La ley, los juicios y el encarcelamiento por aborto en México

Informe de la Campaña: La ley, los juicios y el encarcelamiento por aborto en México
La ley, los juicios y el encarcelamiento por aborto en MéxicoPor Hannah Pearson
“Confiesa, has cometido el peor pecado de este mundo” (abortion-news.info, 2016)
Cuando Patricia Méndez, una universitaria de 21 años del estado de Veracruz, tuvo un aborto espontáneo en marzo de 2015, llamaron a la policía para que fuera al hospital y la observaran mientras se retorcía de dolor y expulsaba un feto muerto de 20 semanas. “Estaba desnuda, solo con la bata que te dan, y les tenía a todos a mi alrededor mientras sufría el aborto”, relata Patricia. “Sentía mucho dolor, pero nadie hacía nada. Sólo decían: Confiesa, has cometido el peor pecado de este mundo”. Me trataron peor que a un animal. Sentí que podría haber muerto ahí dentro y nadie habría hecho nada”, dijo Patricia acerca del tratamiento recibido cuando tuvo el aborto[1]. Después, se vio obligada a firmar unos documentos mientras una enfermera sostenía el feto sobre su cara y le decía: “Bésalo. Lo has matado”. La familia del ex novio de Patricia celebró un funeral en honor al feto, al que Patricia no tuvo más remedio que asistir.

Patricia fue acusada por aborto y potencialmente podría verse sujeta a las “medidas educativas”[2] estipuladas en la ley del estado de Veracruz. Sin embargo, no se sabe a ciencia cierta lo que significan estas medidas, ya que no están definidas en la ley, si bien se exige su cumplimiento. Los abogados de Patricia han conseguido postergar los cargos momentáneamente, pero mientras tanto, Patricia ha tenido que huir al estado de Guanajuato para escapar de la persecución social[3].
La ley sobre aborto en México
El aborto en México es un delito, con excepciones basadas en ciertas causales legales. La única causal legal permitida en todo el país se basa en que el embarazo sea producto de una violación. Otras causales legales en algunos estados son: si existe un riesgo que amenaza la vida de la mujer, malformaciones fetales, inseminación artificial no consentida y dificultades económicas[4].
La legislación difiere de un estado a otro. La ley de cada estado establece qué causales son legales, cuál es el procedimiento que una mujer debe seguir para solicitar un aborto y cómo/dónde debería ofrecerse el servicio[5]. La siguiente imagen muestra en cuántos estados[6] de los 31 que tiene México (más la Ciudad de México) son legales las causales de aborto:

Aborto voluntario en la Ciudad de México La Ciudad de México es el único lugar en todo el país donde el aborto es legal a petición de la mujer durante el primer trimestre de embarazo, desde abril de 2007[7].Esta normativa fue aprobada en respuesta a la presión ejercida por las organizaciones feministas y muchos otros defensores/as de la salud de las mujeres, incluyendo profesionales de la salud y defensores/as legales[8].  Las sanciones por aborto después de las 12 semanas se rebajaron a pena de prisión de tres a seis meses o trabajos en beneficio de la comunidad de 100 a 300 días[9]. La ley añadió una cláusula indicando que los servicios de aborto deben estar disponibles en los centros de salud de la Ciudad de México, sin costo para los residentes y con una escala variable de tarifas para los que vivan fuera de la Ciudad de México. Asimismo, la ley fortaleció la currícula de educación sexual en las escuelas y exhortó a que se ampliara el acceso a métodos anticonceptivos. Poco después de ser aprobada, la ley fue cuestionada en la Suprema Corte de México por grupos de oposición a la misma. En agosto de 2008, la Suprema Corte defendió la constitucionalidad de la ley[10].En otros lugares del país En otros lugares del país, el aborto se permite únicamente bajo causales muy limitadas, e incluso cuando este es legal (por ejemplo, en casos de violación o malformaciones fetales), existen barreras que hacen que el acceso sea extremadamente difícil[11]. Por ejemplo, algunos estados no han modificado sus códigos penales o regulaciones sanitarias para facilitar el acceso al aborto después de una violación. En el estado de Durango, todavía existe en el código penal el requisito de que el Fiscal