La ley, los juicios y el encarcelamiento por aborto en México

Informe de la Campaña: La ley, los juicios y el encarcelamiento por aborto en México
La ley, los juicios y el encarcelamiento por aborto en MéxicoPor Hannah Pearson
“Confiesa, has cometido el peor pecado de este mundo” (abortion-news.info, 2016)
Cuando Patricia Méndez, una universitaria de 21 años del estado de Veracruz, tuvo un aborto espontáneo en marzo de 2015, llamaron a la policía para que fuera al hospital y la observaran mientras se retorcía de dolor y expulsaba un feto muerto de 20 semanas. “Estaba desnuda, solo con la bata que te dan, y les tenía a todos a mi alrededor mientras sufría el aborto”, relata Patricia. “Sentía mucho dolor, pero nadie hacía nada. Sólo decían: Confiesa, has cometido el peor pecado de este mundo”. Me trataron peor que a un animal. Sentí que podría haber muerto ahí dentro y nadie habría hecho nada”, dijo Patricia acerca del tratamiento recibido cuando tuvo el aborto[1]. Después, se vio obligada a firmar unos documentos mientras una enfermera sostenía el feto sobre su cara y le decía: “Bésalo. Lo has matado”. La familia del ex novio de Patricia celebró un funeral en honor al feto, al que Patricia no tuvo más remedio que asistir.

Patricia fue acusada por aborto y potencialmente podría verse sujeta a las “medidas educativas”[2] estipuladas en la ley del estado de Veracruz. Sin embargo, no se sabe a ciencia cierta lo que significan estas medidas, ya que no están definidas en la ley, si bien se exige su cumplimiento. Los abogados de Patricia han conseguido postergar los cargos momentáneamente, pero mientras tanto, Patricia ha tenido que huir al estado de Guanajuato para escapar de la persecución social[3].
La ley sobre aborto en México
El aborto en México es un delito, con excepciones basadas en ciertas causales legales. La única causal legal permitida en todo el país se basa en que el embarazo sea producto de una violación. Otras causales legales en algunos estados son: si existe un riesgo que amenaza la vida de la mujer, malformaciones fetales, inseminación artificial no consentida y dificultades económicas[4].
La legislación difiere de un estado a otro. La ley de cada estado establece qué causales son legales, cuál es el procedimiento que una mujer debe seguir para solicitar un aborto y cómo/dónde debería ofrecerse el servicio[5]. La siguiente imagen muestra en cuántos estados[6] de los 31 que tiene México (más la Ciudad de México) son legales las causales de aborto:

Aborto voluntario en la Ciudad de México La Ciudad de México es el único lugar en todo el país donde el aborto es legal a petición de la mujer durante el primer trimestre de embarazo, desde abril de 2007[7].Esta normativa fue aprobada en respuesta a la presión ejercida por las organizaciones feministas y muchos otros defensores/as de la salud de las mujeres, incluyendo profesionales de la salud y defensores/as legales[8].  Las sanciones por aborto después de las 12 semanas se rebajaron a pena de prisión de tres a seis meses o trabajos en beneficio de la comunidad de 100 a 300 días[9]. La ley añadió una cláusula indicando que los servicios de aborto deben estar disponibles en los centros de salud de la Ciudad de México, sin costo para los residentes y con una escala variable de tarifas para los que vivan fuera de la Ciudad de México. Asimismo, la ley fortaleció la currícula de educación sexual en las escuelas y exhortó a que se ampliara el acceso a métodos anticonceptivos. Poco después de ser aprobada, la ley fue cuestionada en la Suprema Corte de México por grupos de oposición a la misma. En agosto de 2008, la Suprema Corte defendió la constitucionalidad de la ley[10].En otros lugares del país En otros lugares del país, el aborto se permite únicamente bajo causales muy limitadas, e incluso cuando este es legal (por ejemplo, en casos de violación o malformaciones fetales), existen barreras que hacen que el acceso sea extremadamente difícil[11]. Por ejemplo, algunos estados no han modificado sus códigos penales o regulaciones sanitarias para facilitar el acceso al aborto después de una violación. En el estado de Durango, todavía existe en el código penal el requisito de que el Fiscal autorice el aborto después de una violación. Y en dos casos recientes que GIRE (Grupo de Información en Reproducción Elegida)[12] llevó en Durango, el Secretario de Estado de Salud exigió que la mujer se sometiera a una evaluación psicológica. Además, la Norma Oficial Mexicana 046, que resume el criterio de cuidado y prevención de la violencia sexual y doméstica contra la mujer, revisada en marzo de 2016, establece que “cualquier mujer o niña de 12 años que haya sufrido abuso sexual y haya quedado embarazada tiene derecho a acudir a cualquier centro de salud público para someterse a un aborto, sin la necesidad de presentar ninguna denuncia por violación y sin la autorización por parte de ninguna autoridad (como el Ministerio Público o un juez/a) o el consentimiento del padre o madre o tutor”. Por tanto, tampoco era necesario que la mujer acudiera a un psicólogo/a[13]. En otro caso que apareció en los medios en agosto de 2016, se le negó un aborto legal a una niña de 13 años que fue abusada sexualmente. Los miembros de la familia llevaron a la niña a la comisaría de policía el día de lo ocurrido para reportar el abuso, y como resultado de su denuncia y acompañando prueba médica, el fiscal acusó al hombre en cuestión. No se le ofreció a la niña el anticonceptivo oral de emergencia en aquel momento. No obstante, cuando el caso fue llevado ante los tribunales, el juez acusó al hombre en cuestión de haber cometido “sexo ilegal con una menor” y disminuyó los cargos, estableciendo que el hombre “consiguió obtener el consentimiento de la niña por medio de engaños”. El servicio de salud del estado también se negó a brindar a la niña un aborto. Por ello, fue llevada a la Ciudad de México para someterse al procedimiento.[14] Pero a pesar de las restricciones legales, el aborto sigue siendo una práctica común. Un estudio estimó que la tasa de abortos inducidos en México en 2006 era de 33 abortos por cada 1.000 mujeres de edades comprendidas entre los 15 y los 44 años, una tasa muy elevada en comparación con los estándares internacionales.[15] Debido a las restricciones legales, la gran mayoría de abortos en México tienen lugar de forma clandestina, normalmente en circunstancias inseguras y en ocasiones con consecuencias graves para la salud de las mujeres. En el periodo de 1990 a 2008, el 7.2% de todas las muertes maternas en México estuvieron relacionadas con el aborto.[16] El Instituto de Medidas de Salud y Evaluación de Datos reportó que la tasa de mortalidad materna en 2013 era de 54 por cada 100.000.[17] Otro estudio estimó que, en 2006, 149.700 mujeres en todo el país fueron hospitalizadas por complicaciones después de someterse a un aborto inducido.[18] La reforma de la ley en Ciudad de México fue una respuesta a la gravedad de este problema de salud pública, generando una victoria considerable para los derechos reproductivos de las mujeres. El Gobierno del Distrito Federal, con el apoyo de ONGs, implementó un programa de servicios de salud para mujeres que buscaban terminar sus embarazos, denominado “Programa de Aborto Legal”. Los datos más recientes (2015) de este programa muestran que las mujeres de otros estados de México se han convertido en usuarias de este servicio, de la misma manera que lo son las mujeres residentes en la Ciudad de México. Es especialmente destacable el caso de las mujeres del Estado de México, que representan el 24% del total de las usuarias del servicio, seguido de los estados aledaños de Puebla e Hidalgo.[19] Las restricciones normativas y la falta de acceso al aborto en otros estados obliga a muchas mujeres a viajar a la Ciudad de México. Sin embargo, y a pesar del apoyo monetario de grupos como el Fondo MARIA, que provee financiación a mujeres, no es posible para todas ellas acudir a la Ciudad de México para someterse a un aborto legal y seguro. Los datos muestran que la mayoría de las mujeres que abortan tienen entre 18 y 24 años, lo que representa el 47.3% del total de abortos, seguido de las mujeres que tienen entre 25 y 29 años (22.5%). Entre abril de 2007 y mayo de 2015, el Programa brindó servicios a un total de 141.390 mujeres, lo que le convirtió en el principal proveedor de servicios de aborto legal en el país.[20] En el mes de abril de 2016, se llevaron a cabo más de 152.000 procedimientos públicos de aborto en la Ciudad de México.[21] Así, este Programa está marcando la diferencia, ya que desde 2007, existen pruebas que sugieren una asociación sistemática entre la legalización del aborto y una reducción de la fertilidad en mujeres de entre 20 y 34 años en la Ciudad de México (incluyendo probablemente también la gran parte del área metropolitana). Esto es, el hecho de que la ley haya facilitado el acceso al aborto y reducido la necesidad de llevar a término embarazos no deseados, parece que ha contribuido también a la disminución de la fertilidad. Esta influencia se hace más visible entre las mujeres de edades comprendidas entre los 20 y 34 años, pero tiene poco impacto en la fertilidad adolescente.[22] Avances en Guerrero, Michoacán y TlaxcalaDesde el 2007, la ley penal sobre aborto también ha sido modificada en otros tres estados para permitir el acceso en otras tres causales: Guerrero, Michoacán y Tlaxcala. En mayo de 2014, el Gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, presentó un Proyecto de ley al Congreso del estado para que se despenalizara el aborto hasta la semana 12 del embarazo, al igual que en la Ciudad de México. Desafortunadamente, se hicieron reservas al proyecto por parte del Partido de la Revolución Democrática (PRD), incluyendo las de Ana Lilia Jiménez Rumbo, presidenta de la Comisión de Igualdad y Género del Congreso del Estado de Guerrero, y las de Lázaro Mazón Alonso, Ministro de Salud del estado. El proyecto fue rechazado. En noviembre de ese año, no obstante, se modificó el Código Penal de Guerrero para incluir como causal legal el grave riesgo a la salud de la mujer. De igual modo, en Michoacán, un nuevo Código Penal publicado en diciembre de 2014 añadió nuevas causales de aborto legal: malformaciones fetales, inseminación artificial no consentida y dificultades económicas. El Congreso de Tlaxcala también reformó su Código Penal para incluir la malformación fetal como causal legal de aborto.[23] La respuesta negativa de los grupos anti-derechosDesde el 2008, como reacción violenta ante la reforma de la ley en la Ciudad de México, se produjo una oleada de modificaciones en las constituciones de varios estados para “proteger la vida desde el momento de la concepción”[24]. Así, existen actualmente 17 normativas de estados que incluyen esta cláusula, así como proyectos de ley recientes que la incluyen en otras dos constituciones de estados.[25] Ello se ha venido implementando en un intento de excluir cualquier intento futuro de expandir las causales legales o despenalizar el aborto. Por tanto, a pesar de que la Ciudad de México y otros estados han expandido las causales legales de aborto y la provisión de servicios de aborto legal, la continua criminalización del aborto que se está produciendo en gran parte del país está ocasionando que las mujeres que tienen abortos sigan siendo reportadas y perseguidas. Sanciones penalesTanto en Jalisco como en San Luis Potosí, el aborto ilegal está tipificado como delito, lo que significa que cualquiera que sea acusado por este delito deberá permanecer en prisión durante todo el proceso penal y hasta que este finalice. En San Luis Potosí, el 29 de junio de 2015 el Congreso del estado aprobó una reforma al artículo 407 del Código Procesal Penal para eliminar este requisito, pero la reforma todavía está pendiente de publicación. En el resto de códigos penales de estados mexicanos, el aborto ilegal está tipificado como falta. Ello significa que las mujeres pueden esperar a que transcurra todo el proceso penal sin estar en prisión si pagan una fianza, tal y como se establece en el artículo 19 de la Constitución. Este pago supone, sin embargo, una gran carga para muchas mujeres sujetas a procesos penales, ya que aquellas que son perseguidas son casi siempre mujeres con escasos recursos económicos, que no pueden permitirse recurrir a un aborto seguro. Las penas por el delito de aborto son las siguientes:

Pena de prisión de 15 días a seis años (29 estados).
Multas (13 estados).
Servicios a la comunidad (4 estados).
Distintos tipos de tratamientos médicos o psicológicos (6 estados)[26].

