Las pastillas para el aborto, proporcionan alivio para las mujeres

El junio pasado, todas las mujeres en Quito Ecuador, se fijaron en el status simbólico de la Virgen Maria en el Panecillo, que era visible desde todas las esquinas del Valle, para ver un aviso que colgaba de su falda y que llamaba mucho la atención. Decía; “Aborto Seguro”, seguido de un número de teléfono celular. Este servicio de ayuda telefónico, fue organizado por jóvenes activistas de la localidad, en colaboración con “Women on Waves” de Holanda, ofreciendo un recurso para aquellas mujeres que querían interrumpir un embarazo indeseado de manera segura, en un país donde el procedimiento esta fuera de la ley. En las primeras dos horas, este servicios telefónico recibió 79 llamadas.

Como en muchas ciudades del mundo en donde el aborto es ilegal el aborto, las mujeres ecuatorianas, buscaban una respuesta a las necesidades de abortos confiando en el uso de misoprostol sin etiqueta, disponible para el tratamiento de la úlcera gástrica. Ocasionalmente las mujeres pueden obtener recetas de doctores comprensivos, pero como los efectos abortivos de esta píldora, llegan a ser cada vez mas conocidas, las farmacias están supervisando con mas frecuencia las prescripciones y los médicos, con el fin de preservar sus licencias, se ven obligados a limitar su acceso, por temor de llamar la atención. Consecuentemente mas y mas mujeres se ven obligadas a confiar en el misoprostol comprado en el mercado negro, o a través de redes clandestinas de abastecedores.

La red clandestina que actualmente opera el servicio telefónico ecuatoriano, atiende aproximadamente 10 llamadas por día, una demanda que sus proveedores inconsistentes no pueden satisfacer. Sin embargo ante eso, ellos derivan a las mujeres a Women On Web, una comunidad global en línea mundial en donde las mujeres pueden acceder, ellas mismas, a información, soporte y a las píldoras.

Women on Web opera bajo premisa que una mujer tendrá un aborto si lo necesita, por los medios que sean necesaros, sin importar si las leyes son restrictivas. Como un servicio de telemedicina, ellas ofrecen consultas en línea que determinan si un embarazo se encuentra dentro de ciertos parámetros de la seguridad. Si es así, la mujer podría recibir misoprostol y mifepristone dondequiera que ella resida (dado que ella no tiene acceso al aborto legal), enviando por correo en un paquete discreto, con indicaciones amigables y una prueba de embarazo, a menudo, libre de costo. Entonces ella misma puede iniciar un aborto, en la privacidad de su hogar, sin la necesidad del permiso, y – si no esta cerca – sin la ayuda de un doctor.

Esta revelación de la autonomía reproductiva, en las prácticas de aborto plantea un enorme desafio para los sectores anti-aborto, y de hecho hace una pausa para quienes son de pensamiento mas liberal. A lo mejor, aunque, no se necesita ser tan alarmantemente radical, pues si uno hace seguimiento a la historia del aborto en la antigüedad, la experiencia ha sido históricamente personal, reservada, informada (sino ayudada siempre) por el conocimiento de la obstetricia – conocimiento que en ciertos periodos ha sido marginalizado. Pero aún cuando el poder hegemónico, ha condenado el aborto como brujería, la transmisión secreta del conocimiento de las mujeres eran atesoradas y pasadas de generación en generación. En este enfoque, el misoprostol es la última evolución de las pociones, situada en algún lugar después de la “Silphium”, “ruda”, y “cordón de la Reina Ana” El progreso médico ha hecho las pociones más confiables, y ésta está validada no sólo para el uso mundial, sino por inclusión en la lista de medicamentos esenciales de la Organización Mundial de la Salud.

El verdadero regalo de la píldora del aborto, es su acceso – hecho exponencial cuando se utiliza conjuntamente con la telemedicina. Women On Web, incluyen en su sitio web mas de 1200 testimonios de mujeres de 60 países (apenas una fracción de las mujeres que han utilizado el servicio), quienes han compartido su experiencia del aborto. Cientos de mujeres usaron este medicamentos, y cientos de ellas sólo fueron capaces de usarla en total privacidad. Muchas citan la experiencia de soledad, y otras lo señalan como empoderamiento, pero todas han sobrevivido para contarlo. Este es un servicio para mujeres en las situaciones de emergencia donde se prohíben las condiciones médicas ideales por la ley y donde la alternativa es la violencia clandestina o dosis desmesuradas. Las condiciones de emergencia, por supuesto, están más cercanas a las casas de lo que mucha gente puede darse cuenta. Estudiantes de Medicina por el Derecho a Decidir, citan la falta de interés general que existe para formar proveedores de aborto – Los estudiantes de medicina más jóvenes no están aprendiendo el procedimiento, y el número de proveedores está disminuyendo. Por ejemplo, en todo el Estado de Kentucky, en donde técnicamente hay aborto legal, cuenta con sólo dos médicos que atienden abortos, solo dos días a la semana. En toda la parte del este del Estado, no hay acceso a proveedores de aborto.

¿Cómo el matrimonio entre la telemedicina y el aborto puede ser mas sostenible no sólo para las áreas lejanas de la ilegalidad, pero también como podría ayudar a las comunidades que no tienen una salida?

El aumento rápido de la telemedicina en otras áreas de la medicina, esta teniendo mas autononmía en lo individual; sensores remotos monitoreando signos vitales, presión sanguinea, y controles de peso a través de video conferencia. Un sitio web y una píldora nunca podrán superar la capacidad de la asistencia médica y la sensibilidad de tacto de un profesional médico, sin embargo, seguyirpá siendo así hasta que la ley y el contexto haga posible que estos proveedores de saludr estén a la mano de las mujeres que lo necesitan.

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Source: Julio 2009

El derecho a no morir

En todos los países de Latinoamérica, durante las últimas décadas se han impulsado acciones de política pública a favor de las mujeres.

Estas acciones han contemplado en buena medida su incorporación legislativa. Poco a poco ha ido entendiéndose que los derechos de las mujeres son también derechos humanos.

Detrás de ello hay mucho trabajo de mujeres, de organizaciones y de gobiernos que en diversos momentos han permitido que las mujeres obtengamos desde la ley la protección de nuestros derechos.

Sin duda mucho a favorecido los diversos compromisos que se suscriben en las reuniones convocadas por organismos internacionales para que los países desde sus gobiernos por sí, o solo por responder a estos, han impulsado acciones.

Si bien en este esfuerzo entre lo deseado y lo alcanzado todavía hay un trecho, y que como se ha comentado en muchos momentos los asuntos de las mujeres son de avances y retrocesos, hoy las mujeres mexicanas pasamos por uno muy delicado de retrocesos.

Al día de hoy ya en 14 estados de la república se han aprobado leyes que han anulado derechos adquiridos de las mujeres.

