente a un 72% de los hombres; además, casi un tercio de las ocupadas trabaja a tiempo parcial, frente a un porcentaje inferior al 8% en los hombres. Europa está atravesando una crisis financiera sin precedentes: ¿lograrán de una vez por todas los líderes de la UE -que siguen formando en buena medida un club masculino- valorar en su justa medida el potencial aún no aprovechado de las mujeres?

En segundo lugar, confiamos en que cuestiones difíciles y éticas, como la relativa al aborto, puedan debatirse sin demonizar al adversario. Nuestro apoyo al derecho de la mujer a decidir coexiste con una comprensión sincera de las implicaciones personales de tal decisión. Somos conscientes de la necesidad de evitar embarazos no deseados y de apoyar a los progenitores jóvenes.

Resulta escandaloso que en algunos países de Europa se niegue el aborto a las víctimas de violación, que se ven obligadas a procurárselo de forma ilegal y con riesgo para su vida. Nos complace que nuestros respectivos países hayan facilitado a la mujer la opción de abortar. Suecia, un país de amplia tradición laica, legalizó hace años el aborto, y el Gobierno de España acaba de aprobar el anteproyecto de Ley de Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción Voluntaria del Embarazo, que, en línea con otros países europeos, combina un sistema de plazos con unas indicaciones que ofrecen garantías jurídicas a las mujeres, protección a los profesionales sanitarios y medidas en el terreno de la asistencia social, salud y educación, con objeto de impedir embarazos no deseados.

En tercer lugar, la violencia física y sexual continúa suponiendo una vulneración generalizada de los derechos fundamentales de las mujeres en toda Europa. Según un informe del Consejo de la UE, se calcula que entre el 20% y el 25% de
las mujeres en Europa han sufrido actos de violencia física al menos una vez en su vida adulta, y más del 10% han sido víctima de violencia sexual. Los Estados europeos pueden aprender mucho de las diversas estrategias adoptadas por unos y otros para combatir la violencia contra las mujeres, basadas en medidas legislativas, preventivas y de protección. Más aún, los políticos tienen que hacer frente a la violencia que afecta normalmente a las jóvenes víctimas de agresiones o amenazas por parte de sus hermanos o padres para proteger el honor familiar.

¿Cabe aceptar que haya niñas en Europa que vivan bajo la amenaza de los matrimonios forzosos o la mutilación genital?

La UE aspira a ser un modelo de democracia. Pero una democracia moderna no puede existir sin igualdad de género en las instancias que toman las decisiones. Por consiguiente, la representación paritaria de ambos sexos deberá ser la norma cuando se constituya la nueva Comisión.

Es razonable que un ámbito como el de la igualdad de género se inscriba entre las competencias nacionales, más que de la UE, ya que exige abordar cuestiones de política social y laboral. Los Estados miembros deben ser libres de configurar sus políticas nacionales. Y aunque España y Suecia se encuentren en extremos opuestos de Europa, y nuestros Gobiernos pertenezcan a ideologías políticas distintas, hemos alcanzado una misma conclusión: los derechos de la mujer son universales y la igualdad de trato constituye un valor esencial de la cooperación europea. Por consiguiente, nos hemos unido en la lucha en pro de una Europa más igualitaria y democrática y confiamos en recibir el apoyo absoluto de nuestros compañeros europeos. Juntos podemos cambiar el futuro tanto de los hombres como de las mujeres de Europa.

Además de Nyamko Sabuni, ministra de Igualdad de Género (Suecia), firma este artículo Bibiana Aído, ministra de Igualdad (España).

Fuente: elpais.com

Source: Julio 2009

Muerte materna por aborto inseguro como falla del primer nivel de atención

Departamento de Medicina Legal. Facultad de Medicina, Universidad de la República. Montevideo, Uruguay

Como en otros países donde el aborto es ilegal, las complicaciones por el aborto inseguro son la principal causa de muerte materna en Uruguay(1,2).

