Los hombres van de frente

Los hombres van de frente

Los hombres presumen de ir de frente, de ser claros, sinceros y leales; de no andar por las ramas y de decir las cosas a la cara… Justo como el hombre que mató a su mujer en Barcelona, la subió en el coche y la arrojó al puerto para que pareciera un accidente de tráfico (27-6-15) http://ccaa.elpais.com/ccaa/2015/06/27/catalunya/1435420112_372679.html; o como el otro hombre que días después asesinó a su mujer en Vinaròs (29-6-15) y le prendió fuego a la casa para creyeran que murió en el incendio http://www.lasexta.com/noticias/sociedad/detienen-pareja-mujer-encontrada-muerta-incendio-vinaros_2015062900076.html; o como el que mató en Villajoyosa a su madre a un hijo y a una hijastra y se suicidó después al hacer estallar una bombona de butano con la idea de simular que las muertes se produjeron en la explosión http://www.levante-emv.com/sucesos/2015/07/01/hombre-mata-madre-hijos-suicidarse/1285364.html. O como el Guardia Civil que ha sido condenado por un Jurado Popular (19-6-15) por haber matado a su mujer delante de su hija de 4 años, a pesar de haber presentado la muerte como un suicidio tras manipular la escena del crimen aprovechando sus conocimientos sobre investigación criminal http://cadenaser.com/ser/2015/06/19/sociedad/1434717726_564479.html. O como los más de 600.000 hombres que maltratan a las mujeres con las que mantienen una relación y dicen que es lo “normal” en una relación basada en el afecto y el cariño.

Todo ello da igual, los hombres van de frente, a diferencia de las mujeres que son sibilinas, perversas y cargadas de maldad.

Ellos que matan a hombres y mujeres por todo el mundo son buenos, y así se ha considerado a la hora de adoptar los estándares en las diferentes sociedades sobre la idea del “buen hombre”, especialmente si además era un “buen padre de familia”,aunque más del 20% de esos “buenos padres” en realidad fueran maltratadores. En cambio las mujeres, entregadas a los hombres y a la familia, son malas y nunca han sido referencia objetiva de bondad para la sociedad, su consideración ha quedado relegada a lo particular de cada una de ellas como “maravillosas madres, esposas y amas de casa”.

A las mujeres les han reservado el honor de ser estándar de la perversidad y la maldad que, curiosamente, no ha sido el de un cruel dictador o un asesino en serie, sino el de la mujer manipuladora capaz de arrastrar a los hombres al abismo más profundo con sus encantos o desencantos. Los mismos argumentos sobre los que surgió el mito de “Eva pecadora” o de “Pandora”, mitos que los siglos no sólo no han desgastado, sino que han reforzado y actualizado en nuevas aplicaciones y usos, como si fueran parte de las nuevas tecnologías.

Los hombres, en cambio, son tan sinceros que han creado una cultura que presenta una realidad por otra, hasta el punto de ocultar muchas miserias en la normalidad impuesta de cada lugar o en la ocasión de las excepciones.

Esos hombres van tan de frente que viven de espaldas a la realidad, negando la desigualdad y la violencia de género que ocasiona, a pesar de que dicha violencia supone cientos de miles de mujeres maltratadas y entre 50-60 mujeres asesinadas para que ellos vivan mejor en su modelo de sociedad.

Será por eso que los hombres son tan claros que todo lo envuelven en la dudapara que todo les beneficie, y de ese modo poder seguir jugando con las circunstancias.

La realidad nos muestra cómo la cultura ha hecho de lo masculino verdad y razón con independencia de las circunstancias… Cuando éstas han sido positivas para la sociedad su bondad quedaba demostrada en el propio resultado, y cuando las consecuencias han sido negativas y perjudiciales, se dice que el problema no era tanto la decisión de esos hombres como los motivos que llevaban a tomarla. Por eso las guerras, la discriminación, los abusos, la violencia, la desigualdad… siempre han estado justificadas a pesar de que en todo momento eran problemas objetivos y evidentes, porque, decían, había razones que las justificaban y las hacían “necesarias”. Y por eso ahora la discriminación, los abusos, la violencia, la desigualdad y la injusticia que vivimos no son cuestionadas por quienes creen que hay razones para ellas,demostrando que no son las circunstancias las que las ocasionan, sino la voluntad que lleva a organizar las relaciones de manera beneficiosa para quien ocupa posiciones de poder que les aportan ventajas a priori y beneficios a posteriori.

Ser conscientes de la injusticia social que supone esa construcción cultural y no hacer nada para cambiarla, y presentar, además, esa realidad como modelo de convivencia al amparo de los Derechos Humanos, es el gran engaño de la cultura androcéntrica,y el argumento operativo que necesita el machismo para continuar con su cruzada para hacer de lo masculino y de los hombres la referencia de las conductas y la clave para interpretar su significado.

El beneficio individual y la defensa de un orden injusto, por muchos logros positivos que se hayan conseguido bajos sus referencias, nunca pueden ser argumentos para su continuidad. El feminismo lo puso de manifiesto hace siglos, y hoy cada vez más mujeres y hombres trabajan y luchan por un nuevo modelo de convivencia basado en la Igualdad.

El machismo se ha quedado solo en la defensa de una masculinidad rígida, autoritaria y violenta, y en el refuerzo de los valores que la integran, pero aún en su soledad siguen siendo mayoría y no renuncian a ella. Las resistencias a la Igualdad que representa el posmachismo, y el cambio en la actitud de muchos hombres violentosintentando ocultar la violencia que ejercen y la autoría de sus crímenes, reflejan que cada vez se encuentran más cuestionados y aislados en una soledad mayor, pero también que están dispuestos a dar la batalla para mantener su modelo y su status dentro de él.

Por eso es tan importante que los hombres nos posicionemos críticamente frente a ese machismo que dice actuar en “nombre de los hombres”, cuando en realidad sólo lo hace a favor de aquellos hombres que se identifican con esa masculinidad autoritaria y violenta.

Hoy “el hombre” somos “los hombres”, ya no hay una única forma de ser hombre ni de entender las relaciones en la sociedad, y esa diversidad es la que más inquietud genera en el machismo, porque demuestra su falacia y porque muestra la existencia de alternativas. Y porque si “ser hombre” es “no ser hombre según el modelo tradicional”, en verdad no saben qué es ser hombre; sobre todo cuando los cambios sociales han llevado a que las mujeres asuman elementos antes reservados en exclusiva a los hombres, y cuando las nuevas masculinidades cada vez incorporan más referencias tradicionalmente vinculadas a las mujeres.

Ser hombre ya no es “ir de frente” arrastrando todo a su paso, sino convivir en paz mirando a delante, sí, pero también a cada lado para compartir, y hacia atrás para entender qué nos ha traído hasta aquí y cuál es el significado de un presente que hemos de cambiar.

Pero algunos se resisten y siguen con esa idea de “ir de frente”, aunque al tener la mirada perdida en el pasado caminen hacia atrás.

Tomado de https://miguelorenteautopsia.wordpress.com/

Source: Julio 2015

Se trata de autonomía

Se trata de autonomía

[Entrevista] Argentina.- La jurista, socióloga y filósofa italiana Tamar Pitch estuvo en Buenos Aires para presentar su libro Contra el decoro y otros ensayos y para participar del Foro de Mujeres del Movimiento Nacional y Popular sobre políticas antipunitivas contra la violencia de género. Referente clave del feminismo europeo de esta época, Pitch habló del #NiUnaMenos, la despenalización del aborto, las violencias sexuales, las dificultades para decidir sobre el propio cuerpo y de lo pobre que es el derecho penal como herramienta para detener la violencia machista.

