La despenalización del aborto en tres causales en Honduras es un paso necesario para el pleno ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en el país

Comunicado
La Asamblea Legislativa de Honduras se encuentra actualmente ante una oportunidad histórica de ajustar su legislación para cumplir con sus obligaciones internacionales de protección de los derechos humanos. Durante los últimos seis meses, se han presentado propuestas para la modificación de su Código Penal y, en el marco de estas discusiones, las y los legisladores hondureños se están pronunciado sobre la prohibición absoluta del aborto establecida en los artículos 126 a 132 del Código.

Así las cosas, las organizaciones de derechos humanos, de mujeres y feministas, unidas como plataforma “SOMUS MUCHAS”, han venido solicitando debates y discusiones basadas en evidencias científicas y derechos humanos sobre la importante necesidad de despenalizar el aborto en tres circunstancias específicas:

Cuando peligra la salud y la vida de la mujer embarazada.
En casos de violación e incesto.
Cuando el producto de la gestación es incompatible con la vida.

En ese sentido, el Consorcio Latinoamericano Contra el Aborto Inseguro – CLACAI , entiende firmemente que:

La criminalización del aborto en casos en que la continuación del embarazo representa un riesgo para la vida y la salud de la mujer vulnera su derecho a gozar de una vida digna y su derecho a la salud, particularmente a consecuencia del sometimiento a abortos inseguros, que pueden desencadenar finalmente en altas tasas de muertes maternas.
En casos de violación, la criminalización del aborto supone además una intrusión en la autonomía de la mujer para decidir sobre su cuerpo y, en consecuencia, una violación a su seguridad física. Asimismo, se ocasiona un perjuicio a la salud física y mental de la mujer – llegando a considerarse tortura y pena o trato cruel, inhumano o degradante- y limitando gravemente el proyecto de vida de la mujer.
La criminalización en casos de malformaciones fetales incompatibles con la vida también viola el derecho a la salud de la mujer embarazada, causándole un impacto negativo en su salud física y mental y sometiéndola asimismo a tratos crueles, inhumanos y degradantes.

Por todo ello, el Consorcio Latinoamericano Contra el Aborto Inseguro – CLACAI1, suscribe y llama a suscribirse a la petición realizada al Congreso Nacional de Honduras para lograr que la Comisión de dictamen y Comisión de Dictamen ampliado emita una decisión favorable a la despenalización en las tres causales, entendiendo que ello supone un avance necesario para que las mujeres hondureñas sean titulares reales y ejerzan plenamente sus derechos sexuales y reproductivos, como corresponde dentro de un Estado democrático de derecho que cumple sus compromisos internacionales de derechos humanos.
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[1] El Consorcio Latinoamericano Contra el Aborto Inseguro (www.clacai.org) es una articulación integrada por activistas, investigadores/as, proveedores/as de servicios de salud y profesionales que contribuye a la disminución del aborto inseguro en Latinoamérica. Promueve el acceso a la información y a tecnologías modernas y seguras en el marco del pleno respeto a los derechos sexuales y reproductivos, desde una perspectiva de género y equidad.
Source: Abril 2017

El barco que ayuda a las mujeres a tener un aborto seguro está en México

Se llama Women on Waves y es justo eso: un grupo de chicas que zurca los mares de todo el mundo para ayudar a las mujeres que necesitan un aborto seguro, además de prevenir los embarazos no deseados. De acuerdo con su página oficial, “Mujeres sobre las olas puede puede proveer anticonceptivos, información, entrenamiento, talleres y abortos seguros y legales fuera de aguas territoriales donde el aborto es ilegal”.

