Revuelta en la Iglesia contra los obispos por el aborto y la libertad

Teólogos y católicos de base culpan a la jerarquía del descrédito de la institución – Critican la primacía de la moral religiosa sobre la ética cívica común a todos

Does anybody know if I take teaff grant. upplemental new drug application Lilly submitted to the U online and of viagra sellers cialis Contact: Bob Shepard a prescription cheap cialis buy without.

La jerarquía católica está sumida en el descrédito, y sus fieles desconcertados o dolidos. Éste es el panorama que dibujan dos manifiestos firmados en las últimas semanas por iglesias de base y personalidades muy comprometidas con el catolicismo romano en España. El primero se titula A propósito del aborto; el segundo, Ante la crisis eclesial. En muy primer plano de la polémica figura la actitud episcopal ante la reforma de la llamada ley del aborto, contra la que la Conferencia Episcopal ha tocado a rebato con ardor.

 

“Somos conscientes de que este escrito es un procedimiento extraordinario, pero también es extraordinaria la causa que lo motiva. La pérdida de credibilidad de la institución católica está alcanzando cotas preocupantes. Este descrédito puede servir de excusa a muchos que no quieren creer, pero es también causa de dolor y desconcierto para muchos creyentes”, dice el segundo de los manifiestos, rubricado por 300 personas.

Los obispos se sienten acosados, incluso perseguidos, por el poder político y legislativo. Pero la realidad es que los mayores reproches les llegan de entre sus filas. Entre los firmantes de este manifiesto hay destacados teólogos, pero también relevantes figuras de congregaciones religiosas de abolengo: jesuitas (Juan Antonio Estrada, José Ignacio González Faus, Juan Masiá y Xavier Alegre), dominicos (Quintín García), benedictinos (Hilari Raguer), franciscanos (José Arregui) o claretianos (Evaristo Villar y Benjamín Forcano), entre otras. Las rúbricas, por orden alfabético, ocupan 10 folios, con gran presencia femenina. También lo firman los principales dirigentes de la Asociación de Teólogos Juan XXIII, Julio Lois (presidente) y Juan José Tamayo (secretario general), el senador Imanol Zubero, del PSOE, y el diplomático Yago Pico de Coaña de Velicourt.

Antes de analizar los motivos de la crisis eclesiástica y de señalar a los responsables, los firmantes hacen una declaración de fidelidad. Dicen: “El amor a una madre enferma no consiste en negar o disimular su enfermedad sino en sufrir con ella y por ella. Si deseamos una Iglesia mejor no es para militar en el club de los mejores, sino porque el evangelio de Dios en Jesucristo se la merece”.

La causa principal de la crisis les parece claro que es “la infidelidad al Vaticano II y el miedo ante las reformas que exigía”. Afirman: “Ya durante el Concilio se hicieron durísimas críticas a la curia romana. Más tarde Pablo VI intentó poner en marcha una reforma de esa curia, que esta misma bloqueó. Si algún error grave se cometió en los pontificados anteriores [al de Benedicto XVI] fue precisamente el dejar bloqueada esa urgente reforma del entorno papal”. La consecuencia, según el manifiesto, “es el injusto poder de la curia romana sobre el colegio episcopal, que deriva en una serie de nombramientos de obispos al margen de las iglesias locales, y que busca no los pastores que cada iglesia necesita, sino peones fieles que defiendan los intereses del poder central y no los del pueblo de Dios”.

Entre las consecuencias “cada vez más perceptibles” de esa deriva subrayan la doble actitud de mano tendida hacia posturas lindantes con la extrema derecha autoritaria (“aunque sean infieles al evangelio e incluso ateas”), y los “golpes inmisericordes” contra todas las posturas afines a la libertad evangélica, a la fraternidad cristiana y a la igualdad entre todos los hijos de Dios, “tan clamorosamente negada hoy”.

Otra consecuencia es “la incapacidad para escuchar”, que hace que la institución esté cometiendo “ridículos mayores que los del caso Galileo”. Tesis del manifiesto: Galileo tenía razón en su intuición sobre el movimiento de los astros, pero no la tenía en sus argumentos. En cambio, hoy la ciencia suministra datos que la curia romana prefiere desconocer: por ejemplo en problemas referentes al inicio y al fin de la vida. La consecuencia es que “la proclamada síntesis entre fe y razón se ve así puesta en entredicho”.

Un asunto vital es el de la libertad interna. Proclaman: “Durante gran parte de su historia, la Iglesia fue una plataforma de palabra libre. Hoy nadie creerá que un santo tan amable como Antonio de Padua pudiera predicar públicamente que mientras Cristo había dicho ‘apacienta mis ovejas’, los obispos de su época se dedicaban a ordeñarlas o trasquilarlas. Ni que el místico san Bernardo escribiera al Papa que no parecía sucesor de Pedro sino de Constantino”.