“Hay muchos modos de construcción del derecho con relación a las mujeres. En realidad lo que lo construye es el vínculo entre los hombres y las mujeres. Varios juristas sostienen que el derecho tiende a construir el cuerpo de las mujeres como un cuerpo público, a diferencia del cuerpo masculino, y esto implica una operación donde el cuerpo de la mujer ya no es de ella, porque precisamente le pertenece a lo público.” La jurista, socióloga del derecho y filósofa italiana Tamar Pitch, considerada una de las referentes ineludibles del feminismo europeo, formuló esta definición el fin de semana pasado en San Martín, rodeada de mujeres de organizaciones de base que la escuchaban con atención, aunque fuera ella quien esperaba “conocerlas y aprender de lo que ellas piensan y hacen”.

¿Su planteo acerca de la construcción que hace el derecho sobre las mujeres y los hombres se traduce como la aplicación de dos órdenes de control diferenciados?

–Podría decirse que, para el derecho, la mujer tiene un hábeas corpus menor que el hombre. El punto fundamental del vínculo que establece el derecho en relación al cuerpo masculino y al cuerpo femenino es la existencia de una asimetría entre los hombres y las mujeres respecto de la reproducción. Y el derecho tiende a resolver esta asimetría entre comillas natural a favor de los hombres, en el sentido de que les otorga el poder de controlar la reproducción, cuando en realidad la reproducción es un poder que tienen las mujeres respecto de los varones. Sin embargo, el derecho resuelve esa asimetría de manera desigual, jerarquizando el status masculino.

¿Cómo interpretaría entonces la cuestión del aborto y su despenalización como herramienta que favorezca a la autonomía de las mujeres?

–Desde el punto de vista jurídico, no debería existir ninguna ley sobre el aborto, que tendría que ser totalmente despenalizado. No es una cuestión pequeña, es una cuestión fundamental. En la mayoría de los países occidentales se reconoce la posibilidad de interrumpir el embarazo en el primer trimestre. Este es un compromiso útil pero sólo un compromiso, porque desde el punto de vista teórico se debería reconocer la entera responsabilidad de decidir en orden a la reproducción. Que es una responsabilidad tanto social, como ética y moral. ¿Quién otro que la mujer, singular y colectivamente, puede tomar este tipo de responsabilidad? Si no deciden las mujeres, quién decide por ellas, y si se les desconoce esa responsabilidad es como decir que las mujeres no son sujetos. Perduran y se sostienen las prohibiciones penales tradicionales que mantienen un viejo orden patriarcal y prohíben la plena autonomía de las mujeres de decidir sobre sus cuerpos.

¿De alguna manera siguen siendo cuerpos esclavizados por un derecho anacrónico?

–No sé si lo llamaría anacrónico. Es un derecho en favor del sexo masculino, el punto de referencia es lo masculino.

La discusión penal

Tamar vino a la Argentina a presentar el libro Contra el decoro y otros ensayos, de editorial ADHOC, traducido y prologado por Gabriela Carpinetti y revisado por Mónica Rozanski, y para participar del Foro de Mujeres del Movimiento Nacional y Popular sobre políticas antipunitivas contra la violencia de género, que se realizó el viernes pasado en el auditorio de la Cámara de Diputados, junto a un panel integrado por la defensora general de la Nación, Stella Maris Martínez; la titular del Observatorio de Violencia de Género de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, Laurana Malacalza; las referentes de Red de Mujeres, Sabrina Cartabia, y de ATE, Laura Sotello, y la coordinadora del Programa de Género del Ministerio Público Fiscal, Romina Pzellinsky. La convocatoria se planteó a partir de la movilización #NiUnaMenos “y por la necesidad de continuar impulsando agendas públicas e iniciativas políticas vinculadas a las batallas históricas del movimiento de mujeres y en particular en relación a las violencias”, difundieron las organizadoras.

¿La interpretación que el sistema penal hace de las violencias es la que sitúa a las mujeres en el rol de víctimas o sujetos débiles?

–Claro, y hay que remarcar cómo la violencia contra las mujeres también es utilizada en estas políticas de castigo y de punición, que utilizan la figura de la mujer como víctima para dirimir esas cuestiones.

¿De qué manera construir entonces, en esas batallas que tienen las mujeres contra las violencias sexuales o las violaciones, una nueva mirada que le escape a la simplificación inocente/culpable propia del derecho penal?

–Creo que el derecho penal puede hacer poco, porque por su naturaleza tiene que ser simple desde un cierto punto de vista, pero igualmente queremos un derecho penal que garantice. El derecho no puede tener en cuenta lo que la mujer percibe como violencia sexual, porque puedo estar o no de acuerdo. Por lo tanto, no hay soluciones verdaderas y propias, tienen que ser políticas. Hoy tienen más fuerza las mujeres en el plano de la sexualidad. Sigue siendo una lucha de las mujeres para denunciar las violencias, pero al mismo tiempo es verdad que la punición nunca fue garantía de que disminuya la violencia; en lo simbólico es importante esta construcción. El derecho penal tiene un rol fundamental porque delimita qué es lo que se puede y no se puede hacer, y eso está bien, pero en un plano empírico hay que actuar desde un punto de vista político y efectivo. El problema es cultural.

En su último libro habla de los asesinatos de mujeres como “verdaderas masacres”.

–Dije que en Italia ha bajado la tasa de homicidios en general, mientras que la tasa de femicidios se ha mantenido igual. O sea que desde nuestras estadísticas la violencia homicida en general disminuyó, mientras no sucedió lo mismo con aquella específica contra la mujer.

¿Qué visión tiene sobre la convocatoria masiva del #NiUnaMenos, que se realizó el 3 de junio en Buenos Aires?

–Me parece decisiva, una movida política importante. Creo que las movilizaciones de las mujeres, si bien no influyen directamente en el ordenamiento jurídico, seguramente con el tiempo tienen efecto sobre el derecho. Lo que es importante además es que sirven para cambiar las cabezas de los que deben aplicar las normas jurídicas. Sirven para concientizar.

En el territorio

El sábado 27 de junio, mujeres de organizaciones políticas y sociales de San Martín recibieron a Pitch en sus territorios para relatarle las experiencias de trabajo barrial, sus luchas contra la violencia intrafamiliar e institucional y el ejercicio de autoorganización colectiva para romper fronteras que las discriminan a diario.

La jornada, una serie de reuniones en el local del Movimiento Evita, en Chilavert; en un espacio asambleario del barrio 9 de Julio y en una fábrica en San Andrés, funcionó como puente generoso de anécdotas y debates en los que la jurista preguntaba ansiosa, replicaba o discutía estrategias para pensar a largo plazo. Su presencia allí no se trató del tour de acercamiento de una intelectual europea “a la realidad latinoamericana”: en las palabras, los abrazos y las risas de ese mujerío surgió una trama para impulsarlas a seguir afirmándose en las casas y en las calles.

