La ley, los juicios y el encarcelamiento por aborto en Argentina

Por Alice Finden, Investigadora del International Campaign for Women’s Right to Safe Abortion1
Este informe resume la legislación y políticas sobre aborto en Argentina y los casos sobre juicios y encarcelamiento por aborto entre 2011 y 2016.
El aborto en Argentina es legal en ciertas circunstancias desde la adopción del Código Penal en 1922. De acuerdo con el artículo 86 del Código Penal, el aborto es ilegal excepto para salvar la vida de la madre o cuando el embarazo es resultado de violación sexual o un “atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente”. En el pasado, los tribunales interpretaban la disposición relativa a la violación/abuso sexual en el sentido de requerir que la víctima de violación sufriera discapacidad mental para que el aborto fuera legal.[1] En casos en los que el aborto es ilegal, la ley estipula penas de prisión de entre tres y 10 años, y de hasta 15 años para aquellas personas que practiquen abortos. Las mujeres que consientan o que provoquen sus propios abortos pueden ser sentenciadas con penas de prisión de hasta cuatro años.[2] Sin embargo, esta pena puede incrementarse si los tribunales deciden condenar a la mujer por homicidio, como ocurrió en el caso de “Belén” en 2016, que se describirá posteriormente en este informe.

Entre el 2011 y el 2013, según el Ministerio de Salud argentino, hubo aproximadamente 700.000 nacimientos en Argentina al año, y entre 370.000 y 460.000 abortos. Aproximadamente un tercio de las muertes maternas en la década anterior tuvieron lugar como consecuencia de abortos inseguros.[3] De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Censos, en 2013 la ratio total de mortalidad materna (RMM) fue de 54.7 por cada 100.000 nacimientos (en un rango de 45.3-64.6).[4] Para el 2015, la OMS encontró una RMM de 52 por cada 100.000 nacimientos (en un rango de 44-63).[5] En comparación con los estimados de años anteriores, la RMM no ha disminuido demasiado desde 1990. Las barreras que enfrentan tanto las mujeres como los proveedores/as de salud, especialmente en las provincias rurales más pobres, obligan a las mujeres a realizarse abortos inseguros “clandestinos” que ponen en riesgo su salud y, a veces, sus vidas, así como su posible encarcelamiento.
Los datos y casos revisados por el Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES) y la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) publicados por Ipas en 2014,[6] identificaron 417 casos registrados por el delito de aborto durante los años 1990 y 2008. Los registros judiciales no indicaban si estas personas estuvieron en prisión, pagaron una multa o les fue concedida la libertad condicional, pero a todas se les declaró culpables de un delito.
El mayor porcentaje de penas por el delito de aborto fueron contra personas no cualificadas que proveían abortos. De acuerdo a datos a nivel nacional recabados entre 2002 y 2008, estas penas representaron el 80% del total y fueron cuatro veces más severas que las registradas contra mujeres que se sometieron a abortos. Entre 1996 y 2008, un total de 234 penas por este delito se confirmaron en todo el país. Las jurisdicciones con el mayor número de condenas fueron también las provincias más pobladas – Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba – y la ciudad de Buenos Aires.[7]El caso de Natividad Frías del año 1966 estableció que una denuncia penal presentada por un proveedor de servicios de salud contra una mujer por la práctica de un aborto ilegal violaba su derecho a la confidencialidad y contra la autoincriminación. En 2010, la Suprema Corte de Justicia de la Nación reafirmó este principio, que puede explicar el bajo número de casos de mujeres que han sido investigadas o declaradas culpables por abortos ilegales en comparación con el número de casos contra proveedores/as de salud que han sido investigados/as, procesados/as y condenados/as. [8]Es importante destacar la correlación entre el número de casos formulados por la policía o llevados ante los tribunales, el número de penas que terminaron en prisión, el alcance del acceso limitado a los servicios de salud y la ratio de mortalidad materna (RMM).
En varias ocasiones se ha producido un avance legislativo en apoyo a la salud y derechos sexuales y reproductivos en Argentina. En 2002, el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable tuvo como objetivo disminuir la mortalidad materna. En 2004, el gobierno nacional definió a la salud reproductiva como una de las áreas clave de la política de salud nacional para los próximos tres años.[10] En 2006, la Ley 26.150 introdujo la educación sexual integral. En 2012, la Corte Suprema apoyó la decisión de un tribunal de inferior rango que permitió un aborto a una niña de 15 años que había sido violada por su padrastro. La Corte Suprema determinó que el artículo del Código Penal relativo a la violación y al abuso apoyaba la interpretación de que todas las víctimas de violación podrían optar a abortos legales. La Corte también alegó que a las futuras víctimas de violación no se les requeriría autorización judicial para un aborto.[11]
Todos estos logros se consiguieron como consecuencia de la presión ejercida por grupos feministas, de derechos humanos y otros grupos de incidencia que defienden la salud y los derechos sexuales y reproductivos, en un periodo de gobierno en el que las relaciones entre el entonces Presidente Néstor Kirchner y el Vaticano se habían roto.[12]
La violencia institucional