Conquistas que tienen que ver con uno de los temas que son eje para nuestro desarrollo, pero que sin duda inciden en la totalidad que nos rodea a las mujeres: la salud sexual y reproductiva.

Las mujeres estamos exigiendo nuestro derecho a no morir. Que las instituciones públicas respondan con programas que prevengan la muerte diaria de mujeres y niñas resultado de complicaciones ocurridas durante el embarazo, el parto y el puerperio.

Los programas de salud materna incluyen también la atención a un grave problema de salud pública que enfrentamos las mujeres: los abortos no punibles en los hospitales del país, cómo no tomar en cuenta que el aborto es la primera causa de mortalidad materna.

Las leyes planteaban excepciones en esta materia que las reformas constitucionales han anulado, lo que nos determina en prospectiva para nosotras las mujeres que el retroceso jurídico tendrá un resultado fatal.

Hace algunas semanas escribí sobre la petitoria presentada por mujeres y hombres del estado de Guanajuato ante el Instituto Nacional de las Mujeres, para declarar la alerta de violencia de género por Agravio Comparado contra estas reformas constitucionales que transgreden nuestros derechos humanos.

Hay normatividad federal vigente que lo fundamenta: la igualdad de la que habla el Artículo cuarto de la Constitución, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y el reglamento de la misma, los Convenios Internacionales, los Compromisos suscritos por nuestro pais, son solo algunas.

El Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) ha convocado a la reunión del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres para resolver sobre esta petición de declaración de alerta de violencia de género por Agravio Comparado en los estados de la República donde Ley General de Acceso a las mujeres a una vida libre de violencia aún no ha sido armonizada y para los estados de la República que como Puebla ya la hemos homologado representa una esperanza en las acciones a conducir.

En esta reunión nacional que preside el Secretario de Gobernación federal, son parte, los Institutos Estatales de las Mujeres, sus votos serán fundamentales en el resultado de la Resolución.

Habrá que estar pendientes de cómo votan las titulares de los Institutos Estatales de las Mujeres en un tema que es eje de los programas que impulsan, lo que nos permitirá comprobar si verdaderamente cumplen con el fin para el cual fueron creados.

Espero que tomen en cuenta al momento de su voto que hoy las mujeres queremos gozar el derecho que tenemos a no morir y cumplir con uno de nuestros derechos fundamentales: el derecho a la libertad.

rociog@prodigy.net.mx

Tomado de: e-consulta.com

Source: Julio 2009

Cambio generacional en hispanos EEUU respecto al aborto

Los Angeles (Reuters) – Algunas semanas posteriores a un romance de una noche y una fallida píldora del día después, Ana vio una sola opción: luego de dos días había terminado su embarazo en una clínica pública.

La estudiante universitaria de 28 años, que llegó a Estados Unidos desde Guatemala cuando era pequeña, calificó la decisión como una de las más fáciles y más claras de su vida. “Tener un hijo no está en mis planes en este momento”, expresó Ana en una entrevista desde la Ciudad de Nueva York.

Su madre, aunque la apoyó, le reclamó: “¿Por qué no me lo dijiste y yo hubiese cuidado de tu bebé?”.

Ana, quien pidió que no se use su verdadero nombre, no le ha contado lo sucedido a su padre, quien quedaría “destrozado”, según ella misma declaró.

Esta familia es una muestra del cambio de actitud en cuanto al aborto que se registra actualmente entre los hispanos estadounidenses, tradicionalmente un grupo anti-abortista influido por su predominante fe católica romana.

Un sondeo conjunto realizado en el 2007 por el reputado Foro Pew sobre Religión y Vida Pública y el Centro Hispánico Pew reveló que el 65 por ciento de los hispanos estadounidenses de primera generación cree que el aborto debería ser ilegal.

Pero entre los hispanos estadounidenses de segunda generación, como Ana, esa cifra cae al 43 por ciento.

El tema de los hispanos y el aborto resulta oportuno ahora que Sonia Sotomayor, la primera hispana nominada a la Corte Suprema de Estados Unidos, está en su proceso de confirmación en el Senado luego de cuatro días de audiencias.

Analistas han dicho que está garantizada su confirmación como miembro vitalicio de la Corte -que son los que fallan sobre temas como el aborto y la religión- por el apoyo de los demócratas, pese a que republicanos han presionado en las audiencias que se desarrollan desde la semana pasada.

La posición de Sotomayor respecto al aborto no está clara, incluso después de que grupos a favor y en contra examinasen sus antecedentes y contexto en busca de indicios.

Décadas después del histórico fallo de la Suprema Corte en 1973 en el caso Roe vs. Wade que legalizó el aborto, el tema todavía genera amargos enfrentamientos y está al frente de las batallas políticas.

Saber cómo los hispanos ven el aborto podría ser clave para obtener votos del grupo minoritario de mayor y más rápido crecimiento en Estados Unidos.

DERRUMBE DE TABUES

Una encuesta de Gallup de mayo reveló que el 51 por ciento de los estadounidenses se autodenominaba “pro vida”, o en contra del aborto. Pero el sondeo de Pew indica que un mayor porcentaje de hispanos se opone al aborto (el 57 por ciento), más que cualquier otro grupo.

La segunda generación de hispanos, sin embargo, está “mucho, mucho más cerca a los valores estadounidenses generales (…) lo que contrasta marcadamente con la primera generación que es mucho más conservadora en cuanto a este tema”, dijo Luis Lugo, director del Foro Pew.

Los números respaldan el cambio de opiniones. Los hispanos constituyen aproximadamente el 15 por ciento de la población estadounidense. De 1,2 millones de abortos realizados en el 2005, las mujeres hispanas representaron un 22 por ciento, según el instituto Guttmacher.

Existen muchas presunciones sobre cómo se sienten los latinos en cuanto al aborto, dijo Silvia Henríquez, directora ejecutiva del Instituto Nacional Latino de Salud Reproductiva. Las encuestas realizadas por su grupo revelan una mayor tolerancia al aborto.

“Es muy común escuchar: ‘Tal vez yo no tomaría esa decisión, pero no me corresponde interferir en la decisión de otra persona'”, dijo Henríquez.

El aborto era tabú cuando Ana era niña. Las jóvenes sobre las que se rumoraba que se habían realizado un aborto solían sentirse avergonzadas.

En la escuela primaria, Ana comenzó a pensar de otro modo y consolidó su defensa del derecho al aborto durante su educación secundaria católica. Al dejar la clínica de Nueva York, ella orgullosamente recordó a mujeres que conocía que habían tomado la misma decisión.

Un sondeo llevado a cabo este año en California también refleja este cambio generacional. El Instituto de Políticas Públicas de California reveló que los latinos inmigrantes y los nacidos en Estados Unidos expresan opiniones casi opuestas en cuanto al rol del Gobierno en materia de acceso al aborto.

