Pronunciamiento VI Conferencia CLACAI Quito 2018

,

Organizaciones defensoras de derechos de las mujeres llaman la atención sobre violación a los derechos humanos y amenazas a la democracia en América Latina y el Caribe

Nosotras, reunidas en la VI Conferencia Regional de CLACAI, en Quito-Ecuador, vemos con gran preocupación las violaciones a los derechos humanos y amenazas a la democracia que viven países de la región.

En relación con Brasil llama nuestra atención lo que, desde afuera, logramos observar sobre el proceso electoral brasileño imbricado en un contexto marcado por una profunda polarización y el despliegue deliberado del miedo. Dentro del temor vemos resurgir proyectos que se posicionan negando la existencia de un pasado autoritario en Brasil y en la región de América Latina. Durante el actual proceso han proliferado apelaciones directas al autoritarismo y a la violencia en manos del Estado, los fake-news, las declaraciones xenofóbicas, misóginas y homofóbicas que refutan de manera ineludible el principio de protección de minorías, el respeto a la pluralidad y el derecho a divergir.

Las fuerzas dominantes en el proceso electoral no lamentan el hecho de que las fuerzas del Estado en el pasado han matado disidentes y proponen abiertamente la ejecución de quien desobedezca la ley o represente oposición política. Aún más grave parece ser que desde la primera ronda electoral en el país, han ocurrido más de cien episodios de violencia política, habiendo ya, al menos tres víctimas fatales a manos de esta violencia inédita, un hombre negro de Bahía y dos mujeres travesti asesinada en São Paulo. La democracia brasileña está claramente en jaque.

Nuestras organizaciones y el trabajo que realizamos se dirigen a asegurar el acceso de los derechos humanos, específicamente aquellos de las mujeres en América Latina, por lo tanto tenemos un compromiso con la democracia, la libertad, la igualdad social, étnico racial y de género, así como el respeto por la diversidad sexual. Consideramos que el pleno ejercicio de los derechos políticos, como lo es un proceso electoral, requiere un clima de transparencia, seguridad y tolerancia.

Para asegurar estas condiciones instamos a las autoridades nacionales a que garanticen la integridad del proceso electoral, así como responsabilizar a las autoridades partidarias que instiguen a la violencia. Solicitamos al sistema internacional de Derechos Humanos que presten la atención debida al proceso electoral brasileño y que colabore de manera activa con la preservación de la democracia brasileña como pilar de la democracia latinoamericana. En particular solicitamos a la comisión externa de observación del proceso electoral creada por la OEA, que ya ha estado en Brasil en la primera vuelta del ciclo electoral, que en su próxima visita para la segunda vuelta (ballotage) verifique no solo las condiciones institucionales –como la seguridad de las urnas electrónicas – pero, sobre todo, el clima más amplio de violencia política que está caracterizando el proceso electoral en su conjunto.

Así mismo, nos preocupa como la región de Latinoamérica se está enfrentando a retrocesos en Derechos Humanos y a luchas por rescatar la democracia. Nos parece grave la situación de Nicaragua y Venezuela, en donde, adicional a la lucha por resistir la persecución estatal, las amenazas y la estigmatización a las organizaciones defensoras de derechos humanos de las mujeres, se le agrega la emergencia humanitaria de este último.

A las compañeras venezolanas, como ciudadanas, cada día se les dificulta más la vida por la  emergencia humanitaria que traviesa su país. La absoluta escasez de medicamentos y, particularmente, de todas las alternativas de métodos anticonceptivos para evitar los embarazos no deseados, ha aumentado el embarazo adolescente y la mortalidad materna. Aunado a la crisis del sistema nacional de salud por falta de laboratorios, insumos médicos, materiales y servicios básicas de agua, luz y la ausencia de mantenimiento sanitario, se ha producido una crisis de migrantes y personas refugiadas -diáspora- que ha ameritado una respuesta de solidaridad internacional.

Quito, 19 de octubre de 2018.

Se adhieren:

Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, El Salvador
Aldea Comunidades, Perú
APROPO, Perú
Asociación AMAR-C, Perú
Asociación Ciudadana ACCEDER, Costa Rica
Asociación Venezolana para una Educación Sexual Alternativa – AVESA.
Associação Interdisciplinar de Aids- Observatório de Sexualidad y política, Brasil
Balance Promoción para el Desarrollo y Juventud A.C., México
Católicas pelo Direito à Decidir, Brasil
Católicas por el Derecho a Decidir, Colombia
Católicas por el Derecho a Decidir, México
Católicas por el Derecho a Decidir, Perú
Católicas por el Derecho a Decidir, Argentina
Centro de Derechos de Mujeres, Honduras
Centro de Estudios de la Mujer, Honduras
Centro de Promoción en Salud y Asistencia Familiar (CEPROSAF), Honduras.
Centro Hispanoamericano para la mujer FREYA – Venezuela
Colectiva Feminista por el Desarrollo Local. El Salvador
Colectiva Mujer y Salud, República Dominicana
Colectiva por el Derecho a Decidir, Costa Rica
Colectiva Salud Mujeres, Ecuador.
Colectivo Rebeldía, Bolivia
Equidad de Género, Ciudadanía, Trabajo y Familia, México
Federación Internacional de Planificación Familiar / Región Hemisferio Occidental
Fundación Desafío, Ecuador
Fundación Salud Amazónica, Ecuador
Fundación Mexicana para la Planeación Familiar (MEXFAM), México
FUSA AC, Argentina
Grupo Curumim, Brasil
Instituto Peruano de Paternidad Responsable, Perú
International Women‘s Health Coalition
La Asociación Civil Mujeres en Línea, Venezuela.
La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, Colombia
Luna Creciente, Ecuador
Mesa de Acción por el Aborto en Chile
Movimiento Juventud Contracorriente, Ecuador
Movimiento por una Cultura Laica, El Salvador
Mujeres Contigo, Chile
Núcleo de Apoyo a la Mujer, República .Dominicana
Observatorio de Equidad de Género en Salud, Chile
Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, México
Plataforma Derechos Aquí y Ahora, Honduras
Profamilia, Colombia
Promsex, Perú
Red de Latinoamérica y el Caribe de Católicas por el Derecho a Decidir
Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir, Argentina
Red de Salud de las Mujeres de América Latina y el Caribe (RSMLAC)
Servicios para un desarrollo alternativo de sur SENDAS, Ecuador
Socorristas en Red (feministas que abortamos) Argentina
Taller de Comunicación Mujer, Ecuador
Women´s Link Worldwide

