Tribunal respetará fallo sobre píldora día siguiente en Perú

EFE / Lima, Perú. El presidente del Tribunal Constitucional (TC) de Perú, Manuel Miranda, opinó que se debe respetar el fallo judicial que acata una medida cautelar y ordena la distribución gratuita de la píldora del día siguiente, una medida que fue prohibida en 2009 por una resolución de la corte que dirige.


Miranda dijo que “lo que dice el juez se respeta; eso es lo que constituye en nuestro país el Estado constitucional de derecho”, en una entrevista con RPP Noticias.
“El juez es una autoridad con potestad para resolver una controversia jurídica, ha tomado esa decisión, se verá posteriormente si esta decisión estuvo bien o mal”, añadió el magistrado.

El titular del TC agregó que “en este momento se ha tomado esta posición, y si ella no se impugna, tendrá sus efectos y se va a tener que respetar”.
El Primer Juzgado Constitucional de Lima estableció un plazo de 30 días para que las instituciones estatales vuelvan a entregar el anticonceptivo oral de emergencia sin costo alguno para aquellos pacientes que lo requieran, según informó ayer la ONG Promsex.
La medida cautelar aprobada por el juez fue solicitada por la ciudadana Violeta García y Promsex tras iniciar un proceso para revertir el fallo del Tribunal Constitucional.
A su turno, la ministra de Salud, Patricia García, afirmó hoy que “nosotros somos respetuosos de las instancias y tenemos que acatar lo que nos diga el juez”, mientras hacía una visita a un hospital de Lima acompañada del presidente peruano, Pedro Pablo Kuczysnki.
El mandatario opinó en tono irónico que la ministra “le va a consultar al cardenal primero” antes de acatar la medida, en referencia a la oposición que ha mantenido el arzobispo de Lima, Juan Luis Cipriani, a la distribución de la píldora del día siguiente.
Representantes de Promsex explicaron hoy en rueda de prensa que el Ministerio de Salud podría apelar la medida, pero descartó que lo haga porque el ministerio está de acuerdo con distribuir la píldora.
“El Estado no solo debe garantizar los derechos de la mujer, sino disponer lo que sea necesario para la adquisición de este medicamento, que ya había sido destinado en partidas presupuestales anteriores y hacían parte de la política de planificación familiar”, dijo Brenda Álvarez, asesora legal de Promsex, en rueda de prensa.
De acuerdo a datos de Promsex, actualmente se venden tres millones de píldoras del día siguiente anualmente en Perú en cadenas de farmacias, dado que su distribución gratuita en hospitales públicos fue prohibida en 2009.
Para la ONG, el hecho de que no pueda ser obtenida en forma gratuita es una vulneración de derechos para las víctimas de violación sexual, entre otros casos.
Las demandantes presentaron como pruebas informes de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) que demuestran el carácter anticonceptivo y no abortivo de la píldora del día siguiente.
En Perú, el aborto es ilegal y constituye un delito contra la vida, pero se permite en el caso de llamado “aborto terapéutico” (cuando la vida de la madre está en peligro), una ley vigente desde 1924 y que recién en 2014 logró la aprobación del procedimiento técnico para aplicarlo.
Publicado en http://www.elnuevoherald.com/
Source: Agosto 2016

[Ecuador] Vuelve al debate despenalización del aborto por violación

Organizaciones de mujeres exigen a la Asamblea que establezca avances en la normativa.
La despenalización del aborto en casos especiales vuelve al debate nacional una vez que organizaciones feministas, con el respaldo del Colegio de Abogados de Pichincha, exigen a la Asamblea que vuelva a tratar el tema.
Su propuesta es que, en inicio, se despenalice en casos de violación, incesto y de malformación del feto incompatible con la vida extrauterina. Su respaldo son las observaciones que en julio de este año emitió el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en las que pide al Estado que revise el Código Penal para que introduzcan excepciones adicionales a las estipuladas en la actualidad para la interrupción del embarazo.