Mientras que el 62 por ciento de los latinos inmigrantes está a favor de restricciones al aborto, el 65 por ciento de los latinos nacidos en Estados Unidos cree que el Gobierno no debería interferir.

“LO MALO DE LA ASIMILACION”

Un factor de esta diferencia es que los inmigrantes provienen de América latina, donde pocos países permiten el aborto, dijo Lugo. La asimilación también tiene un papel importante, añadió.

Para la Iglesia Católica, esto es lo “malo de la asimilación” y un síntoma del creciente individualismo en la cultura estadounidense, dijo el padre Allan Figueroa Deck, quien supervisa la diversidad cultural para la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos.

“En la cultura latina, existe una tendencia a no actuar como individuos aislados que buscan sus propios fines”, dijo Deck. “Este es un valor para nosotros y lamentablemente este valor está desapareciendo en Estados Unidos”, agregó.

Los hispanos evangélicos protestantes son un grupo creciente e incluyen a muchos católicos conversos. Su conversión, sin embargo, no es para evitar las estrictas creencias acerca del aborto.

Este grupo es aún más conservador: el 77 por ciento considera que el aborto debe ser ilegal comparado con el 54 por ciento de los hispanos católicos, según indicó el Foro Pew.

Raimundo Rojas, director de acercamiento a la comunidad hispana de la organización anti-abortista National Right to Life (Derecho Nacional a la Vida), cree que la unidad familiar mantendrá a los hispanos en gran medida del lado de los detractores del aborto.

“La familia es muy importante para nosotros y los hispanos reconocen que un niño por nacer ya es un miembro de nuestra familia”, dijo Rojas.

Ese tal vez fue el motivo para que Inés (quien también pidió reserva de su nombre real) cambiara de decisión tras quedar embarazada de su quinto hijo. Su marido había perdido su trabajo y la familia se mudó a la sala de estar de un pariente.

La joven, quien llegó a Estados Unidos desde México en el 2000, visitó un centro de atención a embarazadas en Los Angeles creyendo que allí realizaban abortos. Pero, en cambio, le mostraron un video contra el aborto y ella cambió de parecer.

“Somos muy católicos y creemos que eso es un pecado”, dijo Inés. “Un hijo es una bendición de Dios”, agregó.

Inés espera tener a su hijo este mes, mientras Ana manifiesta su deseo de tener hijos más adelante y, con la inspiración de Sotomayor, espera convertirse en jueza.

(Editada en español por Ana Laura Mitidieri)

Fuente: lta.reuters.com

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Source: Julio 2009

Los argumentos de los antiabortista

Acabo de dar una conferencia sobre el aborto en una universidad española. Al final de la misma no pude por menos que recordar el artículo publicado hace unas semanas en El País por el jusuita Masía en el que una frase sobresalía sobre las demás: “Sin tomar en serio la anticoncepción no es creíble oponerse al aborto”. Es una magnífica frase que me vino a la cabeza durante el debate que siguió a mi conferencia. Estaba entre el público un profesor de derecho muy respetado, antiabortista, al que se suele considerar moderado y dialogante en sus opiniones. El profesor tomó la palabra al terminar yo para decir, de

manera muy sosegada, que a pesar de no estar de acuerdo conmigo, proabortistas (partidarias/os del derecho a decidir de las mujeres) y antiabortistas (contrarios a ese derecho) tendríamos finalmente que encontrar un punto de acuerdo. Me pareció bien, un comienzo. Veamos, primer punto de acuerdo y fundamental: es mejor no abortar que abortar. Ahí los estábamos obviamente de acuerdo y parecía también un buen punto de partida; así pues nuestro trabajo común podría consistir en trabajar para reducir los abortos, como se ha hecho en Holanda, por ejemplo (donde con una legislación mucho más abierta respecto al aborto que la que se nos prepara aquí tienen un número de abortos mucho menor).

Si tenemos que reducir el número de abortos, si verdaderamente nos creemos que eso es lo importante, entonces, tendremos que tomarnos en serio la anticoncepción y, especialmente la de las jóvenes, que son las más susceptibles de quedarse embarazadas sin desearlo. Habrá que facilitar, y cuando digo facilitar, quiero decir facilitar de verdad, la anticoncepción. Es decir: educación sexual que incluya todo tipo de información sobre métodos anticon ceptivos; facilidad para acceder, de manera fácil, libre y gratuita a los medios anticonceptivos: máquinas expendedoras de preservativos (que ádemás protegen de las enfermedades de transmisión sexual, son sencillos de usar y baratos) en muchos lugares públicos, incluidos los institutos y lugares de ocio de los jóvenes; información sencilla y accesible sobre todo tipo de anticoncepción en los centros sanitarios y, finalmente, anticoncepción de emergencia en las farmacias por si falla todo lo anterior. Se abortará menos, mucho menos; he ahí un punto de encuentro en el que podemos converger partidarias del derecho de la mujer a decidir y personas contrarias al aborto en cualquier caso, como este profesor.

Pero no. El profesor en cuestión no aceptó ninguna de las propuestas anteriores. Nada de educación sexual en los colegios, eso es cuestión de los padres. Habrá que ver qué mundo es ese en el que los hijos/as aprenden de sexo hablando con sus padres. Nada tampoco de anticonceptivos fáciles de conseguir sino al contrario, difíciles, porque si se consiguen demasiado fácilmente eso provocará más embarazos y más abortos; mucho menos máquinas expendedoras cerca de los niños, eso es una incitación al sexo. Anticoncepción de emergencia nunca, eso es aborto (porque lo dicen ellos, contra todas las evidencias médicas)

Entonces ¿en qué nos podemos poner de acuerdo? ¿Sobre qué podemos discutir? Sobre nada en realidad porque lo cierto es que no es el aborto lo que les preocupa a la mayoría de los llamados antiabortistas, como no les preocupó durante el gobierno del PP cuando en España se ha abortado, la verdad, casi libremente. Lo que les preocupa es el sexo, a lo que se oponen es a las relaciones sexuales libres y despreocupadas; lo que les preocupa es la libertad sexual de las mujeres. Preferían (y prefieren) que las relaciones sexuales sigan llenas de culpa, sufrimiento y consecuencias terribles (por cierto que sólo para las mujeres) No pueden transigir con una sociedad en la que el sexo es sinónimo de placer y nada más. Y especialmente no soportan que eso pueda ser así para las mujeres, que de sobra sabemos que los hombres siempre se las han arreglado bien. No son antiabortistas son sexofóbicos.

Por eso me gustó mucho el artículo del jesuita Masiá, porque es el artículo de alguien verdaderamente preocupado por reducir el número de abortos y ahí sí podemos encontrarnos.