Pese a todo, los 300 expresan su esperanza. “No vamos a romper con la Iglesia, ni aunque hayamos de soportar las iras de parte de su jerarquía. Podemos superar estos momentos duros sin perder la paciencia ni el buen humor ni el amor hacia todos, incluidos aquellos cuyo gobierno pastoral nos sentimos obligados a criticar. Más allá de los diagnósticos, quisiéramos ayudar a actitudes de fe animosa y paciente para estas horas negras del catolicismo romano”.

El manifiesto sobre la actitud episcopal ante la reforma de la ley del aborto es obra de la Iglesia de Base de Madrid, que agrupa a miles de fieles. “Tenemos que reconocer que no todas las comunidades mantenemos exactamente la misma postura en este tema y en todos sus detalles. Coincidimos, no obstante, en que las opiniones de la jerarquía sobre el aborto no representan la opinión de la totalidad de la comunidad católica”, dice en primer lugar.

Partiendo del principio de que “el aborto es un fenómeno complejo con implicaciones personales, sociales, políticas y religiosas”, piden que los puntos de vista sobre la cuestión se expresen “sin convertirlo en campo exclusivamente propio”.

Concluyen: “Se debería respetar la distinción entre los planos jurídico y ético, científico y religioso. El aborto no es un tema exclusivamente cristiano. Para regularlo debe primar la ética cívica, común a todos los ciudadanos, sobre la moral religiosa, específica de cada creencia. Nadie debería hacer bandera política ni religiosa de este tema tan profundamente humano y por nadie deseado. Nos oponemos decididamente a la excomunión y exigimos que esa pena desaparezca del Código de Derecho Canónico. Finalmente, consideramos fundamental la información y formación de todos los ciudadanos sobre este tema”.

Fuente: elpais.com

Source: Abril 2009

¿Ni plazos ni indicaciones?

El propósito del Gobierno de sustituir, en la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo, el sistema de indicaciones incorporado al Código Penal de 1973 por la Ley Orgánica 9/1985 por el de plazo ha provocado una fuerte reacción en los medios más conservadores -significadamente en la Conferencia Episcopal- que parece rebasar el rechazo al sistema anunciado y propugnar la vuelta a la vieja legalidad que definía como delito cualquier supuesto de aborto provocado.

 

 La reacción tiene algo de sorprendente. La aplicación de la norma en que se establecieron los casos de aborto no punible ha sido en estos años relativamente pacífica, aunque no han faltado actuaciones, algunas violentas, de los grupos “provida”, y la Conferencia Episcopal, por su parte, no ha perdido ocasión de condenar la restricción que supuso la LO 9/1985 para la protección penal de la vida humana en formación.

La vigencia no demasiado polémica de la norma, unida al hecho de ont-family: Arial;”>que el Partido Popular, que en su momento se opuso a la reforma legal cuestionando su constitucionalidad, no aprovechase los ocho años que estuvo en el poder para impulsar una contrarreforma, ha podido ser interpretada como prueba de que la moral socialdominante en nuestro país ha incorporado una cierta renuncia a la represión penal del aborto, que sería naturalmente compatible con el juicio negativo que el hecho pudiese inspirar en cada caso a la conciencia moral de cada uno. No obstante, como parece que aquella interpretación no está abonada por los acontecimientos que estamos presenciando estos días, me permito exponer cinco puntos que acaso sirvan para situar el debate en coordenadas de racionalidad jurídica.

1. La vida humana en gestación es un valor indiscutible y digno de protección jurídica, pero esto no quiere decir que el nasciturus tenga derecho a nacer. Únicamente la persona es sujeto de derecho y lo que determina la personalidad, en el caso de la persona física, es el nacimiento.

2. Aun mereciendo protección jurídica la vida humana en la fase en que depende orgánicamente de la madre, nunca su protección jurídico-penal ha sido la misma que la otorgada a la vida independiente. Basta recordar que en los Códigos Penales de 1944 y 1973 el aborto producido o consentido por la mujer estaba castigado con la pena de prisión menor -de seis meses y un día a seis años de privación de libertad- en tanto el homicidio lo estaba con la de reclusión menor -de 12 años y un día a 20 años- y el asesinato con la de reclusión mayor a muerte; y la misma pauta diferencial se sigue en el vigente Código Penal de 1995.Equiparar, pues, el aborto al asesinato puede ser una figura retórica útil para suscitar el más apasionado rechazo al primero, pero quien la usa debe tener conciencia de que el recurso carece de todo fundamento en la política criminal seguida invariablemente por el legislador español.