El caso que ha tenido una amplia difusión y que recientemente se ha celebrado es el de “Belén”.[13] Belén fue inicialmente acusada de homicidio agravado el 3 de mayo de 2016. Estuvo en prisión por dos años, desde 2014. Belén tenía 25 años cuando acudió a un hospital estatal en el estado de San Miguel de Tucumán, ya que sufría dolores abdominales severos y sangrado vaginal intenso. El doctor que la examinó le dijo que estaba embarazada de 22 semanas y que estaba experimentando un aborto espontáneo. Otro equipo médico, que encontró un feto de 32 semanas en un baño del hospital, alegó que era de ella. Después, la denunciaron a la policía, bajo la premisa de que debía haberse inducido un aborto muy tardío. Se la acusó de homicidio, estuvo en prisión preventiva por dos años y después fue condenada a 8 años en prisión, entrando en marzo de 2014, todo esto sin representación legal. Sin embargo, no existía ningún examen de ADN que conectara a Belén con el feto, y la discrepancia entre el diagnóstico de aborto espontáneo de un embarazo de 22 semanas y un feto de 32 semanas en un baño nunca fue examinada.[14]
Después de que su caso se hiciera conocido, gracias a la abogada que accedió a representarla, las críticas de docenas de organizaciones feministas, de derechos humanos, políticas y sociales y del Comité de Derechos Humanos de la ONU aumentaron por este error judicial. Amnistía Internacional recolectó 120.000 firmas para una petición para su salida de prisión. Después de varias protestas celebradas el 12 de agosto de 2016 en diversas ciudades del país, centradas en la capital de Tucumán, la Corte Suprema de Justicia de Tucumán ordenó su salida de prisión quedando pendiente una apelación de su sentencia condenatoria, que aún se espera al momento de la redacción de este artículo. [15].
En países con leyes de aborto restrictivas y requerimientos legales para reportar cualquier incumplimiento de la ley, los proveedores/as de salud se enfrentan a un conflicto moral en torno al respeto del derecho de la paciente a la confidencialidad, incluyendo cuando se trata de una mujer que necesita cuidados post-aborto por complicaciones derivadas de un aborto inseguro. En Argentina, la ley sobre aborto establece que “cada miembro del equipo de salud de una mujer debe asegurar confidencialidad y privacidad en la provisión de abortos en las circunstancias permitidas por la ley”. Los cuidados post-aborto están permitidos por ley.[16] Sin embargo, una combinación de falta de conocimiento legal, presión de grupos conservadores y religiosos y miedo a ser arrestados/as por proveer un aborto, a menudo trae como consecuencia que las y los profesionales de la salud denuncian a las mujeres que pasan por esta situación a la policía.[17]
Este conflicto acarrea resultados desastrosos para las mujeres y adolescentes que buscan un aborto legal. La negación de un aborto a una niña indígena de 12 años en la provincia de Salta, que fue violada sexualmente en noviembre de 2015, es un ejemplo de ello. A esta niña, conocida con el nombre de “Juana”, debería habérsele permitido un aborto legal, ya que su embarazo fue resultado de una violación por parte de una banda compuesta por cinco hombres y tres adolescentes y su salud física y mental estaban en riesgo. No obstante, no recibió los cuidados médicos adecuados y tampoco se le practicó un test de embarazo. A los siete meses de embarazo, se le diagnosticó que su feto era anencefálico y fue sometida a un parto por cesárea.[18]
Teniendo presente el caso de Belén en Tucumán y el de Juana en Salta, Mariana Álvarez, docente de derechos humanos de la Universidad de Tucumán, explicó al Buenos Aires Herald que: “Existe un patrón sistemático de violaciones a los derechos humanos en el distrito [Tucumán] en relación a las mujeres, lo que refleja una suerte de acuerdo entre el sistema de salud y el poder judicial para criminalizar a las mujeres que enfrentan complicaciones en sus embarazos”.[19]
Proveedores/as de salud
Las conexiones institucionales entre los tribunales y el sistema de salud podrían explicarse debido a la falta de una adecuada educación en relación al aborto dirigida a los y las estudiantes de Medicina en Argentina. De hecho, un estudio de caso realizado entre 2015 y 2016 sobre el conocimiento de la legislación sobre aborto en Argentina por parte de las y los estudiantes de esta disciplina reveló que, de los 740 estudiantes que respondieron a las preguntas sobre aborto de acuerdo con la legislación argentina actual, la mitad (el 52.5%) contestó correctamente que el aborto está restringido legalmente, el 24.9% pensó que era ilegal en todos los casos y el 21.5% admitió que no tenía conocimiento sobre el tema.[20] Los autores de este estudio se preocuparon por el hecho de que la falta de conocimiento lleve a estos futuros proveedores/as de salud a denegar un aborto legal a alguien con un embarazo no deseado que está en el derecho de solicitarlo, lo que conllevaría a recurrir al aborto inseguro.
Grupos anti-aborto que también están haciendo uso de la ley
Junto al progreso representado por algunas leyes y políticas en Argentina en materia de salud y derechos sexuales y reproductivos, un artículo de 2014 describe cómo las ONG anti-aborto han recurrido al litigio para debilitar las políticas de salud sexual y reproductiva y, especialmente, para oponerse a cualquier ampliación del derecho al aborto.[21] Los autores describes a estos grupos como el “arma civil de la religión”, particularmente desde 1998, cuando la ONG conservadora “Portal de Belén” consiguió con éxito que se prohibiera la anticoncepción de emergencia a través de los tribunales. También ha habido varios intentos para forzar la retirada del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, prosperando temporalmente uno de ellos en diciembre de 2002, aunque fue revocado unas semanas después de que la sentencia se publicara. [22]
