Políticas de aborto en Brasil: una actualización

Políticas de aborto en Brasil: una actualización

Por Sonia Corrêa

A lo largo de 2015, como ya reportó anteriormente el Sexuality Policy Watch (SPW), las políticas de aborto brasileñas continuaron desarrollándose al compás de las presiones creadas por la inestable intersección de las tendencias regresivas en estas políticas (que han ido ganando fuerza desde mediados de los 2000) y la crisis macro-política que ha alcanzado la res publica brasileña. A finales de año, la epidemia de Zika añadió más caos a la ya confusa situación. Durante el mes de marzo y hasta principios de abril de 2016, el debate en torno al aborto ha sido arrollado por la agravación de la crisis política. Una secuencia de hechos jurídicos y estallidos en los medios de comunicación ha ensombrecido la esfera pública y el proceso de destitución no ha hecho más que comenzar en el Congreso

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Mientras tanto, al tiempo que las audiencias nacionales e internacionales observan, estupefactos, estas complejas y arriesgadas dinámicas, los hechos y procesos relacionados con el aborto y los derechos reproductivos continúan desarrollándose en el Legislativo y en la propia sociedad brasileña. Los temas sobre desarrollo en relación a la crisis de salud pública creada por el zika también están por reportarse en lo que a la respuesta del Estado se refiere y en cuanto al debate sobre aborto que la epidemia ha desencadenado. Esta actualización comienza con una mirada a lo que está sucediendo en el Congreso y en las otras ramas legislativas. Más adelante, se ofrece una mirada sobre la epidemia de zika, especialmente en relación a las vidas de las mujeres. Concluye con una descripción breve de un nuevo episodio de persecución penal ocurrido en Río de Janeiro. 

Las trincheras legislativas

A finales del pasado año, – mientras las feministas protestaban en las calles y los primeros síntomas de los efectos del Zika en fetos salían a la luz – una serie de Comités del Congreso de Brasil aprobaron parcialmente normativas regresivas en relación al aborto y la familia. Estas no fueron iniciativas aisladas, sino que formaban parte de un paquete de propuestas legislativas presentadas por grupos conservadores religiosos y sus aliados durante años y que se volvieron a poner en la mesa del legislativo sujetas a un proceso acelerado de aprobación tras ser elegido presidente del Congreso el congresista evangélico Eduardo Cunha en febrero de 2015.

En diciembre, sin embargo, Cunha fue perdiendo rápidamente su peso político, a medida que varias investigaciones revelaron sólida evidencia de su involucramiento con la trama de corrupción de Petrobrás. Hoy día, sin embargo, a medida que la marea política en contra de la Administración Dilma continúa avanzando, el comportamiento indebido de Cunha parece haberse olvidado. En el Comité de Ética del Congreso, su destitución de la presidencia cuenta con 11 de los 21 votos totales. No obstante, con el apoyo de fuerzas de la oposición, Cunha está jugando un rol principal en el acelerado movimiento pro-destitución actualmente en juego en el tablero de ajedrez del Congreso.

Todo esto conlleva muy malas noticias (en el corto y largo plazo) en lo que respecta a varias leyes relativas al aborto y a temas sobre sexualidad que están en espera de votación final en el Congreso. Sin embargo, como comenta la politóloga feminista Flávia Birolli [1], por muy poderoso que sea el Sr. Cunha, es un error atribuirle exclusivamente a él la responsabilidad por el continuo retroceso en relación al aborto, al género y a la sexualidad en el Congreso del Brasil.  La presencia congresal de fuerzas dogmáticas de corte religioso tiene una historia mucho más larga que puede remontarse a los ataques de los congresistas católicos debido a los permisos para el aborto autorizados por el código penal de 1940. Estas leyes se inauguraron en el contexto de reapertura del Parlamento Brasileño después de la dictadura de Vargas en 1946. Más recientemente, durante la Reforma Constitucional de 1986-88 (como describe Rafael de la Dehesa (2010), [2]), un pequeño grupo evangélico, en alianza con los líderes de la reforma electoral, bloqueó la inclusión de los términos en la constitución que habrían clasificado a la orientación sexual como un motivo de discriminación.