Ahora, el barco está en aguas mexicanas. De acuerdo con Women on Waves, aunque en este país el aborto es legal en caso de violación sexual, las leyes no siempre garantizan el acceso de las mujeres a un procedimiento seguro. Miles de mujeres que necesitan abortar se ven obligadas a realizarse un aborto clandestino, lo que pone en riesgo su vida y por lo que podrían ser criminalizadas y encarceladas. Según un comunicado de Gire, “en la Ciudad de México el procedimiento es seguro y efectivo, pues se realiza bajo las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) con un índice de complicaciones del 0.68%, mientras que en el resto del país, debido a las restricciones legales, el índice de complicaciones aumenta a 36%”.
Women on Waves responde a las alarmantes estadísticas que rodean al aborto en el mundo: “Cada año se realizan 20 millones de abortos en condiciones ilegales e insalubres, lo que resulta en la muerte de aproximadamente 47 mil mujeres al año”. El barco tiene todos los permisos necesarios para trabajar en México y atenderá a las mujeres que lo requieran hasta el domingo 23 de abril de 2017. Si estás pasando por un embarazo no deseado, o conoces a alguien en esta situación, puedes llamar al (01) 755 980 05 48.
Información tomada de http://www.actitudfem.com
Source: Abril 2017

[Honduras] CN comienza a discutir figura del aborto terapéutico en nuevo Código Penal

TEGUCIGALPA. El Congreso Nacional retomó este día la discusión de varios proyectos de ley y artículos, entre los que destaca, el tema sobre la despenalización del aborto terapéutico.
En ese sentido, los diputados del pleno del Legislativo, decidieron esta noche, no discutir este tema; Hasta que las bancadas tengan una posición oficial, ya que el tema es demasiado delicado.
De tal forma, los parlamentarios esperarán la decisión de las bancadas. Y también darán un tiempo para poder reunirse tanto con los grupos pro-vida y a favor del aborto, con el fin que expresen sus argumentos a los diputados.

Al respecto, el parlamentario de Libertad y Refundación (Libre), Jorge Cálix, explicó que la solicitud para despenalización del aborto terapéutico se basa en tres causales:

Grave peligro que corra la madre.
Mal formaciones congénitas que sean incompatibles con la vida del feto.
Y que sea producto de una violación sexual.

El artículo del Código Penal que se solicita analizar para su reforma es concretamente el 696. Este anterior, se mantendrá en suspenso hasta que las bancadas tengan su postura, explicó Cálix. Asimismo, anunció que su partido discutirá a lo interno de la bancada este tema.
Sobre esto, diferentes organizaciones se pronunciaron este día sobre el tema. Algunos emitieron un comunicado donde manifiestan su posición en contra.
Además, también se enfatizó la posición del Cardenal Oscar Andrés Rodríguez, quien calificó la solicitud como “repugnante la idea de querer respaldarse en la misericordia de Dios para conseguir o apoyar la despenalización del aborto”.
Otros temas
Entre otros temas que se tocaron en el Congreso este miércoles, está el dictamen en primer debate para derogar el párrafo tercero del Artículo N° 16 del Código de Familia.
El artículo que está en discusión, tiene que ver con la mayoría de edad. Misma que se obtiene al cumplirse los veintiún (21) años. “Sólo las personas mayores de edad gozan de libre aptitud para contraer matrimonio” expresa dicho artículo.
“Sin embargo, podrán contraerlo, el varón y la mujer mayor de dieciocho (18) años, siempre que medie autorización otorgada conforme a este Código”, cita el escrito.
De tal forma, la discusión se lleva en torno a que el artículo quede de la siguiente manera:
“Quedará convalidado sin necesidad de declaración expresa, el matrimonio entre personas que no hubieren cumplido la edad a que se refiere el párrafo anterior; siempre que el cónyuge menor cumpla dieciséis (16) años; o por el hecho de la existencia de embarazo, o hubiere con cedido antes de llegar a esa edad”.
Información tomada de http://tiempo.hn
Source: Abril 2017

Un caso de incesto en Costa Rica demuestra que el aborto legal es letra muerta

En Costa Rica las mujeres hemos tenido derecho al aborto desde 1970. Bueno, más o menos.
La figura del “aborto impune”, establecido por el artículo 121 del código penal, permite la interrupción del embarazo, sin que este sea punible, siempre y cuando el procedimiento tenga consentimiento de la mujer y esté hecho por un médico (o, de no ser posible, por una obstetra autorizada) como la única forma de evitar un peligro para la vida o la salud de la mujer.