 El Código Penal de Aguascalientes es el que establece la pena más onerosa. Su artículo 101 establece dos sanciones por aborto inducido: no solo la pena de prisión, sino también una multa por las reparaciones y los daños causados al feto[27]. A pesar de que los servicios en beneficio de la comunidad o “tratamientos” como posibles sanciones podrían considerarse alternativas menos onerosas a la pena de prisión, estas medidas siguen criminalizando a las mujeres que ponen término a sus embarazos, tratándolas como si tuvieran algún tipo de enfermedad –después de someterlas a procesos penales-, generando estigma y discriminación que puede tener serias repercusiones para el trabajo de estas mujeres y las vidas de sus familias y comunidades. Ninguna de estas sanciones especifica el tipo de tratamiento médico/psicológico que se requiere, quién lo debe ofrecer y cuánto tiempo debe durar. Las leyes de Jalisco, Tamaulipas y Yucatán son particularmente insidiosas, ya que establecen que el objetivo de este tipo de tratamiento es “reafirmar el valor de la maternidad y el fortalecimiento de la familia”.[28] CriminalizaciónEn 2015, GIRE publicó las cifras más recientes sobre el número de mujeres que han sido perseguidas por abortos ilegales, que obtuvieron de organismos judiciales del Estado. Las cifras cubren el periodo comprendido entre agosto de 2012 y diciembre de 2013, que incluyó un total de 625 abortos reportados a organismos encargados de hacer cumplir la ley a lo largo de todo México, sobre todo por parte de hospitales, pero también por parte de miembros de la familia, parejas y vecinos/as. No todos los estados respondieron a la solicitud de información de GIRE, así que la data no cubre la totalidad del país en esos años, y tampoco al momento de redactar este informe existía data completa disponible correspondiente a 2014 y años posteriores. Las cifras más altas son de la Ciudad de México, con 183 (para aborto en el segundo trimestre), Quintana Roo con 81, Baja California con 75, Veracruz con 57 y Guanajuato con 50. El aborto es ilegal bajo prácticamente cualquier circunstancia en Quintana Roo, Baja California y Guanajuato, lo que explica los altos niveles de reporte en esos estados. Veracruz penalizó el aborto en cualquier circunstancia en 2016.[29] Es un estado que ha sufrido gran parte de la corrupción gubernamental y policial de México en los últimos seis años[30] lo que, unido a un aumento de la actividad antiabortiva, podría explicar las altas tasas aquí reportadas. Sin embargo, de los organismos judiciales que sí respondieron al pedido de información de GIRE, solo Chihuahua, Michoacán y Sinaloa ofrecieron información sobre penas. La información de Sinaloa reveló que en los casos en los que el aborto fue presuntamente inducido con pastillas, la única prueba material existente fue la confesión de la mujer.[31] Los demás estados no ofrecieron información sobre los resultados de los casos que habían sido reportados. De los 625 casos reportados, 75 conllevaron persecuciones penales. Varios de los que reportaron fueron hombres, presuntamente proveedores de abortos, o parejas o familiares de las mujeres. De estos casos, 29 acabaron en sentencia condenatoria por el delito de aborto.[32] Respecto a las personas que se encuentran bajo custodia o en prisión por el crimen de aborto, las autoridades estatales han reportado a 13 personas en total bajo custodia previa a juicio y 9 en prisión entre agosto de 2012 y diciembre de 2013.[33] No se indicó el sexo de las personas en prisión por estos casos, aunque GIRE sospecha que son mayoritariamente mujeres. GIRE ha defendido a 13 mujeres que fueron procesadas por el delito de aborto entre 2014 y 2015.[34] En relación al procesamiento de proveedores de servicios de aborto, poco se sabe. En 2014, María Leonor Moreno Carreto, una ginecóloga que trabaja en el estado de Guerrero, informó al diario The Guardian que muchos doctores/as en México se han encontrado en una encrucijada entre la ética de la confidencialidad de la paciente y la ley. Comentó que: “Es una cuestión de conciencia si un doctor decide reportar a su paciente o no”, y que algunos doctores/as han acusado a sus pacientes a la policía, mientras que otros continúan ofreciendo abortos a pesar de lo que indica la ley, aunque se sienten continuamente preocupados/as por llegar a ser denunciados/as.[35] La historia de PaolaPaola[36] es del estado de Aguascalientes, y tenía 20 años cuando se quedó embarazada. Estaba en la semana 25 de gestación cuando comenzó a sentir fuertes dolores en su estómago. Fue admitida en el Hospital para Mujeres de Aguascalientes el 5 de marzo de 2014, donde sufrió un aborto espontáneo. En el hospital, los trabajadores sociales solicitaron la intervención del Fiscal. Poco después, dos inspectores de policía llegaron para interrogar a Paola y a su padre, que estaba con ella. Con incertidumbre sobre su situación legal, Paola solicitó la baja en el hospital ese mismo día. El padre de Paola contrató a un abogado privado, descubriendo que se había iniciado una investigación preliminar contra su hija por el supuesto delito de aborto inducido. El 17 de junio de 2014, fue citado para testificar, sin saber más detalles sobre el caso. A sugerencia de GIRE, solicitó una copia de la historia clínica. Según le constó a GIRE, la historia clínica no contenía ninguna nota del doctor que la atendió que indicara que Paola se había sometido a un aborto inducido. Bajo estas circunstancias, GIRE presentó una resolución para poder intervenir como representante legal de Paola, la cual todavía no ha sido respondida, y el acceso a los documentos relativos a su caso sigue siendo denegado. En septiembre, la policía acudió a casa de Paola alegando una supuesta orden de detención, aunque nunca se mostró a Paola. GIRE presentó un amparo (una demanda federal cuestionando los actos oficiales de una autoridad federal, estatal o municipal por considerarse inconstitucional) para esclarecer la razón de su arresto. No se obtuvo ninguna información. Sin embargo, el Fiscal canceló el arresto, el amparo fue suspendido y Paola fue puesta en libertad. No obstante las buenas noticias, el caso todavía no se ha resuelto a pesar de la intervención de GIRE, y Paola sigue viviendo en la incertidumbre y con miedo a ser acusada.[37] La historia de MarthaMartha es del estado de Veracruz. A principios de 2015, cuando tenía 21 años, acudió al médico por dolores en el estómago. El doctor diagnosticó gastritis, y le indicó que siguiera un tratamiento para su dolencia. En marzo de 2015, Martha comenzó a experimentar dolores severos en su estómago, así que volvió a consulta médica y tuvo un aborto espontáneo. En lugar de reconocer su propia negligencia por no haber identificado que Martha estaba embarazada, el doctor la reportó a la policía, que la acusó de haber cometido el delito de aborto. Las Libres también han tomado el caso de Martha, que está en espera de juicio.[38] Acusaciones por el delito de homicidio o infanticidioLa forma en la que las enmiendas a constituciones de los estados han establecido la protección del embrión/feto en algunos estados ha otorgado “personalidad jurídica al embrión[39], y esto amenaza seriamente a las mujeres en cuanto que pueden ser criminalizadas por someterse a abortos inducidos, así como a las mujeres que sufren abortos espontáneos o pérdidas fetales. Algunas mujeres han sido acusadas por el delito de “homicidio de un miembro de la familia” o “infanticidio”, y no por el delito de aborto, que tiene una pena mucho menor. Entre agosto de 2012 y diciembre de 2013, GIRE tuvo conocimiento de 10 casos relacionados con el delito de “homicidio de un miembro de la familia” o “infanticidio” que fueron reportados a los organismos encargados de hacer cumplir la ley en distintas partes de México. Seis de los 10 casos acabaron en procesos penales y de esos seis, tres mujeres fueron condenadas. Asimismo, el trabajo del Centro Las Libres[40] fue portada internacional cuando siete mujeres de Guanajuato acusadas de aborto inducido y condenadas a pena de prisión por cargos de homicidio fueron puestas en libertad, gracias a su exitosa defensa legal.[41] Acusaciones no basadas en la buena feEn dos casos llevados por GIRE en 2013, se reportaron declaraciones de tener pruebas del uso de misoprostol para acusar a las mujeres, que se obtuvieron supuestamente de un análisis de sangre en uno de los casos y de un análisis de orina en el otro. Estos casos llevaron a Gynuity Health Projects a analizar si se realizaron de buena fe. GIRE pudo cuestionar las pruebas en ambos casos.[42] Los dos casos fueron los siguientes: Ángela, una mujer indígena de 29 años de ascendencia Otomi, que vivía en condiciones de pobreza extrema en el Estado de México. Fue violada en varias ocasiones por su expareja. Un día, mientras llevaba maíz al molino donde trabajaba, empezó a sentir dolores abdominales fuertes. Cuando comenzó a sufrir una hemorragia, acudió al hospital a pedir ayuda, y allí fue acusada de haberse inducido un aborto de manera ilegal. Fue arrestada y transferida a la Oficina del Fiscal, donde la detuvieron durante 48 horas. Se inició una investigación previa al juicio contra ella por aborto ilegal producido supuestamente por el uso de misoprostol. El personal de salud alegó que encontraron misoprostol en una muestra de orina. En el otro caso, en Baja California (uno de los estados que “protege la vida desde la concepción”) Carla, de 32 años, fue llevada a un hospital público después de haber sufrido una hemorragia en el baño del supermercado donde trabajaba. En base a un reporte anónimo, el Fiscal del estado inició una investigación previa a juicio contra ella por aborto ilegal, que supuestamente se realizó con pastillas de misoprostol. Carla fue arrestada y puesta en custodia mientras se estaba recuperando en el hospital. El personal de salud tomó una muestra de sangre donde alegaron encontrar misoprostol. Carla tuvo que pagar la fianza para evitar ser enviada a prisión. Nunca ha declarado haber tomado pastillas y tampoco ha habido pruebas a tal efecto. Después de recibir el apoyo de GIRE, los Fiscales del caso tuvieron que poner en libertad a las dos mujeres por falta de pruebas. (Comunicación personal de Regina Tamés de GIRE a Marge Berer, 16 de enero de 2014). GIRE también preguntó a las autoridades del estado acerca del uso de la “docimasia pulmonar hidrostática”[43]como prueba del delito de muerte del feto/neonato, una prueba que ha sido ampliamente desacreditada en la comunidad científica. 21 estados confirmaron que aplican este procedimiento y emiten sentencia en base a él.[44] La historia de AdrianaEl 22 de enero de 2014, Adriana,[45] una mujer del estado de Guerrero, fue puesta en libertad de la prisión de Chilpancingo después de siete años y nueve meses de estar encerrada en ella, como pena por haber cometido “homicidio de un miembro de la familia”. Adriana sufrió un aborto cuando tenía 18 años, y su familia la reportó a la policía. Fue sentenciada a 27 años de prisión. Adriana no hablaba español en el momento en que tuvo lugar el juicio y no tuvo acceso a un intérprete o a una defensa legal efectiva. Su pena fue posteriormente reducida a 22 años, después de una apelación presentada por Las Libres. La Corte Suprema, a la que tomó dos años y medio escuchar el caso de Adriana, finalmente otorgó el amparo y dispuso su inmediata liberación.[46] DiscusiónLas acusaciones y el encarcelamiento de mujeres por el delito de aborto, y en algunos casos por el delito de “homicidio de un miembro de la familia” o “infanticidio”, sigue siendo una realidad en México. Los legisladores locales continúan presentando proyectos de ley para proteger la “vida” desde la concepción, con el propósito de criminalizar a mujeres por abortos ilegales y restringiendo sus derechos reproductivos. Hasta que y a menos que se produzca una reforma constitucional a nivel federal, se seguirá ofreciendo apoyo legal para las mujeres a nivel estatal a medida que los casos vayan surgiendo. En 2016, la Corte Suprema Mexicana debatió la despenalización del aborto a nivel federal por primera vez. El caso surgió de un requerimiento presentado por una mujer a la que le fue denegado un aborto bajo las causales legales en 2013. Fue simbólico en el sentido de que pudo finalmente someterse a un aborto en una clínica privada, pero una sentencia favorable podría haber sentado un importante precedente.  Una propuesta del Juez Supremo Arturo Zaldívar establecía que las actuales penas por aborto, tal y como se indicaba en el Código Penal federal, violaban los derechos de las mujeres al desarrollo de su personalidad, a la salud sexual y reproductiva y a vivir libres de discriminación. “Un aborto es un drama para cualquier mujer. Criminalizarlas no es una solución que esté amparada desde un punto de vista constitucional”, dijo Zaldívar. Condenar (a las mujeres) a pena de prisión, a la clandestinidad, poner sus vidas en riesgo, implica un abandono de su valor como persona, cuyos deseos e intereses son relevantes y significantes teniendo en cuenta la dura decisión de terminar un embarazo”. En 2016, la Corte votó en contra de las propuestas de Zaldívar por tres votos contra uno, pero estableció que podrían considerarse en el futuro nuevas propuestas relacionadas con el tema del aborto.[47] La normativa de la Ciudad de México ha resultado un primer paso importante para mejorar la salud y los derechos reproductivos de las mujeres en México, y para legitimar el aborto como un tema clave en torno a la salud y los derechos de las mujeres, pero las leyes restrictivas en todos los estados de México y la respuesta negativa de los conservadores han provocado que se sigan produciendo abortos inseguros en todos los estados del país, y una persecución continuada a las mujeres que buscan someterse a abortos. Para acabar con los abortos inseguros y asegurar un acceso igualitario a la salud y los derechos reproductivos para todas las mujeres mexicanas, es preciso reformar la normativa sobre aborto en todo el país. “Las Mujeres deberían ser la brújula que guíe a la ley en este asunto, porque la ley, finalmente, las afecta a ellas y a sus vidas” (Centro Las Libres) [48]. AgradecimientosMuchas gracias a GIRE (Grupo de Información en Reproducción Elegida) en Ciudad de México y a Las Libresen Guanajuato, por compartir su información y expertise. Revisado por Verónica Cruz Sánchez de Las Libres. Editado por Marge Berer.
Este informe resume la legislación y política sobre aborto en México, así como los procesos y encarcelamiento por aborto entre el 2007 y el 2017. Por Hannah Pearson, International Campaign for Women’s Right to Safe Abortion, 2 de mayo de 2017 Traducido al español por María José Barajas, Asistente de la Secretaría Ejecutiva del Consorcio Latinoamericano Contra el Aborto Inseguro-CLACAI.
 
