Un caso de incesto en Costa Rica demuestra que el aborto legal es letra muerta

En Costa Rica las mujeres hemos tenido derecho al aborto desde 1970. Bueno, más o menos.
La figura del “aborto impune”, establecido por el artículo 121 del código penal, permite la interrupción del embarazo, sin que este sea punible, siempre y cuando el procedimiento tenga consentimiento de la mujer y esté hecho por un médico (o, de no ser posible, por una obstetra autorizada) como la única forma de evitar un peligro para la vida o la salud de la mujer.

Popularmente, en el país a esto se le llama un “aborto terapéutico”. Y si bien la ley lo permite técnicamente, lo cierto es que la práctica institucionalizada en los hospitales públicos -que es donde se atiende la gran mayoría de la población- sostiene que el aborto está prohibido en todos los casos en donde no sea para salvaguardar la vida de la mujer, es decir, que haya un peligro inminente tal como un embarazo ectópico.
Esto ha dejado de lado otros casos, en donde no se considera la afectación o posible afectación a la salud tanto física como salud emocional de las mujeres. Entre estos casos en que no se ofrece o se denega el aborto están las mujeres con embarazos cuyos productos tienen malformaciones incompatibles con la vida extrauterina, las mujeres víctimas de violación sexual y las niñas embarazadas.
Esta laguna jurídica ha sido semilla del contexto para una batalla legal que actualmente tiene dividida la opinión de la sociedad en Costa Rica: una niña de 12 años, quien fue víctima de incesto y a la cual nunca se le ofreció la posibilidad de interrumpir el embarazo.
País no laico
El caso ejemplifica muchas contradicciones en la situación de las mujeres en este país centroamericano. Por un lado, Costa Rica tiene una mortalidad materna muy baja, ha firmado y ratificado casi la mayoría de instrumentos internacionales de Derechos Humanos, los cuales además por jurisprudencia constitucional son superiores a su misma constitución y desde 1948 no tiene ejército sino inversión en salud y educación.
Por otro lado, el país no es laico, y el aborto sigue siendo tabú incluso para el personal de salud. Por lo tanto, los derechos reproductivos de las niñas y mujeres no son derechos reales sino que son letra muerta.
En el caso de Andrea, para llamarla por un seudónimo, la ausencia de un protocolo técnico que brinde seguridad jurídica al personal de salud hace que no se ofrezca un procedimiento médico que no solo es permitido por ley sino que es garantizado por la misma.
La joven vio expuesta su vida en los medios de comunicación en febrero de 2017 cuando su madre, haciendo uso del único recurso que tenía para activar el sistema judicial, hizo pública la violencia sexual que había vivido su hija a manos de su padre.
La madre de Andrea expresó su preocupación: “Cuando ella me dijo lo de su padre, se sintió muy ansiosa y me dijo que, por lo que había ocurrido, no quería seguir viviendo”. Según su mamá, Andrea está deprimida, dice que no quiere tener al bebé y come muy poco, pues tiene fuertes náuseas a causa del embarazo.
A partir de que esta noticia llegara a la sociedad costarricense, los medios de comunicación brindaron plataformas, legitimaron las voces de quienes desde los dogmas se refirieron al tema sin consideración de la normativa, que en principio no asumieron la discusión desde lo jurídico o lo médico sino desde las imposiciones religiosas.
¿Derechos para quién?
Iglesias y organizaciones antiderechos contactaron a la familia para evitar que la niña y su familia pudiera decidir interrumpir el embarazo.
Si bien surgió un movimiento de apoyo a la niña para cumplir lo que ella había solicitado, como la Asociación Ciudadana ACCEDER, la cual ofreció la posibilidad de apoyo legal para poder solicitarle al estado la interrupción. El discurso de la niña terminó siendo la reiteración de las palabras expresadas en prensa por líderes religiosos.
Este caso emblemático demostró que aun cuando el sistema de justicia y de salud esté enfrentando a una niña de 12 años que dé declaraciones sobre querer morirse y querer abortar, este no lo aborda desde los estándares médicos y jurídicos. No, Costa Rica ha respondido con prejuicios, estereotipos y roles de género sobre la maternidad y el deber de las mujeres de seguir adelante con un embarazo aun cuando eso afecte su vida y su salud.
Esto va precisamente en contra del marco de lo manifestado recientemente por el Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará.
Otros países centroamericanos como Honduras, El Salvador y Nicaragua violentan el derecho a la salud y a la vida de las mujeres, por prohibir en todos los casos el aborto, incluso cuando la vida de las mujeres estés en peligro.
En el caso de Costa Rica, se pensaba que era distinta a estos países que desdeñan la vida y la salud de las mujeres, ya que la normativa vigente permite la interrupción para salvar la vida y la salud, entendida esta como lo define la Organización Mundial de la Salud. Es decir, como integral y que incluya la parte tanto física como emocional.
Pero resulta que esto es insuficiente para garantizar el acceso al aborto en los casos permitidos por ley. Costa Rica no es estado modelo en la salvaguarda de los derechos de las mujeres.
La estrategia para cambiar esto ha sido entonces recurrir al litigio ante el Sistema Interamericano, como lo han hecho “Ana” y “Aurora”, dos mujeres costarricenses a a las que se les negaron abortos a pesar de tener fetos peligrosamente malformados, y que fueron sometidas a la tortura de ser tumbas de sus hijos, como ellas lo describen, sufriendo por ellas pero también por sus fetos.
Aurora declaró al diario La Nación: “Él se estuvo ahogando en mi vientre por semanas, con los pulmones fuera del cuerpo, destripado por mis órganos”.
Actualmente, y en el marco de los casos de Ana y Aurora, el estado costarricense ha afirmado estar a punto de aprobar una norma técnica que permita implementar el artículo 121 del código penal al brindarle seguridad al personal médico y otras medidas que hagan el aborto en casos que sean para evitar peligro a la vida o salud de las mujeres.
No en vano: las historias de abortos clandestinos que exponen a las mujeres a múltiples peligros. Y Andrea, pues, es una niña que desgraciadamente será madre a sus 13 años.
Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation y luego traducido y editado. Lee el artículo original aquí.
Información tomada de http://www.huffingtonpost.com.mx
Source: Abril 2017