3. La especialísima relación que durante el embarazo se traba entre la mujer y el fruto de la concepción ha determinado que siempre haya sido posible la aparición de un “conflicto de intereses” entre ambos. Un conflicto que en nuestro derecho penal histórico se resolvió normalmente dando prevalencia a la vida en gestación, si bien el que se llamó aborto honoris causa, producido por la mujer o sus padres “para ocultar su deshonra”, disfrutó de un tratamiento privilegiado hasta que dicho tipo desapareció con la entrada en vigor del Código Penal de 1995. La pena prevista para esta modalidad de delito de aborto era casi simbólica -de un mes y un día a seis meses de arresto-, lo que suponía la práctica desprotección de la vida dependiente cuando se le oponía un valor que siempre fue discutible y que desde hace mucho tiempo podía ser calificado como hipocresía social, pese a lo cual la norma siguió vigente hasta nuestros días sin que se oyesen en la calle gritos de protesta.

4. La parcial despenalización del aborto acordada por la LO 9/1985 significó la admisión de un nuevo criterio para la solución del conflicto de intereses a que me he referido. Este nuevo criterio descansa en la ponderación del valor no absoluto de la vida humana dependiente con otros valores tampoco absolutos pero vinculados con derechos constitucionales de la mujer a los que se reconoce primacía -los derechos a la vida y a la salud, a la integridadfísica y moral, a la intimidad y al libre desarrollo de la personalidad, entre otros, y en los que se fundan las tres causas de no punibilidad del aborto que han sido caracterizadas como indicaciones: la terapéutica, la ética y la eugenésica. Las tres fueron declaradas conformes a la Constitución en la sentencia del Tribunal Constitucional 53/1985, por lo que el debate sobre ellas debe considerarse cancelado.

Conviene, sin embargo, poner de manifiesto que en la argumentación de la constitucionalidad de la indicación eugenésica -la probable existencia de graves taras físicas o psíquicas en el feto- el Tribunal Constitucional afirma que el recurso a la sanción penal en este caso “entrañaría la imposición de una conducta que excede de la que normalmente es exigible”. Esta admisión de la no exigibilidad de otra conducta como causa generalizable de nopunibilidad abre camino, a mi juicio, al reconocimiento del derecho a un cierto nivel de bienestar libre de inseguridades y angustias, que amplía el campo de la no punición.

5. Es precisamente por esto último por lo que me parece que la sustitución del sistema de indicaciones por el de plazo no supondría un cambio sustancial en la legalidad vigente interpretada a la luz de la doctrina constitucional. El sistema de plazo consiste en conceder a la mujer en las primeras semanas del embarazo -12 o 14 según el derecho com-parado- plena autonomía para hacer valer su voluntad contraria a una futura maternidad. En la generalidad de los casos esta voluntad, aun estando ausentes los supuestos que dan lugar a las actuales indicaciones, no sueleser arbitraria; está normalmente condicionada por la previsión de problemas personales, familiares, laborales, etcétera, que se suponen incompatibles con ese mínimo bienestar a que toda persona tiene derecho.

Se trata evidentemente de un derecho difuso pero innegable en una sociedad que, como se dice en el preámbulo de la Constitución, desea “promover el bien de cuantos la integran”. Cuando este derecho entra en conflicto con un ser en formación en el que todavía no han aparecido los rasgos más característicos de la vida humana, como son la actividad cerebral y la sensibilidad, cabe sostener que el primero debe prevalecer sin que el efecto necesario de su ejercicio -la producción de un aborto- sea penalmente reprimido. Porque la protección jurídica de la vida humana en esa fase de la gestación no tiene que ser forzosamente penal.

José Jiménez Villarejo es magistrado jubilado del Tribunal Supremo.

Fuente: elpais.com

Source: Abril 2009

Honduras: El Estado no puede invadir la privacidad de la mujer

Tegucigalpa.- Alba de Mejía, dirigente del movimiento feminista hondureño, dijo que el Estado de Honduras no puede invadir la privacidad de las mujeres al querer restringir la venta de la píldora de emergencia.

Sugirió que si una pareja de adultos decide interrumpir un embarazo, el Estado no tiene por qué mandar a la cárcel, más bien se les debe ofrecer abortos seguros, ni la Iglesia Católica, ni la Evangélica tienen derecho a invadir la privacidad de las mujeres.

 

Indicó que el gobierno en vez de enfocarse en la píldora de emergencia se debería enfocar en una política de protección de los derechos reproductivos de las mujeres para que no se mueran durante  los partos y tampoco deban ser tratadas con crueldad al obligarlas a mantener un embarazo no deseado.

“En este momento yo puedo decir que el Estado no tiene ninguna protección hacia a las adolescentes que salen embarazadas y las adolescentes que tienen niños son las candidatas a formar los niños de la calle y también futuros presidiarios porque una niña de 12 años no tiene la responsabilidad para ser madre”, cuestionó la defensora de derechos humanos.

