[Relatoría] Taller regional andino sobre Zika

 TALLER REGIONAL ANDINO
Actualizando la evidencia y fortaleciendo las respuestas a la epidemia del virus Zika, a través de la incorporación de la atención integral en salud sexual y reproductiva
Lima, Perú – 26, 27 y 28 de junio de 2017

El I Taller Regional Andino sobre Zika y sus implicancias en los derechos sexuales y reproductivos tuvo lugar del 26 al 28 de junio de 2017 en la ciudad de Lima, Perú. El objetivo del evento fue incorporar el acceso universal a la salud sexual y reproductiva a las respuestas de política sanitaria para enfrentar el virus del zika, ampliando la comprensión de los derechos sexuales y reproductivos, todo ello en el marco de un esfuerzo articulado entre la academia, las organizaciones de la sociedad civil y los decisores/as clave del Estado. El programa giró en torno a los siguientes ejes temáticos: a) el marco derechos humanos, ético y de salud sexual y reproductiva en torno a la epidemia de Zika; b) la epidemiologia y el estado de la investigación en torno al Zika; c) el marco jurídico en la disponibilidad y acceso a la atención integral de la salud sexual y reproductiva en contextos del Zika; y d) las políticas públicas de salud sexual y salud reproductiva y las respuestas articuladas con participación ciudadana en el enfrentamiento de la epidemia.

El programa completo del Taller puede descargarlo aquí.

— AGENDA —

— DÍA 1 —

Bienvenida e Inauguración

Dr. Rodolfo Gómez Ponce de León, Asesor Regional de Salud Reproductiva, CLAP SMR OPS/OMS.Susana Chávez, Secretaria Ejecutiva, CLACAI.Elena Zúñiga, Representante del UNFPA en el Perú y Directora de País en Chile, Ecuador y Paraguay.Dra. Carmen Mayurí, Ministerio de Salud del Perú.

Conferencia central – Desafíos del Zika para la política sanitaria.
Dra. Martha Lucía Ospina Martínez, Directora General del Instituto Nacional de Salud de Colombia.

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Panel – Los derechos sexuales y reproductivos y el Zika en la región: impacto y desafíos.

Alejandra Meglioli, Directora de Programas, IPPF/RHO (EE.UU.)“El Zika y su impacto en la agenda de los derechos sexuales y reproductivos”.

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Carmen Cecilia Martínez, Directora Legal Regional, Women’s Link Worldwide (Colombia).“El Zika en la agenda de la justicia reproductiva”.

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María Antonieta Alcalde, Directora de Incidencia, IPPF/RHO“El Consenso de Montevideo en el avance de la batalla contra el Zika”.

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Presentación – Zika: vínculos entre salud pública, derechos humanos y ética. Documento de OPS sobre Elementos de Ética frente al Zika.
Dra. Carla Sáenz, Asesora Regional de Bioética, OPS WDC (EE.UU.)

Panel – Estado del conocimiento acerca del Zika.
Dr. Rodolfo Gómez Ponce de León, Asesor Regional de Salud Reproductiva, CLAP SMR OPS/OMS.“Los avances en el conocimiento científico del Zika, en términos de comportamiento del virus. Impactos en relación a los daños fetales”.

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Dr. Ludovic Reveiz, Asesor Regional del Área de Gestión del Conocimiento, Bioética e Investigación, OPS/OMS (EE. UU.)“Desarrollo de una agenda de investigación en temas prioritarios. El desarrollo tecnológico en torno al Zika”.

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Presentación – La agenda de investigación en materia de Zika. Hacia dónde debemos apuntalar las organizaciones de sociedad civil.
Dra. Raffaela Schiavon, Consultora experta, IPAS (México).

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Presentación – Pequeños grants de OMS para Zika en América Latina.
Dr. Rodolfo Gómez Ponce de León, Asesor Regional de Salud Reproductiva, CLAP SMR OPS/OMS.

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— DÍA 2 —

Panel – Las estrategias y sus desafíos.
Luciana Brito, ANIS – Instituto de Bioética (Brasil).“El Zika y su impacto en la vida de las mujeres. Cómo abordar las múltiples discriminaciones y conciliar las políticas públicas”.

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Renata Bregaglio, Coordinadora de la Clínica Jurídica en Discapacidad y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú.“Perspectivas jurídicas de derechos humanos de las personas afectadas con Zika: el dilema de la discapacidad”.

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Dra. Laura Gil, Asesora del Comité de Derechos Sexuales y Reproductivos de FECOLSOG (Colombia).“El derecho a la salud y el Zika. Obligaciones de los sistemas sanitarios, acceso integral a la salud sexual y reproductiva”.

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Panel – Derechos sexuales y reproductivos y poblaciones vulnerables.

Suzannah Phillips, Asesora Legal Senior, Women Enabled (EE.UU.)“Los derechos sexuales y reproductivos, incluyendo el derecho a decidir en contextos de Zika, y derechos de las personas con discapacidad: una perspectiva interseccional”.

Dr. Rodolfo Gómez Ponce de León, Asesor Regional de Salud Reproductiva, CLAP SMR OPS/OMS.“La anticoncepción moderna, con énfasis en poblaciones vulnerables”.

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Dra. Aracely Zepeda de Baires, Unidad de Atención Integral a la Mujer, Ministerio de Salud de El Salvador.“Experiencias de integración de la salud reproductiva en la respuesta sanitaria (caso de El Salvador). Guías prácticas clínicas”.

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Conferencia – Grupos de oposición y su amenaza en la agenda de los derechos sexuales y reproductivos.

Rossina Guerrero, Directora de Incidencia Política, PROMSEX (Perú).

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Talleres en paralelo – Abriendo diálogos enfocados en grupos vulnerables
Taller 1 – Lecciones aprendidas de modelos de intervención para el acceso de anticonceptivos a población altamente vulnerable al Zika. Una agenda para mejorar el acceso desde los grupos vulnerables.
Dr. Jhonny López, Director Ejecutivo Nacional, CIES Salud Sexual – Salud Reproductiva (Bolivia).

Taller 2 – Lecciones aprendidas en el acceso al aborto legal y seguro. El abordaje de barreras sanitarias. La agenda prioritaria.
Dra. Raffaela Schiavon, Consultora experta, IPAS (México).

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Dr. Guillermo Ortiz, Asesor Médico Senior, IPAS (EE. UU.)

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Taller 3 – Lecciones aprendidas en el campo jurídico, abordando a los distintos grupos vulnerables. La agenda jurídica en torno al Zika.
Mariana Ardila, Sub-directora legal Sur-Sur, Women’s Link Worldwide (Colombia).

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— DÍA 3 —

Mesa de Comentarios – Retos y oportunidades para tomar en cuenta las necesidades de las mujeres.

Lourdes Huanca, Presidenta, FENMUCARINAP (Perú).“Mujeres indígenas y amazónicas”

María Esther Mogollón, MAM Fundacional (Perú).“Mujeres con habilidades diferentes”.

Natalia Pineda, Directora, Si Mujer (Colombia).“Plataformas de sociedad civil”.

Dra. María Paula Houghton, Grupo Médico por el Derecho a Decidir (Colombia).“Asociaciones médicas”.

Presentación: Iniciativas Locales para fortalecer las agendas nacionales en el marco de la epidemia de Zika.
Susana Chávez, Secretaria Ejecutiva de CLACAI.

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La ley, los juicios y el encarcelamiento por aborto en México

Informe de la Campaña: La ley, los juicios y el encarcelamiento por aborto en México
La ley, los juicios y el encarcelamiento por aborto en MéxicoPor Hannah Pearson
“Confiesa, has cometido el peor pecado de este mundo” (abortion-news.info, 2016)
Cuando Patricia Méndez, una universitaria de 21 años del estado de Veracruz, tuvo un aborto espontáneo en marzo de 2015, llamaron a la policía para que fuera al hospital y la observaran mientras se retorcía de dolor y expulsaba un feto muerto de 20 semanas. “Estaba desnuda, solo con la bata que te dan, y les tenía a todos a mi alrededor mientras sufría el aborto”, relata Patricia. “Sentía mucho dolor, pero nadie hacía nada. Sólo decían: Confiesa, has cometido el peor pecado de este mundo”. Me trataron peor que a un animal. Sentí que podría haber muerto ahí dentro y nadie habría hecho nada”, dijo Patricia acerca del tratamiento recibido cuando tuvo el aborto[1]. Después, se vio obligada a firmar unos documentos mientras una enfermera sostenía el feto sobre su cara y le decía: “Bésalo. Lo has matado”. La familia del ex novio de Patricia celebró un funeral en honor al feto, al que Patricia no tuvo más remedio que asistir.