[Honduras] CN comienza a discutir figura del aborto terapéutico en nuevo Código Penal

TEGUCIGALPA. El Congreso Nacional retomó este día la discusión de varios proyectos de ley y artículos, entre los que destaca, el tema sobre la despenalización del aborto terapéutico.
En ese sentido, los diputados del pleno del Legislativo, decidieron esta noche, no discutir este tema; Hasta que las bancadas tengan una posición oficial, ya que el tema es demasiado delicado.
De tal forma, los parlamentarios esperarán la decisión de las bancadas. Y también darán un tiempo para poder reunirse tanto con los grupos pro-vida y a favor del aborto, con el fin que expresen sus argumentos a los diputados.

Al respecto, el parlamentario de Libertad y Refundación (Libre), Jorge Cálix, explicó que la solicitud para despenalización del aborto terapéutico se basa en tres causales:

Grave peligro que corra la madre.
Mal formaciones congénitas que sean incompatibles con la vida del feto.
Y que sea producto de una violación sexual.

El artículo del Código Penal que se solicita analizar para su reforma es concretamente el 696. Este anterior, se mantendrá en suspenso hasta que las bancadas tengan su postura, explicó Cálix. Asimismo, anunció que su partido discutirá a lo interno de la bancada este tema.
Sobre esto, diferentes organizaciones se pronunciaron este día sobre el tema. Algunos emitieron un comunicado donde manifiestan su posición en contra.
Además, también se enfatizó la posición del Cardenal Oscar Andrés Rodríguez, quien calificó la solicitud como “repugnante la idea de querer respaldarse en la misericordia de Dios para conseguir o apoyar la despenalización del aborto”.
Otros temas
Entre otros temas que se tocaron en el Congreso este miércoles, está el dictamen en primer debate para derogar el párrafo tercero del Artículo N° 16 del Código de Familia.
El artículo que está en discusión, tiene que ver con la mayoría de edad. Misma que se obtiene al cumplirse los veintiún (21) años. “Sólo las personas mayores de edad gozan de libre aptitud para contraer matrimonio” expresa dicho artículo.
“Sin embargo, podrán contraerlo, el varón y la mujer mayor de dieciocho (18) años, siempre que medie autorización otorgada conforme a este Código”, cita el escrito.
De tal forma, la discusión se lleva en torno a que el artículo quede de la siguiente manera:
“Quedará convalidado sin necesidad de declaración expresa, el matrimonio entre personas que no hubieren cumplido la edad a que se refiere el párrafo anterior; siempre que el cónyuge menor cumpla dieciséis (16) años; o por el hecho de la existencia de embarazo, o hubiere con cedido antes de llegar a esa edad”.
Información tomada de http://tiempo.hn
Source: Abril 2017

El barco que ayuda a las mujeres a tener un aborto seguro está en México

Se llama Women on Waves y es justo eso: un grupo de chicas que zurca los mares de todo el mundo para ayudar a las mujeres que necesitan un aborto seguro, además de prevenir los embarazos no deseados. De acuerdo con su página oficial, “Mujeres sobre las olas puede puede proveer anticonceptivos, información, entrenamiento, talleres y abortos seguros y legales fuera de aguas territoriales donde el aborto es ilegal”.

Ahora, el barco está en aguas mexicanas. De acuerdo con Women on Waves, aunque en este país el aborto es legal en caso de violación sexual, las leyes no siempre garantizan el acceso de las mujeres a un procedimiento seguro. Miles de mujeres que necesitan abortar se ven obligadas a realizarse un aborto clandestino, lo que pone en riesgo su vida y por lo que podrían ser criminalizadas y encarceladas. Según un comunicado de Gire, “en la Ciudad de México el procedimiento es seguro y efectivo, pues se realiza bajo las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) con un índice de complicaciones del 0.68%, mientras que en el resto del país, debido a las restricciones legales, el índice de complicaciones aumenta a 36%”.
Women on Waves responde a las alarmantes estadísticas que rodean al aborto en el mundo: “Cada año se realizan 20 millones de abortos en condiciones ilegales e insalubres, lo que resulta en la muerte de aproximadamente 47 mil mujeres al año”. El barco tiene todos los permisos necesarios para trabajar en México y atenderá a las mujeres que lo requieran hasta el domingo 23 de abril de 2017. Si estás pasando por un embarazo no deseado, o conoces a alguien en esta situación, puedes llamar al (01) 755 980 05 48.
Información tomada de http://www.actitudfem.com
Source: Abril 2017

EEUU no financiará Fondo de Población de ONU por posición sobre aborto

El gobierno de Estados Unidos dejará de financiar el Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA) debido a las políticas que tienen sobre el aborto.
Según un comunicado del Departamento de Estado del lunes por la tarde, el presidente Donald Trump instruyó en este sentido al secretario de Estado, Rex Tillerson.
El secretario podrá “tomar todas las acciones necesarias (…) para asegurar que los contribuyentes estadounidenses no financien organizaciones o programas que apoyen o participen en planes de aborto coercitivo o esterilización involuntaria”, indicó la nota.