Mejía recordó que en octubre de 2006 el comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas recomendó al Estado de Honduras que revisara la  legislación sobre el aborto para despenalizarlo al conocer tanta  muerte de mujer y así adaptarla  a los organismos internacionales.

La dirigente feminista considera también que “el Estado puede decir que protege a la niña adolescente que sale embarazada ofreciéndole la oportunidad de interrumpir un embarazo que no la va a conducir a una maternidad responsable”.

Fuente: latribuna.hn

Source: Abril 2009

Médicos en gestación opinan sobre el aborto

“El aborto debe realizarse con total normalidad en aquellas mujeres que lo deseen. El no abortar puede traer complicaciones sociales o económicas a la embarazada, a ella y a su pareja, o a toda su familia en general. Y eso no puede suceder en pleno siglo XXI”. “No estoy de acuerdo con el aborto cuando éste es tomado como un método anticonceptivo. Un feto, a la tercera semana, ya tiene corazón. Libertad pero conciencia”. “Es una decisión personal. Hay que verse en la situación”. Éstas son algunas opiniones que sobre la interrupción programada del desarrollo vital del feto ofrecen futuros profesionales sanitarios.

 

 Actualmente, estos estudiantes, una treintena, están matriculados en carreras sanitarias de la Universidad de Cádiz y todos son alumnos de la asignatura de Sexología, que imparte en la licenciatura de Medicina el profesor del departamento Materno-Infantil y Radiología Manuel López Doña.

El debate sobre la intervención quirúrgica que interrumpe el embarazo vuelve a salir a la calle tras anunciar el Gobierno su propuesta de reforma de la actual ley del aborto que incluye puntos controvertidos, como que las interrupciones puedan ejercerse libremente en las 14 primeras semanas de embarazo o que a los 16 años las adolescentes puedan abortar sin permiso paterno.

La polémica sobre el aborto ha despertado de su letargo. Ha despertado o la han despertado para que ejerza de cortina de humo ante la grave crisis económica y financiera, como apuesta López Doña.

Para el sexólogo, esta controversia “no tiene ningún interés. Mi interés es meramente profesional”. Sin embargo, ha considerado oportuno aprovechar la actualidad del asunto para que sus alumnos, profesionales de la sanidad en gestación, radiografíen para este medio su opinión sobre el aborto quirúrgico. Y gracias a ese ejercicio se puede decir que los síes rotundos a favor de la práctica han sacado una ligera ventaja a los noes tajantes, así como a los síes con limitaciones y a los noes con excepciones.

Nuevos ejemplos de opiniones: “Cada pareja o mujer debe decidir de acuerdo a sus consecuencias, principios y circunstancias. Ningún partido político ni religión debe adoctrinar a favor o en contra del aborto”. “Todas las personas somos libres de hacer lo que queramos, y abortar es otra decisión cualquiera que puede tomar un ser humano”. “No sé que futuro puede ofrecer una madre adolescente a su hijo, con toda la responsabilidad que conlleva la maternidad.

Por lo tanto, estoy a favor del aborto”. “Estoy a favor pero en ciertas circunstancias y siempre antes de las 12 semanas”. “El feto es un ser vivo desde su concepción, por lo que merece las mismas consideraciones que una persona adulta. Pero hay situaciones en el día a día que llevan irremediablemente al aborto. Si no hay más remedio, sí al aborto”. “Estoy en contra pero con excepciones: si el feto presenta malformaciones, si corre peligro la vida de la madre, y si el embarazo es fruto de una violación”.

Sobre la reforma de la ley, comentarios negativos. “La ley debe permanecer como está. Dando facilidades se está fomentando el aborto”. Además, son muchos los estudiantes que rechazan que chicas de 16 años puedan abortar sin consentimiento paterno.

Y entre tantas afirmaciones y negaciones, también algunas propuestas: “Los anticonceptivos deberían suministrarsegratuitamente a los jóvenes”. “Debería existir algo que provocase el aborto a las embarazadas y que no implicara a los médicos”.

Fuente: diariodecadiz.es

Source: Abril 2009

Mujeres que se realicen abortos serán protegidas por nueva ley municipal

NUEVA YORK._ Las mujeres neoyorquinas que decidan abortar, estarán bajo protección y seguridad de una nueva ley aprobada ayer lunes por el Consejo Municipal y cuya legislación contempla castigar penalmente a aquellos que las hostiguen o les impidan acceder a las clínicas abortivas gratuitas que tienen el estado. La presidenta del consejo, concejal Christine Quinn, que es lesbiana públicamente declarada, dijo que con la nueva ley, las mujeres de los cinco condados podrán sentirse mucho más seguras y protegidas por las autoridades locales.

Antes de esa ley, para poder arrestar a los que se oponen al aborto, era necesario que la víctima del acoso, presentara una queja a la policía indicando que estaba siendo molestada. A partir de ahora, la policía recibirá las querellas directamente de las clínicas, con lo que podrá actuar emplazando la ley.

