Territorio del norte australiano se suma a despenalización del aborto

Canberra, 22 mar (PL) El Parlamento del Territorio Norte (TN), una jurisdicción de Australia, aprobó una ley para despenalizar el aborto y legalizar las terminaciones médicas de los embarazos como en el resto del país, informaron hoy medios locales.
El TN, con una gran proporción de pobladores indígenas y comunidades aborígenes remotas, solo permitía hasta ahora realizar abortos en dos hospitales de Darwin y uno de Alice Springs debido a que se requería la evaluación de dos médicos.

Con la nueva ley, aprobada con 20 votos a favor y cuatro en contra, las féminas podrán acceder a medicamentos como el RU486, hasta las nueve semanas de gestación, como cualquier otra ciudadana australiana.
‘Las mujeres tenían que hacer viajes interestatales para terminar sus embarazos (…) o viajar de lugares remotos hasta Darwin o Alice Springs, evidencia del escaso apoyo dado a ellas por su familia o amigos en un momento difícil’, dijo el jefe del gobierno estatal, Michael Gunner.
oda/rrj
Información tomada de la web http://prensa-latina.cu
Source: Marzo 2017

Suecia da asilo a salvadoreña por “sufrir persecución política” tras aborto

San Salvador, 21 mar (EFE).- Suecia asiló a una salvadoreña que abortó y fue condenada a 40 años de prisión, por “sufrir persecución política y jurídica” de la Fiscalía de El Salvador tras la anulación de su sentencia en mayo de 2016, informó hoy un conglomerado de organizaciones feministas.
El asilo para María Teresa Rivera y un hijo suyo, otorgado el pasado 16 de marzo luego de que llegaran a Suecia, “sienta un precedente histórico para El Salvador porque es la primera vez que un país otorga asilo político” a una salvadoreña perseguida por abortar, indicó Morena Herrera, de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto.

La salida de Rivera de El Salvador obedeció a que la Fiscalía de ese país presentó en junio de 2016 un recurso para revertir la anulación de la condena en contra de la mujer, quien en 2011, cuando desconocía estar embarazada, padeció un problema que la llevó a abortar en su casa.
La pérdida de Rivera, al ser un hecho extrahospitalario, no pudo ser calificado legalmente como un aborto, por lo que la Fiscalía salvadoreña la acusó de homicidio agravado y logró en 2012 una condena por 40 años de prisión.
El aborto está prohibido en todas sus formas en el país centroamericano desde 1998, una situación que amenaza los derechos de las mujeres de acuerdo con organizaciones como Amnistía Internacional.
Tras la sentencia de Rivera, la Agrupación Ciudadana presentó un recurso de revisión que llevó al tribunal a realizar una audiencia extraordinaria en la que anuló la pena.
Dennis Muñoz, abogado de las organizaciones, considera que el Estado debe de indemnizar a la asilada “porque fue condenada por error a una condena de 40 años, de los cuales cumplió 4 años con 6 meses”.
Un portavoz de la organización aseguró a Efe en abril de 2015 que entre los años 2000 y 2011 “145 mujeres fueron procesadas por la interrupción del embarazo” de las que 30 han sido enviadas a prisión. Además, las diferentes organizaciones civiles han pedido el indulto de 15 de ellas a la Asamblea Legislativa.
Actualmente, en el Congreso existen dos iniciativas contrapuestas sobre el aborto; la primera, de la opositora Alianza Republicana Nacionalista (Arena), pide penar el aborto en todas su formas hasta con 50 años de prisión, cuando actualmente el aborto se castiga con entre 2 y 8 años.
La segunda, del oficialista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), propone hacer la salvedad de que “no es punible” el aborto realizado “con el propósito de salvar la vida de una mujer”, cuando el embarazo sea producto de una violación o estupro o sea “inviable la vida extrauterina”.
El Salvador, Chile, Nicaragua, Honduras, Haití, Surinam, Andorra y Malta son los únicos países del mundo que mantienen una prohibición legal absoluta del aborto.EFE
Información tomada de http://www.elpais.cr/
Source: Marzo 2017