Lucía Capra, de la cooperativa Mujeres del Alma, explica que tratan de sostenerse como grupo y generar trabajo para poder decidir qué quieren hacer de sus vidas. Son mujeres que sufren o sufrieron violencia; comparten con las que escuchan la tarea de asesoramiento y asistencia frente a cualquier situación que las revictimice o las juzgue. Capra señala que la necesidad las llevó a organizarse para acompañar a mujeres que deciden interrumpir su embarazo, habla de la experiencia con el misoprostol, su utilización en los barrios y la urgencia de comprender su forma de administración a través de capacitaciones y asesoramiento para asegurar la eficacia de la droga y evitar estigmatizaciones en los centros de salud.

La movilización del 3 de junio por el #NiUnaMenos vuelve a surgir potente. Todas participaron de esa convocatoria histórica. Ornella Tinnirello, referente del Movimiento Evita, le comenta a Tamar que fue una reunión masiva “sin distinciones entre víctimas pobres o ricas. Hubo una impugnación muy fuerte a la violencia machista en un encuentro donde todxs pusimos nuestros cuerpos y nuestras voces para decir basta, y esto tiene que ver con los niveles de democratización de nuestros reclamos”. Tamar recuerda una movilización semejante en 2011, cuando en Italia un millón de mujeres marcharon contra el machismo del entonces primer ministro Silvio Berlusconi, aunque en esa ocasión se sumaron los reclamos por la falta de soluciones frente a la crisis económica. “Se manifestaron contra la construcción machista de la figura femenina del gobierno de Berlusconi y los medios de comunicación afines.”

Marcela Romero, de la Asociación de Travestis, Transexuales y Transgéneros de Argentina (Atta), quiere saber qué opina la jurista italiana del matrimonio igualitario y de la Ley de Identidad de Género y por qué Italia no ha logrado aún esos avances. Tamar elige responderle con otra pregunta que lanza como un desafío. “Sin lugar a dudas ustedes son más avanzadxs. Pero hoy la pregunta es por qué lograron el matrimonio igualitario y no la despenalización del aborto. No hablo sólo de la Argentina, en Irlanda la cuestión del aborto es peor.” Romina Chiesa, responsable de salud sexual del Movimiento Evita, es contundente: “Me parece que hay una inoperancia política del movimiento feminista para instalar la discusión en los lugares y en los términos en que hay que instalarla. No fueron hábiles políticamente, le están pifiando por donde van. El movimiento feminista en la Argentina no está pudiendo incluir a las compañeras más humildes y a las trabajadoras a esas discusiones. Hasta que no las incluyamos al debate no vamos a poder profundizar esa cuestión”.

Tamar sonríe, sabe que el tenor del problema las ocupa y apasiona. Y comparte que “la libertad de la mujer de poder decidir sobre su propio cuerpo es algo mucho más importante y transversal. Atraviesa a todos los sectores sociales mucho más que el matrimonio igualitario, que resguarda a un sector de la sociedad, que es el que elige casarse. Pero la cuestión de la libertad es fundamental para las mujeres; la verdadera igualdad es la igualdad entre diferentes, se construye a partir de la consideración de esas diferencias, y la única diferencia hoy palpable entre un hombre y la mujer es la reproducción. Sin la libertad de decidir sobre si no hay igualdad. El aborto se enmarca en este concepto. Somos nosotras las que parimos hijos”.

Sobre el final de la tarde, una de las mujeres de este encuentro publica en Facebook un párrafo que la especialista había dicho en el foro del día anterior. “(Las legislaciones punitivistas son) una manera de victimizar a las mujeres, porque así ellas tienen menos libertad que los hombres. Esto es lo que habitualmente se ha hecho, se dijo que si las mujeres eran víctimas en la calle era por su culpa. Porque no debemos salir, pero en realidad también son amenazadas dentro de sus casas y en sus lugares de trabajo. Así se suman las victimizaciones, la búsqueda no es la de la esterilización del territorio urbano. Al revés, cuantas más mujeres son libres de circular por lugares públicos, estos lugares resultan seguros para todos. Mi conclusión es que al menos por ahora no se tiene que poner el énfasis en las políticas de seguridad entendidas como reducción de riesgos en la victimización de la criminalidad en la calle, sino al contrario, se tienen que hacer más políticas sociales orientadas a otorgar seguridad. En primer lugar a las personas que son consideradas más frágiles, como las mujeres, los niños, los ancianos, y luego para todos.”

En la Argentina muere una mujer cada 30 horas, víctima de las violencias machistas, lamenta Marcela Romero. Y Tamar se despide con una advertencia que promueve la reflexión colectiva. “Eso lo intentan reprimir los hombres. Son ellos los que se resisten a los avances de las mujeres.”

Tomado de http://www.pagina12.com.ar/

Source: Julio 2015

Yo disfrazada de monja, tú disfrazado de santo

Yo disfrazada de monja, tú disfrazado de santo

Invocando monjas embarazadas. Invocando la servidumbre sexual de cientos de monjas dentro de la Iglesia Católica, mujeres que han parido hijos bastardos del cura, del confesor y del obispo, tomamos las graderías de las catedrales de La Paz y Santa Cruz, simultáneamente.
 
Las monjas -que seguramente hoy cientos de ellas estarán con las manos hinchadas de haber fabricado las miles de hostias que la Iglesia les manda cocinar, pero les prohíbe consagrar- han sido el personaje a partir del cual hemos querido cuestionar, una vez más, el significado de la presencia del Papa en Bolivia.

Además de invocarlas embarazadas, les hemos dedicado una de nuestras siluetas del Vaticano, donde decía: en la iglesia hay un patrón que se esconde tras la sotana y la religión; mientras las monjas cocinan y lavan, los curas consagran, rezan, fornican y descansan.

Hemos querido, con estas palabras, cuestionar el lugar de las mujeres dentro de la Iglesia. Un lugar que representa la mano de obra gratuita de las mujeres. A las monjas se les prohíbe estudiar teología, filosofía o cualquier otra profesión; mientras a los curas se los forma dándoles becas y dejándoles crecer intelectualmente.

Las monjas tienen una formación religiosa como catequistas de menor profundidad que los curas, porque hay temor en la Iglesia al pensamiento religioso que las mujeres puedan construir. Son por eso muy pocas las monjas que han logrado rehuir el control patronal de los obispos. Y de las pocas que ha habido en la historia, hemos tenido auténticas sabias, como Sor Juana Inés de la Cruz, lesbiana. Como Hildegarda de Bingen, médica y, probablemente, lesbiana también, o como Teresa de Jesús, la mística del “nada te turbe nada te espante”, palabras que tanto me sirven para respirar más hondamente.

Mujeres que han defendido sus libros y su derecho a estudiar y pensar contra obispos y jerarcas. Las monjas son para la Iglesia peones, seres inferiores en su relación con el Dios cristiano. 

Mi homosexualidad no necesita tu aprobación, es la homosexualidad dentro de la Iglesia la que necesita urgentemente reivindicación. Con esta frase, que formaba parte de otra de las siluetas (cartel),  que la Policía se ensañó en romper, queríamos evocar e invocar a las cientos y miles de monjas lesbianas, y curas homosexuales que dentro de la Iglesia viven su sexualidad con culpa, que están obligados a callar y a nutrir la doble moral de la Iglesia. 

No necesitamos que el papa Francisco nos reconozca ninguna dignidad a lesbianas que no pertenecemos a su Iglesia, por eso le exigimos que la tarea de dignificación la empiece en su casa, donde es más urgente y donde el dolor es más profundo. Donde el silencio y la doble moral son más pesadas y donde la condena nunca termina.
  
