Ecos a 100 años de distancia

Ecos a 100 años de distancia

Los ecos del pasado se mezclaron con las voces del presente. La historia nomás da vueltas, diría Úrsula Buendía en “Cien años de soledad”.

El pasado 13 de enero se conmemoraron 100 años del Primer Congreso Feminista de Yucatán que, de hecho, fue el primero en México y el segundo en América Latina, después del de Argentina en 1910.

La conmemoración incluyó la inscripción, en el Congreso del estado, del nombre de Elvia Carrillo Puerto en letras doradas. Fue la primera mujer en tener tal distinción. Y me pregunto ¿por qué en la sede del Primer Congreso Feminista se tardaron 100 años en reconocer a una mujer?

Asimismo, en el Teatro Peón Contreras, donde se llevó a cabo la histórica reunión, se presentaron varias conferencias. Pero las organizaciones civiles fueron excluidas. A varias distinguidas activistas, como Sandra Peniche, no se les permitió el paso al Peón Contreras. Y aunque organizaron eventos paralelos, ninguno pudo llevarse a cabo en ese emblemático teatro.

De entre las conferencias, una me trajo ecos del pasado. La ponente dedicó 20 minutos a recordarnos el papel asignado desde la Edad Media. Habló del “esencial” papel de las mujeres como sostén del hogar, pilar de la familia y “báculo de nuestros padres en la ancianidad”. Ni una palabra sobre la corresponsabilidad de las tareas de cuidado con los hombres. Ni una frase sobre la responsabilidad del Estado.

Mientras oía su discurso recordaba a Rosario Castellanos preguntar: ¿No habrá otra manera de ser humana y libre? Pero, como sucedió en 1916, ahí estaban también las voces de mujeres que apuestan por la igualdad para tener una mejor sociedad.

Ahí estaba la voz de la política Dulce María Sauri, quien hizo un llamado a pensar, reflexionar, cuestionar, combatir la causa de la exclusión de las mujeres y las niñas; y afirmó que “sólo mujeres y hombres comprometidos con los Derechos Humanos pueden poner un coto al oscurantismo y trabajar en favor de las mujeres del siglo XXI”.

Ahí estaba también la voz de la historiadora Ana Lau, quien señaló que el “deber ser femenino” sigue vigente, pero igualmente el poder subversivo de las feministas, quienes han logrado cada derecho reconocido.

Ahí estaba la voz de la senadora Angélica de la Peña, quien honró la memoria de Gisela Mota, y aludió al retroceso legal que en derechos sexuales y reproductivos se vive en Yucatán, entidad que fuera ejemplo en el país.

Ahí estaba la voz de la magistrada electoral María del Carmen Alanís, quien habló de la importancia de contar con un protocolo de actuación en casos de violencia política contra las mujeres; y recordó la vigencia de las jurisprudencias que obligan a los partidos a postular en paridad vertical y horizontal en los estados que tendrán elecciones este año.

Y claro, también ahí estaba la voz claridosa de la antropóloga Marcela Lagarde, quien nos recordó que el feminismo en México siempre ha sido una propuesta política, democrática, pacífica; y precisó que el gran reto de nuestro tiempo es “buscar una gran sinergia nacional para construir la empatía hacia la vida, integridad y dignidad de las mujeres y las niñas”.

Sí, los ecos del pasado siguen vigentes, pero también las voces luminosas que abren caminos de igualdad y libertad.

Es posible que, como afirma el personaje de la novela de Gabriel García Márquez, la historia nomás dé vueltas. Pero, en todo caso, las da en espiral. Así que las feministas de hoy construimos igualdad a partir de lo que ellas hicieron. Como las feministas de mañana lo harán con lo que nosotras seamos capaces de construir.

Apreciaría sus comentarios: cecilialavalle@hotmail.com.

*Periodista y feminista en Quintana Roo, México, e integrante de la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género.

16/CL/RMB

Tomado de 

Source: Enero 2016

Tres Causales enlatadas

Tres Causales enlatadas

La iniciativa de ley que busca despenalizar el aborto en Chile está por cumplir un año de que fue ingresada al trámite legislativo. Pese a que debería de votarse antes del 23 de enero, la falta de acuerdos en la Nueva Mayoría ha permitido que el proceso se quede estancado en la comisión de Constitución. A pesar de los intentos del poder Ejecutivo porque se apruebe, los tiempos políticos parecen indicar que el proyecto será postergado. Las críticas de grupos progresistas y feministas arrecian mientras el proyecto parece no avanzar pese a la evidencia de que 7 de cada 10 chilenos apoyan las causales legales para abortar.

De acuerdo con las encuestas de opinión pública de la Universidad Diego Portales, el apoyo a las tres causales para abortar es muy alto: el 71.7% de quienes respondieron a la encuesta están de acuerdo con la causal de aborto si la vida de la mujer corre peligro debido al embarazo. El apoyo disminuye ligeramente en las otras dos causales, pero se mantiene alto. Para la causal de feto inviable para la vida extrauterina el apoyo es de 68.7% y para el aborto por violación el 64.2% respondió que apoya esta causal.

La comisión de constitución de la Cámara Baja comenzó la discusión en octubre del año pasado teniendo como invitados a representantes del poder ejecutivo. El lunes pasado la ex senadora de la Democracia Cristiana, Soledad Alvear se presentó ante la comisión para atacar el proyecto. La ministra Claudia Pascual del Servicio Nacional de la Mujer respondió a las críticas en declaraciones ante la prensa: “[…] es parte del debate democrático de la sociedad y, en ese sentido, ningún proyecto puede ser tildado de más político o de menos político porque tenga más o menos detractores o tenga más o menos defensores”.

La ex senadora no logró convencer a sus correligionarios, el diputado de la Democracia Cristiana, Aldo Cornejo se unió a su compañero René Safirio y manifestó su apoyo al proyecto en cuanto se vote en la comisión. Sin embargo, a pesar de existir la voluntad de votar este miércoles el proyecto, esta misma semana deben revisar iniciativas para el fortalecimiento y transparencia de la democracia, además del proyecto para penalizar la colusión, por lo que se estima que este mes no se vote la despenalización del aborto en las tres causales.

Para las activistas que impulsan la iniciativa: “El gobierno ha sido capaz de impulsar las reformas laboral, tributaria y educacional, que tienen que ver con derechos sociales que fueron eliminados en la dictadura […]” sin embargo en materia de derechos reproductivos de las mujeres ha decidido postergar la reconstitución de estos derechos perdidos también durante el periodo de la dictadura pinochetista, cuando se eliminaron todas las causales de aborto legal.

Claudia Dides, de la organización Miles Chile, asegura que “sería un gran avance para las mujeres, sobre todo para las más pobres, pues no disponen de recursos económicos” para cubrir los costos del procedimiento en clínicas privadas. La activista dice que de ser aprobado el proyecto se mejoraría la salud reproductiva en Chile. Dides será reconocida por el Partido Liberal con el premio presidente Balmaceda, por su labor a favor de los derechos reproductivos y por su aporte al debate político en esta materia. El premio será entregado en la Cámara de Diputados de la nación sudamericana, y con este gesto se busca llamar la atención de la deuda que tiene Chile con sus mujeres, a las que se les niega cualquier posibilidad de interrumpir el embarazo.

Al igual que nuestro país, los y las legisladoras de distintos partidos omiten avanzar en el reconocimiento de los derechos reproductivos de las mujeres. Esto pese a las directrices de Derechos Humanos, las sentencias de la Suprema Corte y el avance en la opinión pública de la idea de que el aborto es un derecho intrínseco de las mujeres. La despenalización del aborto es una deuda con las mujeres, en Chile, en México y en el resto de América Latina.

Tomado de http://eluniversal.com.mx/

 

Source: Enero 2016

El año en que las mujeres dieron un gran salto

Mujeres de Gujarat, India.

Este es un artículo de opinión de Lakshmi Puri, subsecretaria general de la Organización de las Naciones Unidas y directora ejecutiva adjunta de ONU Mujeres.

Naciones Unidas, enero 2016 (IPS) – El año 2015, el último para los Objetivos de Desarrollo del Milenio de la ONU, anuncia el comienzo de 15 años clave para la realización de la nueva Agenda de Desarrollo Sostenible que la comunidad internacional puso en marcha junto con renovados acuerdos para el cambio climático y la financiación para el desarrollo.