Autorizan aborto para una niña de 11 años que fue violada en Argentina

(CNN Español) – El Ministerio Público Fiscal de Argentina autorizó el aborto de una niña que las autoridades dicen que fue violada en la provincia Córdoba, según confirmó dicha institución a CNN en Español.

La niña tiene 11 años es residente de la localidad de Villa Dolores, a unos 200 kilómetros al sur de la capital de la provincia. Quedó embarazada tras ser presuntamente violada por una persona que, de acuerdo con el Ministerio Público, “era cercana a su entorno”.

Esta persona ya fue detenida, está imputada por abuso agravado por acceso carnal y se encuentra en la cárcel mientras espera el proceso de instrucción. CNN en Español trató de averiguar si había admitido o no los cargos, pero el caso se encuentra bajo secreto de sumario, por lo que no pudieron dar esta información.

Fue la madre la que solicitó permiso para que la niña abortara. La petición la hizo inicialmente en la Fiscalía de la localidad, pero ésta no es la que puede otorgarlo, por lo que transfirió el caso al Ministerio Público Fiscal, quien aprobó el aborto.

El fiscal pidió que, una vez realizada la cirugía, se guarde parte del material biológico “para que sirva como prueba para confirmar la autoría”, explicó el Ministerio Público.

El caso se ha gestionado como un tema nacional ya que, tal y como explicó el Ministerio Público, la provincia no permite el aborto ni siquiera en caso de violación, como sí estipulan las leyes del país. Por ello, la operación será efectuada en Maternidad Nacional, en Córdoba capital, el único hospital nacional de la provincia y, por lo tanto, el único en el que se pueden practicar abortos, indicaron tanto el Gobierno de la provincia como el Ministerio Público.

Los detalles del caso, como cuándo sucedieron los hechos o de cuánto estaba embaraza la menor, permanecen bajo secreto, así como su identidad, para proteger a la niña. “Nuestra obligación es mantener en secreto esta información ya que involucra a una menor”, señaló el Ministerio Público.

Información tomada de https://cnnespanol.cnn.com

Más de 4.200 personas fueron denunciadas por aborto en México en una década

En los últimos tres años hubo 228 sentencias condenatorias por interrumpir el embarazo y, en los últimos cinco, 19 mujeres ingresaron en prisión.

El aborto en México no solo está penalizado: también es un delito altamente perseguido. Para GIRE, uno de los grupos de presión más activos en defensa de la interrupción legal del embarazo en el país norteamericano, “la criminalización tiene consecuencias como el precario o nulo acceso a causales legales de aborto y la denuncia de mujeres con emergencias obstétricas”, ha señalado en un informe presentado este jueves. Precisamente, la mayor parte de las denuncias por aborto en México proviene de los mismos prestadores de servicios de salud. En los 10 últimos años, según las cifras de la organización, un total de 4.246 personas (hombres y mujeres) fueron denunciadas por interrupción de embarazos, lo que en promedio significa más de una acusación al día.

“Nunca había visto el vínculo tan claro, como se ve en este estudio, entre la inclusión de un delito en el código penal y el comportamiento de los profesionales de la salud”, reconoce Ana Laura Magaloni, profesora de derecho del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), durante la presentación del documento, en un aula abarrotada de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). “El impacto es enorme: los profesionales de la salud consideran que están cometiendo un delito y las mujeres que entran a los hospitales con alguna emergencia obstétrica se encuentran en un peligro mayor”, explica. “Los prestadores de salud no conocen la normativa o, aun cuando la conocen, quieren castigarlas”, remacha la directora de GIRE, Regina Tamés.

Solo uno de las 32 entidades que componen la República mexicana permite el aborto libre hasta la duodécima semana de gestación: la Ciudad de México, con una regulación que se remonta a más de una década atrás. Las diferencias con el resto de Estados son abismales. La única causa de interrupción legal del embarazo en todo el país es la violación: 24 Estados recogen como causa el riesgo de muerte para la madre; 16, alteraciones genéticas graves; otros 15 contemplan el riesgo a la salud y la inseminación artificial no consentida; y solo dos aceptan razones socioeconómicas. “Esto genera una gran desigualdad entre las mexicanas”, apunta el director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Pedro Salazar.