La decisión se basó “en el hecho de que las políticas de planificación familiar de China aún incluyen el uso del aborto coercitivo y la esterilización involuntaria, y FPNU se asocia en actividades de planificación familiar con la agencia del gobierno chino responsable de estas políticas coercitivas”.
Los fondos en cuestión, 32,5 millones de dólares en el ejercicio fiscal de 2017, serán atribuidos a otros programas de salud mundiales.
La decisión de Estados Unidos de reducir su financiamiento al UNFPA se basa en una percepción equivocada y podría resultar devastadora para la salud de las mujeres y niñas en todo el mundo, dijo este martes el secretario general Antonio Guterres.
Guterres lamentó profundamente la decisión de Estados Unidos y cree que tendrá “efectos devastadores” sobre la salud de las mujeres y niñas vulnerables y para sus familias”, dijo el portavoz del secretario general Stephane Dujarric.
La organización, que provee servicios de salud reproductiva y control natal en más de 150 países y territorios, emitió un comunicado este martes en el que “lamentó” la decisión de Washington “de negar cualquier futuro financiamiento al trabajo para salvar vidas en el mundo”.
Asimismo calificó de “errónea” la afirmación de Estados Unidos de que el organismo juega un rol en los abortos forzados y esterilizaciones en China.
“UNFPA rechaza esa afirmación, porque todo su trabajo promueve los derechos humanos de individuos y parejas para que tomen sus decisiones, libres de coerción o discriminación”, añadió.
Desde hace mucho tiempo “los estados miembros de Naciones Unidas han descrito el trabajo de UNFPA en China como beneficiosa”, defendió el organismo.
Información tomada de http://www.primicia.com.ve
Source: Abril 2017

Médicos angoleños aseguran que prohibición de aborto costará vidas

Luanda, 4 abr (PL) La Asociación de Médicos de Angola (AMA) aseguró hoy que la prohibición total del aborto, tal como prevé el proyecto de nuevo código penal, dará lugar a la pérdida de vidas.
Será un acto innecesario e irresponsable, apuntó el gremio en un comunicado al llamar a mantener las excepciones actualmente vigentes, a saber la inviabilidad del feto, el peligro para la vida de la madre o la violación resultante de embarazo.

La no interrupción de la gestación cuando existen enfermedades físicas o mentales pueden desencadenar la muerte de la mujer o del niño, lo que a la larga -dijo la AMA- constituye un factor de desestabilización para la familia y la sociedad.
No obstante, la Asociación se opuso a la legalización total del aborto por considerar que tendría un efecto devastador para la sociedad, al considerar que estaría relacionada con el incremento de los casos de infertilidad, el estrés, la ansiedad, la culpa y el disgusto.
Finalmente exhortó al gobierno, a los ministerios de Salud, Educación y Familia y Promoción de la Mujer, a crear las condiciones ‘para la educación sexual, servicios de planificación familiar y (el empleo) de métodos anticonceptivos’.
Curiosamente en la propuesta inicial, votada en la generalidad el 23 de febrero, figuraban las excepciones a la penalización del aborto, pero en la discusión en la especialidad se eliminaron sin que se sepa la autoría de tal decisión.
El anuncio llevó a una intensa campaña en las redes sociales y a manifestaciones en algunas plazas públicas del país, por parte de mujeres que consideraron que los actos de planificación familiar son un asunto de las familias y no de las leyes.
‘Voto aborto legal y seguro’, ‘Criminalizar mata’, ‘Soy libre, yo decido’ y ‘No al aborto clandestino’, podía leerse en los carteles de las manifestantes, predominantemente jóvenes.
Lo que marcó, sin dudas, el punto de inflexión fue el involucramiento de la empresaria e hija del mandatario José Eduardo dos Santos, Isabel dos Santos, en la polémica.
La también presidenta del Consejo de Administración de la Sociedad Nacional de Combustibles de Angola reprodujo en Instagram una declaración de la abogada Ana Paula Godinho en la que asegura que en materia de aborto el código penal retrocederá 200 años, si es aprobado así.
El gobernante Movimiento Popular para la Liberación de Angola retiró del orden del día, de la plenaria del 23 de marzo, la votación del cuerpo legislativo, llamado a sustituir el vigente código, de 1886.
lam/ro
Información tomada de http://www.prensa-latina.cu/
Source: Abril 2017

[Argentina] Aborto no punible: suspensión del protocolo no evitó los casos

La guía para llevar adelante estás prácticas fue suspendida en Córdoba en abril de 2012 por un amparo al cual hizo lugar la Justicia. Igual llegan solicitudes de este tipo a centros de salud nacionales y a dispensarios municipales.
En los cinco años que lleva suspendida en Córdoba, por una medida judicial, la aplicación de la guía para la atención de los abortos no punibles, no hay estadísticas ni cifras oficiales que registren cuántas mujeres solicitaron interrupciones legales del embarazo ni cuántas lo llevaron adelante. Sin embargo, que no haya información al respecto no significa que los casos no existan.