También representa una coyuntura histórica en la realización del Proyecto de Igualdad de Género, tal vez el más importante para la humanidad en el siglo XXI. La ONU (Organización de las Naciones Unidas) a sus 70 años está comprometida con su realización.

En 2015 se realizaron grandes avances en la priorización de los derechos humanos de las mujeres, a través de la igualdad de género y el empoderamiento, en todos los esfuerzos normativos de la ONU.

Los derechos económicos, sociales y políticos de las mujeres, su seguridad e integridad, y su voz, participación y liderazgo ocuparon el centro de su ambición de “transformar el mundo” y “no dejar a nadie atrás”.

La igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres no solo son considerados una obligación moral, sino también “cruciales” para el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

La Plataforma de Acción de Beijing, 20 años después

El mundo conmemoró el 20 aniversario de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, celebrada en Beijing en 1995, con exámenes nacionales, regionales y globales de la aplicación de la Plataforma de Acción de Beijing (PAB).

ONU Mujeres movilizó a los Estados miembros, las entidades del sistema de la ONU, el sector privado, la sociedad civil, los jóvenes y los medios de comunicación mediante la generación de conocimiento de alto impacto, campañas de promoción, coordinación y alianzas estratégicas para llamarlos a la acción.

La sesión 59 de la Comisión de la ONU sobre la Condición de la Mujer (CSW) examinó el progreso realizado en la aplicación de la PAB y basó sus conclusiones en 168 informes nacionales y exámenes regionales. El veredicto es que hubo avances, pero desiguales y de una lentitud inaceptable. El cambio no ha sido profundo ni irreversible y persiste el déficit de financiación de género.

A pesar de los avances en las leyes para promover la igualdad de género y abordar la violencia contra las mujeres y las niñas, en la matrícula educativa, la participación en la fuerza laboral, el acceso de las mujeres a los métodos anticonceptivos y la representación femenina en los órganos legislativos, 20 años después muchas de las mismas barreras estructurales siguen vigentes en el mundo. La Agenda 2030 deberá abordar esas barreras de manera integral.

La violencia contra las mujeres es una epidemia mundial que toma diferentes formas. La mayoría de los pobres del planeta son mujeres. Las inequidades persisten en la educación, la participación laboral, los salarios, los ingresos, la protección social, el trabajo de cuidados no remunerado y el trabajo doméstico.

La desigualdad en la participación en las empresas, los órganos legislativos y el gobierno es grande. Ningún país alcanzó la igualdad sustantiva entre los géneros.

Al ritmo actual se necesitará otro siglo para alcanzar la igualdad de género. El examen destacó la necesidad de avanzar rápidamente para anular los sistemas y las estructuras patriarcales que infravaloran a las mujeres y las niñas desde hace siglos, las despojan de la igualdad de derechos y les niegan a ellas y al resto de la humanidad las oportunidades para realizarse por completo.

La declaración política aprobada por los Estados miembros en la 59 sesión de la Comisión sobre la Condición de la Mujer reafirma su voluntad política para abordar estos desafíos, inequidades y barreras estructurales. Promete la aplicación total, acelerada y efectiva de la PAB, así como fortalecer leyes y políticas y su aplicación para transformar las normas sociales discriminatorias y los estereotipos de género.

También promete aumentar la inversión para terminar con la inequidad de género en los recursos, en particular mediante su priorización en la asistencia oficial para el desarrollo y en la movilización de recursos internos, así como fortalecer los mecanismos nacionales de género.

Se reconoció el valioso papel de la sociedad civil y las organizaciones de mujeres y se asumió el compromiso de apoyarlas, en particular brindándoles un entorno seguro y propicio.

Los fondos transformadores de los compromisos con la igualdad de género

La Agenda de Acción de Addis Abeba, aprobada en 2015 en la Conferencia Mundial sobre la Financiación para el Desarrollo, se compromete a lograr la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer e incorporarla en particular mediante acciones e inversiones específicas en la formulación y aplicación de todas las políticas financieras, económicas, ambientales y sociales.

También se compromete a aplicar políticas sólidas, legislación y “medidas transformadoras” en todos los niveles.

El “Plan de Acción de Addis Abeba sobre la Financiación Transformadora para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de la Mujer” de ONU Mujeres, que implica un aumento considerable de la inversión en la igualdad de género de todas las fuentes y en todos los niveles, cosechó un amplio apoyo. La urgencia de estos compromisos de dotación de recursos sin precedentes se enmarcó en la fecha límite de 2030.

La Agenda 2030 – la igualdad de género en el centro

La adopción de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible centrada en la igualdad de género representa una victoria importante para quienes defienden este objetivo, incluida ONU Mujeres. Acogemos con beneplácito el reconocimiento de que “el desarrollo sostenible no es posible si a la mitad de la humanidad se le sigue negando la plenitud de sus derechos humanos y oportunidades”.

Las dimensiones trípticas e indivisibles del marco universal de desarrollo sostenible – lo económico, lo ambiental y lo social – y sus fuertes referencias a los derechos humanos, la erradicación de la discriminación, la violencia y la desigualdad es importante para todas las mujeres y niñas, las personas y los países, ya sean industrializados o en desarrollo.

El gran salto es que la Agenda 2030 posiciona la PAB como marco fundamental para el desarrollo sostenible – “una placa base normativa” con todos los objetivos y metas de género transformados en aquellos de desarrollo sostenible.

Existe el compromiso general de aumentar significativamente la inversión para cerrar la brecha de género, fortalecer el apoyo a las instituciones de igualdad de género en todos los niveles, incorporar de manera sistemática la perspectiva de género en la implementación de la Agenda, y eliminar todas las formas de discriminación y violencia, incluso mediante la participación de hombres y niños.

Se aseguró el ODS 5 para lograr – y no solo promover – la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y niñas. La igualdad de género también se integra a 11 ODS más relativos a la pobreza, el hambre, la salud, la educación, el agua y saneamiento, el empleo, las sociedades justas y pacíficas, las ciudades sostenibles y el crecimiento económico.

Las opiniones expresadas en este artículo son responsabilidad de la autora y no representan necesariamente las de IPS – Inter Press Service, ni pueden atribuírsele.

Traducido por Álvaro Queiruga

Tomado de IpsNoticias.net

Source: Enero 2016

Cuando la igualdad es prioridad de un Estado

Asa Regnér, Ministra de Infancia, Ancianidad e Igualdad de género

Entrevista a la Ministra de Infancia, Ancianidad e Igualdad de Género del gobierno “feminista” sueco

En el gobierno sueco, liderado por un socialdemócrata, reina la paridad absoluta: 50 por ciento de los ministerios están a cargo de mujeres, al igual que los cargos de segunda y tercera línea. Una ministra explica cómo trabaja esa gestión.

Podría ser el argumento de una novela de Gioconda Belli. Pero no. Hay un país, lejano a nuestras latitudes y tradiciones, que tiene el primer gobierno que se declara feminista en el mundo y cuya principal política es la igualdad de género. Puertas adentro y fronteras afuera. Se trata de Suecia, donde en 2014 asumió como primer ministro Stefan Löfvén, un ex soldador, de 54 años, líder del Partido Socialdemócrata, y que antes encabezó el poderoso sindicato metalúrgico, como Lula, con quien tiene otros puntos en común en su historia personal, como el hecho de no haber conocido a su padre. Löfvén asumió después de ocho años de conservadurismo, y aunque ninguna ley lo obligaba, nombró un gabinete de ministros, con un 50 por ciento de mujeres y un 50 por ciento de varones. Paridad absoluta: no solo en la primera línea; también entre los viceministros, los secretarios de Estado, y en los gabinetes de cada ministro. En una entrevista con Página/12, su ministra de Infancia, Ancianidad e Igualdad de género, Asa Regnér, detalló los principales ejes de la gestión. “Somos un gobierno feminista y eso significa que la política tiene que ser otra. Tiene que haber una diferencia entre nuestro gobierno y otro. Vemos la igualdad como una cuestión de derechos humanos, justicia y derechos de las mujeres. Es también un vehículo para cambiar toda la sociedad”, afirmó en una charla con este diario. Entre las medidas que implementó el gobierno, figura una línea telefónica para brindar ayuda a hombres que ejercen violencia contra su pareja o ex pareja.