autorice el aborto después de una violación. Y en dos casos recientes que GIRE (Grupo de Información en Reproducción Elegida)[12] llevó en Durango, el Secretario de Estado de Salud exigió que la mujer se sometiera a una evaluación psicológica. Además, la Norma Oficial Mexicana 046, que resume el criterio de cuidado y prevención de la violencia sexual y doméstica contra la mujer, revisada en marzo de 2016, establece que “cualquier mujer o niña de 12 años que haya sufrido abuso sexual y haya quedado embarazada tiene derecho a acudir a cualquier centro de salud público para someterse a un aborto, sin la necesidad de presentar ninguna denuncia por violación y sin la autorización por parte de ninguna autoridad (como el Ministerio Público o un juez/a) o el consentimiento del padre o madre o tutor”. Por tanto, tampoco era necesario que la mujer acudiera a un psicólogo/a[13]. En otro caso que apareció en los medios en agosto de 2016, se le negó un aborto legal a una niña de 13 años que fue abusada sexualmente. Los miembros de la familia llevaron a la niña a la comisaría de policía el día de lo ocurrido para reportar el abuso, y como resultado de su denuncia y acompañando prueba médica, el fiscal acusó al hombre en cuestión. No se le ofreció a la niña el anticonceptivo oral de emergencia en aquel momento. No obstante, cuando el caso fue llevado ante los tribunales, el juez acusó al hombre en cuestión de haber cometido “sexo ilegal con una menor” y disminuyó los cargos, estableciendo que el hombre “consiguió obtener el consentimiento de la niña por medio de engaños”. El servicio de salud del estado también se negó a brindar a la niña un aborto. Por ello, fue llevada a la Ciudad de México para someterse al procedimiento.[14] Pero a pesar de las restricciones legales, el aborto sigue siendo una práctica común. Un estudio estimó que la tasa de abortos inducidos en México en 2006 era de 33 abortos por cada 1.000 mujeres de edades comprendidas entre los 15 y los 44 años, una tasa muy elevada en comparación con los estándares internacionales.[15] Debido a las restricciones legales, la gran mayoría de abortos en México tienen lugar de forma clandestina, normalmente en circunstancias inseguras y en ocasiones con consecuencias graves para la salud de las mujeres. En el periodo de 1990 a 2008, el 7.2% de todas las muertes maternas en México estuvieron relacionadas con el aborto.[16] El Instituto de Medidas de Salud y Evaluación de Datos reportó que la tasa de mortalidad materna en 2013 era de 54 por cada 100.000.[17] Otro estudio estimó que, en 2006, 149.700 mujeres en todo el país fueron hospitalizadas por complicaciones después de someterse a un aborto inducido.[18] La reforma de la ley en Ciudad de México fue una respuesta a la gravedad de este problema de salud pública, generando una victoria considerable para los derechos reproductivos de las mujeres. El Gobierno del Distrito Federal, con el apoyo de ONGs, implementó un programa de servicios de salud para mujeres que buscaban terminar sus embarazos, denominado “Programa de Aborto Legal”. Los datos más recientes (2015) de este programa muestran que las mujeres de otros estados de México se han convertido en usuarias de este servicio, de la misma manera que lo son las mujeres residentes en la Ciudad de México. Es especialmente destacable el caso de las mujeres del Estado de México, que representan el 24% del total de las usuarias del servicio, seguido de los estados aledaños de Puebla e Hidalgo.[19] Las restricciones normativas y la falta de acceso al aborto en otros estados obliga a muchas mujeres a viajar a la Ciudad de México. Sin embargo, y a pesar del apoyo monetario de grupos como el Fondo MARIA, que provee financiación a mujeres, no es posible para todas ellas acudir a la Ciudad de México para someterse a un aborto legal y seguro. Los datos muestran que la mayoría de las mujeres que abortan tienen entre 18 y 24 años, lo que representa el 47.3% del total de abortos, seguido de las mujeres que tienen entre 25 y 29 años (22.5%). Entre abril de 2007 y mayo de 2015, el Programa brindó servicios a un total de 141.390 mujeres, lo que le convirtió en el principal proveedor de servicios de aborto legal en el país.