[Argentina] Derecho al aborto: una cuestión de salud pública urgente

Cuando hablamos de aborto, los números hablan por sí solos: hoy se estima que cada año tienen lugar en todo el mundo aproximadamente 50 millones de abortos, de los que 30 millones ocurren en condiciones de legalidad y 20 millones en condiciones de clandestinidad, bajo la amenaza de la criminalización. Entonces, claramente, lo primero que hay que decir es que los datos demuestran que la penalización del aborto no impide su práctica.
Como resultado de esta prohibición, la clandestinidad del aborto se ha convertido en un grave problema de salud pública, que amenaza la vida y la salud de las mujeres con resultados alarmantes, sobre todo para aquellas que carecen de los medios necesarios para interrumpir un embarazo en condiciones de salubridad y deben acudir a métodos terriblemente precarios. Esa es la razón por la que debería despenalizarse y legalizarse ya mismo el derecho al aborto.

Además, la clandestinidad del aborto genera un negocio altamente redituable para las clínicas privadas. Practicarse un aborto séptico, en condiciones de salubridad, hoy cuesta unos 17 mil pesos. Dos o tres veces más que lo que percibe casi la mitad de las mujeres trabajadoras del país, gran parte de ellas jefas de hogar, que trabajan en forma precaria, sin obra social ni aportes jubilatorios, y que además son sometidas hasta a los test de embarazo para conseguir un empleo precario, o echadas a la calle si quedan embarazadas.
Según una investigación realizada en 2009 por un equipo de periodistas de Radio Nacional, el aborto en nuestro país involucraba para ese entonces mil millones de pesos anuales. Cifra que ya distaba abismalmente de los 35 millones de pesos con los que contó ese año el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable; programa que hoy, bajo el Gobierno de Mauricio Macri, se encuentra directamente desfinanciado y con muchas de sus trabajadoras despedidas como parte de una política de vaciamiento que atenta contra otro derecho elemental de las mujeres: el acceso a la salud sexual y reproductiva.
Durante los últimos dos años, vimos a muchos candidatos, funcionarios y funcionarias políticas, tanto de la gestión anterior como de esta, sacarse la foto con el cartel de “Ni una menos”, pero lo cierto es que ningún gobierno se propuso impulsar políticas públicas que reparen y pongan fin a tantas muertes absurdas y evitables como las que representan las muertes por aborto clandestino, en lo que constituye una verdadera masacre lenta y persistente. Mujeres que, en cambio, cuando deciden ser madres, tendrán que pelear para llegar a fin de mes, para dar abrigo a sus hijos en un contexto de tarifazos y alimentarlos con un salario significativamente menor a los que perciben los varones por el mismo trabajo.
El grito ensordecedor de ese medio millón de mujeres que aborta cada año en Argentina tiene que ser escuchado. Ya hace décadas que miles de mujeres en todo el país exigen que este derecho a no morir por aborto clandestino sea reconocido y garantizado por el Estado y todas sus instituciones, sin la injerencia de la Iglesia ni de las decisiones ideológicas o morales de los gobiernos de turno.
El proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo fue presentado por primera vez en 2007 por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, que integran más de trescientas organizaciones y que hemos acompañado activamente durante todos estos años desde la agrupación de mujeres Pan y Rosas y el Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS) en el Frente de Izquierda. Hemos logrado que esta lucha se nacionalice como nunca antes y reciba un amplio apoyo de la sociedad, como lo vimos en el Encuentro Nacional de Mujeres de Rosario y en el amplio rechazo que despertó la condena a Belén, que fue liberada tras una gran movilización nacional, y para quien seguimos exigiendo la anulación de su condena.
Ese enorme apoyo social que hemos ido conquistando también se traduce en números. Según Ibope, por ejemplo, más del sesenta por ciento de la población está a favor de la legalización completa, en todos los casos, de los embarazos no deseados. Una clara muestra de que no es la sociedad la que no está a la altura del debate, sino el propio Congreso Nacional, donde la amplia mayoría de sus integrantes responde a los intereses de los gobiernos de turno, la Iglesia y los sectores más reaccionarios.
Por eso, aunque con mi compañero Nicolás del Caño y todos los diputados del Frente de Izquierda acompañamos este proyecto con nuestra firma, en las ocasiones en que tuvimos la oportunidad, siempre sostuvimos, y lo seguimos haciendo, que sólo con la organización y la movilización de las mujeres, en un fuerte y combativo movimiento, que pelee en las calles y de manera independiente por nuestros derechos elementales, a decidir y a no morir por abortos clandestinos, es que podremos arrancarle la ley al Congreso.
Como lo hicimos el pasado fin de semana en el multitudinario encuentro que reunió a más de setenta mil mujeres en Rosario, volvemos a alzar bien en alto la necesidad de impulsar una gran campaña nacional que exija la separación de la Iglesia y el Estado y el derecho a la educación sexual para decidir, a los anticonceptivos gratuitos para no abortar y al aborto legal, seguro y gratuito en todos los hospitales públicos, para no morir.
@myriambregmanLa autora es abogada del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH) y el Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS).Información tomada de http://www.infobae.com/
Source: Octubre 2016

Mujeres protestan en Polonia contra posible restricción de la ley del aborto

Grupos de mujeres vestidas de negro protestan hoy en las principales ciudades polacas contra la posibilidad de que se restrinja la ley del aborto, después de que el partido gobernante, Ley y Justicia, se haya manifestado a favor de prohibirlo en los supuestos de malformación del feto.
Un pequeño grupo de feministas y activistas en defensa de los derechos de la mujer se concentró en el centro de Varsovia para recoger firmas en contra de cualquier endurecimiento de la legislación.
“Estamos recogiendo muchísimas firmas de apoyo, ni siquiera podemos contarlas, mucha gente quiere firmar para lograr una Polonia más libre”, aseguró a Efe una de las participantes en la iniciativa.