El calor porteño la enamora. Prefiere que la entrevista sea al aire libre, cerca de la pileta del hotel donde se aloja, en el barrio de Retiro, antes que en el lobby con aire acondicionado. En Suecia el invierno le regala, en esta época, apenas cuatro horas de luz natural por día, y las temperaturas suelen estar por debajo de los cero grados. Regnér estuvo en Buenos Aires para participar de los actos de asunción del nuevo presidente argentino, en representación de su país. Y aprovechó su visita para reunirse con referentes de Unicef, y de ONG vinculadas a los movimientos de mujeres y LGBT, además de conocer a la nueva titular del Consejo Nacional de las Mujeres, Fabiana Túñez.

Antes de sumarse al gobierno sueco –surgido de una coalición entre el Partido Socialdemócrata y el verde–, Ragnér fue titular de ONU Mujeres en Bolivia entre 2013 y 2014, un territorio que conocía porque más de dos décadas atrás había estado viviendo en un barrio de la ciudad de La Paz, donde cooperaba con un grupo de mujeres aymaras. También fue directora general de la Federación de Suecia de Educación Sexual (RFSU).

“Si tuviéramos una sociedad igualitaria en relación al género, tendríamos niños con acceso a ambos padres, padre y madre, si los tuvieran. Tendríamos una sociedad con gran crecimiento económico, porque podríamos aprovechar la formación de todos, hombres y mujeres, en la fuerza laboral, tendríamos una base de impuestos que permitiría pagar servicios de cuidados, de personas de tercera edad, de niños. Ese es el modelo sueco. Hemos llegado a cierto punto, pero hay que mejorarlo”, explicó la ministra.

–¿Qué significa en los hechos que el gobierno se defina como feminista?

–El gobierno feminista ha presentado dos presupuestos, con líneas claras para fortalecer más que nada la economía de mujeres. Las mujeres suecas tienen una situación económica peor que los hombres. Las diferencias no son grandes en comparación con otros países, pero sí hay diferencias, y tienen que ver con género. Hemos ya propuesto medidas que fortalecen la situación económica de las mujeres. El cuidado de personas de tercera edad es pago y lo hacen mayormente las mujeres. Hemos dedicado bastante dinero para incluir más plazas, para que haya menos estrés, que haya posibilidades de formarse en el trabajo y organizar el trabajo de mejor manera. También hay apoyo a mujeres que viven solas con sus hijos.

–La violencia machista es la otra cara de la desigualdad histórica de las mujeres en la sociedad. ¿Cuál es el panorama en relación a este problema en un país con niveles tan altos de igualdad?

–En Suecia también hay violencia de género. Tenemos una población de 9 millones de habitantes. Y cada año tenemos 17 femicidios. Entre 16 y 18 en los últimos diez años. Debería ser cero, en Argentina, en Suecia, donde sea. Los diferentes gobiernos, socialdemócratas y conservadores, han invertido en los últimos 15 años para mejorar la infraestructura en relación a las respuestas que se ofrecen a las víctimas, mujeres y niños, afectadas por la violencia. También hemos revisado bastante la legislación, y hecho programas de formación para el sistema judicial y policial. Sin embargo, los niveles de violencia parecen mantenerse. Un enfoque que yo tengo será implementar programas nacionales para prevenir la violencia en municipios y escuelas. Pero también medidas más específicas: hemos abierto una línea nacional para hombres que saben que podrían hacer daño, sexualmente o físicamente.

–¿Llaman?

–Sí, llaman.

–¿Qué tipo de ayuda se les brinda?

–Hay psicólogos muy expertos. Tienen que ser profesionales especializados porque tenemos que pensar que hay personas en riesgo, así que los que contestan el teléfono están muy preparados. Y si la persona dice dónde vive, le indican a qué lugar puede ir cerca de su domicilio. Los que llaman son un grupo de gente que es consciente de sus problemas y de las consecuencias para las víctimas y para ellos mismos. En nuestra sociedad es muy mal visto pegar a una mujer, o violarla. Entonces es una pérdida social también. Esta línea no sustituye al sistema judicial. Es una medida más.

Tomado de http://www.pagina12.com.ar/

 

Source: Enero 2016

Leyes que encarnan ideas

Leyes que encarnan ideas

Como el marco legal construye iguales

En Suecia el aborto es un derecho desde 1975. Es legal hasta la semana 18. “Se sabe que el 90 por ciento de los abortos se hace antes de la semana 12. Y el 75 por ciento antes de la semana 9 y esto es porque la mayoría toma medicamentos (para interrumpir voluntariamente un embarazo). Conocemos, por estudios, que la gran mayoría de las mujeres que van a optar por el aborto, saben ya inmediatamente que eso es lo que quieren o es lo que tienen que hacer. El resto, corresponde a mujeres que se han realizado un ultrasonido y les han informado que tienen malformación fetal”, señaló Regnér.

Una de las particularidades del modelo sueco es la política de cuidados: no solo el Estado se hace cargo del cuidado de las personas adultas mayores y enfermas que lo necesitan. También hay una licencia parental que alcanza a los 12 meses pagos, posteriores al nacimiento del bebé. “Hasta ahora, de esos 12 meses, dos tenían que ser para el padre y otros dos para la madre. Ahora vamos a aumentar un mes más. La nueva ley establece que de los 12 meses, ella tiene que usar tres, y el padre, si existe, tiene que tomar otros tres meses, sino la pareja pierde ese tiempo pagado. El resto se puede alternar o tomar como se decida. La mayoría de las mujeres suele tomarse ese tiempo y eso es lo que queremos cambiar”, señaló.

Durante la década del 70 los gobiernos socialdemócratas que gobernaron Suecia promovieron “grandes reformas” que ubicaron al país nórdico entre las sociedades más igualitarias, subrayó la ministra. Suecia tiene actualmente una brecha de género del 82,3 por ciento, lo que lo ubica entre los diez primeros países del ranking mundial en este rubro, puntualmente en la 4ª posición, lo que significa que hay altos niveles de igualdad entre hombres y mujeres. Argentina ocupa el lugar 35. El Indice de Desarrollo Humano (IDH) de Suecia, que elabora las Naciones Unidas para medir el progreso de un país, fue de 0,907 puntos en 2014, con lo que se situó en el puesto 15 de la tabla de 187 países que se analizan. Argentina mejoró de 2013 a 2014 su IDH: pasó del puesto 49 al 40, y de 0,808 a 0,836 puntos. Las diferencias en la cantidad de población entre ambos países son enormes: mientras el país nórdico tiene poco más de 9 millones de habitantes, casi el equivalente a la suma de la población de las provincias de Córdoba, Santa Fe y la ciudad de Buenos Aires. El PBI per cápita fue en 2014 de 44.400 euros: se ubica en el puesto 9 en el ranking de 196 países. Apenas algunos datos para tener en cuenta.

–Suecia es conocida por su ley que persigue a los clientes de prostitución. ¿Qué evaluación hace de su aplicación, desde hace ya más de una década?

–Estoy muy a favor de esa ley. Lo que hay que entender es que no es una ley contra la prostitución. Es una ley contra la compra. Lo que se quiere decir que la compra es lo malo. Es un abuso. El que puede comprar tiene más poder, más dinero, que la que vende. Generalmente es así, un hombre que compra y una mujer que vende su cuerpo. Se quiere cambiar ese desequilibrio de poder. Según las evaluaciones que se han hecho, tenemos menos trata, mucho menos prostitución en la calle. Existe prostitución por internet, pero ha disminuido bastante, en relación con otros países. La ley ha funcionado. Es importante el hecho de que se trata de una herramienta del Estado. Este es un tipo de sociedad que no quiere que haya seres humanos que compren a otros seres humanos. El sistema sueco también ofrece alternativas a las mujeres que quieren hacer otra cosa. Hay programas en los servicios sociales.

–Una de las críticas es que esas mujeres que son víctimas de trata, en lugar de ser explotadas sexualmente en Suecia, terminan en otros países. O son empujadas a la clandestinidad, donde corren más riesgos de sufrir situaciones de violencia y abusos.

–No hay evidencia en relación a ese planteo.

–¿Hay educación sexual integral en las escuelas?

–Sí. Desde hace 60 años.

–Se suele escuchar que Suecia tiene una alta tasa de suicidios. ¿Es así o se trata de un mito?

–Suecia se ubica en el puesto 35 en relación a la tasa de suicidios. No estamos en los primeros puestos. Creo que tiene más que ver con que hemos tenido siempre estadísticas y hay un detalle minucioso de lo que es el sistema de salud. Al punto de que exportamos expertise en estadísticas.