Patricia fue acusada por aborto y potencialmente podría verse sujeta a las “medidas educativas”[2] estipuladas en la ley del estado de Veracruz. Sin embargo, no se sabe a ciencia cierta lo que significan estas medidas, ya que no están definidas en la ley, si bien se exige su cumplimiento. Los abogados de Patricia han conseguido postergar los cargos momentáneamente, pero mientras tanto, Patricia ha tenido que huir al estado de Guanajuato para escapar de la persecución social[3].
La ley sobre aborto en México
El aborto en México es un delito, con excepciones basadas en ciertas causales legales. La única causal legal permitida en todo el país se basa en que el embarazo sea producto de una violación. Otras causales legales en algunos estados son: si existe un riesgo que amenaza la vida de la mujer, malformaciones fetales, inseminación artificial no consentida y dificultades económicas[4].
La legislación difiere de un estado a otro. La ley de cada estado establece qué causales son legales, cuál es el procedimiento que una mujer debe seguir para solicitar un aborto y cómo/dónde debería ofrecerse el servicio[5]. La siguiente imagen muestra en cuántos estados[6] de los 31 que tiene México (más la Ciudad de México) son legales las causales de aborto:

Aborto voluntario en la Ciudad de México La Ciudad de México es el único lugar en todo el país donde el aborto es legal a petición de la mujer durante el primer trimestre de embarazo, desde abril de 2007[7].Esta normativa fue aprobada en respuesta a la presión ejercida por las organizaciones feministas y muchos otros defensores/as de la salud de las mujeres, incluyendo profesionales de la salud y defensores/as legales[8].  Las sanciones por aborto después de las 12 semanas se rebajaron a pena de prisión de tres a seis meses o trabajos en beneficio de la comunidad de 100 a 300 días[9]. La ley añadió una cláusula indicando que los servicios de aborto deben estar disponibles en los centros de salud de la Ciudad de México, sin costo para los residentes y con una escala variable de tarifas para los que vivan fuera de la Ciudad de México. Asimismo, la ley fortaleció la currícula de educación sexual en las escuelas y exhortó a que se ampliara el acceso a métodos anticonceptivos. Poco después de ser aprobada, la ley fue cuestionada en la Suprema Corte de México por grupos de oposición a la misma. En agosto de 2008, la Suprema Corte defendió la constitucionalidad de la ley[10].En otros lugares del país En otros lugares del país, el aborto se permite únicamente bajo causales muy limitadas, e incluso cuando este es legal (por ejemplo, en casos de violación o malformaciones fetales), existen barreras que hacen que el acceso sea extremadamente difícil[11]. Por ejemplo, algunos estados no han modificado sus códigos penales o regulaciones sanitarias para facilitar el acceso al aborto después de una violación. En el estado de Durango, todavía existe en el código penal el requisito de que el Fiscal autorice el aborto después de una violación. Y en dos casos recientes que GIRE (Grupo de Información en Reproducción Elegida)[12] llevó en Durango, el Secretario de Estado de Salud exigió que la mujer se sometiera a una evaluación psicológica. Además, la Norma Oficial Mexicana 046, que resume el criterio de cuidado y prevención de la violencia sexual y doméstica contra la mujer, revisada en marzo de 2016, establece que “cualquier mujer o niña de 12 años que haya sufrido abuso sexual y haya quedado embarazada tiene derecho a acudir a cualquier centro de salud público para someterse a un aborto, sin la necesidad de presentar ninguna denuncia por violación y sin la autorización por parte de ninguna autoridad (como el Ministerio Público o un juez/a) o el consentimiento del padre o madre o tutor”. Por tanto, tampoco era necesario que la mujer acudiera a un psicólogo/a[13]. En otro caso que apareció en los medios en agosto de 2016, se le negó un aborto legal a una niña de 13 años que fue abusada sexualmente. Los miembros de la familia llevaron a la niña a la comisaría de policía el día de lo ocurrido para reportar el abuso, y como resultado de su denuncia y acompañando prueba médica, el fiscal acusó al hombre en cuestión. No se le ofreció a la niña el anticonceptivo oral de emergencia en aquel momento. No obstante, cuando el caso fue llevado ante los tribunales, el juez acusó al hombre en cuestión de haber cometido “sexo ilegal con una menor” y disminuyó los cargos, estableciendo que el hombre “consiguió obtener el consentimiento de la niña por medio de engaños”. El servicio de salud del estado también se negó a brindar a la niña un aborto. Por ello, fue llevada a la Ciudad de México para someterse al procedimiento.[14] Pero a pesar de las restricciones legales, el aborto sigue siendo una práctica común. Un estudio estimó que la tasa de abortos inducidos en México en 2006 era de 33 abortos por cada 1.000 mujeres de edades comprendidas entre los 15 y los 44 años, una tasa muy elevada en comparación con los estándares internacionales.[15] Debido a las restricciones legales, la gran mayoría de abortos en México tienen lugar de forma clandestina, normalmente en circunstancias inseguras y en ocasiones con consecuencias graves para la salud de las mujeres. En el periodo de 1990 a 2008, el 7.2% de todas las muertes maternas en México estuvieron relacionadas con el aborto.[16] El Instituto de Medidas de Salud y Evaluación de Datos reportó que la tasa de mortalidad materna en 2013 era de 54 por cada 100.000.[17] Otro estudio estimó que, en 2006, 149.700 mujeres en todo el país fueron hospitalizadas por complicaciones después de someterse a un aborto inducido.[18] La reforma de la ley en Ciudad de México fue una respuesta a la gravedad de este problema de salud pública, generando una victoria considerable para los derechos reproductivos de las mujeres. El Gobierno del Distrito Federal, con el apoyo de ONGs, implementó un programa de servicios de salud para mujeres que buscaban terminar sus embarazos, denominado “Programa de Aborto Legal”. Los datos más recientes (2015) de este programa muestran que las mujeres de otros estados de México se han convertido en usuarias de este servicio, de la misma manera que lo son las mujeres residentes en la Ciudad de México. Es especialmente destacable el caso de las mujeres del Estado de México, que representan el 24% del total de las usuarias del servicio, seguido de los estados aledaños de Puebla e Hidalgo.[19] Las restricciones normativas y la falta de acceso al aborto en otros estados obliga a muchas mujeres a viajar a la Ciudad de México. Sin embargo, y a pesar del apoyo monetario de grupos como el Fondo MARIA, que provee financiación a mujeres, no es posible para todas ellas acudir a la Ciudad de México para someterse a un aborto legal y seguro. Los datos muestran que la mayoría de las mujeres que abortan tienen entre 18 y 24 años, lo que representa el 47.3% del total de abortos, seguido de las mujeres que tienen entre 25 y 29 años (22.5%). Entre abril de 2007 y mayo de 2015, el Programa brindó servicios a un total de 141.390 mujeres, lo que le convirtió en el principal proveedor de servicios de aborto legal en el país.[20] En el mes de abril de 2016, se llevaron a cabo más de 152.000 procedimientos públicos de aborto en la Ciudad de México.[21] Así, este Programa está marcando la diferencia, ya que desde 2007, existen pruebas que sugieren una asociación sistemática entre la legalización del aborto y una reducción de la fertilidad en mujeres de entre 20 y 34 años en la Ciudad de México (incluyendo probablemente también la gran parte del área metropolitana). Esto es, el hecho de que la ley haya facilitado el acceso al aborto y reducido la necesidad de llevar a término embarazos no deseados, parece que ha contribuido también a la disminución de la fertilidad. Esta influencia se hace más visible entre las mujeres de edades comprendidas entre los 20 y 34 años, pero tiene poco impacto en la fertilidad adolescente.[22] Avances en Guerrero, Michoacán y TlaxcalaDesde el 2007, la ley penal sobre aborto también ha sido modificada en otros tres estados para permitir el acceso en otras tres causales: Guerrero, Michoacán y Tlaxcala. En mayo de 2014, el Gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, presentó un Proyecto de ley al Congreso del estado para que se despenalizara el aborto hasta la semana 12 del embarazo, al igual que en la Ciudad de México. Desafortunadamente, se hicieron reservas al proyecto por parte del Partido de la Revolución Democrática (PRD), incluyendo las de Ana Lilia Jiménez Rumbo, presidenta de la Comisión de Igualdad y Género del Congreso del Estado de Guerrero, y las de Lázaro Mazón Alonso, Ministro de Salud del estado. El proyecto fue rechazado. En noviembre de ese año, no obstante, se modificó el Código Penal de Guerrero para incluir como causal legal el grave riesgo a la salud de la mujer. De igual modo, en Michoacán, un nuevo Código Penal publicado en diciembre de 2014 añadió nuevas causales de aborto legal: malformaciones fetales, inseminación artificial no consentida y dificultades económicas. El Congreso de Tlaxcala también reformó su Código Penal para incluir la malformación fetal como causal legal de aborto.[23] La respuesta negativa de los grupos anti-derechosDesde el 2008, como reacción violenta ante la reforma de la ley en la Ciudad de México, se produjo una oleada de modificaciones en las constituciones de varios estados para “proteger la vida desde el momento de la concepción”[24]. Así, existen actualmente 17 normativas de estados que incluyen esta cláusula, así como proyectos de ley recientes que la incluyen en otras dos constituciones de estados.[25] Ello se ha venido implementando en un intento de excluir cualquier intento futuro de expandir las causales legales o despenalizar el aborto. Por tanto, a pesar de que la Ciudad de México y otros estados han expandido las causales legales de aborto y la provisión de servicios de aborto legal, la continua criminalización del aborto que se está produciendo en gran parte del país está ocasionando que las mujeres que tienen abortos sigan siendo reportadas y perseguidas. Sanciones penalesTanto en Jalisco como en San Luis Potosí, el aborto ilegal está tipificado como delito, lo que significa que cualquiera que sea acusado por este delito deberá permanecer en prisión durante todo el proceso penal y hasta que este finalice. En San Luis Potosí, el 29 de junio de 2015 el Congreso del estado aprobó una reforma al artículo 407 del Código Procesal Penal para eliminar este requisito, pero la reforma todavía está pendiente de publicación. En el resto de códigos penales de estados mexicanos, el aborto ilegal está tipificado como falta. Ello significa que las mujeres pueden esperar a que transcurra todo el proceso penal sin estar en prisión si pagan una fianza, tal y como se establece en el artículo 19 de la Constitución. Este pago supone, sin embargo, una gran carga para muchas mujeres sujetas a procesos penales, ya que aquellas que son perseguidas son casi siempre mujeres con escasos recursos económicos, que no pueden permitirse recurrir a un aborto seguro. Las penas por el delito de aborto son las siguientes:

Pena de prisión de 15 días a seis años (29 estados).
Multas (13 estados).
Servicios a la comunidad (4 estados).
Distintos tipos de tratamientos médicos o psicológicos (6 estados)[26].