“Además, lo que está suspendido es el protocolo para los centros de salud de la provincia, pero no el Código Penal ni las causales de aborto no punible, o sea terapéutico y por violación”, afirmó la abogada Silvia Juliá, de Católicas por el Derecho a Decidir.
En la Maternidad Nacional, que depende de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNC –y por lo tanto no está alcanzada por la suspensión de la guía provincial–, se receptan pedidos de aborto no punible.
Margarita Fuster, en la dirección del hospital, confirmó que llegan solicitudes al centro de salud, pero dijo que no son numerosas. “Alrededor de la mitad son derivaciones del interior”, dijo.
Según indicó, los casos se receptan en la dirección y luego se derivan a un equipo de profesionales que no son objetores de conciencia, para que la interrupción del embarazo se realice de forma médicamente segura. “Lo hacemos como establecimiento nacional en el marco de la normativa vigente”, explicó Fuster.
A nivel nacional rige el Protocolo de Aborto no Punible, elaborado por el Ministerio de Salud de la Nación, para la atención de mujeres cuyo embarazo es producto de una violación, o cuando se pone en riesgo su salud o su vida.
Fuster informó que además de la declaración jurada que prevé el protocolo, se pide una denuncia policial o ante unidad judicial.
El riesgo
Otras mujeres, en tanto, recurren a dispensarios municipales que trabajan en Córdoba con la Estrategia de Reducción de Riesgo y Daño de la Mortalidad Materna provocada por el Aborto Inseguro, de la Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS).
“Se trata de un número importante, que además es constante, aunque en 2016 advertimos un incremento significativo de mujeres en esta situación”, informó una profesional de un centro de salud ubicado en la periferia de la Capital. Y precisó que los casos que receptan comprenden no sólo la violación, sino todas las causales de aborto no punible.
Sin embargo, dijo que en esos centros no se realiza la interrupción de la gestación. “Ante la decisión de la mujer de interrumpir el embarazo por causales legales, lo que hacemos es darle la información necesaria para que su decisión no ponga en riesgo su vida, porque esa es nuestra obligación como equipo de salud”, afirmó.
“Es que la suspensión del protocolo de ninguna manera implica que las mujeres que tomaron la decisión de abortar no lo hagan, sino que algunas se ven empujadas a hacerlo de manera insegura, a pesar de que tienen derecho al aborto seguro en los casos que la ley ampara”, advirtió Juliá. “Hicimos un monitoreo y encontramos que en los servicios de salud existe una gran confusión sobre qué normativa está vigente”, indicó.
“Pero el derecho no está suspendido, por lo cual una mujer en esa situación debe recurrir a los servicios de salud, ya sea a los hospitales o a los dispensarios, a que le den una respuesta, porque es legal”, aseguró.
Los antecedentes
La “Guía de procedimiento para la atención de pacientes que soliciten prácticas de aborto no punible” fue dictada por el Ministerio de Salud de la Provincia a fines de marzo de 2012, en consonancia con el fallo F.A.L. de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, de ese mismo mes.
Allí la Corte determinó que toda mujer cuyo embarazo es producto de una violación, puede acceder en forma legal a un aborto con una declaración jurada y sin autorización judicial ni denuncia previa. Y, además, instó a las autoridades a implementar protocolos de actuación en los hospitales para garantizar el acceso al aborto no punible. La Corte zanjó así la interpretación restrictiva del artículo 86 del Código Penal, que lo limitaba a la violación de discapacitadas mentales, además de cuando el embarazo pone en riesgo la vida o la salud de la mujer.
Pero el 13 de abril de 2012, el juez provincial del fuero civil Federico Ossola suspendió la guía provincial al hacer lugar a un recurso de amparo de la asociación civil Portal de Belén contra el Ministerio de Salud de Córdoba. La medida fue ratificada por la Cámara 3ª de Apelaciones en lo Civil. Ahora debe decidir el Tribunal Superior de Justicia.
Ejes principales de la guía provincial
El aborto no es punible (ANP) cuando se practica para evitar un peligro para la vida o la salud de la mujer. También en caso de embarazo consecuencia de una violación, con independencia de la capacidad mental de la víctima.
En ese caso, la solicitante deberá hacer una declaración jurada en la que conste que el embarazo es producto de una violación.
No es necesaria la denuncia para que una niña, adolescente o mujer acceda a la interrupción de un embarazo producto de una violación, ni autorización judicial o administrativa.
Los profesionales tienen derecho a la objeción de conciencia.
Información tomada de http://www.lavoz.com.ar
Source: Abril 2017

[México] El aborto legal: nuevamente en riesgo por el conservadurismo de algunos diputados

La Norma Oficial Mexicana 046 de la Secretaría de Salud (NOM-046-SSA) sobre “Violencia familiar, sexual y contra las mujeres” se modificó hace un año, para abrir la posibilidad de que las mujeres que sean víctimas de una violación puedan acceder al aborto seguro, además de la anticoncepción de emergencia y la profilaxis post-exposición al VIH que ya estaban consideradas anteriormente. El proceso de modificación fue complicado, pero al final se logró desarrollar un documento aceptable.
De acuerdo a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, en México más de 1,000 mujeres son violadas cada día. Ante los inútiles esfuerzos del gobierno de frenar esta ola de crímenes, lo menos que se puede hacer es asegurar que las víctimas tengan acceso adecuado a la justicia y a la atención de su salud. Sin embargo, estas dos cosas tampoco ocurren.