[1] La Corte Suprema de México recibe caso sobre programa de re-educación sobre aborto. 7 de septiembre de 2016. http://abortion-news.info/mexico-supreme-court-receives-case-on-abortion-re-education-program/.
[2] GIRE (Grupo de Información en Reproducción Elegida), 2017. Causales de Aborto en Códigos Penales Estatales. https://gire.org.mx/consultations/causales-de-aborto-en-codigos-penales-estatales/.
[3] Sarah Faithful, 2016. Mexico’s choice: abortion laws and their effects throughout Latin America. 28 September 2016. Council on Hemispheric Affairs. http://www.coha.org/mexicos-choice-abortion-laws-and-their-effects-throughout-latin-america/.
[4] GIRE, 2015. Niñas y Mujeres sin justicia. Derechos reproductivos en México. http://informe2015.gire.org.mx/en/#/Home.
[5] GIRE, 2017. Op cit ref 2.
[6] GIRE, 2015. Op cit ref 4 p. 62-63.
[7] Diario Oficial del Distrito Federal, 2007. “Decreto que reforma el Código Penal del Distrito Federal y enmienda la Ley de Salud del Distrito Federal”. (70): 2-3. 
[8] Edith Y. Gutiérrez Vázquez y Emilio A. Parrado, 2016. ‘Abortion Legalization and Childbearing in Mexico’. Studies in Family Planning 47(2): 113-131
[9] Jennifer Paine, Regina Tamés Noriega and Alma Luz Beltrán y Puga, 2014. ‘Using litigation to defend women prosecuted for abortion in Mexico: challenging state laws and the implications of recent court judgements’. Reproductive Health Matters 22 (44): 61-69.
[10] Madrazo, A, 2009. ‘The evolution of Mexico City’s abortion laws: from public morality to women’s autonomy’. International Journal of Gynaecology and Obstetrics 106 (3): 266-269.   
[11] Human Rights Watch, 2006. ‘The Second Assault: Obstructing Access to Legal Abortion After Rape in Mexico Report, 18 No. 1(B). http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/mexico0306webwcover.pdf.
[12] GIRE es una ONG Mexicana cuya mission es promover y defender los derechos reproductivos de las mujeres en el marco de los derechos humanos. Véase: www.gire.org.mx.  
[13] GIRE. Durango dificulta acceso al aborto en casos de violación sexual. 9 de marzo de 2017. https://gire.org.mx/durango-dificulta-acceso-al-aborto-en-casos-de-violacion-sexual/.
[14] Teenage rape victim denied abortion in Mexico after judge rules attack was ‘consent by deception’. 5 August 2016. http://www.safeabortionwomensright.org/teenage-rape-victim-denied-abortion-in-mexico-after-judge-rules-attack-was-consent-by-deception/.
[15] Fatima Juárez, Susheela Singh, Sandra G. García y Claudia Diaz Olavarrieta, 2008. ‘Estimates of induced abortion in Mexico: what’s changed between 1990 and 2006?’. International Family Planning Perspectives 34(4):158-168.  
[16] Schiavon R, Troncoso E, Polo G, 2012. Analysis of maternal and abortion-related mortality in Mexico over the last two decades, 1990-2008. International Journal of Gynaecology and Obstetrics 118 (2): 78-86.
[17] Kassebaum NJ, Bertozzi-Villa A, Coggeshall MS, Shackelford KA, Steiner C, Heuton KR, et al. Global, regional, and national levels and causes of maternal mortality during 1990–2013: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2013. Lancet 2014;384(9947):980–1004. http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(14)60696-6/abstract
[18] Juárez, et al, 2008. Op cit ref 12.
[19] GIRE 2015: 86. Op cit ref 4.
[20] GIRE 2015: 87. Op cit ref 4.
[21] Data de GIRE, abril de 2016, disponible en http://www.safeabortionwomensright.org/las-libres-guanajuato-a-feminist-approach-to-abortion-within-and-around-the-law/.  (Fuente original no disponible online).
[22] Edith Y. Gutiérrez Vázquez y Emilio A. Parrado, 2016. ‘Abortion Legalization and Childbearing in Mexico’.  Studies in Family Planning 47(2):113-131.
[23] GIRE 2015: 64. Op cit ref 4.
[24] GIRE 2015: 94. Op cit ref 4.   
[25] GIRE 2015: 95. Op cit ref 4.  
[26] GIRE 2015: 100-101. Op cit ref 4.  
[27] GIRE 2015: 102. Op cit. ref 4.
[28] GIRE 2015: 102. Op cit. ref 4.
[29] International Campaign for Women’s Right to Safe Abortion, 2016. ‘Abortion banned by governor of Mexican state Veracruz’. http://www.safeabortionwomensright.org/abortion-banned-by-governor-of-mexican-state-veracruz/.
[30] David Agren. Abortion banned by controversial Mexican state governor. The Guardian. 29 July 2016.  https://www.theguardian.com/world/2016/jul/29/abortion-banned-controversial-mexican-state-governor-veracruz.
[31] Agren Ibid.
[32] GIRE 2015: 104. Op cit. ref 4.
[33] GIRE Ibid.
[34] Comunicación personal con GIRE, 28 de noviembre de 2016. 
[35] Allyn Gaestel, Allison Shelley. Mexican women pay high price for country’s rigid abortion laws. The Guardian. 1 October 2014. https://www.theguardian.com/global-development/2014/oct/01/mexican-women-high-price-abortion-laws.
[36] Se cambió el nombre para proteger la privacidad.
[37] GIRE 2015: 107. Op cit. ref 4.
[38] Centro Las Libres, 2017. Articulo Javier (Caso Martha Patricia).
[39] Paine, Tamés Noriega y Beltrán y Puga 2014: 63. Op cit ref 9.
[40] Centro Las Libres is a feminist organisation whose primary mission is to promote and defend women’s human rights in the state of Guanajuato and across Mexico. See http://www.laslibres.org.mx/.
[41] Las Libres, Guanajuato: A feminist approach to abortion within and around the law. 28 April 2016. http://www.safeabortionwomensright.org/las-libres-guanajuato-a-feminist-approach-to-abortion-within-and-around-the-law/.
[42] Gynuity Health Projects. Claims of Detection of Misoprostol in Women Accused of Induced Abortion. 2013. http://files.ctctcdn.com/2ebd04b4201/f1ecfcf9-99ea-4ab6-b4d0-9e9cee65a527.pdf.
[43] La docimasia pulmonar hidrostática es una prueba utilizada para determinar si un feto nació vivo en base a si sus pulmones flotan cuando se ponen en un recipiente con agua. La prueba ha sido desacreditada por existir múltiples factores que podrían hacer que los pulmones flotaran sin necesidad de que el feto hubiera respirado después de nacer. GIRE 2015: 111. Op cit. ref 4.
[44] GIRE 2015: 111. Op cit ref. 4.
[45] El nombre se cambió para proteger la confidencialidad.
[46] GIRE 2015: 112. Op cit ref. 4.
[47] Mexican Supreme Court of Justice rejects proposal to decriminalise abortions 3-1. 6 July 2016. http://www.safeabortionwomensright.org/mexican-supreme-court-of-justice-rejects-proposal-to-decriminalise-some-abortions-3-1/.
[48] Centro Las Libres, 2017. ‘Articulo Javier (Caso Martha Patricia)’.