“Continuaremos respetando la libertad de expresión de aquellos que se manifiestan públicamente contra el aborto, pero no toleraremos ni acoso, ni intimidación”, advirtió la concejal. “Esta ley refleja la experiencia de los últimos 15 años en casos ocurridos en muchas clínicas de abortos”, añadió Quinn. Otros concejales y ediles que respaldaron la ley destacaron que el cuerpo de una mujer es “sagrado” y las decisiones que realice por su bienestar son propias. Larry B. Seabrook, que preside el Comité de Derechos Civiles en el concejo indicó que la legislación dará la protección y seguridad que se merecen los ciudadanos de Nueva York.

La organización “Paternidad Planificada” también respaldó la iniciativa  y su presidenta Joan Malin dijo que ya pueden cantar victoria por la seguridad y la salud de las mujeres. La Junta Comunal 7 en Maniatan se sumó al apoyo de la ley y Helen Rosenthal su presidenta sostuvo que la nueva ley, es mucho más que ideología, “se trata de proteger la seguridad de los ciudadanos y mantener los derechos garantizados por nuestras leyes”.La votación fue de 40-8 y los concejales dominicanos Miguel Martínez, Diana Reyna y Julissa Ferreras, sufragaron en favor de la pieza.

Autor: Miguel Cruz Tejada

Fuente: elnuevodiario.com.do

 

Source: Abril 2009

Reconoce el gobierno la necesidad de atender abortos en hospitales públicos

El gobierno mexicano reconoció la necesidad de ofrecer servicios de calidad a mujeres que acudan a hospitales públicos cuando presenten complicaciones por aborto, aunque precisó que por ningún motivo la interrupción del embarazo debe ser promovida como método de planificación familiar.

 Así lo indicó Félix Vélez Fernández-Varela, secretario general del Consejo Nacional de Población (Conapo), en representación del Grupo de Río, durante la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo de Naciones Unidas, realizada en Nueva York.

 

México manifestó su voluntad de apoyar las “decisiones responsables, libres e informadas sobre salud reproductiva;mejorar la salud materna e infantil; reducir la morbilidad y mortalidad materna y del recién nacido, así como prevenir el VIH sida, mediante la consolidación de los sistemas de salud, particularmente en las zonas marginadas y rurales”.

>El discurso del titular del Conapo responde a la evaluación en torno a los rezagos que enfrenta nuestro país en esta materia, cuyo diagnóstico fue expuesto en el Programa Nacional de Población para este sexenio.

Vélez Fernández-Varela dijo que México se compromete a continuar impulsando las estrategias de la Comisión de Población y Desarrollo de Naciones Unidas, con pleno respeto de los derechos humanos, en un contexto de igualdad, sin discriminación alguna y libre de violencia, principalmente contra mujeres y jóvenes.
Durante la sesión de ese grupo internacional (presidido por la 
mexicana Elena Zúñiga) fue reconocida la necesidad de intensificar las acciones para superar los impactos de la crisis económica mundial y se ratificaron los compromisos establecidos desde la década de los 90 del siglo pasado en El Cairo.

El Grupo de Río manifestó su preocupación porque a 15 años del consenso de El Cairo, los grupos de mayor vulnerabilidad continúan a la zaga respecto de salud sexual y reproductiva. Nuestros países, señaló el secretario del Conapo, reconocen la existencia de necesidades especiales en jóvenes, adolescentes, indígenas y migrantes, por lo que es necesario instrumentar programas específicos.

Dijo que la pobreza y la salud sexual y reproductiva son fenómenos íntimamente ligados que originan un círculo vicioso, de acuerdo con información difundida ayer por la Secretaría de Gobernación.

Mientras se realizaba el cónclave internacional, en México la Comisión de Equidad y Género de la Cámara de Diputados reprochó que el gobierno de Felipe Calderón no haya publicado en el Diario Oficial de la Federación el proyecto definitivo de la norma oficial mexicana (NOM) 046, aprobado hace un mes, que obliga a las instituciones de salud a practicar abortos a mujeres que hayan resultado embarazadas tras una violación.

Fuente: jornada.unam.mx

Source: Abril 2009

Artículo de Santiago Barambio: 'Por qué otra ley'

La despenalización evita miles de muertes de mujeres

SANTIAGO Barambio
PRESIDENTE DE ACAI. TOCOGINICÓLOGO

El aborto provocado ha sido un método muy utilizado por las mujeres en caso de un embarazo no deseado. Según Galeotti en Historia del aborto (Nueva Visión, 2004), durante mucho tiempo el feto era como una parte de la mujer, una extensión de ella, sin valor especial. Es la doctrina cristiana la que empieza a comparar el aborto provocado con un homicidio. En los siglos XVII y XVIII el feto adquiere entidad gracias a los descubrimientos científicos y después de 1789 es de interés público. Tras la Revolución Francesa, el Estado decide darle privilegios, en tanto que futuro ciudadano, con respecto a la madre, que será castigada si aborta.