Tomado de http://www.pagina12.com.ar/

Source: Enero 2016

Madres por justicia y dignidad

Madres por justicia y dignidad

Este fin de semana concluyó el Cuarto Encuentro de la Red Nacional de Defensoras. La diferencia con otros encuentros es que, como conclusión, las defensoras reunieron a las madres y familiares de personas desaparecidas, quienes por más de cuatro décadas caminan el territorio nacional en búsqueda de sus seres queridos.

Por un momento, la historia tuvo su lugar de encuentro en el auditorio del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, mejor conocido como el Centro Prodh, en la Ciudad de México, espacio que cobijó a madres y familiares de personas desaparecidas en México, incluidas las miles de personas de Centroamérica.

Durante dos horas, unieron sus historias de dolor e indignación. Todas con las fotografías en el pecho de sus seres queridos, con las historias a cuestas de la indiferencia gubernamental y con la convicción de seguir adelante.

En este encuentro, Doña Celia narró su andar desde hace 44 años en búsqueda de su marido, quien desapareció en Guerrero “por la defensa de la dignidad”, dice ella. Mujer sencilla que trajo para las madres de desaparecidos de este siglo XXI la historia del siglo pasado, la de la Guerra Sucia que hoy parece que se vuelve a editar.

Junto a Doña Celia estaba Amelia, quien desde 1978 busca a su hermano Juan Chávez Hoyos, joven estudiante del CCH Vallejo, quien fue secuestrado por la Brigada Blanca que operaba entonces. Ellas son las pioneras de la búsqueda de personas desaparecidas en este México. Mujeres que al lado de doña Rosario Ibarra de Piedra crearon el Comité Eureka, bajo la consigna “Vivos los llevaron, Vivos los queremos”.

En este siglo XXI se han sumado nuevas mujeres que, sin conocer la historia de las doñas del Comité Eureka, como se les conoce desde la década de los años 60, han seguido su mismo camino.

En la noche del sábado, los relatos se entrelazaron y se unió la historia pasada con la presente, se desvanecieron fronteras ante la solidaridad y la unión en búsqueda de paz con justicia y dignidad, como ellas lo expresan.

Apenas unos cuantos testimonios caben en esta líneas, como el de Yolanda Morán, de Coahuila, quien desde hace nueve años busca a su hijo desaparecido un 19 de diciembre del 2006.

Su testimonio de dolor y exigencia de justicia se une con el de todas las demás, con el de María y Cristina quienes llevaron la voz del resto de madres de los normalistas desaparecidos en 26 de septiembre de 2014; al de las madres de Ciudad Juárez, que siguen buscando a sus hijas; a las madres centroamericanas, quienes en caravana desde hace 11 años recorren el territorio mexicano en estas fechas en busca de sus familiares.

El recorrido de testimonios va del sur al norte y de regreso al sur, más allá de las fronteras mexicanas.

Con estas madres, se unieron Tania y Nadin, las hijas de los desaparecidos, quienes siguen buscando a sus padres, así como María, quien busca a sus primas Daniela y Virginia Ortiz, desaparecidas en julio del 2007 en la zona triqui de Oaxaca. Ellas se convirtieron en defensoras, en respuesta a la fuerza y la brutalidad.

Una a una repite: verdad y justicia. Dos palabras que para ellas y para la sociedad en su conjunto significan esperanza. Esperanza para que se aplique la ley a quienes desaparecieron a sus hijas e hijos, y para que un gobierno, desde el ámbito federal hasta el local, cumpla con su mandato de proteger la vida de la ciudadanía y sancionar a quienes atentan contra ella.

Pero sobre todo quieren verdad: saber qué pasó con sus familiares, dónde están, cómo están. Esa es la verdad que anhelan y que será el descanso para su largo peregrinar.

Estas madres alzan la voz, reclaman ser escuchadas y atendidas por las autoridades, no quieren huesos como respuestas, quieren a sus hijas e hijos vivos de regreso a casa, como todas queremos a nuestros seres queridos.

Este sábado una fuerza se fusionó, la de la esperanza para transformar este país y este mundo, sumidos en la guerra como sistema. Ochenta defensoras de derechos humanos sumaron sus voces y exigencia a la de las madres y familiares de desaparecidos, unieron sus causas con las de ellas, desde la defensa por la tierra y el territorio, la libertad de expresión, etc.

Ante la catástrofe que vivimos, producto de malos gobiernos, las redes siguen siendo esperanza, que se construye más allá de la región mesoamericana, con la articulación con defensoras de Líbano, Jordania y Yemen, quienes estuvieron presente en este encuentro de defensoras mexicanas, cuyo deseo de otro mundo posible se construye todo los días con las manos, la creatividad y la estrategia de las mujeres.

*Periodista y feminista, Directora General de CIMAC.
Twitter @lagunes28

 

Source: Diciembre 2015

La violencia contra las mujeres en la agenda progresista latinoamericana

La violencia contra las mujeres en la agenda progresista latinoamericana

Las más recientes estimaciones de la Organización Mundial de la Salud confieren a la violencia contra las mujeres el rango de pandemia. Como fenómeno, la violencia contra las mujeres es prácticamente tan antigua como la humanidad. Sin embargo, algo ha cambiado en las últimas décadas, y lo ha hecho en forma acelerada: esa realidad ha sido reconocido como problema y ha sido progresivamente redefinido, de problema individual, privado y perteneciente a lo sumo a la “baja política”, a problema social, público y merecedor de atención a nivel global.

La cobertura periodística es indicativa de este cambio, no solo porque ha crecido exponencialmente en los últimos años, poniendo el tema sobre el tapete, sino también (y de modo más relevante) porque ha desplazado gradualmente su marco interpretativo, desalojando a la noticia de la crónica policial amarillista para presentarla, en notas de opinión y en espacios de “información general”, como parte de un problema social más amplio. Así, los medios han ido pasando (con distintas intensidades) de presentar los casos de violencia contra mujeres en el marco del relato del “crimen pasional” y de la anomalía conductual de individuos enfermos, a analizarla como un fenómeno emergente de una cultura sexista y violenta que somete y atraviesa los cuerpos de las mujeres.

Protagonismo de la sociedad civil

Estos cambios, signados por la inserción del problema en el marco de la narrativa de los derechos humanos, han sido el resultado de la labor sostenida a lo largo de décadas por organizaciones feministas y de promoción de los derechos de las mujeres en todo el mundo. Tal como lo hizo notar Jürgen Habermas, los movimientos sociales y organizaciones de la sociedad civil tienen la capacidad de funcionar como sensores de situaciones críticas. Anclados en el mundo de la vida, son más sensibles que los sistemas políticos y administrativos para percibir los nuevos problemas, identificarlos y proveer marcos interpretativos para ellos. De ahí que fueran ellos –y no los funcionarios públicos y líderes políticos- los que llevaron a la agenda pública todos los grandes temas de las últimas décadas.

Fueron, en efecto, las mujeres autoorganizadas las que le pusieron un nombre al problema, encontraron eco en una fracción del periodismo que, para la misma época, comenzaba a comprometerse en redes de promoción de agendas mediáticas no sexistas, se erigieron en voces autorizadas para interpretarlo, y cambiaron definitivamente el modo de pensarlo. Tanto éxito tuvieron en su empresa que lo que hasta no hace tanto fue un auténtico grito de guerra –”los derechos de las mujeres son derechos humanos”- integra hoy el acervo del sentido común de nuestras sociedades. La violencia contra las mujeres es hoy aprehendida como una violación de los derechos humanos, un delito a castigar, y un objeto legítimo de la política social.

Hay que recalcar que el movimiento de mujeres fue el artífice de cambios notables no solamente en nivel de la opinión sino también en el de las instituciones y las políticas públicas. Así lo demuestra el interesante artículo de Mara Htun y Laurel Weldon titulado, justamente, “Los orígenes cívicos del cambio político progresista: La lucha contra la violencia contra las mujeres en perspectiva global, 1975-2005” (American Political Science Review, 2012). Sobre la base del análisis de datos para setenta países a lo largo de varias décadas, las autoras sostienen que la labor de movimientos de mujeres fuertes, autónomos y feministas es la variable que da cuenta -en mucha mayor medida que factores políticos como la presencia de partidos de izquierda o de mujeres en el gobierno o factores económicos como el nivel de ingresos del país- del cambio progresista de las políticas para combatir la violencia contra las mujeres.