Beatriz Gimeno es escritora y ex presidenta de la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales

Fuente: elplular.com

Source: Julio 2009

La interrupción del embarazo

Parece inevitable reiterar lo obvio. La humanidad, y sobre todo las mujeres, lleva siglos tratando de desenchufar el placer sexual de la procreación. Recuerdo que un amigo de mi época adolescente me decía: “Yo creo que a ellas no les gusta”. “Sí les gusta, le contesté, pero tienen miedo de quedarse embarazadas”.

Hoy, en extensas zonas del mundo desarrollado, es posible que las mujeres gocen del placer sexual con la misma inhibición que los varones gracias a los anticonceptivos, cada día más accesibles y baratos, incluyendo la última fórmula, la píldora del día después. Pero para que ello sea así hacen falta unas condiciones, vigentes ya en la mayoría de los países europeos y que son fundamentalmente tres:

1.- Información sexual temprana. En cuanto las niñas tengan la primera menstruación, se las debe informar con claridad y sin ambages de esa función corporal y explicarles cómo se deben comportar con sus amiguitos que, pronto, a impulsos de la potente dosis de testosterona que se desarrolla en sus cuerpos varoniles, las requerirán de amores y escarceos.

2.- Anticonceptivos baratos y accesibles. Hay farmacéuticos de todos los pelajes y, algunos, no hace muchos años, se negaban a dispensar la píldora a las mujeres aunque llevaran receta y a vender condones a los hombres. Por eso en algunos países el sistema sanitario dispensa los anticonceptivos gratuitamente y sin condicionantes ideológicos ni comerciales.

3.- Funcionamiento eficaz y rápido de dicho sistema sanitario para que detecte y ponga pronto remedio a los embarazos no deseados con arreglo a la ley. Hay médicos objetores, algunos son sinvergüenzas que objetan en la sanidad pública y practican abortos en la privada, pero todos los trabajadores de la sanidad pública deben cumplir la ley o buscar trabajo en la sanidad privada.

La nueva ley española de plazos, que perfecciona la legislación anterior, introduce el sistema mayoritariamente europeo y contra ella truenan cuantos estaban callados en el largo tiempo en que ha estado funcionando la norma vigente bajo el Gobierno de la derecha

La sustancia de la protesta es la defensa de la sociedad patriarcal y machista, enemiga de los derechos de las mujeres. Éstas deben ser castas, subordinadas al varón y si juegan a los mismos juegos, se les debe amenazar con la maternidad, como castigo a su libertinaje. Son los mismos que están contra la información sexual temprana, contra los anticonceptivos y empiezan a estar asustados de que las mujeres, protegidas por los anticonceptivos, muestren su mayor potencia y capacidad de disfrute sexual. Porque como me decía un joven pariente: “Por cada orgasmo que tengo, ella tiene tres”.

La ley de plazos afronta un conflicto de intereses. A ninguna mujer se la puede obligar a ser madre y el “nasciturus” debe ser protegido desde un cierto momento. ¿Desde cuándo? Hay opiniones científicas, filosóficas y hasta metafísicas para todos los gustos, el doctor aquinatense decía que Dios infunde el alma a los tres meses de la concepción pero el mundo eclesiástico endurece su posición para tener la influencia política que socialmente ha perdido. En todo caso la sociedad debe legislar para clarificar, para proteger derechos y libertades. El aborto es una tragedia, que nadie desea. Cuantos más anticonceptivos menos abortos. Recientemente, un distrito sanitario holandés constató que no se había practicado ningún aborto en seis meses. En España por el contrario, la cifra de abortos es excesiva y creciente. A ello hay que poner remedio.

Y en cuanto a los patriarcalistas, sobre todo a la jerarquía eclesiástica, hay que respetarles su opinión pero nada más. Las leyes se hacen en el Parlamento y yo pienso que hasta que no haya mujeres curas, la jerarquía eclesiástica seguirá siendo patriarcal y machista. ¿Para cuándo una actitud eclesiástica igualmente agresiva contra los causantes de la muerte de los millones de niños, ya nacidos, que fallecen cada año por hambre y enfermedades fruto de la pobreza?

Alberto Moncada es presidente de Sociólogos sin Fronteras Internacional.

Fuente: elpais.com

 

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Source: Julio 2009

Perú: Madres adolescentes temen ir a revisiones por miedo a que detengan a su parejas

La fiscal Florencia Ambrosio está obligada a acudir al llamado de hospitales y de clínicas privadas. Aunque estas últimas casi nunca la llaman. Ella es la visita que nadie quiere recibir en los pabellones de maternidad adolescente.

“La mayoría de chicas tiene miedo. Algunas se hacen las dormidas para no hablar, otras dicen que se sienten mal o me dan nombres falsos para proteger la identidad de sus parejas”, relata Ambrosio, quien debe abrir una denuncia por abuso sexual por cada parto de una menor de 18 años reportado a su despacho.

No lo planificaron, pero Susan y Christopher ya son padres a sus 17 años. Se quieren pero no se cuidaron y nació María Fernanda. Todo eso lo escuchará la fiscal para evitar que el muchacho sea enviado a “Maranguita”, el centro de readaptación juvenil de menores de Lima.

Hasta marzo del 2006, antes de que el Parlamento legislara en favor de endurecer las penas contra los violadores de niños, solo se presumía ese delito en el caso de adolescentes en estado de gravidez menores de 14 años. Pero la Ley 28704, que rige desde el 5 de abril de ese año, cambió el panorama: modificó, entre otros, el artículo 173 del Código Penal, para ampliar la indemnidad sexual (incapacidad para decidir sobre su sexualidad) hasta los menores de 18 años.

De esta manera, se penalizaron las relaciones sexuales de los adolescentes aun cuando fueran consentidas. Si se tratara de un o una adolescente y un adulto, este último sería denunciado por violación sexual. Ivetsi Lozano, una joven que a los 19 años huyó con su enamorado de 16 para vivir su romance, fue detenida en Tacna y llevada a juicio en diciembre del año pasado.

CLIMA DE TEMOR
El Ministerio de Salud (Minsa), el Colegio de Obstetras del Perú y el Fondo de Población de las Naciones Unidas han advertido que una legislación más dura no ha contribuido a disminuir la tasa de embarazo adolescente ni detenido el inicio sexual temprano. Tampoco ha contribuido a que caiga la tasa de violaciones sexuales en el país (Ver cuadros). “Lo que se ha generado en los últimos tres años es un clima de temor en las adolescentes durante la atención de su embarazo y parto en los servicios de salud, por el riesgo de ser retenidas para investigaciones policiales y judiciales”, sostiene Lucy del Carpio, coordinadora de la Estrategia Sanitaria Nacional de Salud Sexual y Reproductiva del Minsa.

Al Instituto Nacional Materno Perinatal, la antigua Maternidad de Lima, llegan a dar a luz unas 3.000 adolescentes por año. La mayoría tiene partos de alto riesgo no solo porque aún les falta madurar biológica y psicológicamente, sino por descuido de sus controles prenatales.