Nos dicen que no se está violando el carácter laico del Estado en la medida en la que el Papa es también representante de un Estado. Si Evo Morales tiene derecho de cuestionar el carácter imperialista del Estado norteamericano, nosotras tenemos el mismo derecho de cuestionar el carácter misógino y antidemocrático del Estado del Vaticano. Por eso decíamos ayer:  no rindo pleitesía al jefe de un Estado donde el poder es vitalicio, gerontocrático y patriarcal. Un poder vertical que niega el derecho no sólo a decisión, sino inclusive a opinión y discusión. 

Hoy que en Bolivia estamos siendo empujados a pasar al régimen general a sectores pequeños, como pensiones, talleres, fotocopiadoras, y que nos enfrentamos todos los días a clausuras, porque no dimos una factura por dos empanadas o tres refrescos, quisimos dedicarle un cartel a los privilegios de la Iglesia Católica. Por eso decíamos: la Iglesia lucra con tu salvación y no le obligan a pagar impuestos como lo hacen contigo y conmigo. ¿Cuánto cuesta un matrimonio, un bautizo, un entierro? ¿Por qué no dan factura? 

El Papa, intentando hacer una broma, les decía a los ecuatorianos que no les va a cobrar nada. La broma le revienta en los labios porque la realidad cotidiana es que antes de cualquier sacramento va la paga. Esa paga ha pasado de la limosna al lucro, por eso la Iglesia no practica el voto de pobreza y los franciscanos del mundo hoy son grandes empresarios del turismo religioso, antes que ascetas, como era su fundador. 

María Galindo es miembro de Mujeres Creando

Tomado de paginasiete.bo/

Source: Julio 2015

Del aborto y otros temas urticantes

Luis Bareiro

La palabra aborto volvió al debate mediático hace unas semanas cuando se presentó el caso de una niña grávida producto de una violación. Apenas se supo de la situación, aparecieron los grupos que abogaron porque se le permitiera interrumpir la gestación alegando que no se podía obligarla a traer al mundo a un ser engendrado a partir del abuso del que fue víctima, y menos aún si su propia vida corría peligro dada la inmadurez natural de su cuerpo.

Rápidamente se presentó el grupo contrario, el que basado en una convicción religiosa invoca el derecho a la vida de ese ser en gestación y condena cualquier pretensión de detener por métodos no naturales su estado de gravidez.

En medio de estas posiciones antagónicas aparecieron los médicos intentando explicar científicamente cuáles son los niveles de riesgo de la víctima y hasta qué tiempo es recomendable interrumpir el proceso sin que el aborto mismo pusiera en peligro de muerte a la menor.

La discusión, que no es original ni nueva, desnudó una vez más nuestra incapacidad como sociedad para contrastar argumentos que nos permitan defender una posición sin insultar o satanizar a quienes sostienen la posición contraria.

El agrio debate sirvió además para establecer cuán lejos estamos aún de comprender cómo funciona un estado de derecho donde la ley debe contemplar necesariamente los diferentes puntos de vista sobre un mismo fenómeno, sin quebrantar jamás el criterio de justicia.

Con relación al caso de la niña, por ejemplo, en un estado de derecho nadie podría obligarla a interrumpir su embarazo. De igual manera, el Estado no podría impedirle abortar si decidiera hacerlo.

En un estado de derecho y laico, la ley no puede obligar a los creyentes a hacer aquello que consideren contra su fe, siempre que esa decisión no afecte a terceros. Ningún creyente puede recibir una transfusión de sangre si considera el procedimiento una lesión a sus creencias, ni está obligado a contraer matrimonio con una persona de su mismo sexo, ni a creer que el hombre es producto de la evolución y no de la creación.

Con igual criterio, en un Estado laico la ley no debería impedir que el no creyente se haga una transfusión, se case con alguien de su mismo sexo o interrumpa un embarazo producto de un abuso.

Resulta extraño que muchos creyentes quieran imponer a los que no lo son sus convicciones religiosas cuando la piedra angular de la mayoría de las confesiones es el libre albedrío. Si la acción no es voluntaria no tiene valor moral.

Igualmente, es absurdo que los no creyentes pretendan que las personas de fe dejen de actuar de acuerdo con esa convicción, en tanto ella no lesione el derecho de terceros.

Un estado de derecho es básicamente un paraguas legal bajo cuya sombra la gente puede convivir de acuerdo con sus creencias sin pretender imponérselas a los otros. Y ningún tema puede escapar a este tratamiento. El aborto tampoco.

Tomado de ultimahora.com/

Source: Junio 2015

¿una forma de feminicidio?

¿una forma de feminicidio?

América Latina: Penalización del aborto, ¿una forma de feminicidio?

Condenadas por aborto. Menores violadas obligadas a tener el hijo. Suicidios adolescentes: plataformas de derechos humanos subrayan de cara a la cumbre UE-CELAC que la penalización del aborto es una forma de feminicidio.

El tema levanta polvoreda por todo el continente: las propuestas de Chile y República Dominicana para despenalizar el aborto son controvertidas. Aún está fresca la tinta del titular del caso de la niña paraguaya violada por su padrastro a quien no se le permite un aborto.Las 17 mujeres condenadas a 40 años en El Salvador han sido motivo de una intensa campaña internacional liderada por Amnesty International.

Sobre todos estos casos se ha pronunciado la Comisión Interamericana de Mujeres, que amparada en la Convención De Belem do Pará (1994), tiene un mecanismo que hace seguimiento a las obligación contraídas por los Estados de asegurar la integridad de las mujeres.

“Paraguay y Chile siguen estando en deuda. República Dominicana ha abierto posibilidades. Insistimos en la necesidad de que despenalicen el aborto por lo menos en cuatro supuestos: violencia sexual, peligro de vida de la madre, incesto e inviabilidad del embarazo”, explica a DW Luz Mejía, ejecutiva de la Comisión.

Si bien heterogéneos, la experta acredita avances sustanciales en cuanto a legislaciones protectoras. Pero “entre las legislaciones y las realidades del día en América Latina hay una brecha”, apunta.

Realidades agresoras

“En Perú sólo en 2013 hubo más de 17.000 denuncias de agresiones sexuales, el 70% son niñas y adolescentes. El 76% son agresores familiares. El embarazo involuntario es causa de del 56% de suicidios adolescentes y del 26% de muerte materna”, dice Liz Meléndez, de la plataforma Flora Tristán. Ésta promueve una ley -paralizada en el Congreso- que permitiría un aborto legal en caso de violación.

“En Guatemala, en 2014 nacieron 70.000 bebés de madres entre 10 y 19 años. 20.000 son de madres entre 10 y 14 años. Está considerado como delito, no obstante no hay ni una sola condena. Aunque el aborto terapéutico es legal, para esas niñas no aplica y no hay ningún programa que las apoye”, cuenta a DW Maya Alvarado, Directora de la Unión Nacional de Mujeres de Guatemala.

Diagnóstico de la OEA

“El Salvador no sólo lo prohíbe sino que su persecución virulenta lleva a casos como el de una mujer con aborto espontáneo que muere en la cárcel con cáncer uterino. Si bien en Nicaragua hay prohibición, tiene protocolo de atención. Hemos sido contundentes: las penas son desproporcionadas”, dice Mejía subrayando su trabajo con las organizaciones de mujeres que dan seguimiento a las correspondientes políticas estatales.