[20] En el mes de abril de 2016, se llevaron a cabo más de 152.000 procedimientos públicos de aborto en la Ciudad de México.[21] Así, este Programa está marcando la diferencia, ya que desde 2007, existen pruebas que sugieren una asociación sistemática entre la legalización del aborto y una reducción de la fertilidad en mujeres de entre 20 y 34 años en la Ciudad de México (incluyendo probablemente también la gran parte del área metropolitana). Esto es, el hecho de que la ley haya facilitado el acceso al aborto y reducido la necesidad de llevar a término embarazos no deseados, parece que ha contribuido también a la disminución de la fertilidad. Esta influencia se hace más visible entre las mujeres de edades comprendidas entre los 20 y 34 años, pero tiene poco impacto en la fertilidad adolescente.[22] Avances en Guerrero, Michoacán y TlaxcalaDesde el 2007, la ley penal sobre aborto también ha sido modificada en otros tres estados para permitir el acceso en otras tres causales: Guerrero, Michoacán y Tlaxcala. En mayo de 2014, el Gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, presentó un Proyecto de ley al Congreso del estado para que se despenalizara el aborto hasta la semana 12 del embarazo, al igual que en la Ciudad de México. Desafortunadamente, se hicieron reservas al proyecto por parte del Partido de la Revolución Democrática (PRD), incluyendo las de Ana Lilia Jiménez Rumbo, presidenta de la Comisión de Igualdad y Género del Congreso del Estado de Guerrero, y las de Lázaro Mazón Alonso, Ministro de Salud del estado. El proyecto fue rechazado. En noviembre de ese año, no obstante, se modificó el Código Penal de Guerrero para incluir como causal legal el grave riesgo a la salud de la mujer. De igual modo, en Michoacán, un nuevo Código Penal publicado en diciembre de 2014 añadió nuevas causales de aborto legal: malformaciones fetales, inseminación artificial no consentida y dificultades económicas. El Congreso de Tlaxcala también reformó su Código Penal para incluir la malformación fetal como causal legal de aborto.[23] La respuesta negativa de los grupos anti-derechosDesde el 2008, como reacción violenta ante la reforma de la ley en la Ciudad de México, se produjo una oleada de modificaciones en las constituciones de varios estados para “proteger la vida desde el momento de la concepción”[24]. Así, existen actualmente 17 normativas de estados que incluyen esta cláusula, así como proyectos de ley recientes que la incluyen en otras dos constituciones de estados.[25] Ello se ha venido implementando en un intento de excluir cualquier intento futuro de expandir las causales legales o despenalizar el aborto. Por tanto, a pesar de que la Ciudad de México y otros estados han expandido las causales legales de aborto y la provisión de servicios de aborto legal, la continua criminalización del aborto que se está produciendo en gran parte del país está ocasionando que las mujeres que tienen abortos sigan siendo reportadas y perseguidas. Sanciones penalesTanto en Jalisco como en San Luis Potosí, el aborto ilegal está tipificado como delito, lo que significa que cualquiera que sea acusado por este delito deberá permanecer en prisión durante todo el proceso penal y hasta que este finalice. En San Luis Potosí, el 29 de junio de 2015 el Congreso del estado aprobó una reforma al artículo 407 del Código Procesal Penal para eliminar este requisito, pero la reforma todavía está pendiente de publicación. En el resto de códigos penales de estados mexicanos, el aborto ilegal está tipificado como falta. Ello significa que las mujeres pueden esperar a que transcurra todo el proceso penal sin estar en prisión si pagan una fianza, tal y como se establece en el artículo 19 de la Constitución. Este pago supone, sin embargo, una gran carga para muchas mujeres sujetas a procesos penales, ya que aquellas que son perseguidas son casi siempre mujeres con escasos recursos económicos, que no pueden permitirse recurrir a un aborto seguro. Las penas por el delito de aborto son las siguientes:

Pena de prisión de 15 días a seis años (29 estados).
Multas (13 estados).
Servicios a la comunidad (4 estados).
Distintos tipos de tratamientos médicos o psicológicos (6 estados)[26].