[México] El aborto legal: nuevamente en riesgo por el conservadurismo de algunos diputados

La Norma Oficial Mexicana 046 de la Secretaría de Salud (NOM-046-SSA) sobre “Violencia familiar, sexual y contra las mujeres” se modificó hace un año, para abrir la posibilidad de que las mujeres que sean víctimas de una violación puedan acceder al aborto seguro, además de la anticoncepción de emergencia y la profilaxis post-exposición al VIH que ya estaban consideradas anteriormente. El proceso de modificación fue complicado, pero al final se logró desarrollar un documento aceptable.
De acuerdo a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, en México más de 1,000 mujeres son violadas cada día. Ante los inútiles esfuerzos del gobierno de frenar esta ola de crímenes, lo menos que se puede hacer es asegurar que las víctimas tengan acceso adecuado a la justicia y a la atención de su salud. Sin embargo, estas dos cosas tampoco ocurren.

La semana pasada, diputadas y diputados del Partido Encuentro Social, vinculado con grupos cristianos, junto con el PAN convencieron a la fracción del PRI y del Verde de impedir que se discutiera en el pleno de la Cámara de Diputados la reforma a la Ley General de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, para que se reconozca la aplicación del acceso a la interrupción legal del embarazo, según lo reconoce ya la NOM-046.
Si bien esto no impide que se aplique la NOM-046 pretende provocar que la interpretación de la misma sea confusa para que la autoridades judiciales puedan negar el acceso al aborto a las mujeres violadas, particularmente a menores de edad, en aquellos estados en los que “la vida está protegida desde la concepción”. En la mayoría de las entidades es ya sumamente complejo acceder al aborto legal, así que sin el respaldo de la Ley General puede ser aún más difícil.
El Frente Nacional por la Familia (FNF) y sus aliados que en 2016 se movilizaron en contra del matrimonio entre personas del mismo sexo, metieron en su canasta de peticiones el freno a la educación sexual en las escuelas y la prohibición del aborto bajo cualquier circunstancia, aunque estos dos temas nada tienen que ver con las uniones gays. El movimiento logró infundirle miedo a muchos políticos que creen que los conservadores tienen suficiente capital político para hacerles perder elecciones. Aunque el PRI y el gobierno federal han pretendido dar una imagen de un ser abiertos y liberales, la realidad es que constantemente siguen aliándose con el PAN en este tipo de discusiones, que ha sido el principal aliado del FNF.
La batalla por el reconocimiento de los derechos reproductivos de las mujeres no solo continuará en el poder legislativo donde volverá a la Comisión de Igualdad de Género para su revisión, sino que también en el judicial. La Suprema Corte sigue siendo el espacio donde se han logrado frenar los intentos de los grupos conservadores para atentar contra la agenda progresista y es justo donde buscan meter gente ideológicamente cercana a ellos para mover la balanza hacia su lado.
Limitar el acceso al legal no hace que menos mujeres interrumpan sus embarazos. Lo único que provoca es que las mujeres lo hagan en lugares inseguros, poniendo en riesgo su salud y su vida. No podemos permitir que los legisladores antepongan sus creencias ante el bienestar de las mujeres, no solo las víctimas de violación, sino todas aquellas que así deseen hacerlo por motivos de salud, de malformaciones congénitas, económicas o cualquier otra que consideren importante.
El aborto legal es uno de los grandes pendientes para la justicia social y para la salud pública, no solo por el contexto de violencia sexual sino por la altísima tasa de embarazo no deseados que tenemos en México. A pesar de que ya se cumplieron más de dos años desde que se echó a andar la Estrategia Nacional de Prevención del Embarazo Adolescente (ENAPEA), pocos esfuerzos reales se han hecho para atender el problema y para mejorar el acceso efectivo de las jóvenes a los insumos y servicios de salud reproductiva.
A unos días de que se conmemorara el Día Internacional de la Mujer, le recordamos a las y los diputados que la igualdad de género no se consigue con felicitaciones ni con flores. Se consigue con acciones contundentes como el reconocimiento del derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo.
*Este texto representa la opinión del autor y no necesariamente la de The Huffington Post México.
Información tomada de http://www.huffingtonpost.com.mx/
Source: Marzo 2017

