ONU alertó sobre mal uso de objeción de conciencia

Organismos indicaron que no debe ser obstáculo para acceso de la mujer a atención en casos de aborto voluntario.

No solo en Chile algunos médicos e instituciones -sobre todo por consideraciones religiosas tradicionales- están recurriendo a la objeción de conciencia para impedir que las mujeres hagan uso de su derecho a interrupción voluntaria de embarazo. En varios otros países, como México, se está apelando a esa consideración, ante lo cual organismos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) llamaron la atención respecto a que ello no puede significar un obstáculo para ejercer un derecho, para que sean respetadas legislaturas sobre derechos sexuales y reproductivos, ni sea impedimento para una adecuada y oportuna atención de salud.

También desde la ONU se dijo que la objeción de conciencia es un acto individual y personal y no puede ser determinado por una institución, menos de carácter público.

La prensa mexicana publicó información en cuanto a que la oficina de la ONU para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de la Mujer, el Fondo de Población de las Naciones Unidas y del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, plantearon los anteriores argumentos y normativas y enfatizaron que el Estado, en cada país, debe garantizar los derechos de las mujeres, de todas las edades. Sobre todo en los casos donde las legislaciones nacionales -que es el caso de Chile- permiten el aborto o el aborto en algunas causales.

También se señala que tiene que existir la información detallada y oportuna de estas situaciones y que siempre una institución debe proporcionar a la mujer el personal idóneo para ser atendida, en estos casos, para la interrupción voluntaria del embarazo. Se insiste en que las instituciones públicas tienen obligación de proporcionar esa atención. En Chile se está dando la situación que recintos hospitalarios privados reciben financiamiento del Estado, pero se quieren negar a atender a las mujeres, argumentando objeción de conciencia. Para los organismos de la ONU, se debe contratar a personal no objetor en todas las instalaciones de salud.

Para Naciones Unidas, una prioridad es que exista una atención segura, oportuna y de calidad, entre otras cosas, garantizando los derechos humanos de las mujeres.

En tanto, en una entrevista con el medio Web, El Desconcierto, Luz Patricia Mejía, abogada especialista en derechos de las mujeres e integrante de la Comisión Interamericana de Mujeres de la OEA (Organización de Estados Americanos), dijo que “la objeción de conciencia no puede bajo ningún concepto reducir el derecho de las mujeres a su vida e integridad física. Los médicos y médicas tendrán un gran papel que cumplir aquí y garantizar que las mujeres sean atendidas”.

En la entrevista de Meritxell Freixas, Mejía expresó que “el reconocimiento del derecho a la objeción de conciencia no puede quitar otro derecho. No se puede hacer objeción de conciencia sin antes garantizar que la mujer sea atendida tal y como establece la norma. Además, tienen que quedar establecidas cuáles serán las consecuencias si esto no se cumple”.

Tomado de mileschile.cl

Embarazo infantil: un problema históricamente invisibilizado

A nivel mundial, los partos de niñas menores de 15 años ascienden a 1.100.000 por año.

UNER NOTICIAS dialogó con Milena Páramo, Coordinadora Nacional de CLADEM Argentina (Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres), quien integró un panel sobre “Embarazo infantil forzado” organizado por la Facultad de Trabajo Social de nuestra Universidad. La especialista profundizó sobre este flagelo que tiene consecuencias inmediatas y duraderas para las niñas.

-Antes que nada es importante definir CLADEM y sus objetivos…
CLADEM es el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres. Los antecedentes del surgimiento del CLADEM, se remontan a la III Conferencia Mundial de la Mujer de Naciones Unidas, en donde se observó la necesidad de articular estrategias regionales, dado que los problemas de las mujeres eran similares y, por ende, trabajando juntas podríamos potenciar la incidencia. Es así que, con el fin de unir nuestros esfuerzos para mejorar la condición y situación socio-jurídica de las mujeres de nuestra región, constituimos el CLADEM el 3 de julio de 1987 en San José de Costa Rica y en el año 1989 se procede a la constitución legal del CLADEM en Lima, Perú.

-Como tantas otras problemáticas, carecemos de estadísticas que nos informe sobre el estado de situación…
Precisamente, el Balance Regional “Niñas madres. Embarazo infantil forzado en América Latina y el Caribe”, publicado por el CLADEM en el año 2016, revela que existe un patrón de violencia que está plasmado en el ocultamiento de la información y renuencia por parte de los Estados de colocar en la agenda pública y priorizar las acciones de prevención, sanción y erradicación. Hemos visto que la mayoría de los casos de embarazos infantil aparecen como producto de violencia sexual, ejercida por integrantes de la familia (abuso sexual incestuoso), conocidos, vecinos, o extraños; a diferencia de lo que ocurre en la franja de 15 a 19 años, donde se registra una incidencia importante de embarazos debido a una iniciación sexual temprana. A partir de constatar esta flagrante violación de los derechos de las niñas que estaba ausente de las agendas nacionales, regionales e internacionales, desde CLADEM lanzamos la Campaña “Embarazo Infantil Forzado es Tortura” y, en ese contexto, venimos monitoreando a los Estados de la región en el cumplimiento de su obligación de prevenir, sancionar y erradicar esta práctica.

Situación actual: en el balance sobre Niñas Madres publicado por CLADEM en 2016, se demuestra que todos los años, decenas de miles de niñas menores de 15 años en nuestra región, se convierten en madres cuando sus cuerpos todavía no terminaron de crecer. Un año después, observamos que las cifras han tenido, en algunos países, una leve reducción. Sin embargo, el problema persiste y debe ser abordado con urgencia, desnaturalizando situaciones que muchas veces pasan desapercibidas o se aceptan como normales. El embarazo infantil forzado se da cuando una niña menor de 15 años queda embarazada sin haberlo buscado o deseado y se le niega, dificulta, demora u obstaculiza la interrupción del embarazo.

-¿Cuáles son las causas más frecuentes del embarazo forzado?
En un estudio se evidencia que la franja de edad de 10 a 14 años es la que sufre la tasa más alta de agresiones sexuales y la edad promedio en la cual las niñas y adolescentes reportaron haber sido víctimas por primera vez. Cuando el embarazo no se puede interrumpir, se produce la maternidad infantil forzada. Y en las causales estaría la falta de servicios de salud adaptados a las necesidades de las niñas, amigables y confidenciales, que utilicen protocolos específicos para atender a ese problema; la negativa de los servicios de salud a interrumpir los embarazos infantiles, concepciones idealizadas de la maternidad, que hace que muchas niñas, en determinados contextos, crean que la maternidad es un mecanismo de reconocimiento y autonomía.

