Muertes anunciadas, derecho a la vida

Mientras Ud. lee este texto, se está produciendo un aborto clandestino en el Perú ya que se practican cerca de 400 mil al año, unos cuarenta cada hora, según los estimados de la Federación Latinoamericana de Sociedades de Obstetricia y Ginecología (FLASOG). En ellos el 15% de las mujeres fallece. Según la OMS, más de 4 millones de mujeres se someten cada año a abortos en Latinoamérica. La mayor parte de ellas, por cierto, viene de los estratos más pobres. Además del riesgo de morir, todas pueden ser sancionadas con la cárcel. ¿Tiene sentido todo eso? 

Hay, por cierto, argumentos muy respetables a favor y en contra del aborto. Muchos de ellos son simples reflejos de opciones religiosas, también muy respetables. Pero, por encima y al margen de las opciones ideológicas de cada individuo, lo crucial es preguntarse cuáles son los caminos más convenientes para la sociedad. Qué comprueba que tantas mujeres, especialmente pobres, mueren en abortos clandestinos o abandonan a sus niños recién nacidos.

Las campañas de la derecha religiosa –muy respetables, por cierto– lo son en defensa del “derecho a la vida”. En algunos casos no deja de ser paradójico pues algunos de los portaestandartes de esa posición apoyan la pena de muerte o cerraron a piedra y lodo las puertas de la iglesia (la ayacuchana, por ejemplo) cuando la gente buscaba proteger, precisamente, su vida. El tema del aborto es un asunto filosófico y de opciones, pero lo que no se puede olvidar es que es, ante todo, un asunto de salud pública teniendo en cuenta que todos los días muchas mujeres pobres ponen en peligro sus vidas al recurrir a peligrosas prácticas abortivas por falta de otras opciones.

Este no es, sin embargo, un curso inevitable de acción. La sociedad puede ofrecer algo distinto a la persecución penal. Es interesante la reciente experiencia mexicana de despenalización del aborto (hasta las 12 semanas de embarazo) adoptada hace menos de dos años en el Distrito Federal. Con la oposición del arzobispo de México Norberto Rivera, quien amenazó con excomulgar a los legisladores. No sé si las excomuniones se produjeron o no, pero el hecho es que con las nuevas disposiciones algunas cosas importantes parecen haber mejorado para millones de mujeres mexicanas.

Entre otras, ha disminuido radicalmente el número de bebés abandonados en la vía pública. De 2.2 bebés abandonados mensualmente hasta antes de la ley, se pasó a 1.2 como efecto inmediato de la despenalización. Las mujeres en el Distrito Federal, además, ya no llegan a los hospitales con el útero perforado luego de truculentas maniobras abortivas. Las mujeres víctimas de un embarazo no deseado, también  tienen ahora acceso durante las 24 horas a un número telefónico en donde pueden recibir ayuda y orientación. En esas entrevistas se les informa de otras opciones como las de entregar al niño por nacer en adopción. 

Alrededor de la mitad acaban renunciando al aborto gracias a las opciones sugeridas, no por la amenaza de prisión. Así entendida, pues, la “despenalización” no es sinónimo de “promoción” del aborto.

Es importante que en un Estado laico estos temas se traten y discutan como lo que son: asuntos de salud y de políticas públicas. En asuntos como los derechos de las mujeres víctimas de embarazos no deseados o los de niños en riesgo de ser abandonados en la calle, no se puede imponer a la sociedad una visión religiosa determinada. Debe primar el objetivo social de lo que cause menos daño y no la ideología. La reciente experiencia mexicana abre una opción que correspondería 
examinar con cuidado y rigor dejando de lado la simplificación y el apasionamiento. La vida de muchas mujeres y niños está de por medio.

Fuente: larepublica.pe

Source: Marzo 2009