Ana Cristina Vera, del Centro de Apoyo y Protección de los Derechos Humanos (Surkuna), aseguró que en el país cada año más de 15.000 mujeres sufren afecciones en su salud a causa de abortos inseguros y clandestinos. “La despenalización del aborto es necesaria por un tema de justicia social. Son las mujeres pobres, de pocos recursos, las más jóvenes… quienes enferman y mueren por esta causa”, dijo la activista.
Virginia Gómez de la Torre, del Frente Ecuatoriano por los Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos, dijo que lo importante es garantizar la maternidad deseada y evitar la maternidad forzada producto de una violación. “Estamos en contra de que nos obliguen a parir hijos de violadores”, recalcó.
Un tema complejo
Ramiro García, presidente del Colegio de Abogados de Pichincha, dijo que no se puede criminalizar a una persona por decidir respecto de su cuerpo, por lo que es una lucha pro derechos de la mujer, aunque reconoce que es un tema delicado y polémico que ya que generó controversia cuando se aprobó el Código.
En esa época (agosto de 2013), la entonces asambleísta de PAIS Paola Pabón y sus compañeras de bancada Gina Godoy y Soledad Buendía fueron sancionadas por el oficialismo con un mes de suspensión por promover y apoyar una moción para que se incluya la despenalización del aborto en caso de violación. Tras la advertencia del presidente, Rafael Correa, la moción fue retirada.
Ayer, Buendía dijo que mantiene su posición personal de defender los derechos de las mujeres, por lo que se mostró a favor de esos avances normativos. Sin embargo, aclaró que se debe a un movimiento. “Por lo tanto es difícil que se avance en este debate y en esta discusión”.
Godoy añadió que es bueno refrescar el debate, pero le llama la atención que, dijo, las organizaciones que hoy proponen la despenalización en su momento hayan descalificado a las asambleístas que tuvieron esa iniciativa. “Es bueno cuestionarse cuán cierto sea la aspiración que tienen al respaldar esa propuesta”, dijo. Agregó que mantiene firme su criterio de que se debe despenalizar el aborto por violación, pero que el debate no debe centrarse en la Legislatura sino en la sociedad. (HCR)
El tema en análisis
En la Comisión de Justicia se analizan varios proyectos de reforma al Código Penal que serían aglutinados en un solo informe. Uno de ellos es el presentado por el defensor público, Ernesto Pazmiño, quien entre sus propuestas plantea que no se sancione el aborto si el embarazo es consecuencia de una violación, estupro, incesto o inseminación no consentida.
La normativa vigente establece que no será punible si se ha practicado para evitar un peligro para la vida o salud de la mujer embarazada y si este peligro no puede ser evitado por otros medios; y si el embarazo es consecuencia de una violación en una mujer que padezca de discapacidad mental.
Cifras
3 asambleístas fueron sancionadas por PAIS por expresar su criterio sobre el tema.
15 mil mujeres sufren afecciones por abortos clandestinos, según estos grupos.
Publicado en http://lahora.com.ec/
Source: Agosto 2016

[RD] Favorecen se despenalice el aborto y se respete la decisión del presidente Medina

Santo Domingo, R.D.- La diputada por Santiago, Magda Martínez y el abogado constitucionalistaNassef Perdomo, se manifestaron de acuerdo con que se despenalice el aborto y de esta forma se respete la decisión del presidente Medina.
Perdomo señaló que en el país se está haciendo un análisis sesgado del tema del aborto.
Martínez comprende que el Código Penal es un tema pendiente para la sociedad dominicana, donde las leyes en el sistema deben esperar para ser conocidas en el Senado de la República.