Esto motivó el desarrollo de un original programa sanitario llamado Iniciativas sanitarias contra el aborto en condiciones de riesgo (ISCAR), cuyo objetivo es reducir la mortalidad materna a través de la estrategia de informar a las usuarias sobre las alternativas al aborto y los riesgos inherentes a los diferentes métodos abortivos, además de favorecer la captación precoz de las mujeres que interrumpan la gestación. Se garantiza la confidencialidad de las consultas pre y posaborto, tal como corresponde a la ética profesional y a la normativa legal vigente(3). Lo original de ISCAR es que promueve la intervención del sistema de salud en beneficio de la mujer, en el actual marco legal, según el cual el aborto inducido es un delito en la mayoría de los casos. Este modelo uruguayo de intervención contra el aborto inseguro se complementó con las Pautas para la práctica institucional del aborto por indicación médico-legal, un instrumento que procura estimular que los abortos contemplados en la ley se practiquen de forma segura en los ámbitos institucionales habilitados por la autoridad sanitaria(4).

Las ISCAR se implementan desde 2002 en el Hospital de la Mujer del Centro Hospitalario Pereira Rossell. Desde agosto de 2004 forman parte de las políticas oficiales de salud, según lo dispuesto por la Ordenanza Nº 369/2004 del Ministerio de Salud Pública (MSP)(3). Pese al tiempo transcurrido, su implementación a nivel nacional acusa deficiencias que se traducen en muertes maternas evitables.

Se reseñará un caso clínico con resultado de muerte materna, ocurrido a más dos años de regir la Ordenanza Nº 369/2004 del MSP.

Caso clínico

Se trataba de una mujer de 43 años, procedente de un medio social y económico deficitario de la región metropolitana, con antecedentes gineco-obstétricos de cinco gestaciones (tres partos vaginales y dos abortos espontáneos), que tenía una
pareja estable con la que mantenía relaciones sexuales con preservativo.

Consultó en una policlínica de atención primaria donde se diagnosticó la gravidez, tras lo cual la paciente manifestó su decisión de interrumpirla. Se le planteó la imposibilidad de esa alternativa sin ofrecer información adicional ni la derivación a la Policlínica de Asesoramiento del Hospital de la Mujer.

Basada en creencias folclóricas sobre propiedades abortivas, la mujer ingirió una asociación de estradiol con progestágenos (Lutogynestryl ®) por tres días, seguida por infusiones de artemisa (Artemisia vulgaris) durante cinco días y posteriores infusiones de ruda (Ruta graveolens). Se desconoce si agregó métodos mecánicos.

Tres días más tarde instaló fiebre, dolor hipogástrico tipo cólico, vómitos y diarrea, lo que automedicó con ácido acetilsalicílico y azitromicina. Tras la persistencia del cuadro, consultó en el hospital local, donde los estudios de laboratorio mostraron hemólisis con caída del hematocrito, hiperpotasemia, hiperbilirrubinemia y elevación de las enzimas hepáticas. Fue derivada a un hospital de referencia de la capital, donde, tras ingresar al servicio de emergencia, se agravó rápidamente, presentando una disfunción orgánica múltiple, con toque respiratorio, cardiovascular, hematológico, hepático y renal. Se inició antibioticoterapia empírica y se realizó un legrado evacuador complementario, durante el cual no se advirtieron lesiones en el cuello uterino ni en los fondos de saco vaginales. En sala de cuidados intensivos instaló anuria, síndrome de distrés respiratorio severo, acidosis metabólica severa, insuficiencia hepatocítica y compromiso hemodinámico. Se intentó el salvataje quirúrgico mediante la histerectomía con anexectomía bilateral y ligadura de vena cava inferior, falleciendo en el acto operatorio.

El estudio anatomo-patológico del útero y anexos, y la autopsia médico-legal mostraron que la causa de muerte fue la sepsis posaborto.

