Más de 100 organizaciones defensoras de derechos humanos se unen para exigir protección a los derechos de las niñas en la región

América Latina es la única región del mundo donde ha aumentado el número de partos en niñas, por ello Amnistía Internacional, Clacai, Planned Parenthood Global y GIRE lanzan la campaña Niñas, no madres.
Tan sólo en México, según el nuevo informe de GIRE, Violencia sin Interrupción, en los últimos seis años se han registrado más de 28 mil denuncias por violación sexual a niñas menores de 15 años.
Las consecuencias de la violación sexual en la salud y vida de las niñas se agravan cuando se ven forzadas a continuar un embarazo resultado de la agresión. En Ecuador, entre 2002 y 2010 los partos en niñas de 10 a 14 años, aumentaron 78%. En Guatemala, cada cuatro horas se denuncia un caso de violencia sexual contra una niña.


En México, en el periodo de enero de 2009 a junio de 2016, 28 mil 252 niñas menores de 15 años denunciaron haber sido víctimas de violación sexual y sólo a 8.5% (2 mil 419) se le ofreció anticoncepción de emergencia, señalan datos oficiales obtenidos por GIRE a través de solicitudes de acceso a la información y con los que se elaboró el informe Violencia sin interrupción, el cual se puede consultar en http://aborto-por-violacion.gire.org.mx. El problema es aún más grave, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) asegura que se denuncia menos del 10% de lo que en realidad sucede.
“El embarazo forzado y la maternidad forzada ponen en juego la vida de la niñas, pues enfrentan afectaciones en su salud física, mental y en su proyecto de vida”, coinciden Amnistía Internacional, Clacai, GIRE y Planned Parenthood Global, quienes a propósito del Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, lanzan en Latinoamérica la campaña “Niñas, no madres”. Disponible en: http://www.ninasnomadres.org.
En Latinoamérica 40 por ciento de las adolescentes ha sido abusada sexualmente. Las niñas víctimas de violación sexual en la región viven realidades que vulneran sus derechos humanos. Las repercusiones de la violencia sexual se intensifican, dado que las niñas son obligadas a continuar con el embarazo resultado del abuso. Depresión, angustia, estrés postraumático, además de mayores riesgos a su salud física y deserción escolar son solo algunos de los efectos de las maternidades forzadas, como lo documenta el informe titulado “Vidas Robadas” recientemente publicado por Planned Parenthood Global. http://ninasnomadres.org/wp-content/uploads/2016/11/PPFA-Stolen-Lives-Spanish-april-2016.pdf
En el caso de México, el servicio de acceso al aborto a menores víctimas de violación se sigue condicionando, a pesar de que desde marzo de este año la NOM 046 indica claramente que mujeres y niñas mayores de 12 años que hayan sufrido una agresión sexual y, como consecuencia, resultado embarazadas pueden acudir a cualquier centro de salud público a realizarse una interrupción del embarazo, sin necesidad de haber presentado una denuncia por violación, autorización de alguna autoridad (ministerio público o juez) o consentimiento de padre, madre o tutor.
De acuerdo con datos del informe Violencia sin interrupción, a pesar de la modificación de la NOM 046, el IMSS y el ISSSTE dieron como respuesta a solicitudes de información, que en sus hospitales no realizaron ningún aborto legal, al menos en el periodo de enero de 2009 a junio de 2016. La Secretaría de Salud federal simplemente dijo no contar con esa información.
Cada día, en Guatemala cinco niñas menores de 14 años resultan embarazadas y en Perú cuatro niñas se convierten en madres. En Ecuador, solo en 2014, mil 963 niñas tuvieron un parto. En Nicaragua, ocho de cada 10 mujeres víctimas de violencia sexual son niñas menores de 13 años. “Estamos ante una grave problemática de salud pública y derechos humanos que afecta a toda la región. Es urgente que los Estados cumplan con su obligación de proteger los derechos humanos  de las niñas víctimas de violencia sexual de manera integral. Lo cual incluye el acceso a servicios integrales en salud sexual y reproductiva tales como la anticoncepción oral de emergencia y la interrupción legal del embarazo”, señalan las cuatro organizaciones.
Forzar a una niña a convertirse en madre tiene consecuencias graves para su vida, pues trunca su proyecto de vida, hay un parteaguas en la estructura familiar que golpea su economía y las condiciones sociales de la niña y su hijo o hija. Asimismo, es muy probable que si se encontraban en situación de pobreza, permanezcan en esta condición en la siguiente generación.
Para mayor información llamar al 56586684 Ext. 253 con Georgina Montalvo o escribir a gmontalvo@giremx.org.mx o carla.aguirre@ppfa.org
Para información adicional visite: http://ppact.io/stolenlives
Source: Noviembre 2016

[Chile] Famosos se unen a campaña a favor de la despenalización del aborto en tres causales

El Movimiento por los Derechos Sexuales y Reproductivos (Miles) lanzó este miércoles una nueva campaña a favor del proyecto de ley que permite la interrupción del embarazo por tres causales: inviabilidad del feto, riesgo de la vida de la madre y que el embarazo sea consecuencia de una violación.
La campaña, denominada “ellas deciden, yo acompaño”, contempla un video donde aparecen actores y periodistas hombres “que respaldan la plena igualdad de derechos y que entienden que la penalización del aborto es un acto violento contra las mujeres”, señaló la directora de Miles, Claudia Dides.