La semana pasada, diputadas y diputados del Partido Encuentro Social, vinculado con grupos cristianos, junto con el PAN convencieron a la fracción del PRI y del Verde de impedir que se discutiera en el pleno de la Cámara de Diputados la reforma a la Ley General de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, para que se reconozca la aplicación del acceso a la interrupción legal del embarazo, según lo reconoce ya la NOM-046.
Si bien esto no impide que se aplique la NOM-046 pretende provocar que la interpretación de la misma sea confusa para que la autoridades judiciales puedan negar el acceso al aborto a las mujeres violadas, particularmente a menores de edad, en aquellos estados en los que “la vida está protegida desde la concepción”. En la mayoría de las entidades es ya sumamente complejo acceder al aborto legal, así que sin el respaldo de la Ley General puede ser aún más difícil.
El Frente Nacional por la Familia (FNF) y sus aliados que en 2016 se movilizaron en contra del matrimonio entre personas del mismo sexo, metieron en su canasta de peticiones el freno a la educación sexual en las escuelas y la prohibición del aborto bajo cualquier circunstancia, aunque estos dos temas nada tienen que ver con las uniones gays. El movimiento logró infundirle miedo a muchos políticos que creen que los conservadores tienen suficiente capital político para hacerles perder elecciones. Aunque el PRI y el gobierno federal han pretendido dar una imagen de un ser abiertos y liberales, la realidad es que constantemente siguen aliándose con el PAN en este tipo de discusiones, que ha sido el principal aliado del FNF.
La batalla por el reconocimiento de los derechos reproductivos de las mujeres no solo continuará en el poder legislativo donde volverá a la Comisión de Igualdad de Género para su revisión, sino que también en el judicial. La Suprema Corte sigue siendo el espacio donde se han logrado frenar los intentos de los grupos conservadores para atentar contra la agenda progresista y es justo donde buscan meter gente ideológicamente cercana a ellos para mover la balanza hacia su lado.
Limitar el acceso al legal no hace que menos mujeres interrumpan sus embarazos. Lo único que provoca es que las mujeres lo hagan en lugares inseguros, poniendo en riesgo su salud y su vida. No podemos permitir que los legisladores antepongan sus creencias ante el bienestar de las mujeres, no solo las víctimas de violación, sino todas aquellas que así deseen hacerlo por motivos de salud, de malformaciones congénitas, económicas o cualquier otra que consideren importante.
El aborto legal es uno de los grandes pendientes para la justicia social y para la salud pública, no solo por el contexto de violencia sexual sino por la altísima tasa de embarazo no deseados que tenemos en México. A pesar de que ya se cumplieron más de dos años desde que se echó a andar la Estrategia Nacional de Prevención del Embarazo Adolescente (ENAPEA), pocos esfuerzos reales se han hecho para atender el problema y para mejorar el acceso efectivo de las jóvenes a los insumos y servicios de salud reproductiva.
A unos días de que se conmemorara el Día Internacional de la Mujer, le recordamos a las y los diputados que la igualdad de género no se consigue con felicitaciones ni con flores. Se consigue con acciones contundentes como el reconocimiento del derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo.
*Este texto representa la opinión del autor y no necesariamente la de The Huffington Post México.
Información tomada de http://www.huffingtonpost.com.mx/
Source: Marzo 2017

Suecia da asilo a salvadoreña por “sufrir persecución política” tras aborto

San Salvador, 21 mar (EFE).- Suecia asiló a una salvadoreña que abortó y fue condenada a 40 años de prisión, por “sufrir persecución política y jurídica” de la Fiscalía de El Salvador tras la anulación de su sentencia en mayo de 2016, informó hoy un conglomerado de organizaciones feministas.
El asilo para María Teresa Rivera y un hijo suyo, otorgado el pasado 16 de marzo luego de que llegaran a Suecia, “sienta un precedente histórico para El Salvador porque es la primera vez que un país otorga asilo político” a una salvadoreña perseguida por abortar, indicó Morena Herrera, de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto.

La salida de Rivera de El Salvador obedeció a que la Fiscalía de ese país presentó en junio de 2016 un recurso para revertir la anulación de la condena en contra de la mujer, quien en 2011, cuando desconocía estar embarazada, padeció un problema que la llevó a abortar en su casa.
La pérdida de Rivera, al ser un hecho extrahospitalario, no pudo ser calificado legalmente como un aborto, por lo que la Fiscalía salvadoreña la acusó de homicidio agravado y logró en 2012 una condena por 40 años de prisión.
El aborto está prohibido en todas sus formas en el país centroamericano desde 1998, una situación que amenaza los derechos de las mujeres de acuerdo con organizaciones como Amnistía Internacional.
Tras la sentencia de Rivera, la Agrupación Ciudadana presentó un recurso de revisión que llevó al tribunal a realizar una audiencia extraordinaria en la que anuló la pena.
Dennis Muñoz, abogado de las organizaciones, considera que el Estado debe de indemnizar a la asilada “porque fue condenada por error a una condena de 40 años, de los cuales cumplió 4 años con 6 meses”.
Un portavoz de la organización aseguró a Efe en abril de 2015 que entre los años 2000 y 2011 “145 mujeres fueron procesadas por la interrupción del embarazo” de las que 30 han sido enviadas a prisión. Además, las diferentes organizaciones civiles han pedido el indulto de 15 de ellas a la Asamblea Legislativa.
Actualmente, en el Congreso existen dos iniciativas contrapuestas sobre el aborto; la primera, de la opositora Alianza Republicana Nacionalista (Arena), pide penar el aborto en todas su formas hasta con 50 años de prisión, cuando actualmente el aborto se castiga con entre 2 y 8 años.
La segunda, del oficialista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), propone hacer la salvedad de que “no es punible” el aborto realizado “con el propósito de salvar la vida de una mujer”, cuando el embarazo sea producto de una violación o estupro o sea “inviable la vida extrauterina”.
El Salvador, Chile, Nicaragua, Honduras, Haití, Surinam, Andorra y Malta son los únicos países del mundo que mantienen una prohibición legal absoluta del aborto.EFE
Información tomada de http://www.elpais.cr/
Source: Marzo 2017