 

Con la prohibición legal del aborto provocado se recurría y se recurre a él en condiciones sanitarias nulas, suponiendo la muerte de muchas mujeres, principalmente por hemorragia e infección, y la presencia de secuelas, como la pérdida de capacidad reproductiva. En el Caribe y Cono Sur, pese a una buena sanidad, mueren más de 10.000 mujeres cada año. En toda Latinoamérica son hospitalizadas 800.000 y hay 4.000.000 de abortos al año (Alan Guttmacher Institute). Argentina es la principal causa de muerte materna (Organización Mundial de la Salud). En cambio donde es legal, la mortalidad es irrelevante, uno de cada 100.000 casos. Vista la situación de necesidad y riesgo para la vida y salud de las mujeres, países como España, Uruguay y Rusia, en los años 30 del siglo XX, ya legalizaron el aborto provocado. Y luego, salvo en Rusia, volvió a prohibirse por influencia religiosa.

En los años 70, las organizaciones feministas iniciaron la presión social y jurídica, amparándose en los nuevos derechos promovidos por diferentes conferencias internacionales sobre los derechos de las personas (ONU). Las mujeres, incorporadas a la vida laboral, quieren acceder a la formación personal y la independencia económica, y desean planificar sus embarazos, que dejan de ser el centro de su papel en la sociedad. A su vez, la medicina empieza a registrar las muertes y secuelas del aborto clandestino, lo que estimula a estas nuevas generaciones a exigir que el aborto no les comporte riesgos para su vida o salud, ni judiciales. Esta demandas influyeron en las políticas y la jurisprudencia, lo que desemboca en la despenalización y normalización paulatina del aborto, es decir, el privilegio de la mujer sobre el feto.

Los países, según sus características sociales y jurídicas y conceptos éticos, religiosos y morales, elaboran textos jurídicos para acceder al aborto provocado con leyes de dos tipos: las de indicaciones y las de plazos e indicaciones. En las de indicaciones, la mujer debe tener una razón para abortar, validada y documentada por terceros, quedando así despenalizado el aborto provocado. Las de plazos e indicaciones establecen que la sola voluntad de la mujer por escrito es suficiente para que un aborto provocado no se pueda considerar delito si es dentro de un plazo de semanas de gestación determinado, que no es igual en todos los países –por razones no siempre aclaradas–, y situado entre 10 y 24 semanas del embarazo; después, se puede abortar por indicaciones, con plazos o sin ellos y con diferentes condiciones.

España va a cambiar su ley actual de indicaciones, permisiva gracias a que el supuesto de “riesgo para la salud materna” no tiene límite de semanas –lo que le da gran accesibilidad, pero también baja seguridad jurídica para mujeres y profesionales, por su ambigüedad–, por una ley de plazos e indicaciones que aumente la seguridad jurídica. La discusión está en que la ley de plazos de 14 semanas de libre decisión y 22 semanas por riesgo para la salud materna y fetal que parece barajar el Gobierno para presentar al Congreso, es de corte medio, lo que resta accesibilidad, y nos sitúa al nivel de Francia o Alemania, donde miles de mujeres deben salir a abortar a otros países. Otras fuerzas políticas y colectivos como la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI) proponen una ley de 24 semanas de libre decisión y sin límite para malformaciones fetales (como en Holanda), que evitaría que muchos miles de mujeres tuvieran que salir de España para abortar o hacerlo clandestinamente.

Fuente: elperiodico.com

Source: Abril 2009

La mortalidad materna es 90% evitable

Con un trabajo de capacitación que empezó en 2003, se logró reducir el número de madres que mueren en el parto en Antioquia. Sin embargo, no se puede bajar la guardia.

Mario Alberto Duque Cardozo  
Cada año nacen en Antioquia, en promedio, 94 mil personas. Es decir, alrededor de 257 niños cada día, casi 11 niños cada hora.

El año pasado, 39 de esos bebés perdieron a su mamá en el parto o en el posparto inmediato.

 

La cifra, que revela el grupo de investigación Nacer, es menor a la de 2007 en un caso, pero inferior en 21 al promedio que se presentaba en el departamento.

“Se pasó de tener 60 muertes, lo que era una constante en el Antioquia hasta el 2007, a 39 en 2008”, indica el epidemiólogo y obstetra Joaquín Gómez, quien está al frente de este grupo de la U. de A.

La principal razón de esa reducción se debió, agrega, a un buen manejo de la hemorragia. Cuantificar la mortalidad materna se hace en razón de fallecimientos por cada 100 mil nacidos vivos.