Cómo se viven 8 días de buscar a una niña en Guatemala

Ya pasó una semana de la tragedia en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción, en el que murieron 40 niñas y adolescentes quemadas mientras estaban bajo resguardo del Estado. Y mientras una parte del país sigue con la tristeza y la incomodidad de recordar lo que pasó, esta familia todavía no encuentra a su niña. Yoselin Yamileth Barahona Beltrán, “Yami”, es una de las que sigue desaparecida. No hay ninguna institución ni persona que se responsabilice o responda por su paradero. Son ocho días sin saber nada y ocho días de peregrinar por oficinas estatales pidiendo respuestas. Éste es el recorrido que sus familiares hicieron, con desesperación, el octavo día desde que no saben de ella.
1. El hospital y los migrantes
Son las 9 de la mañana. No hace calor ni hace frío afuera del Hospital Roosevelt. Hay una cantidad moderada de personas en la consulta externa. No parece que hace una semana, a esta misma hora, esperaban ambulancias que recorrieron 20 kilómetros desde San José Pinula, con 19 niñas y adolescentes quemadas. En la entrada, se encuentran Lilian Estrada y Emilio Marroquín, parientes de una de las víctimas de Yami, que tiene 15 años y ocho días desaparecida.

Emilio y Lilian no son pareja. Ambos son tíos políticos de Yami, por parte de su mamá, Andrea, fallecida cuando la niña tenía 1 año, por una aparente sobredosis. Del padre no se sabe nada, nunca supieron. Tiene dos hermanos, más grandes que ella, Brandon y Bryan, de 19 y 22 años.
– Pero ellos no están en un buen camino, dice el tío Emilio, para evitar decir que sus sobrinos consumen drogas y no pueden hacer nada para evitarlo.
Hace cinco años que los hermanos Barahona se quedaron bajo tutela de sus tíos abuelos, Emilio y Blanca. Antes, la responsable de ellos era la hermana de Andrea, Wendy. Pero ella viajó a Estados Unidos, donde vive legalmente con la abuela de Yami.
Desde California, la abuela Delia y la hermana Wendy les preguntan todos los días si ya encontraron a Yami. Y eso es lo que han hecho. Buscarla.
Emilio y Lilian se han presentado todos los días a la morgue del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif). Ya presentaron muestras de sangre para que se les haga exámenes comparativos con los de las víctimas aún no identificadas. Esta mañana había todavía 2 cadáveres de niñas sin reclamar, registradas aún como “XX”.
En el Hospital Roosevelt, Lilian se mueve como pez en el agua. Es la cuarta vez, en ocho días, que están aquí. Conoce dónde está la oficina de Dirección Ejecutiva y se acerca, pide hablar con una representante para que le den información de su sobrina. Le atienden, pero le piden que espere. Pasan unos cuantos minutos y aparece el doctor Marco Antonio Barrientos. Les saluda amablemente. Aunque no parece recordarles, los trata como que sí y responde a sus preguntas.
– Ella no está aquí. Hoy ya están todas identificadas, y algunas ya se fueron a Estados Unidos, es la respuesta que reciben del médico.
Lilian se molesta, y dos delegados de la Procuraduría de Derechos Humanos, que se presentaron como Verónica Reyes y Augusto Jerez, se acercan para ofrecer apoyo. Tanto Emilio, como ella, desconfían de la organización y se muestran reservados al principio.
Una vez deciden contar su historia, el nombre de la niña y las condiciones, los delegados deciden ofrecer acompañamiento para buscar a la menor. Esta es la primera vez que los tíos hablan con alguien de la PDH en esta semana. Los delegados les explican que como el doctor niega que se encuentre entre las 4 niñas que aún permanecen en el hospital, deben ir a la Secretaría de Bienestar Social. Se supone que esta entidad debe de tener centralizados los nombres y casos, además de brindar atención a los familiares. Los tíos aceptan ir a la SBS, por segunda vez en la semana. El sábado pasado no les dieron información.
2. La Secretaría y sus noticias
Hace una semana la Secretaría de Bienestar Social tenía otro secretario, que era Carlos Rodas, y otra subsecretaria, que era Anahy Keller, productora de televisión y amiga de Jimmy Morales. El Hogar Virgen de la Asunción, todavía tenía más de 500 niños adentro y su director era Santos Torres. Hoy, los tres han sido capturados. El MP los acusa de tener responsabilidad en la muerte de 40 niñas, y lesiones graves de otras 15, que estaban bajo su protección y abrigo. Entre ellas, Yoselin Yamileth Barahona, Yami.