“El aborto no está relacionado con la concepción ideológica”, sostuvo Martínez.
En ese sentido, Perdomo afirmó que para hablar del artículo 37 del Código se debe profundizar en el derecho a la dignidad, esto al referirse a la valoración de la mujer que muchas veces es considerada como un objeto, entendiendo que no se puede tomar la decisión moral de la cuestión.
El abogado constitucionalista consideró que se debe leer el informe de aplicación de los cambios en elCP para poder proceder, pues entiende que el resultado final en la Cámara de Diputados se aprobó sin leer el proyecto.
Un elemento que resaltaron fue el argumento de la “prisa” que según Magda Martínez, siempre está presente en medio del cierre de la legislatura.
A este reclamo se une el abogado, quien manifestó que la idea de que una mujer deba ser obligada a dar a luz es contraria a la Constitución, porque no se puede esperar el proceso penal para que el médico tome o no la decisión de salvar una vida.
En general, comprenden que este tema de despenalizar el aborto ha generado conciencia en la sociedad y esperan que en Senado conozca la Ley de manera objetiva.
Reducción beneficios AFP
Ante la situación de las Administradoras de Fondo de Pensiones (AFP), Martínez y Perdomo sostienen que el nivel de sus ganancias es excesivo. Señalan que la Cámara de Diputados reaccionó aprobando un proyecto de ley que reduce el beneficio de las AFP.
Por otra parte, Perdomo comprende que existe un régimen legal que no ha sido sostenido por una serie de decisiones de naturaleza constitucional.
Tomado de http://www.cdn.com.do/
Source: Agosto 2016

#Aborto3causales: ¿Por qué el proyecto no cumplirá el calendario?

Sin urgencia en el proyecto, con falta de apoyo de los parlamentarios de la DC, con el paso prácticamente asegurado a Comisión Mixta, y un más que posible objeción ante el TC, el camino que se dibuja para la aprobación definitiva del proyecto va más allá de cuatro meses.
Finales de agosto o principios de septiembre. Es el calendario que la presidenta de la Comisión de Salud del Senado, Carolina Goic (DC), reveló este viernes para la votación en general del proyecto de despenalización del aborto en tres causales.

Si las fechas se mantienen, la votación sobre la idea de legislar coincidirá con campaña para las elecciones municipales del próximo mes de octubre, para que -finalmente- el proyecto se pudiera despachar completamente -en general y en particular- el próximo enero de 2017, que es cuando lo espera también el Gobierno.
Para cumplir los plazos, la senadora Goic explicó en una entrevista a El Mercurio que su Comisión decidió acortar la lista de expertos invitados a exponer sus posiciones antes de la votación en sala -por ahora han concurrido 36 de los 140 inscritos – “porque llega un momento que los argumentos comienzan a repetirse. Es imporante cuidar cierta calidad del debate”.
Sin embargo, a pesar de que ya no hay nuevos enfoques y los aportes cada vez son más escasos, siguen habiendo varios interrogantes alrededor de los votos que la iniciativa, que se encuentra en su segundo trámite constitucional, lograría sumar.
Para aprobarla se requieren los apoyos de 19 de los 37 senadores en ejercicio. De los 21 votos del oficialismo en el Senado, las principales incógnitas provienen de los seis senadores de la bancada DC, que difieren esencialmente sobre la causal de violación.
Es bien conocido que la ex ministra del Sernam Soledad Alvear está haciendo campaña antiabortista para impedir que el voto DC dé luz verde al proyecto. Según el mismo artículo, el equipo de Alvear “trabaja en una propuesta alternativa que darían a conocer cuando el proyecto llegue a la Sala”. El medio revela que la alternativa de el ala más conservadora de los demócratacristianos pasaría por “mantener la penalidad del aborto y eximir de pena al aborto terapéutico y a la inviabilidad fetal”, así como “establecer una causal de atenuación en caso de violación o de fecundación artificial no consentida por la mujer y considerar las ‘situaciones de grave desamparo de la mujer'”.
Lentitud, poca claridad y creencias personales
Las aritméticas están complicadas y las organizaciones sociales y en defensa de los derechos de la mujer lo saben. Desde su flanco de observadoras y fiscalizadoras del proceso de aprobación del proyecto, denuncian el retraso en la aprobación del proyecto y muestran su preocupación por “la falta de claridad” del voto de los senadores de la Nueva Mayoría para respaldar un proyecto que “es un mínimo para la protección de los derechos de las mujeres y niñas del país”, apuntó a El Ciudadano la abogada de la Corporación Humanas, Camila Maturana.