 El Código Penal de Aguascalientes es el que establece la pena más onerosa. Su artículo 101 establece dos sanciones por aborto inducido: no solo la pena de prisión, sino también una multa por las reparaciones y los daños causados al feto[27]. A pesar de que los servicios en beneficio de la comunidad o “tratamientos” como posibles sanciones podrían considerarse alternativas menos onerosas a la pena de prisión, estas medidas siguen criminalizando a las mujeres que ponen término a sus embarazos, tratándolas como si tuvieran algún tipo de enfermedad –después de someterlas a procesos penales-, generando estigma y discriminación que puede tener serias repercusiones para el trabajo de estas mujeres y las vidas de sus familias y comunidades. Ninguna de estas sanciones especifica el tipo de tratamiento médico/psicológico que se requiere, quién lo debe ofrecer y cuánto tiempo debe durar. Las leyes de Jalisco, Tamaulipas y Yucatán son particularmente insidiosas, ya que establecen que el objetivo de este tipo de tratamiento es “reafirmar el valor de la maternidad y el fortalecimiento de la familia”.[28] CriminalizaciónEn 2015, GIRE publicó las cifras más recientes sobre el número de mujeres que han sido perseguidas por abortos ilegales, que obtuvieron de organismos judiciales del Estado. Las cifras cubren el periodo comprendido entre agosto de 2012 y diciembre de 2013, que incluyó un total de 625 abortos reportados a organismos encargados de hacer cumplir la ley a lo largo de todo México, sobre todo por parte de hospitales, pero también por parte de miembros de la familia, parejas y vecinos/as. No todos los estados respondieron a la solicitud de información de GIRE, así que la data no cubre la totalidad del país en esos años, y tampoco al momento de redactar este informe existía data completa disponible correspondiente a 2014 y años posteriores. Las cifras más altas son de la Ciudad de México, con 183 (para aborto en el segundo trimestre), Quintana Roo con 81, Baja California con 75, Veracruz con 57 y Guanajuato con 50. El aborto es ilegal bajo prácticamente cualquier circunstancia en Quintana Roo, Baja California y Guanajuato, lo que explica los altos niveles de reporte en esos estados. Veracruz penalizó el aborto en cualquier circunstancia en 2016.[29] Es un estado que ha sufrido gran parte de la corrupción gubernamental y policial de México en los últimos seis años[30] lo que, unido a un aumento de la actividad antiabortiva, podría explicar las altas tasas aquí reportadas. Sin embargo, de los organismos judiciales que sí respondieron al pedido de información de GIRE, solo Chihuahua, Michoacán y Sinaloa ofrecieron información sobre penas. La información de Sinaloa reveló que en los casos en los que el aborto fue presuntamente inducido con pastillas, la única prueba material existente fue la confesión de la mujer.[31] Los demás estados no ofrecieron información sobre los resultados de los casos que habían sido reportados. De los 625 casos reportados, 75 conllevaron persecuciones penales. Varios de los que reportaron fueron hombres, presuntamente proveedores de abortos, o parejas o familiares de las mujeres. De estos casos, 29 acabaron en sentencia condenatoria por el delito de aborto.[32] Respecto a las personas que se encuentran bajo custodia o en prisión por el crimen de aborto, las autoridades estatales han reportado a 13 personas en total bajo custodia previa a juicio y 9 en prisión entre agosto de 2012 y diciembre de 2013.[33] No se indicó el sexo de las personas en prisión por estos casos, aunque GIRE sospecha que son mayoritariamente mujeres. GIRE ha defendido a 13 mujeres que fueron procesadas por el delito de aborto entre 2014 y 2015.[34] En relación al procesamiento de proveedores de servicios de aborto, poco se sabe. En 2014, María Leonor Moreno Carreto, una ginecóloga que trabaja en el estado de Guerrero, informó al diario The Guardian que muchos doctores/as en México se han encontrado en una encrucijada entre la ética de la confidencialidad de la paciente y la ley. Comentó que: “Es una cuestión de conciencia si un doctor decide reportar a su paciente o no”, y que algunos doctores/as han acusado a sus pacientes a la policía, mientras que otros continúan ofreciendo abortos a pesar de lo que indica la ley, aunque se sienten continuamente preocupados/as por llegar a ser denunciados/as.