La concentración vivió momentos de tensión cuando un grupo de activistas pro-vida hizo acto de presencia para manifestarse pacíficamente y fueron recibidos con insultos e intentos de agresión por parte de las mujeres reunidas para defender el derecho al aborto, lo que obligó a intervenir a la policía.
En todas las concentraciones organizadas hoy se exige al Gobierno polaco que respete el derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo.
Esta jornada de protestas tiene lugar después de que el pasado 3 de octubre alrededor de 100.000 mujeres vestidas de negro saliesen a la calle en el país para mostrar su oposición a una iniciativa popular que, respaldada con cerca de medio millón de firmas, pedía la prohibición casi total del aborto y penas de cárcel para las mujeres que abortasen y para el equipo médico.
La acción, que se bautizó como “lunes negro”, logró que tres días después el Parlamento polaco acabase desestimando la propuesta de prohibir el aborto, a pesar de haberla admitido a trámite poco antes.
El partido Ley y Justicia, que controla la Cámara Baja tras su mayoría absoluta en las pasadas elecciones generales, dijo entonces que rechazaba la prohibición del aborto y las penas de cárcel, aunque se mostró partidario de limitar la actual ley para, por ejemplo, evitar la interrupción del embarazo en los supuestos en que se detecte que el feto sufre síndrome de Down.
El ideario de este partido se identifica con los valores de la iglesia Católica, que también aplaude cualquier avance para endurecer la ley del aborto de 1993, que sólo permite abortar en caso de malformación del feto, grave riesgo para la vida de la madre y embarazo por violación.
El líder de Ley y Justicia, Jaroslaw Kaczynski, defendió hace diez días impedir el aborto en los supuestos de grave malformación del feto, incluso cuando se sabe que el bebé morirá al nacer, “de manera que el niño pueda ser bautizado, enterrado y tener un nombre”.
Declaraciones como ésta y el temor a que Ley y Justicia promueva una nueva ley más restrictiva justifican las protestas organizadas para hoy, según explicaron los colectivos organizadores.
No obstante, los actos convocados para hoy están lejos de tener la repercusión que tuvieron los del pasado 3 de octubre, y la participación es escasa.
Información tomada de https://noticias.terra.com/
Source: Octubre 2016

Mujeres exigen al Poder Judicial restituir aborto terapéutico en Nicaragua

Decenas de mujeres de organismos feministas exigieron hoy a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Nicaragua que resuelva los recursos por inconstitucionalidad que introdujeron desde hace diez años para restituir la figura del aborto terapéutico, prohibido en el Código Penal desde 2006.
“La Corte Suprema de Justicia sigue sin pronunciarse. Realmente vemos cómo este Gobierno tranquilamente condena a las mujeres a la muerte”, dijo a Efe la coordinadora de la organización Católicas por el Derecho a Decidir (CDD), Magaly Quintana.

Las mujeres, que se manifestaron con pancartas y megáfonos frente a la CSJ, alegan que son 10 años los que lleva esperando la despenalización del aborto terapéutico.
Desde finales de 2006 a la fecha, las mujeres han interpuesto más de 40 recursos por inconstitucionalidad ante la CSJ, a fin de que se restituya la figura del aborto terapéutico, sin embargo, el Poder Judicial continúa sin pronunciarse, denunció la activista.
“Hoy estamos aquí para decirle a este Gobierno: basta ya de su indiferencia, basta ya de condenar a las mujeres y seguimos todas las organizaciones demandando la restitución del aborto terapéutico”, señaló.
Según cálculos de las organizadoras, desde que se penalizó el aborto terapéutico un promedio anual de 25 mujeres han fallecido por no poder abortar.
Durante la manifestación, las mujeres corearon consignas tales como “Aborto sí, aborto no, eso lo decido yo”, “Saquen sus rosarios de nuestros ovarios”, “Mi cuerpo es mío, yo lo sé cuidar, solo yo decido si yo quiero abortar”.
Igualmente, usaron máscaras de calaveras, megáfonos y tambores para acompañar las consignas.
En el contexto de la campaña por las elecciones presidenciales de 2006, la Asamblea Nacional (Parlamento) nicaragüense aprobó las peticiones de las Iglesias católica y evangélica para prohibir el aborto terapéutico, que figuraba en el Código Penal del país desde hacía más de un siglo.
La legislación facultaba a practicar este tipo de interrupción del embarazo si era “determinado científicamente, con la intervención de tres facultativos por lo menos, y el consentimiento del cónyuge o pariente más cercano a la mujer”.
El Gobierno que preside el sandinista Daniel Ortega se ha declarado a favor de la penalización del aborto terapéutico.
Información tomada de https://noticias.terra.com
Source: Octubre 2016

Aborto en Chile: contra la corriente de los derechos humanos

El proyecto que regula la despenalización del aborto en tres causales está siendo debatido en la Comisión de Constitución del Senado. El camino ha sido largo y pedregoso. La discusión ha sido intensa y extensa. Mientras tanto, seguimos siendo testigos de un Estado que continúa haciendo oídos sordos a las recomendaciones de los distintos órganos de derechos humanos que se han pronunciado sobre el tema y han pedido que Chile cambie su severa ley de aborto.
Así es, para sorpresa de muchos(as), Chile es uno de los países que ha ratificado la mayor cantidad de tratados sobre derechos humanos en Latinoamérica, pero ¿se han preguntado alguna vez qué hace el Estado para cumplir estos compromisos internacionales? Y, más importante todavía, ¿qué tiene que ver esto con el debate sobre el aborto?

