Políticas de aborto en Brasil: una actualización

Políticas de aborto en Brasil: una actualización

Por Sonia Corrêa

A lo largo de 2015, como ya reportó anteriormente el Sexuality Policy Watch (SPW), las políticas de aborto brasileñas continuaron desarrollándose al compás de las presiones creadas por la inestable intersección de las tendencias regresivas en estas políticas (que han ido ganando fuerza desde mediados de los 2000) y la crisis macro-política que ha alcanzado la res publica brasileña. A finales de año, la epidemia de Zika añadió más caos a la ya confusa situación. Durante el mes de marzo y hasta principios de abril de 2016, el debate en torno al aborto ha sido arrollado por la agravación de la crisis política. Una secuencia de hechos jurídicos y estallidos en los medios de comunicación ha ensombrecido la esfera pública y el proceso de destitución no ha hecho más que comenzar en el Congreso

(para leer más sobre la crisis política en Brasil, hacer click aquí).
 
Mientras tanto, al tiempo que las audiencias nacionales e internacionales observan, estupefactos, estas complejas y arriesgadas dinámicas, los hechos y procesos relacionados con el aborto y los derechos reproductivos continúan desarrollándose en el Legislativo y en la propia sociedad brasileña. Los temas sobre desarrollo en relación a la crisis de salud pública creada por el zika también están por reportarse en lo que a la respuesta del Estado se refiere y en cuanto al debate sobre aborto que la epidemia ha desencadenado. Esta actualización comienza con una mirada a lo que está sucediendo en el Congreso y en las otras ramas legislativas. Más adelante, se ofrece una mirada sobre la epidemia de zika, especialmente en relación a las vidas de las mujeres. Concluye con una descripción breve de un nuevo episodio de persecución penal ocurrido en Río de Janeiro. 

Las trincheras legislativas

A finales del pasado año, – mientras las feministas protestaban en las calles y los primeros síntomas de los efectos del Zika en fetos salían a la luz – una serie de Comités del Congreso de Brasil aprobaron parcialmente normativas regresivas en relación al aborto y la familia. Estas no fueron iniciativas aisladas, sino que formaban parte de un paquete de propuestas legislativas presentadas por grupos conservadores religiosos y sus aliados durante años y que se volvieron a poner en la mesa del legislativo sujetas a un proceso acelerado de aprobación tras ser elegido presidente del Congreso el congresista evangélico Eduardo Cunha en febrero de 2015.

En diciembre, sin embargo, Cunha fue perdiendo rápidamente su peso político, a medida que varias investigaciones revelaron sólida evidencia de su involucramiento con la trama de corrupción de Petrobrás. Hoy día, sin embargo, a medida que la marea política en contra de la Administración Dilma continúa avanzando, el comportamiento indebido de Cunha parece haberse olvidado. En el Comité de Ética del Congreso, su destitución de la presidencia cuenta con 11 de los 21 votos totales. No obstante, con el apoyo de fuerzas de la oposición, Cunha está jugando un rol principal en el acelerado movimiento pro-destitución actualmente en juego en el tablero de ajedrez del Congreso.

Todo esto conlleva muy malas noticias (en el corto y largo plazo) en lo que respecta a varias leyes relativas al aborto y a temas sobre sexualidad que están en espera de votación final en el Congreso. Sin embargo, como comenta la politóloga feminista Flávia Birolli [1], por muy poderoso que sea el Sr. Cunha, es un error atribuirle exclusivamente a él la responsabilidad por el continuo retroceso en relación al aborto, al género y a la sexualidad en el Congreso del Brasil.  La presencia congresal de fuerzas dogmáticas de corte religioso tiene una historia mucho más larga que puede remontarse a los ataques de los congresistas católicos debido a los permisos para el aborto autorizados por el código penal de 1940. Estas leyes se inauguraron en el contexto de reapertura del Parlamento Brasileño después de la dictadura de Vargas en 1946. Más recientemente, durante la Reforma Constitucional de 1986-88 (como describe Rafael de la Dehesa (2010), [2]), un pequeño grupo evangélico, en alianza con los líderes de la reforma electoral, bloqueó la inclusión de los términos en la constitución que habrían clasificado a la orientación sexual como un motivo de discriminación.