Ya en 1994, los grupos anti-aborto utilizaban argumentos legales para oponerse a la salud y los derechos sexuales y reproductivos. A través de un recurso de amparo presentado colectivamente en 1994, exigieron el reconocimiento legal del llamado “derecho a la vida desde la concepción” y, desde entonces, han intentado utilizar la sentencia de 1994 como precedente judicial para tratar de criminalizar los abortos legales, por ejemplo intentando bloquear el acceso de jóvenes víctimas de violación sexual a un aborto legal.[23]
Mónica Gogna et al. hace notar que la “defensa de la vida desde la concepción”, promovida por el ex Presidente Menem en 1994, fue una “manifestación del entonces absoluto alineamiento de Argentina con la política sobre aborto del Vaticano”.[24] Explican que el entusiasmo de Menem por esta iniciativa fue el resultado de su deseo de ganar el apoyo de la jerarquía eclesiástica en las elecciones presidenciales de 1995. Más recientemente, con la elección del Papa argentino en 2013, el Ejecutivo argentino, las ONG conservadoras y el Vaticano han fortalecido sus relaciones. Esto ya ha llevado a la jerarquía católica a presionar al gobierno y a conseguir influir en la reforma del Código Civil y de Comercio. Por consiguiente, la versión final del artículo 19 establece que “la vida comienza en el momento de la concepción”,[25] otorgando a las ONG conservadoras el potencial para contrarrestar el progreso de los grupos defensores del derecho al aborto.
La coalición de la jerarquía católica con las ONG conservadoras y el Ejecutivo argentino tiene graves efectos negativos para la salud y el bienestar de las mujeres y los proveedores/as de salud de toda la Argentina. La Asociación por los Derechos Civiles (ADC) indica que la mayoría de las provincias argentinas no están siguiendo las pautas sobre aborto establecidas por la Suprema Corte de la Nación.[26] De hecho, el caso de Juana en la provincia de Salta evidencia la habilidad de las autoridades locales para ignorar la ley cuando deseen. La provincia de Salta, además de otras 15, o bien no tienen protocolos que permitan el acceso a un aborto legal o tienen protocolos que buscan dificultar el acceso al aborto legal.[27] ADC descubrió, por ejemplo, que Salta era la “peor provincia en términos de garantía del acceso a un aborto no punible”, debido a su confabulación para bloquear el derecho al aborto en casos de violación y riesgo para la vida de la mujer. La provincia de Salta permite a los médicos/as rechazar la práctica de un aborto en casos distintos a la objeción de conciencia, requiere la intervención del Ministerio Público y la presencia de los padres en casos que involucren a niñas o adolescentes que soliciten un aborto.[29] También limita el periodo de tiempo para la práctica de un aborto legal hasta las 12 semanas.[28] Como señala Shena Cavallo, la práctica más frecuente no difiere de lo que está escrito en la ley y lo que los servicios aparentemente proveen.[29] A propósito del caso de Juana, la Cámara Baja del Congreso lanzó un informe estableciendo que “todos los tribunales y autoridades administrativas deben acatar los protocolos de cuidados de salud integral a la hora de lidiar con casos de abortos no punibles”.[30] Queda por verse si esta premisa se cumple.
El uso de la incidencia y la información en apoyo del derecho de las mujeres a un aborto seguro
Organizaciones de la sociedad civil, grupos de mujeres y líneas telefónicas de información sobre aborto seguro, como Socorristas en Red[31] y La Línea Aborto,[32] están ayudando cada vez más a que las mujeres accedan a información veraz sobre la pastilla para someterse a un aborto con medicamentos, denominada misoprostol, y proveen consejería pre y post aborto y apoyo.[33]
Asimismo, para finalizar con un tema positivo, el progreso legislativo y judicial en las pasadas décadas ha propiciado un espacio legal para que las mujeres y los proveedores/as de salud puedan contraargumentar a las ONG conservadoras. Esto se ha reflejado en declaraciones del nuevo Relator Especial de la ONU contra la Tortura, Juan Méndez, que apoyó la liberación de “Belén” e hizo un llamado a todas las naciones a despenalizar el aborto y asegurar el acceso al aborto legal y seguro. Méndez estableció que: “Los Estados tienen una obligación afirmativa de reformar cualquier legislación restrictiva en torno al aborto que perpetúe la tortura y los malos tratos a través de la negación a las mujeres al acceso y al cuidado en condiciones seguras”.[34]
La libertad condicional de “Belén” ha sido descrita como un “triunfo colectivo del movimiento de las mujeres”.[35] Alrededor de 300 feministas y grupos defensores de los derechos de las mujeres y el derecho al aborto trabajaron juntos/as en Argentina para asegurar su liberación y para insistir en la confirmación de su inocencia. La abogada de Belén describió la cancelación de su detención preventiva y su liberación como “el comienzo del fin de la injusticia”.[36] Hoy, las y los activistas esperan la apelación del tribunal que anule la condena de Belén, que se espera cree un precedente judicial que prevenga que lo mismo ocurra a otra mujer en el futuro.
Agradecimientos