Popularmente, en el país a esto se le llama un “aborto terapéutico”. Y si bien la ley lo permite técnicamente, lo cierto es que la práctica institucionalizada en los hospitales públicos -que es donde se atiende la gran mayoría de la población- sostiene que el aborto está prohibido en todos los casos en donde no sea para salvaguardar la vida de la mujer, es decir, que haya un peligro inminente tal como un embarazo ectópico.
Esto ha dejado de lado otros casos, en donde no se considera la afectación o posible afectación a la salud tanto física como salud emocional de las mujeres. Entre estos casos en que no se ofrece o se denega el aborto están las mujeres con embarazos cuyos productos tienen malformaciones incompatibles con la vida extrauterina, las mujeres víctimas de violación sexual y las niñas embarazadas.
Esta laguna jurídica ha sido semilla del contexto para una batalla legal que actualmente tiene dividida la opinión de la sociedad en Costa Rica: una niña de 12 años, quien fue víctima de incesto y a la cual nunca se le ofreció la posibilidad de interrumpir el embarazo.
País no laico
El caso ejemplifica muchas contradicciones en la situación de las mujeres en este país centroamericano. Por un lado, Costa Rica tiene una mortalidad materna muy baja, ha firmado y ratificado casi la mayoría de instrumentos internacionales de Derechos Humanos, los cuales además por jurisprudencia constitucional son superiores a su misma constitución y desde 1948 no tiene ejército sino inversión en salud y educación.
Por otro lado, el país no es laico, y el aborto sigue siendo tabú incluso para el personal de salud. Por lo tanto, los derechos reproductivos de las niñas y mujeres no son derechos reales sino que son letra muerta.
En el caso de Andrea, para llamarla por un seudónimo, la ausencia de un protocolo técnico que brinde seguridad jurídica al personal de salud hace que no se ofrezca un procedimiento médico que no solo es permitido por ley sino que es garantizado por la misma.
La joven vio expuesta su vida en los medios de comunicación en febrero de 2017 cuando su madre, haciendo uso del único recurso que tenía para activar el sistema judicial, hizo pública la violencia sexual que había vivido su hija a manos de su padre.
La madre de Andrea expresó su preocupación: “Cuando ella me dijo lo de su padre, se sintió muy ansiosa y me dijo que, por lo que había ocurrido, no quería seguir viviendo”. Según su mamá, Andrea está deprimida, dice que no quiere tener al bebé y come muy poco, pues tiene fuertes náuseas a causa del embarazo.
A partir de que esta noticia llegara a la sociedad costarricense, los medios de comunicación brindaron plataformas, legitimaron las voces de quienes desde los dogmas se refirieron al tema sin consideración de la normativa, que en principio no asumieron la discusión desde lo jurídico o lo médico sino desde las imposiciones religiosas.
¿Derechos para quién?
Iglesias y organizaciones antiderechos contactaron a la familia para evitar que la niña y su familia pudiera decidir interrumpir el embarazo.
Si bien surgió un movimiento de apoyo a la niña para cumplir lo que ella había solicitado, como la Asociación Ciudadana ACCEDER, la cual ofreció la posibilidad de apoyo legal para poder solicitarle al estado la interrupción. El discurso de la niña terminó siendo la reiteración de las palabras expresadas en prensa por líderes religiosos.
Este caso emblemático demostró que aun cuando el sistema de justicia y de salud esté enfrentando a una niña de 12 años que dé declaraciones sobre querer morirse y querer abortar, este no lo aborda desde los estándares médicos y jurídicos. No, Costa Rica ha respondido con prejuicios, estereotipos y roles de género sobre la maternidad y el deber de las mujeres de seguir adelante con un embarazo aun cuando eso afecte su vida y su salud.
Esto va precisamente en contra del marco de lo manifestado recientemente por el Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará.
Otros países centroamericanos como Honduras, El Salvador y Nicaragua violentan el derecho a la salud y a la vida de las mujeres, por prohibir en todos los casos el aborto, incluso cuando la vida de las mujeres estés en peligro.
En el caso de Costa Rica, se pensaba que era distinta a estos países que desdeñan la vida y la salud de las mujeres, ya que la normativa vigente permite la interrupción para salvar la vida y la salud, entendida esta como lo define la Organización Mundial de la Salud. Es decir, como integral y que incluya la parte tanto física como emocional.
Pero resulta que esto es insuficiente para garantizar el acceso al aborto en los casos permitidos por ley. Costa Rica no es estado modelo en la salvaguarda de los derechos de las mujeres.
La estrategia para cambiar esto ha sido entonces recurrir al litigio ante el Sistema Interamericano, como lo han hecho “Ana” y “Aurora”, dos mujeres costarricenses a a las que se les negaron abortos a pesar de tener fetos peligrosamente malformados, y que fueron sometidas a la tortura de ser tumbas de sus hijos, como ellas lo describen, sufriendo por ellas pero también por sus fetos.
Aurora declaró al diario La Nación: “Él se estuvo ahogando en mi vientre por semanas, con los pulmones fuera del cuerpo, destripado por mis órganos”.
Actualmente, y en el marco de los casos de Ana y Aurora, el estado costarricense ha afirmado estar a punto de aprobar una norma técnica que permita implementar el artículo 121 del código penal al brindarle seguridad al personal médico y otras medidas que hagan el aborto en casos que sean para evitar peligro a la vida o salud de las mujeres.
No en vano: las historias de abortos clandestinos que exponen a las mujeres a múltiples peligros. Y Andrea, pues, es una niña que desgraciadamente será madre a sus 13 años.
Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation y luego traducido y editado. Lee el artículo original aquí.
Información tomada de http://www.huffingtonpost.com.mx
Source: Abril 2017