El bloque conservador religioso en el Congreso se ha expandido desde entonces, especialmente en los 2000. En la legislatura actual, el grupo evangélico en la Cámara cuenta con 196 congresistas (aproximadamente el 20% de la Cámara en plenaria), distribuidos en 23 partidos políticos. La alianza de este grupo con otros bloques conservadores está más que consolidada. En estas condiciones, los ataques a los derechos sexuales y reproductivos deben entenderse siempre conectados con una agenda mucho más conservadora que abarca, entre otros temas, la seguridad pública (intensificación de la criminalización, disminución de la edad para ser responsable penalmente y la eliminación del control de armas), la demolición de los derechos de los pueblos indígenas para así favorecer la agroindustria y la destrucción del marco regulatorio de radio y televisión. Como también destacó Birolli, el crecimiento del grupo sectario religioso en el parlamento significa que incluso si el congresista Cunha es expulsado de la escena política, habrá muchos otros dispuestos a impulsar una legislación que restrinja los derechos sexuales y reproductivos.

Otro aspecto que debe subrayarse es que, aunque el grupo sectario religioso constituye el grupo principal impulsor de estas agendas regresivas, muchos otros parlamentarios que no comparten necesariamente sus ideas dogmáticas en estos asuntos han estado siguiendo sus pasos en ocasiones críticas. Esto ocurrió, por ejemplo, a finales de febrero de 2016, cuando la Cámara votó una Medida Provisional (MP 696/2015). El bloque conservador utilizó esta oportunidad para proponer que el término “perspectiva de género” (que se usa para describir las atribuciones del nuevo Ministerio para las Políticas de las Mujeres, Igualdad Racial, Juventud y Derechos Humanos) se eliminara. Al mismo tiempo, la Cámara también solicitó que la Convención Interamericana de Derechos Humanos fuera tenida en cuenta como la referencia principal para los temas de derechos humanos del nuevo Ministerio (porque, de acuerdo a su interpretación, la Convención protege el derecho a la vida desde la concepción. [3]). Ambas propuestas fueron aprobadas; la eliminación de la “perspectiva de género” por 13 votos.

En la votación, que fue nominal, la medida que propuso eliminar la perspectiva de género fue apoyada por un amplio espectro político (30 partidos están ahora representados en el parlamento brasileño). Solo el PT, el PSOL (Partido para el Socialismo y la Libertad) y el PCdB (Partido Comunista de Brasil) votaron en bloque en contra de la medida. Es preocupante comprobar que 13 votos para la eliminación vinieron del Partido Socialista Brasileño (PSB), teniendo en cuenta que desde diciembre de 2014, este partido ha sido miembro de una red latinoamericana de partidos socialistas que apoyan la igualdad de género. Entre las feministas, hubo una breve expectación de que el Senado revocara esta medida. Sin embargo, no fue este el caso. El 7 de marzo, como si quisieran dejar una huella imborrable en el Día de la Mujer, los senadores confirmaron la decisión del Congreso. Estas son las condiciones políticas e ideológicas que presidirán la próxima votación de las provisiones siguientes: PL5069 (del Congresista Cunha), que pretende limitar el acceso al aborto en casos de violación; el Estatuto del No nacido (PL 478/07), que pretende otorgar derechos al embrión/feto restringiendo completamente el acceso al aborto; y el Estatuto de la Familia, que establece que esta es la modalidad más convencional y tradicional, algo que es totalmente contrario a la realidad de las familias brasileñas [4].

Aunque las dinámicas congresales se vean actualmente superadas por el debate en torno a la destitución, hay fuertes signos que sugieren que ello no disminuirá la agresividad del bloque conservador respecto a los derechos sexuales y reproductivos. Las alteraciones al texto del MP 696/2015 son ciertamente un ejemplo de ello.