Ocho días después de la tragedia, el presidente Jimmy Morales decidió hacer una visita a la Secretaría. El propósito: presentar a Cándida Rabanales de Granados, la nueva secretaria de bienestar social, una profesional de buena reputación entre las organizaciones e instituciones que trabajan por la niñez y adolescencia. Desde las 10:30 de la mañana no se permite el ingreso de nadie a la institución, por orden de la seguridad presidenciall. Incluso en la garita, del lugar al que los familiares de los niños del Hogar deberían de poder acercarse, se lee un cartel que dice: “Por fuerza mayor no atenderemos hoy”. Unos minutos después aparecieron los vehículos de Jimmy Morales, de su esposa, Patricia Marroquín, y de su seguridad.
Bajo el sol de media mañana pasaron 40 minutos antes de que los tíos Emilio y Lilian, y Verónica, oficial de la PDH, pudieran ingresar. Adentro no había casi nadie. La mayor parte del personal se encontraba en la actividad con el Presidente. Un asesor de la Secretaría, que se presentó como Boris Chacón, condujo a los familiares a la oficina improvisada donde está montado el call center al que llaman las familias de los niños del Hogar. Hay cuatro personas a cargo de los teléfonos y la información.
Las niñas víctimas del fuego que consumió uno de los salones de la escuela del Hogar Seguro tenían entre 14 y 17 años. Yami tiene 15. Se sabe que las niñas encerradas en esa aula del Hogar, bajo el resguardo de la Policía Nacional Civil, eran las que habían escapado un día antes tras quejarse y denunciar maltrato, abusos sexuales y mala alimentación. En este grupo de adolescentes, se encontraba Yami. Así le confirmaron en la Secretaría a sus tíos.
– Yoselin Yamileth Barahona aparece aquí como que abandonó proceso. Está entre el grupo de Escuela PNC, explica en gerigonza el oficial de la Secretaría a los tíos
– O sea que, ¿está en la escuela de la policía? ¿Ahí la trasladaron?, responde con ilusión la tía Lilian.
– No señora. Ella estaba en la escuela del Hogar, bajo el resguardo de la PNC, entre el grupo de niñas víctimas de la tragedia.
La gerigonza ‘abandonar proceso’ quiere decir que ella intentó escapar. Y Escuela PNC es el eufemismo que usan para decir que estuvo en el aula incendiada frente a los ojos de las oficiales de la Policía Nacional Civil. De hecho, Nómada publicó los testimonios de 4 niñas que aseguran que cuando pidieron auxilio a las policías para que les abrieran las puertas, les respondieron que “se aguantaran”.
3. La manifestación del próximo sábado en el Hogar Seguro
La falta de noticias en la Secretaría no sorprende a Emilio ni a Lilian. Ellos ya lo sabían porque un contacto les había dado el listado de las niñas que se habían escapado y que se encontraban en la clase que se quemó. Yami aparece de tercero en esa lista. Le siguen los nombres de adolescentes que ya han sido reclamadas por sus familias en la morgue del Inacif. Antes de salir, ambos pasan a la baño. Ya saben dónde queda.
Tanto Boris, de la Secretaría, como Verónica, de la PDH, insisten que con esta información los tíos deberían de volver a la morgue. Consideran que Yami podría ser uno de los cadáveres no identificados. Ellos aceptan, aunque insisten que el sábado no solo fueron a la Secretaría, también lograron que el hermano Bryan y José Luis, tío de la mamá de Yami, se sacaron sangre para hacer el cotejo de ADN en el Inacif.
El sábado, mientras estaban en la morgue, cientos de personas se reunían para manifestarse en el Parque Central. Entre los manifestantes estaba el jefe de la emergencia del San Juan de Dios, el doctor Napoleón Méndez. Fue en una pausa tras operar a una de las niñas, se fue a manifestar “con más ganas”, y regresó a trabajar después de ir a la Plaza. Se quedó hasta que encendieron las velas, y vio a las mujeres tejedoras con niños en un círculo, a otros grupos encargados de armar altares y carteles, o performances como el del agua roja de la fuente. La familia de Yami no se enteró de la manifestación.
–Nosotros no sabemos nada de protestas, porque estábamos tratando de encontrar a la Yami. Pero nos dijeron que este sábado las familias y quien quiera, vamos a manifestar frente el lugar ese, el Hogar Inseguro en San José Pinula, dice la tía Lilian, a modo de invitación.
Los tíos Emilio y Lilian son de escasísimos recursos. No tienen dinero para taxis y a veces no tienen para todos los tiempos de comida en estos días en los que no han podido trabajar. Pudieron visitar todas estas instituciones en un día sólo porque estos periodistas que escriben y toman fotos los llevaron en un carro.