Se trata de los actores Marcelo Alonso, Claudio Arredondo, Daniel Muñoz y de los periodistas Jorge Said y Gustavo Huerta, “quienes al participar de esta campaña respaldan la autonomía de las mujeres”, comentó Dides.
Los 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Por esto, el viernes está convocada una marcha en 21 ciudades del país.
En ese contexto, Miles llamó a “marchar el viernes para denunciar los 50 femicidios que han ocurrido este año, para repudiar la detención de mujeres que abortan y para exigir el cese de todo tipo de violencia social, estatal, familiar o personal contra las mujeres”.
La manifestación a nivel nacional está siendo convocada por Miles y Frente Amplio, entre otras organizaciones.
 
Información tomada de http://www.biobiochile.cl/
Source: Noviembre 2016

Paloma, de 10 años, tuvo que ampararse para poder abortar tras ser violada en Tabasco

Organizaciones civiles alertan que las autoridades mexicanas ignoran la ley y evitan practicar interrupciones del embarazo a menores violadas, quienes tienen que recurrir a amparos.
Paloma quedó embarazada tras sufrir una violación sexual a los 10 años en Tabasco. Cuando acudió al centro de salud para realizarse un aborto, el personal se negó a atenderla porque “ningún ginecólogo quería practicarlo”, según documentó el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE).
Después acudió al Hospital Regional de Alta Especialidad de la Mujer del estado, donde la ingresaron para tenerla en observación mientras el comité de bioética de la unidad médica decidía sobre su interrupción.

El personal del hospital se excusó de realizar el aborto, argumentando que necesitaban autorización de un juez, aunque en Tabasco se encuentra permitida la práctica del aborto cuando las mujeres embarazadas fueron violadas, o cuando se encuentra en riesgo su vida.
Conforme los días pasaron, el estado de salud de Paloma se agravó con dolores intensos, hinchazón y crisis emocionales recurrentes. No recibió medicamentos.
Las organizaciones GIRE y Católicas por el Derecho a Decidir llevaron el caso ante la Fiscalía General de Tabasco, donde se intentó obstaculizar el acceso de Paloma al aborto, reclasificando el delito de violación como pederastia.
El comité de bioética del hospital determinó que Paloma no estaba mal de salud y que “sólo tiene los malestares normales de cualquier embarazo, que se ven agravados porque sólo tiene 10 años”, por lo que el bebé era viable.
Violencia sin interrupción
En México –de enero de 2009 a junio de 2016– 28 mil 252 niñas menores de 15 años denunciaron haber sido víctimas de violación sexual; de ellas, sólo a 2 mil 419 (8.5%) se les ofreció anticoncepción de emergencia, según el informe Violencia sin interrupción, elaborado por GIRE.
El problema “es aún más grave”, ya que de acuerdo con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), se denuncia menos del 10% de lo que en realidad sucede.
Además, en el país se sigue condicionando el servicio de acceso al aborto a menores víctimas de violación sexual, a pesar de que desde marzo de 2016 la Norma Oficial Mexicana 046 indica que las mujeres y niñas mayores de 12 años que hayan sido agredidas sexualmente y hayan resultado embarazadas pueden acudir a cualquier centro de salud público para interrumpir su embarazo.
Según el informe, a pesar de la modificación de la NOM 046, el IMSS y el ISSSTE dijeron no haber realizado un solo aborto legal, de 2009 a 2016. Por su parte, la Secretaría de Salud federal dijo no contar con información al respecto.
Obligadas a ser madres
“La implementación de la norma es un grave problema que tenemos que seguir denunciando, porque el Estado y las Secretarías de Salud no quieren interrumpir el embarazo y prefieren que estas niñas se conviertan en madres a pesar de los riesgos físicos y emocionales”, dijo durante la presentación del informe Regina Tamés, directora de GIRE.
Además, mencionó, el 60% de los casos de violación o agresión son cometidos por parte de familiares cercanos a las víctimas, lo que dificulta la denuncia “porque seguramente la persona vive contigo o tú dependes económicamente de él”.
Pero ahí no terminan las dificultades: “Lo peor es que muchas de ellas quedan embarazadas y a pesar de que el aborto es legal en el país no se les permite la posibilidad de interrumpir el embarazo”.
Búsqueda del aborto seguro
En su informe, GIRE documentó el caso de otras menores de edad embarazadas como consecuencia de haber sido víctimas de violación.
Muchas de ellas, tal como Paloma, tuvieron que recurrir a procesos legales como amparos para que se les permitiera abortar.
Algunas otras han tenido que ser acompañadas desde el estado del que son originarias al Distrito Federal, donde reciben la atención médica necesaria para practicarse el aborto y volver a su hogar “simplemente porque a la autoridad no le da la gana cumplir con la norma de hacer el acceso al aborto por violación”.
Por ello, organizaciones como GIRE y Católicas por el Derecho a Decidir brindan acompañamiento a las mujeres embarazadas para presentar amparos y que se garantice el acceso a sus derechos.
Tomado de http://www.animalpolitico.com/
Source: Noviembre 2016