Source: Julio 2017

La gran deuda de la democracia

En 1998, cuando nació Las12, la tasa de mortalidad materna era de 3,8 fallecimientos cada 10 mil nacidos vivos y la principal causa de muerte por embarazo, parto o puerperio era el aborto clandestino. La Argentina se comprometió a reducir un tercio de la mortalidad materna, pero eso no ocurrió: el Estado es responsable. Aunque el movimiento de mujeres, el fallo F.A.L, el Protocolo de Interrupción Voluntaria del Embarazo (ILE) y las líneas telefónicas y de socorristas hicieron descender la cantidad de mujeres muertas por aborto de 100 a 55 por año. Falta el aborto legal y, mientras tanto, las redes y la información son vitales.
La legalización del aborto es la gran deuda de la democracia con las mujeres. En Argentina se aprobó el matrimonio igualitario; con la iglesia católica y la evangélica unidas en una plaza naranja y rancia y con Jorge Bergoglio, como Obispo de Buenos Aires a la cabeza, antes que en Francia, Alemania, Estados Unidos y Uruguay, entre otros países. No se aprobó fácil, sino con la decisión política que se gobernara con votos y no con lobbys y frenar a los curas que manipulaban entre pasillos lo que no lograban en las urnas. Se logró también aprobar la identidad de género, la fertilidad asistida diversa, la anticoncepción gratuita, la ligadura de trompas y vasectomía, la educación sexual integral. Pero no se consiguió aprobar el aborto seguro, legal y gratuito, un derecho que existe, por ejemplo, en España, Francia, Alemania, gran parte de Estados Unidos, Cuba, México DF y Uruguay. La deuda se cobra vidas. En Argentina murieron 55 mujeres por el gatillo imperdonable de la clandestinidad del aborto. En Uruguay la mortalidad es cero y no muere ninguna de las mujeres que pueden abortar monitoreada por el sistema público de salud. El camino de los últimos veinte años del movimiento de mujeres está contado en Las12 y el espejo textual del reclamo muestra, también, que lo que falta no puede tapar los logros de la voluntad colectiva. En el 2001, en lo peor de la crisis del estado de sitio político y económico de la Argentina, murieron 100 mujeres por la clandestinidad del aborto, según datos del Ministerio de Salud de la Nación y, en el 2015, la cifra se redujo a 55 muertes. La disminución no es un punto final, pero no es menor y tiene muchas causas: la batalla judicial, los protocolos de acceso a interrupciones voluntarias del embarazo establecidos por el Programa de Salud Sexual y Procreación Responsable del Ministerio de Salud de la Nación, las líneas telefónicas para asesorar a mujeres sobre el aborto legal, las redes de socorristas que ayudan a mujeres a abortar, el uso de misoprostol, los servicios de salud accesibles y amigables, las medicas/os que se animan a decir y hacer abortos y las profesoras/es que incluyen en la educación sexual integral la información sobre aborto seguro. No es todo lo que falta, pero no es poco.
Las tapas y notas de Las12 no solo recorrieron la demanda, la bandera, los pañuelos verdes, las historias desangradas y las estrategias políticas y judiciales. En cada caso (y en conjunto con la cobertura de Mariana Carbajal desde la sección sociedad de Página12) se acompañó los reclamos judiciales de mujeres, adolescentes y niñas. Así se impuso una disputa judicial que terminó, en el 2012, con el fallo F.A.L que respaldó los abortos no punibles para todos los casos en que corra riesgo la vida o la salud de las mujeres -en un sentido amplio que considera su salud física o emocional- y que permite la interrupción legal del embarazo (ILE) en todos los casos de violencia sexual y cuando el embarazo es inviable.
A partir de la jurisprudencia del Tribunal Supremo (que no podría darse con una actual conformación mucha más reaccionaria frente a los derechos sexuales y reproductivos) el aborto en la Argentina no es legal… pero es virtualmente legal. Y cuánto más se sepa, más mujeres se van a salvar (de pasarla mal, de un destino que no quieren o de la muerte) por eso escribir información precisa y pasarla es -más que nunca- vital.
La mayoría de las mujeres no saben que tienen derecho a interrumpir un embarazo solo con aludir a una depresión (que afecte su salud emocional) de una gestación que rechazan. Por eso, cualquier mujer que pida acceder a una interrupción de un embarazo puede hacerlo. ¿Y por qué no se dice, no se sabe? Porque todavía no es legal y gran parte del acceso al aborto prefiere la voz baja para que el embate conservador no corte lo que se hace en voz baja. Por eso, la legalidad no solo generaría mejores servicios de salud, sino poder decirlo en voz alta. La información, ahora, se cuenta sotto voce y pierden las más pobres y las más desamparadas o que se topan con médicos cruentos sin saber sus derechos. La falta de una ley de aborto legal, seguro y gratuito es una cuestión de vida o muerte. Poder escribir desde y para el cuerpo de las mujeres, en Las12, es también es una forma de periodismo vital que hace de la urgencia una letra que saca del ahogo individual y rescata el grito colectivo. No nos callamos nunca y no nos callamos más.
Los derechos no sirven si no se conocen. Pero en el aborto más porque las letras grandes expulsan a la clandestinidad y la letra chica, en cambio, da derechos y salva. Por eso, hay una diferencia de vida o muerte entre quienes sí conocen sus derechos y a quienes se los tapan. En este panorama, la información no solo es crucial, es una herramienta vital de lazos y de supervivencia, en donde el boca a boca es una respiración que abre los ojos y se convierte en oxígeno de datos amigables.
Las preguntas también cambian las respuestas. Las12 preguntó cuántas interrupciones legales del embarazo (ILE) se realizaron. Y obtuvo respuestas. En el 2015 se practicaron 500 abortos legales, en todo el país, según cifras oficiales (salvo siete provincias que no quisieron dar información) notificadas al Ministerio de Salud de la Nación y en el 2014 la cantidad de ILE realizadas por los servicio de salud fue de 400, según información consultada por Las12 y que, como no consta en estadísticas oficiales, si no constara en archivo se perdería también la constancia de ese avance. El aborto no es legal en Argentina, pero sí se realizan abortos legales. Y todas pueden hacerlo.
Hay datos que, sin embargo, en dos décadas en las que cambió todo no cambian. La tasa de mortalidad materna, en el 2015, fue de 3,9 muertes por cada 10.000 nacimientos, según las últimas cifras disponibles del Ministerio de Salud. No va en baja, sino con un leve crecimiento: un año antes la tasa era de 3,7. La clandestinidad (y no el aborto que es una intervención sin riesgos) se lleva el 18 por ciento de las muertes por embarazo, parto o puerperio. En 1998, el año en el que Las12 nació, era de 3,8. Nada sigue igual: las mujeres salimos a la calle con el grito de Ni Una Menos, el Congreso aprobó un paquete de leyes renovadoras (violencia de género, trata, salud sexual, femicidio, etc), el progreso trajo conexión e interactividad y el sexo estalla en las pantallas y en la campaña electoral. Pero las mujeres se mueren en la misma proporción por portación de vientre y querer o no querer seguir un embarazo. Veinte años es mucho y la tasa de mortalidad materna también. Otra cosa que no cambia es que no todas las mujeres somos iguales, ni ante la vida, ni ante la muerte. En 1998 la tasa de mortalidad materna era de 13,6 en Jujuy, 10 puntos por arriba del promedio las posibilidades de morirse en el norte por el sexo deseado o asqueado. Todavía, también, la brújula dispara balas que también constituyen una forma de femicidio contra las mujeres del norte (las diferencias son de género, de clase y de territorio) con una mortalidad materna actual de 8,1 fallecimientos cada 10.000 nacimientos en Salta. Y en Jujuy y en Chaco (donde se va a realizar el próximo Encuentro de Mujeres en octubre) donde la tasa de mortalidad materna es 7,5 y 7,3 y las posibilidades de morir por ser mujer duplican por encima el promedio nacional. Argentina, además, se había comprometido con Naciones Unidas a reducir un tercio de la mortalidad materna para el 2015. Incumplió. No bajo nada. Pero esa deuda la pagan las mujeres y la silencian los grandes medios.
“Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir”, es un lema del movimiento de mujeres. Pero un lema con letra chica. El periodismo feminista hilvana esa bandera, con datos, propuestas, preguntas, relatos, noticias, activistas, alertas. En ese hilvanado están las notas como puntadas en donde entre el blanco y negro de la clandestinidad y la demanda no hay grises, sino verdes, vidas y cuerpos y deseos enlazadas por quienes ponen el cuerpo y acompañan. “Enrejadas”, fue el título -del 29 de abril del 2016- ante la detención de Belén después de llegar con un aborto espontáneo a un hospital de Tucumán. Y no solo se trata de escribir sino con que letras se escribe. “Cuando Belén se escribió con V”, se trazó como una victoria la liberación de Belén en el suplemento del 19 de agosto del 2016. Mucho antes, el 31 de julio del 2009, en Las12 se contaba la creación de una línea telefónica atendida por Lesbianas y Feministas por la Descriminalización del Aborto (y la fallecida Vero Marzano) que sacaba la cabeza del miedo y asesoraba sobre el uso del misoprostol con el nombre clave de “Una línea para abortos sin riesgos”. El 27 de septiembre del 2013 se recorrió con las socorristas en red los lazos, en todo el país, entre mujeres y con las mujeres que después de hacer pis no saben qué hacer con esas dos líneas que no quieren que les marquen el theend de su historia. “Por nosotras, por las otras”, se llamo la nota con las socorristas. El espíritu es ese. Somos las que ponemos el cuerpo cuando escuchamos, cuando marchamos, cuando pedimos cifras, cuando contamos.
Falta mucho, pero no fue en vano. Cada mujer vale. Y nunca el aborto tendría que valerles la vida.
Información tomada de pagina12.com.ar
Source: Julio 2017

La Inquisición

El “debate” que organizó la Academia Nacional de Medicina para condenar la cátedra sobre aborto de la Universidad de Rosario.
La actividad fue convocada también por la Academia Nacional de Ciencias Morales. Participaron abogados de represores, entre ellos de Videla. Invitaron a los responsables de la materia, pero no los dejaron exponer en la mesa. Hubo argumentos falaces, gritos e insultos.
La creación de la primera cátedra del país sobre “El aborto como problema de salud” en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Rosario fue el centro de un áspero debate convocado conjuntamente por la Academia Nacional de Medicina y la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas. Como un Tribunal de la Inquisición, los disertantes, exponentes del pensamiento católico antiderechos más conservador, rechazaron la apertura de la nueva materia con interpretaciones falaces de la legislación, al punto de negar la vigencia del artículo 86 del Código Penal, que contempla los abortos no punibles y cuestionar la legalidad de los protocolos dictados en distintas provincias para garantizar su acceso. “Lamento que se esté instando a que cese una decisión tomada en el marco de la autonomía universitaria. Es una decisión inapelable”, les dijo el decano de la Facultad de Medicina, Ricardo Nidd, hacia el final del encuentro y reafirmó que la materia optativa comenzará a dictarse en agosto, como está previsto.
Aunque Nidd fue invitado formalmente a participar de la discusión, al llegar a la reunión se encontró con que no estaba entre los oradores. Se anunció a los organizadores, pero el anfitrión, el presidente de la Academia de Medicina, Luis Martí, lo conminó a ser parte del público. Y cuando pidió la palabra, le negó la posibilidad de exponer desde el mismo atril donde había hablado cada disertante –entre ellos, Alberto Rodríguez Varela, abogado del genocida Jorge Rafael Videla en la causa de robo de bebés–, y solo le permitió hacerlo como cualquier persona del público. Sin embargo, casi no pudo terminar sus conceptos, porque el mismo Martí lo interrumpió en numerosas oportunidades, a veces en tono amenazante, y por comentarios –irrespetuosos y agresivos– del auditorio que colmaba lugar.
El encuentro fue en la biblioteca de la Academia de Medicina, el miércoles a partir de las 19. Duró algo más de una hora y media. “Creíamos que habíamos sido invitados a un espacio académico, donde cada uno de los disertantes tendría el espacio para explicar sus posiciones y debatirlas. Lamentablemente no estábamos en la lista de oradores y cuando pedimos la palabra, nos interrumpieron e insultaron. A pesar de que nosotros durante sus disertaciones escuchamos incluso cuando la información que trasmitían era incorrecta y falaz”, señaló al finalizar la reunión a PáginaI12 Raquel Tizziani, titular de la nueva cátedra y miembro de la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir, desde donde se promovió la asignatura.
“Estamos dispuestos a discutir. Pero en algún punto fuimos interpelados. No lo merecíamos. En nuestra provincia hay un protocolo. Nuestros médicos deben conocer el problema, conocer esta práctica”, dijo Nidd a este diario, ya de regreso en Rosario.
El decano llegó a la Academia de Medicina acompañado por Tizziani y la abogada Analía Aucía, profesora de la Facultad de Derecho de la UNR. Recién había empezado el primer orador cuando ingresó la delegación rosarina: un accidente de tránsito los demoró en el viaje y se perdieron lo primeros minutos.
El cuestionamiento a la legalidad del protocolo de atención de los abortos no punibles, aprobado por resolución ministerial en la provincia de Santa Fe, fue otro de los ejes de los expositores que tuvieron acceso al atril. Nidd tuvo que hacer malabares para no darle la espalda al público ni a la mesa de oradores, cuando pudo hablar. “Se ha planteado una falsa dicotomía: no vamos a discutir la legalidad o no del aborto”, dijo y defendió la autonomía universitaria para decidir la creación de la materia y los contenidos previstos en el programa.
–Estoy en desacuerdo. Tengo diez hijos y me retiro. No se puede matar a una persona –exclamó un hombre del público, se levantó y se fue.
–¿Hizo el juramento hipocrático? –le gritó otro.
–El protocolo es ilegal –vociferó una señora.
El decano intentaba explicar los fundamentos de la asignatura y el marco legal. Pero las sucesivas interrupciones le impedían completar una oración. “En nuestro Consejo Directivo se tomaron en cuenta distintas posiciones. La materia es una construcción colectiva que llevó un año de debate”, pudo explicar. Después le pasó la palabra a la abogada Aucía para profundizar en los aspectos jurídicos. Aucía se refirió al artículo 86 del Código Penal, que contempla los permisos para abortar y rebatió la idea repetida por los disertantes de que existe una persona desde la concepción. “Esa es una interpretación”, afirmó. También tuvo que soportar incesantes interrupciones. “Cómo pueden respetar el derecho a la vida si no pueden respetar el derecho al libre pensamiento. Si existiera una persona desde el momento de la concepción, no existiría la figura del aborto”, agregó la docente universitaria y le pidió al presidente de la Academia de Medicina que “no instigue al delito a los profesionales de la salud” al promover el incumplimiento de los protocolos de atención de los abortos no punibles. La profesora Tizziani había preparado una ponencia para la ocasión, pero no se le dio tiempo para exponer.
Un centenar de personas, entre ellas un cura y una monja, hombres trajeados, mujeres con peinado de peluquería y poca juventud colmaban el auditorio. Uno de los disertantes invitados fue Rodríguez Varela, miembro de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas, quien subrayó que esa entidad había pedido la suspensión de la materia. Rodríguez Varela se desempeñó como ministro de Justicia durante la dictadura militar, como fiscal de Estado en la provincia de Buenos Aires cuando Ramón Camps estuvo a cargo de la policía Bonaerense y defensor de Videla en la causa por el robo de bebés. Sobre esos bebés no habló Rodríguez Varela. Pero sí se preocupó por calificar como una “práctica criminal” al aborto, descalificar al fallo FAL de la Corte Suprema –que en 2012 clarificó los alcances de los abortos no punibles y reafirmó que cualquier mujer que queda embarazada en una violación tiene derecho a interrumpir esa gestación–, y considerar que en cualquier caso “es ilegal” porque vulneraría –según su interpretación– la Convención Internacional sobre Derechos del Niño y “hay un ser humano desde la concepción”.
Entre el público, filmando, estaba su hija Mariana Rodríguez Varela, que se hizo conocida en marzo, cuando lanzó una bizarra campaña que se viralizó en redes contra el derecho al aborto pidiendo que se cuelguen “bebitos” de los balcones. Los otros dos expositores fueron el médico Ernesto Beruti, jefe de Obstetricia del Hospital Universitario Austral, y Rafael Pineda, integrante de la Academia de Medicina, y ex jefe de Ginecología del Hospital de Emergencias Clemente Álvarez, de Rosario, donde ya se jubiló. Pineda se vanaglorió de haber sido el primer médico en declararse objetor de conciencia en Santa Fe, en 2010, y de no haber garantizado el cumplimiento del protocolo de atención del aborto no punible, vigente en Santa Fe, en ese centro de salud. No recordó en su exposición que justificó que continuara adelante el embarazo de una nena de 11 años, que había sido violada, en 2012, a pesar de que su familia solicitaba la interrupción legal de esa gestación. “Ha habido muchos embarazos en el mundo en niñas pequeñas que llegaron bien a término”, dijo en aquel momento Pineda. Ayer, se ocupó de hablar sobre cómo se llegó a la creación de la materia “El aborto como un problema de salud pública”. “Me resulta inconcebible que se instale una materia cuyo objetivo fundamental sea la destrucción del ser humano”, sostuvo.
La invitación para participar de la reunión le había llegado a Nidd unas semanas atrás a través del mail oficial del decano. El correo, al que tuvo acceso este diario, dice claramente hacia el final: “Esperando contar con su presencia, saludamos a usted con alta consideración. Acad. María T Caraballo, presidente (sic) Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas. Acad. Manuel L. Martí, presidente Academia Nacional de Medicina de Buenos Aires. Tras el encuentro, el decano contó a este diario: “Respondimos que íbamos a ir, pero no nos incluyeron entre los oradores. Fui como responsable de la materia. Ni siquiera al atril me dejaron subir. Me dijeron que me quedara en el público”, describió. Y agregó: “Nos sentimos felices de haber creado la materia y que hayamos recogido tantas adhesiones, solidaridad y aliento de universidades nacionales, organizaciones políticas, sociales y gremiales, la Cámara de Diputados de Santa Fe, el Concejo Deliberante de Rosario, particulares, profesionales, científicos, referentes de la cultura local y nacional, a través de más de 6000 mails. La lucha continúa”.
La primera cátedra sobre aborto del país fue creada este año por decisión unánime del Consejo Directivo de la Facultad. Será cuatrimestral y optativa y comenzará a cursarse después del receso de invierno, en agosto. La asignatura recibió también el respaldo del ministro de Salud de la provincia de Santa Fe, Miguel González, quien indicó que “el acceso al aborto no punible” es “una política de salud que claramente impacta en menos muertes maternas”. Y consideró interesante que la reflexión sobre un problema complejo de la salud pública se realice en los claustros universitarios.
Información tomada de https://www.pagina12.com.ar 
Source: Junio 2017