Algo más sorprendente fue lo ocurrido cuando el debate público sobre la crisis del zika y el aborto estalló. Un congresista del estado de Pernambuco anunció con orgullo que introducirá un proyecto de ley que imponga penas específicas y muy graves a la práctica del aborto en caso de microcefalia. Hace dos semanas, se llamó a una audiencia pública en el contexto de una Comisión de Investigación Parlamentaria sobre ciber crímenes para evaluar qué medidas está tomando el Estado para controlar y penalizar la compra y venta de Misoprostol por Internet. [5].

Asimismo, proposiciones legislativas similares se están proponiendo actualmente en otros niveles del Legislativo. Al tiempo de redactar el presente artículo, por ejemplo, la prensa reportó que la Asamblea del Distrito Federal estaba a punto de aprobar una ley que tomó como modelo el PL 5069, restringiendo el acceso al aborto en casos de violación. Mientras tanto, consejeros municipales en Recife estuvieron votando la suspensión de la distribución de materiales sobre género y sexualidad en el sistema de educación pública.

Y, por último, pero no menos importante, como analizó previamente el SPW, la era PT – y los últimos cinco años en particular- no fueron exactamente favorables para la agenda de los derechos sexuales y reproductivos. No obstante, a pesar de que las predicciones sobre lo que pasará en el escenario político brasileño en los próximos meses son muy poco claras, se puede hacer un fácilmente un pronóstico: si la destitución sigue adelante, el contexto político que emergerá será indudablemente desfavorable e invalidante para los derechos sexuales y reproductivos, dado que la mayoría de las fuerzas regresivas descritas anteriormente están firmemente instaladas en el vagón pro-destitución.

Mientras tanto, la criminalización continúa consolidando su dominio

El miércoles 6 de abril, la prensa reportó que la policía de Copacabana hizo una redada en una clínica de aborto clandestina. Dos doctores y una mujer fueron llevados por la policía para testificar y parece que los médicos fueron acusados, pero no la mujer, que fue simplemente incluida en el procedimiento judicial como testigo. Al tiempo que este informe estaba finalizándose, las feministas estaban protestando en frente de la comisaría de policía. 

Notas:
[1] Análisis llevado a cabo bajo una iniciativa conjunta de Cfemea, IPAS and SPW para producir y circular información sobre asuntos sexuales y reproductivos, en particular el aborto, a nivel del Congreso Brasileño.
[2] En Queering the Public Sphere in Mexico and Brazil: Sexual Rights Movements in Emerging Democracies, Duke University Press, 20.
[3] Existe literatura extensa sobre este tema en la que varios intérpretes progresistas rebatieron la estrecha interpretación de la Convención creada por fuerzas anti-aborto; y la Corte Interamericana ha realizado su propia interpretación en la que explica que la definición de la definición de la Convención no debe usarse de manera que restrinja el ejercicio de otros derechos, por ejemplo los derechos de las mujeres.
[4] Véase http://sxpolitics.org/14315-2/14315
[5] Los ciber crímenes han estado en la agenda del legislativo brasileño desde principios de los 2000. El tono furioso de los debates se enfrió cuando el Marco regulatorio de Derecho Civil fue finalmente aprobado en 2014. Últimamente, sin embargo, los sectores conservadores han revivido el tema una vez más. Para leer más acerca de los debates sobre la regulación de internet en Brasil, véase: http://www.genderit.org/sites/default/upload/erotics_finalresearch_apcwnsp.pdf#brazil

Fuente: Sexuality Policy Watch 8 April 2016

Tomado de: Campaña Internacional por el Derecho de las Mujeres al Aborto Seguro: http://www.safeabortionwomensright.org/

 

 

Source: Abril 2016

Condenan a prisión a una joven tucumana por realizarse un aborto

Condenan a prisión a una joven tucumana por realizarse un aborto

Belén, de 27 años, fue condenada a 8 años de prisión por homicidio doblemente agravado por el vínculo y por alevosía, en una causa que inicialmente fue caratulada como “aborto”.