[Argentina] Este jueves la Comisión de Salud de Diputados discutirá la legalización del aborto

Se realizará en el Congreso de la Nación una “reunión informativa” sobre la despenalización y legalización del aborto. La misma tendrá lugar en la Comisión de Salud y Acción Social de la Cámara de Diputados desde las 11 de la mañana en el Salón C del Anexo 2. Participarán diputados, diputadas y especialistas en la materia. Aunque la misma no emitirá dictamen, desde la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito saludaron la convocatoria.
“Esperamos que sea el inicio del debate que nos permita avanzar en la concreción del derecho a decidir para todas las argentinas”, dijeron en un comunicado desde la Campaña por el Derecho al Aborto al enterarse de la reunión de este jueves.

En Argentina, hace más de 20 años que el índice de mortalidad materna se mantiene estable en cuatro cada 10 mil nacidos vivos, informaron desde la Campaña, lo que evidencia, “la falta de compromiso político con la salud de las mujeres”. “Son alrededor de 300 muertes por año, por causas 80% evitables, lo que constituye una violación a los derechos humanos”, agregaron.
Además, subrayaron que la primera causa de muerte materna “es el aborto inseguro que además produce alrededor de 60 mil internaciones anuales en hospitales públicos”. “Las mujeres que mueren son en su mayoría jóvenes y pobres”, plantearon. Para la articulación que nuclea a más de 400 organizaciones de todo el país, la despenalización del aborto “no sólo es un tema de salud pública sino también de justicia social y de igualdad. Pero es además una cuestión de democracia porque sólo en democracia se reconocen y amplían los derechos humanos”.
Por otro lado, alertaron sobre la “creciente criminalización de las mujeres” y recordaron los casos recientes de “Juana”, en Salta, una niña wichi a quien no garantizaron el acceso al aborto tras haber sido violada, y de “Belén”, en Tucumán, que si bien está en libertad aún no ha sido absuelta y fue condenada a ocho años de prisión tras un aborto espontáneo.
“Nuestra sociedad hace varios años viene debatiendo intensamente la problemática del aborto y los efectos negativos que su actual estatus legal tiene para la vida, la salud y los derechos de las mujeres”, sostuvieron. Y agregaron que prueba de ello son “las amplias movilizaciones sociales en los Encuentros Nacionales de Mujeres, y también la incorporación del aborto legal en la agenda de #NiUnaMenos”. “La clandestinidad violenta a las mujeres y las muertes por aborto inseguro constituyen femicidios de Estado”, afirmaron.
Aunque socialmente es un tema instalado, el Parlamento se niega sistemáticamente a debatirlo con profundidad y avanzar en la modificación de la legislación. Desde la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito presentaron este año un proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), elaborado por una comisión de expertas en base a los aportes de miles de mujeres que discutieron en foros organizados en todo el país durante el año 2015. Desde 2007 que esta coalición viene presentando la iniciativa en Diputados.
El proyecto actual está firmado por Victoria Donda en primer lugar y la acompañan 40 legisladores de la mayoría de los bloques políticos.
Foto: Axel Lloret / Unidiversidad.com.ar
Información tomada de notas.org.ar
Source: Noviembre 2016

Triunfo de Trump podría amenazar jurisprudencia sobre aborto

Nueva York.- Roe contra Wade, la histórica decisión de 1973 de la Corte Suprema que legalizó el aborto en Estados Unidos, podría estar en peligro bajo la presidencia de Donald Trump.
Si una reconfigurada corte suprema revocase el fallo, el resultado podría ser un mapa irregular. Algunos estados protegerían el acceso al aborto, otros podrían promulgar duras prohibiciones y muchos estados enfrentarían problemas para determinar los nuevos límites.

Trump, que tendrá que llenar al menos una vacante en la Corte Suprema, ha prometido designar a jueces “pro vida” que podrían estar dispuestos a debilitar o revertir Roe. Con la vacante actual, el alto tribunal tiene una mayoría de 5-3 que respalda el derecho al aborto, y uno de esos cinco debería abandonar su puesto para propiciar la mayoría antiaborto en la corte.
Información tomada de elnuevoherald.com
Source: Noviembre 2016

“La objeción de los médicos casi me cuesta la vida”

Un juez ha obligado a la sanidad gallega a indemnizar con 270.000 euros a una paciente que perdió el útero tras ser derivada a Madrid para abortar. La mujer relata su vía crucis.
“No he vuelto a ser la misma desde entonces”. Paula rompe a llorar al recordar lo que sucedió hace cuatro años, cuando tuvo que recorrer los 600 kilómetros que separan Burela (Lugo) de Madrid por carretera para interrumpir su embarazo, muy deseado pero inviable.