 El Código Penal de Aguascalientes es el que establece la pena más onerosa. Su artículo 101 establece dos sanciones por aborto inducido: no solo la pena de prisión, sino también una multa por las reparaciones y los daños causados al feto[27]. A pesar de que los servicios en beneficio de la comunidad o “tratamientos” como posibles sanciones podrían considerarse alternativas menos onerosas a la pena de prisión, estas medidas siguen criminalizando a las mujeres que ponen término a sus embarazos, tratándolas como si tuvieran algún tipo de enfermedad –después de someterlas a procesos penales-, generando estigma y discriminación que puede tener serias repercusiones para el trabajo de estas mujeres y las vidas de sus familias y comunidades. Ninguna de estas sanciones especifica el tipo de tratamiento médico/psicológico que se requiere, quién lo debe ofrecer y cuánto tiempo debe durar. Las leyes de Jalisco, Tamaulipas y Yucatán son particularmente insidiosas, ya que establecen que el objetivo de este tipo de tratamiento es “reafirmar el valor de la maternidad y el fortalecimiento de la familia”.[28] CriminalizaciónEn 2015, GIRE publicó las cifras más recientes sobre el número de mujeres que han sido perseguidas por abortos ilegales, que obtuvieron de organismos judiciales del Estado. Las cifras cubren el periodo comprendido entre agosto de 2012 y diciembre de 2013, que incluyó un total de 625 abortos reportados a organismos encargados de hacer cumplir la ley a lo largo de todo México, sobre todo por parte de hospitales, pero también por parte de miembros de la familia, parejas y vecinos/as. No todos los estados respondieron a la solicitud de información de GIRE, así que la data no cubre la totalidad del país en esos años, y tampoco al momento de redactar este informe existía data completa disponible correspondiente a 2014 y años posteriores. Las cifras más altas son de la Ciudad de México, con 183 (para aborto en el segundo trimestre), Quintana Roo con 81, Baja California con 75, Veracruz con 57 y Guanajuato con 50. El aborto es ilegal bajo prácticamente cualquier circunstancia en Quintana Roo, Baja California y Guanajuato, lo que explica los altos niveles de reporte en esos estados. Veracruz penalizó el aborto en cualquier circunstancia en 2016.[29] Es un estado que ha sufrido gran parte de la corrupción gubernamental y policial de México en los últimos seis años[30] lo que, unido a un aumento de la actividad antiabortiva, podría explicar las altas tasas aquí reportadas. Sin embargo, de los organismos judiciales que sí respondieron al pedido de información de GIRE, solo Chihuahua, Michoacán y Sinaloa ofrecieron información sobre penas. La información de Sinaloa reveló que en los casos en los que el aborto fue presuntamente inducido con pastillas, la única prueba material existente fue la confesión de la mujer.[31] Los demás estados no ofrecieron información sobre los resultados de los casos que habían sido reportados. De los 625 casos reportados, 75 conllevaron persecuciones penales. Varios de los que reportaron fueron hombres, presuntamente proveedores de abortos, o parejas o familiares de las mujeres. De estos casos, 29 acabaron en sentencia condenatoria por el delito de aborto.[32] Respecto a las personas que se encuentran bajo custodia o en prisión por el crimen de aborto, las autoridades estatales han reportado a 13 personas en total bajo custodia previa a juicio y 9 en prisión entre agosto de 2012 y diciembre de 2013.[33] No se indicó el sexo de las personas en prisión por estos casos, aunque GIRE sospecha que son mayoritariamente mujeres. GIRE ha defendido a 13 mujeres que fueron procesadas por el delito de aborto entre 2014 y 2015.[34] En relación al procesamiento de proveedores de servicios de aborto, poco se sabe. En 2014, María Leonor Moreno Carreto, una ginecóloga que trabaja en el estado de Guerrero, informó al diario The Guardian que muchos doctores/as en México se han encontrado en una encrucijada entre la ética de la confidencialidad de la paciente y la ley. Comentó que: “Es una cuestión de conciencia si un doctor decide reportar a su paciente o no”, y que algunos doctores/as han acusado a sus pacientes a la policía, mientras que otros continúan ofreciendo abortos a pesar de lo que indica la ley, aunque se sienten continuamente preocupados/as por llegar a ser denunciados/as.[35] La historia de PaolaPaola[36] es del estado de Aguascalientes, y tenía 20 años cuando se quedó embarazada. Estaba en la semana 25 de gestación cuando comenzó a sentir fuertes dolores en su estómago. Fue admitida en el Hospital para Mujeres de Aguascalientes el 5 de marzo de 2014, donde sufrió un aborto espontáneo. En el hospital, los trabajadores sociales solicitaron la intervención del Fiscal. Poco después, dos inspectores de policía llegaron para interrogar a Paola y a su padre, que estaba con ella. Con incertidumbre sobre su situación legal, Paola solicitó la baja en el hospital ese mismo día. El padre de Paola contrató a un abogado privado, descubriendo que se había iniciado una investigación preliminar contra su hija por el supuesto delito de aborto inducido. El 17 de junio de 2014, fue citado para testificar, sin saber más detalles sobre el caso. A sugerencia de GIRE, solicitó una copia de la historia clínica. Según le constó a GIRE, la historia clínica no contenía ninguna nota del doctor que la atendió que indicara que Paola se había sometido a un aborto inducido. Bajo estas circunstancias, GIRE presentó una resolución para poder intervenir como representante legal de Paola, la cual todavía no ha sido respondida, y el acceso a los documentos relativos a su caso sigue siendo denegado. En septiembre, la policía acudió a casa de Paola alegando una supuesta orden de detención, aunque nunca se mostró a Paola. GIRE presentó un amparo (una demanda federal cuestionando los actos oficiales de una autoridad federal, estatal o municipal por considerarse inconstitucional) para esclarecer la razón de su arresto. No se obtuvo ninguna información. Sin embargo, el Fiscal canceló el arresto, el amparo fue suspendido y Paola fue puesta en libertad. No obstante las buenas noticias, el caso todavía no se ha resuelto a pesar de la intervención de GIRE, y Paola sigue viviendo en la incertidumbre y con miedo a ser acusada.[37] La historia de MarthaMartha es del estado de Veracruz. A principios de 2015, cuando tenía 21 años, acudió al médico por dolores en el estómago. El doctor diagnosticó gastritis, y le indicó que siguiera un tratamiento para su dolencia. En marzo de 2015, Martha comenzó a experimentar dolores severos en su estómago, así que volvió a consulta médica y tuvo un aborto espontáneo. En lugar de reconocer su propia negligencia por no haber identificado que Martha estaba embarazada, el doctor la reportó a la policía, que la acusó de haber cometido el delito de aborto. Las Libres también han tomado el caso de Martha, que está en espera de juicio.[38] Acusaciones por el delito de homicidio o infanticidioLa forma en la que las enmiendas a constituciones de los estados han establecido la protección del embrión/feto en algunos estados ha otorgado “personalidad jurídica al embrión[39], y esto amenaza seriamente a las mujeres en cuanto que pueden ser criminalizadas por someterse a abortos inducidos, así como a las mujeres que sufren abortos espontáneos o pérdidas fetales. Algunas mujeres han sido acusadas por el delito de “homicidio de un miembro de la familia” o “infanticidio”, y no por el delito de aborto, que tiene una pena mucho menor. Entre agosto de 2012 y diciembre de 2013, GIRE tuvo conocimiento de 10 casos relacionados con el delito de “homicidio de un miembro de la familia” o “infanticidio” que fueron reportados a los organismos encargados de hacer cumplir la ley en distintas partes de México. Seis de los 10 casos acabaron en procesos penales y de esos seis, tres mujeres fueron condenadas. Asimismo, el trabajo del Centro Las Libres[40] fue portada internacional cuando siete mujeres de Guanajuato acusadas de aborto inducido y condenadas a pena de prisión por cargos de homicidio fueron puestas en libertad, gracias a su exitosa defensa legal.[41] Acusaciones no basadas en la buena feEn dos casos llevados por GIRE en 2013, se reportaron declaraciones de tener pruebas del uso de misoprostol para acusar a las mujeres, que se obtuvieron supuestamente de un análisis de sangre en uno de los casos y de un análisis de orina en el otro. Estos casos llevaron a Gynuity Health Projects a analizar si se realizaron de buena fe. GIRE pudo cuestionar las pruebas en ambos casos.[42] Los dos casos fueron los siguientes: Ángela, una mujer indígena de 29 años de ascendencia Otomi, que vivía en condiciones de pobreza extrema en el Estado de México. Fue violada en varias ocasiones por su expareja. Un día, mientras llevaba maíz al molino donde trabajaba, empezó a sentir dolores abdominales fuertes. Cuando comenzó a sufrir una hemorragia, acudió al hospital a pedir ayuda, y allí fue acusada de haberse inducido un aborto de manera ilegal. Fue arrestada y transferida a la Oficina del Fiscal, donde la detuvieron durante 48 horas. Se inició una investigación previa al juicio contra ella por aborto ilegal producido supuestamente por el uso de misoprostol. El personal de salud alegó que encontraron misoprostol en una muestra de orina. En el otro caso, en Baja California (uno de los estados que “protege la vida desde la concepción”) Carla, de 32 años, fue llevada a un hospital público después de haber sufrido una hemorragia en el baño del supermercado donde trabajaba. En base a un reporte anónimo, el Fiscal del estado inició una investigación previa a juicio contra ella por aborto ilegal, que supuestamente se realizó con pastillas de misoprostol. Carla fue arrestada y puesta en custodia mientras se estaba recuperando en el hospital. El personal de salud tomó una muestra de sangre donde alegaron encontrar misoprostol. Carla tuvo que pagar la fianza para evitar ser enviada a prisión. Nunca ha declarado haber tomado pastillas y tampoco ha habido pruebas a tal efecto. Después de recibir el apoyo de GIRE, los Fiscales del caso tuvieron que poner en libertad a las dos mujeres por falta de pruebas. (Comunicación personal de Regina Tamés de GIRE a Marge Berer, 16 de enero de 2014). GIRE también preguntó a las autoridades del estado acerca del uso de la “docimasia pulmonar hidrostática”[43]como prueba del delito de muerte del feto/neonato, una prueba que ha sido ampliamente desacreditada en la comunidad científica. 21 estados confirmaron que aplican este procedimiento y emiten sentencia en base a él.[44] La historia de AdrianaEl 22 de enero de 2014, Adriana,[45] una mujer del estado de Guerrero, fue puesta en libertad de la prisión de Chilpancingo después de siete años y nueve meses de estar encerrada en ella, como pena por haber cometido “homicidio de un miembro de la familia”. Adriana sufrió un aborto cuando tenía 18 años, y su familia la reportó a la policía. Fue sentenciada a 27 años de prisión. Adriana no hablaba español en el momento en que tuvo lugar el juicio y no tuvo acceso a un intérprete o a una defensa legal efectiva. Su pena fue posteriormente reducida a 22 años, después de una apelación presentada por Las Libres. La Corte Suprema, a la que tomó dos años y medio escuchar el caso de Adriana, finalmente otorgó el amparo y dispuso su inmediata liberación.[46] DiscusiónLas acusaciones y el encarcelamiento de mujeres por el delito de aborto, y en algunos casos por el delito de “homicidio de un miembro de la familia” o “infanticidio”, sigue siendo una realidad en México. Los legisladores locales continúan presentando proyectos de ley para proteger la “vida” desde la concepción, con el propósito de criminalizar a mujeres por abortos ilegales y restringiendo sus derechos reproductivos. Hasta que y a menos que se produzca una reforma constitucional a nivel federal, se seguirá ofreciendo apoyo legal para las mujeres a nivel estatal a medida que los casos vayan surgiendo. En 2016, la Corte Suprema Mexicana debatió la despenalización del aborto a nivel federal por primera vez. El caso surgió de un requerimiento presentado por una mujer a la que le fue denegado un aborto bajo las causales legales en 2013. Fue simbólico en el sentido de que pudo finalmente someterse a un aborto en una clínica privada, pero una sentencia favorable podría haber sentado un importante precedente.  Una propuesta del Juez Supremo Arturo Zaldívar establecía que las actuales penas por aborto, tal y como se indicaba en el Código Penal federal, violaban los derechos de las mujeres al desarrollo de su personalidad, a la salud sexual y reproductiva y a vivir libres de discriminación. “Un aborto es un drama para cualquier mujer. Criminalizarlas no es una solución que esté amparada desde un punto de vista constitucional”, dijo Zaldívar. Condenar (a las mujeres) a pena de prisión, a la clandestinidad, poner sus vidas en riesgo, implica un abandono de su valor como persona, cuyos deseos e intereses son relevantes y significantes teniendo en cuenta la dura decisión de terminar un embarazo”. En 2016, la Corte votó en contra de las propuestas de Zaldívar por tres votos contra uno, pero estableció que podrían considerarse en el futuro nuevas propuestas relacionadas con el tema del aborto.[47] La normativa de la Ciudad de México ha resultado un primer paso importante para mejorar la salud y los derechos reproductivos de las mujeres en México, y para legitimar el aborto como un tema clave en torno a la salud y los derechos de las mujeres, pero las leyes restrictivas en todos los estados de México y la respuesta negativa de los conservadores han provocado que se sigan produciendo abortos inseguros en todos los estados del país, y una persecución continuada a las mujeres que buscan someterse a abortos. Para acabar con los abortos inseguros y asegurar un acceso igualitario a la salud y los derechos reproductivos para todas las mujeres mexicanas, es preciso reformar la normativa sobre aborto en todo el país. “Las Mujeres deberían ser la brújula que guíe a la ley en este asunto, porque la ley, finalmente, las afecta a ellas y a sus vidas” (Centro Las Libres) [48]. AgradecimientosMuchas gracias a GIRE (Grupo de Información en Reproducción Elegida) en Ciudad de México y a Las Libresen Guanajuato, por compartir su información y expertise. Revisado por Verónica Cruz Sánchez de Las Libres. Editado por Marge Berer.
Este informe resume la legislación y política sobre aborto en México, así como los procesos y encarcelamiento por aborto entre el 2007 y el 2017. Por Hannah Pearson, International Campaign for Women’s Right to Safe Abortion, 2 de mayo de 2017 Traducido al español por María José Barajas, Asistente de la Secretaría Ejecutiva del Consorcio Latinoamericano Contra el Aborto Inseguro-CLACAI.
 