Apenas el 10% de gestantes adolescentes en el país cumplió con todos sus controles entre el 2005 y 2008, según el Ministerio de Salud. “Cuando hay complicaciones que pudieron prevenirse es porque no hubo un control correcto”, dice Pedro Mascaro, director de la antigua Maternidad de Lima, quien reconoce que todas las madres adolescentes son retenidas hasta que una fiscal acuda a tomarles su declaración para conocer las circunstancias de sus embarazos.

Por cada mil nacidos vivos de madres adolescentes reportados en el Perú mueren 362 de ellas, de acuerdo con las cifras oficiales. “Este indicador no se reducirá en tanto no haya condiciones favorables para que acudan a sus controles prenatales y sus partos se atiendan en los servicios de salud”, señala Carmen Rosa Gamarra, decana del Colegio de Obstetras del Perú.

DELITO Y REALIDAD
La fiscal Ambrosio calcula que de cada diez casos de embarazos precoces que le reportan los hospitales públicos, nueve fueron resultados de relaciones consentidas. Pero todos, unos 300 por mes, deben denunciarse. “Hay que distinguir dos cosas: el sexo forzado siempre será delito de violación, pero el sexo consentido por adolescentes no tiene por qué ser un delito “, sostiene Mayda Ramos, adjunta para la Niñez y Adolescencia de la Defensoría del Pueblo.

De ese análisis se ha encargado la Corte Suprema de Justicia y en un acuerdo de la sala plena, emitido en julio pasado, concluyó que resulta inaplicable la disposición del Código Penal que criminaliza las relaciones sexuales consentidas por los adolescentes, ya que viola sus derechos fundamentales al ejercicio de sus decisiones en materia de sexualidad. Algunos fiscales y jueces se basan en este acuerdo plenario para archivar las denuncias que no son verdaderos casos de abuso sexual, pero otros aplican un Código Penal que no siempre mira la realidad.

Grecia Rojas, directora general de la Mujer del Mimdes, sostiene que el pronunciamiento de la Corte Suprema ha servido para frenar el ingreso injustificado de adolescentes madres a los albergues del Estado, pues allí solo deberían llegar aquellas madres precoces víctimas de abuso sexual y en abandono.

EN PUNTOS
A partir de los 14, la ley les permite casarse y reconocer a hijos
El Código Civil permite que un adolescente de 14 años reconozca a un hijo, a los 16 pueda casarse y firmar otros contratos. Pero el Código Penal sanciona el ejercicio voluntario de su sexualidad.

La edad de inicio sexual de los adolescentes en Lima es entre los 16 y 19 años. En la sierra y la selva, la primera relación sexual suele ocurrir a los 12 años, según la última Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

En el 2007, la Comisión de Justicia del Parlamento aprobó un dictamen para restituir la edad de indemnidad sexual hasta los 14 años y no hasta los 18. Sin embargo, nunca llegó al pleno porque generó discrepancias entre diversos sectores y organizaciones que trabajan por los derechos de los niños.

La organización no gubernamental Acción por los Niños advirtió que “sincerar la realidad” en este tema no es tan sencillo porque facilitaría la impunidad para muchos violadores que se aprovechan de la vulnerabilidad de las menores.

El hogar Santa Rita del Ministerio de la Mujer ya no funciona para adolescentes madres. Ahora las chicas ingresan a los diferentes albergues de acuerdo a los espacios disponibles.

El embarazo adolescente es la segunda causa más importante de deserción escolar después de las condiciones económicas de la familia.

El 60% de tutores encuestados por el Ministerio de Educación se siente inseguro y poco capacitado para orientar en salud sexual y reproductiva a sus alumnos en clase. La mayoría reclama materiales didácticos.

Fuente: pucallpaaldia.blogspot.com

 

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Source: Julio 2009

La justicia desautoriza a la Guardia Civil por la actuación contra Isadora

Dos años y cinco meses después de que se iniciara el caso contra la clínica de abortos Isadora, la justicia ha dado un fuerte varapalo a las actuaciones de la Guardia Civil y del juez de instrucción José Sierra Fernández. La Audiencia Provincial de Madrid afirma que el magistrado Sierra no era competente para instruir el procedimiento; que ha imputado a tres medicos del centro por abortos ilegales “sin concretar qué intervenciones son las sospechosas, ni cuál es el motivo de ilicitud ni, en fin, la intervención que cada uno de los imputados ha tenido en la interrupción ilícita de los embarazos”; y que los agentes del Seprona (Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil) desobedecieron la resolución del primer magistrado que recibió una denuncia sobre el tema y buscaron uno más favorable a sus tesis.

“Lo que está en juego no es una mera cuestión de competencia entre órganos judiciales (…) sino el acatamiento y el respeto de las decisiones judiciales por las autoridades administrativas, la policía muy especialmente”, señala el auto, firmado por los magistrados de la sección cuarta. El caso Isadora debe volver ahora al Juzgado de Instrucción numero 6 de Madrid -como pedía el abogado de una de las partes, el fallecido Rafel Burgos- el mismo que el 16 de febrero de 2007 se negó a abrir un procedimiento penal a pesar de la petición de los agentes de la Guardia Civil. El auto de la Audiencia Provincial no se puede recurrir.

El tribunal ha rechazado también que puedan participar en el proceso dos grupos antiabortistas: la organización Unidos por la Familia y el partido católico y ultraderechista Alternativa Española. El juez Sierra había admitido como acusación popular a este último, pero su decisión ha sido ahora revocada por la Audiencia. Los magistrados dicen que, por un lado, no cabe la acusacion popular en un procedimiento en el que ni siquiera están claros los hechos delictivos y, por otro, que hay que garantizar el derecho a la intimidad de las mujeres que han abortado, lo que “ha obviado” el juez Sierra.

“Las informaciones que se contienen en este proceso afectan de un modo particularmente intenso a la vida privada de un grupo numeroso de mujeres”, señala la resolución, “quienes, sin ser sospechosas de haber cometido delito alguno han visto cómo datos relevantes de su vida íntima han quedado expuestos al conocimiento ajeno”.

Todo comenzó a las 10.30 del 16 de febrero de 2007. Dos agentes del Seprona se presentaron en Isadora para “realizar una inspección”, según consta en los atestados. Tras la visita a la clínica se consideró que se estaban gestionando mal los residuos y por eso inmovilizaron el contenedor que estaba a punto de ser recogido por una empresa especializada.

Los dos agentes fueron después a los juzgados de Plaza de Castilla. El caso cayó en manos del magistrado de guardia, el titular del número 6, Ramiro García de Dios Ferreiro. Las “irregularidades en la gestión de residuos” se habían convertido ya en indicios de “supuestos abortos ilegales” a pesar de que los agentes no habían visto el interior de los bidones. Pidieron al juez una “autorización para que el personal del Instituto Anatómico Forense” retirara los “supuestos restos humanos para su oportuno estudio”.