Ante la cumbre entre la Unión Europea y la CELAC, diversas plataformas activistas (European Women Lobby, Grupo Sur, CIFCA, Oxfam, Fundación Heinrich Böll) se dan cita en Bruselas para recordar que una de sus tareas es aunar esfuerzso “para eliminar todas las formas de violencia contra mujeres y niñas incluida la violencia sexual”.

“Con la UE y la CELAC se trata ahora de integrar el trabajo que hemos venido haciendo en la OEA, para que los Estados puedan dar respuestas a sus desafíos”, explica Mejía, en cuya opinión “en los países que existe total penalización del aborto, hay casos equiparables a la tortura. El comité contra la tortura de la ONU concuerda: es una clara violación al derecho a vivir en un mundo libre de violencia”.

Tomado de dw.de

Source: Junio 2015

Mientras las ricas abortan, las pobres mueren

Mientras las ricas abortan, las pobres mueren

La maternidad debe ser un acto libre y consentido, pero cuando es forzada por una cultura que glorifica a las mujeres como objetos de reproducción, o cuando viene de la desinformación, de la falta de acceso efectivo a métodos anticonceptivos y de la violencia, es una de las mayores injusticias de la democracia moderna.

Cuando hablamos de interrupción voluntaria del embarazo, hablamos de la liberación de la mujer para decidir autónomamente su plan de vida. Como lo recuerda Simone de Beauvoir en el Segundo sexo, “el control de la natalidad y el aborto legal permitirían a la mujer asumir libremente sus maternidades”.

Las mujeres en Colombia y en cualquier parte del mundo deciden sobre sus cuerpos e interrumpen sus embarazos todos los días, con o sin un marco legal que lo permita. Sin embargo, una legislación que criminaliza el aborto solo produce que se realice en el silencio. Casi 400.000 abortos fuera del sistema de salud al año ponen en riesgo la vida y la salud de las mujeres. La situación es incluso más alarmante si se considera que 1 de cada 26 mujeres se ha hecho un aborto en Colombia. Un procedimiento médico, como interrumpir un embarazo en condiciones inseguras puede exponer a las mujeres a situaciones de riesgo para la vida y la salud. Además, este delito tiene una marca de clase que se expresa muy bien en un lema feminista: “mientras las ricas abortan, las pobres mueren”. A pesar de la gravedad de la situación, quienes defienden la persecución penal de las mujeres presentan este asunto como exclusivo de mujeres irresponsables que quieren “cometer un asesinato”.

Hace nueve años, la Corte Constitucional despenalizó el aborto en tres circunstancias excepcionales: violación, riesgo para la vida o la salud de la mujer, y malformación del feto incompatible con la vida. Sin embargo, una legión de médicos, funcionarios públicos y procuradores, ponen barreras para evitar que el aborto sea realizado en estas circunstancias. Como lo ha evidenciado la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, este derecho tiene obstáculos que hacen que solo las mujeres más persistentes, valientes y mejor asesoradas accedan a un aborto legal.

El primer gran problema es el poco conocimiento de la sentencia de la Corte, la desinformación y la manipulación que producen los fanáticos, y la falta de acción del Estado para capacitar al personal de salud y judicial. A esto se le suma el intento de algunos hospitales, especialmente católicos, quienes alegan que pueden hacer objeción de conciencia institucional para practicar un aborto, cuando este es un derecho exclusivo de las personas. En relación con las causales de la salud de la mujer se niega a las mujeres el certificado médico, no se evalúan bien los riesgos, no se realizan valoraciones sobre la salud mental de las mujeres, o se evalúan tardíamente las malformaciones del feto. En relación con las mujeres víctimas de violencia sexual, se les piden documentos adicionales a la denuncia, se les estigmatiza o no se les cree.

Cuando una mujer tiene una causa legal para interrumpir su embarazo, las barreras continúan. El personal de salud la intenta disuadir de no hacerlo. La someten a dilaciones injustificadas, juntas médicas, o la EPS no tiene prestadores disponibles, o la mandan de hospital en hospital. A veces ni siquiera le reciben la solicitud o guardan silencio. Y pasan los días y las semanas, lo que produce que la edad gestacional aumente y la mujer corra más riesgo cuando se realiza un aborto, o que simplemente desista de tener un aborto dentro del sistema de salud. Esta es la gran paradoja: entre más se obstaculiza el derecho a un aborto legal, más clandestino se convierte.

Por todo esto, la campaña #LaDecisiónEsTuya de Profamilia no es solo justa y necesaria, sino que también debería estar en la televisión pública todos los días en el horario de mayor audiencia. Debemos romper el silencio ante una injusticia radical contra las mujeres, abandonar tanto escándalo injustificado y despenalizar totalmente el aborto.

Tomado de elespectador.com

Source: Junio 2015

¿De qué sirve penalizar el aborto?

¿De qué sirve penalizar el aborto?

Permítanme comenzar con una aclaración: no creo que se pueda estar a favor del aborto, pero sí al derecho de una mujer a continuar o no con su embarazo. Creo que ninguna mujer “quiere” abortar, sino que es la última alternativa que está dispuesta a tomar y que, una vez decidida, su vida y su libertad no deberían correr peligro. Pues ¿de qué sirve que se le penalice, se le persiga, se le encarcele, si con ello se rompen familias, o se obliga a niñas a ser madres cuando no lo decidieron ni están preparadas para serlo?

Sobre esta situación se han generado argumentos que buscan sostener que la vida humana, desde su inicio hasta su fin natural, debe ser protegida. Y en estos argumentos se han basado legislaciones nacionales e internacionales cuyo objetivo es salvaguardar la vida en sus momentos de mayor fragilidad y vulnerabilidad. Sin embargo, cabe preguntarse si se justifica que ésta tenga un valor supremo incluso cuando hay otras vidas en riesgo, o cuando se dejen desprotegidos otros niños y otras vidas como resultado de encarcelar a las mujeres (y hombres) y que se han visto involucradas en el aborto.

¿Debemos creerle al Obispo de San Salvador, Gregorio de la Rosa Chávez, cuando asegura, enentrevista con BBC, que “Toda vida humana es sagrada. Eliminarla es un asesinato. Y si hay dos vidas en peligro, madre e hijo, hay que salvar la vida del más débil, la del hijo”? ¿O quizá deberíamos repensar en las consecuencias que esto conlleva?

Recientemente ha habido dos temas que presentan el tema del aborto, por un lado la penalización de mujeres que han sido encarceladas por haberlo cometido (y con ello el desmembramiento de familias completas), y por el otro, el de niñas embarazadas y que no pueden recurrir al aborto, porque la legislación en sus países lo prohíbe, y por tanto enfrentan embarazos de alto riesgo para su salud.

Criminalización del aborto

En la nota publicada en este portal el 12 de agosto de 2013, titulada En 4 años fueron condenados 87 mujeres y 21 hombres por aborto, se presenta el caso de una pareja que, al igual que muchas otras, fue arrestada, condenada y encarcelada por un proceso de aborto, el cual, al parecer, no fue provocado. Más aún, Verónica Cruz, directora del Centro Las Libres, sostiene que “no hay procesos contra mujeres ricas, no hay procesos contra hombres que obligaron a abortar a una mujer, no hay procesos contra médicos que practican abortos clandestinos”, entonces ¿a quiénes se está criminalizando? Lamentablemente a mujeres que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad, esto es, situaciones de pobreza agravada, con mala alimentación, sin acceso a servicios de salud, exclusión social, etc., mujeres que al verse involucradas en un proceso penal o encarceladas no pueden ver a sus hijos, pierden su trabajo y quedan estigmatizadas no sólo en lo social, sino en la vida laboral, dificultando aún más la situación en la que ya se encontraban. ¿Es que estas mujeres no se encuentran ya en una situación lo suficientemente vulnerable como para verse supeditadas a la valoración de que el producto que están gestando merece mayor protección que ellas?