Territorio del norte australiano se suma a despenalización del aborto

Canberra, 22 mar (PL) El Parlamento del Territorio Norte (TN), una jurisdicción de Australia, aprobó una ley para despenalizar el aborto y legalizar las terminaciones médicas de los embarazos como en el resto del país, informaron hoy medios locales.
El TN, con una gran proporción de pobladores indígenas y comunidades aborígenes remotas, solo permitía hasta ahora realizar abortos en dos hospitales de Darwin y uno de Alice Springs debido a que se requería la evaluación de dos médicos.

Con la nueva ley, aprobada con 20 votos a favor y cuatro en contra, las féminas podrán acceder a medicamentos como el RU486, hasta las nueve semanas de gestación, como cualquier otra ciudadana australiana.
‘Las mujeres tenían que hacer viajes interestatales para terminar sus embarazos (…) o viajar de lugares remotos hasta Darwin o Alice Springs, evidencia del escaso apoyo dado a ellas por su familia o amigos en un momento difícil’, dijo el jefe del gobierno estatal, Michael Gunner.
oda/rrj
Información tomada de la web http://prensa-latina.cu
Source: Marzo 2017

Cómo se viven 8 días de buscar a una niña en Guatemala

Ya pasó una semana de la tragedia en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción, en el que murieron 40 niñas y adolescentes quemadas mientras estaban bajo resguardo del Estado. Y mientras una parte del país sigue con la tristeza y la incomodidad de recordar lo que pasó, esta familia todavía no encuentra a su niña. Yoselin Yamileth Barahona Beltrán, “Yami”, es una de las que sigue desaparecida. No hay ninguna institución ni persona que se responsabilice o responda por su paradero. Son ocho días sin saber nada y ocho días de peregrinar por oficinas estatales pidiendo respuestas. Éste es el recorrido que sus familiares hicieron, con desesperación, el octavo día desde que no saben de ella.
1. El hospital y los migrantes
Son las 9 de la mañana. No hace calor ni hace frío afuera del Hospital Roosevelt. Hay una cantidad moderada de personas en la consulta externa. No parece que hace una semana, a esta misma hora, esperaban ambulancias que recorrieron 20 kilómetros desde San José Pinula, con 19 niñas y adolescentes quemadas. En la entrada, se encuentran Lilian Estrada y Emilio Marroquín, parientes de una de las víctimas de Yami, que tiene 15 años y ocho días desaparecida.