Anahí vive en Baja California (norte) y hace 10 años sufrió un aborto tras una caída accidental. Entonces tenía 21 años y ni ella, ni su pareja, ni su familia sabían que estaba embarazada, según recoge el testimonio. En la caída se golpeó la nuca y perdió el conocimiento. Al despertarse vio que su ropa estaba manchada de sangre. Su cuñada encontró el feto en el suelo. Al llevarla al hospital, sin recibir la atención médica necesaria, fue acusada de homicidio doloso en grado de parentesco. En 2102 fue condenada a 20 años de prisión. Cuatro años más tarde, ante la falta de pruebas por este delito, la joven consiguió la absolución. El de Anahí es solo uno de los casos que recoge el estudio, titulado Castigo o maternidad, que da cabida tanto a relatos de mujeres que han sido acompañados por abogados del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) como a otros documentados por terceras organizaciones.

Las situaciones recopiladas van desde violaciones, como el caso de Guadalupe, en Querétaro (centro), que decidió no denunciar el ataque y tomó al día siguiente una píldora anticonceptiva de emergencia. A pesar de la medida de precaución, se quedó embarazada. Una madrugada sintió un fuerte dolor abdominal y su padre la llevó al hospital: allí, ante el aborto involuntario que estaba sufriendo, fue víctima de acusaciones y gritos por parte del personal médico, que se encargó de dar parte a la fiscalía. Un mes después fue llamada a declarar. Ante la falta de pruebas se archivó definitivamente la causa. En Michoacán (centro), Gabriela acudió a abortar legalmente a Ciudad de México por voluntad propia. Al descubrir el hecho, su pareja le denunció. Tras presentar el comprobante de que la interrupción se hizo en la capital mexicana, la dejaron en libertad.

El número de denuncias recopiladas en el informe, así como las cifras sobre investigaciones abiertas, sentencias e ingresos en prisión, corresponde a hombres y mujeres. Si bien de algunos Estados recibieron la información desagregada por sexos, muchos de ellos no tenían sistematizada esta variable. Desde enero de 2015 hasta abril de 2018, hubo 1.666 investigaciones abiertas por aborto; 228 personas fueron sentenciadas por este motivo y 53 (19 mujeres) ingresaron en prisión definitiva. En algunos casos, las mujeres son acusadas de delitos como infanticidio y homicidio en razón de parentesco. Las sentencias condenatorias que no acaban en prisión pasan de multas a trabajos para la comunidad o “tratamientos médicos integrales”. El informe destaca también que la criminalización por aborto afecta sobre todo a las mujeres en situación de vulnerabilidad, que provienen de comunidades marginadas, de contextos de violencia, con falta de acceso a la información y de servicios de salud reproductiva.

Por todo ello, GIRE, con más de un cuarto de siglo de experiencia a sus espaldas, reclama a los parlamentos estatales la despenalización del aborto “durante el primer trimestre de la gestación”. En su apoyo, la profesora Magaloni incidió en que “hay 19 congresos estatales donde Morena tiene mayoría, yo sí creo que podría ser una circunstancia idónea para cambiar las legislaciones”. No obstante, el presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, no es un ferviente defensor de este derecho: lo único que llegó a admitir en campaña es que lo sometería a consulta popular.

Tomado de https://elpais.com

Chile ejemplo de acompañamiento profesional en el parto

Por Anita Román Morra*

En mi calidad de presidenta nacional del Colegio de Matronas y Matrones de Chile, me correspondió hace unos meses conocer la realidad en México, en el marco del convenio que ha firmado MILES con organizaciones de la nación del norte, a fin de conocer la realidad de la matronería, en particular de la labor que realizan nuestras colegas, que son licenciadas en enfermería y obstetricia.

Hay diferencias, que más bien se refieren a la regulación o legislación que le otorga el reconocimiento a las licenciadas obstétricas como profesionales con competencias para hacerse cargo del proceso reproductivo, nuestro interés colaborativo en este proyecto es demostrar que el éxito de las políticas públicas de salud reproductiva en Chile está basado en el rol que le asigne el Estado chileno a la matronería y que la matrona como profesional está dentro de un equipo de salud con atribuciones mínimas necesarias en normativas legales que le confieren la responsabilidad de hacerse cargo de la normalidad de este proceso teniendo en cuenta que para ella tiene los conocimientos de los procesos de anormalidad que serán los signos que prevengan el daño, siendo también su responsabilidad avisarle al médico cuando el proceso empiece a presentar las primeras señales de anormalidad.

Este trabajo conjunto que realizan los equipos de salud reproductiva son los que le han permitido a Chile tener indicadores de país desarrollado en los procesos de partería.

Por eso es importante el resultado de este convenio, que permitirá a nuestro gremio compartir conocimientos a las colegas del hermanos país de México, de manera tal de empoderarlas en el rol activo que debe tener el acompañamiento de la madre, y pasar a tener una posición más activa.

Que un país como México ponga sus ojos en el nuestro nos enorgullece como matronas y nos permite proyectar con orgullo las estadísticas que dan cuenta de la importancia de la matronería profesional.

Tenemos las cifras más bajas de Latinoamérica en cuanto a mortalidad materna y perinatal, no sólo por los más de 180 años de historia que tenemos como profesionales en Chile, sino que además por la formación académica y desarrollo profesional que tiene como elemento fundamental la incorporación y actualización permanente de contenidos de salud sexual y reproductiva, tales como, las medidas conducente para el acompañamiento y el parto respetado.