Una ciudad para decidir

A 10 años de la legalización del aborto en la CDMX, muchas mujeres ejercen este derecho, pero otras esquivan barreras para lograrlo.
Hace una década, cuando se aprobó la despenalización del aborto en la CDMX, la capital se apuntó un paso hacia la vanguardia en materia de los derechos de la mujer para decidir sobre su futuro. En retrospectiva, esta iniciativa parece que ha funcionado, pero no lo suficiente para que otros estados la repliquen y extiendan este derecho.
El dato es contundente: ninguna mujer ha muerto por la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) desde que se aprobó en la CDMX.
“La Ciudad de México es la única entidad que ha despenalizado el aborto, es decir, se puede llevar a cabo sin justificar el motivo, mientras que en el resto del país el abuso sexual es la única causa permitida”, dice Rebeca Ramos Duarte, coordinadora de incidencia en política pública del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE).
De acuerdo con la Secretaría de Salud capitalina (Sedesa), de los 176 mil 927 procedimientos realizados en esta última década, el 29% de las mujeres, es decir, 51 mil 238, vienen del interior de la república.
El Estado de México ha sido la entidad de donde provienen más mujeres (44 mil 892), seguida por Puebla (1,048), Hidalgo (865), Morelos (632) y Jalisco (448).
La otra realidad
La especialista revela el primer problema al que se enfrentan las mujeres que viven en provincia: “Trasladarse a la capital. Pocas lo hacen por sus propios medios o apoyadas por una ONG, pero hay una inmensa mayoría que se queda sin opciones”. Esto hace que sean más proclives a que acudan a clínicas clandestinas para que puedan abortar, arriesgando así su vida y exponiéndose a señalamientos sociales o sanciones judiciales, pues abortar en un estado que no lo permite las puede llevar incluso a la cárcel.
En algunas entidades, un aborto debe ser justificado, por ejemplo, si fue a causa de una violación, cuando la vida de la mujer corre peligro, si el producto tiene alteraciones genéticas o cuando el embarazo es resultado de una inseminación artificial sin consentimiento.
De lo contrario, los códigos penales de cada entidad prevén más de una sanción: 29 contemplan prisión; en 13, multas; en cuatro, trabajo comunitario y en seis, tratamientos psicológicos.
Incluso, desde que se despenalizó el aborto en la capital, hubo entidades que se blindaron y hoy 17 tienen en sus constituciones “el derecho a la vida desde la concepción”.
“Hemos encontrado que la criminalización por aborto es real. Tan solo en estos 10 años hubo 682 denuncias a nivel nacional y 75 acabaron en un juicio. De ese total, algunos hombres —que pudieron ser parejas, familiares o el mismo personal médico— han sido acusados de intervenir o de acompañar a la mujer embarazada a que aborte”, comenta Rebeca Ramos.
Un caso que ejemplifica estas dificultades es el de Rosalía, originaria de Morelos. Acompañada por su madre, y con siete semanas de gestación, acudió a un hospital público para interrumpir su embarazo. “Iba a venir desde que me enteré, pero no tenía dinero. Ahorré para los pasajes y la cuota que me vayan a cobrar”, pues otra dificultad es que las mujeres que no viven en la CDMX deben pagar una cuota con base en un estudio socioeconómico para acceder al servicio.
En la localidad de Ayala, en donde nació, las mujeres se embarazan y casan a temprana edad, pero en el caso de Rosalía, al enterarse de un posible embarazo, su entonces pareja desapareció, dejándola en una posible maternidad que no quería enfrentar sola.
“No podíamos pensarlo mucho y vinimos a la capital porque allá no es bien visto y también porque evitamos que algún chisme nos traiga problemas. De esto solo sabemos mi marido, mi hija y yo, y nadie más se debe meter”, explica la madre de Rosalía.
Maternidad voluntaria
De acuerdo con estadísticas de la Secretaría de Salud, las mujeres solteras y en unión libre son quienes más solicitan la interrupción. Las edades van de los 18 a los 29 años y la escolaridad promedio es media superior.
“En la CDMX, las reformas que velan por los derechos de la mujer han permitido que se vea la maternidad como una decisión personal. Esa es la diferencia entre la capital y otros lugares dentro y fuera del país. Por eso vienen aquí al sentirse respaldadas”, comenta Teresa Incháustegui, directora del Instituto de las Mujeres de la CDMX.
Después de abortar, la mujer se somete a un proceso de información en el que se sugiere el uso de métodos anticonceptivos con el objetivo de que la maternidad se convierta en algo voluntario y no en un accidente.
“Lo ideal es que las mujeres se vayan con el conocimiento de un método anticonceptivo, porque el derecho al aborto no solo es la interrupción, conlleva educación sexual. También se ha observado que las reincidencias son pocas porque aquí se dan alternativas a las que deberían acceder todas las mujeres y no solo las que llegan a la capital” dice Rebeca Ramos, coordinadora de Política Pública en GIRE.
Lo cierto es que la CDMX absorbe un problema al que cada estado debería dar solución. Aunque la ILE permite a las mujeres decidir, no se trata de que aumente la cifra de quienes recurren al aborto. La educación ayuda a que, en primera instancia, no existan los embarazos no deseados.
En cifras:

125,625 mujeres se han sometido a un aborto en la CDMX durante los 10 años que tiene la ILE.
34.8% de quienes abortan en la Ciudad de México se dedican a quehaceres del hogar.
72% de quienes interrumpieron su embarazo lo hicieron en la Secretaría de Salud.

Información tomada de https://www.maspormas.com
Source: Mayo 2017

Aborto y derechos humanos

La reflexión sobre el aborto bajo un enfoque de derechos involucra una diversidad de dimensiones, como el derecho a la vida, a la salud física y mental; a la libertad, autonomía e intimidad. Afecta al principio de no discriminación, en aquellos casos en que se niegan servicios de salud sexuales y reproductivos a la mujer.
Reunir distintas miradas sobre el aborto provenientes de distintas experiencias y áreas del conocimiento ha sido un modo de contribuir a profundizar el debate público surgido a propósito del cambio de legislación que este gobierno ha impulsado y que debiese concluir durante este mandato.

Cuando se debate sobre los derechos humanos, su aplicabilidad involucra lo que entendemos por ser humano. Podemos, desde una perspectiva científica, biológica, situar el pensamiento como fundante del carácter humano, de su especificidad. “El pensamiento tiene lugar en el cerebro, sobre todo en las capas superiores de la materia gris replegada que llamamos corteza cerebral (…) Las neuronas están unidas entre sí y sus conexiones desempeñan un papel crucial en lo que llamamos pensamiento, pero la conexión a gran escala no empieza hasta el sexto me de embarazo” (Carl Sagan, Miles de millones). Desde esta perspectiva, un sujeto de derechos podría tener como momento fundante esta etapa de desarrollo fetal.
Pero más allá de cualquier reflexión moral, científica, filosófica, de gran interés, no podemos obviar la dimensión práctica, lo que realmente ocurre. La realidad es que los abortos en condiciones de clandestinidad son inseguros. Los mismos observadores de DDHH han señalado en más de una ocasión que la criminalización del aborto solo aumenta el grado de riesgo de las mujeres que se lo practican.
Nos hallamos aquí ante una primera violación a los derechos humanos: la privación de atención médica con su consecuente riesgo de su salud. La Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW) también indica en su doceavo artículo que “los Estados Parte adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la esfera de la atención médica a fin de asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, el acceso a servicios de atención médica, inclusive los que se refieren a la planificación de la familia”.
Investigando sobre el tema, encontré un documento preparado a fines de 2016 para la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado, en el contexto de la discusión del Proyecto de Ley que Regula la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales. En dicho texto, titulado El aborto en el derecho internacional de los derechos humanos, se concluye que los instrumentos internacionales y organismos de supervisión apuntan a que la protección de la vida del no nacido cede frente a los derechos de la mujer. En este sentido, los órganos de vigilancia, cito, “han sido consistentes en recomendar la flexibilización de las legislaciones más prohibitivas en materia de interrupción del embarazo, en atención a los derechos de la mujer, particularmente su vida, integridad física, síquica, su salud y derechos sexuales y reproductivos. Dicha flexibilización apunta explícitamente a causales de aborto por violación, incesto, riesgo para la salud o la vida de la madre y graves malformaciones fetales”.
El Comité de Derechos Humanos en sus informes ha instado a Chile a revisar la prohibición absoluta de abortar. En su informe en 2014, reafirmó su doctrina, señalando que Chile debe flexibilizar la prohibición general del aborto, al menos estableciendo excepciones en las tres causales que contempla el proyecto de ley, además de asegurar servicios de salud reproductiva para todas las mujeres a lo largo de todo el país. Esta información la conocen nuestros mandatarios: la violación a los derechos humanos que constituye la penalización del aborto.
Incluso el comité supervisor de la Convención de los Derechos del Niño manifestó preocupación por los riesgos en niñas adolescentes por prácticas de aborto inseguras. Frente a esta situación, exhortó a los Estados “a elaborar y ejecutar programas que proporcionen acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva, incluida la planificación familiar, los contraceptivos y las prácticas abortivas sin riesgo cuando el aborto no esté prohibido por la ley”.
En Chile ni siquiera se está legislando para aprobar el aborto libre durante el primer trimestre de gestación, como sucede en muchos de los países desarrollados que tanto admiramos. En Chile se busca despenalizar el aborto en tres causales específicas en las que la salud física y mental de la mujer peligra, además de su dignidad y autonomía.
El aborto terapéutico fue prohibido en Chile por Pinochet y la junta de gobierno poco antes de entregar el poder, en 1989, a petición del cardenal Medina. Hoy, los mismos sectores que defendieron la dictadura, aquellos que fueron cómplices de sus prácticas sistemáticas de violación a los derechos humanos, se llenan la boca defendiendo la vida del no nacido ¿No es, a lo menos, un gesto contradictorio?.
Información tomada de http://radio.uchile.cl/
Source: Enero 2017

La ley, los juicios y el encarcelamiento por aborto en Argentina

Por Alice Finden, Investigadora del International Campaign for Women’s Right to Safe Abortion1
Este informe resume la legislación y políticas sobre aborto en Argentina y los casos sobre juicios y encarcelamiento por aborto entre 2011 y 2016.
El aborto en Argentina es legal en ciertas circunstancias desde la adopción del Código Penal en 1922. De acuerdo con el artículo 86 del Código Penal, el aborto es ilegal excepto para salvar la vida de la madre o cuando el embarazo es resultado de violación sexual o un “atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente”. En el pasado, los tribunales interpretaban la disposición relativa a la violación/abuso sexual en el sentido de requerir que la víctima de violación sufriera discapacidad mental para que el aborto fuera legal.[1] En casos en los que el aborto es ilegal, la ley estipula penas de prisión de entre tres y 10 años, y de hasta 15 años para aquellas personas que practiquen abortos. Las mujeres que consientan o que provoquen sus propios abortos pueden ser sentenciadas con penas de prisión de hasta cuatro años.[2] Sin embargo, esta pena puede incrementarse si los tribunales deciden condenar a la mujer por homicidio, como ocurrió en el caso de “Belén” en 2016, que se describirá posteriormente en este informe.