[1] La Corte Suprema de México recibe caso sobre programa de re-educación sobre aborto. 7 de septiembre de 2016. http://abortion-news.info/mexico-supreme-court-receives-case-on-abortion-re-education-program/.
[2] GIRE (Grupo de Información en Reproducción Elegida), 2017. Causales de Aborto en Códigos Penales Estatales. https://gire.org.mx/consultations/causales-de-aborto-en-codigos-penales-estatales/.
[3] Sarah Faithful, 2016. Mexico’s choice: abortion laws and their effects throughout Latin America. 28 September 2016. Council on Hemispheric Affairs. http://www.coha.org/mexicos-choice-abortion-laws-and-their-effects-throughout-latin-america/.
[4] GIRE, 2015. Niñas y Mujeres sin justicia. Derechos reproductivos en México. http://informe2015.gire.org.mx/en/#/Home.
[5] GIRE, 2017. Op cit ref 2.
[6] GIRE, 2015. Op cit ref 4 p. 62-63.
[7] Diario Oficial del Distrito Federal, 2007. “Decreto que reforma el Código Penal del Distrito Federal y enmienda la Ley de Salud del Distrito Federal”. (70): 2-3. 
[8] Edith Y. Gutiérrez Vázquez y Emilio A. Parrado, 2016. ‘Abortion Legalization and Childbearing in Mexico’. Studies in Family Planning 47(2): 113-131
[9] Jennifer Paine, Regina Tamés Noriega and Alma Luz Beltrán y Puga, 2014. ‘Using litigation to defend women prosecuted for abortion in Mexico: challenging state laws and the implications of recent court judgements’. Reproductive Health Matters 22 (44): 61-69.
[10] Madrazo, A, 2009. ‘The evolution of Mexico City’s abortion laws: from public morality to women’s autonomy’. International Journal of Gynaecology and Obstetrics 106 (3): 266-269.   
[11] Human Rights Watch, 2006. ‘The Second Assault: Obstructing Access to Legal Abortion After Rape in Mexico Report, 18 No. 1(B). http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/mexico0306webwcover.pdf.
[12] GIRE es una ONG Mexicana cuya mission es promover y defender los derechos reproductivos de las mujeres en el marco de los derechos humanos. Véase: www.gire.org.mx.  
[13] GIRE. Durango dificulta acceso al aborto en casos de violación sexual. 9 de marzo de 2017. https://gire.org.mx/durango-dificulta-acceso-al-aborto-en-casos-de-violacion-sexual/.
[14] Teenage rape victim denied abortion in Mexico after judge rules attack was ‘consent by deception’. 5 August 2016. http://www.safeabortionwomensright.org/teenage-rape-victim-denied-abortion-in-mexico-after-judge-rules-attack-was-consent-by-deception/.
[15] Fatima Juárez, Susheela Singh, Sandra G. García y Claudia Diaz Olavarrieta, 2008. ‘Estimates of induced abortion in Mexico: what’s changed between 1990 and 2006?’. International Family Planning Perspectives 34(4):158-168.  
[16] Schiavon R, Troncoso E, Polo G, 2012. Analysis of maternal and abortion-related mortality in Mexico over the last two decades, 1990-2008. International Journal of Gynaecology and Obstetrics 118 (2): 78-86.
[17] Kassebaum NJ, Bertozzi-Villa A, Coggeshall MS, Shackelford KA, Steiner C, Heuton KR, et al. Global, regional, and national levels and causes of maternal mortality during 1990–2013: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2013. Lancet 2014;384(9947):980–1004. http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(14)60696-6/abstract
[18] Juárez, et al, 2008. Op cit ref 12.
[19] GIRE 2015: 86. Op cit ref 4.
[20] GIRE 2015: 87. Op cit ref 4.
[21] Data de GIRE, abril de 2016, disponible en http://www.safeabortionwomensright.org/las-libres-guanajuato-a-feminist-approach-to-abortion-within-and-around-the-law/.  (Fuente original no disponible online).
[22] Edith Y. Gutiérrez Vázquez y Emilio A. Parrado, 2016. ‘Abortion Legalization and Childbearing in Mexico’.  Studies in Family Planning 47(2):113-131.
[23] GIRE 2015: 64. Op cit ref 4.
[24] GIRE 2015: 94. Op cit ref 4.   
[25] GIRE 2015: 95. Op cit ref 4.  
[26] GIRE 2015: 100-101. Op cit ref 4.  
[27] GIRE 2015: 102. Op cit. ref 4.
[28] GIRE 2015: 102. Op cit. ref 4.
[29] International Campaign for Women’s Right to Safe Abortion, 2016. ‘Abortion banned by governor of Mexican state Veracruz’. http://www.safeabortionwomensright.org/abortion-banned-by-governor-of-mexican-state-veracruz/.
[30] David Agren. Abortion banned by controversial Mexican state governor. The Guardian. 29 July 2016.  https://www.theguardian.com/world/2016/jul/29/abortion-banned-controversial-mexican-state-governor-veracruz.
[31] Agren Ibid.
[32] GIRE 2015: 104. Op cit. ref 4.
[33] GIRE Ibid.
[34] Comunicación personal con GIRE, 28 de noviembre de 2016. 
[35] Allyn Gaestel, Allison Shelley. Mexican women pay high price for country’s rigid abortion laws. The Guardian. 1 October 2014. https://www.theguardian.com/global-development/2014/oct/01/mexican-women-high-price-abortion-laws.
[36] Se cambió el nombre para proteger la privacidad.
[37] GIRE 2015: 107. Op cit. ref 4.
[38] Centro Las Libres, 2017. Articulo Javier (Caso Martha Patricia).
[39] Paine, Tamés Noriega y Beltrán y Puga 2014: 63. Op cit ref 9.
[40] Centro Las Libres is a feminist organisation whose primary mission is to promote and defend women’s human rights in the state of Guanajuato and across Mexico. See http://www.laslibres.org.mx/.
[41] Las Libres, Guanajuato: A feminist approach to abortion within and around the law. 28 April 2016. http://www.safeabortionwomensright.org/las-libres-guanajuato-a-feminist-approach-to-abortion-within-and-around-the-law/.
[42] Gynuity Health Projects. Claims of Detection of Misoprostol in Women Accused of Induced Abortion. 2013. http://files.ctctcdn.com/2ebd04b4201/f1ecfcf9-99ea-4ab6-b4d0-9e9cee65a527.pdf.
[43] La docimasia pulmonar hidrostática es una prueba utilizada para determinar si un feto nació vivo en base a si sus pulmones flotan cuando se ponen en un recipiente con agua. La prueba ha sido desacreditada por existir múltiples factores que podrían hacer que los pulmones flotaran sin necesidad de que el feto hubiera respirado después de nacer. GIRE 2015: 111. Op cit. ref 4.
[44] GIRE 2015: 111. Op cit ref. 4.
[45] El nombre se cambió para proteger la confidencialidad.
[46] GIRE 2015: 112. Op cit ref. 4.
[47] Mexican Supreme Court of Justice rejects proposal to decriminalise abortions 3-1. 6 July 2016. http://www.safeabortionwomensright.org/mexican-supreme-court-of-justice-rejects-proposal-to-decriminalise-some-abortions-3-1/.
[48] Centro Las Libres, 2017. ‘Articulo Javier (Caso Martha Patricia)’.