-Aspectos no menores serían las consecuencias físicas, psicológicas, económicas, educativas para la niña madre…
Ciertamente. Las niñas de 14 años o menos sufren más complicaciones durante el embarazo y el parto. Como en muchos casos aún no está formado el piso pélvico, los partos son peligrosos; existen mayores riesgos de sufrir preclampsia, eclampsia, ruptura de membranas, parto prematuro y diabetes gestacional. Estas niñas tienen cuatro veces más probabilidades de morir a causa del embarazo que las mujeres de entre 20 y 30 años y 5 veces más posibilidades de tener fístula obstétrica. Además de los riesgos físicos, el embarazo infantil tiene consecuencias adversas en la salud mental, ya que en muchos casos se genera por violencia sexual.
Debemos considerar las consecuencias del abuso, de las posibles amenazas recibidas para no denunciarlo y del impacto de vivir un embarazo no deseado en la salud mental de la niña. Se han registrado síntomas de depresión, ansiedad y, en particular para las que habían sido atacadas sexualmente, de estrés post-traumático. Asimismo, un porcentaje de estas niñas han pensado en el suicidio durante el embarazo. Por otra parte, cerca de la mitad de las niñas que viven embarazos forzados abandonan la escuela. En caso de retomar, lo hacen en su mayoría en espacios de menor nivel. A su vez, una gran proporción de estas niñas tendrá trabajos informales, sin seguridad social y con bajos ingresos. Las que ingresen a trabajos en relación de dependencia, probablemente lo hagan con sueldos más bajos que el de otras jóvenes solteras o sin hijos.

-¿Cuál es la respuesta que observan desde el Estado?
Argentina cuenta desde el 2006 con la Ley 26.150 que establece la obligatoriedad del tratamiento de la educación sexual integral en todas las escuelas del país, ya sean de gestión estatal o privada, y la creación de un Programa de Educación Sexual Integral como instancia de implementación de estrategias y actividades. En cuanto a la implementación, esta es insuficiente, aunque algunas provincias, y en algunos momentos, se tuvo mejor alcance. Con el cambio de gobierno en diciembre de 2015 el panorama de la Educación Sexual Integral se presenta regresivo. Por Decreto de Necesidad de Urgencia, se cambió la estructura del Ministerio de Educación y los programas perdieron protagonismo. Resumiendo, podemos ver que en la mayoría de los países existe algún programa para impartir educación sexual. Sin embargo, en todos ellos, en mayor o menor grado, la implementación es deficiente y parcial; abarca a sólo un porcentaje de estudiantes, no cuenta con un seguimiento efectivo del Estado, no hay suficientes materiales ni capacitación docente.

Importante: desde hace dos años CLADEM está impulsando una campaña para visibilizar los embarazos infantiles forzados, denunciarlos y buscar propuestas para su disminución y erradicación. En este lapso, se han incrementado las investigaciones sobre el tema, especialmente en los organismos intergubernamentales. El problema es mundial y sirve de espejo para observar la situación de miles de niñas cuyos caminos han sido cubiertos de obstáculos. Es imprescindible organizar alianzas para promover un alerta mayor sobre este tema, y generar políticas de prevención que involucren a todas las áreas de gobierno. Deben adecuarse tanto los marcos jurídicos, como las respuestas de la justicia, del sector salud, educación y desarrollo.

-¿Y sobre el aspecto penal en la violencia sexual? 
En todos los países estudiados, las relaciones sexuales con niñas es violación. Las edades varían entre los 13 y los 16 años. La mayoría de los países considera al parentesco como un agravante en casos de violación sexual. Así sucede en Argentina, Bolivia, Colombia, El Salvador, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico y República Dominicana. En Brasil, Honduras y Uruguay el parentesco no constituye agravante para el estupro o violación. Lamentablemente, no todos los abusos se denuncian y aquellos que son denunciados, no siempre son encaminados judicialmente a través de un proceso que conduzca a una sentencia. Un número ínfimo de denuncias termina en condenas. La impunidad es altísima.

-Finalmente, ¿Qué medidas prioritarias se deberían instrumentar para ir modificando esta problemática?
Urge que los estados implementen planes, políticas y medidas sociales para la prevención de los embarazos y las maternidades infantiles forzados y la adecuada sanción de la violencia sexual que los provoca. Por otra parte, continuar con la tarea de visibilizar el problema del Embarazo Forzado Infantil, articular con otros movimientos sociales, como el de derechos humanos, derechos de la infancia, organizaciones de jóvenes y de desarrollo, para llevar adelante actividades de sensibilización. Promover la implementación de la Educación Sexual Integral en todos los niveles educativos. La educación sexual debe ser una política del Estado y debe incluirse desde los niveles iniciales, incorporando conceptos de igualdad y no discriminación.

Tomado de http://noticias.uner.edu.ar

Costa Rica: Y luego de vencer al fundamentalismo religioso, ¿qué?

Por: Jorge Coronado (*).

La segunda ronda electoral celebrada el pasado 1 abril del 2018 en Costa Rica, deja diversas lecturas.

La primera es que el partido político hegemónico de la segunda república costarricense del siglo XX, el que alguna vez fuera el socialdemócrata Partido Liberación Nacional, ha sufrido un resquebrajamiento estructural tras dos derrotas consecutivas: 2014 y 2018. En ambos casos con las más bajas votaciones de su historia. En esta segunda ronda, su dirigencia demostró un desfase y desconexión total con la realidad, cuando de manera oportunista, basados en dudosas encuestas, respaldaron al fundamentalismo religioso.

Sirvió también esta elección para que los grupos económicos y políticos históricamente dominantes, “salieran del clóset”, y mostraran abiertamente por primera vez su talante misógino, homofóbico, racista y excluyente, que por décadas no quisieron evidenciar, motivados por el discurso teocrático religioso del Partido Restauración Nacional.

De otro lado, quedó constancia de que años de avances sostenidos en alcanzar mayores niveles de igualdad en derechos humanos y de tolerancia a la diversidad, efectivamente calaron en el imaginario del conjunto de la sociedad, principalmente en las nuevas generaciones. Ello explica la altísima votación de esta segunda ronda, que incluso provocó que bajara el abstencionismo con respecto a la primera ronda. La prueba es que el hoy presidente aumentó en un 300 por ciento su votación, con respecto a los resultados obtenidos en la primera ronda, mientras que el candidato perdedor aumentó solamente un 60 por ciento. Es decir, la gente salió a votar masivamente por la igualdad y la tolerancia.