Una de las principales formas de supervisar la aplicación de los tratados de derechos humanos son los informes que realizan periódicamente los órganos de tratados, formados por comités de expertos independientes que estudian los avances de los Estados en diversas materias y realizan recomendaciones para mejorar su cumplimiento.
En nuestro país llama la atención que, desde la vuelta a la democracia, diversos órganos de tratados han insistido de manera consistente en la necesidad de revisar la legislación chilena sobre el aborto, puesto que la prohibición absoluta del mismo contraviene el derecho a la vida, la autodeterminación y la salud física y mental de las mujeres y las niñas chilenas, entre otros derechos fundamentales.
En efecto, teniendo en consideración el “Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”, el Comité de Derechos Humanos en su informe de 1999 recomendó a Chile “Revisar la ley para establecer excepciones de la prohibición general de todo aborto”, cuestión que reiteró el 2007, cuando recomendó al Estado “Revisar su legislación sobre el aborto con miras a que concuerde con el Pacto”. El año 2014, el mismo Comité recomendó “Establecer excepciones a la prohibición general del aborto, contemplando el aborto terapéutico y en los casos en que el embarazo sea consecuencia de una violación o incesto”.
Por su parte, basado en el “Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales”, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales recomendó el 2004 a Chile “Despenalizar el aborto cuando se trate de abortos terapéuticos y cuando el embarazo sea consecuencia de violación o incesto”. Asimismo, el 2015 recomendó “Agilizar la adopción del proyecto de ley sobre la interrupción voluntaria del embarazo y garantizar su compatibilidad con derechos fundamentales como el de la salud y la vida de la mujer, considerando la ampliación de las circunstancias permitidas”.
De este mismo modo, basado en la “Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer”, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer en 1995 recomendó a Chile “revisar las leyes extremadamente restrictivas sobre el aborto, habida cuenta de la relación que existía entre el aborto clandestino y la mortalidad materna”.
En su informe de 1999, el mismo Comité recomendó “contemplar la posibilidad de llevar a cabo una revisión de la legislación relacionada con el aborto con miras a enmendarla, en particular con objeto de proporcionar abortos en condiciones de seguridad y permitir la interrupción del embarazo por razones terapéuticas o relacionadas con la salud de la mujer, incluida la salud mental”.
En 2006 se puso énfasis en “revisar las leyes relativas al aborto con miras a suprimir las disposiciones punitivas aplicables a las mujeres que se someten a abortos y darles acceso a servicios de calidad para tratar las complicaciones derivadas de abortos inseguros y reducir las tasas de mortalidad materna”.
Finalmente, el 2012 este Comité recomendó “revisar la legislación vigente sobre el aborto con miras a despenalizarlo en los casos de violación, incesto o riesgo para la salud o la vida de la mujer”.
Recientemente, basado en la “Convención sobre los Derechos del Niño”, el Comité de Derechos del Niño, en su informe del 2015, recomendó al Estado chileno “despenalizar el aborto y asegurar, en la ley y en la práctica, el acceso de las niñas a abortos en condiciones de seguridad y a servicios de atención después del aborto, y que las opiniones de las niñas se escuchen y se tengan siempre en cuenta en las decisiones relativas a los abortos”.
De lo anterior se desprende que desde hace por lo menos 20 años el Estado de Chile tiene pleno conocimiento de que la prohibición del aborto constituye una violación a los derechos humanos de las mujeres y niñas, al menos en los casos de violación y riesgo para la salud o la vida de la mujer, además de la inviabilidad fetal como ejemplo de ampliación de circunstancias permitidas.
En estas tres causales se obliga a una mujer o a una niña a continuar con un embarazo en contra de su voluntad, poniendo en riesgo su vida y su integridad física y psíquica, además de vulnerar su derecho a decidir sobre su propio cuerpo.
Amnistía Internacional ha denunciado la responsabilidad del Estado como aparato reproductor de violencia contra las mujeres en América Latina y el Caribe en su informe de marzo de 2016, donde se da cuenta de que el problema en la región no sólo se desprende de la falta de recursos, sino que más bien de la falta de voluntad política de los Estados para proteger los derechos de las mujeres y niñas. Esta situación genera que el Estado legitime prácticas y leyes discriminatorias basadas en estereotipos de género que a su vez legitiman la violencia contra las mujeres y tortura u otros malos tratos en ámbitos de salud sexual y reproductiva en América Latina y el Caribe.
Las recomendaciones de los órganos de tratados deberían ser motivo suficiente para que la ley sobre el aborto en tres causales sea aprobada definitivamente por el Congreso chileno. Está de más decir que el debate está agotado; por lo tanto, solo falta poner los derechos humanos de las mujeres como total prioridad.
Información tomada de http://m.elmostrador.cl/
Source: Octubre 2016

[Colombia] ¿Se debería practicar abortos a los siete meses?

La Corte Constitucional obligó a Saludcoop a indemnizar a una mujer por no practicarle un aborto a las 20 semanas de gestación. La Federación Colombiana de Obstetricia y Ginecología explica los alcances de la decisión.
La semana pasada, la Corte Constitucional en una sentencia recordó que en Colombia no existen límites de tiempo para interrumpir un embarazo y le concedió a una mujer esa posibilidad a los siete meses de gestación. El feto presentaba señales de padecer de hidrocefalia.
El fallo abrió un debate sobre el alcance del aborto en el país y los múltiples problemas a los que se enfrentan las mujeres que quieren ejercer esa opción.