En el camino nos cuentan que en octubre de 2016, hace cinco meses, pensaron que la mejor opción para Yami era pedir al Estado que los ayudara a “reformar” el carácter su sobrina. Entonces activaron la alerta Alba Keneth para encontarla y le dijeron a una jueza que mejor la enviara al Hogar Seguro porque ahí recibiría atención psicológica, médica, de maestros y de trabajadores sociales.
– Ella se salía del colegio y no iba a sus exámenes. Pero el colmo fue una vez que no fue a estudiar sino a una fiesta. Y ahí la drogaron, o yo no sé, pero perdió el conocimiento y los bomberos llegaron a rescatarla. Ese día la violaron.
Afuera, Guatemala tampoco era un hogar seguro para Yami.
Tras cinco meses en el Hogar Seguro, el 7 de febrero, hace un mes, iban a pedir al juzgado que les devolviera a su sobrina nieta. Pero la audiencia de febrero no sucedió. A través de un memorial, la Secretaría dijo que no podía llevar a la niña porque no tenían gasolina para el carro. Y por eso, tuvieron que reprogramar para el 24 de marzo, un mes y medio después, sin siquiera imaginarse lo que pasaría. Morir quemada, o estar desaparecida, por tener mal carácter. Su tío insiste que ella había cambiado: “nos llamaba y decía que había aprendido a hacer oficio y lavar su ropa, pero quería salir”.
4. Entre la morgue y la ciencia
En uno de los lugares más siniestros y lúgubres de la ciudad, otro agente de la PDH espera a Emilio y a Lilian para acompañarlos y lograr que las autoridades de la morgue les permitan reconocer los cuerpos no identificados para saber si alguna es Yami.
En la morgue, los pasan al ‘cuarto de entrevistas’. Un forense les pregunta características de la niña para compararlas con el cuerpo sin identificar.
Pasan 20 minutos ahí dentro. Cuando salen, explican que no es esa niña porque Yami solo tiene dos tatuajes, un en cada brazo, y la persona sin reconocer tiene cuatro en diferentes partes del cuerpo, que no coinciden. Les piden que, por favor, esperen unos minutos para que puedan hablar con el director de la morgue.
Emilio y Lilian aprovechan la pausa para comer de lo que les dan el grupo de voluntarias lideradas por Raquel Arreaga y su mamá, Mayra Jiménez, instaladas ahí desde el día de la tragedia y costeando el apoyo con sus propios recursos. Después de ocho días, las moscas en el lugar ya no les molestan a Lilian y Emilio. Parece incluso como que si ya no las vieran. Bendicen sus alimentos, comen. Aparece el doctor Carlos Augusto Rodas González. Un hombre alto y grande, con camisa blanca, pantalón negro y un corbatín negro. Al principio es empático con Emilio y Lilian, les pide disculpas por no poder ayudarles con el reconocimiento de alguno de los cuerpos. Hasta que le preguntan por la prueba de ADN que se hizo el hermano de Yami el fin de semana.
– A la ciencia no se le pone tiempo, y si todavía no tenemos resultados, todavía no tenemos resultados.
A la ciencia no se le pone tiempo.
5. La última esperanza
Lilian y Emilio regresan a su almuerzo. No saben qué hacer ahora, pero el hambre aprieta para la primera comida del día. Se acercan a las voluntarias y les preguntan qué hacer. Nada los ampara. Como tiene alerta Alba Kenneth, si la encuentra la PNC, la que debió haberla cuidar ese 8 de marzo, solo la regresaría a un hogar del Estado y tendrían que esperar semanas o meses para una audiencia con un juez. Después de 8 días ya no confían en la PDH ni en ninguna otra institución estatal.
Los tíos de Yami no confían en nadie. Solo en las voluntarias. Ellas las pusieron en contacto con un equipo legal de una oenegé para los asesore gratuitamente y los acompañe en el proceso. A las 3 de la tarde, la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de Guatemala (Udefegua) se convierte en un canal de enlace entre la familia y las instituciones estatales que deberían velar por la niñez.
Las reuniones entre Emilio, Liliana y el equipo jurídico son privadas. Pasan tres horas en la reunión. Ahora presentarán un recurso de exhibición personal.
Ellos salen camino a su casa, a intentar dormir, aunque hace ocho días que no lo logran. Hoy es el cumpleaños de uno de los hijos de Emilio, pero no hay planes para celebrar. Dice que no quiere hacer nada hasta que Yami no aparezca, para que así estén todos.
– Nosotros solo queremos encontrarla, queremos saber dónde está, aunque sea viva o muerta, pero con nosotros.
Información tomada de nomada.gt
Source: Marzo 2017