[35] La historia de PaolaPaola[36] es del estado de Aguascalientes, y tenía 20 años cuando se quedó embarazada. Estaba en la semana 25 de gestación cuando comenzó a sentir fuertes dolores en su estómago. Fue admitida en el Hospital para Mujeres de Aguascalientes el 5 de marzo de 2014, donde sufrió un aborto espontáneo. En el hospital, los trabajadores sociales solicitaron la intervención del Fiscal. Poco después, dos inspectores de policía llegaron para interrogar a Paola y a su padre, que estaba con ella. Con incertidumbre sobre su situación legal, Paola solicitó la baja en el hospital ese mismo día. El padre de Paola contrató a un abogado privado, descubriendo que se había iniciado una investigación preliminar contra su hija por el supuesto delito de aborto inducido. El 17 de junio de 2014, fue citado para testificar, sin saber más detalles sobre el caso. A sugerencia de GIRE, solicitó una copia de la historia clínica. Según le constó a GIRE, la historia clínica no contenía ninguna nota del doctor que la atendió que indicara que Paola se había sometido a un aborto inducido. Bajo estas circunstancias, GIRE presentó una resolución para poder intervenir como representante legal de Paola, la cual todavía no ha sido respondida, y el acceso a los documentos relativos a su caso sigue siendo denegado. En septiembre, la policía acudió a casa de Paola alegando una supuesta orden de detención, aunque nunca se mostró a Paola. GIRE presentó un amparo (una demanda federal cuestionando los actos oficiales de una autoridad federal, estatal o municipal por considerarse inconstitucional) para esclarecer la razón de su arresto. No se obtuvo ninguna información. Sin embargo, el Fiscal canceló el arresto, el amparo fue suspendido y Paola fue puesta en libertad. No obstante las buenas noticias, el caso todavía no se ha resuelto a pesar de la intervención de GIRE, y Paola sigue viviendo en la incertidumbre y con miedo a ser acusada.[37] La historia de MarthaMartha es del estado de Veracruz. A principios de 2015, cuando tenía 21 años, acudió al médico por dolores en el estómago. El doctor diagnosticó gastritis, y le indicó que siguiera un tratamiento para su dolencia. En marzo de 2015, Martha comenzó a experimentar dolores severos en su estómago, así que volvió a consulta médica y tuvo un aborto espontáneo. En lugar de reconocer su propia negligencia por no haber identificado que Martha estaba embarazada, el doctor la reportó a la policía, que la acusó de haber cometido el delito de aborto. Las Libres también han tomado el caso de Martha, que está en espera de juicio.[38] Acusaciones por el delito de homicidio o infanticidioLa forma en la que las enmiendas a constituciones de los estados han establecido la protección del embrión/feto en algunos estados ha otorgado “personalidad jurídica al embrión[39], y esto amenaza seriamente a las mujeres en cuanto que pueden ser criminalizadas por someterse a abortos inducidos, así como a las mujeres que sufren abortos espontáneos o pérdidas fetales. Algunas mujeres han sido acusadas por el delito de “homicidio de un miembro de la familia” o “infanticidio”, y no por el delito de aborto, que tiene una pena mucho menor. Entre agosto de 2012 y diciembre de 2013, GIRE tuvo conocimiento de 10 casos relacionados con el delito de “homicidio de un miembro de la familia” o “infanticidio” que fueron reportados a los organismos encargados de hacer cumplir la ley en distintas partes de México. Seis de los 10 casos acabaron en procesos penales y de esos seis, tres mujeres fueron condenadas. Asimismo, el trabajo del Centro Las Libres[40] fue portada internacional cuando siete mujeres de Guanajuato acusadas de aborto inducido y condenadas a pena de prisión por cargos de homicidio fueron puestas en libertad, gracias a su exitosa defensa legal.[41] Acusaciones no basadas en la buena feEn dos casos llevados por GIRE en 2013, se reportaron declaraciones de tener pruebas del uso de misoprostol para acusar a las mujeres, que se obtuvieron supuestamente de un análisis de sangre en uno de los casos y de un análisis de orina en el otro. Estos casos llevaron a Gynuity Health Projects a analizar si se realizaron de buena fe. GIRE pudo cuestionar las pruebas en ambos casos.[42] Los dos casos fueron los siguientes: Ángela, una mujer indígena de 29 años de ascendencia Otomi, que vivía en condiciones de pobreza extrema en el Estado de México. Fue violada en varias ocasiones por su expareja. Un día, mientras llevaba maíz al molino donde trabajaba, empezó a sentir dolores abdominales fuertes. Cuando comenzó a sufrir una hemorragia, acudió al hospital a pedir ayuda, y allí fue acusada de haberse inducido un aborto de manera ilegal. Fue arrestada y transferida a la Oficina del Fiscal, donde la detuvieron durante 48 horas. Se inició una investigación previa al juicio contra ella por aborto ilegal producido supuestamente por el uso de misoprostol. El personal de salud alegó que encontraron misoprostol en una muestra de orina. En el otro caso, en Baja California (uno de los estados que “protege la vida desde la concepción”) Carla, de 32 años, fue llevada a un hospital público después de haber sufrido una hemorragia en el baño del supermercado donde trabajaba. En base a un reporte anónimo, el Fiscal del estado inició