La sanidad pública gallega se negó a practicar un aborto apelando a la objeción de conciencia de los facultativos. Tras un difícil viaje en coche, acudió a la clínica privada madrileña que le había indicado el Servicio Gallego de Salud. Allí la trasladaron de urgencia al hospital La Paz por su grave estado. Perdió el útero. La justicia, en una dura sentencia, ha condenado al Sergas a indemnizarla con 270.000 euros. La reconstrucción de su vía crucis muestra los problemas que aún existen en algunos lugares de España para practicar abortos tardíos y cumplir la ley. “El derecho a objetar de los médicos casi me cuesta la vida”, lamenta.
Una cadena de errores en las pruebas diagnósticas llevadas a cabo en el hospital de Burela fue la que provocó que se detectaran tarde, a los siete meses de embarazo, las graves alteraciones cromosómicas que tenía el feto y que conllevaban que este fuera “incompatible con la vida”; es decir, que no podía sobrevivir.
Pero ningún médico quiso interrumpir su embarazo ni en su hospital ni en ningún otro de la comunidad autónoma. Finalmente, el servicio de salud gallego le dijo que, para “respetar el derecho a la objeción de conciencia de los profesionales”, la Administración pagaría la interrupción del embarazo, pero en una clínica de Madrid. En ese momento ya estaba en la semana 32 de gestación.
Paula emprendió el viaje. “Tuve que dejar a mi otra hija de tres años con mi madre y viajar con mi pareja”, relata. “Llevaba ya días con dolores vaginales, pero en el hospital me decían que eran gases”. Fue un nuevo error, porque resultó que tenía el útero vascularizado. Por eso, cuando llegó a la clínica con un sangrado vaginal, estaba tan grave que fue trasladada al hospital de referencia, donde le salvaron la vida. Le practicaron una cesárea para extraer el feto, un bebé inviable que murió a los 90 minutos de nacer, y le quitaron el útero para detener la hemorragia. No podrá ser madre de nuevo.
“Fue todo tremendo”, recuerda. “Nos preguntaron si queríamos ver al bebé, si queríamos que lo reanimaran, pese a que era incompatible con la vida. Tuvimos que incinerarlo y volver a casa con sus cenizas”.
“Perjuicios físicos y psíquicos que hay quien resarza”
De vuelta ya en Galicia, tras una semana ingresada en el hospital madrileño y con su pareja alojada mientras tanto en un hotel, Paula recibió del Sergas al cabo del tiempo el pago correspondiente al kilometraje del viaje.“En total, algo más de 80 euros”, recuerda. “Ni siquiera me llamaron del hospital de Burela, como hacen con todas las parturientas, para citarme para una revisión. Mucho menos para pedirme disculpas por las enormes negligencias”.
Paula está en tratamiento psiquiátrico desde entonces. El magistrado que ha condenado al Servicio Gallego de Salud considera que la negligencia denunciada por la afectada “rebasa los estándares de lo tolerable” con “perjuicios físicos y psíquicos que no hay quien los resarza”.
La “extensión innecesaria del embarazo” de Paula representa “un fracaso estrepitoso del sistema” sanitario público, según la sentencia. Marcos Amboage, el magistrado del juzgado 2 de lo Contencioso-Administrativo de Lugo que la firma, entiende que “resulta difícilmente aceptable que no se disponga de un centro público en Galicia” para practicar las interrupciones del embarazo que garantiza la ley.
Tras la difusión de la condena judicial, el presidente autonómico, Alberto Núñez Feijóo, pidió públicamente disculpas a la afectada y anunció que buscaría la fórmula para “hacer compatible” el derecho de las mujeres gallegas a abortar con el de los médicos a objetar. Francisca Fernández, abogada de Paula, asegura que su caso no es único. Ha presentado otras dos reclamaciones de pacientes afectadas por la objeción de conciencia de los profesionales de la red pública gallega. El Sergas, por su parte, insiste en que el derecho a la interrupción del embarazo está garantizado en los términos que recoge la ley y señala que en este momento se están practicando algunos abortos correspondientes al segundo trimestre en los hospitales públicos de A Coruña y Ourense.
En todo caso, Galicia no es una excepción. En la red pública española se practica una mínima parte de los abortos legales. La mayoría, el 90% en 2014 según datos del Ministerio de Sanidad, se deriva a clínicas privadas, algo que permite la ley. Pero el problema surge cuando la derivación se hace a una clínica que está a cientos de kilómetros o cuando no hay profesionales para llevar a cabo abortos tardíos que requieren un hospital.
La objeción en la ley
La ley del aborto de 2010 indica específicamente que las interrupciones de embarazo debidas a que el feto es incompatible con la vida o tiene una enfermedad extremadamente grave e incurable, como en el caso de Paula, “se realizarán preferentemente en centros cualificados de la red sanitaria pública”. Son abortos más complicados porque no hay fecha límite para llevarlos a cabo y en ocasiones la anomalía mortal se descubre tarde. Un 0,32 del total de las interrupciones de embarazo en 2014, según datos del Ministerio de Sanidad, se produjeron por esta causa. Unos 300, más o menos, de un total de 94.796.
La objeción de conciencia de los médicos está contemplada en la ley del aborto de 2010, pero con ciertos límites. El artículo 19.2 de esta norma indica que “los profesionales sanitarios directamente implicados en la interrupción voluntaria del embarazo tendrán el derecho a ejercer la objeción de conciencia sin que el acceso y la calidad asistencial de la prestación puedan resultar menoscabadas”.
El informe “Deficiencias e inequidad en los servicios de salud sexual y reproductiva en España”, realizado por 13 organizaciones entre las que figuran Women’s Link y Médicos del Mundo, hace hincapié en la desigualdad en el acceso a los servicios hospitalarios públicos de las mujeres que desean interrumpir sus embarazos en función de la comunidad autónoma en la que vivan. El documento destaca que en la sanidad pública de Aragón, Extremadura, Castilla-La Mancha y Murcia no se realizó ningún aborto en los hospitales públicos en 2014, según los datos del ministerio. Todos ellos fueron derivados a centros privados concertados.
Otro de los problemas es el método. Un aborto se puede practicar a través de fármacos que apenas implican al médico o a través de métodos instrumentales que sí lo hacen. En Galicia, la Fiscalía ha abierto una investigación para determinar si existe responsabilidad penal por parte del Sergas en la práctica de algunos abortos terapéuticos (desde la semana 14 hasta la 22 de gestación, por anomalías fetales o riesgo para la vida o salud de la madre o el feto, menos del 10% del total) realizados “mediante fármacos y sin asistencia médica” en hospitales públicos, según han denunciado varias afectadas
Blanca Cañedo, vocal en Asturias de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del embarazo (ACAI), insta a la Administración a formar a los médicos en la práctica instrumental de la interrupción del embarazo en las facultades. En su opinión, el método farmacológico es “una brutalidad en los casos de más de 14 semanas de gestación ya que mantiene a las mujeres con síntomas de parto durante días hasta que expulsan el feto”.
El presidente de la Federación de Planificación Familiar Estatal (FPFE), Luis Enrique Sánchez, opina que una de las principales causas por las que algunos hospitales públicos no realizan interrupciones de embarazo es que “las consejerías de sanidad no han fijado la obligación y los servicios de ginecología hospitalarios prefieren no planteárselo, aludiendo a problemas organizativos, falta de quirófanos o escasez de recursos”. En su opinión, se trata de una cuestión de “falta de voluntad política de los responsables sanitarios”.
En el caso de Paula, que usa un nombre ficticio para este reportaje, la sentencia reconoce que la sanidad pública no le ofreció los recursos adecuados. Ella está segura de que si hubiera podido interrumpir su embarazo en Galicia no habría perdido el útero y la capacidad para ser madre biológica de nuevo.
Información tomada de http://politica.elpais.com/
Source: Noviembre 2016