[México] Posponen, otra vez, dictamen sobre aborto

El dictamen que el jueves pasado causó la toma de la tribuna de la Cámara de Diputados, relativo al derecho de las mujeres a recibir información sobre el aborto cuando hayan sido víctimas de violencia sexual, fue diferido nuevamente para su discusión hasta el próximo jueves.
El dictamen que el jueves pasado causó la toma de la tribuna de la Cámara de Diputados, relativo al derecho de las mujeres a recibir información sobre el aborto cuando hayan sido víctimas de violencia sexual, fue diferido nuevamente para su discusión hasta el próximo jueves.

El dictamen de las reformas a los artículos 46,49 y 50 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia estaba enlistado en el orden del día de la sesión de este martes, como se prometió el jueves pasado.
Sin embargo, la diputada Hortensia Aragón (PRD) propuso “bajar” el dictamen, y posponer su discusión para el próximo jueves a fin de buscar mayores consensos sobre el tema, lo cual fue respaldado por el vicecoordinador del PRI, Jorge Carlos Ramírez Marín, y la bancada del PAN.
Desde su curul, la diputada Araceli Damián (Morena) criticó que se esté posponiendo ilegalmente la discusión de este tema, ya que el reglamento de la Cámara de Diputados obliga a que los dictámenes aprobados en comisiones sean discutidos en el pleno del recinto legislativo sin demora.
También criticó a la presidenta de la Cámara, Guadalupe Murguía (PAN), de incumplir su palabra de discutir el tema sin demoras. En respuesta, Murguía Gutiérrez argumentó que el tema sería retirado para buscar el máximo consensos posibles.
Por la mañana, la bancada del PAN encabezada por la diputada Cecilia Romero, se hizo acompañar de organizaciones sociales y estudiantes de derecho para argumentar que la aprobación de esas reformas significaría ir contra el derecho a la vida que México ha suscrito en diversos tratados internacionales.
Información tomada de http://eleconomista.com.mx
Source: Marzo 2017