En suma, más allá de la efectividad de las políticas adoptadas, sobre la cual no existe suficiente información, el problema de la violencia contra las mujeres ha obtenido respuesta en el terreno de las políticas públicas ante todo por efecto de la presión del feminismo organizado, tanto en el espacio nacional como en redes trasnacionales. Ni siquiera en la comunidad del activismo por la justicia social o los derechos humanos el tema ha sido erigido en prioridad en ausencia de dicha presión.

Violencia contra las mujeres

A nivel global, la agenda de género tal como hoy la conocemos comenzó a tomar forma entre los años ochenta –cuando comenzó a ser ratificada en un país tras otro la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (conocida como CEDAW, por sus siglas en inglés), adoptada en 1979 por la Asamblea General de las Naciones Unidas- y los noventa, signados por el rol creciente de los movimientos feministas y de mujeres en la fijación de la agenda del sistema de Naciones Unidas –no solamente por su participación en la histórica Conferencia de Beijing en 1995 sino también, y sobre todo, por su capacidad para introducir la agenda de género en forma transversal en todas las demás conferencias globales de la década (sobre población, medio ambiente, derechos humanos, etc.). El primer gran hito en lo que se refiere al reconocimiento del problema de la violencia de género tuvo lugar, de hecho, dos años antes de Beijing, como resultado del esfuerzo del movimiento femenino por poner en los derechos de las mujeres el foco de la Conferencia Mundial de Derechos Humanos (Viena, 1993).

El debate en América Latina –en curso desde antes de Viena- cristalizó poco después en la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, mejor conocida como Convención de Belem do Pará (1996). Ratificada por los países de la región en los años subsiguientes, ella dio origen a una cascada de legislaciones sobre violencia contra la mujer -usualmente designada todavía como violencia intrafamiliar o doméstica- y fue acompañada por la implementación de diversos servicios de denuncia y asistencia a las víctimas. En los años siguientes, sin embargo, éstos tendieron a ser tildados de deficientes y problemáticos, y ello por razones no solamente de efectividad práctica sino también de índole conceptual –en la medida en que, por ejemplo, siguió siendo corriente la tipificación de la violación como delito contra la honra, solo aplicable entonces a las mujeres reconocidas como “honradas”. La legislación llamada “de segunda generación” recién se abriría paso en la década siguiente.

Al mismo tiempo, el problema de la violencia contra las mujeres permaneció en un lugar relegado de la agenda global. Así, por ejemplo, no figuró entre los Objetivos de Desarrollo del Milenio, formulados en el año 2000 con metas de cumplimiento fijado, justamente, para el 2015 que corre; en cambio, la lucha por la igualdad de género se centró casi exclusivamente en el cierre de las brechas educativas y laborales (a pesar de que el logro de este objetivo está fuertemente condicionado por el marco estructural de violencia). Esta omisión recién comenzó a ser explicitada en los últimos años, en particular en el marco del proceso de formulación de la llamada Agenda Post-2015. Para ese entonces ya se había ido instalando, en un principio en referencia exclusiva a los asesinatos de Ciudad Juárez y luego como marco interpretativo de un problema que se repetía con distintas intensidades en otras latitudes, el concepto de feminicidio (o el ahora más popular anglicismo femicidio), definido como el homicidio de una mujer por razones de género y progresivamente recogido por legislaciones nacionales y resoluciones de organismos internacionales.

Del dicho al hecho

La violencia contra las mujeres es hoy un tema de la agenda global, y en algunos (lamentablemente pocos) países ha llegado incluso a adquirir relevancia en la agenda político-electoral, con presencia creciente en los debates electorales, las promesas de campaña y las políticas públicas. Desafortunadamente, no parece ser el caso en América Latina. Tal como lo denuncian periódicamente organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres, la violencia de género sigue sin ser un tema prioritario en la agenda política latinoamericana. Entretanto, los cadáveres siguen apilándose.

En Argentina, epicentro de las recientes movilizaciones contra la violencia de género, había sido sancionada en 2009 la Ley de Protección Integral de Violencia contra las Mujeres, que el movimiento feminista ha considerado una conquista producto de sus luchas y que es catalogada como de segunda generación o de vanguardia tanto por su conceptualización amplia de lo que constituye violencia –ya sea física, sexual, psicológica, patrimonial o simbólica- y de los ámbitos –doméstico, institucional, laboral, médico, mediático, etc.- en los que ella tiene lugar, como por la batería de medidas que prevé para combatirla. Entre sus escasos defectos se destaca el hecho de que, un lustro después, esas políticas aún no han sido en su mayoría reglamentadas, implementadas y/o financiadas. Allí se concentró pues la acción de las organizaciones de mujeres, que ya desde hacía varios años suplían al Estado en la labor de cuantificar el problema.

La visibilidad que la difusión de cada nuevo conteo de víctimas de feminicidio acabó dándole al problema, preparó el terreno para la movilización. Ésta se estructuró en torno de un petitorio centrado en la implementación plena del Plan Nacional establecido por la ley, la provisión de garantías de acceso a la justicia y de protección efectiva, la elaboración de un registro único de víctimas y de estadísticas oficiales de feminicidios, y la implementación de un programa de capacitación docente y prevención a nivel escolar.

Nuevamente, la masiva movilización #NiUnaMenos, producida a principios de junio de 2015 en Buenos Aires y en decenas de localidades argentinas (con réplicas en otros países de la región, incluido Uruguay), tuvo sus orígenes en la sociedad civil. Lanzada en Twitter por un grupo de periodistas vinculadas con el movimiento feminista, la convocatoria encontró terreno fértil en un sociedad sensibilizada por la cascada de casos de feminicidios de los últimos meses, y se viralizó por Facebook bajo la forma de selfies con cartel de apoyo (a la vez que, sobre el terreno, era apuntalada por innumerables organizaciones sociales y políticas). La convocatoria virtual fue recogida por los medios impresos y audiovisuales, primero en sus versiones digitales y luego en tapas de diarios y programas de radio y televisión.

Si bien numerosos políticos y funcionarios buscaron tardía y oportunistamente acoplarse a ella, claramente la iniciativa se gestó por vías del todo ajenas a aquellos. De hecho, con las notables excepciones de cuatro o cinco mujeres políticas, insertas en diferentes partidos, casi no se habían escuchado pronunciamientos sustantivos sobre el tema en las primeras líneas de la política antes de que sobreviniera la catarata de adhesiones. Astutamente, los organizadores respondieron a estos ofrecimientos de apoyo con la contrapropuesta #DeLaFotoALaFirma, desafiando a políticos y candidatos a comprometerse públicamente a incluir el tema en sus campañas electorales y acciones de gobierno.

Consenso superficial

Lejos de ser solamente una maniobra oportunista intentada incluso por aquellos que, situados en posiciones de autoridad, hubieran podido pero no habían hecho gran cosa para impulsar la implementación de las políticas reclamadas, esta avalancha de apoyos reflejó un rasgo fundamental del consenso generado torno de este tema. Tal como es planteada, en efecto, la disyuntiva coloca a todos los actores en un solo bando, dejando desierto el lado opuesto del campo político. Pues ¿quién podría (declarar públicamente) estar de acuerdo con los asesinatos de mujeres? En ese sentido, el de la violencia contra las mujeres no podría ser más diferente de ese otro tema-estandarte del feminismo que es la legalización del aborto, que sí divide tajantemente a la opinión pública y se constituye en un campo de batalla en el cual miden fuerzas el movimiento feminista y el contra-movimiento autodenominado “pro-vida”.

En un sentido más profundo, sin embargo, ambas demandas abrevan de la misma fuente: el reconocimiento de las mujeres como sujetos en posición de igualdad, seres autónomos no necesitados de tutela. Así, si bien los alineamientos en torno de uno y otro tema varían, la violencia contra las mujeres y la prohibición del aborto se ubican en un mismo plano: el de la negación de la autonomía de las mujeres para tomar decisiones sobre sus cuerpos y sus vidas. Como bien lo señala Rita Segato, los actos de violencia de género son acciones disciplinadoras, moralizantes y aleccionadoras aplicables a aquellas que se han sustraído del lugar subordinado que les ha sido asignado, poniendo de ese modo en cuestión todo el sistema de jerarquías que otorga al hombre una posición dominante. Combatir desde la raíz la violencia contra las mujeres supone desafiar el privilegio masculino, objetar los roles de género y cuestionar las jerarquías a ellos asociadas. El “consenso” del #NiUnaMenos, sin embargo, dista de basarse en una convicción semejante. Quienes se oponen al aborto legal privilegian otras consideraciones por encima de la autonomía de las mujeres, y el resultado es una suerte de disenso honesto, sustentado en un combate entre principios. El consenso observado en torno del tema de la violencia contra las mujeres, en contraste, es de carácter superficial en la medida en que no se sustenta en un consenso sustancial en torno de los principios subyacentes.