También ha sido fundamental la implementación de políticas públicas, que han promovido un trabajo de acompañamiento más permanente a las mujeres chilenas, como el programa Chile Crece Contigo, la administración por parte de matronas y matrones de métodos anticonceptivos o el postnatal de 6 meses, entre otras iniciativas.

Con México se nos abren puertas de transferencia de conocimientos inimaginables, y estamos confiadas en que esta primera colaboración será la puerta de entrada para otras acciones de fraternidad, y de intercambio profesional y académico con las colegas de ese país.

28 de septiembre. Normalizando el aborto: es parte de nuestras vidas.

,

Este año, celebramos nuestros éxitos y movimientos, como los ocurridos en Chile, en El Salvador, en Macedonia, en la República Democrática del Congo, en Chipre, en Canadá, en el Reino Unido, en México, en Irlanda, en Jamaica, en Argentina, en Polonia, en la Isla de Man, en Costa de Marfil, en Brasil, en Indonesia, en Corea del Sur, en Australia, en la República Dominicana, y en Bolivia. Al mismo tiempo, nos solidarizamos con aquellos países que han experimentado retrocesos, como Argentina, Marruecos, Argelia, EE. UU., Bélgica, India y Kenia, con vistas a que renueven sus energías para seguir adelante.

Este año, hacemos un llamado a los defensores/as del derecho al aborto para conmemorar a los héroes y heroínas locales, nacionales e internacionales que han apoyado el derecho de las mujeres a un aborto seguro. Hacemos un llamado a la creación de una masa crítica de apoyo entre mujeres por el derecho al aborto, como una actividad prioritaria.

Este año, invitamos a las mujeres a:

  • Compartir sus experiencias sobre el aborto.
  • Hablar sobre por qué ellas mismas u otras mujeres que conocen han abortado y
  • Explicar el cambio que ello ha supuesto en sus vidas.

Este año, invitamos a todas las mujeres a acompañar a aquellas que han abortado, para proclamar que:

  • Sabiendo que la mayoría de las mujeres que abortan son madres y que muchas otras tendrán hijos/as más tarde.
  • Todos/as tenemos el derecho a decidir si queremos tener hijos/as y cuándo queremos tenerlos, o bien no tener descendencia.

Este año, pedimos a nuestros gobiernos, parlamentarios y jueces que rechacen los proyectos de ley anti aborto y deroguen las leyes y políticas anti aborto – porque matan a las mujeres. ¡Matan a las mujeres!

Por último, hacemos un llamamiento a nuestros gobiernos, parlamentarios y jueces para que reconozcan a las mujeres como ciudadanas de pleno derecho portadoras de derechos humanos, cuyas opciones de vida merecen respeto y apoyo. Decimos alto y claro: “Despenalicen el aborto, porque todas las mujeres tienen derecho a la vida y a la salud”.

Este llamamiento puede también leerse en PDF aquí

ONU alertó sobre mal uso de objeción de conciencia

Organismos indicaron que no debe ser obstáculo para acceso de la mujer a atención en casos de aborto voluntario.

No solo en Chile algunos médicos e instituciones -sobre todo por consideraciones religiosas tradicionales- están recurriendo a la objeción de conciencia para impedir que las mujeres hagan uso de su derecho a interrupción voluntaria de embarazo. En varios otros países, como México, se está apelando a esa consideración, ante lo cual organismos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) llamaron la atención respecto a que ello no puede significar un obstáculo para ejercer un derecho, para que sean respetadas legislaturas sobre derechos sexuales y reproductivos, ni sea impedimento para una adecuada y oportuna atención de salud.

También desde la ONU se dijo que la objeción de conciencia es un acto individual y personal y no puede ser determinado por una institución, menos de carácter público.

La prensa mexicana publicó información en cuanto a que la oficina de la ONU para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de la Mujer, el Fondo de Población de las Naciones Unidas y del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, plantearon los anteriores argumentos y normativas y enfatizaron que el Estado, en cada país, debe garantizar los derechos de las mujeres, de todas las edades. Sobre todo en los casos donde las legislaciones nacionales -que es el caso de Chile- permiten el aborto o el aborto en algunas causales.

También se señala que tiene que existir la información detallada y oportuna de estas situaciones y que siempre una institución debe proporcionar a la mujer el personal idóneo para ser atendida, en estos casos, para la interrupción voluntaria del embarazo. Se insiste en que las instituciones públicas tienen obligación de proporcionar esa atención. En Chile se está dando la situación que recintos hospitalarios privados reciben financiamiento del Estado, pero se quieren negar a atender a las mujeres, argumentando objeción de conciencia. Para los organismos de la ONU, se debe contratar a personal no objetor en todas las instalaciones de salud.

Para Naciones Unidas, una prioridad es que exista una atención segura, oportuna y de calidad, entre otras cosas, garantizando los derechos humanos de las mujeres.

En tanto, en una entrevista con el medio Web, El Desconcierto, Luz Patricia Mejía, abogada especialista en derechos de las mujeres e integrante de la Comisión Interamericana de Mujeres de la OEA (Organización de Estados Americanos), dijo que “la objeción de conciencia no puede bajo ningún concepto reducir el derecho de las mujeres a su vida e integridad física. Los médicos y médicas tendrán un gran papel que cumplir aquí y garantizar que las mujeres sean atendidas”.