Preocupación ante la falta de una respuesta estatal efectiva respecto al fallecimiento de menores en hogar seguro de Guatemala

El pasado 8 de marzo de 2017, tuvo lugar un incendio en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción de Ciudad de Guatemala, que acabó con la vida de, por lo menos, 41 niñas y adolescentes que allí residían; mientras otras tantas se encuentran heridas de gravedad.
Este desenlace fatal se produjo como expresión última de los constantes abusos, violaciones y agresiones físicas y sexuales que estas menores venían denunciando tiempo atrás, sin que el Estado les otorgara la ayuda y protección necesaria, ni se otorgara justicia ante tales hechos. Ello a pesar de que el año pasado (2016) la Procuraduría de Derechos Humanos solicitaba el cierre de este hogar a consecuencia de las múltiples denuncias recibidas, y en noviembre del mismo año solicitara medidas cautelares ante la CIDH para garantizar la vida e integridad personal de las niñas, niños y adolescentes allí alojados. 

Así las cosas, el presidente guatemalteco, Jimmy Morales, compareció públicamente anunciando el cierre temporal del hogar seguro -que a día de hoy sigue activo- y haciendo valer la tragedia como un acontecimiento de responsabilidad compartida entre todas las instituciones del Estado, sin anunciar represalias contra ninguno de los funcionarios/as del citado hogar.
El Estado no puede dar la espalda a esta desprotección de menores bajo su cargo, resultando claramente en una violación de sus derechos humanos, especialmente a la protección contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación -incluido el abuso sexual- como establece el artículo 19 de la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas, ratificada por Guatemala. 
Por todo ello, las organizaciones y personas integrantes del Consorcio Latinoamericano Contra el Aborto Inseguro1 , realizamos un llamado internacional a las Embajadas de Guatemala de los distintos países de Latinoamérica para que: 

Se tomen las medidas pertinentes y urgentes para la búsqueda de las menores todavía desaparecidas.
Se informe adecuadamente a los familiares de las víctimas -a través del Gobierno, la Secretaría de Bienestar Social y/o las instituciones encargadas- sobre el paradero de las menores, a fin de comunicarles a la brevedad si fallecieron o si han sido trasladadas a un hospital y a qué hospital en este último caso.
Las autoridades públicas pertinentes investiguen los hechos, con el fin de que los/las responsables sean denunciados, investigados y enjuiciados y no queden impunes.
Se otorguen medidas de protección integrales a las menores acogidas por el Estado que se encuentran en situación de violencia o abandono, y se investigue exhaustivamente la situación de todos los hogares seguros del país, con el fin de que no se repita una tragedia de esta magnitud y puedan entrar en programas estatales que realmente reparen de manera integral y digna sus vidas.

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[1] El Consorcio Latinoamericano Contra el Aborto Inseguro (www.clacai.org) es una articulación integrada por activistas, investigadores/as, proveedores/as de servicios de salud y profesionales que contribuye a la disminución del aborto inseguro en Latinoamérica. Promueve el acceso a la información y a tecnologías modernas y seguras en el marco del pleno respeto a los derechos sexuales y reproductivos, desde una perspectiva de género y equidad.
Source: Marzo 2017

Demanda ante la Corte Suprema de Brasil solicita la despenalización del aborto[1]

La demanda fue presentada hoy, 7 de marzo de 2017, ante la Corte Suprema de Brasil, solicitando la despenalización del aborto a petición de la interesada hasta las 12 semanas de embarazo. La demanda fue presentada por el Partido Socialismo y Libertad (PSOL), con apoyo de ANIS – Instituto de Bioética.
La demanda -que pide la despenalización del aborto a solicitud de la interesada hasta las 12 semanas de embarazo- ha sido firmada por un grupo de mujeres abogadas y presentada ante la Corte Suprema de Brasil el día de hoy, 7 de marzo de 2017.