[México] Ante la criminalización del aborto, el acompañamiento

En Puebla mujeres organizadas ofrecen información y ayuda para practicar la interrupción de embarazos no deseados
Cuando sonó el teléfono por primera vez, Ana* ya esperaba la típica llamada de una mujer pidiendo información para interrupir un embarazo. Pero esta vez la voz del otro lado se quedó muda. Después de varias llamadas sin intercambio de alguna palabra, la persona que llamó soltó las primeras dudas con poco sentido y antes de que Ana pudiera aclarar las preguntas, la conexión se cortó. Esto sucedió varias veces hasta que por fin llegó el mensaje: necesito tu ayuda.
Poco después Ana se reunió con ella, una joven estudiante, desesperada por un embarazo quien pese a su fuerte oposición al aborto había decidido que era su única salida de esta inesperada situación. Le contó a Ana que le fue muy difícil convencer a sus padres que la dejaran salir de su pueblo en Oaxaca para irse estudiar a la ciudad de Puebla y no podía tirar la oportunidad de cumplir sus sueños.

Ana le sugirió ir a la Ciudad de México a abortar en una de las clínicas de la Secretaría de Salud del Gobierno del Distrito Federal que ofrecen interrupción de embarazo gratuita a mujeres de otros estados, sin embargo la joven rechazó la propuesta ya que no contaba con el dinero para el pasaje. Cuando Ana le dijo que podía pagarle los viáticos, la joven le confesó que sufría violencia psicológica. Con la pareja controlando todos sus movimientos era imposible viajar a la capital para realizar la interrupción de manera legal. Su única opción era hacerlo en su casa con medicamentos.
En Puebla la interrupción del embarazo es legal sólo si cumple con una de cuatro causales: cuando el embarazo sea el resultado de una violación, si la mujer corre peligro de muerte, cuando el aborto se deba a causas eugenésicas (enfermedades o deficiencias congénitas) graves o cuando sea causado por imprudencia de la mujer.
Si la mujer no cumple con ninguno de los requisitos puede viajar a la Ciudad de México, la única entidad en el país que posibilita la interrupción del embarazo a voluntad de la mujer hasta las 12 semanas de embarazo. Entre las organizaciones que brindan apoyo financiero, emocional y logístico a mujeres que desean acceder a este servicio están Fondo María y la Red por los derechos sexuales y reproductivos en México (Ddeser).
“Cuando una mujer expresa el deseo de interrumpir su embarazo, la contactamos con nuestras compañeras de la Ciudad de México. Ellas se encargan de todo: la recogen en la terminal de autobuses, acompañan a la clínica, esperan a que salga y la regresan nuevamente a la terminal”, explica Valeria García Gaona, una de las coordinadoras de Ddeser en el estado de Puebla. Si la mujer no cuenta con recursos para el viaje, la red le puede pagar todos los gastos, incluido el pasaje, la comida y el alojamiento, ya que muchas de las mujeres que viven en las comunidades lejanas necesitan viajar a la capital un día antes.
De 2008 hasta la fecha alrededor de 800 poblanas interrumpieron su gestación en clínicas de la Secretaría de Salud del Gobierno del Distrito Federal, sin embargo esta cifra no representa a todas las poblanas que se sometieron a este procedimiento ya que muchas de ellas acuden a clínicas privadas. Sólo Ddeser anualmente acompaña más de 100 mujeres provenientes del estado de Puebla, aunque por supuesto es imposible saber cuántas más lo hacen sin solicitar su apoyo.
Sin embargo, como en el caso de la joven oaxaqueña, no todas las mujeres quieren o pueden aprovechar la opción de viajar a la Ciudad de México, así que deciden recurrir a los mismos medicamentos que se utilizan en dichas clínicas.
“Nosotras manejamos dos protocolos de medicamentos: uno es sólo misoprostol y el otro es la combinación de mifepristona con misoprostol”, cuenta Ana, integrante de un grupo de cuatro mujeres que, conscientes de que la penalización de la interrupción del embarazo no disminuirá su práctica y enfrentadas con los casos de mujeres que ponen en riesgo su salud y su vida acudiendo a hierberas, tomando grandes cantidades de medicamentos como analgésicos, antibióticos y anticonceptivos, introduciéndose ganchos y palos en su vagina o aventándose por las escaleras, decidieron brindar información y acompañamiento a las poblanas que desean abortar en su propia casa de manera efectiva y segura.
El primer paso es siempre asegurarse que la mujer no tiene más de 12 semanas de gestación. El segundo es comprobar que la identidad de la mujer coincide con el nombre de la prueba del embarazo. Luego se le explica dónde conseguir el medicamento, cómo tomarlo de manera correcta, cuántas pastillas y cada qué tiempo tienen que tomarlas, qué van a sentir, cuáles son los efectos secundarios y cuáles son los signos de alarma.
Ana y sus compañeras recomiendan la combinación de mifepristona y misoprostol ya que es más efectiva y con menos efectos adversos, sin embargo algunas mujeres prefieren tomar sólo el misoprostol ya que se puede comprar en cualquier farmacia sin receta, lo que lo hace más accesible. Durante todo el proceso del aborto Ana o alguna de sus compañeras mantienen comunicación con la mujer. “Nos cuentan cómo se sienten, si ya empezaron a sangrar, cuáles son los síntomas, estamos con ellas para ver si todo va normal hasta que termina el sangrado. Les pedimos que se hagan una revisión (ultrasoniso) para ver si el procedimiento terminó correctamente y de ser así, terminamos el proceso con ellas.”
Ana destaca la seguridad de este tipo de interrupción, ya que en cuatro años ninguna de las mujeres ha tenido alguna complicación. Aun así cuentan con el apoyo de médicos aliados, dispuestos en ayudarles en cada momento. Además en caso de emergencia la mujer puede buscar atención en cualquier institución de salud sin miedo de ser perseguidas por la inducción del aborto, agrega.
Entendiendo que muchas mujeres prefieren interrumpir embarazo solas, sin acompañamiento, Ana recomienda revisar con cuidado la información publicada en la red. “Nos preocupa que hay mucha información errónea o contradictoria con respecto al tema. Puedes encontrar páginas que dicen cosas totalmente distintas, lo que pone a las mujeres en el dilema, ¿a quién le hago caso?” De las páginas de internet con información comprobada Ana recomienda notebaja.org.
*El nombre real ha sido cambiado a solicitud de la declarante.
Información tomada de la web http://ladobe.com.mx/
Source: Noviembre 2016

EE.UU.: 43% de los abortos se realizan con fármacos

Ello ocurre luego de cambios en legislaciones y sistemas de distribución de los medicamentos, y también por la limitación del acceso a los abortos quirúrgicos.
Reuters. Las mujeres estadounidenses ponen fin a sus embarazos a través de medicamentos casi con la misma frecuencia que mediante cirugía, lo cual supone un punto de inflexión en Estados Unidos, según muestran datos revisados por Reuters.
Este hito se produce en medio de una tendencia de reducción del número de abortos practicados, una elección que sigue teniendo una enorme carga política en Estados Unidos y que ha provocado un encendido intercambio de posturas en el debate final entre los dos candidatos presidenciales, la demócrata Hillary Clinton y el republicano Donald Trump.