Pero, siempre hay un pero, las regiones más pobres, las más excluidas, que son las zonas costeras/rurales no sólo fueron donde hubo los mayores niveles de abstencionismo en ambas rondas, sino que además fueron las regiones en las que el fundamentalismo religioso ganó. Ello es resultado del abandono de la acción estatal, de la lógica neoliberal de exclusión de polos de desarrollo, pero también del crecimiento exponencial de las iglesias neopentecostales que en ese contexto, construyeron tejido social.

Esta elección también mostró el resquebrajamiento de la estructura de clases sociales en Costa Rica, en materia de concepciones y valores. Los sectores medios urbanos del centro del país lograron imponer su visión más tolerante. Los sectores urbanos y rurales más empobrecidos del centro y la periferia en cambio, han sido ganados en la cultura de la intolerancia por parte del fundamentalismo neopentecostal. Esto último muy semejante al resto de América Latina.

La segunda ronda electoral no tuvo como eje movilizador la búsqueda de la igualdad económica, ni la lucha por la redistribución de la riqueza, ni contra la pobreza, ni contra el alto costo de la vida o por mejores empleos como es lo usual en una campaña electoral. El eje central fue el tema de la igualdad en derechos humanos y contra el fundamentalismo religioso, ello permitió que alrededor del Partido Acción Ciudadana (PAC), para esta segunda ronda, se nucleara un abanico multiforme de fuerzas políticas y sociales: el movimiento de mujeres, de jóvenes, los sindicatos a pesar de las reservas, parte de la izquierda política y también una parte de la derecha tradicional.

En síntesis, podríamos colocar como conclusiones de este proceso electoral 1) que se rompe ya en forma casi definitiva el sistema tradicional del bipartidismo político; 2) ante ese escenario los sectores conservadores neoliberales migran y tratan de recomponerse en las nuevas estructuras partidarias; 3) los sectores religiosos fundamentalistas ganan espacio político y se convierten en actor fundamental en la Asamblea Legislativa con la segunda bancada mayoritaria; y 4) en general hay un giro a la derecha en el escenario político costarricense. En términos positivos, únicamente se ha logrado detener que una teocracia asumiera la conducción del país.

Como desafío, todo indica que se está fraguando una nueva alianza neoconservadora en materia económica, en afectación de los derechos laborales, en política internacional, en materia fiscal y en atracción de inversiones. Lamentablemente, en la reconfiguración de dicha alianza también está jugando el gobierno recién electo, que al igual que la derecha tradicional o el fundamentalismo religioso, es en economía radicalmente neoliberal.

En el horizonte se puede vislumbrar un escenario de confrontación, movilización y lucha en las calles por parte del movimiento social organizado. Es que la lucha por la igualdad de los derechos humanos, por las políticas de reconocimiento es fundamental, pero no es suficiente. Se requiere incorporar la lucha por la justicia social, por la inclusión económica, por la redistribución. En tal sentido, ya no tenemos la misma homogeneidad que tuvimos el pasado 1 de abril, sino que regresamos el escenario de disputa entre los ganadores y los perdedores del modelo económico neoliberal.

(* ) Analista político costarricense.

Tomado de otramirada.pe

“El boom del feminismo es imparable”

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Pamela Palenciano, víctima de violencia en la adolescencia, denuncia el machismo con humor e ironía en un monólogo – “No basta con la educación en el colegio, todos somos responsables”

En un país con medio centenar de mujeres asesinadas al año víctimas de violencia machista, donde en 2017 se alcanzó la cifra más alta de denuncias desde que hay registros -166.620-, urge la reacción de toda la sociedad, el activismo de las mujeres y los hombres. En el monólogo de Pamela Palenciano (Andújar, Jaén, 1982) se oyen sonoras carcajadas en los momentos de humor y de ironía, pero también hay hondos silencios y lágrimas en los ojos cuando recrea de forma clara y directa episodios de violencia. “Todos los días hay mujeres que se enfrentan con la violencia machista, conozco sus casos a través de las redes sociales y en cada monólogo. Siempre ves a gente llorando porque ha sufrido y, además, hay cada vez más chicos que han ejercido violencia y lo dicen en público”, cuenta a este diario.

No solo duelen los golpes -la frase que le dijo una psicóloga- es el monólogo con el que retrata el machismo en todas sus manifestaciones: los malos tratos físicos y psicológicos, el control y la posesión, la convivencia con la agresividad así como la recuperación y la salida.

Es una lacra “estructural” que, en opinión de Palenciano, alimentan el capitalismo y una sociedad patriarcal. El monólogo es el modo autobiográfico de denunciar y canalizar la “rabia” de las víctimas a través del arte, como propició la fotografía en su primer proyecto, hace unos años, y posteriormente un taller de prevención vinculado a esas imágenes. Se abrió paso tras el trauma a base de fuerza y resiliencia. “Después de pasar 15 años viendo que la gente me juzgaba a mí, a la víctima, cuando el foco debe ponerse en el victimario, encontré en la risa una forma de mirarse ante el espejo”. Pamela, autora del libro Si es amor, no duele, sufrió cuando era adolescente -de los 12 a los 18 años- la violencia, el abuso y el sometimiento de un novio machista, agresivo, tóxico, indeseable en definitiva.

Cuando empezó la universidad y se libró de esa relación, comenzó una terapia psicológica y el contacto con movimientos feministas. Tras licenciarse, Palenciano vivió 8 años en el Salvador, donde descubrió el teatro, hasta su regreso a España. Su monólogo ha recorrido institutos de educación secundaria y otros aforos para el público en general de varias ciudades del país y también de Iberoamérica, denunciando el machismo.

La activista, actriz y comunicadora lo presentó ayer en Ourense, en el marco de las terceras jornadas “Coeducar en Igualdade”, organizadas por la Asamblea de Mulleres del sindicato de la enseñanza STEG en el centro cívico de A Ponte, con el objetivo de exponer y debatir iniciativas en materia de igualdad en los centros educativos.

Palenciano, que además es madre, comparte que la educación es clave para desterrar el machismo de la sociedad y asentar la igualdad. “Pero no basta con limitarse a la educación en el colegio, sino que también debe estar presente en cada conversación en la calle, en los medios de comunicación, en la política y en las pautas de consumo. Somos responsables todas y todos”.

España maravilló al mundo el 8 de marzo, con una huelga feminista histórica que llenó las calles de miles de mujeres en todas las provincias del país. “Se ha producido un cambio profundo, radical, pero existe todavía mucho miedo del sistema a esta transformación. El feminismo ha pegado un boom para el que ya no hay marcha atrás, es imparable. Como está buscando un cambio radical de las posturas enfrente se encuentra con 21 siglos de historia en torno a un patriarcado”.

Tomado de farodevigo.es

Variaciones sobre el aborto

Por Florent Zemmouche. Salvadoreño-francés estudiante de Ciencias de la Humanidad en Francia.