Entre el 2011 y el 2013, según el Ministerio de Salud argentino, hubo aproximadamente 700.000 nacimientos en Argentina al año, y entre 370.000 y 460.000 abortos. Aproximadamente un tercio de las muertes maternas en la década anterior tuvieron lugar como consecuencia de abortos inseguros.[3] De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Censos, en 2013 la ratio total de mortalidad materna (RMM) fue de 54.7 por cada 100.000 nacimientos (en un rango de 45.3-64.6).[4] Para el 2015, la OMS encontró una RMM de 52 por cada 100.000 nacimientos (en un rango de 44-63).[5] En comparación con los estimados de años anteriores, la RMM no ha disminuido demasiado desde 1990. Las barreras que enfrentan tanto las mujeres como los proveedores/as de salud, especialmente en las provincias rurales más pobres, obligan a las mujeres a realizarse abortos inseguros “clandestinos” que ponen en riesgo su salud y, a veces, sus vidas, así como su posible encarcelamiento.
Los datos y casos revisados por el Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES) y la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) publicados por Ipas en 2014,[6] identificaron 417 casos registrados por el delito de aborto durante los años 1990 y 2008. Los registros judiciales no indicaban si estas personas estuvieron en prisión, pagaron una multa o les fue concedida la libertad condicional, pero a todas se les declaró culpables de un delito.
El mayor porcentaje de penas por el delito de aborto fueron contra personas no cualificadas que proveían abortos. De acuerdo a datos a nivel nacional recabados entre 2002 y 2008, estas penas representaron el 80% del total y fueron cuatro veces más severas que las registradas contra mujeres que se sometieron a abortos. Entre 1996 y 2008, un total de 234 penas por este delito se confirmaron en todo el país. Las jurisdicciones con el mayor número de condenas fueron también las provincias más pobladas – Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba – y la ciudad de Buenos Aires.[7]El caso de Natividad Frías del año 1966 estableció que una denuncia penal presentada por un proveedor de servicios de salud contra una mujer por la práctica de un aborto ilegal violaba su derecho a la confidencialidad y contra la autoincriminación. En 2010, la Suprema Corte de Justicia de la Nación reafirmó este principio, que puede explicar el bajo número de casos de mujeres que han sido investigadas o declaradas culpables por abortos ilegales en comparación con el número de casos contra proveedores/as de salud que han sido investigados/as, procesados/as y condenados/as. [8]Es importante destacar la correlación entre el número de casos formulados por la policía o llevados ante los tribunales, el número de penas que terminaron en prisión, el alcance del acceso limitado a los servicios de salud y la ratio de mortalidad materna (RMM).
En varias ocasiones se ha producido un avance legislativo en apoyo a la salud y derechos sexuales y reproductivos en Argentina. En 2002, el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable tuvo como objetivo disminuir la mortalidad materna. En 2004, el gobierno nacional definió a la salud reproductiva como una de las áreas clave de la política de salud nacional para los próximos tres años.[10] En 2006, la Ley 26.150 introdujo la educación sexual integral. En 2012, la Corte Suprema apoyó la decisión de un tribunal de inferior rango que permitió un aborto a una niña de 15 años que había sido violada por su padrastro. La Corte Suprema determinó que el artículo del Código Penal relativo a la violación y al abuso apoyaba la interpretación de que todas las víctimas de violación podrían optar a abortos legales. La Corte también alegó que a las futuras víctimas de violación no se les requeriría autorización judicial para un aborto.[11]
Todos estos logros se consiguieron como consecuencia de la presión ejercida por grupos feministas, de derechos humanos y otros grupos de incidencia que defienden la salud y los derechos sexuales y reproductivos, en un periodo de gobierno en el que las relaciones entre el entonces Presidente Néstor Kirchner y el Vaticano se habían roto.[12]
La violencia institucional
El caso que ha tenido una amplia difusión y que recientemente se ha celebrado es el de “Belén”.[13] Belén fue inicialmente acusada de homicidio agravado el 3 de mayo de 2016. Estuvo en prisión por dos años, desde 2014. Belén tenía 25 años cuando acudió a un hospital estatal en el estado de San Miguel de Tucumán, ya que sufría dolores abdominales severos y sangrado vaginal intenso. El doctor que la examinó le dijo que estaba embarazada de 22 semanas y que estaba experimentando un aborto espontáneo. Otro equipo médico, que encontró un feto de 32 semanas en un baño del hospital, alegó que era de ella. Después, la denunciaron a la policía, bajo la premisa de que debía haberse inducido un aborto muy tardío. Se la acusó de homicidio, estuvo en prisión preventiva por dos años y después fue condenada a 8 años en prisión, entrando en marzo de 2014, todo esto sin representación legal. Sin embargo, no existía ningún examen de ADN que conectara a Belén con el feto, y la discrepancia entre el diagnóstico de aborto espontáneo de un embarazo de 22 semanas y un feto de 32 semanas en un baño nunca fue examinada.[14]
Después de que su caso se hiciera conocido, gracias a la abogada que accedió a representarla, las críticas de docenas de organizaciones feministas, de derechos humanos, políticas y sociales y del Comité de Derechos Humanos de la ONU aumentaron por este error judicial. Amnistía Internacional recolectó 120.000 firmas para una petición para su salida de prisión. Después de varias protestas celebradas el 12 de agosto de 2016 en diversas ciudades del país, centradas en la capital de Tucumán, la Corte Suprema de Justicia de Tucumán ordenó su salida de prisión quedando pendiente una apelación de su sentencia condenatoria, que aún se espera al momento de la redacción de este artículo. [15].
En países con leyes de aborto restrictivas y requerimientos legales para reportar cualquier incumplimiento de la ley, los proveedores/as de salud se enfrentan a un conflicto moral en torno al respeto del derecho de la paciente a la confidencialidad, incluyendo cuando se trata de una mujer que necesita cuidados post-aborto por complicaciones derivadas de un aborto inseguro. En Argentina, la ley sobre aborto establece que “cada miembro del equipo de salud de una mujer debe asegurar confidencialidad y privacidad en la provisión de abortos en las circunstancias permitidas por la ley”. Los cuidados post-aborto están permitidos por ley.[16] Sin embargo, una combinación de falta de conocimiento legal, presión de grupos conservadores y religiosos y miedo a ser arrestados/as por proveer un aborto, a menudo trae como consecuencia que las y los profesionales de la salud denuncian a las mujeres que pasan por esta situación a la policía.[17]
Este conflicto acarrea resultados desastrosos para las mujeres y adolescentes que buscan un aborto legal. La negación de un aborto a una niña indígena de 12 años en la provincia de Salta, que fue violada sexualmente en noviembre de 2015, es un ejemplo de ello. A esta niña, conocida con el nombre de “Juana”, debería habérsele permitido un aborto legal, ya que su embarazo fue resultado de una violación por parte de una banda compuesta por cinco hombres y tres adolescentes y su salud física y mental estaban en riesgo. No obstante, no recibió los cuidados médicos adecuados y tampoco se le practicó un test de embarazo. A los siete meses de embarazo, se le diagnosticó que su feto era anencefálico y fue sometida a un parto por cesárea.[18]
Teniendo presente el caso de Belén en Tucumán y el de Juana en Salta, Mariana Álvarez, docente de derechos humanos de la Universidad de Tucumán, explicó al Buenos Aires Herald que: “Existe un patrón sistemático de violaciones a los derechos humanos en el distrito [Tucumán] en relación a las mujeres, lo que refleja una suerte de acuerdo entre el sistema de salud y el poder judicial para criminalizar a las mujeres que enfrentan complicaciones en sus embarazos”.[19]
Proveedores/as de salud
Las conexiones institucionales entre los tribunales y el sistema de salud podrían explicarse debido a la falta de una adecuada educación en relación al aborto dirigida a los y las estudiantes de Medicina en Argentina. De hecho, un estudio de caso realizado entre 2015 y 2016 sobre el conocimiento de la legislación sobre aborto en Argentina por parte de las y los estudiantes de esta disciplina reveló que, de los 740 estudiantes que respondieron a las preguntas sobre aborto de acuerdo con la legislación argentina actual, la mitad (el 52.5%) contestó correctamente que el aborto está restringido legalmente, el 24.9% pensó que era ilegal en todos los casos y el 21.5% admitió que no tenía conocimiento sobre el tema.[20] Los autores de este estudio se preocuparon por el hecho de que la falta de conocimiento lleve a estos futuros proveedores/as de salud a denegar un aborto legal a alguien con un embarazo no deseado que está en el derecho de solicitarlo, lo que conllevaría a recurrir al aborto inseguro.
Grupos anti-aborto que también están haciendo uso de la ley
Junto al progreso representado por algunas leyes y políticas en Argentina en materia de salud y derechos sexuales y reproductivos, un artículo de 2014 describe cómo las ONG anti-aborto han recurrido al litigio para debilitar las políticas de salud sexual y reproductiva y, especialmente, para oponerse a cualquier ampliación del derecho al aborto.[21] Los autores describes a estos grupos como el “arma civil de la religión”, particularmente desde 1998, cuando la ONG conservadora “Portal de Belén” consiguió con éxito que se prohibiera la anticoncepción de emergencia a través de los tribunales. También ha habido varios intentos para forzar la retirada del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, prosperando temporalmente uno de ellos en diciembre de 2002, aunque fue revocado unas semanas después de que la sentencia se publicara. [22]
Ya en 1994, los grupos anti-aborto utilizaban argumentos legales para oponerse a la salud y los derechos sexuales y reproductivos. A través de un recurso de amparo presentado colectivamente en 1994, exigieron el reconocimiento legal del llamado “derecho a la vida desde la concepción” y, desde entonces, han intentado utilizar la sentencia de 1994 como precedente judicial para tratar de criminalizar los abortos legales, por ejemplo intentando bloquear el acceso de jóvenes víctimas de violación sexual a un aborto legal.[23]
Mónica Gogna et al. hace notar que la “defensa de la vida desde la concepción”, promovida por el ex Presidente Menem en 1994, fue una “manifestación del entonces absoluto alineamiento de Argentina con la política sobre aborto del Vaticano”.[24] Explican que el entusiasmo de Menem por esta iniciativa fue el resultado de su deseo de ganar el apoyo de la jerarquía eclesiástica en las elecciones presidenciales de 1995. Más recientemente, con la elección del Papa argentino en 2013, el Ejecutivo argentino, las ONG conservadoras y el Vaticano han fortalecido sus relaciones. Esto ya ha llevado a la jerarquía católica a presionar al gobierno y a conseguir influir en la reforma del Código Civil y de Comercio. Por consiguiente, la versión final del artículo 19 establece que “la vida comienza en el momento de la concepción”,[25] otorgando a las ONG conservadoras el potencial para contrarrestar el progreso de los grupos defensores del derecho al aborto.
La coalición de la jerarquía católica con las ONG conservadoras y el Ejecutivo argentino tiene graves efectos negativos para la salud y el bienestar de las mujeres y los proveedores/as de salud de toda la Argentina. La Asociación por los Derechos Civiles (ADC) indica que la mayoría de las provincias argentinas no están siguiendo las pautas sobre aborto establecidas por la Suprema Corte de la Nación.[26] De hecho, el caso de Juana en la provincia de Salta evidencia la habilidad de las autoridades locales para ignorar la ley cuando deseen. La provincia de Salta, además de otras 15, o bien no tienen protocolos que permitan el acceso a un aborto legal o tienen protocolos que buscan dificultar el acceso al aborto legal.[27] ADC descubrió, por ejemplo, que Salta era la “peor provincia en términos de garantía del acceso a un aborto no punible”, debido a su confabulación para bloquear el derecho al aborto en casos de violación y riesgo para la vida de la mujer. La provincia de Salta permite a los médicos/as rechazar la práctica de un aborto en casos distintos a la objeción de conciencia, requiere la intervención del Ministerio Público y la presencia de los padres en casos que involucren a niñas o adolescentes que soliciten un aborto.[29] También limita el periodo de tiempo para la práctica de un aborto legal hasta las 12 semanas.[28] Como señala Shena Cavallo, la práctica más frecuente no difiere de lo que está escrito en la ley y lo que los servicios aparentemente proveen.[29] A propósito del caso de Juana, la Cámara Baja del Congreso lanzó un informe estableciendo que “todos los tribunales y autoridades administrativas deben acatar los protocolos de cuidados de salud integral a la hora de lidiar con casos de abortos no punibles”.[30] Queda por verse si esta premisa se cumple.
El uso de la incidencia y la información en apoyo del derecho de las mujeres a un aborto seguro
Organizaciones de la sociedad civil, grupos de mujeres y líneas telefónicas de información sobre aborto seguro, como Socorristas en Red[31] y La Línea Aborto,[32] están ayudando cada vez más a que las mujeres accedan a información veraz sobre la pastilla para someterse a un aborto con medicamentos, denominada misoprostol, y proveen consejería pre y post aborto y apoyo.[33]
Asimismo, para finalizar con un tema positivo, el progreso legislativo y judicial en las pasadas décadas ha propiciado un espacio legal para que las mujeres y los proveedores/as de salud puedan contraargumentar a las ONG conservadoras. Esto se ha reflejado en declaraciones del nuevo Relator Especial de la ONU contra la Tortura, Juan Méndez, que apoyó la liberación de “Belén” e hizo un llamado a todas las naciones a despenalizar el aborto y asegurar el acceso al aborto legal y seguro. Méndez estableció que: “Los Estados tienen una obligación afirmativa de reformar cualquier legislación restrictiva en torno al aborto que perpetúe la tortura y los malos tratos a través de la negación a las mujeres al acceso y al cuidado en condiciones seguras”.[34]
La libertad condicional de “Belén” ha sido descrita como un “triunfo colectivo del movimiento de las mujeres”.[35] Alrededor de 300 feministas y grupos defensores de los derechos de las mujeres y el derecho al aborto trabajaron juntos/as en Argentina para asegurar su liberación y para insistir en la confirmación de su inocencia. La abogada de Belén describió la cancelación de su detención preventiva y su liberación como “el comienzo del fin de la injusticia”.[36] Hoy, las y los activistas esperan la apelación del tribunal que anule la condena de Belén, que se espera cree un precedente judicial que prevenga que lo mismo ocurra a otra mujer en el futuro.
Agradecimientos
Gracias a Mariana Romero, Investigadora Senior del Centro de Estudios del Estado y Sociedad (CEDES), Argentina, por revisar este informe y compartir regularmente noticias sobre eventos que ocurren en Argentina. Editado por Marge Berer. ________________________________________[1] Código Penal de la Nación Argentina, Ley 11.179 de 1984, Libro Segundo, Título I, Capítulo I, Artículos 85-88. http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/15000-19999/16546/texact.htm [2] Ibid. Código Penal.[3] Datos del Ministerio de Salud de Argentina, en: Belén Provenzano-Castro, Silvia Oizerovich, Babill Stray-Pedersen. Healthcare students’ knowledge and opinions about the Argentinean abortion law. Sexual & Reproductive Healthcare 2016; 7:21-26. http://www.srhcjournal.org/article/S1877-5756(15)00063-4/pdf [4] Kassebaum NJ, Bertozzi-Villa A, Coggeshall MS, Shackelford KA, Steiner C, Heuton KR, et al. Global, regional, and national levels and causes of maternal mortality during 1990–2013: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2013. Lancet 2014;384(9947):980–1004. http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(14)60696-6/abstract [5] Trends in maternal mortality 1990 to 2015: Estimates by WHO, UNICEF, UNFPA, World Bank Group and the United Nations Population Division. Ginebra: OMS, 2015. http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/194254/1/9789241565141_eng.pdf?ua=1 [6] Gillian Kane, Beatriz Galli, Patty Skuster, 2014. Argentina. When Abortion is a Crime: The threat to vulnerable women in Latin America. Ipas. http://www.ipas.org/en/Resources/Ipas%20Publications/When-Abortion-is-a-Crime-The-threat-to-vulnerable-women-in-Latin-America.aspx [7] Ibid Kane, Galli y Skuster.[8] Ibid Kane, Galli y Skuster.[9] Ibid Kane, Galli y Skuster.[10] Mónica Petracci, Silvina Ramos, Dalia Szulik, 2005. A strategic assessment of the Reproductive and Responsible Parenthood Programme of Buenos Aires, Argentina. Reproductive Health Matters 2005;13(25). http://www.rhm-elsevier.com/article/S0968-8080(05)25174-1/pdf [11] Rebecca DiLeonardo. Argentina Supreme Court legalizes abortion for rape victims”. The Jurist. 14 de marzo de 2012. http://www.jurist.org/paperchase/2012/03/argentina-supreme-court-legalizes-abortion-for-rape-victims.php [12] Ibid, DiLeonardo, p.87.[13] International Campaign for Women’s Right to Safe Abortion Newsletter. Demonstrations in Buenos Aires and Tucumán to release woman sentenced to prison for miscarriage. 5 de mayo de 2016. http://www.safeabortionwomensright.org/demonstrations-in-buenos-aires-and-tucuman-to-release-woman-sentenced-to-prison-for-apparent-miscarriage/ [14] International Campaign for Women’s Right to Safe Abortion Newsletter. STOP PRESS: Belén released from prison. 19 de Agosto de 2016. http://www.safeabortionwomensright.org/stop-press-belen-released-from-prison/ [15] Ibid. International Campaign.[16] Jina Dhillon. Protecting Women’s Access to Safe Abortion Care-A Guide to Understanding the Human Rights to Privacy and Confidentiality: Helping Advocates Navigate ‘Duty to Report’ Requirements. Ipas, 2014. http://www.ipas.org/en/Resources/Ipas%20Publications/Protecting-Womens-Access-to-Safe-Abortion-CareA-Guide-to-Understanding-the-Human-Rights-to.aspx [17] Betraying women: provider duty to report. Ipas, 2016. http://www.ipas.org/en/Resources/Ipas%20Publications/Betraying-women-Provider-duty-to-report.aspx [18] Ximena Schinca. Activists protest in Buenos Aires after 12-year-old is denied legal abortion. Buenos Aires Herald, 16 de junio de 2016. Incluído en: International Campaign for Women’s Right to Safe Abortion. 17 de junio de 2016. http://www.safeabortionwomensright.org/activists-protest-in-buenos-aires-after-12-year-old-is-denied-legal-abortion/  [19] Ximena Schinca, 2016. Tucumán’s abortion trials placed in spotlight. Buenos Aires Herald, 23 de agosto de 2016. http://www.buenosairesherald.com/article/220404/tucum%C3%A1n%E2%80%99s-abortion-trials-placed-in-spotlight [20] Op cit. Provenzano-Castro, Oizerovich, Stray-Pedersen, p.21[21] Maria Angélica Peñas Defago, José Manuel Morán Faúndes. Conservative litigation against sexual and reproductive health policies in Argentina. Reproductive Health Matters 2014;22(44):82-90. http://www.rhm-elsevier.com/article/S0968-8080(14)44805-5/pdf [22] Ibid. Peñas Defago, Morán Faúndes.[23] Ibid. Peñas Defago, Morán Faúndes.[24] Mónica Gogna, Mariana Romero, Silvina Ramos, Mónica Petracci, Dalia Szulik. Abortion in a restrictive legal context: the views of obstetrician-gynaecologists in Buenos Aires, Argentina. Reproductive Health Matters 2002;10(19). http://www.rhm-elsevier.com/article/S0968-8080(02)00014-9/pdf [25] Op cit. Peñas Defago and Morán Faúndes, p.87.[26] Asociación por los Derechos Civiles, 2015. Acceso al aborto no punible en Argentina: Estado de situación. http://despenalizacion.org.ar/pdf/publicaciones/ADC-Acceso-al-aborto-no-punible-Marzo-2015.pdf [27] Celina Andreassi. Majority of provinces not complying with abortion rights. The Argentina Independent. 13 de marzo de 2015. http://www.argentinaindependent.com/currentaffairs/majority-of-provinces-no-complying-with-abortion-rights/ [28] Ibid. Andreassi.[29] Shena Cavallo. Abortion in Argentina: women twice betrayed. Open Democracy, 3 de mayo de 2016. https://www.opendemocracy.net/democraciaabierta/shena-cavallo/abortion-in-argentina-women-twice-betrayed [30] Op cit. Schinca, ref 18.[31] www.socorristasenred.blogspot.com.ar/ [32] http://www.abortoconpastillas.info/ [33] Silvina Ramos, Mariana Romero, Lila Aizenberg. Women’s experiences with the use of medical abortion in a legally restricted context: the case of Argentina. Reproductive Health Matters 2015;22(44/Supplement):4-15. http://www.rhm-elsevier.com/article/S0968-8080(14)43786-8/pdf [34] International Campaign for Women’s Right to Safe Abortion Newsletter, Statement: Special Rapporteur on Torture. 20 de mayo de 2016. http://www.safeabortionwomensright.org/statement-special-rapporteur-on-torture/ [35] Luciana Peker. Cuando Belén se escribió con V. Página12, 19 de agosto de 2016. http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/las12/13-10798-2016-08-19.html [36] Ibid, Peker.
Source: Diciembre 2016