El magistrado no lo autorizó: “Procede de plano y mediante la presente resolución de obligado cumplimiento, denegar la autorización solicitada (…), debiendo abstenerse el sargento firmante del escrito de elucubrar sobre abortos ilegales cuando no existe el más mínimo indicio racional de que se hubiesen producido, sin que quepa elevar las elucubraciones a la categoría de indicios”. Los bidones con residuos sanitarios seguían inmovilizados en la calle. Los agentes no informaron a la clínica de la decisión judicial sino que mantuvieron la orden de no tocarlos. Querían llevar la investigación a la Consejería de Sanidad de Madrid.

Después de varias llamadas, el martes 20 de febrero les dijeron que el departamento se haría cargo “de los envases con residuos clínico-sanitarios”. El jefe técnico de la Unidad de Sanidad Mortuoriay dos agentes se llevaron los ocho bidones a un tanatorio de Alcobendas y los abrieron. En los atestados no consta si los agentes informaron en algún momento a Sanidad de la negativa del juez de permitir su inspección.

Encontraron nueve fetos y restos de liposucciones. Llamaron a la juez de guardia de Alcobendas, quien les dijo que la competencia era de Madrid. Así que volvieron a Plaza de Castilla, sin decir que habían estado allí cinco días antes. El entonces juzgado de guardia (número 31) autorizó el examen de los restos para determinar la edad gestacional y el asunto recayó después, por reparto, en el juzgado 47. El titular, José Sierra Fernández, abrió diligencias previas.

El día 23, la Comunidad de Madrid dictó una propuesta de cierre de la clínica que no fue notificada ni ejecutada. El Seprona siguió investigando. Los agentes identificaron a las mujeres cuyos nombres aparecían en los botes de formol y a otras pacientes de la clínica. Las llamaron como testigos y en algunos casos se presentaron en encia dice que los hechos “evidencian que, ante la negativa del juzgado de instrucción a acceder a la solicitud policial, los agentes del Seprona continuaron actuando por su propia iniciativa, interviniendo los restos cautelarmente, recabando la colaboración de las autoridades administrativas” y “silenciando” que había un antecedente judicial. El objetivo era conseguir un “nuevo magistrado que, esta vez sí, autorizó el estudio de los restos”.

El tribunal afirma que si los agentes consideraron que había hechos nuevos después de abrir los bidones, debieron informar al primer juez en lugar de buscar uno distinto: “Se trata, en suma, de una actuación encaminada a menoscabar la competencia del Juzgado de Instrucción número 6 (…) cuya decisión no fue respetada ni acatada”.
Historia de una persecución

– Diciembre de 2006. Ataque a la clínica Isadora, especializada en interrupciones de embarazos. Aparece pintada con la palabra “asesinos”. Es el 28 de diciembre, día de los Santos Inocentes. Poco después, la asociación La Vida Importa interpone una denuncia contra varias clínicas madrileñas.

– Febrero de 2007. Guardias civiles del Seprona acuden a la clínica para, supuestamente, comprobar la gestión de residuos orgánicos. Los agentes acuden al Juzgado de Guardia de Madrid y solicitan autorización para abrir los contenedores. El juzgado de Instrucción número 6 de Madrid lo deniega ante la falta de indicios de delito. Los agentes abren los contenedores con la consejería de Sanidad de Madrid. Aparecen cinco fetos y cuatro restos que, según la Guardia Civil, pueden tener más de 22 semanas, el límite para practicar abortos en ese centro. El Seprona busca otro juez. El titular del juzgado de Instrucción número 47, José Sierra Fernández, abre diligencias previas.

– Marzo de 2007. La consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid acusa a la clínica de incumplir la normativa de gestión de residuos orgánicos. El juez Sierra pide a la Guardia Civil que identifique a las pacientes cuyos nombres aparecían en las etiquetas de los botes de formol con los restos fetales y a los trabajadores de la clínica. Los agentes se presentan en sus domicilios. El Anatómico Forense dice que de nueve casos, siete están por debajo de las 22 semanas. En dos no se puede determinar la edad gestacional. La clínica pide que el caso vuelva al juzgado 6.

– Enero de 2008. Alrededor de 25 mujeres que abortaron en 2007 son llamadas a declarar, como testigos, ante la Guardia Civil.

– Marzo de 2008. En su cruzada contra Isadora, el juez Sierra imputa a tres médicos: el responsable del centro, un médico y la psiquiatra.

– Abril de 2008. El Ministerio del Interior abre una investigación sobre las actuaciones de los agentes del Seprona. Los agentes ocultaron a dos magistrados que el juez de guardia había cerrado el caso. Las clínicas de interrupción del embarazo piden una reforma de la Ley del Aborto para lograr mayor seguridad jurídica tanto para las mujeres como para los médicos. El Gobierno ha elaborado un anteproyecto que se presentará en el Parlamento en otoño.

Tomado de: elpais.com

Source: Julio 2009

España: El Poder judicial aprueba que las chicas de 16 años son suficientemente maduras para decidir la decidir la interrupción del embarazo

El CGPJ respalda por tres votos a favor y dos en contra el dictamen que considera constitucional el anteproyecto de ley del aborto.- El texto recomienda que se reconozca el derecho de los padres a ser informados aunque su opinión no tendrá validez.

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Las jóvenes de entre 16 y 18 años de edad son suficientemente “maduras” como para gozar de plena autonomía para decidir la interrupción voluntaria del embarazo, según establece el informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobre el Anteproyecto de Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) que ha sido aprobado esta mañana por la comisión del CGPJ por tres votos a favor y dos en contra.

A pesar de reconocer la capacidad de las chicas para decidir si abortan o no, la comisión considera que se admita el derecho de los padres a ser informados de la solicitud para abortar de una menor, si bien la opinión de los progenitores no tendrá ninguna validez, según fuentes del Poder Judicial. En el caso de que el representante legal se opusiera a prestar el consentimiento, el CGPJ considera “adecuado” que se diseñe un procedimiento judicial con la finalidad de autorizar el aborto. De esta forma, reconoce que “se contribuye a conciliar el derecho a decidir de la mujer que es suficientemente madura, con las facultades de orientación y consejo que derivan de los padres.”

Otra novedad que introduce el informe, realizado por la vocal Margarita Uría, recomienda que a la joven que desee abortar le entreguen los médicos un “informe detallado” con todas las circunstancias que concurren el caso, “no un simple formulario rutinario y abstracto”, según las fuentes informantes.