Source: Julio 2017

Entre la indolencia y el sesgo: el derecho de las mujeres a beneficiarse de los avances científicos en materia reproductiva

En este documento, se argumenta que existe un derecho exigible a la aprobación y disponibilidad del misoprostol y mifepristona, y que su incumplimiento por parte de los Estados revela un comportamiento sistemático de discriminación hacia las mujeres en el ejercicio de sus derechos a la vida, la salud, el goce de los beneficios científicos y dignidad. Se enfoca en el derecho a gozar de los avances científicos, en los límites a la discrecionalidad estatal en el diseño e implementación de sus políticas de medicamentos, y su responsabilidad en la disponibilidad del misoprostol y de la mifepristona. El orden del trabajo es el siguiente: Primero, describe los usos, efectos y situación de disponibilidad del misoprostol y de la mifepristona. Segundo, ofrece datos básicos de morbimortalidad asociada al embarazo y al aborto. Tercero, apuntan a factores que explicarían la situación de indisponibilidad de estos dos medicamentos en buena parte de América Latina y el Caribe. Cuarto, desarrollan el argumento del derecho a gozar de los avances científicos. Quinto, señalan los límites a la discrecionalidad estatal en sus decisiones en torno a la aprobación y disponibilidad de estos fármacos, así como su responsabilidad. Finalmente, presentan sus conclusiones.
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Source: Julio 2017

Estados Unidos: los crímenes de la Iglesia católica contra la salud de las mujeres

En el país hay 649 hospitales que rigen bajo la doctrina religiosa. Las pacientes ingresan sin saberlo y ven peligrar su vida por la falta de tratamientos básicos. Una historia de lucro y oscurantismo.
En Estados Unidos, el principal país imperialista, la atención sanitaria representa un costo altísimo para sus habitantes. El tratamiento gratuito prácticamente no existe –ni siquiera en hospitales públicos- por lo que cada consulta, estudio, internación y medicamento debe abonarse personalmente o a través de un seguro médico. Programas como Medicaid, destinados a personas con bajos ingresos, varían sus precios y extensión según la región y además tienen relación directa con las aseguradoras.
La salud de pueblo norteamericano constituye un jugoso negocio del cual participan distintas compañías médicas privadas –con la complicidad de funcionarios demócratas y republicanos-. También saca su tajada una de las instituciones más reaccionarias a nivel mundial: la Iglesia Católica.
One nation under God
Los católicos son una minoría en el país del norte. De acuerdo con el Pew Research Center, representan sólo el 20,8% de la población y se concentran principalmente en un puñado de Estados orientales, California y Nuevo México. La consultora estima además que, en los últimos años, un cuarto de los bautizados allí han abandonado esa religión.
La jerarquía eclesiástica estadounidense constituye un ala conservadora aún dentro de la Curia. Plagada de denuncias por pederastia, ostenta lazos con el poder político y tanto Hillary Clinton como Donald Trump debieron juntarse con sus representantes durante la campaña. La intervención en el sistema de salud desnuda su costado más corrupto y reaccionario.
De acuerdo con la Asociación Católica de Salud (en inglés Catholic Health Association o CHA), uno de cada seis pacientes en el país recibe su atención en instituciones católicas. La Iglesia posee, administra o tiene lazos con 649 hospitales, casi 1500 centros asistenciales y más de 750 mil empleados en esta rama. Anotados como proyectos “sin fines de lucro” reciben anualmente millones de dólares federales –conseguidos a través de impuestos- y figuran en las cartillas de los principales proveedores de cuidados médicos.
Los primeros sanatorios católicos fueron instalados por monjas durante el siglo XIX. Esta tendencia ha crecido exponencialmente en los últimos años. De acuerdo con un informe realizado Merger Watch, durante los últimos quince años su influencia subió en un 22%.
Estos establecimientos operan bajo “directivas éticas y religiosas” dictadas por los Servicios Católicos del Cuidado de la Salud (Catholic Health Care Services o ERDs). Aquellas prohíben información y tratamientos básicos ligados al desarrollo sexual o reproductivo como la contracepción, los tratamientos de esterilidad y el aborto, aún cuando la vida de la mujer se encuentra en severo riesgo. Así puede constatarse en las publicaciones periódicas de la Conferencia de Obispos Católicos de EE. UU.
En algunas zonas, especialmente rurales, estos hospitales constituyen la opción exclusiva de tratamiento para la comunidad por más de 50 kilómetros o 45 minutos de transporte. En Alaska, Iowa o incluso Washington, concentran más del 40% de la capacidad total del sistema para internaciones. En otras zonas, son la única alternativa ofrecida por ciertas coberturas. Por último, hay algunos centros privados que no son manejados por la Iglesia pero se encuentran afiliados a sus políticas. Como resultado, muchas pacientes terminan obligadamente en estas facilidades incluso sin ser informadas de que siguen preceptos religiosos.
Ganancias eclesiásticas, sangre de mujeres
¿Qué pasa si un profesional se niega a seguir estos lineamientos reaccionarios? En 2009, en el hospital San José de Phoenix se realizó un aborto para salvar la vida de una joven. El obispo de la ciudad intervino excomulgando a una monja y echó al doctor involucrado.
En el programa Full Frontal, la Dra. Rupa Natarajan contó que durante su estadía como residente en un hospital católico debió negar la interrupción del embarazo a una mujer en condiciones extremas. Su paciente había roto fuente con 17 semanas y tenía una fuerte infección. Debido a no tener ayudantes ni materiales, tuvo que contactarse con diversos centros laicos de la zona hasta que alguien la recibió.
Durante la misma emisión, habló Mindy Swank desde el rol de paciente. Relató cómo se le negó la terminación de un embarazo complicado. El feto tenía malformaciones y muerte cerebral, y ella no paró de sangrar por semanas. La obligaron a parir.
El de Melanie Jones es un caso más simple pero notorio. Ella no comprendía por qué su médica se negaba a retirar un Dispositivo Intrauterino que se había roto y le causaba laceraciones. Luego se enteró que el hospital respondía a sacerdotes, al igual que todos los que ofrecía su obra social. Tardó semanas en migrar a otra.
En el nombre del Padre
Hace meses, el Partido Republicano intenta pasar un nuevo proyecto de salud. El análisis de su última formulación implica arroja un recorte presupuestario de 800 miles de millones y el cese de cobertura para 22 millones de personas.
La Asociación Católica de Salud –que tiene buena relación con Trump- criticó el texto. ¿Cuáles son sus motivos?
El llamado “Obamacare” impulsado por el gobierno anterior permitió que amplias capas accedieran a la medicina por primera vez, principalmente a través del programa Medicaid. Éste no era perfecto. Sectores como los inmigrantes ilegales eran excluidos y contaba con importantes restricciones que perjudicaba a los más pobres y los negros: el aborto es el principal ejemplo.
Nadie espera que los obispos demuestren un interés genuino en los trabajadores y el pueblo. Si buscan preservar Medicaid es porque a través del mismo consiguen más fondos, pacientes y contratos con las aseguradoras.
Distintos organismos como la Asociación Americana por las Libertades Civiles han denunciado los riesgos que su poder impone sobre las mujeres. Los directivos eclesiásticos se escudan en la libertad religiosa y el supuesto servicio social que proveen para perpetuar sus beneficios y valores medievales. Ellos, que nada tienen que ver con la ciencia ni con los padecimientos de los sectores oprimidos, continúan decidiendo sobre los cuerpos y vidas de millones.
Información tomada de http://laizquierdadiario.com
Source: Julio 2017