Canadá tiene dos, Chile alrededor de nueve, Venezuela 50, Cuba 30… y Colombia, para el año 2000, cuando se fijaron en la ONU los objetivos del Milenio, 104.9.

En la actualidad, dice Gómez, la cifras en el país han mejorado llegando a una razón de 78 muertes por cada cien mil nacidos vivos.

“Hay una reducción, pero hay que hundir el acelerador si queremos llegar a una reducción de dos terceras partes, que es lo que plantea la ONU”, afirma el investigador.Causas de muerte
“La hemorragia siempre había sido la primera causa de mortalidad, cosa que desde el punto de vista médico es contradictorio, porque la medicina resolvió este problema hace mucho rato”, afirma.

Es más, los datos de Nacer señalan que el 90 por ciento de las muertes es evitable.

En las investigaciones, también, se encontró que había una subvaloración del cuidado del posparto inmediato, es decir las primeras dos horas después de haber tenido el bebé.

“También hallamos falta de respuesta adecuada por parte del personal de la salud para atender esas hemorragias”, comenta Gómez.

Adicionalmente, agrega, medidas preventivas, como el maneja activo del alumbramiento con la aplicación de la oxitocina, que es una droga que contrae el útero, no se le estaba haciendo al 100 por ciento de las pacientes.

En la actualidad y tras un trabajo de cerca de seis años, esto cambio y ahora es la tercera causa de muerte, por debajo de la preeclampsia y la sepsis.

Con el trabajo que adelantaron ya se logró que el manejo activo del alumbramiento en Antioquia sea del 100 por ciento.

“Diseñamos un módulo con base en simulación para entrenar al personal médico y las enfermeras en el manejo de la hemorragia obstétrica. Ese módulo se llama código rojo”, informa el especialista.

Bajo este esquema han capacitado a 450 miembros del personal médico de Medellín y Urabá.

Trabajando con este modelo se presentó, en 2007, el primer hecho crucial: pasar de tener 60 muertes a 41. La principal razón de esa reducción se debió a un buen manejo de la hemorragia.

Luego fue que Urabá, que siempre había estado en el primer lugar de mortalidad materna, con 14 ó 15 fallecimiento al año, pasó al quinto lugar con solo 5.

“Esos hechos desde el punto de vista de la salud pública son fundamentales y nos dan una muestra de por dónde trabajar”, argumenta el experto.

Sin embargo, en Nacer saben que la mortalidad materna es multicausal y que un problema central es la calidad de la atención.

“Hay que entrar a revisar los estándares de calidad y los servicios de atención obstétrica. Ahí la ley 100 ha tenido mucho que ver. Los partos son mal pagos por el sistema y se está poniendo la menor cantidad de personal posible. Y eso lleva a que no se hagan acciones que se deberían hacer en el mayor de los casos”, opina Gómez.

Aún queda trabajo por hacer y mucho, reconocen los miembros del grupo, “pero estamos logrando impactar definitivamente el tema de la mortalidad materna”, concluye el investigador.

Fuente: elcolombiano.com

Source: Abril 2009

España: El Gobierno no dará "un paso atrás" en el aborto

Blanco censura la “doble moral de la Iglesia y del PP”

“No habrá pasos atrás”. No puede haberlos. El Gobierno sacará adelante la modificación de la Ley del Aborto. La manifestación ultracatólica que recorrió el domingo las calles de varias ciudades españolas –y con menor éxito del que esperaban los convocantes, por cierto– ha insuflado oxígeno al Ejecutivo.

 

José Blanco, vicesecretario del PSOE, avanzó ayer tras la reunión de la cúpula de su partido, y antes de que comenzase la ronda de preguntas, que no habrá cambios de rumbo porque, a fin de cuentas, lo que está detrás de las marchas provida es un “combate” a los socialistas. Nada más. “Cumpliremos con el compromiso porque es un cambio necesario”, dijo.

Blanco comenzó destacando la evidencia: que ni siquiera hay un anteproyecto de reforma, y mucho menos un proyecto de ley. Lo único aprobado es un dictamen del comité de expertos, encargado por el Ministerio de Igualdad. Lo que está vigente, por tanto, es una ley de 1985, que José María Aznar no derogó, y con la que en sus ocho años de Gobierno “se ampararon 500.000 abortos”. En esas dos legislaturas, “no hubo una sola protesta o manifestación”. Sí estallaron quejas en la época de Felipe González. Conclusión, según el número dos del PSOE: “El problema no es el aborto, sino el color político del Gabinete”.

La ejecutiva de los socialistas, empezando por su secretario general, José Luis Rodríguez Zapatero, ya tiene responsables de la agitación ciudadana. Blanco no se mostró timorato: se debe, dijo, a la “doble moral de la Iglesia y del PP”. Ambos “sólo sacan las pancartas cuando gobierna el PSOE”.