Semana.com habló con la ginecóloga Laura Gil, subdirectora técnica de la Fundación Esar y miembro de la Federación Colombiana de Obstetricia y Ginecología (Fecolsog), quien señaló que el problema radica, en parte, en los obstáculos que algunas EPS aún les ponen a las mujeres por ignorancia y miedo.
Según ella, “gran parte de estos casos no tendrían por qué llegar a estas edades gestacionales, sino que se habrían podido atender mucho mas tempranamente”.
Semana.com: ¿Qué implicaciones tiene la decisión de la Corte para los ginecólogos?
Laura Gil: La sentencia implica la ratificación de conceptos muy importantes y sienta un precedente con un caso concreto que guía a los profesionales de salud sobre cómo deben actuar para adherirse de forma adecuada a la ley.
Semana.com: ¿Cuáles son los puntos más importantes que ratifica?
L.G.: Primero, que no existe un límite de edad gestacional para la realización de la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) y, aunque figura claramente en las guías de la Organización Mundial de la Salud y del Ministerio de Salud y Protección Social, por primera vez en una sentencia queda de presente que el procedimiento adecuado debe incluir la inducción de muerte fetal in utero cuando se ha sobrepasado el límite de semanas en las que puede haber viabilidad fetal separada de la madre.
Semana.com: ¿Qué implicaciones tiene esa sentencia para los prestadores de salud?
L.G.: Les recuerda a todos los profesionales de la medicina que el proceso tanto diagnóstico como terapéutico que conduce a una IVE se debe hacer con celeridad y que el hecho de no contar con un prestador dispuesto a realizar el procedimiento, no exime a la EPS de garantizar el servicio so pena de sanciones como la que establece la sentencia.
Semana.com: Según la medicina, ¿hay un tiempo prudencial para estos abortos?
L.G.: La sentencia es clara en establecer que no existe un límite de edad gestacional. Por definición médica, es el aborto espontáneo el que tiene un límite de tiempo, no así la interrupción voluntaria del embarazo, entendida como el procedimiento para evitar una maternidad que, en el caso colombiano, representa un riesgo para la salud o la vida de la mujer, o cuando es resultado de una violación o por la inviabilidad del feto. Tanto es así que la literatura médica y las guías de la Organización Mundial de la Salud describen las técnicas necesarias para llevar a cabo estos procedimientos por encima de ciertas semanas de edad gestacional mediante la la inducción de muerte fetal.
El desconocimiento o la no aceptación de estas guías y protocolos para edades gestacionales avanzadas ha llegado al extremo de inducir partos prematuros a mujeres que han solicitado la interrupción de su embarazo bajo las causales legales, lo cual no sólo es inaceptable desde el punto de vista médico y legal, sino realmente cruel y opuesto al deber ser.
Semana.com: ¿Qué opina el gremio de ginecoobstetras de todo esto?
L.G.: Si bien en una encuesta reciente realizada por FECOLSOG, el 60 % de los ginecólogos están dispuestos a realizar las interrupciones voluntarias del embarazo si se realizan en las primeras semanas. Sin embargo, cuando se trata de embarazos avanzados, la mayoría de ginecólogos no se sienten en la capacidad emocional y moral de realizar el procedimiento de feticidio y la Federación respeta por completo el derecho que tiene un profesional para negarse a realizar procedimientos para los cuales no se siente cualificado. A pesar de tratarse de un procedimiento que no requiere de habilidades técnicas mayores a las que brinda la especialización, es un procedimiento muy nuevo si se tiene en cuenta que hasta hace 10 años era ilegal, para el cual la mayoría no ha recibido un entrenamiento específico ni la sensibilización necesaria.
Semana.com: ¿Es bueno que la Corte haga énfasis en que no hay límites de tiempo?
L.G.: Sí es bueno porque el desconocimiento de este concepto está resultando en consecuencias lamentables como la violación de los derechos de muchas mujeres que han solicitado la IVE en edades gestacionales avanzadas y, cumpliendo a cabalidad los requisitos, se han visto obligadas a continuar con el embarazo asumiendo riesgos para su salud y su vida que no estaban obligadas a correr. También porque hay muchos profesionales que actúan en contra de la ley por puro desconocimiento o incertidumbre, y corren el riesgo de recibir sanciones tanto económicas como éticas, civiles y hasta penales.
Semana.com: ¿O sea que hay un problema grave de desinformación?
L.G.: Sí, y las consecuencias para las mujeres que sufren esa desinformación es grave porque se está incurriendo en un grave estado de inequidad ya que muchas mujeres en la misma situación sí han tenido la oportunidad de acceder a los procedimientos adecuados, bajo condiciones técnicas óptimas y de calidad. La garantía de la salud y los derechos fundamentales no pueden depender de la suerte con corra una paciente al recurrir a la IPS adecuada, de contar con la voluntad de los profesionales que la atiendan o de la celeridad con que su EPS maneje los casos.
Semana.com: ¿Es cierto que las EPS están poniendo obstáculos a las peticiones de aborto y dilatan los procesos?
L.G.: No es posible generalizar, pero cada día se observan casos de dilaciones, barreras e incluso maltrato a pacientes que solicitan la IVE y se encuentran dentro de las causales. Por ejemplo, programan juntas innecesarias, obligan a la paciente a recibir valoraciones en las que las juzgan y las cuestionan por sus decisiones, o simplemente a pesar de estar dentro de las causales, les responden que no lo están.
Semana.com: ¿Qué se debería hacer para que las mujeres que lo necesitan puedan ejercer su derecho a abortar sin este tipo de contratiempos?
L.G.: Es obligación de cada EPS establecer su ruta de atención y garantizar que sus usuarias tengan los mismos derechos que las de otras EPS que sí han tenido acceso al procedimiento. De la misma manera es necesario un ejercicio de conciencia por parte de los profesionales que ponga en la balanza en un lado los principios bioéticos de respeto a la autonomía, de procurar el máximo bien posible a sus pacientes, de no causar daño y de mantener la objetividad, las consecuencias que tiene la continuación del embarazo en estas mujeres y sus hijos, y en el otro lado sus percepciones y reacciones personales, de manera que les permita o bien realizar el procedimiento o bien asegurarse de que la paciente, como lo describe la sentencia, no sea “librada a su suerte” cuando lo que está en juego son su salud y sus derechos fundamentales.
Semana.com: ¿Con la epidemia de zika, cambiaron las cosas en este frente?
L.G.: La desafortunada epidemia de zika fue un llamado para todos nosotros a este respecto, confrontando nuestra propia incomodidad con la necesidad de brindar estos procedimientos médicos cuando por la naturaleza de la enfermedad el diagnóstico de las malformaciones severas se hace en etapas avanzadas de la gestación y las perspectivas de sufrimiento tanto para la mujer como para su hijo en caso de nacer son aterradoras.
Semana.com: ¿Qué mensaje le deja al público?
L.G.: En general, para garantizar que las mujeres puedan ejercer su derecho a la interrupción voluntaria del embarazo debe haber más información sobre este derecho y tanto los exámenes como los trámites administrativos, se deben realizar prontamente ya que como vemos día a día con tristeza incluso en otras sentencias de la corte, gran parte de estos casos no tendrían por qué llegar a estas edades gestacionales, sino que se habrían podido atender mucho más tempranamente, como en el caso de la sentencia, a las 20 o 21 semanas cuando la paciente inició su viacrusis.
Información tomada de http://www.semana.com/
Source: Octubre 2016