Famosos periodistas franceses han publicado un reportaje sobre las mujeres encarceladas en San Salvador por ciertos casos de abortos naturales o voluntarios. Me han entonces preguntado cómo tal situación es posible, cómo el pueblo salvadoreño puede ser él mismo tan violento aquí contra sus mujeres.

Seguir el razonamiento que plantea una mirada extranjera como la francesa sería preguntar si un pueblo que sufre cada día una violencia extrema encarnada por ejemplo en las maras termina siendo al fin y al cabo él mismo violento. Es posible que sea cierto, e incluso muy probable. Pero no quiero desarrollar ahora este punto; lo que me interesa es que la interrogación es presentada como una paradoja mientras que en realidad no lo es o al menos no totalmente. Por ejemplo, podemos entender la opinión reinante sobre el aborto tomando en cuenta el contexto de violencia cotidiana. En efecto, en nuestra sociedad donde la muerte se encuentra a cada esquina sin esconderse esperando a cualquiera, donde la vida es quitada tan fácil y regularmente, se le otorga una importancia sagrada a las ocasiones que concentran vida y esperanza como el embarazo. La visión de la opinión publica salvadoreña es maniquea y por tanto simple: las malos roban la vida, los buenos la preservan. Dicho sea de paso, tal planteamiento descarta cualquier adhesión a la pena de muerte.

Sigamos entonces este maniqueísmo pero complicándolo ya que su simplicidad es perniciosa. ¿Qué pasa ahora cuando una mujer es violada por un hombre? El malo aquí por así decirlo es él, y no ella. Sin embargo, por un lado el hombre tiene al parecer el derecho de crear un feto producto de una violación puesto que la mujer no tiene derecho de abortar, es decir empezar a cicatrizar, apaciguar un acto violento. Por otro lado, es la mujer quien será con más certeza encarcelada por haber abortado; por querer cerrarle el paso a la maldad. Según la visión maniquea ya evocada, las prisiones las habitan los malos. ¿Qué mala acción ha hecho una víctima de violación aparte de sufrir el mal?

Asimismo, ¿qué hace una mujer que ha sufrido un aborto natural en una cárcel salvadoreña? No ha hecho nada malo y de hecho, por definición, nada del todo. Es otra institución estatal que debería ocuparse de ella, el hospital, no la policía, menos aún la prisión. Se trata antes que nada de protección del individuo, lo que es supuestamente uno de los objetivos principales del Estado. Otro e íntimamente vinculado al de protección es el de libertad del individuo. La mujer, como ser político, tiene el derecho, ella sola bajo la mirada benevolente de la estructura estatal, de tomar decisiones sobre su cuerpo. Cualquier ser político tiene un cuerpo que le pertenece y que debe proteger. Es la causa y la finalidad de la política. Por consiguiente, nuestro Estado tiene que legalizar el derecho al aborto en caso de violación, malformación grave del feto y/o peligro para la madre, lo que desacredita los insensatos que creen que así todas las mujeres van a abortar. No se trata de estar a favor del aborto; se trata de estar a favor del derecho al aborto, como posibilidad legítima y legal.

Además, le conviene al Estado legislar un fenómeno que ya existe. Como lo muestra un trabajo de investigación publicado recientemente, las mujeres abortan en El Salvador. Por supuesto, mujeres que tienen el poder económico suficiente. Entonces, por motivo ahora de igualdad, el gobierno debe intervenir contra viento y marea según una racionalidad digna de un Estado de derecho, sin ningún fanatismo.

Artículo original de: https://www.laprensagrafica.com/opinion/Variaciones-sobre-el-aborto-20180206-0129.html

28 de septiembre. Día de acción global por un aborto legal, seguro y gratuito

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Como cada año este día emblemático, El Consorcio Latinoamericano contra el Aborto Inseguro – CLACAI y todas las organizaciones y personas que la integran realizan un llamado para la despenalización y la ampliación del acceso al aborto legal y seguro en la región, como derecho humano de todas las mujeres. 

El derecho al aborto legal y seguro es parte del derecho de las mujeres a la autodeterminación sobre sus propios cuerpos: a su derecho a decidir. Sin embargo, este derecho todavía no está garantizado en la región, ocasionando un elevado número de abortos en condiciones clandestinas e inseguras que, en muchas ocasiones, ocasionan muertes maternas totalmente innecesarias y evitables. La data al respecto respalda estas afirmaciones:

  • De los 4.4 millones de abortos realizados en 2008 en la región latinoamericana, el 95% fueron inseguros (Instituto Guttmacher, 2015).
  • Cerca de 760.000 mujeres en la región son tratadas anualmente por complicaciones derivadas del aborto inseguro (Instituto Guttmacher, 2015).
  • Anualmente, se estima que en la región se practican 670 mil abortos inseguros entre adolescentes de 15 a 19 años. Ello trae como consecuencia que la mortalidad materna se ubique entre las tres primeras causas de muerte entre este grupo de población (UNFPA LAC, 2015).
A pesar de estas cifras, el aborto sigue totalmente prohibido sin excepciones en cinco países latinoamericanos: El Salvador, Nicaragua, Honduras, República Dominicana y Haití. Se permite solamente para salvar la vida de mujer en Guatemala, Paraguay y Venezuela; y en el resto de países, es posible acceder al aborto de acuerdo a ciertas causales, si bien continúa estando criminalizado. El acceso sin restricciones solamente se contempla en Cuba, Ciudad de México y Uruguay.

De acuerdo a este panorama, las mujeres siguen enfrentando diversas barreras para acceder a los servicios de aborto sin riesgos, aun en aquellas circunstancias en las que el aborto es legal. Entre tales barreras, se encuentran: la falta de acceso a la información, la imposibilidad de pagarlo, la falta de apoyo social, los retrasos en la prestación de atención médica, las actitudes negativas de los profesionales de la salud, la calidad deficiente de los servicios, la ausencia de acceso a servicios asequibles, la exigencia de la autorización de un tercero y restricciones sobre el tipo de proveedores de salud y de instalaciones que pueden proveer servicios legalmente, entre otras (CLACAI, 2016).

De otro lado, no podemos perder de vista las acciones de los grupos contrarios al avance y garantía de los derechos humanos, que vienen ampliando su presencia y desarrollando acciones de incidencia en diversos espacios institucionales de la vida democrática, obstaculizando el avance de políticas públicas o legislaciones que garanticen y permitan materializar el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos y, en particular, el acceso al aborto. Asimismo, la instauración de la Política de Ciudad de México (más conocida como “Global Gag Rule”), ha resultado en una disminución considerable del financiamiento para proyectos relacionados con el acceso a este derecho, con impacto en la región.