Comentario

El caso revela una falla en el sistema de atención primaria que privó a la paciente de un asesoramiento adecuado. La falta de información determinó la pérdida de varias oportunidades de una intervención eficaz, que hubiera evitado un aborto en condiciones de muy alto riesgo y la muerte materna.

Esta falla del sistema sanitario se expresó en:

  1. La falta de información que unida a la ausencia de apoyo social y psicológico, contribuyó a que la mujer no dispusiera de una alternativa al aborto.
  2. En la consulta preaborto se perdió la oportunidad de desalentar el uso de métodos abortivos ineficaces (asociación de estradiol y progestágenos) y de muy alto riesgo (infusiones de yuyos emenagogos altamente tóxicos)(5).
  3. La ausencia de la indicación de una consulta pos-aborto precoz, sobre la base del derecho a la confidencialidad de toda información que se ventile en la relación clínica, seguramente obstaculizó la captación oportuna de la mujer, tras la ingestión de los yuyos abortivos.

Conclusiones

A pesar de la existencia de la Ordenanza Nº 369/2004 del MSP, su falta de aplicación a nivel nacional permite que se siga registrando mortalidad materna evitable causada por complicaciones de abortos inseguros.

En la consulta preaborto debe enfatizarse el riesgo potencialmente letal de infusiones herbarias y desestimularse el uso de la medicina folclórica.

En el primer nivel de atención debe acentuarse la información acerca de los recursos disponibles y el marco ético-legal vigente, así como la educación y promoción de salud orientada al goce de los derechos vinculados a la salud sexual y reproductiva, asegurando un amplio acceso a medidas de planificación familiar.

Bibliografía

1. Faúndes A, Barzelatto J. El drama del aborto. En busca de un consenso. Bogotá: Tercer Mundo, 2005.
2. Briozzo L, Vidiella G, Vidarte B, Ferreiro G, Pons J, Cuadro J. El aborto provocado en condiciones de riesgo emergente sanitario en la mortalidad materna en Uruguay. Situación actual e iniciativas médicas de protección materna. Rev Méd Uruguay 2002; 18(1): 4-13.
3. Uruguay. Ministerio de Salud Pública. Asesoramiento para una maternidad segura. Medidas de protección frente al aborto provocado en condiciones de riesgo. (Ordenanza 369/2004). Montevideo: MSP, 2004.
4. Rodríguez Almada H, Berro Rovira G. Pautas para la práctica Institucional del aborto por indicación médico-legal. Rev Méd Uruguay 2006; 22(2): 157-61.
5. Ciganda C, Laborde A. Herbal infusions used for induced abortion. J Toxicol Clin Toxicol 2003; (3): 235-9.

Tomado de: scielo.edu.uy

Source: Julio 2009

Zapatero: «Me gustaría, como es lógico, que mi hija me consultara si decidiera abortar»

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha admitido este jueves que “le gustaría, como es lógico”, que su hija le consultara dentro de un año, cuando cumpla 16 años, y pueda decidir interrumpir su embarazo sin consultarle, en caso de que la reforma de la Ley del Aborto se apruebe finalmente con el redactado propuesto por el Gobierno y que contemplan que las menores de 16 años puedan interrumpir su embarazo sin consentimiento paterno.

“La verdad es que me gustaría que me consultara, como es lógico -ha reconocido-. Siento que esa preferencia por que me consulte es fruto de la confianza que debe haber entre padres e hijas y la tenemos que ganar fundamentalmente los padres. Pero, en última instancia la decisión debe ser de quien decide interrumpir voluntariamente su embarazo”.

En este sentido, ha asegurado que a este respecto no tiene ninguna duda. El jefe del Ejecutivo ha comentado que se trata de un debate que plantea “alguna complejidad”, pero ha precisado que es un debate que se ha puesto ahora encima de la mesa porque hasta 2002, cuando el PP modificó la Ley, las jovenes no tenían ni que pedir permiso ni que informar.