Enredarse para garantizar derechos

Casi un centenar de profesionales, mujeres y varones, de toda América se reunieron en Buenos Aires en el Primer encuentro latinoamericano de prestadores públicos de abortos seguros y legales.
(Buenos Aires, 22 de agosto de 2016) – La Ciudad de Buenos Aires fue sede del Primer encuentro latinoamericano de prestadores públicos de abortos seguros y legales, el pasado 11 y 12 de agosto. Los objetivos del encuentro fueron Intercambiar experiencias sobre la provisión de abortos seguros y legales en contextos normativos restrictivos, dialogar sobre temas críticos de la provisión de abortos seguros y legales e identificar oportunidades, fortalezas y desafíos de la conformación de redes de prestadores públicos.

El encuentro, al que asistieron casi un centenar de profesionales de la medicina y la abogacía, fue convocado por la Red de Acceso al Aborto Seguro (REDAAS) de Argentina, por la Red Peruana de Acceso al Aborto Seguro (REDPAAS) y organizado por el Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES) junto al Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA). También apoyaron la iniciativa otras organizaciones internacionales como CLACAI, PROMSEX, International Women´s Health Coalition (IWHC o La Coalición, en español), IPAS, IPPF y PP Global.
Susana Chávez de CLACAI y PROMSEX fue la responsable junto a Silvina Ramos del CEDES de dar la bienvenida a las y los participantes, provenientes de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, México, Panamá, Perú y Uruguay. La agenda de los dos días estuvo conformada por un total de 10 paneles en los que se abordaron temas tan diversos como la situación de la provisión de abortos en los servicios de salud públicos; las experiencias de las redes de prestadores públicos o en la certificación de las causales salud y violación previstas en la ley; la provisión de abortos a adolescentes y en el segundo trimestre e historias sobre la construcción de servicios de atención de aborto legal y seguro.
La motivación del encuentro se condensó en el último panel donde se discutieron oportunidades, desafíos y estrategias para el trabajo en red. Jessie Clyde de IWHC explicó porqué La Coalición, como una organización feminista y activista está apoyando el trabajo de redes de proveedores públicos de aborto. Clyde sostuvo que las barreras más grandes para el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo son de carácter político, ese es el motivo por el cual “es clave” la relación que las redes de Argentina y Perú mantienen con organizaciones feministas. “Les pido a todos y todas que cuando vuelvan a sus países fortalezcan estas alianzas con el movimiento de mujeres y las feministas para poder trabajar en garantizar el derecho al aborto”, finalizó Clyde.  
El final del encuentro coincidió con la concentración en el Obelisco de cientos de personas que luego marcharon exigiendo la libertad de Belén (presa por un aborto espontáneo). “Generamos redes para nombrar algo. Nombrar una red de prestadores públicos es una forma de mejorar el acceso al aborto legal y seguro”, definió Silvina Ramos en el panel de cierre y finalizó: “Eso es lo que tenemos que recrear: las oportunidades y las opciones. Este Primer encuentro latinoamericano de prestadores públicos de abortos legales y seguros va a dejar una marca”.    
Para más información, visite la relatoría del Encuentro: www.clacai.org
Source: Septiembre 2016

Prisión preventiva que no tiene razones

Edmundo Jiménez recomendó a la Corte provincial tucumana que libere a la joven, detenida desde marzo de 2014 tras sufrir un aborto espontáneo. El dictamen se conoce a dos días de las manifestaciones nacionales para pedir por la libertad de Belén.
Con durísimos cuestionamientos al tribunal que condenó a Belén, el ministro fiscal de Tucumán, Edmundo Jiménez, pidió ayer a la Corte de la provincia que libere a la joven detenida desde marzo de 2014, cuando, luego de sufrir un aborto espontáneo, la acusaron arbitrariamente de haber asesinado a su supuesto hijo recién nacido. En abril, los jueces de la Cámara Penal III, Dante Ibáñez, Néstor Rafael Macoritto y Fabián Adolfo Fradejas, la condenaron sin pruebas a 8 años de cárcel por el delito de homicidio doblemente agravado por el vínculo y alevosía mediando circunstancias extraordinarias de atenuación. Además, le prorrogaron la prisión preventiva, aunque la sentencia no está firme, y a los pocos días, rechazaron el cese de esa condición, pedido por su defensa. El pronunciamiento del ministro fiscal se conoce a dos días de las marchas convocadas en todo el país para reclamar la libertad de Belén. En la ciudad de Buenos Aires, la movilización partirá a las 17 del Obelisco hacia la Plaza de Mayo, y durante el recorrido pasará por la Casa de la provincia de Tucumán.