En la entrevista de Meritxell Freixas, Mejía expresó que “el reconocimiento del derecho a la objeción de conciencia no puede quitar otro derecho. No se puede hacer objeción de conciencia sin antes garantizar que la mujer sea atendida tal y como establece la norma. Además, tienen que quedar establecidas cuáles serán las consecuencias si esto no se cumple”.

Tomado de mileschile.cl

Embarazo infantil: un problema históricamente invisibilizado

A nivel mundial, los partos de niñas menores de 15 años ascienden a 1.100.000 por año.

UNER NOTICIAS dialogó con Milena Páramo, Coordinadora Nacional de CLADEM Argentina (Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres), quien integró un panel sobre “Embarazo infantil forzado” organizado por la Facultad de Trabajo Social de nuestra Universidad. La especialista profundizó sobre este flagelo que tiene consecuencias inmediatas y duraderas para las niñas.

-Antes que nada es importante definir CLADEM y sus objetivos…
CLADEM es el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres. Los antecedentes del surgimiento del CLADEM, se remontan a la III Conferencia Mundial de la Mujer de Naciones Unidas, en donde se observó la necesidad de articular estrategias regionales, dado que los problemas de las mujeres eran similares y, por ende, trabajando juntas podríamos potenciar la incidencia. Es así que, con el fin de unir nuestros esfuerzos para mejorar la condición y situación socio-jurídica de las mujeres de nuestra región, constituimos el CLADEM el 3 de julio de 1987 en San José de Costa Rica y en el año 1989 se procede a la constitución legal del CLADEM en Lima, Perú.

-Como tantas otras problemáticas, carecemos de estadísticas que nos informe sobre el estado de situación…
Precisamente, el Balance Regional “Niñas madres. Embarazo infantil forzado en América Latina y el Caribe”, publicado por el CLADEM en el año 2016, revela que existe un patrón de violencia que está plasmado en el ocultamiento de la información y renuencia por parte de los Estados de colocar en la agenda pública y priorizar las acciones de prevención, sanción y erradicación. Hemos visto que la mayoría de los casos de embarazos infantil aparecen como producto de violencia sexual, ejercida por integrantes de la familia (abuso sexual incestuoso), conocidos, vecinos, o extraños; a diferencia de lo que ocurre en la franja de 15 a 19 años, donde se registra una incidencia importante de embarazos debido a una iniciación sexual temprana. A partir de constatar esta flagrante violación de los derechos de las niñas que estaba ausente de las agendas nacionales, regionales e internacionales, desde CLADEM lanzamos la Campaña “Embarazo Infantil Forzado es Tortura” y, en ese contexto, venimos monitoreando a los Estados de la región en el cumplimiento de su obligación de prevenir, sancionar y erradicar esta práctica.

Situación actual: en el balance sobre Niñas Madres publicado por CLADEM en 2016, se demuestra que todos los años, decenas de miles de niñas menores de 15 años en nuestra región, se convierten en madres cuando sus cuerpos todavía no terminaron de crecer. Un año después, observamos que las cifras han tenido, en algunos países, una leve reducción. Sin embargo, el problema persiste y debe ser abordado con urgencia, desnaturalizando situaciones que muchas veces pasan desapercibidas o se aceptan como normales. El embarazo infantil forzado se da cuando una niña menor de 15 años queda embarazada sin haberlo buscado o deseado y se le niega, dificulta, demora u obstaculiza la interrupción del embarazo.

-¿Cuáles son las causas más frecuentes del embarazo forzado?
En un estudio se evidencia que la franja de edad de 10 a 14 años es la que sufre la tasa más alta de agresiones sexuales y la edad promedio en la cual las niñas y adolescentes reportaron haber sido víctimas por primera vez. Cuando el embarazo no se puede interrumpir, se produce la maternidad infantil forzada. Y en las causales estaría la falta de servicios de salud adaptados a las necesidades de las niñas, amigables y confidenciales, que utilicen protocolos específicos para atender a ese problema; la negativa de los servicios de salud a interrumpir los embarazos infantiles, concepciones idealizadas de la maternidad, que hace que muchas niñas, en determinados contextos, crean que la maternidad es un mecanismo de reconocimiento y autonomía.

-Aspectos no menores serían las consecuencias físicas, psicológicas, económicas, educativas para la niña madre…
Ciertamente. Las niñas de 14 años o menos sufren más complicaciones durante el embarazo y el parto. Como en muchos casos aún no está formado el piso pélvico, los partos son peligrosos; existen mayores riesgos de sufrir preclampsia, eclampsia, ruptura de membranas, parto prematuro y diabetes gestacional. Estas niñas tienen cuatro veces más probabilidades de morir a causa del embarazo que las mujeres de entre 20 y 30 años y 5 veces más posibilidades de tener fístula obstétrica. Además de los riesgos físicos, el embarazo infantil tiene consecuencias adversas en la salud mental, ya que en muchos casos se genera por violencia sexual.
Debemos considerar las consecuencias del abuso, de las posibles amenazas recibidas para no denunciarlo y del impacto de vivir un embarazo no deseado en la salud mental de la niña. Se han registrado síntomas de depresión, ansiedad y, en particular para las que habían sido atacadas sexualmente, de estrés post-traumático. Asimismo, un porcentaje de estas niñas han pensado en el suicidio durante el embarazo. Por otra parte, cerca de la mitad de las niñas que viven embarazos forzados abandonan la escuela. En caso de retomar, lo hacen en su mayoría en espacios de menor nivel. A su vez, una gran proporción de estas niñas tendrá trabajos informales, sin seguridad social y con bajos ingresos. Las que ingresen a trabajos en relación de dependencia, probablemente lo hagan con sueldos más bajos que el de otras jóvenes solteras o sin hijos.