Es allí, precisamente, donde anidan las dificultades de la izquierda latinoamericana para luchar contra una violencia que en muchos países exhibe aumentos que parecen ser reales, es decir, no atribuibles solamente a la disponibilidad de más y mejores mediciones sino también a una ola de reacciones protectoras de los roles tradicionales por parte de quienes se resisten al creciente empoderamiento de las mujeres latinoamericanas, potenciada por la impunidad de que han gozado los perpetradores hasta la fecha.

En muchos países de la región, el espacio político de la izquierda está hoy ocupado por fuerzas que se reclaman de izquierda, pero que son ante todo populistas y muy luego de izquierda (o, dicho de otro modo, sustantivamente populistas y adjetivadas “de izquierda”). A diferencia de la izquierda post-comunista europea, ellas exhiben marcados rasgos de conservadurismo cultural. Puesto que la lucha a fondo contra la violencia de género requiere del reconocimiento y la promoción de la autonomía de las mujeres, el tema tiene tantas más probabilidades de ser incorporado en la agenda de la izquierda y de resultar en políticas efectivas allí donde la izquierda que gobierna tiene una tradición más liberal, como es el caso de Uruguay, o –tal vez en menor medida- en casos como el de Argentina, donde a decir de Maristella Svampa prevalece un anómalo “populismo de los sectores medios”. En todos los casos, sin embargo, las perspectivas de incorporación de la temática a la agenda política del progresismo seguirán dependiendo, aún más que de lo que haga la izquierda partidaria, de la continuidad de la acción eminentemente política –es decir, orientada a la ampliación los límites de lo posible- emprendida, en cada país y en el marco de redes regionales y globales, por movimientos de mujeres feministas y autónomos.

Fuente: http://www.sinpermiso.info/textos/niunamenos-la-violencia-contra-las-mujeres-en-la-agenda-progresista-latinoamericana

Tomado de http://www.rebelion.org/

Source: Noviembre 2015

El aborto como fenómeno social

El aborto como fenómeno social

El fenómeno del aborto ha sido ampliamente debatido en el mundo. Ya en 1918 la mujer pionera en esta materia, Aleksandra Kollontai, impulsa la despenalización del aborto como una de sus tantas medidas respecto de los llamados “Derechos y libertades de las mujeres”. El sustento que había detrás de la despenalización del aborto era tan vigente entonces como lo es hoy en que se conmemora nuevamente su despenalización en América Latina y el Caribe –este 28 de septiembre–, es decir, el aborto como fenómeno social, no otra cosa sino como una de las formas materialmente existentes en que las mujeres podemos decidir sobre nuestra reproducción. Un derecho a decidir sobre la reproducción, sin la posibilidad de interrumpir el embarazo, no es tal. Derechos sexuales y reproductivos, sin aborto, no son tales.

La ciudadanía imperante es excluyente por esencia, y en la disputa por ser reconocidas, como mujeres solo nos convertimos en plenas ciudadanas cuando podemos gozar de derechos sexuales y reproductivos. El aborto, por supuesto, no es el único aspecto de este derecho. Lo es también la educación sexual, la anticoncepción, la expresión del género y el desarrollo de una sexualidad plena. Todos ellos apuntan a la aspiración suprema de la modernidad: la libertad para decidir.

En Chile nos encontramos debatiendo sobre su despenalización en tres causales. Los términos de la discusión pública han dejado de manifiesto que una de las claves del mantenimiento del orden patriarcal es la consideración de las mujeres, es decir, de la mitad de sociedad, como menores de edad, las cuales siempre necesitan de la tutela de un hombre que hable por ellas y de estructuras jurídico-políticas que, bajo el pretexto de su protección, reduzcan al mínimo su autonomía. De esta manera, cuando se habla de aborto, nos llevan a un debate sobre nosotras pero sin nosotras.

Sin embargo, la cuestión del control del Estado y las élites sobre el cuerpo de la mujer nunca ha sido un tema cultural, valórico o moral. Esta visión construye socialmente la idea de que el reproducirse es una decisión individual, así como el no hacerlo, pero que, sin embargo, debe ser controlada, ubicando a las mujeres como incapaces. En palabras de Silvia Federici: la penalización del aborto es “la caza de brujas del s. XXI”. Pero es importante entender que esto no es así. Es un tema económico, pues el capitalismo siempre ha necesitado al patriarcado y del control del cuerpo de las mujeres, pues así controla las fuentes de reproducción de la fuerza de trabajo: maternidad, crianza, cuidado, alimentación, educación, salud o, dicho de otro modo, todo aquello que se considera “doméstico”, lo cual se piensa es una primera riqueza que debe ser controlada para la acumulación de capital.

Y asimismo es una cuestión también política. La libertad a decidir que defiende la modernidad capitalista y el liberalismo son por ellos mismos mermados y cercenados cuando niegan la autonomía de la mujer a decidir su futuro y reproducción. Por ello, debemos entender el trabajo reproductivo, en dos aspectos: la reproducción de la vida y la reproducción del capital. En este sentido, la imposición de la minoría de edad para negar nuestra autonomía y decisión, es herramienta para mantener la desigualdad perpetua a la que nos han sometido para la reproducción del orden vigente.

No hay libertad sin igualdad. Y quiénes sino las mujeres hemos sabido históricamente reconocer y sobre todo cargar con las desigualdades que el patriarcado nos ha impuesto desde tiempos remotos, cuya lógica, como hemos señalado, el capitalismo ha aprovechado y potenciado con la división sexual del trabajo a la que ha dado lugar. ¿Cómo ser iguales en una sociedad que nos divide en clases, y a las mujeres nos relega a las funciones de reproducción social y cultural de roles que tienen su origen en el hecho de tener útero y parir: el rol de madre-esposa.

El aborto avanza en la línea de la igualdad. Otorga capacidad de decisión en esferas donde hoy solo ofrece cárcel y muerte. La penalización del aborto solo ha significado para las mujeres el cercenamiento de su sexualidad y la autodeterminación de sus proyectos de vida, y en el peor de los casos y de manera lamentable, la muerte por su realización en contextos de clandestinidad.

En este orden de ideas, el proyecto de despenalización del aborto en tres causales nos ha parecido relevante puesto que, si bien es insuficiente, permite poner el debate sobre la mesa y abrir una puerta que nos parece importante no permitir cerrar. Con ello nos referimos al camino hacia la plena autonomía de la mujer. No hablamos, por tanto, solo del derecho de las mujeres violadas o de las contempladas en las tres causales, hablamos de todas las mujeres, pues somos todas las que vivimos cotidianamente las consecuencias de la división sexual del trabajo al obligarnos a elegir entre desarrollo personal y maternidad, enjuiciándonos y dificultándonos cualquier decisión.

Pero esta dimensión no se ha sabido recoger en la discusión actual sobre el aborto. La discusión está enclaustrada en ideologismos morales y/o religiosos, que a nuestro juicio son de dudoso respeto hacia la humanidad y la condición de la mujer. No queremos decir que las legítimas creencias personales, en una sociedad democrática, no existan, sino que llevamos el cuestionamiento más allá, preguntando ¿en qué punto dichas creencias personales se convierten, en este sentido, en legitimadores de la desigualdad?

En la medida que ha ido avanzando la discusión legislativa, hemos podido ver con claridad los avances de los sectores que históricamente han negado nuestros derechos. La aprobación castrada de la causal de violación en señal de ello, pues rebajar las semanas para realizar la interrupción en el caso de las niñas, así como la idea de tutela pone cuesta arriba la decisión de menores de edad, y con ello el largo y pedregoso camino hasta la prestación de aborto. Estas limitaciones obvian el contexto de violencia, sometimiento e indeterminación de estas niñas y mujeres, que han sido cotidianamente sometidas al yugo de la voluntad de un hombre que, en su mayoría y sobre todo en el caso de menores, es cercano y/o responsable legal de estas. Estas regulaciones son una clara radiografía de la imposibilidad del gobierno de organizar a la Nueva Mayoría en favor de las mujeres.