La Provincia de Buenos Aires adhirió al nuevo protocolo de aborto no punible

Se suma a las ocho jurisdicciones que ya habían adherido. Así, centros de salud públicos y privados deberán garantizar el acceso, sin necesidad de judicializar el caso.
La Provincia de Buenos Aires adhirió al “Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo” (Protocolo ILE) a través de la Resolución 2095/2016, que deroga la antigua Resolución 3146/2012.

Así, la Provincia se suma a las jurisdicciones que ponen en práctica el Protocolo aprobado en 2015 y que establece el acceso al aborto legal para los casos en que esté en peligro la vida o la salud de la mujer o cuando el embarazo fuese producto de una violación. El objetivo del protocolo es evitar la judicialización de los casos que están amparados por la ley, y evitar que las mujeres se encuentren con una negativa a la práctica en los centros de salud, ya sean públicos o privados, de todo el territorio nacional.
Para la confección de este protocolo, se tomaron en cuenta los lineamientos del fallo F.A.L de la Corte Suprema de Justicia que clarificó los alcances del artículo 86 del Código Penal y estableció cómo se debe proceder para garantizar abortos no punibles, y concretamente, señaló que no se deben exigir autorizaciones judiciales.
Así, la Provincia se suma a las 8 jurisdicciones que ya adhirieron al Protocolo: Chaco, Chubut, Jujuy, La Rioja, Misiones, Santa Cruz, Santa Fe y Tierra del Fuego.
Amnistía Internacional celebró este “paso adelante” dado por la provincia. Y destacó que en el Programa de Salud Sexual y Reproductiva de la Provincia, a través de la Comunicación 7°, establece que “todos los efectores de salud, (incluyendo al personal administrativo y de seguridad) son responsables de garantizar y no obstruir el derecho a la Interrupción Legal del Embarazo. También indica que las mujeres y niñas que desean acceder a la práctica, deben contar con información clara, completa, oportuna, veraz, comprensible y en lenguaje accesible, en un marco de confidencialidad y privacidad.
“La iniciativa de la Provincia es un paso adelante en el ejercicio de los derechos sexual y reproductivos de las mujeres y niñas. Es imprescindible que los servicios y efectores de salud renueven su compromiso con la vida y la salud de las mujeres. La prevención de abortos inseguros y la consecuente mortalidad materna es una condición necesaria para toda política de estado respetuosa de los derechos humanos”, indicó Mariela Belski, Directora de Amnistía Internacional Argentina.
El nuevo protocolo de aborto no punible fue publicado en 2015 y constituye una revisión y actualización del protocolo de 2011. En esta nueva edición se establece su “aplicación obligatoria en todo el territorio argentino” y aclara que debe ponerse en práctica en todas las instituciones sanitarias, ya sean públicas o privadas.
Información tomada de http://www.clarin.com/
Source: Octubre 2016

[Chile] La despenalización del aborto

Continúa en trámite el proyecto de ley que despenaliza el aborto en tres causales: inviabilidad del feto, peligro de vida de la madre y violación. Recientemente aprobado en la Cámara de Diputados, se discute actualmente en el Senado. La Comisión de Salud, con tres votos a favor y dos en contra, aprobó la idea de legislar, lo cual indica que aún queda un trecho por recorrer para su eventual aprobación o rechazo definitivo.
Chile es uno de los países más conservadores en esta materia; es uno de los seis países que penaliza el aborto sin excepción. Actualmente, el aborto es ilegal sin salvedad alguna, y las mujeres que optan por interrumpir su embarazo son tratadas por la ley como culpables de un delito. El Código Penal establece penas de cárcel para las mujeres que abortan, así como para quienes les presten asistencia. Sin embargo, según datos de Amnistía Internacional, en términos prácticos no reciben condena o son condenadas, pero sin cumplimiento de prisión efectiva.