Las cruzadas a favor del aborto seguro en América Latina

 

El evento era privado y tuvo lugar en una casa en el barrio Teusaquillo de Bogotá. De la cita solo era posible enterarse por el voz a voz o por una invitación en Facebook. Llegué a las 5:00 de la tarde, una hora antes del arranque, y me encontré con Anais Córdova, una ecuatoriana de 27 años que dirigía el evento: un taller para abortar en casa.
Córdova forma parte de Salud Mujeres, un colectivo ecuatoriano que desde el 2008 atiende una línea telefónica de información para abortos caseros, una práctica que la ley no permite en Ecuador. Ni en Colombia.
En los cinco años que lleva en la línea, solo uno de los cientos de abortos que Córdova ha acompañado terminó en una hemorragia. Me dijo que no fue grave: la mujer llegó al hospital y la atendieron sin problema. Los demás, según ella, han sido exitosos. Y esto, dice, tiene que ver con el misoprostol, un método que ella apoda como “la pastilla que salva vidas”.
De las 34 naciones y territorios de América Latina y el Caribe, solo siete países y una ciudad, Ciudad de México, han legalizado el aborto. Se trata de Cuba, Puerto Rico, San Vicente y las Granadinas, Guyana, Barbados, Belice y Uruguay. En el extremo opuesto, otros siete países prohíben la interrupción voluntaria: Haití, Honduras, Nicaragua, El Salvador, República Dominicana, Surinam y Chile (aunque el Congreso chileno actualmente evalúa un proyecto de ley para cambiar la situación). Las veinte naciones restantes están en el medio: Venezuela y Guatemala permiten el aborto cuando la vida de la mujer está en peligro; Argentina y Bolivia, también cuando ha habido una violación; en Panamá, también, si hay una malformación del feto; y otros, como Colombia, tienen en cuenta la salud mental de la mujer.
Según el Guttmacher Institute, solo el 3% de las mujeres de América Latina y el Caribe, entre los 15 y los 44 años, vive en los siete países donde el aborto es legal. Pero con o sin permiso, las mujeres abortan en todo el continente. La Organización Mundial de la Salud (OMS) sostiene que la probabilidad de que una mujer con un embarazo no deseado aborte es casi la misma en donde es legal hacerlo que donde es ilegal.
En el 2016, un estudio de la revista The Lancet sobre abortos entre 1990 y el 2014 en 184 países concluyó que las leyes restrictivas no reducen las interrupciones del embarazo y, por el contrario, las hacen inseguras. Según el Guttmacher Institute, de los 56 millones de abortos anuales en el mundo, cerca de la mitad son inseguros y el 98% de ellos se da en países en vías de desarrollo con leyes restrictivas. Durante el 2008 se realizaron 4,4 millones de abortos en América Latina, 95% inseguros.
La cruzada de activistas como Anais Córdova surge de estas cifras y de la necesidad de salvar vidas.
En el 2008, un grupo de médicas holandesas llegó a Quito para crear una línea telefónica de aborto seguro atendida por mujeres. Eran Women on Waves, una organización nacida en 1999 para practicar, a bordo de un barco, abortos a ciudadanas de países donde la práctica era prohibida. La idea de interrumpir embarazos en aguas internacionales, lejos de jurisdicciones restrictivas, fue de Rebecca Gomperts, una médica antes vinculada con Médicos Sin Fronteras y Greenpeace, que un día decidió actuar contra los estragos de la prohibición del aborto.
En el 2001, Gomperts y otras mujeres hicieron expediciones por Irlanda, Polonia, Portugal y España, primero en un barco de apenas 40 metros de largo, pero luego en uno más grande, equipado con un container que servía de clínica. Por teléfono, Gomperts me contó que la travesía fue una respuesta a las medidas desesperadas de mujeres que interrumpían sus embarazos no deseados con hierbas, masajes o agujas de tejer introducidas por la vagina.
Gomperts había imaginado una solución mediante abortos quirúrgicos, pero el procedimiento terminó siendo más sencillo gracias a dos medicamentos: el misoprostol, que induce el aborto mediante contracciones en el vientre, y la mifepristona, que interrumpe la producción de progesterona. Combinadas, ambas pastillas, reconocidas por la OMS desde el 2005, garantizan el aborto de manera segura. Sin embargo, en muchos países no está disponible la mifepristona, por lo que grupos como Salud Mujeres asesoran las interrupciones solo con el uso de misoprostol. Según Anais Córdova, la práctica puede realizarse sin traumas si el misoprostol se usa de forma adecuada: la mujer se introduce doce pastillas de 200 miligramos en la vagina o se las pone bajo la lengua; puede haber náuseas, vómito, diarrea o cólicos, y luego arranca la hemorragia. Superada la parte más incómoda, el final es cuestión de controlar el flujo de sangre con toallas higiénicas por unos días más.
Women on Waves suministraba pastillas a quienes habían contactado a la organización por correo electrónico y llegaban al barco en pequeños botes. Pero pronto, ante la alta demanda, la expedición se quedó corta y debió recurrir al teléfono para asesorar. En el 2006, Gomperts y sus colegas crearon la plataforma digital Women on Web, que recibe cerca de 10.000 correos al mes.
En Ecuador, como en muchos de los países a los que fue Women on Waves, quienes quieren abortar chocan contra la criminalización y la persecución. Allí, el aborto es permitido en dos situaciones: cuando la salud de la mujer está en peligro y cuando el embarazo es producto de una violación a una mujer con discapacidad mental. Cualquier otra mujer puede enfrentar una pena de cárcel de entre seis meses y dos años, y no parece haber voluntad política de cambio.
A pesar de esto, las ecuatorianas abortan. Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, cada año hay unos 40.000 abortos. Y según organizaciones independientes, el subregistro podría disparar la cifra a 95.000 anuales.
Así, la línea de Salud Mujeres se ha vuelto tal vez la instancia más confiable para las mujeres que quieren interrumpir su embarazo en Ecuador. Según Córdova, el aborto con pastillas es un procedimiento sencillo y no tan invasivo como la aspiración o el raspado. Las mujeres conocen el lugar, el día y quién está con ellas mientras lo hacen. “La apuesta con el misoprostol es anarquista porque decides sobre tu cuerpo”, me dijo. Para ella, esto es una cuestión no solo sanitaria sino también política.
***
En El Salvador la situación es más dramática. Un caso emblemático es el de la señora B, una mujer de 22 años que en el 2013 se enteró de que el feto en su vientre no podía sobrevivir debido a una malformación ocasionada por una enfermedad que también ponía en riesgo su vida. Los médicos recomendaron interrumpir el embarazo, pero el Estado se opuso. Solo una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos le salvó la vida.El Salvador es tal vez el territorio más hostil de América Latina para las mujeres que abortan. Según Alberto Romero, de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, la situación es similar en “países como Nicaragua, Honduras e incluso Chile”. “Pero El Salvador es el único donde hay una persecución activa”, me dijo.
Desde 1998, la Fiscalía obliga al personal médico a denunciar a una mujer bajo sospecha de haber provocado su aborto. Por su parte, una mujer que aborta puede terminar entre dos y ocho años en la cárcel. Quien no las denuncie puede ser acusado de encubrimiento y pagar hasta cinco años de prisión.
La Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto ayuda a las salvadoreñas encarceladas por haber abortado. Aunque ha logrado la liberación de quince, treinta siguen tras las rejas, con penas de hasta treinta años. “Aquí no existe una iniciativa pública, como una línea telefónica”, me dijo Romero. Córdova, sin embargo, sostiene que en El Salvador sí hay un grupo similar a Salud Mujeres, pero clandestino.
El Salvador también refleja una problemática de toda la región: el aborto clandestino es un asunto sobre todo de mujeres pobres. El Guttmacher Institute, la OMS y otras organizaciones sostienen que quienes enfrentan un riesgo más alto de morir por un procedimiento inseguro, por una complicación o una enfermedad prevenible mediante una interrupción oportuna del embarazo son precisamente las mujeres más pobres de los países con políticas más restrictivas.
En El Salvador, según me contó Romero, el riesgo de muerte por abortos clandestinos e inseguros ha disminuido en gran parte debido al uso del misoprostol, a pesar de que el acceso sea todavía difícil y costoso. Las mujeres han dejado de acudir a agujas, ganchos o palos para inducirlo.
***
Al otro extremo de El Salvador está Uruguay, uno de los siete países de la región que permiten el aborto. Desde que este es legal, las tasas de muerte por la práctica se han desplomado hasta el punto de que entre el 2008 y el 2012 no se registró ningún caso.
El “modelo uruguayo”, ya replicado en Argentina, le permite al personal médico asesorar a las mujeres sobre los métodos con los que pueden abortar: típicamente, el misoprostol. El médico mantiene la confidencialidad, la mujer aborta fuera del hospital y vuelve para saber si todo ha salido bien. En el 2012, una ley amplió el alcance del modelo: solo es necesaria la voluntad de la mujer para interrumpir un embarazo de hasta tres meses.
“Hay una relación entre legalidad y mortalidad. Cuando el aborto se realiza en la ilegalidad, el riesgo de muerte aumenta”, me dijo Leticia Rieppi, una ginecóloga que estuvo a cargo de la línea de salud sexual y reproductiva del Ministerio de Salud de Uruguay, cuando la ley fue aprobada.
En Colombia, la situación es intermedia. La ley permite el aborto en tres casos: por riesgo a la salud, por una violación o por malformación del feto. El misoprostol está disponible y la mifepristona fue aprobada en marzo de este año. Pero Colombia muestra que una ley permisiva no garantiza que la vía al procedimiento sea sencilla. Las organizaciones critican la forma en que la comunidad médica y la justicia del país interpretan el concepto ‘salud’ en caso de aborto. Según la OMS, basta que una mujer que considere que su embarazo afecta su bienestar físico, mental o social para interrumpirlo. En los consultorios médicos colombianos, sin embargo, en demasiados casos, la definición suele relativizarse en detrimento de la mujer.
El debate sobre el aborto en América Latina no se agota en cuestiones legales. También vive en la cultura. Incluso, en naciones como Uruguay y Puerto Rico, ejemplares por sus regulaciones liberales, hay sectores que lo tratan como un asunto ideológico, moral o religioso. En muchos casos, bajo la premisa de que una sociedad debe salvaguardar la vida humana que, según esos sectores, comienza con la concepción.
“Lo que buscamos es que se respete la vida desde el momento de la fecundación hasta la muerte natural”, me dijo Jesús Magaña, de la Plataforma Unidos por la Vida, que articula grupos opositores del aborto en Colombia. Según él, cuando la vida de la mujer corre riesgo, debe buscarse la seguridad y la protección de ella y del feto, algo que él considera más fácil gracias a los avances de la medicina.
Magaña dice que la importancia de continuar el embarazo surge de una forma de entender la sexualidad en un contexto de amor basado en ideales de familia, según los cuales un embarazo no es un accidente sino una “bendición”.
“Estas opiniones abundan en la región y han ganado terreno en los sectores políticos y en las instituciones del Estado”, dice Catalina Martínez, directora regional del Centro para los Derechos Reproductivos, una organización estadounidense que impulsa cambios legislativos. Según ella, cada vez es más común encontrar representantes de una línea conservadora o religiosa en escenarios de toma de decisiones, incluso en las sesiones de la Organización de Estados Americanos (OEA).
***
El taller en Teusaquillo concluyó a las 9 de la noche. Córdova terminó contándonos los detalles de un aborto que acompañó y que culminó en celebración. No era la primera vez que sucedía. Los festejos, según ella, son comunes después de un aborto. A veces las mujeres incluso terminaban interesadas en trabajar en la línea de Salud Mujeres. “En realidad estamos celebrando la vida”, dijo Córdova. Para ella, lo más común es que las mujeres, después de un aborto, queden con la sensación de haber hecho lo correcto.
Información tomada de http://cromos.elespectador.com
Source: Julio 2017