Cuando hace 16 años se aprobaron en EE.UU. los dos medicamentos para inducir el aborto, se esperaba que este método superase rápidamente la opción quirúrgica, como había ocurrido en gran parte de Europa. Sin embargo, los opositores a la interrupción del embarazo persuadieron a los legisladores de muchos estados para introducir restricciones a su uso.
A pesar de que muchas de estas barreras siguen vigentes, los esfuerzos innovadores de distribución llevados a cabo en algunos estados, así como las limitaciones de acceso al aborto quirúrgico en otros y una mayor sensibilización, han elevado los abortos con medicamentos a un 43% del total de las interrupciones de embarazos en las clínicas de planificación familiar Planned Parenthood, el mayor proveedor de el país de estos servicios.
Este porcentaje, correspondiente al año 2014, se situó en el 35% en 2010, según datos no habían sido revelados previamente por la organización sin ánimo de lucro.
La media nacional es probablemente mayor ahora, ya que las nuevos protocolos de prescripción de ámbito federal entraron en vigor en marzo. En tres de los estados en los que este cambio ha tenido un mayor impacto (Ohio, Texas y Dakota del Norte), la demanda de aborto a través de medicamentos se triplicó en los últimos meses hasta un 30% del total de intervenciones, según datos recopilados por Reuters.
Entre los estados con menos restricciones o que carecen de estas, este método de interrupción del embarazo supone un porcentaje todavía mayor, alcanzado hasta un 55% en Michigan y un 64% en Iowa.
Información tomada de http://clustersalud.americaeconomia.com/
Source: Noviembre 2016

Obligadas a ser madres en Chile

El transandino es uno de los cinco países del mundo donde el aborto todavía está penalizado en todas sus formas.
El test de embarazo ha dado positivo. Repites la prueba. Ya no hay dudas, estás embarazada. No lo puedes creer o, simplemente, no lo quieres creer. Porque fuiste violada, porque no tienes ninguna capacidad económica de mantener un hijo, porque el médico te ha advertido de que el embarazado podría matarte o porque el feto es inviable. Solo se te pasa por la cabeza una cosa, la interrupción del embarazo sería la única forma de salir adelante. Piensas que es tú cuerpo, tú decisión. Pero existe un problema, la legislación chilena penaliza el aborto en todas sus formas. Hoy por hoy, la ley manda en el cuerpo de las mujeres. No hay excepción, en Chile eres una delincuente.