En este sentido, la directora de la Corporación Miles, Claudia Dides, aseguró a este medio que “la votación en particular será un proceso muy lento porque la DC va a poner indicaciones, por ejemplo, para bajar las semanas permitidas para el aborto de las niñas en caso de violación”, que desde la organización establecieron al menos en 22 semanas.
Junto con eso, la directora adviertió que “los tiempos se van a alargar” porque “lo más probable es que no haya acuerdo en el Senado y el proyecto pase a comisión mixta”. Dides llamó a la presidenta a que “le ponga urgencia al proyecto” no sólo por la cantidad de niñas violadas que, según los datos de la Corporación, la semana pasada se dieron cuatro casos, sino también porque “luego de esto va a venir el Tribunal Constitucional y no sabemos cuantos meses se demorará, y luego vienen las elecciones presidenciales, con lo que corremos el riesgo de que el proyecto se pierda en este gobierno”.
Maturana, por su parte, llamó a “resguardar el carácter de Estado laico que garantiza la Constitución desde 1995 en el país y a que las creencias personales de los parlamentarios no estén por encima del rol que les corresponde para legislar en beneficio de los derechos humanos”. Y agregó: “La ciudadanía y las mujeres chilenas no entenderíamos que, si hay el compromiso de despacharlo en enero de 2017, éste no se cumpliera”.
La iniciativa, que busca despenalizar el aborto en tres casos: cuando la vida de la madre esté en peligro, cuando el feto sea inviable o cuando el embarazo de la mujer sea producto de una violación, empezó su discusión en la Comisión de Salud del pasado 19 de abril, luego de su aprobación en la Cámara de Diputados el pasado mes de marzo.
Meritxell Freixas | @MeritxellFr
Tomado de elciudadano.cl
Source: Agosto 2016

Abogados piden a Asamblea despenalizar el aborto en casos de violación

Ecuador: El Colegio de Abogados de Pichincha presentó en la Asamblea Nacional una petición para que se trate la descriminalización del aborto por violación, incesto y en el caso de discapacidad fatal del feto, basados en el informe del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y sus recomendaciones para el Ecuador.
El Código Orgánico Integral Penal (COIP) contempla la posibilidad del aborto, únicamente en los casos en los que se evite un peligro para la vida o la salud de la mujer embarazada y cuando el embarazo haya sido consecuencia de una violación a una mujer con discapacidad mental.

Con base a esa legislación, el Colegio de Abogados de Pichincha solicitó que el Legislativo que “debe mirar por la vida y salud de la madre”, por lo que se debe despenalizar el aborto no solo en los casos establecidos en la Ley.
Como parte del pedido, los abogados de Pichincha plantearon las cifras de la Encuesta Nacional de Relaciones Familiares y Violencia de Género contra las Mujeres, realizada por el INEC, en la cual se señala que una de cada cuatro mujeres han sufrido violencia sexual; mientras que 379 098 mujeres entre 15 años o más, declararon hacer sido víctimas de violación, con unas proyecciones que aumentan año tras año.
Para el Colegio de Abogados, muchas de esas mujeres que fueron agredidas sexualmente quedaron embarazadas y han sido forzadas a una maternidad producto de violación. “Tuvieron que concebir a un hijo no deseado, pues no han podido interrumpir su gestación por el riesgo de ser procesadas penalmente”.
El oficio presentado con fecha del 11 de agosto, consta de seis páginas y fue firmado por el presidente de la agremiación, Ramiro García Falconí y la directora del Observatorio de Género y Diversidad, Pilar Rassa.
Tomado de Elcomercio.com
Source: Agosto 2016

La Corte Suprema tucumana ordenó la liberación de Belén

Argentina, Tucumán – La joven había sido condenada a 8 años de prisión por considerar que había asesinado a su bebé arrojándolo a un inodoro. Sus defensores afirman que se trató de un aborto espontáneo.
La Corte Suprema de Justicia de Tucumán ordenó hoy que Belén sea puesta en libertad. Lo hizo a través de un fallo difundido esta tarde, que lleva la firma de los vocales Antonio Gandur, Antonio Estofán y Daniel Posse.