Jiménez elevó su dictamen al máximo tribunal de Tucumán, que debe resolver si libera a Belén y si anula la sentencia en su contra, luego del recurso extraordinario presentado por la abogada de la joven, Soledad Deza, de Católicas por el Derecho a Decidir (CDD). En su escrito, el ministro fiscal criticó ampliamente la decisión de la Cámara Penal III de extender la prisión preventiva de Belén, por falta de fundamentos. De acuerdo con Jiménez, los jueces no dan razones suficientes para prorrogarla. Belén está presa hace más de dos años y cuatro meses: del Hospital Avellaneda, al que fue para recibir atención médica por dolores abdominales y donde luego sufrió un aborto espontáneo, salió detenida, directo al penal de mujeres de Tucumán, donde permanece desde entonces. Jiménez afirmó que no está probado que la sentencia condenatoria incremente el riesgo de que Belén pretenda eludir la Justicia, como sostuvieron los jueces de la Cámara Penal III. También descalifica el argumento de que haya sido dictada por el juez que llevó la instrucción de la causa. Y, en tercer lugar, destaca que la prórroga de la prisión preventiva ni siquiera fue solicitada por la parte acusatoria. “El tribunal a quo incurre en un notorio déficit motivacional al justificar el mantenimiento de la prisión preventiva (de Belén) bajo el argumento de que no fue dispuesta esta medida por dicho tribunal (sino que fue ordenada anteriormente por el Juzgado de Instrucción) y sostiene su prolongación en el tiempo en el dictado de una sentencia condenatoria –no firme–, lo cual no resulta compatible con los estándares mínimos de derechos humanos para las medidas privativas de la libertad y contrario al principio de inocencia”, dijo Jiménez al máximo tribunal. Y fundamentó su posición en jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en el caso “Arguelles y otros c/ Argentina”, de fecha 20 de noviembre de 2014), de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y del máximo tribunal tucumano.
Hace dos semanas, el ministro fiscal se había pronunciado a favor de la anulación de la condena a Belén, en otro dictamen elevado a la corte tucumana. Jiménez consideró que el fallo del tribunal es “arbitrario y por ende, nulo”. Además, remarcó que las irregularidades comenzaron en la etapa de instrucción. “Se deja entrever un prejuicio de falsedad desde el comienzo de la investigación respecto a los dichos de la imputada”, observó en esa oportunidad.
La Mesa #LibertadParaBelén –integrada por más de cuarenta organizaciones sociales, sindicales, de mujeres y políticas– lanzó la convocatoria para concentrarse el viernes en las plazas de todo el país a partir de las 17. En el caso de la capital tucumana, se trasladará el reclamo a la puerta del Palacio de Tribunales, a partir de las 11, para exigirle a la Corte que libere a la joven condenada.
La causa en su contra se inició como “aborto seguido de presunto homicidio”, un tipo penal imposible e inexistente. Luego se recaratuló como “homicidio doblemente agravado por el vínculo y por alevosía”, a pesar de que no hay ninguna prueba que vincule en términos de filiación a Belén con el feto supuestamente encontrado en el hospital. Tampoco hay pruebas de que ella se haya provocado un aborto y mucho menos que haya matado a un bebé recién nacido, arrojándolo a una cañería. Belén lo dijo a gritos y con llanto ante el Tribunal. Pero nadie quiso escucharla.
Tomado de pagina12.com.ar

Source: Agosto 2016

[México] Compromiso del Estado preparar a las mujeres para el futuro

[México] Compromiso del Estado preparar a las mujeres para el futuro

Preparar a las niñas y a las mujeres para el mundo que viene, de cara a un profundo cambio de paradigmas es compromiso del Estado mexicano, dijo al concluir aquí el Encuentro Internacional Mujeres en la Economía del Conocimiento y la Innovación, Lorena Cruz Sánchez.

La presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) habló de once propuestas fundamentales para que el cambio sea posible en igualdad entre mujeres y hombres y reconocer que sin la mitad de la población no habrá desarrollo económico, ni paz, ni democracia, ni derechos humanos.

Durante dos días, unas 70 voces de distintos sectores y disciplinas, discutieron cómo deberá ser el futuro para la mitad de la población, con derechos, oportunidades y cese a la violencia contra ellas.

Más de mil 500 mujeres acudieron a la convocatoria de la Secretaria de Relaciones Exteriores, Claudia Ruíz Massieu.

Los compromisos constituyen, en opinión de participantes experimentadas, el piso desde el cual ya nadie podrá dar marcha atrás.

Antes de que el gobernador de la entidad, Rolando Zapata, clausurará el encuentro, Lorena Cruz Sánchez resumió: cerrar la brecha salarial y la carga desigual del trabajo de cuidado y no remunerado.

Generar más actividades productivas para las mujeres con valor agregado y con ello fortalecer sus capacidades e ingresos, como puede ser facilitar el acceso al micro financiamiento y programas de fomento de la creatividad.

Impulsar más programas con acciones afirmativas, como becas especiales para estudiantes de bachillerato y educación superior en áreas de generación de conocimiento científico e innovación tecnológica en las entidades federativas.

Superar los estereotipos de género, para que más niñas se interesen por las ingenierías, las ciencias y las matemáticas, de tal manera que cuenten con las competencias necesarias en el entorno de la economía de la información.

Propiciar como parte de la responsabilidad social de las empresas la implementación de acciones afirmativas.

Potenciar la vinculación del sector productivo con las universidades y centros de investigación, para facilitar la transición de las mujeres del ámbito educativo al laboral.

Como parte de la corresponsabilidad del Estado y sector privado, promover la infraestructura necesaria, incluyendo el acceso a la tecnología, para que las mujeres puedan conciliar la vida familiar y la vida laboral.

Seguir derribando barreras estructurales como la violencia contra las mujeres, la discriminación, los estereotipos y la falta de acceso a servicios de salud de calidad, incluyendo la salud sexual y reproductiva.

Construir las agendas tomando en cuenta la diversidad de las mujeres: las indígenas y las que viven en zonas rurales; las urbanas, las migrantes, las niñas, las adultas mayores, las mujeres con discapacidad, las mujeres con diferentes preferencias sexuales, entre otras. No es suprimir las diferencias sino poder educar en la igualdad. Considerar además la importancia del diálogo intergeneracional.

Seguir fortaleciendo acciones dedicadas a reducir las brechas digitales, geográficas y lingüísticas para que las mujeres se incorporen al desarrollo sustentable.

Impulsar la aplicación de la Norma Mexicana para la Igualdad Laboral entre mujeres y hombres, como estrategia nacional que permite garantizar igualdad de oportunidades y de trato para hombres y mujeres en las empresas y las instituciones, y combatir las prácticas discriminatorias.

Explicó que el compromiso es revisar y estudiar estas propuestas, y advirtió que lo más importante es ponerlas en práctica.

Tomado de http://www.equidad.org.mx/

 

Source: Enero 2016

Ecos a 100 años de distancia

Ecos a 100 años de distancia

Los ecos del pasado se mezclaron con las voces del presente. La historia nomás da vueltas, diría Úrsula Buendía en “Cien años de soledad”.

El pasado 13 de enero se conmemoraron 100 años del Primer Congreso Feminista de Yucatán que, de hecho, fue el primero en México y el segundo en América Latina, después del de Argentina en 1910.

La conmemoración incluyó la inscripción, en el Congreso del estado, del nombre de Elvia Carrillo Puerto en letras doradas. Fue la primera mujer en tener tal distinción. Y me pregunto ¿por qué en la sede del Primer Congreso Feminista se tardaron 100 años en reconocer a una mujer?

Asimismo, en el Teatro Peón Contreras, donde se llevó a cabo la histórica reunión, se presentaron varias conferencias. Pero las organizaciones civiles fueron excluidas. A varias distinguidas activistas, como Sandra Peniche, no se les permitió el paso al Peón Contreras. Y aunque organizaron eventos paralelos, ninguno pudo llevarse a cabo en ese emblemático teatro.

De entre las conferencias, una me trajo ecos del pasado. La ponente dedicó 20 minutos a recordarnos el papel asignado desde la Edad Media. Habló del “esencial” papel de las mujeres como sostén del hogar, pilar de la familia y “báculo de nuestros padres en la ancianidad”. Ni una palabra sobre la corresponsabilidad de las tareas de cuidado con los hombres. Ni una frase sobre la responsabilidad del Estado.

Mientras oía su discurso recordaba a Rosario Castellanos preguntar: ¿No habrá otra manera de ser humana y libre? Pero, como sucedió en 1916, ahí estaban también las voces de mujeres que apuestan por la igualdad para tener una mejor sociedad.

Ahí estaba la voz de la política Dulce María Sauri, quien hizo un llamado a pensar, reflexionar, cuestionar, combatir la causa de la exclusión de las mujeres y las niñas; y afirmó que “sólo mujeres y hombres comprometidos con los Derechos Humanos pueden poner un coto al oscurantismo y trabajar en favor de las mujeres del siglo XXI”.

Ahí estaba también la voz de la historiadora Ana Lau, quien señaló que el “deber ser femenino” sigue vigente, pero igualmente el poder subversivo de las feministas, quienes han logrado cada derecho reconocido.

Ahí estaba la voz de la senadora Angélica de la Peña, quien honró la memoria de Gisela Mota, y aludió al retroceso legal que en derechos sexuales y reproductivos se vive en Yucatán, entidad que fuera ejemplo en el país.

Ahí estaba la voz de la magistrada electoral María del Carmen Alanís, quien habló de la importancia de contar con un protocolo de actuación en casos de violencia política contra las mujeres; y recordó la vigencia de las jurisprudencias que obligan a los partidos a postular en paridad vertical y horizontal en los estados que tendrán elecciones este año.

Y claro, también ahí estaba la voz claridosa de la antropóloga Marcela Lagarde, quien nos recordó que el feminismo en México siempre ha sido una propuesta política, democrática, pacífica; y precisó que el gran reto de nuestro tiempo es “buscar una gran sinergia nacional para construir la empatía hacia la vida, integridad y dignidad de las mujeres y las niñas”.

Sí, los ecos del pasado siguen vigentes, pero también las voces luminosas que abren caminos de igualdad y libertad.

Es posible que, como afirma el personaje de la novela de Gabriel García Márquez, la historia nomás dé vueltas. Pero, en todo caso, las da en espiral. Así que las feministas de hoy construimos igualdad a partir de lo que ellas hicieron. Como las feministas de mañana lo harán con lo que nosotras seamos capaces de construir.

Apreciaría sus comentarios: cecilialavalle@hotmail.com.

*Periodista y feminista en Quintana Roo, México, e integrante de la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género.

16/CL/RMB

Tomado de 

Source: Enero 2016