“Hemos ido a una Ley que esta en la media de las leyes europeas en plazos y régimen legal de las menores que se tienen que someter a ese duro trámite”, ha insistido, al tiempo que ha asegurado que el Gobierno desea perfeccionar la Ley y ser sensible a las voces y al debate generado, pero manteniendo los principios que no alejen la norma de las legislaciones europeas, que “son las más racionales para afrontar siempre un tema duro y difícil como es el del aborto”.

Fuente: abc.es

 

.

Source: Julio 2009

Las clínicas de abortos reclaman protección

Piden que los grupos antiabortistas no puedan concentrarse frente a sus sedes

Las clínicas de abortos piden al Gobierno que no consienta ninguna concentración a menos de 500 metros de distancia de sus sedes, tolerancia cero con los radicales que se manifiestan frente a los centros y presencia policial en actos “en principio inocentes, como el rezo del rosario, pero que generalmente acaban con intimidaciones, agresiones o daños a las cosas”. Las clínicas quieren protección. Cincuenta y nueve centros celebraron ayer una jornada de paro para denunciar el acoso sistemático que sufren desde que se legalizó el aborto, hace 24 años, y que se ha agravado por la reforma que planea el Gobierno. Son las que llevan a cabo el 98% de los abortos en España.

“Los antiabortistas deben dejar de actuar impunemente”, dijo ayer Santiago Barambio, presidente de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción de Embarazos (ACAI). “El asesinato en EE UU del doctor George Tiller por practicar abortos ha pasado inadvertido en España, pero es algo que aquí también está pasando”, dijo Barambio. “Todavía no nos han matado, pero un hombre prendió fuego en mi clínica hace 10 años y aún no se le ha juzgado. Ya está bien. Tenemos que empezar a decir basta y denunciar cada agresión. La realidad está por encima de lo que estos grupos quieren. Cuando se cancela el derecho al aborto se provoca la muerte de muchas mujeres. Cada año fallecen 60.000 por abortos mal hechos en países donde no está legalizado”.

Los centros piden también que se instalen en las clínicas “alarmas similares a las anti-atraco bancario, para poder requerir presencia policial de forma inmediata”, que las lesiones e intimidaciones que se produzcan al personal sanitario de las clínicas sean calificadas por los fiscales como delito de atentado y que los policías graben con videocámaras las concent raciones para poder identificar después a los autores de los delitos “con los que suelen acabar estos actos”.

Agresiones constantes

Las agresiones, se quejan, son constantes. Ésta es la denuncia que presentó el mes pasado una trabajadora social de la clínica Mediterránea, en Castellón: “El 1 de junio, sobre las 13.00, llamó al timbre una persona (…), varón de raza blanca con el pelo tapado, alto, portando una barra de hierro en la mano, con algo punzante en uno de sus lados. Empezó a dar golpes en la puerta”. El tipo no pudo entrar y se marchó, pero dejó su sello: una gran pintada con la palabra “asesino”.

A la misma hora que los centros pedían ayuda al Gobierno se presentaba en Madrid la Plataforma de Mujeres contra el Aborto, formada, entre otras, por las periodistas Isabel San Sebastián y Cristina López Schlichting; las políticas María San Gil y Arantza Quiroga; Montserrat Caballé, Niña Pastori e Irene Villa.

El manifiesto, que ha recabado 30.000 firmas, niega que el aborto sea un derecho propio de una sociedad avanzada. Defiende que “eso es una inmensa mentira” y que acabar con la vida del feto es un hecho “intrínsecamente malo”.

M. CEBERIO BELAZA
Fuente: elpais.com

Editorial comments about the procedure for care model for evaluation and treating erectile dysfunction buy brand cialis. concentration on the elimination rate constant cialis pill daily United Therapeutics Corporation is usually a biotechnology company dedicated to the expansion and commercialization of unique products to cope with the unmet medical needs of patients with chronic and life-threatening cardiovascular and infectious diseases and cancer high preasur blood cialis can for.
 