Gracias a Mariana Romero, Investigadora Senior del Centro de Estudios del Estado y Sociedad (CEDES), Argentina, por revisar este informe y compartir regularmente noticias sobre eventos que ocurren en Argentina. Editado por Marge Berer. ________________________________________[1] Código Penal de la Nación Argentina, Ley 11.179 de 1984, Libro Segundo, Título I, Capítulo I, Artículos 85-88. http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/15000-19999/16546/texact.htm [2] Ibid. Código Penal.[3] Datos del Ministerio de Salud de Argentina, en: Belén Provenzano-Castro, Silvia Oizerovich, Babill Stray-Pedersen. Healthcare students’ knowledge and opinions about the Argentinean abortion law. Sexual & Reproductive Healthcare 2016; 7:21-26. http://www.srhcjournal.org/article/S1877-5756(15)00063-4/pdf [4] Kassebaum NJ, Bertozzi-Villa A, Coggeshall MS, Shackelford KA, Steiner C, Heuton KR, et al. Global, regional, and national levels and causes of maternal mortality during 1990–2013: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2013. Lancet 2014;384(9947):980–1004. http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(14)60696-6/abstract [5] Trends in maternal mortality 1990 to 2015: Estimates by WHO, UNICEF, UNFPA, World Bank Group and the United Nations Population Division. Ginebra: OMS, 2015. http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/194254/1/9789241565141_eng.pdf?ua=1 [6] Gillian Kane, Beatriz Galli, Patty Skuster, 2014. Argentina. When Abortion is a Crime: The threat to vulnerable women in Latin America. Ipas. http://www.ipas.org/en/Resources/Ipas%20Publications/When-Abortion-is-a-Crime-The-threat-to-vulnerable-women-in-Latin-America.aspx [7] Ibid Kane, Galli y Skuster.[8] Ibid Kane, Galli y Skuster.[9] Ibid Kane, Galli y Skuster.[10] Mónica Petracci, Silvina Ramos, Dalia Szulik, 2005. A strategic assessment of the Reproductive and Responsible Parenthood Programme of Buenos Aires, Argentina. Reproductive Health Matters 2005;13(25). http://www.rhm-elsevier.com/article/S0968-8080(05)25174-1/pdf [11] Rebecca DiLeonardo. Argentina Supreme Court legalizes abortion for rape victims”. The Jurist. 14 de marzo de 2012. http://www.jurist.org/paperchase/2012/03/argentina-supreme-court-legalizes-abortion-for-rape-victims.php [12] Ibid, DiLeonardo, p.87.[13] International Campaign for Women’s Right to Safe Abortion Newsletter. Demonstrations in Buenos Aires and Tucumán to release woman sentenced to prison for miscarriage. 5 de mayo de 2016. http://www.safeabortionwomensright.org/demonstrations-in-buenos-aires-and-tucuman-to-release-woman-sentenced-to-prison-for-apparent-miscarriage/ [14] International Campaign for Women’s Right to Safe Abortion Newsletter. STOP PRESS: Belén released from prison. 19 de Agosto de 2016. http://www.safeabortionwomensright.org/stop-press-belen-released-from-prison/ [15] Ibid. International Campaign.[16] Jina Dhillon. Protecting Women’s Access to Safe Abortion Care-A Guide to Understanding the Human Rights to Privacy and Confidentiality: Helping Advocates Navigate ‘Duty to Report’ Requirements. Ipas, 2014. http://www.ipas.org/en/Resources/Ipas%20Publications/Protecting-Womens-Access-to-Safe-Abortion-CareA-Guide-to-Understanding-the-Human-Rights-to.aspx [17] Betraying women: provider duty to report. Ipas, 2016. http://www.ipas.org/en/Resources/Ipas%20Publications/Betraying-women-Provider-duty-to-report.aspx [18] Ximena Schinca. Activists protest in Buenos Aires after 12-year-old is denied legal abortion. Buenos Aires Herald, 16 de junio de 2016. Incluído en: International Campaign for Women’s Right to Safe Abortion. 17 de junio de 2016. http://www.safeabortionwomensright.org/activists-protest-in-buenos-aires-after-12-year-old-is-denied-legal-abortion/  [19] Ximena Schinca, 2016. Tucumán’s abortion trials placed in spotlight. Buenos Aires Herald, 23 de agosto de 2016. http://www.buenosairesherald.com/article/220404/tucum%C3%A1n%E2%80%99s-abortion-trials-placed-in-spotlight [20] Op cit. Provenzano-Castro, Oizerovich, Stray-Pedersen, p.21[21] Maria Angélica Peñas Defago, José Manuel Morán Faúndes. Conservative litigation against sexual and reproductive health policies in Argentina. Reproductive Health Matters 2014;22(44):82-90. http://www.rhm-elsevier.com/article/S0968-8080(14)44805-5/pdf [22] Ibid. Peñas Defago, Morán Faúndes.[23] Ibid. Peñas Defago, Morán Faúndes.[24] Mónica Gogna, Mariana Romero, Silvina Ramos, Mónica Petracci, Dalia Szulik. Abortion in a restrictive legal context: the views of obstetrician-gynaecologists in Buenos Aires, Argentina. Reproductive Health Matters 2002;10(19). http://www.rhm-elsevier.com/article/S0968-8080(02)00014-9/pdf [25] Op cit. Peñas Defago and Morán Faúndes, p.87.[26] Asociación por los Derechos Civiles, 2015. Acceso al aborto no punible en Argentina: Estado de situación. http://despenalizacion.org.ar/pdf/publicaciones/ADC-Acceso-al-aborto-no-punible-Marzo-2015.pdf [27] Celina Andreassi. Majority of provinces not complying with abortion rights. The Argentina Independent. 13 de marzo de 2015. http://www.argentinaindependent.com/currentaffairs/majority-of-provinces-no-complying-with-abortion-rights/ [28] Ibid. Andreassi.[29] Shena Cavallo. Abortion in Argentina: women twice betrayed. Open Democracy, 3 de mayo de 2016. https://www.opendemocracy.net/democraciaabierta/shena-cavallo/abortion-in-argentina-women-twice-betrayed [30] Op cit. Schinca, ref 18.[31] www.socorristasenred.blogspot.com.ar/ [32] http://www.abortoconpastillas.info/ [33] Silvina Ramos, Mariana Romero, Lila Aizenberg. Women’s experiences with the use of medical abortion in a legally restricted context: the case of Argentina. Reproductive Health Matters 2015;22(44/Supplement):4-15. http://www.rhm-elsevier.com/article/S0968-8080(14)43786-8/pdf [34] International Campaign for Women’s Right to Safe Abortion Newsletter, Statement: Special Rapporteur on Torture. 20 de mayo de 2016. http://www.safeabortionwomensright.org/statement-special-rapporteur-on-torture/ [35] Luciana Peker. Cuando Belén se escribió con V. Página12, 19 de agosto de 2016. http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/las12/13-10798-2016-08-19.html [36] Ibid, Peker.
Source: Diciembre 2016