En la gran mayoría de estos casos, la mujer sostiene que no fue un aborto inducido. Si esto es verdad ¿por qué criminalizarlas? Y si no lo es ¿por qué poner en riesgo su salud al buscar un aborto clandestino? En palabras de Lynn Paltrow, “Ninguna mujer debe enfrentar cargos criminales por tener un aborto o experimentar una pérdida de embarazo… (pues estas medidas) pretenden castigar y no proteger a las mujeres”.

Niñas que son madres

Los resultados de penalizar el aborto son claros y poco prometedores. América Latina es la segunda región con mayor índice de madres adolescentes (la primera es África). Esto de acuerdo con Marcela Suazo de la UNFPA, se debe en parte a la falta de educación, a la pobreza, la desigualdad de género, la discriminación, la falta de acceso a los servicios y al concepto social que se tiene de las niñas y mujeres, pero también a las leyes que prohíben el aborto. Uno de los casos más recientes es el de la pequeña de Paraguay de “10 años, que mide 1,39 metros, pesa 34 kilos y sabe que tiene una bebé en su pancita”, que no puede abortar porque en su país se persigue el aborto a menos que la vida de la madre corra peligro, pues en este país la violación no es un motivo de aborto.

Así, estas niñas se enfrentan a varios problemas, entre los principales, a problemas de salud gineco-obstétrica derivados de una gestación precoz. De acuerdo con el informe Maternidad en la niñez de la UNFPA publicado en 2013, alrededor de 70.000 adolescentes en países en desarrollo mueren al año por causas relacionadas con el embarazo y el parto. Pero también enfrentan otros factores psico-sociales, uno de ellos es llevar su embarazo a término a pesar de haber sido abusadas, violadas o abandonadas por sus parejas. Y otra vez hay que preguntarse ¿por qué la situación de vulnerabilidad de estas pequeñas ha de quedar supeditada a la valoración de que el producto que están gestando merece mayor protección que ellas?

El aborto en el DF

El pasado 25 de abril se realizó la 4a “Marcha por la vida” en el DF, y en ella, los manifestantes solicitaron se derogue la interrupción del embarazo porque a 8 años de la despenalización del aborto en esta entidad federativa se deberían implementar “verdaderas políticas públicas de apoyo a la mujer”, entre ellas fomentar y garantizar el trato digno, la inclusión social, la atención de calidad en todas las clínicas públicas y privadas especialmente a las embarazadas de mayor riesgo, madres solteras, adolescentes y de escasos recursos. Y tienen razón, sólo que estas medidas propuestas, junto con una mayor educación sexual, menos discriminación, etc., no son excluyentes de proveer las condiciones de salubridad y capacitación mínimas necesarias requeridas para que una mujer pueda abortar.

Como señala Alma Beltrán: Se busca que todas las autoridades legislativas, judiciales y administrativas velen por los derechos que protegen a las mujeres, no que los recorten o los restrinjan.

Coincido con Gumaro: “Yo no creo tener derecho para decidir sobre el cuerpo de nadie”.

* Fabiola Villela es Doctora en Bioética y miembro del PUB (@bioeticaunam)

Tomado de http://www.animalpolitico.com/

Source: Mayo 2015

Una clara advertencia a los jueces

Una clara advertencia a los jueces

El organismo lo informó a partir del caso de la ex jueza Myriam Rustán de Estrada, que en octubre de 2012 impidió el aborto legal a una mujer violada mientras estaba cautiva de una red de trata. Se habían presentado cinco denuncias contra la ex magistrada.

El Consejo de la Magistratura de la Nación advirtió que si un juez obstruye el acceso a un aborto legal incurrirá en mal de-sempeño. El organismo sentó así un valioso precedente. Se pronunció sobre las denuncias presentadas contra la ex jueza Myriam Rustán de Estrada, quien pretendió impedir la interrupción de un embarazo a una mujer víctima de trata que había sido violada durante su cautiverio. La jueza, que estaba a cargo del Juzgado Nacional en lo Civil Nº 106, intervino arbitrariamente, luego de que el jefe de Gobierno, Mauricio Macri, negligentemente diera a conocer el día y el lugar en el que se realizaría el supuesto “primer aborto no punible en la Ciudad”, en octubre de 2012.

El accionar de Rustán de Estrada generó que se presentaran cinco denuncias en su contra ante el Consejo de la Magistratura. Y luego, la misma Corte Suprema de la Nación pidió que se evaluara su accionar. Pero antes de esperar que el organismo resolviera, Rustán de Estrada se apresuró a presentar su renuncia. De todas formas, el órgano quiso dejar en claro su postura. La resolución fue dictada a mediados de diciembre, pero recién trasciende ahora. Lleva la firma de la presidenta del Consejo de la Magistratura, Gabriela Vázquez, quien se convirtió en la primera mujer en encabezar ese órgano. Vázquez trabajó dando los talleres promovidos por la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema, a partir de la gestión de Carmen Argibay en el máximo tribunal, para capacitar a operadores de la Justicia en la incorporación de la perspectiva de género en sus decisiones.

Aunque Rustán de Estrada ya no es jueza, el pronunciamiento del Consejo de la Magistratura es importante porque hasta ahora han sido inusuales las sanciones a los jueces u otros operadores de la Justicia que impiden el acceso a un aborto legal, poniendo sus preceptos religiosos por encima del cumplimiento de la ley. Además, “confirma que hay consecuencias legales para quien abuse de la función pública para obstaculizar el ejercicio de los derechos de las mujeres” y, “si bien la renuncia de esta jueza impidió seguir adelante con el proceso en contra, es bueno que se fortalezca la idea de la necesaria rendición de cuentas por las acciones del Poder Judicial”, destacó en diálogo con este diario la abogada Natalia Gherardi, directora ejecutiva del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), una de las entidades que había denunciado a la jueza.

El Consejo de la Magistratura señaló que, si bien renunció a su cargo, su conducta habría sido encuadrada en el supuesto de mal desempeño –artículos 25 incisos 1, 3 y 4 de la Ley 24.937– por demostrar un desconocimiento inexcusable del derecho, negligencia grave en el ejercicio del cargo y realización de actos de manifiesta arbitrariedad. En sus fundamentos, señala que “su postura se convirtió en un obstáculo judicial para la realización de una práctica médica permitida por la legislación vigente, poniendo en riesgo la salud y la propia vida de quien la reclamaba y desconociendo el criterio sostenido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo FAL sin dar mayores fundamentos”.

El Consejo de la Magistratura advirtió sobre el accionar obstructivo a través de la utilización de la Justicia. “La judicialización de esta cuestión, que por su reiteración constituye una verdadera práctica institucional, además de ser innecesaria e ilegal, es cuestionable porque obliga a la víctima del delito a exponer públicamente su vida privada, y es también contraproducente porque la demora que apareja en su realización pone en riesgo tanto el derecho a la salud de la solicitante como su derecho al acceso a la interrupción del embarazo en condiciones seguras.” Y denunció sobre este tipo de maniobra “fomentada por operadores de la salud y convalidada por distintos operadores de poderes judiciales nacionales como provinciales”.