Es por todo ello que todas y todos los integrantes de CLACAI reivindicamos en este día la urgente necesidad de:

  • Promover leyes en la región que mejoren el acceso de las niñas, adolescentes y mujeres a servicios de aborto seguro y a desafiar los intentos de restringir dicho acceso.
  • Luchar y exigir la ampliación de las causales de aborto para reducir el número de procedimientos clandestinos y la criminalización de mujeres por aborto.
  • Mejorar el acceso a servicios de aborto seguro para las mujeres, que cumplan con los criterios legales.
  • Procurar la mejora y expansión de la provisión de atención postaborto para reducir los altos niveles de morbilidad y mortalidad que resultan del aborto inseguro.

#UnGritoGlobal por el #AbortoLegal

CLACAI, 28 de septiembre de 2017.

28 de septiembre, día de lucha mundial por la despenalización y legalización del derecho al aborto

¡Qué #AbortoLegal sea #UnGritoGlobal! 

La Campaña 28 de Septiembre para América Latina y el Caribe, desde su coordinación en la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito (Argentina), convoca a todas sus activistas, redes y organizaciones a unirse y visibilizar el poder colectivo de dar juntas el próximo 28 de Septiembre,#UnGritoGlobal por el #AbortoLegal.

La Campaña 28 de Septiembre es una estrategia coordinada que surgió de los acuerdos del V Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe (EFLAC) realizado en San Bernardo, Argentina en 1990. Está integrada por mujeres y varones, lesbianas, travestis y personas trans organizadxs de 21 países y por al menos 7 redes regionales. En cada uno de los países, a través de la construcción de grupos de incidencia, realiza acciones de sensibilización, acceso a la información y trabajo con decisoras/es de políticas públicas. La Campaña 28 de Septiembre se propone exigir las condiciones para el aborto seguro y con calidad de atención, la ampliación de base y consenso social, y los cambios jurídicos que respondan y contribuyan a la transformación cultural para que las mujeres aspiren a plenos derechos en cada uno de los países de América Latina y el Caribe.

El 28 de septiembre, “Día de Lucha por la Despenalización y Legalización del Aborto” es una fecha clave en el calendario de la lucha y la organización de las mujeres y feministas en todos los espacios y sin fronteras. Una propuesta de activistas de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, El Salvador, Guatemala, México, Nicaragua, Paraguay, Perú y Uruguay; un hito que luego se extendió por redes internacionales y locales en numerosos países de Europa, África, Asia y Norteamérica y que se transformó en bandera para las que luchan por este derecho en colectivas feministas; organizaciones políticas, estudiantiles, sindicales, populares; y organismos de Derechos Humanos. Una fecha de profundas raíces en el reclamo de libertad de nuestros cuerpos territorios, ya que fue adoptada en conmemoración del 28 de septiembre de 1871, día en que se promulgó en Brasil la “Ley de Libertad de Vientres” por la que se devolvió esa condición a hijos e hijas de mujeres esclavas.

El #28Septiembre, #UnGritoGlobal, será una manifestación para dar a conocer las diferentes situaciones de vulneración del derecho a la salud reproductiva y no reproductiva, a la educación sexual integral y a la violencia machista y de las instituciones a las que se ven sometidas a diario mujeres, lesbianas, travestis y trans. Será una fecha para señalar la grave problemática de salud pública, derechos humanos, justicia social y equidad de género que entraña el aborto inseguro e ilegal; repudiar la criminalización y revictimización exigiendo #NiMuertasNiPresas por abortar; y visibilizar la demanda política de reconocimiento a la soberanía sobre nuestros cuerpos y el derecho a decidir sí y cuándo parir. Una ocasión más para elevar nuestras propuestas para la despenalización y legalización de un derecho que ya es nuestro, ¡exigimos aborto legal, seguro y gratuito en toda América Latina y el Caribe!

Por eso, como acciones concretas de comunicación que nos den visibilidad simultánea, regional e internacional (nos) proponemos llevar adelante:

  1. a) un tuitazo el 28 de septiembre con las etiquetas #28Septiembre #UnGritoGlobal + la denuncia o demanda que cada país o regional o grupo considere. Para Argentina proponemos realizarlo de 20:00 a 21:30, en México a las 19:00. Cada país verificará el horario del tuitazo en función de sus usos horarios.
  2. b) la visibilidad de las marchas, acciones o actividades a nivel regional e internacional.Para eso es necesario que cada país comparta la información sobre qué se realizará, para intentar como cada año, lograr la mayor repercusión en los medios de comunicación y en las redes sociales;
  3. c) el envío posterior de crónicas, fotos, videos, etc. de las ciudades para el registro de esta jornada que pretendemos sea histórica.

Si bien la transición de la coordinación de la Campaña 28 de Septiembre es un hecho en proceso, nos faltan cuestiones técnicas y actualizar direcciones. Por eso, solicitamos a todas las que reciban esta sencilla convocatoria que nos hagan llegar los tópicos de cada país y los datos de las organizaciones que desean mantener viva esta Campaña que lleva 27 años de existencia reclamando un derecho indiscutible de todas las mujeres a articampa2017@gmail.com Próximamente definiremos día y lugar de reunión en ocasión del EFLAC en Montevideo para que se realice el traspaso formal a las feministas argentinas que asumimos este desafío.

Educación sexual para decidir

Anticonceptivos para no abortar

#AbortoLegal para no Morir

#NiMuertasNiPresas, ¡vivas y libres nos queremos!

28 y 29 de septiembre de 2017 

#UnGritoGlobal por el #AbortoLegal

Campaña 28 de Septiembre para América Latina y el Caribe

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#UnGritoGlobal por el #AbortoLegal

La Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito en Argentina, coordinación regional de la Campaña 28 de Septiembre para América Latina y el Caribe, convocamos a todas las activistas, redes y organizaciones en lucha por el derecho al aborto a unirse y organizar entre todxs

#UnGritoGlobal por el #AbortoLegal

La Campaña 28 de Septiembre se propone exigir las condiciones para lograr el acceso al aborto seguro y los cambios jurídicos que contribuyan a que las mujeres aspiren a plenos derechos en cada uno de los países de América Latina y el Caribe. Está integrada por movimientos de mujeres, feministas y de la diversidad organizadxs de 21 países y por al menos 7 redes regionales. En cada uno de los países realiza acciones de sensibilización, acceso a la información y a políticas públicas.

Realizaremos una Conferencia de Prensa el jueves 28 de septiembre a las 11:00 en la Sala 3 Piso 2 del Anexo de la Cámara de Diputados, donde invitamos especialmente a todos los legisladores que apoyan el Proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, junto a organizaciones de derechos humanos y activistas de la Campaña para sumarnos al #GritoGlobal por el #AbortoLegal.