El dictamen ha sido sometido esta misma mañana a votación en la Comisión de Estudios e Informes del Consejo General del Poder Judicial y ha sido aprobado, al obtener el voto favorable de tres de los vocales que lo integran. Margarita Robles, José Manuel Gómez Benítez y la ponente del informe, Margarita Uría son favorables, frente a la opinión de los vocales designados a propuesta del PP, (Concepción Espejel y Claro José Fernández). El texto resultante será discutido en última instancia en el Pleno que se celebrará el próximo día 23.

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Source: Julio 2009

"Hablar del aborto genera mucha incomodidad"

El aborto en debate, aportes para una discusión pendiente, de Editorial Paidós, recopila las crónicas sobre la problemática del aborto publicadas en Página/12 por Mariana Carbajal. Aquí, la periodista aporta sus reflexiones a partir de su experiencia en la cobertura de un tema que, explica, no es sólo de salud pública sino de derechos humanos.

La periodista de Página/12 Mariana Carbajal acaba de publicar El aborto en debate, aportes para una discusión pendiente, de Editorial Paidós, un libro que reúne su cobertura sobre la despenalización del aborto, realizada en este diario. El texto recopila aportes de especialistas y las historias de mujeres, jóvenes y niñas, forzadas sexualmente e impedidas de su derecho a decidir la interrupción del embarazo. El libro pone de relieve que las muertes por aborto no sólo son un problema de salud pública, sino también una violación a los derechos humanos. “Hablar del aborto genera mucha incomodidad –subraya la cronista–.

El aborto sigue siendo un tema tabú, que está envuelto en mucha hipocresía, fundamentalmente, porque las que padecen la prohibición del aborto son las mujeres pobres, no son las mujeres de clase media que pueden pagar un aborto seguro en una clínica privada”, apunta. El libro muestra que, con una lectura amplia de las vidas dramáticas reflejadas en las crónicas, esas historias pueden dejar de ser vistas como casos aislados y generar un punto de partida para mejorar la vida de todas las mujeres.

–¿Cómo surge el libro?
–Marta Alanís, coordinadora de Católicas por el Derecho a Decidir en Córdoba, me conminó cariñosamente a publicar un libro con toda la información que había ido recolectando, investigando y profundizando sobre la problemática del aborto en la Argentina y con los procesos de liberalización en el acceso a esta práctica que se han dado en otros países latinoamericanos como Colombia, y también en la Ciudad de México y España. A partir de ahí tomé el impulso para empezar a revisar el camino recorrido en los últimos años. El resultado es este libro.

–¿Por qué se habla poco en los medios del problema del aborto, cuando –-como usted destaca desde el comienzo en el libro– se trata de un problema de salud pública?
–No es un tema del cual se hable habitualmente en los medios, aunque en los últimos años pueden observarse algunos cambios: el tema ingresó en los medios masivos a partir de una sucesión de casos de abortos no punibles, donde mujeres jóvenes, con discapacidad mental, tuvieron que atravesar un largo proceso judicial ante los obstáculos que les pusieron tanto en el ámbito médico, en hospitales públicos, como en la Justicia para poder acceder a ese derecho. Estos casos pusieron la temática en la primera plana de los diarios. Son dramas. Pero hay un aspecto de fondo que se aborda poco y es el que tiene que ver con las vidas que se ponen en riesgo y que se pierden en un marco normativo de acceso restringido al aborto.

La prohibición del aborto no ha servido más que para que cada año mueran alrededor de cien mujeres por abortos inseguros y muchas más sufran graves mutilaciones porque no pudieron pagar un aborto en una clínica privada, como lo hacen históricamente tantas mujeres de clase media o media alta. Ese escenario de profunda inequidad me conmueve. Ninguna mujer deja de abortar, una vez que tomó esa decisión, porque el Código Penal se lo prohíba. Sobre este aspecto poco se habla en los grandes medios. El temor a las presiones de los sectores conservadores y particularmente a la Iglesia Católica es enorme y prefieren el silencio. Las mujeres que ponen en riesgo su vida son las más pobres. En provincias del Norte todavía se recurre a métodos precarios como la introducción de una aguja de tejer, un tallo de perejil o una sonda, que terminan en gravísimas infecciones.

Lo que pasa es que de esa inseguridad que afecta particularmente a las mujeres pobres no se habla. Estamos a mitad de año y ya debe haber un promedio de 50 mujeres que perdieron la vida en todo el país por esa causa. A fin de año serán alrededor de cien. El aborto inseguro es la principal causa de muerte materna en la Argentina desde hace más de dos décadas, pero es un dato que no conmueve a funcionarios y legisladores, que prefieren mirar para otro lado y evitar la apertura de un debate en torno de la despenalización del aborto. El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas acaba de definir a las altas tasas de mortalidad materna que hay en el mundo como un problema de derechos humanos. Ya no sólo como un problema de políticas sanitarias, sino de derechos humanos, porque está en juego la vida, el derecho a la salud, a la integridad física de las mujeres. Una política integral de derechos humanos debería incluir el problema de las muertes por abortos inseguros. El tema tiene que entrar en la agenda parlamentaria.

–¿La despenalización del aborto no se discute en el Congreso porque los políticos tienen temor a las presiones de la jerarquía eclesiástica o porque la sociedad está dividida y todavía no está preparada?
–Es un cuento decir que la sociedad no está preparada para dar este debate. Es cierto que el tema divide a los bloques. Con excepción del Partido Socialista, ninguno tiene una posición unánime. En algunos diputados juegan las creencias personales y, en otros, el temor reverencial a la jerarquía católica. En las provincias del NOA, el poder eclesiástico es fuerte y tiene mucha influencia sobre los políticos. Pero los últimos estudios de opinión pública marcan que hay un amplio consenso en la sociedad en torno de la despenalización del aborto en algunas situaciones, como los casos de violación.

El año pasado se quiso avanzar con un proyecto muy interesante que aclaraba los alcances del Código Penal en ese punto, para que no hubiera más dudas y quedara saldada la discusión sobre si sólo se considera no punible la interrupción de un embarazo producto de una violación cuando la mujer tiene una discapacidad mental o ese derecho alcanza a cualquier mujer. El proyecto tenía el visto bueno del presidente de la bancada oficialista. Lo presentaron e impulsaron tres diputados kirchneristas, que además son presidentes de tres comisiones clave, involucradas con la temática: Nora César, titular de Legislación Penal; Juliana Di Tulio, de Mujer, Familia y Adolescencia, y Juan Héctor Sylvestre Begnis, de Salud.