.

Source: Julio 2009

Advierten UNFPA y BM previo a Día de la Población Programas de salud reproductiva, afectados por la crisis

Nueva York, EU, 3 julio 09 (CIMAC).- Los programas de planificación familiar y otros relacionados con la salud reproductiva, vitales para las mujeres pobres, están siendo perjudicados, debido a que sus ingresos se reducen, pues están dejando de recibir donaciones de sus países y de las agencias de ayuda internacionales.

Así lo advirtieron esta semana el Banco Mundial y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) en el preámbulo de la conmemoración del 20 aniversario del Día de la Población Mundial, que tendrá lugar el próximo 11 de julio.

Los programas citados son vitales para estimular la economía de las mujeres y su estado de bienestar social, especialmente durante esta crisis económica global, sobre todo para reducir la pobreza endémica y el alto número de muertes maternas y de niñas y niños

.

La situación económica, dijo Joy Phumaphi, vicepresidente de Desarrollo Humano del Banco Mundial y ministro de Salud de Botswana, “coloca a las mujeres de los países en desarrollo en una situación de emergencia, porque invariablemente son ellas las primeras en sufrir la crisis económica”, señala un informe del Banco Mundial.

“Incluso antes de que la crisis comenzara, la planificación familiar y salud reproductiva ya habían caído en los indicadores de los países de bajos ingresos, ayuda de donantes y agencias de desarrollo, dando como resultado que hemos perdido un valioso tiempo en la ayuda a las mujeres para que tengan acceso a los servicios de salud vitales y ayuda a los países para obtener un rápido acceso a la reducción de la pobreza”, añadió.

En un comunicado, la UNFPA señala que para reducir la mortalidad materna no hacen falta más conocimientos, sino voluntad política para proteger la salud y los derechos de las mujeres.

Thoraya Obaid, directora ejecutiva de ese organismo internacional, expresó su temor de que con la crisis económica y los recortes de presupuesto la situación empeore aún más.

Según el Programa, cada año mueren 500 mil mujeres durante el embarazo y el parto, la mayoría como consecuencia de problemas médicos prevenibles o tratables. Por cada mujer que muere, otras 20 sufren heridas e incapacidades. Resalta el caso de África, donde el índice de mortalidad materna es el más alto, cien veces más que los demás países en vías en desarrollo.

Mientras tanto, según nuevas cifras del Banco Mundial, la asistencia oficial al desarrollo entre 1995 y 2007 aumentó cinco veces, pero apenas se duplicó en materia de salud reproductiva. Por tanto, no parece que vayan a lograrse las metas del milenio.

09/LPB/GG

Fuente: cimacnoticias.com

 

.

Source: Julio 2009

Argentina: Los abortos son la principal causa de mortalidad materna

Son los datos oficiales de los últimos 5 años que maneja   el área Bioestadísticas de Salud Pública
Alejandra Gari – Diario de Cuyo
Un exhaustivo registro y análisis de cada caso de muerte materna es el que se está haciendo en la provincia desde hace varios años. Si bien los registros oficiales que maneja el área Bioestadísticas del Ministerio de Salud Pública desde el 2004 no revelan una clara indicación de una tendencia de aumento o disminución de la cantidad de muertes (ya que varían notablemente año a año), lo que sí es claro es que, en este período, la causa que provocó más decesos maternos fue el “aborto provocado por embarazos no deseados”. Esto también fue confirmado por Carmen Grassi, directora de Materno Infancia.

Si bien desde Salud Pública aseguraron que las muertes por abortos ilegales siempre fueron una de las causas principales de mortalidad materna, antes no había registros de ellos del ámbito privado y no se podía tener un panorama completo del problema.

Esos registros ahora abarcan también la parte privada. Así, según los registros provinciales, desde hace al menos 5 años, la interrupción del embarazo por medio de un aborto clandestino ha sido el motivo principal de más de la mitad de las muertes maternas. El año pasado fue la única excepción de esta tendencia, ya que solamente se produjo una muerte materna en todo el año y fue por un caso de cáncer de cuello de útero no detectado a tiempo.