En septiembre último, en Chubut, el Superior Tribunal de Justicia aplicó por primera vez en el país un castigo: multó por “falta grave” y “abuso de poder” al juez penal de Esquel, José Oscar Colabelli, quien había prohibido un aborto a una niña de 12 años que había quedado embarazada como consecuencia de una violación. En ese caso, la sanción fue más bien simbólica, dado que la multa fue apenas de 1500 pesos, pero dejó también el precedente. En cambio, en mayo de 2014, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de Salta rechazó, por mayoría, promover el jury contra el juez Víctor Raúl Soria, que unos meses antes, en diciembre de 2013, también había prohibido un aborto no punible a una adolescente de 13 años violada por su padrastro. El jurado, presidido por el titular de la Corte salteña, sostuvo llamativamente que la acusación contra el magistrado era “inadmisible por no haberse configurado una inusitada gravedad institucional en la conducta”.

Rustán de Estrada estaba a cargo del Juzgado en lo Civil Nº 106. El martes 9 de octubre de 2012, en un trámite irregular, frenó el aborto no punible que estaba programado para ser realizado en el curso de ese día en el Hospital Ramos Mejía de la ciudad de Buenos Aires. La causa judicial que derivó en la obstrucción de la intervención siguió un trámite irregular, que la misma Rustán de Estrada reconoció en ese fallo. El abogado Pedro Andereggen, de la Asociación Civil para la Promoción y Defensa de la Familia, promotor de la maniobra, no hizo su presentación por la mesa de entradas de la Cámara Civil, donde se realiza el sorteo del juzgado que debe intervenir. En cambio, eligió a esa magistrada y llevó a su juzgado el recurso de amparo para que se suspendiera el procedimiento médico –seguramente porque conocía de antemano su posición y cómo se pronunciaría–, luego de que el viernes 5, cuatro días antes, un juez del fuero Contencioso Administrativo y tributario de la Ciudad, Guillermo Scheibler, había rechazado un planteo similar del mismo abogado.

La entidad católica hizo la presentación, tras conocer por la negligencia del jefe de Gobierno porteño, dónde y cuándo se realizaría el aborto no punible, solicitado por una mujer de 32 años, víctima de trata que había resultado embarazada durante su cautiverio a manos de redes prostibularias, de donde pudo escaparse. El mismo gobierno porteño apeló la resolución de la entonces jueza.

En su decisión, Rustán de Estrada desconoció a la propia Corte Suprema de la Nación, que el 13 de marzo de 2012 había clarificado los alcances de la norma sobre aborto en el país –en la sentencia FAL s/medida autosatisfactiva– y, puntualmente, indicó que no debían ponerse obstáculos arbitrarios ni exigir una autorización judicial ni el pronunciamiento de un comité de bioética. Por el contrario, la entonces jueza escribió en su resolución: “Si la madre necesita reparar el trauma sufrido mediante su desvinculación completa del hijo engendrado, podrá hacerlo en cuanto el niño nazca mediante el instituto de la adopción, pero no puede hacerlo mediante su eliminación de la faz de la Tierra”.

El caso llegó rápidamente a la CSJN para revocar la medida cautelar dictada y el conflicto de competencia suscitado a raíz de las presentaciones simultáneas realizadas por la Asociación Civil Pro Familia en la Justicia Civil de la Nación y en la Justicia Contencioso Administrativa de la Ciudad. La Corte Suprema, en una decisión contundente, dejó sin efecto la decisión de Rustán de Estrada y ordenó que se respetara el derecho de la mujer a un aborto legal.

Un año más tarde, la CSJN volvió a pronunciarse, esta vez sobre el fondo, y sostuvo que, si bien el caso ya había devenido en abstracto, “es necesario tomar todas las medidas para desmantelar toda posible consecuencia que pretenda derivarse de esas actuaciones judiciales deformadas”. En este sentido, declaró la nulidad de todo lo actuado por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil 106 y ordenó que se examinara la conducta de la asociación peticionaria (Asociación Pro Familia) y de su letrado patrocinante, y que por su parte el Consejo de la Magistratura interviniera para evaluar el desempeño de Rustán de Estrada.

Tomado de http://www.pagina12.com.ar

Source: Marzo 2015

Despenalización del aborto y derechos: respuesta a los críticos

Despenalización del aborto y derechos: respuesta a los críticos

El Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet ha cumplido su promesa programática y ha enviado al Congreso Nacional un proyecto de ley sobre interrupción legal del embarazo bajo un sistema de indicaciones que despenaliza la acción que provoca un aborto cuando se configura la causal terapéutica, la embriopática y la criminológica.

Es la primera vez en nuestro país, desde el regreso a la democracia, que mediante el uso de la potestad legislativa del Presidente de la República se promueve una regulación de la interrupción del embarazo en términos explícitos y abiertos. Sin duda es un avance significativo y debe aplaudirse, en especial por la intención de reconocer y proteger derechos de las mujeres. Sin perjuicio de ello, cabe hacer presente que el proyecto legislativo se compromete sólo con los estándares mínimos necesarios para resguardar derechos de las mujeres.
En ese contexto, el proyecto busca equiparar a Chile con un modelo de regulación del aborto presente en legislaciones tales como Israel, Polonia, Colombia, Bolivia, Argentina y la mayoría de los países latinoamericanos. Estos países establecen un sistema de indicaciones o causales y no un sistema regulatorio que se funda en las semanas de gestación. Este último, permite que la mujer adopte libremente la decisión de interrumpir un embarazo, bajo un período determinado, sin indicar motivos que lo justifiquen. Bajo el sistema de indicaciones o causales, en cambio, la interrupción del embarazo se permite de manera restringida cuando operan ciertas circunstancias definidas expresamente en la ley.

En la discusión pública nacional se han formulado diversos cuestionamientos por parte de quienes se oponen a que la propuesta legislativa se convierta en ley. A continuación abordaremos críticamente dos de estos.

En primer lugar, se ha sostenido que resultaría innecesaria la regulación propuesta en el proyecto, pues actualmente las mujeres no reciben el castigo penal al aplicárseles causales de exculpación por inexigibilidad, o bien, siendo culpables, se les impondrían, en todo caso, penas sustitutivas que devendrían en cumplimiento en un régimen abierto.

La insuficiencia y miopía de esta argumentación consiste en que relega el factor del juicio criminal. Esto es así porque: I) la sentencia de exculpación es un juicio contingente; II) omite que el soporte de un proceso criminal resulta en sí gravoso, debido a que mantiene la carga estigmatizante de la criminalidad y la doble victimización, independiente de si la mujer será o no exculpada o si se le aplicará o no una pena sustitutiva; III) esta carga tiene efectos discriminatorios, pues principalmente se aplica a mujeres pobres que se encuentran en condiciones particulares de exclusión o marginalidad; IV) genera intensas barreras para que las mujeres obtengan una atención de salud segura.

En segundo lugar, otros han afirmado que el proyecto va más allá de una mera despenalización de la interrupción del embarazo, pues configuraría, más bien, el equivalente a un derecho al aborto.

En efecto, lo que el proyecto hace es convertir en lícitas las acciones que interrumpan un embarazo, una vez que se cumplen ciertas exigencias que el propio proyecto establece. Vale decir, la conducta que antes era criminalmente reprochable, ahora es un actuar lícito, porque el Estado renunció a prohibir y castigar con sanciones punitivas esas acciones. Si esto es así, debemos interrogarnos por las condiciones para que tal conducta lícita pueda ser llevada a cabo.