El aborto y la posición del Papa

El tema del aborto causa discusiones éticas importantes en diversas sociedades, más aún en aquellas que profesan la religión católica, aunque hay religiones donde no despierta mayor polémica. En Ecuador se discutió al respecto y en su momento hubo asambleístas que defendieron el aborto, pero luego claudicaron frente a la posición del Presidente, quien incluso amenazó con renunciar si se aceptaba la legalización del aborto por cualquier causa.
El resultado fue un cuerpo de ley punitiva que involucra a distintos individuos. Así, la mujer que aborta y el personal de salud que lo realice o lo encubra son culpables del delito de aborto, por tanto, tienen sanciones penales. Además, desde un enfoque basado en el catolicismo, la ley condena a las mujeres y las limita en sus derechos reproductivos. No obtuvieron resonancia los argumentos de salud pública ni los de índole psíquica, ni se consideraron aspectos socioeconómicos. Ecuador se aferró a la tradición.

En el país, el aborto ocupa el quinto puesto en la mortalidad general y representa el 15,6%. Los abortos en menores de edad ocurren tras una violación, según la definición legal, y representan el 4%. Las cifras indican que más de 3.800 mujeres violadas tuvieron un embarazo y que en el año se cuentan 122.301 embarazos de adolescentes entre 12 a 19 años. Estas cifras reflejan un sustancial problema de salud pública que no ha sido enfrentado con franqueza en Ecuador, y peor aún: no ha sido mitigado ni con el Plan Familia ni con las campañas dirigidas a adolescentes.
El aborto es una realidad y hay que enfrentarla. Como genetista sigo la línea de la Guía de Práctica Clínica ‘Atención del aborto terapéutico’, jamás publicada por el Ministerio de Salud, y con el Colectivo Salud Mujeres 2.0, que reivindica el aborto como un derecho, al menos en mujeres violadas o con diagnóstico de problemas graves en el embrión o feto (aborto eugenésico). No se debería criminalizar el aborto, sino legalizarlo por al menos estas dos causales más.
El Papa, dentro de sus políticas más sociales y con una nueva visión, ha otorgado la posibilidad del perdón del “pecado del aborto”. Cualquier sacerdote, y de manera indefinida, podrá absolver tal pecado, porque la religión es misericordiosa, como ha mencionado el Pontífice. Desde esta perspectiva, el Derecho Romano debería cambiar y las leyes humanas volverse más adecuadas frente al problema. Lastimosamente, en Ecuador no se ve un cambio real en este punto, y las leyes al respecto siguen influenciadas por la religiosidad y el tradicionalismo oficial.
Esta noticia ha sido publicada originalmente por Diario EL TELÉGRAFO bajo la siguiente dirección: http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/columnistas/1/el-aborto-y-la-posicion-del-papa
Source: Diciembre 2016

El embarazo infantil forzoso es 'una tortura' en América Latina, afirma ONG

El Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (Cladem) consideró hoy (13 de diciembre de 2016) “alarmante” que cada año en el mundo dos millones de niñas de entre 10 y 14 años den a luz, de las cuales 60 000 casos se registran en la región, lo que se constituye “una tortura”.
Cladem presentó este martes en Tegucigalpa su informe ‘Niñas madres. Embarazo y maternidad infantil forzada en América Latina y el Caribe’, que recopila datos sobre embarazos en menores de 14 años en 14 países de la región.

El informe señala que el embarazo infantil forzoso, que consiste en obligar a dar a luz a una niña menor de 14 años, aún no ha sido “visibilizado con la fuerza que amerita”.
Define el embarazo infantil forzoso como la situación en que una niña de 14 años o menos “queda embarazada contra su voluntad” y es “obligada a continuar el embarazo debido a legislaciones restrictivas, presiones familiares, sociales o estatales”.
Cladem enfatiza en el documento que la mayoría de los casos de embarazo infantil tienen su origen en violaciones, muchas de ellas por sus familiares, y lamenta que en muchos países, como El Salvador, Honduras, Nicaragua y República Dominicana, “son nulas” las posibilidades de interrumpir legalmente la gestación.
Forzar un embarazo en una menor de 14 años debe ser considerado “una tortura, un trato cruel, inhumano y degradante”, debido a que constituye una violación de sus derechos humanos, dijo a EFE Leila Díaz, representante de Cladem Honduras.
Lamentó que muchas niñas embarazadas son confinadas en instituciones de salud públicas o privadas, donde pierden el contacto con su círculo familiar y quedan aisladas. Es por ello que Díaz instó a los Estados a despenalizar el aborto cuando la vida de la madre corre peligro, el feto padezca una alteración estructural congénita de carácter mortal y en los casos de violación o abuso sexual, con especial atención a los embarazos en niñas de 10 a 14 años. También pidió incorporar la educación sexual integral en las escuelas, y en el caso específico de Honduras, legalizar la venta de la píldora “del día después” a fin de reducir el embarazo temprano. Díaz aseguró además que en América Latina se deben desarrollar protocolos unificados en las distintas instancias públicas orientadas a “abordar de manera específica e integral” los casos de niñas embarazadas. Díaz señaló que es “alarmante” las altas tasas de embarazo infantil, que representa problemas de salud y personales para la niña, debido a que sus cuerpos “no están preparados” para la gestación y el parto, por lo que “corren muchos riesgos”. El informe del Cladem hace hincapié en los riesgos que generan los embarazos para la salud de las niñas. El 40 % de las niñas embarazadas interrumpen sus estudios, lo cual “limitará” sus posibilidades de salir de la pobreza, enfatiza el documento. Cada año se producen en el mundo dos millones de partos de niñas menos de 14 años, una cifra que, de mantenerse la tendencia actual, llegará a tres millones en 2030, según datos del Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa) recopilados por Cladem. La maternidad infantil forzada exhibe “el nivel de violencia, la falta de autonomía, la discriminación y apropiación del cuerpo de las niñas” por los adultos, y muestra “la ineficacia” de las políticas estatales en la prevención de embarazos, concluye el informe de Cladem. En Latinoamérica y el Caribe, un total de 60 690 niñas menores de 14 años dieron a luz en el año 2014, según los datos oficiales de estadísticas vitales analizados por esta ONG.
Este contenido ha sido publicado originalmente por Diario EL COMERCIO en la web: http://www.elcomercio.com/
Source: Diciembre 2016