Se ha presentado en vísperas del 8 de marzo – Día Internacional de la Mujer, en el que tendrá lugar un paro internacional de mujeres que se tomarán el día libre, tanto de forma remunerada como no remunerada, en protesta contra la opresión sufrida.
En Latinoamérica, muchas mujeres marcharán bajo el eslogan Ni Una Menos, exigiendo el fin de la violencia contra las mujeres. En este contexto, la demanda solicita la protección de los derechos de las mujeres, para que ninguna tenga que enfrentar la humillación, el miedo a ser encarcelada o el riesgo de sufrir lesiones o morir como resultado de un aborto inseguro.
En Brasil, el aborto es un delito de acuerdo al Código Penal de 1940; las únicas tres excepciones son: en caso de violación, si existe riesgo para la vida de la mujer y en caso el feto sea anencefálico. La última excepción legal fue también otorgada en un fallo de la Corte Suprema en 2012, apoyado por Anis – Instituto de Bioética.
La demanda presentada hoy día establece que la penalización del aborto viola los derechos de las mujeres a la dignidad, a la ciudadanía, a la no discriminación, a la vida, a la igualdad, a la libertad, a vivir libre de torturas y penas o tratos crueles o degradantes, a la salud y a la planificación familiar; que son derechos protegidos por la Constitución de Brasil.
La Encuesta Nacional sobre Aborto de Brasil del año 2016 encontró que, solo en 2015, más de medio millón de mujeres se sometieron a un aborto en el país. Las desigualdades raciales y de clase convierten al aborto en un suceso aún más común en la vida de las mujeres con mayores vulnerabilidades sociales: el 15% de las mujeres afrodescendientes e indígenas han sufrido un aborto en sus vidas, frente al 9% de las mujeres blancas. La penalización del aborto tiene serias consecuencias para las mujeres, especialmente las afrodescendientes e indígenas, las que viven en regiones subdesarrolladas del país, y todas las mujeres pobres, porque tienen menor acceso al aborto seguro, aunque ilegal.
La penalización del aborto causa morbilidad y muertes que son altamente prevenibles. El aborto es un procedimiento muy seguro. De hecho, recientes estudios estiman que entre el 8 y el 18% de muertes maternas a nivel mundial se deben a complicaciones derivadas de abortos inseguros, que se concentran en países de renta más baja, donde el aborto está restringido legalmente. En Brasil, existen investigaciones que muestran que aproximadamente, la mitad de las mujeres que se someten a abortos ilegales en el país tuvieron que ser hospitalizadas.
Si la Corte Suprema de Brasil vota a favor de la demanda interpuesta por el PSOL y Anis y despenaliza el aborto a petición de interesada hasta las 12 semanas de embarazo, estará dando un paso importante como guardiana de la Constitución brasileña, al proteger los derechos fundamentales de las mujeres.
CONTACTO DE ANIS: comunicacao@anis.org.br 
Para más información: www.anis.org.br 
Facebook: www.facebook.com/AnisBioetica 
Twitter: www.twitter.com/Anis_Bioetica 
*Artículo extraido de la Campaña Internacional por el Derecho de las Mujeres al Aborto Seguro
 
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1 Artículo traducido del original en inglés, que puede consultarse aquí: http://www.safeabortionwomensright.org/press-release-petition-to-supreme-court-of-brazil-seeks-decriminalization-of-abortion/ 
Source: Marzo 2017