Así, entonces, se equivocan quienes derivan de la despenalización el establecimiento de un supuesto (nuevo) derecho de la mujer a solicitar la interrupción del embarazo. Lo que las mujeres harán bajo la eventual nueva legislación es simplemente ejercer derechos que ya gozan en nuestro sistema jurídico con total libertad y en condiciones relativamente igualitarias: el derecho a la protección de la salud y, por supuesto, el derecho a la vida. Si la interrupción del embarazo es lícita, entonces el tratamiento sanitario debe ser protegido por las obligaciones que impone el derecho de protección de la salud y el derecho a la vida. En este sentido, no se propone un derecho al aborto a secas, simplemente se reconoce el derecho a que la salud y vida de las mujeres sean protegidas; salud que, en todo caso, debe entenderse en términos integrales.

Por lo demás, lo que el proyecto del Gobierno hace es evitar que se deje sin operatividad la ley y así no incurrir en un autoboicot. Despenalizar sin establecer mecanismos y procedimientos para que las mujeres efectivamente puedan interrumpir un embarazo en condiciones sanitarias oportunas y seguras, negaría una faz del derecho a la protección de la salud. En ese sentido, con los matices necesarios, la Corte Europea de Derechos Humanos condenó a Polonia por no disponer del marco regulatorio suficiente para que una mujer pueda acceder a procedimientos de interrupción del embarazo en un entorno que se puede aproximar al chileno (Caso P. y S. v. Polonia, N° 57375/08, 2013).

Si el legislador chileno despenalizará en ciertas hipótesis la interrupción voluntaria del embarazo, deberá hacerlo en condiciones tales que proteja el resto de los derechos constitucionales de las mujeres, sin perjuicio de crear las necesarias herramientas para su accesibilidad segura y oportuna y así cumplir con los estándares mínimos que el derecho internacional de los derechos humanos establece. Sólo de esa manera podremos dejar atrás una legislación criminalizadora sin excepción, resabio de la dictadura, que en derecho comparado sólo posee un puñado de países en el mundo.

Artículo publicado http://www.elmostrador.cl/

Source: Febrero 2015

La izquierda y el feminismo

La izquierda y el feminismo

La sociedad tiene una deuda con el feminismo y la izquierda tiene la obligación ética y política de asumir ese legado político para hacer otra sociedad.

Podemos ha despertado muchas esperanzas en un sector significativo de la izquierda española, fundamentalmente por cuatro razones: la primera, porque ha cuestionado los déficits de representación del sistema democrático español, proponiendo un modelo de democracia más participativo. La segunda, porque ha cuestionado las políticas económicas neoliberales. La tercera, porque afirma que los partidos políticos tienen un funcionamiento orgánico antidemocrático y no escuchan las voces de la sociedad civil. Y la cuarta, porque creen necesario acabar con la corrupción y establecer un procedimiento más transparente y con mecanismos de control democrático. Me siento próxima a esos argumentos, pues el sistema político que se gestó en 1978 debe ser reformado y debe abrirse un proceso constituyente. Además, las políticas económicas neoliberales deben desactivarse y hacerse políticas de redistribución con la participación activa de los diversos sectores críticos de la sociedad. Asimismo, los aparatos de los partidos deben democratizarse para que los más mediocres no transiten casi en exclusivo por las élites y hagan de la política su profesión. Y, sin duda, la corrupción debe ser eliminada para que no gangrene la sociedad y pueda así imponerse un modelo de comportamiento de honestidad en el uso de los recursos públicos.

También me siento próxima al proyecto político de IU, que desde los albores de la transición propuso a la conciencia de nuestra sociedad un modelo social basado en políticas de redistribución que transformasen las jerarquías de clase. Y no podemos olvidar que el PSOE hizo políticas de igualdad a instancias del feminismo y del movimiento LGTB, que, lejos de detenerse, deben profundizarse hasta que alteren de verdad las jerarquías heteropatriarcales. Esas políticas de igualdad no han sido suficientes, pero sí han sido las primeras que se hicieron desde el poder político. No empezamos de cero. Tenemos una historia de luchas, pero también de conquistas.

Sin embargo, es preciso tener presente que las mujeres estamos en el corazón de esas realidades sociales que la izquierda interpela críticamente. Me preocupa que esta izquierda no sea capaz de hacer de la igualdad entre hombres y mujeres uno de los elementos centrales de su proyecto político. Esa preocupación se origina fundamentalmente por dos cuestiones: la primera, porque las mujeres estamos pagando los costes más inhumanos de esta crisis. Somos mayoría en los salarios de pobreza, en el trabajo sumergido y en el trabajo a tiempo parcial, nuestros salarios son más bajos y nuestra tasa de paro es mayor que la masculina. Pero, además de esta desigualdad en el mercado laboral, hacemos gratuitamente el trabajo reproductivo y de cuidados. Sin el trabajo no remunerado que hacemos las mujeres, la sociedad no podría sostenerse. Por otra parte, la violencia contra las mujeres no puede ser reducida a los asesinatos que se producen cada año, pues eso solo es la punta del iceberg. La violencia patriarcal forma parte de la vida cotidiana de miles de mujeres y niñas en nuestra sociedad. Asimismo, la ausencia de mujeres en los espacios decisivos de poder es una realidad social incuestionable que pone de manifiesto un techo de cristal que impide acceder a las mujeres a aquellos espacios en los que hay poder y recursos. Por su parte, las mujeres migrantes son dirigidas al trabajo doméstico y a la industria del sexo y ocupan los espacios más desvalorizados y peor pagados de la sociedad. Todas nosotras estamos pagando una crisis de la que no somos responsables y con nuestras vidas estamos sosteniendo los cimientos de una sociedad que reproduce y crea espacios de exclusión para las mujeres. ¿Qué propuestas tiene la izquierda para desactivar esta desigualdad?

Y la segunda preocupación se origina en la escasa atención que la izquierda presta al feminismo, pese a que ha luchado incansablemente por derechos que han civilizado nuestra sociedad y han ensanchado nuestra democracia. ¿Qué hubiese sido de la democracia española si el feminismo no se hubiese articulado políticamente para conquistar derechos, como el divorcio, el aborto o la paridad? Y no sólo eso, pues ha estado en la vanguardia de la lucha contra la austeridad y en la defensa de los derechos civiles. La sociedad tiene una deuda con el feminismo y la izquierda tiene la obligación ética y política de asumir ese legado político para hacer otra sociedad. En las dos últimas décadas ha cristalizado un clima ideológico muy reactivo con los derechos de las mujeres y la izquierda debe contribuir a desactivarlo. No puede construirse una utopía colectiva de transformación social sin el feminismo, pues este movimiento social ha protagonizado luchas en la sociedad civil y en las instituciones que han humanizado las condiciones de vida de las mujeres. Y no sólo de ellas. También los hombres han podido acceder a derechos derivados de las luchas feministas, como la conciliación de la vida laboral y familiar, entre otros. Por eso, si la izquierda no es capaz de asumir nuestras vindicaciones políticas, su propuesta de transformación social y política perderá legitimidad. Necesitamos políticas feministas para interrumpir la desigualdad. Si la izquierda no es capaz de satisfacer las demandas y las necesidades de las mujeres, la igualdad será una quimera. Y, además, quizá no encontremos razones para votarles.

Tomado de http://www.eldiario.es/

Source: Febrero 2015