La iniciativa tenía apoyo de legisladores de todos los bloques, salvo del PRO. Justo el día que se iba a firmar un dictamen de mayoría, que lo habilitaba a votarse en el recinto, se levantó la reunión de las comisiones y el proyecto quedó archivado. Hay mucha hipocresía porque seguramente alguna hija, tía, sobrina, esposa, de los legisladores que se oponen a abrir la discusión en un ámbito parlamentario para proteger la vida de las mujeres alguna vez tuvieron una experiencia cercana de un aborto. Pero prefieren decir “de eso no se habla”. Y es importante aclarar que nadie quiere que una mujer aborte. Sería deseable que ninguna tuviera que recurrir a un aborto. Pero hay ciertas circunstancias que enfrentan a una mujer a un aborto, como la falta de educación sexual, de acceso a anticonceptivos, una relación sexual violenta u otras experiencias o coyunturas. El punto es que todas las mujeres puedan acceder a una práctica segura y que la diferencia entre la vida o la muerte no sea cuestión de tener o no tener dinero suficiente para pagar el procedimiento en una clínica privada.

–Una de sus crónicas más fuertes, incluidas en el libro, es el relato del ingreso de integrantes de un grupo fundamentalista de Mendoza en la habitación de un hospital donde estaba internada una nena violada para presionarla y convencerla de que no interrumpiera el embarazo, después de que había reclamado su madre el acceso a un aborto no punible. ¿Qué opina de que estos grupos se denominen “pro vida”?
–Yo ya empecé a llamarlos “antiderechos”, como los denominan en otros países. Llamarlos “pro vida” genera una confusió n semántica. Quienes defendemos la despenalización del aborto también defendemos la vida: la de las mujeres. Hace pocas semanas asesinaron a un médico muy conocido en Kansas, que tenía una de las dos clínicas que realizaban abortos en embarazos avanzados en Estados Unidos, donde están permitidos. Lo asesinaron en la puerta de un templo, cuando iba a practicar su religión, mientras estaba acompañado de su mujer. Lo mató un fundamentalista. ¿Quiénes defienden la vida? Por supuesto ninguno de esos grupos que pretenden llamarse “pro vida” se adjudicó ese homicidio, pero han promovido otros asesinatos de médicos que realizaban interrupciones voluntarias de embarazos. Esos grupos pretenden obligar a una mujer que ha sido violada a una maternidad forzosa. Eso no es defender la vida. Esa actitud tiene tintes de tortura.

–¿Por qué le interesó el problema del aborto y particularmente el del acceso a los abortos no punibles?
–Me interesa visibilizar un tema silenciado. Pienso que como periodista tengo un compromiso en darles voz a las y los que tienen voz y no los escuchan. En ese sentido, creo que es muy importante acompañar el reclamo de una mujer que pide acceder a un aborto no punible tras haber sido violada y tiene que enfrentar trabas y obstáculos arbitrarios. Las cortes de las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos y Mendoza se pronunciaron en los últimos años señalando que en los casos de aborto no punibles contemplados en el Código Penal los médicos no deben exigir una autorización judicial, sino que la interrupción del embarazo debe plantearse y resolverse en la privacidad de la consulta médica. Pero esto rara vez ocurre. Me interesa dar cuenta de la violación de los derechos de estas mujeres. Cuando entrevistás a una mujer o a su familia en esas circunstancias, en algún sentido le estás robando su intimidad, porque te está contando cosas de su privacidad. Siempre pienso que el costo de revelar sus dramas y miserias tiene que tener una compensación; a esa mujer, a su familia, les tienen que servir para mejorar algo de su vida.

Fuente: insurrectasypunto.org

Source: Julio 2009

En Colombia mueren 73 mujeres por cada 100.000 nacidos vivos Mortalidad materna, una tarea pendiente

El país avanza en salud sexual y reproductiva, pero siguen altas las cifras de madres que fallecen durante el embarazo.

Hace 15 años más de 11.000 representantes de 179 países se dieron cita en la ciudad de El Cairo (Egipto) para discutir las metas que el mundo entero debía trazarse en materia de población y desarrollo. Cuando faltan apenas cinco años para que se venza el plazo para cumplirlas, el balance es desigual y la crisis económica amenaza con provocar retrocesos.

Colombia no es ajena al panorama mundial. El martes, Gobierno y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa) evaluaron qué tan lejos o cerca está el país de cumplir las metas de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo de El Cairo.

“Estoy muy contento, en el país se están tomando decisiones importantes”, comentó Diego Palacio, representante de Unfpa en Colombia. Aseguró que el país ha mostrado avances en materia de salud sexual y reproductiva con una política clara en este sentido. Prueba del progreso es la alta cifra de parejas que recurren a métodos de planificación. Destacó también progresos en igualdad de género y la mejoría en índices de superación de la pobreza.

Pendiente

Sin duda uno de los aspectos más preocupantes en el país sigue siendo la tasa de embarazo adolescente y la mortalidad materna. Las cifras hablan por sí solas.

En 1990 la tasa de embarazo en la adolescencia era de 70 por cada mil mujeres de 15 a 19 años. Quince años después, esa cifra no deja de crecer, llegando hasta 90 por cada mil mujeres. Al respecto, Palacio resaltó que “las instituciones del país han tratado de responder a esta situación”. “Creo que la próxima encuesta de salud reproductiva prevista para el año entrante tal vez muestre una menor tasa”.

La mortalidad materna, que asciende a 73 mujeres fallecidas por cada 100.000 nacidos vivos y en algunas regiones, como Chocó, puede llegar a 200, muestra fracturas en la atención de salud. En países desarrollados apenas se presentan de 6 a 7 casos por ese mismo número de nacidos vivos. Una de las sugerencias para evitar todas estas muertes es fortalecer los servicios de atención obstétrica de emergencia, pues muchas mujeres fallecen por no llegar a tiempo a un hospital.

Colombia 15 años después de El Cairo

Aumento de cobertura en salud que equivale al 87.91% de la población

Incremento de mujeres con cuatro o más controles prenatales, y atención institucional del parto con cobertura del 97% de los casos.

Se ha mantenido la prevalencia de la infección en VIH (1.2%).

515.094 familias vinculadas a la Red de Protección Social para la Superación de la Pobreza Extrema.

Existencia de políticas públicas que promueven la salud sexual y reproductiva.

Inclusión de más de 20.000 mujeres en la Banca de Oportunidades.

Planeación a nivel nacional, departamental y local con un enfoque de poblaciones.

La razón de mortalidad de mujeres a causa de la maternidad es de 73 muertes por cien mil nacidos vivos, una cifra que no corresponde al nivel de desarrollo alcanzado por Colombia.

Reducir las brechas en salud sexual y reproductiva. La fecundidad de las adolescentes en las zonas rurales es 50% mayor que en las zonas urbanas,

Reducir el embarazo no deseado entre adolescentes. En 1990 la tasa de embarazo en la adolescencia era de 70 por cada mil mujeres de 15 a 19 años, en el 2005 aumentó hasta 90 por cada mil mujeres. El 22% de las adolescentes en el país ha estado alguna vez embarazada, y esta cifra aumenta con la situación de desplazamiento.

* Redacción Vivir | EL ESPECTADOR

Fuente: elespectador.com

 

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Source: Julio 2009