Emilio y Lilian no son pareja. Ambos son tíos políticos de Yami, por parte de su mamá, Andrea, fallecida cuando la niña tenía 1 año, por una aparente sobredosis. Del padre no se sabe nada, nunca supieron. Tiene dos hermanos, más grandes que ella, Brandon y Bryan, de 19 y 22 años.
– Pero ellos no están en un buen camino, dice el tío Emilio, para evitar decir que sus sobrinos consumen drogas y no pueden hacer nada para evitarlo.
Hace cinco años que los hermanos Barahona se quedaron bajo tutela de sus tíos abuelos, Emilio y Blanca. Antes, la responsable de ellos era la hermana de Andrea, Wendy. Pero ella viajó a Estados Unidos, donde vive legalmente con la abuela de Yami.
Desde California, la abuela Delia y la hermana Wendy les preguntan todos los días si ya encontraron a Yami. Y eso es lo que han hecho. Buscarla.
Emilio y Lilian se han presentado todos los días a la morgue del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif). Ya presentaron muestras de sangre para que se les haga exámenes comparativos con los de las víctimas aún no identificadas. Esta mañana había todavía 2 cadáveres de niñas sin reclamar, registradas aún como “XX”.
En el Hospital Roosevelt, Lilian se mueve como pez en el agua. Es la cuarta vez, en ocho días, que están aquí. Conoce dónde está la oficina de Dirección Ejecutiva y se acerca, pide hablar con una representante para que le den información de su sobrina. Le atienden, pero le piden que espere. Pasan unos cuantos minutos y aparece el doctor Marco Antonio Barrientos. Les saluda amablemente. Aunque no parece recordarles, los trata como que sí y responde a sus preguntas.
– Ella no está aquí. Hoy ya están todas identificadas, y algunas ya se fueron a Estados Unidos, es la respuesta que reciben del médico.
Lilian se molesta, y dos delegados de la Procuraduría de Derechos Humanos, que se presentaron como Verónica Reyes y Augusto Jerez, se acercan para ofrecer apoyo. Tanto Emilio, como ella, desconfían de la organización y se muestran reservados al principio.
Una vez deciden contar su historia, el nombre de la niña y las condiciones, los delegados deciden ofrecer acompañamiento para buscar a la menor. Esta es la primera vez que los tíos hablan con alguien de la PDH en esta semana. Los delegados les explican que como el doctor niega que se encuentre entre las 4 niñas que aún permanecen en el hospital, deben ir a la Secretaría de Bienestar Social. Se supone que esta entidad debe de tener centralizados los nombres y casos, además de brindar atención a los familiares. Los tíos aceptan ir a la SBS, por segunda vez en la semana. El sábado pasado no les dieron información.
2. La Secretaría y sus noticias
Hace una semana la Secretaría de Bienestar Social tenía otro secretario, que era Carlos Rodas, y otra subsecretaria, que era Anahy Keller, productora de televisión y amiga de Jimmy Morales. El Hogar Virgen de la Asunción, todavía tenía más de 500 niños adentro y su director era Santos Torres. Hoy, los tres han sido capturados. El MP los acusa de tener responsabilidad en la muerte de 40 niñas, y lesiones graves de otras 15, que estaban bajo su protección y abrigo. Entre ellas, Yoselin Yamileth Barahona, Yami.
Ocho días después de la tragedia, el presidente Jimmy Morales decidió hacer una visita a la Secretaría. El propósito: presentar a Cándida Rabanales de Granados, la nueva secretaria de bienestar social, una profesional de buena reputación entre las organizaciones e instituciones que trabajan por la niñez y adolescencia. Desde las 10:30 de la mañana no se permite el ingreso de nadie a la institución, por orden de la seguridad presidenciall. Incluso en la garita, del lugar al que los familiares de los niños del Hogar deberían de poder acercarse, se lee un cartel que dice: “Por fuerza mayor no atenderemos hoy”. Unos minutos después aparecieron los vehículos de Jimmy Morales, de su esposa, Patricia Marroquín, y de su seguridad.
Bajo el sol de media mañana pasaron 40 minutos antes de que los tíos Emilio y Lilian, y Verónica, oficial de la PDH, pudieran ingresar. Adentro no había casi nadie. La mayor parte del personal se encontraba en la actividad con el Presidente. Un asesor de la Secretaría, que se presentó como Boris Chacón, condujo a los familiares a la oficina improvisada donde está montado el call center al que llaman las familias de los niños del Hogar. Hay cuatro personas a cargo de los teléfonos y la información.
Las niñas víctimas del fuego que consumió uno de los salones de la escuela del Hogar Seguro tenían entre 14 y 17 años. Yami tiene 15. Se sabe que las niñas encerradas en esa aula del Hogar, bajo el resguardo de la Policía Nacional Civil, eran las que habían escapado un día antes tras quejarse y denunciar maltrato, abusos sexuales y mala alimentación. En este grupo de adolescentes, se encontraba Yami. Así le confirmaron en la Secretaría a sus tíos.
– Yoselin Yamileth Barahona aparece aquí como que abandonó proceso. Está entre el grupo de Escuela PNC, explica en gerigonza el oficial de la Secretaría a los tíos
– O sea que, ¿está en la escuela de la policía? ¿Ahí la trasladaron?, responde con ilusión la tía Lilian.
– No señora. Ella estaba en la escuela del Hogar, bajo el resguardo de la PNC, entre el grupo de niñas víctimas de la tragedia.
La gerigonza ‘abandonar proceso’ quiere decir que ella intentó escapar. Y Escuela PNC es el eufemismo que usan para decir que estuvo en el aula incendiada frente a los ojos de las oficiales de la Policía Nacional Civil. De hecho, Nómada publicó los testimonios de 4 niñas que aseguran que cuando pidieron auxilio a las policías para que les abrieran las puertas, les respondieron que “se aguantaran”.
3. La manifestación del próximo sábado en el Hogar Seguro
La falta de noticias en la Secretaría no sorprende a Emilio ni a Lilian. Ellos ya lo sabían porque un contacto les había dado el listado de las niñas que se habían escapado y que se encontraban en la clase que se quemó. Yami aparece de tercero en esa lista. Le siguen los nombres de adolescentes que ya han sido reclamadas por sus familias en la morgue del Inacif. Antes de salir, ambos pasan a la baño. Ya saben dónde queda.