Belén fue condenada en abril a ocho años de prisión por “homicidio doblemente agravado por el vínculo y por alevosía” luego de que los jueces que la sentenciaron consideraran que tuvo a su bebé en un baño del hospital Avellaneda y que lo asesinó arrojándolo a un inodoro.
Belén llegó al Hospital Avellaneda en San Miguel de Tucumán. Tenía una hemorragia vaginal y apenas podía caminar. Aunque el médico dio el diagnóstico de “aborto espontáneo”, la versión que la paciente dio fue otra: no sabía que estaba embarazada y tuvo un aborto natural, es decir, una gestación que terminó prematuramente en la cual el embrión no logró sobrevivir.
Por esta razón, desde Amnistía Internacional hasta un grupo de artistas, periodistas y políticos, pidieron su liberación en un spot bajo la consigna #LibertadParaBelén​.
La ONG internacional basó su reclamo en la violación del secreto profesional. “Se violó el secreto médico-paciente y el debido proceso”, explicó Soledad Deza, abogada de Belén al poco tiempo de su detención.
Belén usa un nombre ficticio para preservar su identidad. Está privada de su libertad desde 2014. El reclamo es contra la Sala III de la Cámara Penal de Tucumán, que fue la que condenó a Belén a ocho años. Los jueces tomaron la doctrina de la Corte nacional sobre el caso de Romina Tejerina para el fallo. Y señalaron que “testimonios e informes nos permitieron llegar a la certeza de que había nacido un niño con vida y que el deceso se produjo por un traumatismo encéfalocraneano y el cortón cortado por desgarro”.
Tomado de http://www.clarin.com/

Source: Agosto 2016

Prisión preventiva que no tiene razones

Edmundo Jiménez recomendó a la Corte provincial tucumana que libere a la joven, detenida desde marzo de 2014 tras sufrir un aborto espontáneo. El dictamen se conoce a dos días de las manifestaciones nacionales para pedir por la libertad de Belén.
Con durísimos cuestionamientos al tribunal que condenó a Belén, el ministro fiscal de Tucumán, Edmundo Jiménez, pidió ayer a la Corte de la provincia que libere a la joven detenida desde marzo de 2014, cuando, luego de sufrir un aborto espontáneo, la acusaron arbitrariamente de haber asesinado a su supuesto hijo recién nacido. En abril, los jueces de la Cámara Penal III, Dante Ibáñez, Néstor Rafael Macoritto y Fabián Adolfo Fradejas, la condenaron sin pruebas a 8 años de cárcel por el delito de homicidio doblemente agravado por el vínculo y alevosía mediando circunstancias extraordinarias de atenuación. Además, le prorrogaron la prisión preventiva, aunque la sentencia no está firme, y a los pocos días, rechazaron el cese de esa condición, pedido por su defensa. El pronunciamiento del ministro fiscal se conoce a dos días de las marchas convocadas en todo el país para reclamar la libertad de Belén. En la ciudad de Buenos Aires, la movilización partirá a las 17 del Obelisco hacia la Plaza de Mayo, y durante el recorrido pasará por la Casa de la provincia de Tucumán.