El derecho al aborto vuelve a la actualidad francesa

La posición personal del candidato derechista François Fillon genera una tormenta
El aborto, 41 años después de su despenalización, está de actualidad en Francia. La Asamblea Nacional aprobó el pasado 1 de diciembre la penalización de las webs dedicadas a intoxicar a las embarazadas para que abandonen su proyecto de aborto. El debate parlamentario tendría que haber pasado desapercibido como ha ocurrido con otras reformas recientes sobre el mismo asunto.

Esta vez no ha sido así porque el flamante candidato de la derecha a la presidencia de la República Francesa, François Fillon, se ha declarado antiabortista y eso es una cierta novedad en este país en que hace décadas que no se cuestiona la interrupción voluntaria del embarazo. Hace solo dos años, con el voto a favor de la derecha y del propio Fillon, Francia incluso consagró el aborto como un derecho fundamental. Hasta la ultraderechista Marine Le Pen ha llamado la atención a su sobrina por abogar por una cierta marcha atrás. Fillon ha desatado la caja de los truenos, a pesar de que asegura que no cambiará las leyes. “Estoy en contra de manera personal, por una cuestión de fe”, ha explicado. Para demostrarlo, alega haber votado siempre a favor de todas las mejoras de acceso al aborto, lo que no es del todo cierto. No estuvo a favor de la gratuidad del aborto y tampoco de la eliminación del plazo de reflexión, por ejemplo. El 1 de diciembre pasado escapó al escrutinio público. La derecha rechazó la penalización de webs antiabortistas en nombre de la libertad de expresión, pero Fillon no acudió ese día a la Asamblea. Francia es singular en este terreno porque el aborto no fue una conquista de la izquierda, sino de la derecha y, dentro de la derecha, de una de las figuras más apreciadas por los franceses, Simone Veil, superviviente de Auschwitz-Birkenau que defendió el aborto como ministra de Sanidad en 1975. Hoy, a sus 89 años, los franceses la siguen admirando.
En enero entrará en vigor la norma contra las webs. En mayo puede que Fillon sea presidente. Que se ocupe de recular es improbable, pero aunque probablemente pírrica los católicos integristas han obtenido una primera victoria.
Información tomada de http://elpais.com/
Source: Diciembre 2016

BOLIVIA

País: Bolivia
Organización: Alianza por la Solidaridad
Nombre de la Iniciativa: Campaña: Poder Elegir Sin Riesgo

La Campaña #SinRiesgo es una campaña comunicacional que tuvo como objetivo general alcanzar la despenalización social del aborto y como objetivo específico “generar una opinión favorable hacia la despenalización social del aborto entre 11.600 mujeres y hombres antes de finalizar 2018”. La campaña se articula además con las acciones comunicacionales del Pacto Nacional por la Despenalización del Aborto, de la cual Alianza por la Solidaridad, CDD y CIES son parte.Con el apoyo de CLACAI, a través de esta iniciativa local, se ha logrado fortalecer el lanzamiento y primeras acciones de la campaña, articulándola con uno de los productos que ha desarrollado CLACAI (tema y video “Poder Elegir”) potenciando las acciones de movilización social en pro de la despenalización social del aborto.

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Source: Diciembre 2016

 

Más de 24% de los abortos practicados en la CDMX provienen del Edoméx

Marcela y Rosa no son familia, ni siquiera se conocen, pero las unen dos situaciones, ambas viven en el municipio de Tlalnepantla, en el Estado de México, y se trasladaron hace dos años a la Ciudad de México, para practicarse una Interrupción Legal del Embarazo (ILE).
La primera lo hizo, porque consideró que, a sus 19 años, no podría sacar adelante a su bebé, luego de que su pareja decidiera no hacerse cargo de la responsabilidad y “ya me había ocasionado problemas con mis padres”, señala.