[Argentina] Aborto no punible: suspensión del protocolo no evitó los casos

La guía para llevar adelante estás prácticas fue suspendida en Córdoba en abril de 2012 por un amparo al cual hizo lugar la Justicia. Igual llegan solicitudes de este tipo a centros de salud nacionales y a dispensarios municipales.
En los cinco años que lleva suspendida en Córdoba, por una medida judicial, la aplicación de la guía para la atención de los abortos no punibles, no hay estadísticas ni cifras oficiales que registren cuántas mujeres solicitaron interrupciones legales del embarazo ni cuántas lo llevaron adelante. Sin embargo, que no haya información al respecto no significa que los casos no existan.

“Además, lo que está suspendido es el protocolo para los centros de salud de la provincia, pero no el Código Penal ni las causales de aborto no punible, o sea terapéutico y por violación”, afirmó la abogada Silvia Juliá, de Católicas por el Derecho a Decidir.
En la Maternidad Nacional, que depende de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNC –y por lo tanto no está alcanzada por la suspensión de la guía provincial–, se receptan pedidos de aborto no punible.
Margarita Fuster, en la dirección del hospital, confirmó que llegan solicitudes al centro de salud, pero dijo que no son numerosas. “Alrededor de la mitad son derivaciones del interior”, dijo.
Según indicó, los casos se receptan en la dirección y luego se derivan a un equipo de profesionales que no son objetores de conciencia, para que la interrupción del embarazo se realice de forma médicamente segura. “Lo hacemos como establecimiento nacional en el marco de la normativa vigente”, explicó Fuster.
A nivel nacional rige el Protocolo de Aborto no Punible, elaborado por el Ministerio de Salud de la Nación, para la atención de mujeres cuyo embarazo es producto de una violación, o cuando se pone en riesgo su salud o su vida.
Fuster informó que además de la declaración jurada que prevé el protocolo, se pide una denuncia policial o ante unidad judicial.
El riesgo
Otras mujeres, en tanto, recurren a dispensarios municipales que trabajan en Córdoba con la Estrategia de Reducción de Riesgo y Daño de la Mortalidad Materna provocada por el Aborto Inseguro, de la Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS).
“Se trata de un número importante, que además es constante, aunque en 2016 advertimos un incremento significativo de mujeres en esta situación”, informó una profesional de un centro de salud ubicado en la periferia de la Capital. Y precisó que los casos que receptan comprenden no sólo la violación, sino todas las causales de aborto no punible.
Sin embargo, dijo que en esos centros no se realiza la interrupción de la gestación. “Ante la decisión de la mujer de interrumpir el embarazo por causales legales, lo que hacemos es darle la información necesaria para que su decisión no ponga en riesgo su vida, porque esa es nuestra obligación como equipo de salud”, afirmó.