Convocamos a un tuitazo el 28 de septiembre con las etiquetas #28Septiembre #UnGritoGlobal por el #AbortoLegal de 20 a 21.30.

El 29 de Septiembre convocamos a la Marcha Federal donde participaran activistas de todo el país que concentra en Plaza de Mayo a las 15:00 y Marcha hacia el Congreso Nacional a las 17:00, para dar a conocer el grave problema de salud pública, derechos humanos, justicia social y equidad de género que entraña el aborto inseguro e ilegal; la violencia de género a las que se ven sometidas las mujeres, lesbianas y trans; las diferentes situaciones de vulneración del derecho a la salud reproductiva y reclamar:

Debate y aprobación del Proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) presentado por sexta vez en el Congreso de la Nación por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito

Educación sexual para decidir

Anticonceptivos para no abortar

Aborto Legal para no Morir

#NiMuertasNiPresas ¡Vivas y libres nos queremos!

28 y 29 de septiembre de 2017 

#UnGritoGlobal por el #AbortoLegal

 

www.abortolegal.com.ar

TW: @CampAbortoLegal

FB: Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito

Correo: articampa2017@gmail.com

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Comisión de articulación 2017

(personas a las que contactar por notas y entrevistas)

 

Analía Bruno (Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir) Cel. 1162143319

Cristina Ercoli (La Pampa) Cel. 2954614638

Fernanda Fernández (Tucumán) Cel. 3816313165

Julia Martino (Comisión Parlamentaria) Cel. 1140941611

Laura Salomé Canteros (Comunicación) Cel. +50378609896

Lucía Alonso (Regional Sur GBA) Cel. 1164013366

Marta Alanis (Católicas por el derecho a Decidir) Cel. 1158967598

María Alicia Gutiérrez (CABA) Cel. 1150432420

María Elena Alé (Socorristas en Red – feministas que abortamos) Cel. 3434065584

María Julia Constant (La Plata) Cel. 2214191055

Mónica Menini (Salta) Cel. 3876125668

Nahuel Torcisi (CABA) Cel. 1131282086

Silvia Guidobaldi (Rosario) Cel. 3413201304

Yamila Picasso (Norte GBA) Cel. 1131747822

[NotaDePrensa] Campaña Internacional por el derecho de las mujeres al aborto seguro

Un llamamiento a todos los líderes mundiales – Nacionales e Internacionales
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¡Defiendan y apoyen el aborto seguro! – ¡Hagan una declaración pública! – ¡Trabajen con nosotros/as!

Desde 1990, el movimiento de mujeres ha celebrado con una sola voz a nivel mundial el 28 de septiembre como el Día de Acción por el Derecho al Aborto Seguro.

Este año, en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), estamos haciendo un llamamiento a las Naciones Unidas, sus agencias y organismos de derechos humanos, así como a todos los líderes nacionales -tanto gubernamentales como no gubernamentales- para que defiendan el aborto seguro para todas las niñas y las mujeres que se enfrentan a un embarazo no deseado. #NoDejarANingunaAtrás #LeavingNoOneBehind

DECIMOS ALTO Y CLARO: El acceso universal al aborto seguro es una parte integral de la planificación familiar y la salud y los derechos reproductivos. Es fundamental promover, proteger y hacer realidad el derecho a la vida y la salud de las niñas y las mujeres. Y también es una cuestión clave para la reducción de la mortalidad y la morbilidad materna, junto con el embarazo seguro y el cuidado pre y post parto. Si apoyas los ODS, este es el verdadero significado de #NoDejarANigunaAtrás cuando se trata de apoyar a las niñas y las mujeres.

¿Qué es lo que pueden hacer?:

  1. Proponer eliminar el aborto como delito en las leyes penales de sus países e instalar los servicios de aborto seguro en el siglo XXI.
  2. Condenar las barreras al aborto seguro, como amenaza para la vida de niñas y mujeres.
  3. Hacer una declaración pública junto con otros líderes/lideresas.
  4. Hablar/ escribir a la prensa y los medios de comunicación. Convencer de la necesidad de hablar sobre aborto seguro en las noticias.
  5. Unirse a ONG nacionales, regionales e internacionales en nuestras actividades para el 28 de septiembre.

Envíennos información de sus actividades. Se la contaremos a todo el mundo:
info@safeabortionwomensright.org
Consorcio Latinoamericano Contra el Aborto Inseguro – CLACAI: mariajose@promdsr.org

Compartan esta nota de prensa. Envíenla a sus líderes nacionales.
Un llamamiento para #NoDejarANingunaAtrás #LeavingNoOneBehind

Condena de 30 años de cárcel a salvadoreña por aborto genera indignación

La condena de una joven salvadoreña a 30 años de cárcel, acusada de homicidio por aborto tras quedar embarazada por una violación, fue calificada este viernes de injusta por un colectivo feminista que apelará el fallo.
“La condena es injusta y la vamos a apelar. Este caso pone en evidencia el prejuicio que existe y con el que actúa el sistema judicial”, declaró a la AFP Morena Herrera, de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto Terapéutico, Ético, y Eugenésico (ACDATEE), haciendo referencia al fallo emitido el miércoles.
Evelyn Hernández, una estudiante que ahora tiene 19 años, quedó embarazada producto de una violación que no denunció porque fue amenazada con que matarían a su madre.
La joven fue condenada el miércoles “sin ninguna prueba directa” y sin que el tribunal tomara en cuenta el informe de los peritos de la Fiscalía, según Herrera.
“La han condenado solo con indicios y esto significa que no han aplicado el debido proceso. Un proceso justo hace que donde hay duda razonable, esa duda debe estar a favor de la persona imputada, pero la jueza dijo que se trataba de un crimen familiar”, deploró la dirigente de ACDATEE.
El Tribunal de Sentencia de la localidad de Cojutepeque condenó a Hernández por el supuesto homicidio de su hijo recién nacido, ocurrido el 6 de abril del 2016 en una comunidad rural del municipio de El Carmen, en el departamento central de Cuscatlán.
Evelyn parió en el baño artesanal de su vivienda un bebe de ocho meses y fue trasladada al hospital de Cojutepeque, donde los médicos se dieron cuenta que había tenido un parto y dieron aviso a las autoridades.
La Policía, según el parte judicial, se presentó a la vivienda y localizaron el cuerpo, a quien se le practicó una autopsia que determinó que tenía 32 semanas de gestación y que murió por “neumonía espirativa”.
La defensa de Evelyn manifestó que ella había tenido un embarazo asintomático y que el bebé nació muerto.
La abogada defensora, Bertha Deleón, cuestionó el proceso alegando que se contaminó la escena cuando la policía retiró el cuerpo del bebé.
El Salvador figura como una de las pocas naciones en el mundo que castiga hasta con 40 años de cárcel a mujeres que aborten, incluso cuando lo hacen por complicaciones en sus embarazos.
El caso de Evelyn se suma al de otras 17 mujeres que están encarceladas en El Salvador purgando penas de hasta 30 años de cárcel por abortos que en muchos casos fueron espontáneos pero que fueron tipificados como homicidio agravado.
La severidad de la legislación salvadoreña trascendió al mundo en 2013 con el caso de Beatriz, una joven de 22 años que padecía de lupus y a la que se le impidió abortar un feto que se desarrolló sin cerebro y sin posibilidad de sobrevivir al nacer.
El 3 de junio del 2013, tras la intervención de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Estado de El Salvador autorizó que a Beatriz se le practicara una cesárea temprana y el recién nacido murió horas después.
Desde octubre del 2016 el Congreso de El Salvador estudia una propuesta para despenalizar el aborto , pero el debate se ha estancado por la oposición de los partidos de derecha.
Información tomada de nacion.com
Source: Julio 2017