una investigación previa a juicio contra ella por aborto ilegal, que supuestamente se realizó con pastillas de misoprostol. Carla fue arrestada y puesta en custodia mientras se estaba recuperando en el hospital. El personal de salud tomó una muestra de sangre donde alegaron encontrar misoprostol. Carla tuvo que pagar la fianza para evitar ser enviada a prisión. Nunca ha declarado haber tomado pastillas y tampoco ha habido pruebas a tal efecto. Después de recibir el apoyo de GIRE, los Fiscales del caso tuvieron que poner en libertad a las dos mujeres por falta de pruebas. (Comunicación personal de Regina Tamés de GIRE a Marge Berer, 16 de enero de 2014). GIRE también preguntó a las autoridades del estado acerca del uso de la “docimasia pulmonar hidrostática”[43]como prueba del delito de muerte del feto/neonato, una prueba que ha sido ampliamente desacreditada en la comunidad científica. 21 estados confirmaron que aplican este procedimiento y emiten sentencia en base a él.[44] La historia de AdrianaEl 22 de enero de 2014, Adriana,[45] una mujer del estado de Guerrero, fue puesta en libertad de la prisión de Chilpancingo después de siete años y nueve meses de estar encerrada en ella, como pena por haber cometido “homicidio de un miembro de la familia”. Adriana sufrió un aborto cuando tenía 18 años, y su familia la reportó a la policía. Fue sentenciada a 27 años de prisión. Adriana no hablaba español en el momento en que tuvo lugar el juicio y no tuvo acceso a un intérprete o a una defensa legal efectiva. Su pena fue posteriormente reducida a 22 años, después de una apelación presentada por Las Libres. La Corte Suprema, a la que tomó dos años y medio escuchar el caso de Adriana, finalmente otorgó el amparo y dispuso su inmediata liberación.[46] DiscusiónLas acusaciones y el encarcelamiento de mujeres por el delito de aborto, y en algunos casos por el delito de “homicidio de un miembro de la familia” o “infanticidio”, sigue siendo una realidad en México. Los legisladores locales continúan presentando proyectos de ley para proteger la “vida” desde la concepción, con el propósito de criminalizar a mujeres por abortos ilegales y restringiendo sus derechos reproductivos. Hasta que y a menos que se produzca una reforma constitucional a nivel federal, se seguirá ofreciendo apoyo legal para las mujeres a nivel estatal a medida que los casos vayan surgiendo. En 2016, la Corte Suprema Mexicana debatió la despenalización del aborto a nivel federal por primera vez. El caso surgió de un requerimiento presentado por una mujer a la que le fue denegado un aborto bajo las causales legales en 2013. Fue simbólico en el sentido de que pudo finalmente someterse a un aborto en una clínica privada, pero una sentencia favorable podría haber sentado un importante precedente.  Una propuesta del Juez Supremo Arturo Zaldívar establecía que las actuales penas por aborto, tal y como se indicaba en el Código Penal federal, violaban los derechos de las mujeres al desarrollo de su personalidad, a la salud sexual y reproductiva y a vivir libres de discriminación. “Un aborto es un drama para cualquier mujer. Criminalizarlas no es una solución que esté amparada desde un punto de vista constitucional”, dijo Zaldívar. Condenar (a las mujeres) a pena de prisión, a la clandestinidad, poner sus vidas en riesgo, implica un abandono de su valor como persona, cuyos deseos e intereses son relevantes y significantes teniendo en cuenta la dura decisión de terminar un embarazo”. En 2016, la Corte votó en contra de las propuestas de Zaldívar por tres votos contra uno, pero estableció que podrían considerarse en el futuro nuevas propuestas relacionadas con el tema del aborto.[47] La normativa de la Ciudad de México ha resultado un primer paso importante para mejorar la salud y los derechos reproductivos de las mujeres en México, y para legitimar el aborto como un tema clave en torno a la salud y los derechos de las mujeres, pero las leyes restrictivas en todos los estados de México y la respuesta negativa de los conservadores han provocado que se sigan produciendo abortos inseguros en todos los estados del país, y una persecución continuada a las mujeres que buscan someterse a abortos. Para acabar con los abortos inseguros y asegurar un acceso igualitario a la salud y los derechos reproductivos para todas las mujeres mexicanas, es preciso reformar la normativa sobre aborto en todo el país. “Las Mujeres deberían ser la brújula que guíe a la ley en este asunto, porque la ley, finalmente, las afecta a ellas y a sus vidas” (Centro Las Libres) [48]. AgradecimientosMuchas gracias a GIRE (Grupo de Información en Reproducción Elegida) en Ciudad de México y a Las Libresen Guanajuato, por compartir su información y expertise. Revisado por Verónica Cruz Sánchez de Las Libres. Editado por Marge Berer.