-¿Cuál es la respuesta que observan desde el Estado?
Argentina cuenta desde el 2006 con la Ley 26.150 que establece la obligatoriedad del tratamiento de la educación sexual integral en todas las escuelas del país, ya sean de gestión estatal o privada, y la creación de un Programa de Educación Sexual Integral como instancia de implementación de estrategias y actividades. En cuanto a la implementación, esta es insuficiente, aunque algunas provincias, y en algunos momentos, se tuvo mejor alcance. Con el cambio de gobierno en diciembre de 2015 el panorama de la Educación Sexual Integral se presenta regresivo. Por Decreto de Necesidad de Urgencia, se cambió la estructura del Ministerio de Educación y los programas perdieron protagonismo. Resumiendo, podemos ver que en la mayoría de los países existe algún programa para impartir educación sexual. Sin embargo, en todos ellos, en mayor o menor grado, la implementación es deficiente y parcial; abarca a sólo un porcentaje de estudiantes, no cuenta con un seguimiento efectivo del Estado, no hay suficientes materiales ni capacitación docente.

Importante: desde hace dos años CLADEM está impulsando una campaña para visibilizar los embarazos infantiles forzados, denunciarlos y buscar propuestas para su disminución y erradicación. En este lapso, se han incrementado las investigaciones sobre el tema, especialmente en los organismos intergubernamentales. El problema es mundial y sirve de espejo para observar la situación de miles de niñas cuyos caminos han sido cubiertos de obstáculos. Es imprescindible organizar alianzas para promover un alerta mayor sobre este tema, y generar políticas de prevención que involucren a todas las áreas de gobierno. Deben adecuarse tanto los marcos jurídicos, como las respuestas de la justicia, del sector salud, educación y desarrollo.

-¿Y sobre el aspecto penal en la violencia sexual? 
En todos los países estudiados, las relaciones sexuales con niñas es violación. Las edades varían entre los 13 y los 16 años. La mayoría de los países considera al parentesco como un agravante en casos de violación sexual. Así sucede en Argentina, Bolivia, Colombia, El Salvador, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico y República Dominicana. En Brasil, Honduras y Uruguay el parentesco no constituye agravante para el estupro o violación. Lamentablemente, no todos los abusos se denuncian y aquellos que son denunciados, no siempre son encaminados judicialmente a través de un proceso que conduzca a una sentencia. Un número ínfimo de denuncias termina en condenas. La impunidad es altísima.

-Finalmente, ¿Qué medidas prioritarias se deberían instrumentar para ir modificando esta problemática?
Urge que los estados implementen planes, políticas y medidas sociales para la prevención de los embarazos y las maternidades infantiles forzados y la adecuada sanción de la violencia sexual que los provoca. Por otra parte, continuar con la tarea de visibilizar el problema del Embarazo Forzado Infantil, articular con otros movimientos sociales, como el de derechos humanos, derechos de la infancia, organizaciones de jóvenes y de desarrollo, para llevar adelante actividades de sensibilización. Promover la implementación de la Educación Sexual Integral en todos los niveles educativos. La educación sexual debe ser una política del Estado y debe incluirse desde los niveles iniciales, incorporando conceptos de igualdad y no discriminación.

Tomado de http://noticias.uner.edu.ar

Costa Rica: Y luego de vencer al fundamentalismo religioso, ¿qué?

Por: Jorge Coronado (*).

La segunda ronda electoral celebrada el pasado 1 abril del 2018 en Costa Rica, deja diversas lecturas.

La primera es que el partido político hegemónico de la segunda república costarricense del siglo XX, el que alguna vez fuera el socialdemócrata Partido Liberación Nacional, ha sufrido un resquebrajamiento estructural tras dos derrotas consecutivas: 2014 y 2018. En ambos casos con las más bajas votaciones de su historia. En esta segunda ronda, su dirigencia demostró un desfase y desconexión total con la realidad, cuando de manera oportunista, basados en dudosas encuestas, respaldaron al fundamentalismo religioso.

Sirvió también esta elección para que los grupos económicos y políticos históricamente dominantes, “salieran del clóset”, y mostraran abiertamente por primera vez su talante misógino, homofóbico, racista y excluyente, que por décadas no quisieron evidenciar, motivados por el discurso teocrático religioso del Partido Restauración Nacional.

De otro lado, quedó constancia de que años de avances sostenidos en alcanzar mayores niveles de igualdad en derechos humanos y de tolerancia a la diversidad, efectivamente calaron en el imaginario del conjunto de la sociedad, principalmente en las nuevas generaciones. Ello explica la altísima votación de esta segunda ronda, que incluso provocó que bajara el abstencionismo con respecto a la primera ronda. La prueba es que el hoy presidente aumentó en un 300 por ciento su votación, con respecto a los resultados obtenidos en la primera ronda, mientras que el candidato perdedor aumentó solamente un 60 por ciento. Es decir, la gente salió a votar masivamente por la igualdad y la tolerancia.