Jiménez elevó su dictamen al máximo tribunal de Tucumán, que debe resolver si libera a Belén y si anula la sentencia en su contra, luego del recurso extraordinario presentado por la abogada de la joven, Soledad Deza, de Católicas por el Derecho a Decidir (CDD). En su escrito, el ministro fiscal criticó ampliamente la decisión de la Cámara Penal III de extender la prisión preventiva de Belén, por falta de fundamentos. De acuerdo con Jiménez, los jueces no dan razones suficientes para prorrogarla. Belén está presa hace más de dos años y cuatro meses: del Hospital Avellaneda, al que fue para recibir atención médica por dolores abdominales y donde luego sufrió un aborto espontáneo, salió detenida, directo al penal de mujeres de Tucumán, donde permanece desde entonces. Jiménez afirmó que no está probado que la sentencia condenatoria incremente el riesgo de que Belén pretenda eludir la Justicia, como sostuvieron los jueces de la Cámara Penal III. También descalifica el argumento de que haya sido dictada por el juez que llevó la instrucción de la causa. Y, en tercer lugar, destaca que la prórroga de la prisión preventiva ni siquiera fue solicitada por la parte acusatoria. “El tribunal a quo incurre en un notorio déficit motivacional al justificar el mantenimiento de la prisión preventiva (de Belén) bajo el argumento de que no fue dispuesta esta medida por dicho tribunal (sino que fue ordenada anteriormente por el Juzgado de Instrucción) y sostiene su prolongación en el tiempo en el dictado de una sentencia condenatoria –no firme–, lo cual no resulta compatible con los estándares mínimos de derechos humanos para las medidas privativas de la libertad y contrario al principio de inocencia”, dijo Jiménez al máximo tribunal. Y fundamentó su posición en jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en el caso “Arguelles y otros c/ Argentina”, de fecha 20 de noviembre de 2014), de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y del máximo tribunal tucumano.
Hace dos semanas, el ministro fiscal se había pronunciado a favor de la anulación de la condena a Belén, en otro dictamen elevado a la corte tucumana. Jiménez consideró que el fallo del tribunal es “arbitrario y por ende, nulo”. Además, remarcó que las irregularidades comenzaron en la etapa de instrucción. “Se deja entrever un prejuicio de falsedad desde el comienzo de la investigación respecto a los dichos de la imputada”, observó en esa oportunidad.
La Mesa #LibertadParaBelén –integrada por más de cuarenta organizaciones sociales, sindicales, de mujeres y políticas– lanzó la convocatoria para concentrarse el viernes en las plazas de todo el país a partir de las 17. En el caso de la capital tucumana, se trasladará el reclamo a la puerta del Palacio de Tribunales, a partir de las 11, para exigirle a la Corte que libere a la joven condenada.
La causa en su contra se inició como “aborto seguido de presunto homicidio”, un tipo penal imposible e inexistente. Luego se recaratuló como “homicidio doblemente agravado por el vínculo y por alevosía”, a pesar de que no hay ninguna prueba que vincule en términos de filiación a Belén con el feto supuestamente encontrado en el hospital. Tampoco hay pruebas de que ella se haya provocado un aborto y mucho menos que haya matado a un bebé recién nacido, arrojándolo a una cañería. Belén lo dijo a gritos y con llanto ante el Tribunal. Pero nadie quiso escucharla.
Tomado de pagina12.com.ar

Source: Agosto 2016

ONU alerta "uso indiscriminado" de objeción médica en abortos

[Uruguay] Recomienda introducir “estrictas justificaciones” para poder objetar

De los siete ginecólogos que trabajan en Río Negro en la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), tres son objetores de conciencia, es decir no realizan abortos. En Paysandú, el porcentaje es bastante mayor: 13 de los 16 especialistas (81%) objetan, según un estudio realizado por la organización Mujer y Salud Uruguay (MYSU) el año pasado, en el que se analizaba la aplicación de la ley de interrupción voluntaria del embarazo (IVE) en esos dos departamentos y Soriano, en el que el 100% de los ginecólogos se niegan a hacer abortos.


Esas cifras preocupan no solo a las organizaciones que defienden los derechos de las mujeres, sino también a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que alertó por el “uso indiscriminado de la objeción de conciencia en los servicios de IVE”. La preocupación del organismo internacional fue manifestada a través del Comité para la eliminación de todas las formas de discriminación a las mujeres (Cedaw), que el mes pasado realizó sus recomendaciones en Ginebra, Suiza. Las resultados fueron presentados ayer en Cancillería y junto al Ministerio de Relaciones Exteriores participó el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) del Ministerio de Desarrollo Social (Mides).

A raíz de la preocupación expresada por la Cedaw, el organismo recomienda “asegurar el acceso a servicios de aborto legal e introducir estrictas justificacipnes para prevenir el uso de la objeción de conciencia como barrera”.

Un informe de MYSU del año pasado destaca que “la objeción de conciencia tal como está planteada representa tanto un obstáculo tangible como intangible”. “En muchos casos significa retrasar o hasta mismo negar los abortos, reforzar la estigmatización y aumentar el sufrimiento de las mujeres”, agrega.