“Es que la suspensión del protocolo de ninguna manera implica que las mujeres que tomaron la decisión de abortar no lo hagan, sino que algunas se ven empujadas a hacerlo de manera insegura, a pesar de que tienen derecho al aborto seguro en los casos que la ley ampara”, advirtió Juliá. “Hicimos un monitoreo y encontramos que en los servicios de salud existe una gran confusión sobre qué normativa está vigente”, indicó.
“Pero el derecho no está suspendido, por lo cual una mujer en esa situación debe recurrir a los servicios de salud, ya sea a los hospitales o a los dispensarios, a que le den una respuesta, porque es legal”, aseguró.
Los antecedentes
La “Guía de procedimiento para la atención de pacientes que soliciten prácticas de aborto no punible” fue dictada por el Ministerio de Salud de la Provincia a fines de marzo de 2012, en consonancia con el fallo F.A.L. de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, de ese mismo mes.
Allí la Corte determinó que toda mujer cuyo embarazo es producto de una violación, puede acceder en forma legal a un aborto con una declaración jurada y sin autorización judicial ni denuncia previa. Y, además, instó a las autoridades a implementar protocolos de actuación en los hospitales para garantizar el acceso al aborto no punible. La Corte zanjó así la interpretación restrictiva del artículo 86 del Código Penal, que lo limitaba a la violación de discapacitadas mentales, además de cuando el embarazo pone en riesgo la vida o la salud de la mujer.
Pero el 13 de abril de 2012, el juez provincial del fuero civil Federico Ossola suspendió la guía provincial al hacer lugar a un recurso de amparo de la asociación civil Portal de Belén contra el Ministerio de Salud de Córdoba. La medida fue ratificada por la Cámara 3ª de Apelaciones en lo Civil. Ahora debe decidir el Tribunal Superior de Justicia.
Ejes principales de la guía provincial
El aborto no es punible (ANP) cuando se practica para evitar un peligro para la vida o la salud de la mujer. También en caso de embarazo consecuencia de una violación, con independencia de la capacidad mental de la víctima.
En ese caso, la solicitante deberá hacer una declaración jurada en la que conste que el embarazo es producto de una violación.
No es necesaria la denuncia para que una niña, adolescente o mujer acceda a la interrupción de un embarazo producto de una violación, ni autorización judicial o administrativa.
Los profesionales tienen derecho a la objeción de conciencia.
Información tomada de http://www.lavoz.com.ar
Source: Abril 2017

Médicos angoleños aseguran que prohibición de aborto costará vidas

Luanda, 4 abr (PL) La Asociación de Médicos de Angola (AMA) aseguró hoy que la prohibición total del aborto, tal como prevé el proyecto de nuevo código penal, dará lugar a la pérdida de vidas.
Será un acto innecesario e irresponsable, apuntó el gremio en un comunicado al llamar a mantener las excepciones actualmente vigentes, a saber la inviabilidad del feto, el peligro para la vida de la madre o la violación resultante de embarazo.