Desde el 21 de marzo, cuando Belén acudió a al Hospital Avellaneda, de Tucumán, se desató sobre sobre ella una serie de violencias que atentan contra sus derechos mínimos elementales. Además de ser sometida a torturas por el personal médico y policial, el proceso judicial y la investigación se inician violando el secreto médico. Un mamarracho jurídico que tiene como correlato persecuciones, torturas y criminalización de una mujer, que además es pobre.

Ésta es la terrible descripción lo que tuvo que atravesar Belén cuando, ante una hemorragia, acude al hospital. Cuando la atendieron le dijeron que estaba teniendo un aborto espontáneo y Belén relata que no sabía que estaba embarazada. Luego encuentran un feto en un baño del hospital y sin realizar ningún análisis de ADN dijeron que era de ella y sin tampoco haber realizado ningún análisis en el feto plantearon que tenía una gestación de 20 semanas, según informó APA. Todo a pesar de las negativas de Belén, cuya palabra no fue tenida en cuenta.

Hace dos años que Belén está presa y ahora fue juzgada, con una pena de 8 años de cárcel bajo la carátula de homicidio doblemente agravado por el vínculo y alevosía.

Los verdaderos responsables

Esto es similar a lo que viven miles de mujeres que no tienen acceso a una educación sexual integral, condenadas a embarazos no deseados, o que ignoran estar embarazadas, aun cuando existe una ley nacional que dictamina la obligatoriedad de la educación sexual en las escuelas. La Iglesia siempre realiza fuertes presiones para que no se aplique en las escuelas., lo que en su máxima expresión termina con nuestra libertad o nuestras vidas. Incluso, una provincia donde la implementación real del derecho a la atención del aborto no punible atraviesa muchísimos obstáculos antepuestos por la Curia, la justicia o el propio gobierno provincial de Manzur o los 12 años de Alperovich.

En este caso, fueron también los médicos los que, anteponiendo sus creencias personales, prejuzgaron a Belén y denunciaron un caso de aborto voluntario sin tener pruebas y contradiciendo su propio relato. Una mera violación del secreto profesional.

Cabe destacar que dos de los jueces que sentenciaron a Belén a 8 años de cárcel la semana pasada, Dante Ibáñez y Nestor Rafael Macoritto, son parte del tribunal que ahora tiene en sus manos la decisión de la sentencia en el caso de Ismael Lucena, caso emblemático de gatillo fácil.

Tomado de http://www.laizquierdadiario.com

Source: Abril 2016

Las leyes restrictivas del aborto constituyen tortura

Relator Especial, Juan Méndez.

RELATOR ESPECIAL SOBRE LA TORTURA

En el Informe del Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, presentado ante Consejo de Derechos Humanos en su 31ª sesión (Agenda ítem 3, A/HRC/31/57, página 12, enero de 2016), se incluyeron los siguientes párrafos en torno al aborto inseguro:

“Acceso al aborto y a los cuidados relacionados con el mismo

43. El aborto inseguro es la tercera causa de muerte materna en el mundo. En aquellos lugares donde el acceso al aborto está restringido por la ley, la mortalidad materna aumenta debido a que las mujeres son forzadas a acudir a la práctica de abortos clandestinos en condiciones inseguras y antihigiénicas. Las consecuencias físicas y psicológicas a corto y largo plazo también aparecen como consecuencia de los abortos inseguros y cuando las mujeres son forzadas a llevar a término embarazos contra su voluntad (A/66/254).

Este tipo de políticas restrictivas impactan de manera desproporcionada a las mujeres y adolescentes más desfavorecidas y viviendo en condiciones de marginación. Las leyes altamente restrictivas del aborto que los prohíben incluso en casos de incesto, violación o malformación fetal, o para salvaguardar la vida o la salud de la mujer, violan el derecho de las mujeres a estar libres de tortura y de malos tratos (A/HRC/22/53, CEDAW/C/OP.8/PHL/1). Sin embargo, varios Estados continúan restringiendo el derecho de las mujeres al acceso a los servicios de aborto legal y seguro, estableciendo prohibiciones absolutas al aborto. El acceso restrictivo al aborto voluntario trae como consecuencia innecesarias muertes de mujeres.