Este informe resume la legislación y política sobre aborto en México, así como los procesos y encarcelamiento por aborto entre el 2007 y el 2017. Por Hannah Pearson, International Campaign for Women’s Right to Safe Abortion, 2 de mayo de 2017 Traducido al español por María José Barajas, Asistente de la Secretaría Ejecutiva del Consorcio Latinoamericano Contra el Aborto Inseguro-CLACAI.
 
[1] La Corte Suprema de México recibe caso sobre programa de re-educación sobre aborto. 7 de septiembre de 2016. http://abortion-news.info/mexico-supreme-court-receives-case-on-abortion-re-education-program/.
[2] GIRE (Grupo de Información en Reproducción Elegida), 2017. Causales de Aborto en Códigos Penales Estatales. https://gire.org.mx/consultations/causales-de-aborto-en-codigos-penales-estatales/.
[3] Sarah Faithful, 2016. Mexico’s choice: abortion laws and their effects throughout Latin America. 28 September 2016. Council on Hemispheric Affairs. http://www.coha.org/mexicos-choice-abortion-laws-and-their-effects-throughout-latin-america/.
[4] GIRE, 2015. Niñas y Mujeres sin justicia. Derechos reproductivos en México. http://informe2015.gire.org.mx/en/#/Home.
[5] GIRE, 2017. Op cit ref 2.
[6] GIRE, 2015. Op cit ref 4 p. 62-63.
[7] Diario Oficial del Distrito Federal, 2007. “Decreto que reforma el Código Penal del Distrito Federal y enmienda la Ley de Salud del Distrito Federal”. (70): 2-3. 
[8] Edith Y. Gutiérrez Vázquez y Emilio A. Parrado, 2016. ‘Abortion Legalization and Childbearing in Mexico’. Studies in Family Planning 47(2): 113-131
[9] Jennifer Paine, Regina Tamés Noriega and Alma Luz Beltrán y Puga, 2014. ‘Using litigation to defend women prosecuted for abortion in Mexico: challenging state laws and the implications of recent court judgements’. Reproductive Health Matters 22 (44): 61-69.
[10] Madrazo, A, 2009. ‘The evolution of Mexico City’s abortion laws: from public morality to women’s autonomy’. International Journal of Gynaecology and Obstetrics 106 (3): 266-269.   
[11] Human Rights Watch, 2006. ‘The Second Assault: Obstructing Access to Legal Abortion After Rape in Mexico Report, 18 No. 1(B). http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/mexico0306webwcover.pdf.
[12] GIRE es una ONG Mexicana cuya mission es promover y defender los derechos reproductivos de las mujeres en el marco de los derechos humanos. Véase: www.gire.org.mx.  
[13] GIRE. Durango dificulta acceso al aborto en casos de violación sexual. 9 de marzo de 2017. https://gire.org.mx/durango-dificulta-acceso-al-aborto-en-casos-de-violacion-sexual/.
[14] Teenage rape victim denied abortion in Mexico after judge rules attack was ‘consent by deception’. 5 August 2016. http://www.safeabortionwomensright.org/teenage-rape-victim-denied-abortion-in-mexico-after-judge-rules-attack-was-consent-by-deception/.
[15] Fatima Juárez, Susheela Singh, Sandra G. García y Claudia Diaz Olavarrieta, 2008. ‘Estimates of induced abortion in Mexico: what’s changed between 1990 and 2006?’. International Family Planning Perspectives 34(4):158-168.  