La Conferencia Episcopal y la dirección del PP evitaron el retrato oficial en las marchas del domingo, pero se niegan a aceptar cualquier cambio en la ley de 1985. La Iglesia llega a más, porque rechaza de plano la interrupción del embarazo. La reforma, precisó el vicesecretario general del PSOE, va en la línea de la legislación europea, “para que ninguna mujer vaya a la cárcel por abortar”, y para que la interrupción voluntaria del embarazo “se haga con la máxima garantía y seguridad para mujeres y médicos”. Es decir, no está en debate aborto sí o no, sino el limar todas las inseguridades jurídicas que reporta la norma en vigor.
La polémica de los 16 años

Con respecto a los conservadores, nada nuevo, vino a decir Blanco: “Rajoy lanza la piedra y esconde la mano”.

El jefe del aparato socialista sí se mantuvo más cauto con relación a la posibilidad de que las jóvenes de 16 años aborten sin permiso paterno. Público informó la semana pasada de que Igualdad se está replanteando esta opción. La afirmación de que “el PSOE escucha a los ciudadanos” caminaba en esa línea de reflexión. Blanco apuntó, sin embargo, que si una chica de 16 años tiene madurez para tener un hijo, “lo está para decidir la interrupción de su embarazo”, en plena sintonía con lo que públicamente ha asegurado la ministra, Bibiana Aído. Lo que repudia el Gobierno, insistió el número dos del PSOE, es la “hipocresía” de los que “por la puerta de atrás abortan y luego van a las manifestaciones”. “El Ejecutivo hace y hará una reflexión, pero no dará ni un paso atrás en la dirección emprendida”, confirmó.

Aído también salió ayer a defender su reforma, limando la dureza de las palabras de Blanco. La ministra se preguntó qué aspectos del futuro anteproyecto “no comparten” los convocantes provida, y sobre todo, “por qué no se han manifestado en todo este tiempo”, informa Efe.

Aído hizo estas declaraciones tras reunirse con el presidente de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción Voluntaria del Embarazo, Santiago Barambio; con el presidente de la Fundación Española de Contracepción, Ezequiel Pérez Campos, y con Esther de la Viuda, presidenta de la Sociedad Española de Contracepción, dentro de la ronda de contactos que dirige para la elaboración de la nueva ley y que acaba este jueves.

La visión más exigente la ofreció Cayo Lara. Aunque expresó su “máximo respeto” a los manifestantes antiabortistas, el líder de IU denunció que sea el dinero de todos los ciudadanos el que sufrague marchas que pretenden restringir libertades. Para el coordinador de IU, la Iglesia está montando “campañas casi electorales” gracias a los “regalos” que le han llegado a través del Gobierno por la vía del 0,7% de la casilla del IRPF.

Fuente: publico.es

Source: Abril 2009

La Unicef exhorta a Paraguay a disminuir la mortalidad materno infantil

EFE

Asunción.-  La filial en Asunción del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) exhortó hoy a las autoridades de Paraguay a fortalecer los programas sanitarios y de concienciación para disminuir la mortalidad materno infantil.

Carlos Mazuera, representante de Unicef en esta capital, dijo en rueda de prensa que Paraguay debe disminuir al menos en dos tercios las nueve muertes diarias de niños menores de cinco años en todo el país, registradas según las últimas estadísticas oficiales de 2006.

 

Mazuera, quien tuvo hoy a su cargo la presentación en Asunción del informe “Salud materna y neonatal 2009” de Unicef, precisó que esa disminución permitirá al país cumplir con los Objetivos de Desarrollo del Milenio (OMD).

“Conocemos todos que se han tomado medidas recientes en Paraguay, como la gratuidad en la atención médica, lo cual con seguridad va a tener repercusiones en las estadísticas”, indicó Mazuera.

No obstante, consideró que, “ciertamente, hay un campo que requiere mayor atención, que son los servicios de salud para mujeres durante el embarazo y todo el proceso siguiente”.

En cuanto a la mortalidad materna, señaló que se redujo en un tercio y recordó que, siempre según las cifras de 2006, diez mujeres fallecían al mes en el país a causa de deficiencias en los servicios sanitarios.

La presentación del informe, realizada en una dependencia de la Cruz Roja en Asunción, contó además con la participación de la ministra de Salud, Esperanza Martínez, quien, por su parte, reconoció que “se siguen registrando situaciones intolerables” que obligan “a tomar medidas ineludibles”.

Paraguay, al igual que otros 188 países miembros de las Naciones Unidas, se ha comprometido en el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

El informe de la Unicef reseña además que más de 500.000 mujeres mueren al año en el mundo por causas relativas al embarazo y el parto y que alrededor 4 millones de bebés fallecen durante los primeros 28 días de vida.

Fuente: soitu.es

Source: Abril 2009