44. En otros casos, las mujeres y adolescentes enfrentan serias dificultades para el acceso a los servicios de aborto legal debido a las barreras administrativas y burocráticas; a la negación de los profesionales de salud a la adhesión a los protocolos médicos que garantizan derechos legales y prohíben actitudes negativas, incompetencia o desinterés por parte de los profesionales sanitarios (A/HRC/22/53). La denegación de los abortos seguros y el sometimiento de las mujeres y adolescentes a actitudes humillantes o a ser juzgadas en estos contextos de extrema vulnerabilidad, donde la recepción de cuidados de salud a tiempo es esencial constituye tortura o malos tratos.

Los Estados tienen una obligación positiva de reformar la legislación restrictiva del aborto que perpetua la tortura y los malos tratos denegando a las mujeres el acceso seguro y los cuidados necesarios. El acceso limitado y condicional a los cuidados relacionados con el aborto, especialmente donde este cuidado es denegado con el propósito inadmisible de castigar o sustraer una confesión, continúa siendo especialmente preocupante (A/HRC/22/53). La práctica de extracción de confesiones de mujeres que buscan cuidados médicos de emergencia como resultado de haberse sometido a un aborto ilegal, con fines de persecución penal, constituye tortura o malos tratos.”

El Relator Especial, Juan Méndez, hizo un llamado a todas las naciones para que despenalicen el aborto y para asegurar el acceso al aborto legal y seguro, al menos en casos de violación, incesto, malformaciones fetales severas y cuando está en riesgo la vida o la salud mental o física de la madre. Señaló que las restricciones al aborto pueden considerarse tortura porque obligan a las mujeres a acudir a la práctica de los abortos inseguros, que son la tercera causa de muerte materna en todo el mundo. “En lugares donde el aborto está restringido por ley, la mortalidad materna incrementa desde el momento en que la mujer es forzada a la práctica de un aborto clandestino en condiciones inseguras y antihigiénicas”, apunta en el informe. “Las consecuencias físicas y psicológicas a corto y largo plazo también aparecen como consecuencia de los abortos inseguros y cuando las mujeres son forzadas a llevar a término embarazos contra su voluntad”.

FUENTE: Huffington Post 

Tomado de: Campaña Internacional por el Derecho de las Mujeres al Aborto Seguro http://www.safeabortionwomensright.org/

Source: Abril 2016

El 40% de latinoamericanas sin acceso a anticonceptivos

El 40% de latinoamericanas sin acceso a anticonceptivos

En América latina solo el 60% de las mujeres tiene garantías de acceder a los métodos anticonceptivos modernos, y la tasa de mortalidad más elevada por grupos de edad se produce en adolescentes de 10 a 15 años.

En América Latina solo el 60% de las mujeres tiene garantías de acceder a los métodos anticonceptivos modernos, según se ha puesto de manifiesto en el XIII Congreso de la Sociedad Española de Contracepción (SEC), que ha contado con la presencia del Profesor Edgar Iván Ortiz, Presidente de la Federación Latinoamericana de Sociedades de Ginecología y Obstetricia (FLASOG), que representa a las asociaciones de 22 países latinoamericanos.

Como ha explicado el presidente de FLASOG dos de las estrategias que se propusieron en El Cairo en 1990 no se han cumplido: una, el acceso generalizado a los métodos anticonceptivos modernos, y otra, la prevención del aborto inseguro. En la actualidad, la tasa de embarazo en adolescentes en América Latina es de alrededor del 20% y, como recuerda el experto, las mujeres menores de 19 años son el grupo de población con un menor acceso a anticonceptivos modernos y eficaces.