El Código Sanitario chileno prohibe cualquier acción cuyo fin sea provocar un aborto y el Código Penal establece penas de prisión para la mujer que lo realice y quien le ayude, sea o no un profesional de la salud. En la actualidad, sólo cuatro países del mundo comparten un nivel punitivo tan alto: El Salvador, Nicaragua, República Dominicana y Malta —cinco si se incluye El Vaticano—. “La criminalización total del aborto niega el derecho a la vida, a la salud, a la integridad física y psíquica, a la privacidad de las mujeres y niñas e implica un trato inhumano y degradante”, explica Ana Piquer, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Chile.
El pasado 17 de marzo y después de un año de debate, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley tres causales, que regula el aborto en caso de peligro de vida de la mujer, inviabilidad fetal y violación. Sin embargo, la nueva legislación todavía tiene que ser ratificada por el Senado, donde duerme desde hace meses. “Bajo la lógica de que hay que escuchar a todos, se disfraza el no legislar más rápidamente, el no votar”, critica Carolina Carrera, presidenta de la corporación Humanas. “El proyecto ya es bastante reducido y el temor que las organizaciones de mujeres y feministas tenemos es que todavía se reduzca aun más”, concluye. A día de hoy, el debate sigue abierto y la ley vigente, las mujeres que deciden abortar cometen un delito.
El aborto terapéutico fue legal en el país transandino hasta septiembre de 1989, cuando la dictadura de Pinochet, en uno de sus últimos coletazos, modificó el Código Sanitario para que la interrupción del embarazo quedará penalizada en todas sus formas. Sin embargo, las mujeres siguieron abortando, de múltiples maneras y por múltiples motivos. Según cifras del Ministerio de Salud, los egresos hospitalarios de mujeres por aborto son más de 33.000 al año. “La penalización no evita que las mujeres aborten, solo provoca que lo hagan en condiciones inseguras. Las mujeres en Chile abortamos”, sentencia Siomara Molina, directora de la campaña Yo decido y Soy libre. La prohibición impide establecer cifras totales precisas, pero diversos estudios estiman que el número de abortos por año va desde los 60.000 hasta los 160.000.
La ilegalidad ha condenado al aborto a la clandestinidad. Sin embargo, existen diversos métodos para interrumpir el embarazo. Desde viajes al extranjero o abortos en clínicas privadas hasta la introducción de instrumentos en la vagina o el uso de hierbas que provocan infecciones. Normalmente, la capacidad económica será la que determine la capacidad de hacerlo en condiciones más o menos seguras. “Hay mujeres que sí van a poder practicarse un aborto seguro, fuera de la legalidad, pero seguro. Y mujeres que no van a tener la posibilidad y en la desesperación puedan recurrir a mecanismos terriblemente peligrosos”, explica Ana Piquer. En la actualidad, el uso del Misotrol, un medicamento aprobado para tratar úlceras gástricas, ocupa un lugar principal. Se puede conseguir a través de las redes sociales y permite interrumpir el embarazo entre las 9 y las 12 semanas.
La falta de garantías ha motivado la aparición de redes de apoyo de mujeres, colectivos que informan, ayudan y acompañan a aquellas que toman la decisión de abortar. “Somos mujeres que estamos a favor del aborto y que sabemos que no podemos hacerlo solas. Es una medida de protección”, explica Valentina Aguilera, estudiante secundaria e integrante del colectivo Lemebel. La organización y el crecimiento de los grupos feministas, ha permitido que las redes de apoyo crezcan cada día. “El aborto se produce en condiciones de riesgo, de estigmatización social, de persecución jurídica y persecución policial; por eso son tan importantes las redes. No abortamos solo en nuestro cuerpo, si no en el de todas las mujeres que acompañamos”, cuenta Siomara Molina.
Durante el último año, la discusión sobre el aborto ha estado muy presente en la sociedad chilena. Se estima que el 73% población está a favor de despenalizar el aborto en los casos de riesgo de vida de la mujer, inviabilidad del feto y violación. No obstante, las tres causales representan menos del 5% del total de abortos que se realizan en Chile, lo que implica que la mayoría de mujeres seguirán abortando en la clandestinidad. Una reflexión más profunda se vuelve necesaria. La capacidad de las mujeres de decidir sobre sus cuerpos y la legitimidad del Estado para tutelar sus vidas es una pregunta de la que no se puede escapar.