El bloque conservador religioso en el Congreso se ha expandido desde entonces, especialmente en los 2000. En la legislatura actual, el grupo evangélico en la Cámara cuenta con 196 congresistas (aproximadamente el 20% de la Cámara en plenaria), distribuidos en 23 partidos políticos. La alianza de este grupo con otros bloques conservadores está más que consolidada. En estas condiciones, los ataques a los derechos sexuales y reproductivos deben entenderse siempre conectados con una agenda mucho más conservadora que abarca, entre otros temas, la seguridad pública (intensificación de la criminalización, disminución de la edad para ser responsable penalmente y la eliminación del control de armas), la demolición de los derechos de los pueblos indígenas para así favorecer la agroindustria y la destrucción del marco regulatorio de radio y televisión. Como también destacó Birolli, el crecimiento del grupo sectario religioso en el parlamento significa que incluso si el congresista Cunha es expulsado de la escena política, habrá muchos otros dispuestos a impulsar una legislación que restrinja los derechos sexuales y reproductivos.

Otro aspecto que debe subrayarse es que, aunque el grupo sectario religioso constituye el grupo principal impulsor de estas agendas regresivas, muchos otros parlamentarios que no comparten necesariamente sus ideas dogmáticas en estos asuntos han estado siguiendo sus pasos en ocasiones críticas. Esto ocurrió, por ejemplo, a finales de febrero de 2016, cuando la Cámara votó una Medida Provisional (MP 696/2015). El bloque conservador utilizó esta oportunidad para proponer que el término “perspectiva de género” (que se usa para describir las atribuciones del nuevo Ministerio para las Políticas de las Mujeres, Igualdad Racial, Juventud y Derechos Humanos) se eliminara. Al mismo tiempo, la Cámara también solicitó que la Convención Interamericana de Derechos Humanos fuera tenida en cuenta como la referencia principal para los temas de derechos humanos del nuevo Ministerio (porque, de acuerdo a su interpretación, la Convención protege el derecho a la vida desde la concepción. [3]). Ambas propuestas fueron aprobadas; la eliminación de la “perspectiva de género” por 13 votos.

En la votación, que fue nominal, la medida que propuso eliminar la perspectiva de género fue apoyada por un amplio espectro político (30 partidos están ahora representados en el parlamento brasileño). Solo el PT, el PSOL (Partido para el Socialismo y la Libertad) y el PCdB (Partido Comunista de Brasil) votaron en bloque en contra de la medida. Es preocupante comprobar que 13 votos para la eliminación vinieron del Partido Socialista Brasileño (PSB), teniendo en cuenta que desde diciembre de 2014, este partido ha sido miembro de una red latinoamericana de partidos socialistas que apoyan la igualdad de género. Entre las feministas, hubo una breve expectación de que el Senado revocara esta medida. Sin embargo, no fue este el caso. El 7 de marzo, como si quisieran dejar una huella imborrable en el Día de la Mujer, los senadores confirmaron la decisión del Congreso. Estas son las condiciones políticas e ideológicas que presidirán la próxima votación de las provisiones siguientes: PL5069 (del Congresista Cunha), que pretende limitar el acceso al aborto en casos de violación; el Estatuto del No nacido (PL 478/07), que pretende otorgar derechos al embrión/feto restringiendo completamente el acceso al aborto; y el Estatuto de la Familia, que establece que esta es la modalidad más convencional y tradicional, algo que es totalmente contrario a la realidad de las familias brasileñas [4].