Razones para modificar la ley vigente abundan. En primer lugar, la criminalización del aborto viola los derechos humanos; eso lo señalan organismos y tratados internacionales suscritos por Chile. En segundo lugar, el riesgo es mayor: las mujeres que deciden abortar en Chile deben hacerlo de manera clandestina o, derechamente, fuera de su país. Este escenario de desprotección, que además involucra el maltrato, el riesgo de vida, la desinformación y la desigualdad fundada en el poder adquisitivo, constituye una violación a los derechos fundamentales. Un ejemplo de esta situación de desatención es el hecho de que los abortos se realicen mayoritariamente sin ninguna supervisión médica, mediante la ingesta de Misoprostol, fármaco vendido ilegalmente (según cifras de Amnistía Internacional). En tercer lugar, el aborto en Chile fue íntegramente penalizado bajo un Estado terrorista ilegítimo. Poco antes de irse, Pinochet promulgó esta ley. Al menos, cabe ponerla en cuestión, someterla al escrutinio público. A propósito, y en cuarto lugar, aproximadamente un 70% de la población aprueba la despenalización del aborto en las tres causales señaladas (según varias encuestas, como Adimark y Cadem).
Cuando la discusión sobre el aborto se zanja entre la defensa de la vida y la defensa de la libertad, corremos el riesgo de volver mediocre una discusión que debiera ser abierta, democrática e inteligente. Pongamos en duda aquello que se da por sentado, aquellos argumentos que se sustentan en un sentido común cada vez más cuestionado. Por ejemplo, ¿qué dato sustenta la conclusión sobre el gran daño sicológico que genera en las mujeres practicarse un aborto, siendo este clasificado de por sí como un acontecimiento traumático, como si parir un hijo anencefálico no lo fuera mucho más? Del mismo modo, oponerse al aborto no es equivalente a ser un defensor de la vida. Carl Sagan, el famoso astrónomo, en su libro Miles de millones, nos refresca los nombres de aquellos locuaces opositores del aborto; grandes filántropos, como Hitler, Stalin y Mussolini… Desde la otra vereda, el mismo Carl Sagan nos sitúa en el contexto de una interrupción voluntaria del embarazo durante el último trimestre, lo que, incluso para los más radicales defensores de la libertad, resulta brutal.
Todos estos ejemplos nos indican que en estos temas mejor es trabajar con escala de grises; tratar de ponerse en los zapatos de otros, suspender los prejuicios y los dogmas. Quizá así sea posible abordar con altura de miras un tema nunca exento de controversias.
Información tomada de http://radio.uchile.cl/
Source: Octubre 2016

[Colombia] Condena a EPS por no practicar aborto a los 7 meses de gestación

Una sentencia de la Corte Constitucional promete abrir un profundo debate sobre el alcance del aborto en el país. En un fallo hito, el alto tribunal le ordena a la EPS Saludcoop indemnizar a una mujer por el hecho de no haberle practicado un aborto. El fallo hace énfasis en que en Colombia no existen límites de tiempo para interrumpir un embarazo.
La sentencia causará polémica. Si bien es cierto que la Corte despenalizó la interrupción voluntaria del embarazo en tres circunstancias, en el país no se ha podido regular con claridad cuáles deben ser los plazos ideales para practicar ese procedimiento. Así, algunos consideran que un aborto con una gestación cercana a las 28 semanas es médicamente incoveniente.

El debate volverá por cuenta del caso de una mujer que intentó interrumpir su embarazo por malformación del feto. En su caso, además de un diagnóstico tardío, no hubo disponibilidad de la red médica que permitiera acceder a un aborto a las 27 semanas, por su avanzado estado de gestación.
“No podemos decir que son sujetos buenos y malos, como una planta de producción. Y si es el caso tirar el feto en gestación como defectuoso. Esto es una política criminal y miserable. Lo dije cuando exfiscal presentó en Congreso un proyecto de Ley nefasto que incluía la posibilidad de aborto hasta las semana 28 de gestación, definitivamente no es viable el aborto y menos en la semana 28”, dijo Javier Suárez, representante de la Fundación Marido y Mujer.
Mariana Ardila, abogada de la ONG Women‘s Link Worldwide, indica que aunque Colombia tiene una jurisprudencia sólida que protege los derechos de mujeres y niñas a acceder a la interrupción voluntaria del embarazo, el problema está en la implementación porque las mujeres y niñas sufren obstáculos de acceso real al servicio. Y por cuenta de esos obstáculos el embarazo suele avanzar hasta puntos en que muchos ginecólogos ya no aceptan realizar esos procesos pues consideran que el feto ya es viable.
El tema también gira en torno a que las indemnizaciones suelen ser respuestas a la creación de un daño, y para los contradictores del aborto no se puede considerar un daño el nacimiento de un niño.
“Hablamos de un concepto de reparación integral, más que una indemnización económica; rechazamos esa concepción de que se está pagando una indemnización por una vida, como si el daño fuera el nacimiento del menor. El daño es la estigmatización y la negación de un derecho a decidir”, responde Natalia Poveda, abogada de la Mesa por la Vida.
El debate ha sido polémico en muchos países del mundo. Desde los años 1970, en países como Estados Unidos, Francia y Alemania se emprendió la discusión jurídica de sancionar las prácticas médicas que impiden tener un diagnóstico oportuno de malformaciones fetales, con lo que se permita acceder a la interrupción voluntaria y oportuna del embarazo.
En Francia, en medios de protestas ciudadanas, se abrió paso a la línea jurídica que derivó en indemnizaciones por casos de nacimiento erróneo o wrongful birth, como fueron bautizados en el mundo estas reclamaciones ante la justicia.
En Colombia, desde el año 2006 está legalizado el aborto en tres causales específicas: cuando haya riesgos a la salud física o mental de la mujer, cuando exista grave malformación del feto y cuando el embarazo sea el resultado de una violación. Sin embargo, siguen existiendo obstáculos en la práctica que se terminan resolviendo en los estrados judiciales.
“En Colombia no hay casos por nacimiento erróneo, se ordenan indemnizaciones no por el hecho de nacer, sino por impedir el acceso a un derecho fundamental de la paciente”, explicó Ardila.
El problema radica en que el Consejo de Estado tumbó la reglamentación que tenía el Ministerio de Salud para el tema. Allí se detallaban las obligaciones de médicos y hospitales con relación con este tema. El alto tribunal consideró que el Gobierno no tenía la facultad de dirimir esta discusión pues los temas relacionados con los derechos fundamentales son competencia exclusiva del Congreso.
Aunque la Corte Constitucional ha sido clara en decir que esa reglamentación no se necesita, pues por ejemplo ese alto tribunal ha creado subreglas que impiden pedir más requisitos adicionales o utilizar la objeción de conciencia para negar este servicio, lo cierto es que en la práctica las mujeres siguen encontrando barreras para tener una atención oportuna.
El drama de Rosa* comenzó cuando a las 20 semanas de embarazo, el feto fue diagnosticado con hidrocefalia por los médicos tratantes de la EPS Saludcoop. Este dictamen sólo pudo ser confirmado siete semanas después, cuando le realizaron la ecografía en detalle.
De inmediato la paciente pidió la interrupción voluntaria del embarazo porque esta situación le generaba “grave riesgo de salud integridad física y mental”.
En principio fue remitida al Hospital San José, donde analizaron el caso pero no pudieron realizar el procedimiento por “limitantes técnicas” al ser un embarazo que superó 22 semanas de gestación. El caso fue remitido nuevamente a la EPS, en donde informaron que después de consultar con su red médica no fue posible remitirla a un centro que realizara dicho procedimiento.
Incluso, la Secretaría Distrital de Salud indicó que se estaban adelantando las gestiones para la formación de personal médico y avalar la relación de IVE a usuarios con más de 22 semanas.
Por esto cuestiona el manejo que la EPS le dio al caso, ya que era su obligación dar una respuesta directa en vez de enviarla a un operador que no podía dar atender a su requerimiento. La Corte insta a que las EPS estén preparadas para atender este tipo de procedimientos en el menor tiempo posible.
Para la Corte Constitucional, “Saludcoop desconoció sus deberes mínimos para la atención de solicitudes de aborto y vulneró el derecho fundamental a la interrupción voluntaria del embarazo de la accionante”.
La sentencia, con ponencia de Alejandro Linares, asegura que de manera arbitraria demoraron la atención completa y oportuna de la paciente, y evitaron que conociera un diagnóstico en el momento adecuado. Esto implicó que la solicitud sólo pudiera ser atendida en una etapa avanzada de su embarazo.
“Es un viacrucis el que tiene que vivir una mujer en Colombia para llegar a una interrupción del embarazo después de la semana 20. El estigma crece a medida que avanza la edad gestacional, tanto para la paciente como para el especialista. Colombia no está ofreciendo un sistema de salud seguro para edades avanzadas”, explicó Silvia Miranda, gerente de la oficina regional centro de Profamilia.
Cuestiona que la formación médica, pregrado y posgrado, no incluye formación legal y médica sobre el aborto y que los médicos sólo logran cambiar de perspectiva cuando se entrenan sobre el particular. Reconoce que un procedimiento es más sencillo en edades gestacionales cortas, por lo que es necesario lograr que los casos lleguen en estas edades.
La Corte ordena a las EPS que se abstengan de imponer obstáculos o barreras a las mujeres, incluidos la realización de juntas médicas que dilaten tiempos, requerir consentimiento de los padres, requerir órdenes adicionales a las de los jueces, alegar objeción de conciencia colectiva, entre otros.
La EPS Saludcoop es condenada a reparar integralmente los perjuicios ocasionados a Rosa, los cuales deberán ser tasados por un juez administrativo. Indica que Saludcoop y su agente liquidador deberán dar cumplimiento inmediato, constituyendo una reserva razonable con las sumas de dinero que le correspondan a la mujer.
Frente al recién nacido, la corte ordena el cubrimiento total del tratamiento: cirugías, medicamentos, procedimientos, transporte, pañales y alimentos necesarios para el manejo de la enfermedad que padece. La mujer deberá recibir orientación sicológica de parte del ICBF con el fin de que tome la posibilidad de dar al menor en adopción si así lo considera.
*Nombre cambiado
Información tomada de http://www.semana.com/
Source: Octubre 2016