En el caso de la menor con nombre de flor, durante 12 meses fue violada sistemáticamente por su padre, quien la embarazó y luego de interponer una denuncia por estos hechos, junto con su madre, tomó la decisión de no tener el bebé; situación que, en principio, no pudieron llevar a cabo en su municipio de origen porque en el Estado de México no está legalizada está práctica y, en lugares donde se realiza de forma clandestina, encontraron pocas condiciones salubres que sirvieran en el procedimiento y además les generaría un costo que no podían solventar.
Este tipo de decisiones se han vuelto comunes en las poco más de 13 clínicas especializadas que existen en la Ciudad de México y que, a partir del 2007, con la modificación al Código Penal y a la Ley de Salud, practican el aborto, luego de que éste fuera despenalizado, teniendo como margen 12 semanas de gestación.
Según el reporte más reciente del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), hasta el 31 de octubre de este año, 168 mil 71 mujeres de distintas partes de la República mexicana y extranjeras han acudido a la entidad para interrumpir su embarazo. De ellas, 72.5 por ciento son de la capital del país, mientras que 24.1 por ciento provienen de municipios mexiquenses y 3.3 por ciento del resto de México y de otras partes del mundo.
Las edades en las que se solicita más una ILE, son de los 18 a los 24 años, con 47.3 por ciento de los casos, y de los 25 a los 29 años de edad, con 22.5 por ciento. El 34.5 por ciento se trata de mujeres que no han tenido hijos, seguidas de 26.4 por ciento de quienes sólo tienen un hijo.
En cuanto al grado de escolaridad, se estima que cuatro de cada 10 estudiaron el nivel bachillerato, 32.9 por ciento cuentan con secundaria y 17.3 por ciento dijeron haber estudiado como mínimo el nivel universitario.
Dentro de las cifras del GIRE, el 32.2 por ciento de mujeres que se practicaron un aborto ocuparon posteriormente como método anticonceptivo, implantes, óvulos o parches, mientras que 22.4 por ciento prefirieron el Dispositivo Intra Uterino (DIU).
El promedio de semanas en el que tomaron la decisión de no tener el producto, fue de siete semanas, con 21.3 por ciento de los abortos, seguido de entre ocho y seis semanas. Un dato relevante es que sólo 6.1 por ciento se han realizado más de una interrupción.
En la capital mexicana se han hecho 10 mil 633 procedimientos a menores de edad, lo que representa el 6.3 por ciento al corte de octubre de este año, y durante el mismo periodo se tiene conocimiento que 38 personas dedicadas al aspecto médico y enfermería, en promedio, laboraron en el sistema hospitalario local para hacer éstos.
Este semanario solicitó entrevista y datos actualizados del sistema de salud de la Ciudad de México, sin que, al momento, se haya recibido respuesta.
II. Una vida acomodada
Elena asegura pertenecer a una familia “acomodada”, en la que no hace falta nada. A sus 17 años, está acostumbrada a que sus padres le brinden todo lo que requiere, incluso, apoyarla y acompañarla a que se practique un aborto, pues Héctor, su novio y con quien llevaba tres años de relación, le había dicho que quería formar una familia. Apenas se enteró del embarazo, salió huyendo, al alegar que estaba muy joven para esa responsabilidad.
La joven, de Naucalpan, decidió hablar con sus padres sobre esta situación, quienes decidieron acompañar a su hija a practicarse un aborto a la Ciudad de México, porque consideraban que su hija aún era una niña y que no sería bien visto por la familia, ni por sus amigos.
El aborto se divide en dos, el espontáneo y el inducido o provocado; este último ocurre cuando las mujeres toman medicamentos de venta libre y, dependiendo de la dosis ingerida, en un promedio de 24 a 72 horas expulsan el producto.
En el Estado de México, como no está permitido el aborto, decenas de mujeres van cada año a la Ciudad de México, donde en el sector salud, excepto el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), se les atiende y receta medicina para inducir el aborto clínico y, al regresar a su lugar de origen, una vez que comienzan con sangrado, pueden acudir a cualquier unidad de salud pública para ser atendidas.
Entre los riesgos que puede enfrentar una mujer am realizar esta práctica en una clínica clandestina, está el que la persona que la atienda no tenga conocimientos especializados, por lo que puede perforar su útero, una visera o que se le salga de control un sangrado y una consecuente hemorragia, lo que, en la menor de las consecuencias, llevaría a la pérdida de la matriz y, en casos extremos, hasta arrancarles la vida.
Registros del IMSS señalan que, actualmente, las adolescentes de entre 13 y 16 años de edad, son quienes más recurren al aborto, aun cuando clínicamente está comprobado que antes de los 21, el organismo de la mujer aún no tiene la madurez en todos sus sistemas, aun así, posteriormente pueden llegar a embarazarse sin complicaciones, siempre y cuando lo lleven de la manera correcta.
En el mercado, existen al menos cuatro medicamentos que si bien no son hechos para abortar, sí inducen al legrado, por lo que, desde el punto de vista de la doctora Ábrego García, se debería legislar para que sean vendidos bajo control.
Finalmente, tan solo en la clínica 251 del IMSS, ubicada en Toluca, ocho de cada 100 mujeres que ingresan al área de gineco-obstetricia lo hacen para practicarse un aborto.
Información tomada de http://www.hoyestado.com/
Source: Diciembre 2016

[Chile] Despacho de aborto en tres causales quedaría para 2017

En tanto, la comisión de Constitución podría votar el proyecto en enero
En medio de la semana de receso legislativo, los presidentes de las cámaras del Congreso, Osvaldo Andrade (PS) y Ricardo Lagos Weber (PPD), recibieron el informe del Índice de Transparencia Legislativa a nivel regional de la Fundación Ciudadano.
Es que pese a las críticas y desaprobación en las encuestas, el Congreso chileno se ubicó en el segundo lugar del estudio, lo que fue resaltado por las autoridades. Con todo, la fundación apuntó a continuar con medidas pro transparencia, de probidad y participación ciudadana.

En este contexto, los parlamentarios también se refirieron a la priorización que hizo el oficialismo de cara al último tramo de la administración de la Presidenta Michelle Bachelet.
“Espero que se pueda legislar sobre matrimonio igualitario durante este Gobierno, y no me cabe duda que la despenalización de la interrupción del embarazo (en tres causales) va a ser algo de lo que vamos a legislar a partir de marzo”, advirtió el presidente del Senado.
Es que de aquí a fines de enero de 2017 -fecha en la que termina el periodo legislativo 2016-, el oficialismo acordó concentrarse en el despacho de nueve proyectos prioritarios que concitan acuerdo en el bloque.
Además, “hay seis temas, a los que se les dio carácter de emblemático, pero en los que hay un proyecto o más de uno”, detalló Andrade, por lo que habrían cerca de 20 proyectos en esta categoría.
Por esto, el Gobierno se reunirá en paralelo al avance de los nueve proyectos, con los secretarios generales de los partidos para avanzar en cómo resolver los disensos que mantienen frente a iniciativas emblemáticas como el proyecto de reforma de educación superior, nueva educación pública, despenalización de la interrupción del embarazo, matrimonio igualitario y los proyectos pendientes relacionadas a la elección de las autoridades regionales.
El presidente de la Cámara admitió que el proyecto de aborto no se encuentra entre los nueve a despachar entre diciembre y enero, pero sí “durante esta administración”.
De todas formas, la iniciativa continuará su legislación. En tanto, se encuentra en la comisión de Constitución del Senado, en su segundo trámite constitucional.
En este marco, y dado su periodo de audiencias previo a la votación, le restan 15 expositores. Tras esto, la instancia votaría la iniciativa y pasaría a la sala.
Información tomada de http://www.pulso.cl/
Source: Diciembre 2016