Sin embargo, desde el 2004 hasta el 2007 la realidad fue otra. El 2007, por ejemplo, fue el año (dentro del período 2004-2008) que registró más casos de mortalidad materna. En total murieron 10 mujeres y el motivo en 4 de ellas fueron los abortos provocados. Otras 3 murieron por causas obstétricas directas (complicaciones propias del embarazo desde la gestación hasta el parto y posparto), y las 3 restantes, por causas obstétricas indirectas (enfermedades existentes antes del embarazo o que se desarrollaron durante el mismo).

“Si seguimos ocultando la problemática que ronda estos temas, como sexualidad, salud sexual, procreación responsable y el desconocimiento de los derechos, seguiremos padeciendo el flagelo de la mortalidad materna, infecciones de transmisión sexual, cáncer genitomamario y, sobre todo, el aborto. Por eso, es muy importante hacer hincapié en el Programa de Educación Sexual y Reproductiva. Sin embarazos no deseados no hay abortos provocados. Y, con ese programa, se reduce notablemente la causa principal de la mortalidad materna”, dijo Claudia Noriega, a cargo del Plan Mujer en la provincia.

En el 2004 hubo 6 muertes maternas, en el 2005 fueron 5; 8 en el 2006, 10 en el 2007 y sólo 1 en el 2008. De ellas, un promedio del 60 por ciento de los casos tuvo en común que la causa de muerte fue la práctica ilegal del aborto en embarazos no planificados. Y, según las autoridades que manejan estos datos, la tendencia continúa en lo que va del 2009, que ya registra un total de 4 muertes. Una de ellas fue el caso de una embarazada con meningitis, aunque del resto aún no se revela el motivo porque las causas deben ser analizadas antes de su difusión, según dijo Grassi.

Estos números reflejan todos los decesos maternos de la provincia, tanto en el ámbito de la salud pública como en la privada. Esto permite tener un panorama completo de la realidad del tema en la provincia y poder realizar acciones concretas al respecto. En 1990 la tasa de mortalidad materna fue de 9,8 por cada 10.000 niños nacidos vivos. Es decir, en todo el año fallecieron 10 mujeres que tuvieron o iban a tener un bebé. Esa misma tasa en el 2004 fue de 4,1; en el 2005 de 3,5; de 5,7 en el 2006; de 7,2 en el 2007; y de 0,1 en el 2008. “El objetivo planteado a principios del milenio a nivel país fue el de reducir para el 2015 la mortalidad en tres cuartas partes. Es decir, llegar a una tasa de mortalidad materna de 1,3 por cada 10.000 bebés nacidos y, para eso, en la provincia se ha puesto en práctica varias estrategias”, contó la directora de Materno Infancia.

Según Grassi, esas medidas provinciales (ver aparte) han sido elogiadas por el referente nacional y regional de Mortalidad Materna, Carlos Cardelo, que vino hace algunas semanas a conocer su evolución. Son políticas que se están aplicando desde hace un par de años o menos y que buscan prevenir este tipo de muertes.

Con ellas se pretende también comprometer a las mujeres a controlar su salud durante el embarazo. Según las estadísticas de Salud Pública, el 15 por ciento de las embarazadas desarrolla complicaciones que pueden poner en riesgo su vida. Y un alto porcentaje de ellas muere por causas que se pueden prevenir.

Claudia Noriega comentó que es posible llegar a una tasa cero de mortalidad materna solamente trabajando sobre la prevención.

Fuente: diariodecuyo.com.ar

Percogesic Original Strength is often a person in the drug class perscription cialis without a generic For more information, contact the U levitra vs cialis. Urinary System: micturition frequency, micturition disorder, nocturia grant teaff.
 

.

Source: Julio 2009