 

Condena de 30 años de cárcel a salvadoreña por aborto genera indignación

La condena de una joven salvadoreña a 30 años de cárcel, acusada de homicidio por aborto tras quedar embarazada por una violación, fue calificada este viernes de injusta por un colectivo feminista que apelará el fallo.
“La condena es injusta y la vamos a apelar. Este caso pone en evidencia el prejuicio que existe y con el que actúa el sistema judicial”, declaró a la AFP Morena Herrera, de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto Terapéutico, Ético, y Eugenésico (ACDATEE), haciendo referencia al fallo emitido el miércoles.
Evelyn Hernández, una estudiante que ahora tiene 19 años, quedó embarazada producto de una violación que no denunció porque fue amenazada con que matarían a su madre.
La joven fue condenada el miércoles “sin ninguna prueba directa” y sin que el tribunal tomara en cuenta el informe de los peritos de la Fiscalía, según Herrera.
“La han condenado solo con indicios y esto significa que no han aplicado el debido proceso. Un proceso justo hace que donde hay duda razonable, esa duda debe estar a favor de la persona imputada, pero la jueza dijo que se trataba de un crimen familiar”, deploró la dirigente de ACDATEE.
El Tribunal de Sentencia de la localidad de Cojutepeque condenó a Hernández por el supuesto homicidio de su hijo recién nacido, ocurrido el 6 de abril del 2016 en una comunidad rural del municipio de El Carmen, en el departamento central de Cuscatlán.
Evelyn parió en el baño artesanal de su vivienda un bebe de ocho meses y fue trasladada al hospital de Cojutepeque, donde los médicos se dieron cuenta que había tenido un parto y dieron aviso a las autoridades.
La Policía, según el parte judicial, se presentó a la vivienda y localizaron el cuerpo, a quien se le practicó una autopsia que determinó que tenía 32 semanas de gestación y que murió por “neumonía espirativa”.
La defensa de Evelyn manifestó que ella había tenido un embarazo asintomático y que el bebé nació muerto.
La abogada defensora, Bertha Deleón, cuestionó el proceso alegando que se contaminó la escena cuando la policía retiró el cuerpo del bebé.
El Salvador figura como una de las pocas naciones en el mundo que castiga hasta con 40 años de cárcel a mujeres que aborten, incluso cuando lo hacen por complicaciones en sus embarazos.
El caso de Evelyn se suma al de otras 17 mujeres que están encarceladas en El Salvador purgando penas de hasta 30 años de cárcel por abortos que en muchos casos fueron espontáneos pero que fueron tipificados como homicidio agravado.
La severidad de la legislación salvadoreña trascendió al mundo en 2013 con el caso de Beatriz, una joven de 22 años que padecía de lupus y a la que se le impidió abortar un feto que se desarrolló sin cerebro y sin posibilidad de sobrevivir al nacer.
El 3 de junio del 2013, tras la intervención de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Estado de El Salvador autorizó que a Beatriz se le practicara una cesárea temprana y el recién nacido murió horas después.
Desde octubre del 2016 el Congreso de El Salvador estudia una propuesta para despenalizar el aborto , pero el debate se ha estancado por la oposición de los partidos de derecha.
Información tomada de nacion.com
Source: Julio 2017