En agosto del año pasado, el gobierno perdió un juicio contra un grupo de unos 100 ginecólogos que presentaron un recursos ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) por el que solicitaban se retiraran los artículos de la reglamentación de la ley del IVE que obligaba a todos los ginecólogos -fueran o no objetores- a participar del primer paso para realizarse un aborto. El fallo favorable a los ginecólogos tuvo como consecuencia que desde poco menos de un año, los médicos no tengan por qué participar en algunos de los cinco procesos para interrumpir el embarazo.

Ante esa sentencia, el Ministerio de Salud Pública (MSP) debió modificar la reglamentación. Dentro de esos cambios, además de que un ginecólogo objetor no tiene que participar en algunos de los procesos, se incluye que el equipo interdisciplinario que atiende a las mujeres debe hacerlo en forma simultánea, algo que antes no era necesario. Quienes participan en el proceso son un psicólogo, un ginecólogo y un asistente social.

La directora de Inmujeres, Mariella Mazzotti dijo a El Observador que las observaciones realizadas por la ONU responden a que en departamentos como Soriano o Salto, todos los ginecólogos se niegan a realizar abortos.

Mazzotti sostuvo que desde el fallo del TCA, el gobierno ha tenido que buscar cumplir con la sentencia sin dejar de lado que se respeten “los derechos de las mujeres”.

A la organización MYSU le preocupa especialmente que las consultas se deban hacer en forma simultánea, especialmente en el interior, donde escasean los especialistas.

“El panorama es que hay que pensar en cómo se organizan los servicios. Y hay que saber si abortos son todos o todavía tenemos abortos ocultos por fuera del sistema”, sostuvo en diálogo con El Observador Lilián Abracinskas, directora de MYSU. Según las ultimas cifras del MSP, en los primeros nueve meses de 2015 hubo casi 7.000 abortos, informó El País en marzo de este año. En promedio, se practican 780 abortos mensuales, casi 390 por día.

La falta de especialistas también preocupa a la ONU, que entiende que hay una “falta de acceso de las mujeres rurales a los servicios de salud sexual y reproductiva”. Para solucionar ese deficiencia, recomienda que se evalúe “la disponibilidad nacional de los servicios con el objetivo de identificar departamentos y municipios desatendidos. De todos modos, el organismo reconoce como un logro que ha habido una “expansión de los servicios de salud sexual uy reproductiva”.

Otras recomendaciones

La Cedaw realizó observaciones sobre diferentes aspectos, entre los que se encuentra, por ejemplo, la educación. En ese caso, recomendó implementar estrategias para abordar las “altas tasas de embarazo adolescente y deserción laboral, con medidas que aseguren la retención y re inserción de madres y jóvenes, incluyendo becas”. También recomienda que se incremente el número de profesoras en las universidades.

Mazzotti explicó que el organismo apuntó fuerte a la participación de las mujeres en lugares de poder, así como a la eliminación de todo tipo de violencia. En ese ámbito, la Cedaw recomienda que se aumenten la cantidad de juzgados especializados en violencia de género y que haya una capacitación permanente a los jueces para que exista una “mayor sensiblidad” por parte de los magistrados, según señaló Mazzotti.

Más allá de las recomendaciones en particular, la directora de Inmujeres destacó que en Uruguay el principal problema es “socio cultural” y responde a patrones de conducta donde el hombre es el “jefe de familia” y la mujer se dedica al cuidado de los hijos. “En el discurso no se dice pero en la práctica se hace”, sostuvo.

Tomado de http://www.elobservador.com.uy/


Source: Agosto 2016

Un libro confronta las distintas legislaciones sobre el aborto

‘El aborto en el derecho transnacional. Casos y Controversias’, es una coedición del FCE y el CIDE, coordinado por Rebecca J. Cook, Joanna N. Erdman y Bernard M. Dickens.
Para entender la evolución del aborto en el ámbito del derecho transnacional y cuáles son las ideas que influyen en la regulación y jurisprudencia sobre este tema, el Fondo de Cultura Económica y el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) han publicado la obra El aborto en el derecho transnacional. Casos y Controversias, coordinado por los especialistas Rebecca J. Cook, Joanna N. Erdman y Bernard M. Dickens.