[16] Schiavon R, Troncoso E, Polo G, 2012. Analysis of maternal and abortion-related mortality in Mexico over the last two decades, 1990-2008. International Journal of Gynaecology and Obstetrics 118 (2): 78-86.
[17] Kassebaum NJ, Bertozzi-Villa A, Coggeshall MS, Shackelford KA, Steiner C, Heuton KR, et al. Global, regional, and national levels and causes of maternal mortality during 1990–2013: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2013. Lancet 2014;384(9947):980–1004. http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(14)60696-6/abstract
[18] Juárez, et al, 2008. Op cit ref 12.
[19] GIRE 2015: 86. Op cit ref 4.
[20] GIRE 2015: 87. Op cit ref 4.
[21] Data de GIRE, abril de 2016, disponible en http://www.safeabortionwomensright.org/las-libres-guanajuato-a-feminist-approach-to-abortion-within-and-around-the-law/.  (Fuente original no disponible online).
[22] Edith Y. Gutiérrez Vázquez y Emilio A. Parrado, 2016. ‘Abortion Legalization and Childbearing in Mexico’.  Studies in Family Planning 47(2):113-131.
[23] GIRE 2015: 64. Op cit ref 4.
[24] GIRE 2015: 94. Op cit ref 4.   
[25] GIRE 2015: 95. Op cit ref 4.  
[26] GIRE 2015: 100-101. Op cit ref 4.  
[27] GIRE 2015: 102. Op cit. ref 4.
[28] GIRE 2015: 102. Op cit. ref 4.
[29] International Campaign for Women’s Right to Safe Abortion, 2016. ‘Abortion banned by governor of Mexican state Veracruz’. http://www.safeabortionwomensright.org/abortion-banned-by-governor-of-mexican-state-veracruz/.
[30] David Agren. Abortion banned by controversial Mexican state governor. The Guardian. 29 July 2016.  https://www.theguardian.com/world/2016/jul/29/abortion-banned-controversial-mexican-state-governor-veracruz.
[31] Agren Ibid.
[32] GIRE 2015: 104. Op cit. ref 4.
[33] GIRE Ibid.
[34] Comunicación personal con GIRE, 28 de noviembre de 2016. 
[35] Allyn Gaestel, Allison Shelley. Mexican women pay high price for country’s rigid abortion laws. The Guardian. 1 October 2014. https://www.theguardian.com/global-development/2014/oct/01/mexican-women-high-price-abortion-laws.
[36] Se cambió el nombre para proteger la privacidad.
[37] GIRE 2015: 107. Op cit. ref 4.
[38] Centro Las Libres, 2017. Articulo Javier (Caso Martha Patricia).
[39] Paine, Tamés Noriega y Beltrán y Puga 2014: 63. Op cit ref 9.
[40] Centro Las Libres is a feminist organisation whose primary mission is to promote and defend women’s human rights in the state of Guanajuato and across Mexico. See http://www.laslibres.org.mx/.
[41] Las Libres, Guanajuato: A feminist approach to abortion within and around the law. 28 April 2016. http://www.safeabortionwomensright.org/las-libres-guanajuato-a-feminist-approach-to-abortion-within-and-around-the-law/.
[42] Gynuity Health Projects. Claims of Detection of Misoprostol in Women Accused of Induced Abortion. 2013. http://files.ctctcdn.com/2ebd04b4201/f1ecfcf9-99ea-4ab6-b4d0-9e9cee65a527.pdf.
[43] La docimasia pulmonar hidrostática es una prueba utilizada para determinar si un feto nació vivo en base a si sus pulmones flotan cuando se ponen en un recipiente con agua. La prueba ha sido desacreditada por existir múltiples factores que podrían hacer que los pulmones flotaran sin necesidad de que el feto hubiera respirado después de nacer. GIRE 2015: 111. Op cit. ref 4.
[44] GIRE 2015: 111. Op cit ref. 4.
[45] El nombre se cambió para proteger la confidencialidad.
[46] GIRE 2015: 112. Op cit ref. 4.
[47] Mexican Supreme Court of Justice rejects proposal to decriminalise abortions 3-1. 6 July 2016. http://www.safeabortionwomensright.org/mexican-supreme-court-of-justice-rejects-proposal-to-decriminalise-some-abortions-3-1/.
[48] Centro Las Libres, 2017. ‘Articulo Javier (Caso Martha Patricia)’.

Source: Julio 2017