El Salvador quiere despenalizar el aborto bajo ciertas circunstancias

El partido oficialista de El Salvador, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), presentó este martes al Congreso una propuesta para permitir el aborto en casos de violación o embarazo de riesgo,
Actualmente en El Salvador el aborto es sancionado con hasta ocho años de cárcel, pero la sentencia puede subir hasta los 30 años de prisión si se considera el aborto como homicidio agravado.

Desde 1997 el pequeño país centroamericano tiene una de las leyes más severas contra las mujeres y las personas que asistan un aborto y hace parte de los países donde interrumpir el embarazo es ilegal bajo cualquier circunstancia, junto con Chile, El Vaticano, Malta, Nicaragua y República Dominicana.
La propuesta, presentada por la presidenta del Congreso Lorena Peña, permitiría el aborto cuando la vida de una mujer esté en riesgo, cuando el embarazo sea producto de una violación o de trata de personas o cuando exista una malformación del feto “que haga inviable la vida extrauterina”.
“(Se proponen) reformas al código penal que permitan a las mujeres y niñas abusadas sexualmente, o en graves condiciones de salud, o en peligro de muerte, medidas que le permitan salvarse y recuperarse”, indica la petición presentada al Congreso.
La Iglesia y los grupos conservadores todavía no se han pronunciado sobre la petición legislativa.
Para lograr los cambios en la ley, el FMLN necesita conseguir 43 votos de los 84 posibles en el Congreso. Actualmente cuentan con 31 escaños frente a la opositora derecha Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), que controla 35 escaños.
En una de las naciones más violentas del mundo hay al menos 14 mujeres sentenciadas a penas de entre 12 y 40 años por abortar y unas 130 inmersas en procesos judiciales, según la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto.
Tomado de http://www.rcinet.ca/
Source: Octubre 2016

La prohibición del aborto en América Latina: una deuda frente al mundo

Chile reintrodujo la prohibición total del aborto con la reforma constitucional de 1989, antes permitía el aborto terapéutico en el Código de Salud desde 1931. Nicaragua permitía el aborto desde 1893, pero a partir de la presión de la Iglesia Católica, en 2007 el gobierno aprobó la Ley N° 641 que modifica el Código Penal.
América Latina es el territorio en el que las confrontaciones sociales con respecto a cambios legislativos sobre la interrupción del embarazo son más fuertes. Y no es para menos. La región concentra la mayor cantidad de legislaciones punitivas del mundo.