[Perú] Niña de 11 años fallece después de ser sometida a un aborto

Pide explicaciones. Padre la entregó a tíos para que la críen en Chiclayo. Pasaba pensión mensual y no entiende cómo no se dieron cuenta que estaba embarzada.
Chiclayo. Una niña de once años de edad murió al parecer luego de ser sometida a una práctica abortiva. Su deceso se registró la madrugada de ayer en el servicio de emergencia del Hospital Regional Docente Las Mercedes, en donde los médicos poco pudieron hacer para salvarle la vida, pues los daños ocasionados por la mala praxis le provocó además de una profusa pérdida de sangre, una severa infección.

Según informó el padre de la menor, Demetrio Chachapoyas Guevara (58), a la edad de nueve años su hija dejó Jaén para ir a vivir con sus tíos Nicanor Núñez Reyes y Luz Bertha Criollo Llacsahuanga (38) en el distrito de José Leonardo Ortiz. Su madre había muerto. Refirió que abonaba al mes para su manutención 400 soles y que esperaba le den una buena vida y educación.
Contó que hace tres días le informaron que su hija fue internada en el Hospital Las Mercedes y que debía viajar. Grande fue su sorpresa al saber que los médicos debieron practicarle una isterectomía de emergencia, pues había sido sometida a una práctica abortiva clandestina, la misma que había dañado sus órganos reproductores provocando una severa hemorragia.
Los hechos fueron denunciados ante la Fiscalía, la que ahora está a cargo de las diligencias. Fuentes PNP revelaron que la menor ingresó el viernes por la noche al nosocomio auxiliada por su tío Nicanor Núñez, quien refirió desconocer cómo la menor terminó embarazada.
La muerte de la pequeña convirtió la investigación en un asesinato, aunque se informó que se espera que el Ministerio Público indague este caso como un femenicidio, pues la niña habría sido obligada a abortar.
Información tomada de larepublica.pe
Source: Diciembre 2016

ARGENTINA

País: Argentina
Organización: AMeGES
Nombre de la Iniciativa: “Fortalecimiento de la Atención Integral de las mujeres en Interrupción Legal del Embarazo (ILE): Sensibilización y Capacitación de Equipos de Salud del primer nivel de atención en CABA y Provincia d Buenos Aires, Argentina”, 2016.

La iniciativa tuvo como objetivo general: Jerarquizar y fortalecer el PNA como espacio de resolución de ILE en las RS de Provincia de Buenos Aires y CABA, involucradas en el Acuerdo de Reducción de la Mortalidad Materno Infantil, de la Mujer y de la Adolescente. Así mismo, los objetivos específicos fueron: a) Sensibilizar y capacitar a equipos del PNA en la atención integral y marco legal-normativo de mujeres en situación de ILE; b) Capacitar a profesionales de la salud en los procedimientos para ILE de bajo nivel de complejidad (MSP y AMEU); c) Relevar instrumentos de registros para seguimiento clínico y estadístico de las ILE; d) Diseñar instrumento de difusión a la población usuaria de los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) de los servicios de atención integral en ILE en el PNA.

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Source: Diciembre 2016

 

BRASIL

País: Brasil
Organización: Anis – Instituto de Bioética
Nombre de la Iniciativa: Mujeres de la Epidemia: una campaña para promoción de derechos reproductivos frente a la epidemia del virus Zika en Brasil

Los objetivos planteados en la iniciativa fueron: 1) Desarrollar la identidad visual, incluyendo la viñeta, para la campaña Mujeres de la Epidemia; 2) Producir 10 videos de entre 50’’ y 3’30”, en los que distintas mujeres – mujeres embarazadas, mujeres madres de niños con discapacidad, mujeres con discapacidad y trabajadoras de la salud – cuenten sus experiencias y preocupaciones con respecto a la epidemia del virus Zika. Los videos darán rostros a la tesis de necesidad de protección de derechos sexuales y reproductivos y derechos a la protección social a la maternidad y a la infancia, y mostrarán apoyo al caso constitucional propuesto. Los 10 videos serán publicados a lo largo de la preparación y trámite de la acción judicial y serán producidos y subtitulados en portugués, pero también con opción de subtítulos en español para difusión en otros países de América Latina que en ese momento también enfrentan el debate de la epidemia del virus Zika; 3) Crear una red de movilización con organizaciones feministas, incluyendo otras organizaciones además del Instituto Patricia Galvão, para la difusión de los videos y para el fortalecimiento de la campaña y de la acción de litigio estratégico ante a la Corte Suprema: 4) Seguir con el planteamiento del debate sobre el aborto legal y seguro en las redes sociales de Anis, de manera a demostrar que las violaciones de derechos sexuales y reproductivos analizadas en este momento no han sido creadas por la epidemia del virus Zika, sino agravadas por ella. La campaña regional de CLACAI “Poder Elegir” será uno de los materiales utilizados para la profundización de ese debate.

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Source: Diciembre 2016