Queremos dejar claro que no defendemos que se faculte al Estado a imponer una decisión más allá de la voluntad de la mujer, sino al contrario, que el Estado resguarde y fortalezca la autonomía de todas nosotras. Nuestros cuerpos no pueden seguir siendo instrumentos del Estado ni del mercado. Luchar por el derecho a decidir significa soberanía y democracia, por tanto el aborto y la reproducción no deben seguir siendo decisiones individuales, que atañen al mundo privado, sino que a la sociedad en su conjunto: a la libertad y derechos que concedemos a las mujeres, sacándolas de una desigualdad naturalizada e invisibilizada –que ha mantenido la reproducción del rol de género como mandato social– y construyendo soberanía colectiva y personal sobre nuestras vidas y sobre el país que queremos construir.

Para nosotras, es esencial que el Estado otorgue garantías y trate a la mujer como sujeto y no como objeto de poder, propio del modelo de control que han mantenido las elites, negando la situación política de las mujeres porque niegan la desigualdad como condición estructural del modelo. De ahí que la defensa a la autonomía abre camino a una lucha política que trasciende el objetivo de la ley, porque nos posiciona en la lucha contra la desigualdad. El camino por recorrer es largo si queremos establecer derechos sociales, civiles y políticos para las mujeres, y ciertamente los programas o promesas no han bastado ni bastarán para transformar esta condición. 

Por Cari Álvarez y Daniela López.

Tomado de http://mileschile.cl

Source: Noviembre 2015

La revolución que se olvidó de las mujeres

La revolución que se olvidó de las mujeres

“Los motivos para que las mujeres nicaragüenses se organicen y demanden igualdad son muchos. Se trata de un país con un 40,5% de la población en pobreza, mayoritariamente mujeres afrodescendientes y rurales. Con un índice de violencia que asciende a más de 80 mujeres muertas al año en una población de siete millones de habitantes. Además, ocupa el primer lugar de embarazos en niñas y adolescentes en Latinoamérica y es uno de los pocos países del mundo que prohibe el aborto incluso en situaciones de riesgo para la madre”, explica Diana Martínez, feminista con amplia trayectoria en el trabajo con mujeres rurales y en la defensa de sus derechos económicos, quien recuerda que durante 150 años, el aborto fue legal en el país. “Sin embargo, los políticos actuales decidieron prohibirlo sin tener en cuenta la opinión de las mujeres”, se lamenta.

“Frente a este panorama, el movimiento de mujeres denunciamos y demandamos un Estado más proactivo, que influya en la sociedad para que reconozca sus derechos”, recalca Martínez, fundadora y directora de la Fundación Entre Mujeres, una organización emblemática en la lucha de los derechos de las mujeres rurales, que trabaja con unas 2.000, con quienes desarrolla una estrategia integral de empoderamiento que incluye formación en derechos sexuales y reproductivos, la no violencia de género, educación para adultas y derechos económicos.

LÍDERES MACHISTAS “La revolución sandinista consiguió logros para la población nicaragüense, pero uno de los grandes déficit fue que se olvidó de las reivindicaciones de las mujeres; nosotras luchamos con los hombres codo con codo y ahora ellos no contribuyen -más bien todo lo contrario- en nuestra lucha por lograr que los derechos humanos sean también derechos de las mujeres. El proyecto revolucionario pensó que los derechos de las mujeres podían esperar con su machismo impreso. Los líderes revolucionarios creyeron que lo primero era la defensa del proyecto político, sin darse cuenta de que no triunfaría si no tenía en cuenta a las mujeres, como así ha sucedido”, dice con vehemencia Sandra Ramos, destacada defensora de los derechos económicos de las mujeres en Nicaragua y en la región Centroamericana. En 1994 fue una de las fundadoras del Movimiento de Mujeres Trabajadoras y Desempleadas María Elena Cuadra, que actualmente agrupa a más de 30.000 mujeres obreras. Buena parte de ellas son trabajadoras de las maquilas, “que son grandes empresas textiles que se instalan en países como Nicaragua por las exenciones fiscales y la mano de obra barata. Al principio venían cobrando menos de un dólar a la semana. Desde el MEC trabajan en campañas de sensibilización e información con las mujeres de las maquilas, las enseñan sus derechos y realizan con ellas procesos de formación y organización, además de ofrecerles asesoría jurídica.

Entre los derechos que encuentran más obstáculos en Nicaragua están los sexuales y reproductivos. Los embarazos no deseados, el incremento del VIH, la falta de autonomía sobre los cuerpos, la discriminación a las personas LGBT y los altos índices de violencia contra las mujeres, son evidencia de estos obstáculos. “Una violencia mayoritariamente intrafamiliar; son los padres, padrastros, hermanos mayores, sobre todo en zonas rurales, quienes violan a las niñas y las embarazan porque consideran que son de su propiedad”, denuncia Diana Martínez.

VISIBILIZAR Esta deleznable situación en la que viven muchas niñas es lo que ha llevado a algunas organizaciones a hablar abiertamente del tema; como lo hace el Grupo Venancia, que con la campaña De esto sí se habla busca promover una visión de la sexualidad, libre de prejuicios, puesto que en Nicaragua las políticas educativas no incluyen educación sexual. También el Programa Feminista La Corriente impulsa una campaña sobre el amor romántico que cuestiona las prácticas que fomentan relaciones abusivas en nombre del amor.

Las mujeres nicaragüenses no solamente representan un poco más de la mitad de la población del país, sino que con el aporte de su trabajo se han erigido en pilares fundamentales de la economía nacional. Sin embargo, su aporte está invisibilizado como resultado de la socialización patriarcal que les asigna roles socialmente construidos y marcadamente diferenciados a los de los hombres. “Nicaragua es un país eminentemente agrícola, pero el empobrecimiento del campo ha hecho que la población emigre a las ciudades, donde se concentran grandes bolsas de pobreza suburbana”, subraya Diana Martínez.

OBLIGADAS A EMIGRAR Las dos lideresas han participado en un Congreso de Economía Feminista desarrollado en la ciudad catalana de Vic. Más de 250 mujeres de distintos lugares del mundo han reflexionado sobre los derechos de la mujer. “Mientras que en el Estado español las mujeres tienen que estar ojo avizor para no retroceder en los derechos conseguidos, nosotras en Nicaragua sufrimos los impactos de manera distinta. Allí tenemos un deterioro de las condiciones de vida por la alta expulsión migratoria de la gente, por los problemas estructurales de pobreza que están haciendo que las mujeres tengan que emigrar a Costa Rica, México, Estados Unidos y Europa”, añade Sandra Ramos.

En Centroamérica hay cerca de 400.000 trabajadoras de maquilas (de firmas conocidas como empresas golondrinas o empresas de maletín), muchas de ellas organizadas en colectivos como el MEC, donde además de defender su derecho a un salario digno y condiciones de trabajo justas, buscan transformar los privilegios de las grandes empresas en los países de la región. “Las nuevas trabajadoras de maquilas están siendo víctimas de un modelo de producción que ya había sido desmantelado: cerrar los baños, impedir que se levanten de las sillas, no beber agua y todo lo que suponga perder tiempo en el proceso de producción”, reconoce con visible indignación Sandra Ramos, del movimiento a favor de las maquiladoras. Las empresas golondrinas o de maletín están hoy en Nicaragua y mañana en Vietnam o en cualquier país centroamericano. “Van a la búsqueda de mano de obra barata. Es una de las expresiones más concretas del modelo de globalización que recorre el mundo buscando cómo explotar a los seres humanos y promoviendo una cultura de consumo y de no ofrecer los derechos ya establecidos en las leyes internacionales, como en los convenios de la Organización Internacional del Trabajo”, recalca Sandra Ramos

Reconoce que es una situación difícil, “porque mientras no creemos esa red que permita que haya estándares de vida y trabajo digno para las poblaciones empobrecidas, ellos se moverán donde las políticas de los gobiernos les ofrezcan mano de obra más barata”, sentencia. “Las empresas llegan de todos los lados del planeta y las que están intermediando en Nicaragua son con capital taiwanés, coreano, norteamericano, mexicano, japonés y ahora entran algunas compañías brasileñas. Son intermediarios de las grandes transnacionales de la confección, de grandes marcas como GAP, Adidas, Tommy Hilfiger, Zara, Reebok… Estas empresas, como Mango, se abastecen en Asia fundamentalmente y las condiciones de trabajo de sus empleados son deplorables”, denuncian al unísono las dos lideresas.