Las cruzadas a favor del aborto seguro en América Latina

 

El evento era privado y tuvo lugar en una casa en el barrio Teusaquillo de Bogotá. De la cita solo era posible enterarse por el voz a voz o por una invitación en Facebook. Llegué a las 5:00 de la tarde, una hora antes del arranque, y me encontré con Anais Córdova, una ecuatoriana de 27 años que dirigía el evento: un taller para abortar en casa.
Córdova forma parte de Salud Mujeres, un colectivo ecuatoriano que desde el 2008 atiende una línea telefónica de información para abortos caseros, una práctica que la ley no permite en Ecuador. Ni en Colombia.
En los cinco años que lleva en la línea, solo uno de los cientos de abortos que Córdova ha acompañado terminó en una hemorragia. Me dijo que no fue grave: la mujer llegó al hospital y la atendieron sin problema. Los demás, según ella, han sido exitosos. Y esto, dice, tiene que ver con el misoprostol, un método que ella apoda como “la pastilla que salva vidas”.
De las 34 naciones y territorios de América Latina y el Caribe, solo siete países y una ciudad, Ciudad de México, han legalizado el aborto. Se trata de Cuba, Puerto Rico, San Vicente y las Granadinas, Guyana, Barbados, Belice y Uruguay. En el extremo opuesto, otros siete países prohíben la interrupción voluntaria: Haití, Honduras, Nicaragua, El Salvador, República Dominicana, Surinam y Chile (aunque el Congreso chileno actualmente evalúa un proyecto de ley para cambiar la situación). Las veinte naciones restantes están en el medio: Venezuela y Guatemala permiten el aborto cuando la vida de la mujer está en peligro; Argentina y Bolivia, también cuando ha habido una violación; en Panamá, también, si hay una malformación del feto; y otros, como Colombia, tienen en cuenta la salud mental de la mujer.
Según el Guttmacher Institute, solo el 3% de las mujeres de América Latina y el Caribe, entre los 15 y los 44 años, vive en los siete países donde el aborto es legal. Pero con o sin permiso, las mujeres abortan en todo el continente. La Organización Mundial de la Salud (OMS) sostiene que la probabilidad de que una mujer con un embarazo no deseado aborte es casi la misma en donde es legal hacerlo que donde es ilegal.
En el 2016, un estudio de la revista The Lancet sobre abortos entre 1990 y el 2014 en 184 países concluyó que las leyes restrictivas no reducen las interrupciones del embarazo y, por el contrario, las hacen inseguras. Según el Guttmacher Institute, de los 56 millones de abortos anuales en el mundo, cerca de la mitad son inseguros y el 98% de ellos se da en países en vías de desarrollo con leyes restrictivas. Durante el 2008 se realizaron 4,4 millones de abortos en América Latina, 95% inseguros.
La cruzada de activistas como Anais Córdova surge de estas cifras y de la necesidad de salvar vidas.
En el 2008, un grupo de médicas holandesas llegó a Quito para crear una línea telefónica de aborto seguro atendida por mujeres. Eran Women on Waves, una organización nacida en 1999 para practicar, a bordo de un barco, abortos a ciudadanas de países donde la práctica era prohibida. La idea de interrumpir embarazos en aguas internacionales, lejos de jurisdicciones restrictivas, fue de Rebecca Gomperts, una médica antes vinculada con Médicos Sin Fronteras y Greenpeace, que un día decidió actuar contra los estragos de la prohibición del aborto.
En el 2001, Gomperts y otras mujeres hicieron expediciones por Irlanda, Polonia, Portugal y España, primero en un barco de apenas 40 metros de largo, pero luego en uno más grande, equipado con un container que servía de clínica. Por teléfono, Gomperts me contó que la travesía fue una respuesta a las medidas desesperadas de mujeres que interrumpían sus embarazos no deseados con hierbas, masajes o agujas de tejer introducidas por la vagina.
Gomperts había imaginado una solución mediante abortos quirúrgicos, pero el procedimiento terminó siendo más sencillo gracias a dos medicamentos: el misoprostol, que induce el aborto mediante contracciones en el vientre, y la mifepristona, que interrumpe la producción de progesterona. Combinadas, ambas pastillas, reconocidas por la OMS desde el 2005, garantizan el aborto de manera segura. Sin embargo, en muchos países no está disponible la mifepristona, por lo que grupos como Salud Mujeres asesoran las interrupciones solo con el uso de misoprostol. Según Anais Córdova, la práctica puede realizarse sin traumas si el misoprostol se usa de forma adecuada: la mujer se introduce doce pastillas de 200 miligramos en la vagina o se las pone bajo la lengua; puede haber náuseas, vómito, diarrea o cólicos, y luego arranca la hemorragia. Superada la parte más incómoda, el final es cuestión de controlar el flujo de sangre con toallas higiénicas por unos días más.
Women on Waves suministraba pastillas a quienes habían contactado a la organización por correo electrónico y llegaban al barco en pequeños botes. Pero pronto, ante la alta demanda, la expedición se quedó corta y debió recurrir al teléfono para asesorar. En el 2006, Gomperts y sus colegas crearon la plataforma digital Women on Web, que recibe cerca de 10.000 correos al mes.
En Ecuador, como en muchos de los países a los que fue Women on Waves, quienes quieren abortar chocan contra la criminalización y la persecución. Allí, el aborto es permitido en dos situaciones: cuando la salud de la mujer está en peligro y cuando el embarazo es producto de una violación a una mujer con discapacidad mental. Cualquier otra mujer puede enfrentar una pena de cárcel de entre seis meses y dos años, y no parece haber voluntad política de cambio.
A pesar de esto, las ecuatorianas abortan. Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, cada año hay unos 40.000 abortos. Y según organizaciones independientes, el subregistro podría disparar la cifra a 95.000 anuales.
Así, la línea de Salud Mujeres se ha vuelto tal vez la instancia más confiable para las mujeres que quieren interrumpir su embarazo en Ecuador. Según Córdova, el aborto con pastillas es un procedimiento sencillo y no tan invasivo como la aspiración o el raspado. Las mujeres conocen el lugar, el día y quién está con ellas mientras lo hacen. “La apuesta con el misoprostol es anarquista porque decides sobre tu cuerpo”, me dijo. Para ella, esto es una cuestión no solo sanitaria sino también política.