Víctimas de una moral impuesta
Marisol Garcés —a la que todos llaman Sol—, estudia hoy en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. En diciembre del 2014 tenía 20 años y vivía en Valdivia. Pocas semanas después de acabar una relación de más de un año, se empezó a sentir extraña. Estaba embarazada. Lo primero que se le pasó por la cabeza fue abortar porque no tenía la capacidad de tener ni mantener una guagua (bebé). Tuvo miedo. Sabía que tenía que hacerlo de forma clandestina, que el Estado y la sociedad la juzgarían. También tuvo vergüenza. Pero se acompañó de su hermana y no se resignó a ser una víctima, quiso tener la oportunidad de decidir. Su historia le pertenece a ella, pero hoy ha decido contarla.
Luego de vivir un aborto y después de sentir como todos decidían sobre su cuerpo y su vida, se ha dispuesto a tomar su experiencia por bandera. Salir a la calle junto a muchas otras y pelear junto a tantas más. “El aborto es algo muy real que nos afecta a muchísimas de nosotras y la única solución pasa por concebir la libre determinación sobre nuestros cuerpos como un derecho”, explica.
Sin alternativas seguras
Francisca González es socióloga y llegó desde La Serena a Santiago hace más de un año, donde vive con su marido y su hijo Lucas de tres años. En febrero del 2015, cuando estaba embarazada de siete meses, los médicos le comunicaron que su guagua venía con una cardiopatía congénita. A los trece días de nacer y tras una difícil operación, falleció su hija Trinidad.
Meses después, mientras intentaban seguir adelante, se enteró de que de nuevo estaba embarazada. Se alegró por la nueva oportunidad de ser madre, pero a las doce semanas el doctor observó que, una vez más, algo no estaba bien. La guagua tenía anencefalia, una enfermedad incompatible con la vida. El mundo se le vino abajo. Después de lo que había sufrido, estaba preparada para casi todo, pero no podía vivir un embarazo de nueve meses sabiendo que su hijo moriría al nacer. El aborto era la única opción.
Información tomada de http://elpais.com/
Source: Noviembre 2016

Propuesta en el Congreso salvadoreño para despenalizar el aborto

Si hace unos meses relatábamos en Tribuna Feminista que la ley del aborto en El Salvador es una de las más punitivas del mundo, ahora el país de Latinoamérica vuelve a ser noticia, pues desde el pasado 12 de octubre se debate en el Congreso una propuesta para despenalizar el derecho a decidir, defendida por Lorena Peña, presidenta de la Cámara.
En los supuestos que se quieren incluir están los casos de violación o estupro, cuando la vida de la madre corra riesgo o la inviabilidad del feto para sobrevivir.

Peña, del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, se ha encontrado de momento con la firma oposición de los conservadores, decididos a paralizar esta reforma.
Hasta 40 años de cárcelLa ley salvadoreña es tan restrictiva y punitiva que, actualmente, unas 25 mujeres se encuentran en la cárcel con condenas por “homicidio agravado” con penas de hasta 40 años de cárcel por abortos espontáneos.
Uno de los casos que más trascendencia internacional tuvo fue el de Beatriz, de 22 años, que en 2013 fue obligada a continuar su embarazo pese a padecer lupus y que el feto, que nunca desarrolló su cerebro, estaba condenado a morir en el nacimiento. Fue la Corte Interamericana de Derechos Humanos la que intervino y permitió que Beatriz fuera inducida a una cesárea temprana, tras la cual el feto moría.
Campaña de informaciónPor su parte, las distintas asociaciones que forman parte de Alianza por la Salud y Vida de las Mujeres se encuentran difundiendo materiales informativos sobre las causales que entrarían en la propuesta de reforma de ley del articulo 133 de código penal. Aquí uno de los vídeos con los que informan sobre la propuesta:
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Tomado de http://tribunafeminista.org/
Source: Noviembre 2016