Aunque las dinámicas congresales se vean actualmente superadas por el debate en torno a la destitución, hay fuertes signos que sugieren que ello no disminuirá la agresividad del bloque conservador respecto a los derechos sexuales y reproductivos. Las alteraciones al texto del MP 696/2015 son ciertamente un ejemplo de ello.

Algo más sorprendente fue lo ocurrido cuando el debate público sobre la crisis del zika y el aborto estalló. Un congresista del estado de Pernambuco anunció con orgullo que introducirá un proyecto de ley que imponga penas específicas y muy graves a la práctica del aborto en caso de microcefalia. Hace dos semanas, se llamó a una audiencia pública en el contexto de una Comisión de Investigación Parlamentaria sobre ciber crímenes para evaluar qué medidas está tomando el Estado para controlar y penalizar la compra y venta de Misoprostol por Internet. [5].

Asimismo, proposiciones legislativas similares se están proponiendo actualmente en otros niveles del Legislativo. Al tiempo de redactar el presente artículo, por ejemplo, la prensa reportó que la Asamblea del Distrito Federal estaba a punto de aprobar una ley que tomó como modelo el PL 5069, restringiendo el acceso al aborto en casos de violación. Mientras tanto, consejeros municipales en Recife estuvieron votando la suspensión de la distribución de materiales sobre género y sexualidad en el sistema de educación pública.

Y, por último, pero no menos importante, como analizó previamente el SPW, la era PT – y los últimos cinco años en particular- no fueron exactamente favorables para la agenda de los derechos sexuales y reproductivos. No obstante, a pesar de que las predicciones sobre lo que pasará en el escenario político brasileño en los próximos meses son muy poco claras, se puede hacer un fácilmente un pronóstico: si la destitución sigue adelante, el contexto político que emergerá será indudablemente desfavorable e invalidante para los derechos sexuales y reproductivos, dado que la mayoría de las fuerzas regresivas descritas anteriormente están firmemente instaladas en el vagón pro-destitución.

Mientras tanto, la criminalización continúa consolidando su dominio

El miércoles 6 de abril, la prensa reportó que la policía de Copacabana hizo una redada en una clínica de aborto clandestina. Dos doctores y una mujer fueron llevados por la policía para testificar y parece que los médicos fueron acusados, pero no la mujer, que fue simplemente incluida en el procedimiento judicial como testigo. Al tiempo que este informe estaba finalizándose, las feministas estaban protestando en frente de la comisaría de policía. 

Notas:
[1] Análisis llevado a cabo bajo una iniciativa conjunta de Cfemea, IPAS and SPW para producir y circular información sobre asuntos sexuales y reproductivos, en particular el aborto, a nivel del Congreso Brasileño.
[2] En Queering the Public Sphere in Mexico and Brazil: Sexual Rights Movements in Emerging Democracies, Duke University Press, 20.
[3] Existe literatura extensa sobre este tema en la que varios intérpretes progresistas rebatieron la estrecha interpretación de la Convención creada por fuerzas anti-aborto; y la Corte Interamericana ha realizado su propia interpretación en la que explica que la definición de la definición de la Convención no debe usarse de manera que restrinja el ejercicio de otros derechos, por ejemplo los derechos de las mujeres.
[4] Véase http://sxpolitics.org/14315-2/14315
[5] Los ciber crímenes han estado en la agenda del legislativo brasileño desde principios de los 2000. El tono furioso de los debates se enfrió cuando el Marco regulatorio de Derecho Civil fue finalmente aprobado en 2014. Últimamente, sin embargo, los sectores conservadores han revivido el tema una vez más. Para leer más acerca de los debates sobre la regulación de internet en Brasil, véase: http://www.genderit.org/sites/default/upload/erotics_finalresearch_apcwnsp.pdf#brazil

Fuente: Sexuality Policy Watch 8 April 2016

Tomado de: Campaña Internacional por el Derecho de las Mujeres al Aborto Seguro: http://www.safeabortionwomensright.org/

 

 

Source: Abril 2016