Pero, siempre hay un pero, las regiones más pobres, las más excluidas, que son las zonas costeras/rurales no sólo fueron donde hubo los mayores niveles de abstencionismo en ambas rondas, sino que además fueron las regiones en las que el fundamentalismo religioso ganó. Ello es resultado del abandono de la acción estatal, de la lógica neoliberal de exclusión de polos de desarrollo, pero también del crecimiento exponencial de las iglesias neopentecostales que en ese contexto, construyeron tejido social.

Esta elección también mostró el resquebrajamiento de la estructura de clases sociales en Costa Rica, en materia de concepciones y valores. Los sectores medios urbanos del centro del país lograron imponer su visión más tolerante. Los sectores urbanos y rurales más empobrecidos del centro y la periferia en cambio, han sido ganados en la cultura de la intolerancia por parte del fundamentalismo neopentecostal. Esto último muy semejante al resto de América Latina.

La segunda ronda electoral no tuvo como eje movilizador la búsqueda de la igualdad económica, ni la lucha por la redistribución de la riqueza, ni contra la pobreza, ni contra el alto costo de la vida o por mejores empleos como es lo usual en una campaña electoral. El eje central fue el tema de la igualdad en derechos humanos y contra el fundamentalismo religioso, ello permitió que alrededor del Partido Acción Ciudadana (PAC), para esta segunda ronda, se nucleara un abanico multiforme de fuerzas políticas y sociales: el movimiento de mujeres, de jóvenes, los sindicatos a pesar de las reservas, parte de la izquierda política y también una parte de la derecha tradicional.

En síntesis, podríamos colocar como conclusiones de este proceso electoral 1) que se rompe ya en forma casi definitiva el sistema tradicional del bipartidismo político; 2) ante ese escenario los sectores conservadores neoliberales migran y tratan de recomponerse en las nuevas estructuras partidarias; 3) los sectores religiosos fundamentalistas ganan espacio político y se convierten en actor fundamental en la Asamblea Legislativa con la segunda bancada mayoritaria; y 4) en general hay un giro a la derecha en el escenario político costarricense. En términos positivos, únicamente se ha logrado detener que una teocracia asumiera la conducción del país.

Como desafío, todo indica que se está fraguando una nueva alianza neoconservadora en materia económica, en afectación de los derechos laborales, en política internacional, en materia fiscal y en atracción de inversiones. Lamentablemente, en la reconfiguración de dicha alianza también está jugando el gobierno recién electo, que al igual que la derecha tradicional o el fundamentalismo religioso, es en economía radicalmente neoliberal.

En el horizonte se puede vislumbrar un escenario de confrontación, movilización y lucha en las calles por parte del movimiento social organizado. Es que la lucha por la igualdad de los derechos humanos, por las políticas de reconocimiento es fundamental, pero no es suficiente. Se requiere incorporar la lucha por la justicia social, por la inclusión económica, por la redistribución. En tal sentido, ya no tenemos la misma homogeneidad que tuvimos el pasado 1 de abril, sino que regresamos el escenario de disputa entre los ganadores y los perdedores del modelo económico neoliberal.

(* ) Analista político costarricense.

Tomado de otramirada.pe

“El boom del feminismo es imparable”

,

Pamela Palenciano, víctima de violencia en la adolescencia, denuncia el machismo con humor e ironía en un monólogo – “No basta con la educación en el colegio, todos somos responsables”

En un país con medio centenar de mujeres asesinadas al año víctimas de violencia machista, donde en 2017 se alcanzó la cifra más alta de denuncias desde que hay registros -166.620-, urge la reacción de toda la sociedad, el activismo de las mujeres y los hombres. En el monólogo de Pamela Palenciano (Andújar, Jaén, 1982) se oyen sonoras carcajadas en los momentos de humor y de ironía, pero también hay hondos silencios y lágrimas en los ojos cuando recrea de forma clara y directa episodios de violencia. “Todos los días hay mujeres que se enfrentan con la violencia machista, conozco sus casos a través de las redes sociales y en cada monólogo. Siempre ves a gente llorando porque ha sufrido y, además, hay cada vez más chicos que han ejercido violencia y lo dicen en público”, cuenta a este diario.

No solo duelen los golpes -la frase que le dijo una psicóloga- es el monólogo con el que retrata el machismo en todas sus manifestaciones: los malos tratos físicos y psicológicos, el control y la posesión, la convivencia con la agresividad así como la recuperación y la salida.

Es una lacra “estructural” que, en opinión de Palenciano, alimentan el capitalismo y una sociedad patriarcal. El monólogo es el modo autobiográfico de denunciar y canalizar la “rabia” de las víctimas a través del arte, como propició la fotografía en su primer proyecto, hace unos años, y posteriormente un taller de prevención vinculado a esas imágenes. Se abrió paso tras el trauma a base de fuerza y resiliencia. “Después de pasar 15 años viendo que la gente me juzgaba a mí, a la víctima, cuando el foco debe ponerse en el victimario, encontré en la risa una forma de mirarse ante el espejo”. Pamela, autora del libro Si es amor, no duele, sufrió cuando era adolescente -de los 12 a los 18 años- la violencia, el abuso y el sometimiento de un novio machista, agresivo, tóxico, indeseable en definitiva.