¿Cómo podemos ayudarles desde el norte en la consecución de sus derechos sociales, laborales, en su empoderamiento? “De muchas formas. Por ejemplo, concienciando a los consumidores de que lo que producen esas grandes empresas de confección está basado en la sobreexplotación de la mano de obra de mujeres y niños. Los consumidores tienen en su mano presionar a las grandes marcas y compañías para mejorar las condiciones de trabajo. Aunque esas multinacionales se lavan las manos y echan la culpa a los intermediarios, ellos tienen la responsabilidad final porque el producto es suyo”, remacha Diana.

Tomado de http://www.noticiasdegipuzkoa.com/

Source: Agosto 2015

Niñas y mujeres sin Justicia

Niñas y mujeres sin Justicia

Niñas violadas que son obligadas a ser madres. Mujeres que pierden su trabajo por estar embarazadas. Niñas a las que se les niega un método anticonceptivo y otras a las que se les obliga a usarlo. Mujeres que desean tener hijos y el estado les pone barreras. Niñas y mujeres para las que la sala de parto es su tumba. Estos son los derechos reproductivos que todos los días son violados en México, sin que haya debate ni mucho menos justicia al respecto.

El pasado miércoles 12 de agosto presentamos nuestro nuevo informe. Un documento en el que el equipo de 30 personas que conformamos GIRE, trabajamos durante casi dos años para lograr. Niñas y Mujeres sin justicia: Los derechos reproductivos en México es una radiografía de lo que desde hace muchos años viene arrastrando nuestro país y que, poco se ha visibilizado y mucho menos se ha atendido correctamente. Comparto con ustedes mis palabras en esa presentación.

Estamos inmersos en situaciones y mensajes de delincuencia, ejecuciones, desapariciones, censura, corrupción, temas sin duda delicados y que impiden que México se mueva. Sin embargo, las violaciones a los derechos de las mujeres parecieran una cosa normal o cotidiana. Los derechos económicos, en particular el derecho a la salud en el marco de la reproducción que son violados todos los días a más de la mitad de la población no son cosa menor, aunque muchos así lo vean. Aquí también encontramos impunidad, corrupción y discriminación por parte de Niñas violadas que son obligadas a ser madres. Mujeres que pierden su trabajo por estar embarazadas. Niñas a las que se les niega un método anticonceptivo y otras a las que se les obliga a usarlo. Mujeres que desean tener hijos y el estado les pone barreras. Niñas y mujeres para las que la sala de parto es su tumba. Éstas, también son ejecuciones. Terminan con planes de vida, con sueños, con familias, con futuros, con sonrisas.

Durante más de un año estuvimos trabajando en analizar y desmenuzar datos que obtuvimos a través de más de dos mil solicitudes de información para poder tener un panorama lo más cercano a la realidad mexicana. Son seis los temas prioritarios de GIRE y seis los que se incluyen en este informe: anticoncepción, aborto legal y seguro, violencia obstétrica, muerte materna, reproducción asistida y compatibilidad de la vida laboral y reproductiva.

El primer eslabón de esta cadena son las violaciones relacionadas con el acceso libre, informado y sin discriminación o coacción a métodos anticonceptivos. Cuando hablamos de anticoncepción encontramos dos caras de la moneda: por un lado y de acuerdo con las cifras públicas oficiales,de cada diez adolescentes entre 15 y 19 años, dos han estado embarazadas más de una vez y se estima que 17.4% de los nacimientos totales corresponden a mujeres menores de 20 años. En la otra cara, encontramos casos de anticoncepción forzada, donde el personal de salud impone métodos anticonceptivos a las mujeres sin que haya mecanismos efectivos de acceso a la justicia. Mismo caso con la esterilización forzada, en el que solamente 15 estados tienen contemplada tal práctica como delito, a pesar de ser una situación recurrente sobre todo en mujeres indígenas.

En cuanto a la criminalización en materia de aborto, tenemos 682 denuncias reportadas en los estados. En los cinco casos que llevamos en GIRE, las denuncias las realizó el propio personal de salud. Los estados que más denuncias han hecho contra las mujeres son el Distrito Federal, Quintana Roo, Baja California, Veracruz y Guanajuato. Hay nueve mujeres en prisión definitiva y trece en preventiva. Tenemos 29 sentencias reportadas por los tribunales de justicia. Nuestro país invierte en perseguir a mujeres sin recursos económicos e informativos, para perseguirles por el hecho no haber querido continuar un embarazo o haber tenido un aborto fortuito.

Aunque en algunos estados el aborto sea legal, el acceso es casi nulo. GIRE litiga 12 casos de aborto por haberse negado una causal legal, de los cuales 10 son embarazos por violación sexual y 8 de éstos son de menores de edad de entre los 13 y 17 años. Entre los obstáculos que enfrentan las niñas y mujeres víctimas de violencia sexual para acceder a un aborto legal, están el requisito de un plazo, la autorización de un ministerio o juez, o la obligación de presentar una denuncia previa, lo cual contraviene la Ley General de Victimas.

La violencia obstétrica está presente en todo el país. Actualmente, GIRE lleva 10 casos en los que los derechos de las mujeres han sido violados ya que se les ha negado la atención médica adecuada, poniendo en riesgo su vida y la de sus hijos. La respuesta hasta el momento de algunos estados ha sido la criminalización, en lugar de buscar soluciones que vayan al fondo del problema estructural del fallido sistema de salud que tenemos. Las cesáreas no requeridas son un claro ejemplo. Mientras la OMS recomienda entre un 10 y 15 %, el ISSSTE nos reportó que tiene un 67.5 % de cesáreas.

En cuanto a muerte materna es cierto que ha habido avances, pero esto solo ha sucedido en algunos estados como Tlaxcala; sin embargo, las muertes han aumentado en Aguascalientes, Campeche, Coahuila, Tamaulipas y Quintana Roo. 129 muertes maternas en 2013 corresponden a menores de 19 años, seis de éstas eran niñas de 10 a 14 años.

Al hablar de Reproducción Asistida, la falta de una regulación en la materia provoca que exista un campo de incertidumbre jurídica que permite abusos y discriminación en contra de las personas que participan de estas técnicas, así como desprotección para el personal de salud involucrado. Entre las técnicas de Reproducción Asistida, la gestación subrogada impone retos particulares que deben atenderse tanto a nivel federal como local. Esta práctica ya está contemplada en legislaciones de dos estados, Tabasco y Sinaloa; sin embargo son limitativas.

Por último, para hacer compatible la vida reproductiva con la vida laboral, existen obstáculos graves, empezando por la falta de afiliación a un esquema de seguridad social así como condiciones generales de discriminación en la normativa vigente. Un ejemplo es la Ley del Seguro Social que facilita el acceso a las estancias infantiles a los hijos de mujeres afiliadas, pero en el caso de los hombres afiliados, lo restringe solamente para aquellos que sean viudos o divorciados con la patria potestad de sus hijos. Esto reproduce los estereotipos sobre el papel de las mujeres como únicas responsables del cuidado de los hijos.

A pesar de que últimamente mucho se ha hablado de incentivar la lactancia materna, las mujeres, particularmente las que trabajan fuera del hogar, enfrentan barreras importantes como la falta de condiciones laborales que favorezcan esta práctica como horarios flexibles de trabajo, estancias infantiles cercanas a los lugares de trabajo y lactarios. Es decir, se necesitan modificar las condiciones que enfrentan las mujeres para dar leche materna a sus hijos implementando una política integral de compatibilidad.

Todo este descrito es aterrante y el informe da cuenta de ello con historias de mujeres y familias de carne y hueso que han sufrido estas violaciones. Todas las historias que contiene el informe de valientes guerreras y guerreros que se han atrevido a alzar su voz y a buscar justicia para cumplir sus derechos, son lo más poderoso. La confianza que las personas a las que acompañamos legalmente han depositado en GIRE es nuestro motor. En estos dos años documentamos y litigamos 39 casos, algunos cerrados y otros en proceso. Pero diario crece esta lista. Y estos son sólo los casos de los que tenemos conocimiento. Debe lamentablemente haber muchos más a los que no hemos podido llegar.

GIRE es su equipo, y como podrán ver en el informe, somos el mejor equipo. Amamos lo que hacemos y se nos nota. El compromiso de todas y todas es inigualable y es una fortuna trabajar con gente así.

* Regina Tamés es directora de @GIRE_mx

Tomado de http://www.animalpolitico.com

Source: Agosto 2015