Tanto Boris, de la Secretaría, como Verónica, de la PDH, insisten que con esta información los tíos deberían de volver a la morgue. Consideran que Yami podría ser uno de los cadáveres no identificados. Ellos aceptan, aunque insisten que el sábado no solo fueron a la Secretaría, también lograron que el hermano Bryan y José Luis, tío de la mamá de Yami, se sacaron sangre para hacer el cotejo de ADN en el Inacif.
El sábado, mientras estaban en la morgue, cientos de personas se reunían para manifestarse en el Parque Central. Entre los manifestantes estaba el jefe de la emergencia del San Juan de Dios, el doctor Napoleón Méndez. Fue en una pausa tras operar a una de las niñas, se fue a manifestar “con más ganas”, y regresó a trabajar después de ir a la Plaza. Se quedó hasta que encendieron las velas, y vio a las mujeres tejedoras con niños en un círculo, a otros grupos encargados de armar altares y carteles, o performances como el del agua roja de la fuente. La familia de Yami no se enteró de la manifestación.
–Nosotros no sabemos nada de protestas, porque estábamos tratando de encontrar a la Yami. Pero nos dijeron que este sábado las familias y quien quiera, vamos a manifestar frente el lugar ese, el Hogar Inseguro en San José Pinula, dice la tía Lilian, a modo de invitación.
Los tíos Emilio y Lilian son de escasísimos recursos. No tienen dinero para taxis y a veces no tienen para todos los tiempos de comida en estos días en los que no han podido trabajar. Pudieron visitar todas estas instituciones en un día sólo porque estos periodistas que escriben y toman fotos los llevaron en un carro.
En el camino nos cuentan que en octubre de 2016, hace cinco meses, pensaron que la mejor opción para Yami era pedir al Estado que los ayudara a “reformar” el carácter su sobrina. Entonces activaron la alerta Alba Keneth para encontarla y le dijeron a una jueza que mejor la enviara al Hogar Seguro porque ahí recibiría atención psicológica, médica, de maestros y de trabajadores sociales.
– Ella se salía del colegio y no iba a sus exámenes. Pero el colmo fue una vez que no fue a estudiar sino a una fiesta. Y ahí la drogaron, o yo no sé, pero perdió el conocimiento y los bomberos llegaron a rescatarla. Ese día la violaron.
Afuera, Guatemala tampoco era un hogar seguro para Yami.
Tras cinco meses en el Hogar Seguro, el 7 de febrero, hace un mes, iban a pedir al juzgado que les devolviera a su sobrina nieta. Pero la audiencia de febrero no sucedió. A través de un memorial, la Secretaría dijo que no podía llevar a la niña porque no tenían gasolina para el carro. Y por eso, tuvieron que reprogramar para el 24 de marzo, un mes y medio después, sin siquiera imaginarse lo que pasaría. Morir quemada, o estar desaparecida, por tener mal carácter. Su tío insiste que ella había cambiado: “nos llamaba y decía que había aprendido a hacer oficio y lavar su ropa, pero quería salir”.
4. Entre la morgue y la ciencia
En uno de los lugares más siniestros y lúgubres de la ciudad, otro agente de la PDH espera a Emilio y a Lilian para acompañarlos y lograr que las autoridades de la morgue les permitan reconocer los cuerpos no identificados para saber si alguna es Yami.
En la morgue, los pasan al ‘cuarto de entrevistas’. Un forense les pregunta características de la niña para compararlas con el cuerpo sin identificar.
Pasan 20 minutos ahí dentro. Cuando salen, explican que no es esa niña porque Yami solo tiene dos tatuajes, un en cada brazo, y la persona sin reconocer tiene cuatro en diferentes partes del cuerpo, que no coinciden. Les piden que, por favor, esperen unos minutos para que puedan hablar con el director de la morgue.
Emilio y Lilian aprovechan la pausa para comer de lo que les dan el grupo de voluntarias lideradas por Raquel Arreaga y su mamá, Mayra Jiménez, instaladas ahí desde el día de la tragedia y costeando el apoyo con sus propios recursos. Después de ocho días, las moscas en el lugar ya no les molestan a Lilian y Emilio. Parece incluso como que si ya no las vieran. Bendicen sus alimentos, comen. Aparece el doctor Carlos Augusto Rodas González. Un hombre alto y grande, con camisa blanca, pantalón negro y un corbatín negro. Al principio es empático con Emilio y Lilian, les pide disculpas por no poder ayudarles con el reconocimiento de alguno de los cuerpos. Hasta que le preguntan por la prueba de ADN que se hizo el hermano de Yami el fin de semana.
– A la ciencia no se le pone tiempo, y si todavía no tenemos resultados, todavía no tenemos resultados.
A la ciencia no se le pone tiempo.
5. La última esperanza
Lilian y Emilio regresan a su almuerzo. No saben qué hacer ahora, pero el hambre aprieta para la primera comida del día. Se acercan a las voluntarias y les preguntan qué hacer. Nada los ampara. Como tiene alerta Alba Kenneth, si la encuentra la PNC, la que debió haberla cuidar ese 8 de marzo, solo la regresaría a un hogar del Estado y tendrían que esperar semanas o meses para una audiencia con un juez. Después de 8 días ya no confían en la PDH ni en ninguna otra institución estatal.
Los tíos de Yami no confían en nadie. Solo en las voluntarias. Ellas las pusieron en contacto con un equipo legal de una oenegé para los asesore gratuitamente y los acompañe en el proceso. A las 3 de la tarde, la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de Guatemala (Udefegua) se convierte en un canal de enlace entre la familia y las instituciones estatales que deberían velar por la niñez.
Las reuniones entre Emilio, Liliana y el equipo jurídico son privadas. Pasan tres horas en la reunión. Ahora presentarán un recurso de exhibición personal.
Ellos salen camino a su casa, a intentar dormir, aunque hace ocho días que no lo logran. Hoy es el cumpleaños de uno de los hijos de Emilio, pero no hay planes para celebrar. Dice que no quiere hacer nada hasta que Yami no aparezca, para que así estén todos.
– Nosotros solo queremos encontrarla, queremos saber dónde está, aunque sea viva o muerta, pero con nosotros.
Información tomada de nomada.gt
Source: Marzo 2017