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En El Salvador la situación es más dramática. Un caso emblemático es el de la señora B, una mujer de 22 años que en el 2013 se enteró de que el feto en su vientre no podía sobrevivir debido a una malformación ocasionada por una enfermedad que también ponía en riesgo su vida. Los médicos recomendaron interrumpir el embarazo, pero el Estado se opuso. Solo una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos le salvó la vida.El Salvador es tal vez el territorio más hostil de América Latina para las mujeres que abortan. Según Alberto Romero, de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, la situación es similar en “países como Nicaragua, Honduras e incluso Chile”. “Pero El Salvador es el único donde hay una persecución activa”, me dijo.
Desde 1998, la Fiscalía obliga al personal médico a denunciar a una mujer bajo sospecha de haber provocado su aborto. Por su parte, una mujer que aborta puede terminar entre dos y ocho años en la cárcel. Quien no las denuncie puede ser acusado de encubrimiento y pagar hasta cinco años de prisión.
La Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto ayuda a las salvadoreñas encarceladas por haber abortado. Aunque ha logrado la liberación de quince, treinta siguen tras las rejas, con penas de hasta treinta años. “Aquí no existe una iniciativa pública, como una línea telefónica”, me dijo Romero. Córdova, sin embargo, sostiene que en El Salvador sí hay un grupo similar a Salud Mujeres, pero clandestino.
El Salvador también refleja una problemática de toda la región: el aborto clandestino es un asunto sobre todo de mujeres pobres. El Guttmacher Institute, la OMS y otras organizaciones sostienen que quienes enfrentan un riesgo más alto de morir por un procedimiento inseguro, por una complicación o una enfermedad prevenible mediante una interrupción oportuna del embarazo son precisamente las mujeres más pobres de los países con políticas más restrictivas.
En El Salvador, según me contó Romero, el riesgo de muerte por abortos clandestinos e inseguros ha disminuido en gran parte debido al uso del misoprostol, a pesar de que el acceso sea todavía difícil y costoso. Las mujeres han dejado de acudir a agujas, ganchos o palos para inducirlo.
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Al otro extremo de El Salvador está Uruguay, uno de los siete países de la región que permiten el aborto. Desde que este es legal, las tasas de muerte por la práctica se han desplomado hasta el punto de que entre el 2008 y el 2012 no se registró ningún caso.
El “modelo uruguayo”, ya replicado en Argentina, le permite al personal médico asesorar a las mujeres sobre los métodos con los que pueden abortar: típicamente, el misoprostol. El médico mantiene la confidencialidad, la mujer aborta fuera del hospital y vuelve para saber si todo ha salido bien. En el 2012, una ley amplió el alcance del modelo: solo es necesaria la voluntad de la mujer para interrumpir un embarazo de hasta tres meses.
“Hay una relación entre legalidad y mortalidad. Cuando el aborto se realiza en la ilegalidad, el riesgo de muerte aumenta”, me dijo Leticia Rieppi, una ginecóloga que estuvo a cargo de la línea de salud sexual y reproductiva del Ministerio de Salud de Uruguay, cuando la ley fue aprobada.
En Colombia, la situación es intermedia. La ley permite el aborto en tres casos: por riesgo a la salud, por una violación o por malformación del feto. El misoprostol está disponible y la mifepristona fue aprobada en marzo de este año. Pero Colombia muestra que una ley permisiva no garantiza que la vía al procedimiento sea sencilla. Las organizaciones critican la forma en que la comunidad médica y la justicia del país interpretan el concepto ‘salud’ en caso de aborto. Según la OMS, basta que una mujer que considere que su embarazo afecta su bienestar físico, mental o social para interrumpirlo. En los consultorios médicos colombianos, sin embargo, en demasiados casos, la definición suele relativizarse en detrimento de la mujer.
El debate sobre el aborto en América Latina no se agota en cuestiones legales. También vive en la cultura. Incluso, en naciones como Uruguay y Puerto Rico, ejemplares por sus regulaciones liberales, hay sectores que lo tratan como un asunto ideológico, moral o religioso. En muchos casos, bajo la premisa de que una sociedad debe salvaguardar la vida humana que, según esos sectores, comienza con la concepción.
“Lo que buscamos es que se respete la vida desde el momento de la fecundación hasta la muerte natural”, me dijo Jesús Magaña, de la Plataforma Unidos por la Vida, que articula grupos opositores del aborto en Colombia. Según él, cuando la vida de la mujer corre riesgo, debe buscarse la seguridad y la protección de ella y del feto, algo que él considera más fácil gracias a los avances de la medicina.
Magaña dice que la importancia de continuar el embarazo surge de una forma de entender la sexualidad en un contexto de amor basado en ideales de familia, según los cuales un embarazo no es un accidente sino una “bendición”.
“Estas opiniones abundan en la región y han ganado terreno en los sectores políticos y en las instituciones del Estado”, dice Catalina Martínez, directora regional del Centro para los Derechos Reproductivos, una organización estadounidense que impulsa cambios legislativos. Según ella, cada vez es más común encontrar representantes de una línea conservadora o religiosa en escenarios de toma de decisiones, incluso en las sesiones de la Organización de Estados Americanos (OEA).
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El taller en Teusaquillo concluyó a las 9 de la noche. Córdova terminó contándonos los detalles de un aborto que acompañó y que culminó en celebración. No era la primera vez que sucedía. Los festejos, según ella, son comunes después de un aborto. A veces las mujeres incluso terminaban interesadas en trabajar en la línea de Salud Mujeres. “En realidad estamos celebrando la vida”, dijo Córdova. Para ella, lo más común es que las mujeres, después de un aborto, queden con la sensación de haber hecho lo correcto.
Información tomada de http://cromos.elespectador.com
Source: Julio 2017