La no interrupción de la gestación cuando existen enfermedades físicas o mentales pueden desencadenar la muerte de la mujer o del niño, lo que a la larga -dijo la AMA- constituye un factor de desestabilización para la familia y la sociedad.
No obstante, la Asociación se opuso a la legalización total del aborto por considerar que tendría un efecto devastador para la sociedad, al considerar que estaría relacionada con el incremento de los casos de infertilidad, el estrés, la ansiedad, la culpa y el disgusto.
Finalmente exhortó al gobierno, a los ministerios de Salud, Educación y Familia y Promoción de la Mujer, a crear las condiciones ‘para la educación sexual, servicios de planificación familiar y (el empleo) de métodos anticonceptivos’.
Curiosamente en la propuesta inicial, votada en la generalidad el 23 de febrero, figuraban las excepciones a la penalización del aborto, pero en la discusión en la especialidad se eliminaron sin que se sepa la autoría de tal decisión.
El anuncio llevó a una intensa campaña en las redes sociales y a manifestaciones en algunas plazas públicas del país, por parte de mujeres que consideraron que los actos de planificación familiar son un asunto de las familias y no de las leyes.
‘Voto aborto legal y seguro’, ‘Criminalizar mata’, ‘Soy libre, yo decido’ y ‘No al aborto clandestino’, podía leerse en los carteles de las manifestantes, predominantemente jóvenes.
Lo que marcó, sin dudas, el punto de inflexión fue el involucramiento de la empresaria e hija del mandatario José Eduardo dos Santos, Isabel dos Santos, en la polémica.
La también presidenta del Consejo de Administración de la Sociedad Nacional de Combustibles de Angola reprodujo en Instagram una declaración de la abogada Ana Paula Godinho en la que asegura que en materia de aborto el código penal retrocederá 200 años, si es aprobado así.
El gobernante Movimiento Popular para la Liberación de Angola retiró del orden del día, de la plenaria del 23 de marzo, la votación del cuerpo legislativo, llamado a sustituir el vigente código, de 1886.
lam/ro
Información tomada de http://www.prensa-latina.cu/
Source: Abril 2017

EEUU no financiará Fondo de Población de ONU por posición sobre aborto

El gobierno de Estados Unidos dejará de financiar el Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA) debido a las políticas que tienen sobre el aborto.
Según un comunicado del Departamento de Estado del lunes por la tarde, el presidente Donald Trump instruyó en este sentido al secretario de Estado, Rex Tillerson.
El secretario podrá “tomar todas las acciones necesarias (…) para asegurar que los contribuyentes estadounidenses no financien organizaciones o programas que apoyen o participen en planes de aborto coercitivo o esterilización involuntaria”, indicó la nota.

La decisión se basó “en el hecho de que las políticas de planificación familiar de China aún incluyen el uso del aborto coercitivo y la esterilización involuntaria, y FPNU se asocia en actividades de planificación familiar con la agencia del gobierno chino responsable de estas políticas coercitivas”.
Los fondos en cuestión, 32,5 millones de dólares en el ejercicio fiscal de 2017, serán atribuidos a otros programas de salud mundiales.
La decisión de Estados Unidos de reducir su financiamiento al UNFPA se basa en una percepción equivocada y podría resultar devastadora para la salud de las mujeres y niñas en todo el mundo, dijo este martes el secretario general Antonio Guterres.
Guterres lamentó profundamente la decisión de Estados Unidos y cree que tendrá “efectos devastadores” sobre la salud de las mujeres y niñas vulnerables y para sus familias”, dijo el portavoz del secretario general Stephane Dujarric.
La organización, que provee servicios de salud reproductiva y control natal en más de 150 países y territorios, emitió un comunicado este martes en el que “lamentó” la decisión de Washington “de negar cualquier futuro financiamiento al trabajo para salvar vidas en el mundo”.
Asimismo calificó de “errónea” la afirmación de Estados Unidos de que el organismo juega un rol en los abortos forzados y esterilizaciones en China.
“UNFPA rechaza esa afirmación, porque todo su trabajo promueve los derechos humanos de individuos y parejas para que tomen sus decisiones, libres de coerción o discriminación”, añadió.
Desde hace mucho tiempo “los estados miembros de Naciones Unidas han descrito el trabajo de UNFPA en China como beneficiosa”, defendió el organismo.
Información tomada de http://www.primicia.com.ve
Source: Abril 2017