Sólo el 1% de la población mundial vive en países en los cuales el aborto está prohibido en todas las circunstancias y todos, salvo Malta y la Santa Sede, están en América Latina. Se trata de República Dominicana, Nicaragua, Honduras, El Salvador y Chile. Este último se encuentra en pleno debate para la aprobación de una ley que permita la realización del aborto por tres causales: inviabilidad del feto, riesgo para la vida de la madre y violación. El anteproyecto, aprobado ya en el Senado y en comisión legislativa, espera ser debatido por los diputados, aunque los partidos conservadores intentan dilatar el debate para evitar la sanción definitiva.
Chile reintrodujo la prohibición total del aborto con la reforma constitucional de 1989, en la postrimería de la dictadura pinochetista por iniciativa del almirante José Toribio Merino. El Estado chileno permitía en realidad el aborto terapéutico en el Código de Salud desde 1931.
No fue el único país latinoamericano que, en lugar de avanzar progresivamente hacia la legalización, como han hecho otros sistemas jurídicos en el mundo, retrocedió hasta la prohibición total en los últimos años. De hecho, parece ser una constante en las legislaciones de la región.
Nicaragua permitía el aborto desde 1893, pero a partir de la presión de la Iglesia Católica, en 2007 el gobierno aprobó la Ley N° 641 que modifica el Código Penal y prevé penas de hasta dos años de prisión para la mujer que se practique un aborto y de hasta diez para el personal de la salud que la realice. El Salvador también modificó en 2007 su legislación y República Dominicana en 2009, para prohibir el aborto en todas las circunstancias. En 1999, una campaña masiva liderada por la Iglesia Católica salvadoreña, logró la aprobación de una reforma constitucional en la que se reconoce como persona al óvulo fecundado desde el momento de la concepción e introdujo la tipificación penal de “lesiones en el no nacido”.
Los casos de El Salvador y Nicaragua son particularmente llamativos al tratarse de países con gobiernos de izquierda, surgidos de la lucha insurgente de los años 80 y 90. No sólo estos gobiernos no han incorporado el aborto legal, sino que adoptaron en su corpus jurídico preceptos ligados a la doctrina católica para cercenar los derechos de las mujeres.
La influencia de la Iglesia en la elaboración de la legislación sobre el aborto en América Latina es innegable. Hasta se convirtió en un enorme problema en Chile, donde la institución jugó un papel muy importante en la defensa de los derechos humanos en los últimos años del pinochetismo, poniendo a los movimientos feministas en apuros a la hora de denunciar su intromisión en temas reproductivos y de salud. Durante la IV Cumbre Iberoamericana de Cartagena en 1994, el ex presidente argentino, Carlos Menem, propuso a sus pares latinoamericanos firmar una condena al aborto bajo propuesta de la Iglesia. Al no lograr su objetivo, Menem instauró el Día del No Nacido, el 25 de diciembre, reconocido oficialmente por Argentina, Costa Rica, Chile, El Salvador, Guatemala, Nicaragua y República Dominicana.
El resultado de esta política restrictiva en nuestro continente es una tasa de muertes por abortos inseguros de las más elevadas del mundo. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) en América Latina se producen 4,4 millones de abortos al año, de los cuales el 95% son inseguros. El riesgo de muerte por abortos clandestinos en Latinoamérica es de 370 por cada 100 mil casos, mientras que en el resto de los países en desarrollo es de 220.
En esto la OMS es muy clara: el principal obstáculo para reducir las muertes de mujeres por abortos inseguros son las leyes punitivas. Actualmente, el 60% de la población mundial no tiene acceso al aborto por la sola decisión de la mujer.
Según la organización, donde se concentra la mayor cantidad de países que permiten el aborto en todas las circunstancias (Europa Occidental), se produce la menor cantidad de interrupciones voluntarias del embarazo. El 58% de los abortos registrados en el mundo en 2008, se produjeron en países donde éste no está totalmente permitido. Los casos de Holanda y Uruguay son particularmente llamativos en este sentido. En los Países Bajos el aborto se puede practicar desde la concepción hasta la viabilidad del feto (aproximadamente, hasta las 24 semanas, de los periodos más extensos del mundo) y exhibe la tasa de abortos más baja de la Unión Europea. En Uruguay, tras la aprobación de la despenalización, los abortos registrados bajaron de 33 mil al año a poco más de 8 mil según datos del Ministerio de Salud Pública de ese país. Sin embargo, las mujeres deben someterse a sendos exámenes psicológicos y tres días de reflexión obligatoria antes de acceder al derecho a abortar.
La enorme mayoría de los países del continente, permiten el aborto sólo en casos especiales. La mayoría, sólo si la vida de la madre corre riesgo (Costa Rica, Perú, Venezuela, Paraguay, Haití, Guatemala, Granada, Dominica, Bahamas, Antigua y Barbuda y Suriname). Otros incluyen la viabilidad del feto y/o en caso de violación y/o la salud física y mental de la mujer. Pero sólo Cuba (desde 1965), Guyana (desde 1995) y Uruguay (desde 2012) lo permiten por la simple voluntad expresa de la mujer. Un caso excepcional es el de la Ciudad de México, donde desde 2007 el aborto es permitido en cualquier supuesto, dentro de las primeras doce semanas del embarazo; mientras que en todos los demás estados mexicanos está regulado, de forma heterogénea, en base a sus causales.
Sin siquiera ahondar en cuestiones culturales, y remitiéndonos exclusivamente a los datos estadísticos elaborados por gobiernos y organizaciones internacionales, es muy fácil sostener que América Latina está claramente atrasada en sus legislaciones sobre el aborto con respecto al resto del mundo. Los cuerpos jurídicos no son otra cosa que representaciones que, luchas mediante, cristalizan una visión de los géneros y los roles socialmente construidos en una estructura normativa. Leyes que hoy hasta contradicen claramente el estándar internacional condenando a millones de mujeres -en su mayoría jóvenes y pobres- a la maternidad obligatoria o a los riesgos de un aborto clandestino.
Federico Larsen – @larsenfede
Información tomada de http://kaosenlared.net/
Source: Octubre 2016