Cuando empezó la universidad y se libró de esa relación, comenzó una terapia psicológica y el contacto con movimientos feministas. Tras licenciarse, Palenciano vivió 8 años en el Salvador, donde descubrió el teatro, hasta su regreso a España. Su monólogo ha recorrido institutos de educación secundaria y otros aforos para el público en general de varias ciudades del país y también de Iberoamérica, denunciando el machismo.

La activista, actriz y comunicadora lo presentó ayer en Ourense, en el marco de las terceras jornadas “Coeducar en Igualdade”, organizadas por la Asamblea de Mulleres del sindicato de la enseñanza STEG en el centro cívico de A Ponte, con el objetivo de exponer y debatir iniciativas en materia de igualdad en los centros educativos.

Palenciano, que además es madre, comparte que la educación es clave para desterrar el machismo de la sociedad y asentar la igualdad. “Pero no basta con limitarse a la educación en el colegio, sino que también debe estar presente en cada conversación en la calle, en los medios de comunicación, en la política y en las pautas de consumo. Somos responsables todas y todos”.

España maravilló al mundo el 8 de marzo, con una huelga feminista histórica que llenó las calles de miles de mujeres en todas las provincias del país. “Se ha producido un cambio profundo, radical, pero existe todavía mucho miedo del sistema a esta transformación. El feminismo ha pegado un boom para el que ya no hay marcha atrás, es imparable. Como está buscando un cambio radical de las posturas enfrente se encuentra con 21 siglos de historia en torno a un patriarcado”.

Tomado de farodevigo.es

Variaciones sobre el aborto

Por Florent Zemmouche. Salvadoreño-francés estudiante de Ciencias de la Humanidad en Francia.

Famosos periodistas franceses han publicado un reportaje sobre las mujeres encarceladas en San Salvador por ciertos casos de abortos naturales o voluntarios. Me han entonces preguntado cómo tal situación es posible, cómo el pueblo salvadoreño puede ser él mismo tan violento aquí contra sus mujeres.

Seguir el razonamiento que plantea una mirada extranjera como la francesa sería preguntar si un pueblo que sufre cada día una violencia extrema encarnada por ejemplo en las maras termina siendo al fin y al cabo él mismo violento. Es posible que sea cierto, e incluso muy probable. Pero no quiero desarrollar ahora este punto; lo que me interesa es que la interrogación es presentada como una paradoja mientras que en realidad no lo es o al menos no totalmente. Por ejemplo, podemos entender la opinión reinante sobre el aborto tomando en cuenta el contexto de violencia cotidiana. En efecto, en nuestra sociedad donde la muerte se encuentra a cada esquina sin esconderse esperando a cualquiera, donde la vida es quitada tan fácil y regularmente, se le otorga una importancia sagrada a las ocasiones que concentran vida y esperanza como el embarazo. La visión de la opinión publica salvadoreña es maniquea y por tanto simple: las malos roban la vida, los buenos la preservan. Dicho sea de paso, tal planteamiento descarta cualquier adhesión a la pena de muerte.

Sigamos entonces este maniqueísmo pero complicándolo ya que su simplicidad es perniciosa. ¿Qué pasa ahora cuando una mujer es violada por un hombre? El malo aquí por así decirlo es él, y no ella. Sin embargo, por un lado el hombre tiene al parecer el derecho de crear un feto producto de una violación puesto que la mujer no tiene derecho de abortar, es decir empezar a cicatrizar, apaciguar un acto violento. Por otro lado, es la mujer quien será con más certeza encarcelada por haber abortado; por querer cerrarle el paso a la maldad. Según la visión maniquea ya evocada, las prisiones las habitan los malos. ¿Qué mala acción ha hecho una víctima de violación aparte de sufrir el mal?

Asimismo, ¿qué hace una mujer que ha sufrido un aborto natural en una cárcel salvadoreña? No ha hecho nada malo y de hecho, por definición, nada del todo. Es otra institución estatal que debería ocuparse de ella, el hospital, no la policía, menos aún la prisión. Se trata antes que nada de protección del individuo, lo que es supuestamente uno de los objetivos principales del Estado. Otro e íntimamente vinculado al de protección es el de libertad del individuo. La mujer, como ser político, tiene el derecho, ella sola bajo la mirada benevolente de la estructura estatal, de tomar decisiones sobre su cuerpo. Cualquier ser político tiene un cuerpo que le pertenece y que debe proteger. Es la causa y la finalidad de la política. Por consiguiente, nuestro Estado tiene que legalizar el derecho al aborto en caso de violación, malformación grave del feto y/o peligro para la madre, lo que desacredita los insensatos que creen que así todas las mujeres van a abortar. No se trata de estar a favor del aborto; se trata de estar a favor del derecho al aborto, como posibilidad legítima y legal.

Además, le conviene al Estado legislar un fenómeno que ya existe. Como lo muestra un trabajo de investigación publicado recientemente, las mujeres abortan en El Salvador. Por supuesto, mujeres que tienen el poder económico suficiente. Entonces, por motivo ahora de igualdad, el gobierno debe intervenir contra viento y marea según una racionalidad digna de un Estado de derecho, sin ningún fanatismo.

Artículo original de: https://www.laprensagrafica.com/opinion/Variaciones-sobre-el-aborto-20180206-0129.html