Los autores ahondan en los cambios de principios constitucionales y regímenes normativos en el tema, la concepción de la justicia procedimental y el acceso libre; así como en el encuadre argumentativo y demanda de los derechos humanos de la mujer en la salud reproductiva; además de que profundizan en las narrativas y significados sociales que han llevado al aborto a su criminalización o bien a su protección como un derecho humano.
El debate jurídico y judicial sobre el aborto ha tenido a lo largo del siglo XX y principios del XXI, importantes revoluciones en su abordaje teórico y práctico, expresando estrategias de sectores sociales, religiosos y políticos que resultan en ocasiones contrapuestas.
Rebecca J. Cook, Joanna N. Erdman y Bernard M. Dickens presentan un completo balance dinámico sobre las nuevas transiciones actuales y posibles, los desarrollos jurídicos más significativos a nivel transnacional en el tema del aborto y dan cuenta del nuevo desarrollo conceptual que concibe la idea de que no sólo la sanción penal, sino la amenaza de la sanción penal, ponen en riesgo derechos fundamentales de las mujeres.
Rebecca Cook es profesora emérita de derecho y codirectora del Programa Internacional de Derecho en Reproducción y Salud Reproductiva en la Universidad de Toronto. Es editora de Human Rights of Women: National and International Perspectives y coautora de Gender Stereotyping: Transnational Legal Perspectives, ambos editados por University of Pennsylvania Press.
Joanna N. Erdman es asistente de profesor y MacBain Chair en derecho de la salud y política en la escuela de leyes en Dalhousie University; mientras que Bernard M. Dickens es profesor emérito de derecho y codirector del programa internacional de derecho en reproducción y salud reproductiva en la Universidad de Toronto. Es coautor de Reproductive Health and Human Rights: Integrating Medicine, Ethics, and Law (Oxford University Press, 2003).
La obra se presenta el próximo jueves 11 de agosto, a las 19:00 horas, en la Librería del Fondo Rosario Castellanos. Los comentarios estarán a cargo de Leticia Bonifaz, Marta Lamas, Alejandro Madrazo, Lucía Raphael, Olga Sánchez Cordero y los editores del libro.
Tomado de http://aristeguinoticias.com
Source: Agosto 2016

Argentina: Lanzan un video de mujeres que cuentan su experiencia acerca del aborto

“Nosotras abortamos” es un video que muestra relatos en primera persona de mujeres que practicaron abortos.
El equipo comunicacional “Colectivo de Salud Feminista” realizó un video en el que se muestran los relatos de mujeres que practicaron abortos. En el material audiovisual, las mujeres expresan sus miedos, dudas y el no arrepentimiento.

El material se difundió para, una vez más, tratar de concientizar sobre la legalización del aborto y se conoció a pocos días de que el presidente Mauricio Macri declare en el Congreso Eucarístico Nacional en la provincia de Tucumán, su desacuerdo sobre una ley que ampare la interrupción del embarazo, manifestando defender “la vida desde la concepción hasta la muerte”.

Con el slogan “Nosotras abortamos”, el video muestra a mujeres de todas las edades y clases sociales contando sus experiencias abortivas. Entre ellas, aparece la periodista Gisela Marziotta. 
Al final, el video muestra teléfonos y contactos de organizaciones sociales y políticas que brindan servicios de información y contención a mujeres que deciden interrumpir sus embarazos.
Tomado de http://www.argnoticias.com
El equipo comunicacional “Colectivo de Salud Feminista” realizó un video en el que se muestran los relatos de mujeres que practicaron abortos. En el material audiovisual, las mujeres expresan sus miedos, dudas y el no arrepentimiento. 
 
 
El material se difundió para, una vez más, tratar de concientizar sobre la legalización del aborto y se conoció a pocos días de que el presidenteMauricio Macri declare en el Congreso Eucarístico Nacional en la provincia de Tucumán, su desacuerdo sobre una ley que ampare la interrupción del embarazo, manifestando defender “la vida desde la concepción hasta la muerte”.
Source: Agosto 2016