La gran deuda de la democracia

En 1998, cuando nació Las12, la tasa de mortalidad materna era de 3,8 fallecimientos cada 10 mil nacidos vivos y la principal causa de muerte por embarazo, parto o puerperio era el aborto clandestino. La Argentina se comprometió a reducir un tercio de la mortalidad materna, pero eso no ocurrió: el Estado es responsable. Aunque el movimiento de mujeres, el fallo F.A.L, el Protocolo de Interrupción Voluntaria del Embarazo (ILE) y las líneas telefónicas y de socorristas hicieron descender la cantidad de mujeres muertas por aborto de 100 a 55 por año. Falta el aborto legal y, mientras tanto, las redes y la información son vitales.
La legalización del aborto es la gran deuda de la democracia con las mujeres. En Argentina se aprobó el matrimonio igualitario; con la iglesia católica y la evangélica unidas en una plaza naranja y rancia y con Jorge Bergoglio, como Obispo de Buenos Aires a la cabeza, antes que en Francia, Alemania, Estados Unidos y Uruguay, entre otros países. No se aprobó fácil, sino con la decisión política que se gobernara con votos y no con lobbys y frenar a los curas que manipulaban entre pasillos lo que no lograban en las urnas. Se logró también aprobar la identidad de género, la fertilidad asistida diversa, la anticoncepción gratuita, la ligadura de trompas y vasectomía, la educación sexual integral. Pero no se consiguió aprobar el aborto seguro, legal y gratuito, un derecho que existe, por ejemplo, en España, Francia, Alemania, gran parte de Estados Unidos, Cuba, México DF y Uruguay. La deuda se cobra vidas. En Argentina murieron 55 mujeres por el gatillo imperdonable de la clandestinidad del aborto. En Uruguay la mortalidad es cero y no muere ninguna de las mujeres que pueden abortar monitoreada por el sistema público de salud. El camino de los últimos veinte años del movimiento de mujeres está contado en Las12 y el espejo textual del reclamo muestra, también, que lo que falta no puede tapar los logros de la voluntad colectiva. En el 2001, en lo peor de la crisis del estado de sitio político y económico de la Argentina, murieron 100 mujeres por la clandestinidad del aborto, según datos del Ministerio de Salud de la Nación y, en el 2015, la cifra se redujo a 55 muertes. La disminución no es un punto final, pero no es menor y tiene muchas causas: la batalla judicial, los protocolos de acceso a interrupciones voluntarias del embarazo establecidos por el Programa de Salud Sexual y Procreación Responsable del Ministerio de Salud de la Nación, las líneas telefónicas para asesorar a mujeres sobre el aborto legal, las redes de socorristas que ayudan a mujeres a abortar, el uso de misoprostol, los servicios de salud accesibles y amigables, las medicas/os que se animan a decir y hacer abortos y las profesoras/es que incluyen en la educación sexual integral la información sobre aborto seguro. No es todo lo que falta, pero no es poco.
Las tapas y notas de Las12 no solo recorrieron la demanda, la bandera, los pañuelos verdes, las historias desangradas y las estrategias políticas y judiciales. En cada caso (y en conjunto con la cobertura de Mariana Carbajal desde la sección sociedad de Página12) se acompañó los reclamos judiciales de mujeres, adolescentes y niñas. Así se impuso una disputa judicial que terminó, en el 2012, con el fallo F.A.L que respaldó los abortos no punibles para todos los casos en que corra riesgo la vida o la salud de las mujeres -en un sentido amplio que considera su salud física o emocional- y que permite la interrupción legal del embarazo (ILE) en todos los casos de violencia sexual y cuando el embarazo es inviable.
A partir de la jurisprudencia del Tribunal Supremo (que no podría darse con una actual conformación mucha más reaccionaria frente a los derechos sexuales y reproductivos) el aborto en la Argentina no es legal… pero es virtualmente legal. Y cuánto más se sepa, más mujeres se van a salvar (de pasarla mal, de un destino que no quieren o de la muerte) por eso escribir información precisa y pasarla es -más que nunca- vital.
La mayoría de las mujeres no saben que tienen derecho a interrumpir un embarazo solo con aludir a una depresión (que afecte su salud emocional) de una gestación que rechazan. Por eso, cualquier mujer que pida acceder a una interrupción de un embarazo puede hacerlo. ¿Y por qué no se dice, no se sabe? Porque todavía no es legal y gran parte del acceso al aborto prefiere la voz baja para que el embate conservador no corte lo que se hace en voz baja. Por eso, la legalidad no solo generaría mejores servicios de salud, sino poder decirlo en voz alta. La información, ahora, se cuenta sotto voce y pierden las más pobres y las más desamparadas o que se topan con médicos cruentos sin saber sus derechos. La falta de una ley de aborto legal, seguro y gratuito es una cuestión de vida o muerte. Poder escribir desde y para el cuerpo de las mujeres, en Las12, es también es una forma de periodismo vital que hace de la urgencia una letra que saca del ahogo individual y rescata el grito colectivo. No nos callamos nunca y no nos callamos más.
Los derechos no sirven si no se conocen. Pero en el aborto más porque las letras grandes expulsan a la clandestinidad y la letra chica, en cambio, da derechos y salva. Por eso, hay una diferencia de vida o muerte entre quienes sí conocen sus derechos y a quienes se los tapan. En este panorama, la información no solo es crucial, es una herramienta vital de lazos y de supervivencia, en donde el boca a boca es una respiración que abre los ojos y se convierte en oxígeno de datos amigables.
Las preguntas también cambian las respuestas. Las12 preguntó cuántas interrupciones legales del embarazo (ILE) se realizaron. Y obtuvo respuestas. En el 2015 se practicaron 500 abortos legales, en todo el país, según cifras oficiales (salvo siete provincias que no quisieron dar información) notificadas al Ministerio de Salud de la Nación y en el 2014 la cantidad de ILE realizadas por los servicio de salud fue de 400, según información consultada por Las12 y que, como no consta en estadísticas oficiales, si no constara en archivo se perdería también la constancia de ese avance. El aborto no es legal en Argentina, pero sí se realizan abortos legales. Y todas pueden hacerlo.
Hay datos que, sin embargo, en dos décadas en las que cambió todo no cambian. La tasa de mortalidad materna, en el 2015, fue de 3,9 muertes por cada 10.000 nacimientos, según las últimas cifras disponibles del Ministerio de Salud. No va en baja, sino con un leve crecimiento: un año antes la tasa era de 3,7. La clandestinidad (y no el aborto que es una intervención sin riesgos) se lleva el 18 por ciento de las muertes por embarazo, parto o puerperio. En 1998, el año en el que Las12 nació, era de 3,8. Nada sigue igual: las mujeres salimos a la calle con el grito de Ni Una Menos, el Congreso aprobó un paquete de leyes renovadoras (violencia de género, trata, salud sexual, femicidio, etc), el progreso trajo conexión e interactividad y el sexo estalla en las pantallas y en la campaña electoral. Pero las mujeres se mueren en la misma proporción por portación de vientre y querer o no querer seguir un embarazo. Veinte años es mucho y la tasa de mortalidad materna también. Otra cosa que no cambia es que no todas las mujeres somos iguales, ni ante la vida, ni ante la muerte. En 1998 la tasa de mortalidad materna era de 13,6 en Jujuy, 10 puntos por arriba del promedio las posibilidades de morirse en el norte por el sexo deseado o asqueado. Todavía, también, la brújula dispara balas que también constituyen una forma de femicidio contra las mujeres del norte (las diferencias son de género, de clase y de territorio) con una mortalidad materna actual de 8,1 fallecimientos cada 10.000 nacimientos en Salta. Y en Jujuy y en Chaco (donde se va a realizar el próximo Encuentro de Mujeres en octubre) donde la tasa de mortalidad materna es 7,5 y 7,3 y las posibilidades de morir por ser mujer duplican por encima el promedio nacional. Argentina, además, se había comprometido con Naciones Unidas a reducir un tercio de la mortalidad materna para el 2015. Incumplió. No bajo nada. Pero esa deuda la pagan las mujeres y la silencian los grandes medios.
“Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir”, es un lema del movimiento de mujeres. Pero un lema con letra chica. El periodismo feminista hilvana esa bandera, con datos, propuestas, preguntas, relatos, noticias, activistas, alertas. En ese hilvanado están las notas como puntadas en donde entre el blanco y negro de la clandestinidad y la demanda no hay grises, sino verdes, vidas y cuerpos y deseos enlazadas por quienes ponen el cuerpo y acompañan. “Enrejadas”, fue el título -del 29 de abril del 2016- ante la detención de Belén después de llegar con un aborto espontáneo a un hospital de Tucumán. Y no solo se trata de escribir sino con que letras se escribe. “Cuando Belén se escribió con V”, se trazó como una victoria la liberación de Belén en el suplemento del 19 de agosto del 2016. Mucho antes, el 31 de julio del 2009, en Las12 se contaba la creación de una línea telefónica atendida por Lesbianas y Feministas por la Descriminalización del Aborto (y la fallecida Vero Marzano) que sacaba la cabeza del miedo y asesoraba sobre el uso del misoprostol con el nombre clave de “Una línea para abortos sin riesgos”. El 27 de septiembre del 2013 se recorrió con las socorristas en red los lazos, en todo el país, entre mujeres y con las mujeres que después de hacer pis no saben qué hacer con esas dos líneas que no quieren que les marquen el theend de su historia. “Por nosotras, por las otras”, se llamo la nota con las socorristas. El espíritu es ese. Somos las que ponemos el cuerpo cuando escuchamos, cuando marchamos, cuando pedimos cifras, cuando contamos.
Falta mucho, pero no fue en vano. Cada mujer vale. Y nunca el aborto tendría que valerles la vida.
Información tomada de pagina12.com.ar
Source: Julio 2017