El embarazo en la adolescencia conlleva una serie de complicaciones y, de hecho, la mayor frecuencia de muerte materna se produce en adolescentes de entre 10 y 15 años –en países como Bolivia y Belize una de cada tres mujeres que muere por esta causa es menor de 19 años, mientras que en El Salvador, Honduras y Nicaragua, muere una de cada cinco–, y desde FLASOG asumen el reto de apoyar a las autoridades sanitarias para que establezcan medidas de prevención y fomenten la planificación familiarpara evitar el 60% de los embarazos no deseados, gran parte de los cuales terminan por ser interrumpidos con graves riesgos para la salud de las mujeres.

Solo en seis de los 22 estados de la región se permite la interrupción voluntaria del embarazo por causas de salud de la madre, y mientras que algunos países lo contemplan en casos de riesgo evidente de la vida de la madre,malformaciones congénitas, o si la gestación se debe a una violación, en otros –Belize, Chile, Guyana, Honduras, El Salvador y Nicaragua– la prohibición es total con independencia de las circunstancias. El aborto inseguro –en América Latina se registran alrededor de 19 millones de abortos ilegales al año– es un factor de riesgo de muerte materna, asociado a la desigualdad y a leyes muy restrictivas, según los expertos reunidos en el congreso.

Fuente: Sociedad Española de Contracepción (SEC)

Tomado de http://www.webconsultas.com/

Source: Abril 2016

Tribunal popular examinará casos de tres mujeres en prisión por perder a los bebés que esperaban y solicitará reparaciones

Tomada de: http://agrupacionciudadana.org/otra-mujer-encarcelada-por-un-aborto-que-no-cometio.html

Guadalupe Vásquez estuvo en prisión por más de siete años después de haber perdido al bebé que concibió cuando fue violada a la edad de 17 años. Vásquez, que fue condenada a 30 años por asesinato en 2008, fue indultada y liberada el pasado año después de que la Corte Suprema emitiera un fallo estableciendo que su culpabilidad era insegura. Su caso es uno de los tres que serán examinados nuevamente este fin de semana, tras una enérgica campaña liderada por activistas pro derechos reproductivos y los familiares de las mujeres injustamente condenadas bajo la legislación anti-aborto. 

Al tiempo que el tribunal estaba en proceso de preparación, otra mujer salvadoreña fue encarcelada en marzo de 2016 por un aborto que no cometió. En los últimos ocho meses, una celda de la policía en Sonsonate tenía bajo arresto a Flor Sánchez, una mujer que después de pasar tres días con fiebre, sufrió un parto prematuro, se quedó inconsciente, fue llevada al hospital y desde el hospital, a la cárcel. Ella, sus hijos y sus abogados dicen que es inocente.

Los impulsores de la campaña tienen como principal objetivo crear conciencia ciudadana sobre la difícil situación de estas mujeres y presionar a las autoridades para despenalizar el aborto, acabando así con los encarcelamientos que han arruinado las vidas de Vásquez y de muchas otras mujeres salvadoreñas.

De acuerdo a la investigación realizada por la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, más de 250 mujeres fueron reportadas a la policía entre los años 2000 y 2014, de las cuales 147 fueron procesadas y 49 condenadas – 26 por asesinato y 23 por aborto. La gran mayoría eran como Vásquez: mujeres jóvenes, pobres y solteras que perdieron a sus bebés después de sufrir complicaciones obstétricas.

“El tribunal es una manera de acceder a una justicia alternativa para las mujeres. Proveerá un espacio para visibilizar las violaciones sistemáticas a los derechos humanos sufridas por estas mujeres, y para abogar por conseguir justicia para cada caso particular”, explicó Sara García, asesora de incidencia de la Agrupación Ciudadana.

Como hija mayor de nueve hermanos de una familia rural de La Paz en el sur del país, Vásquez empezó a trabajar a los nueve años. Cuando tenía 14, ya era ama de casa y niñera en la capital, San Salvador. Tres años después, fue violada y además, fue incapaz de acudir a sus citas médicas prenatales debido a su incesante horario de trabajo. Después de que le fuera rechazado el permiso para ir a su casa a dar a luz, tuvo a su hija en su pequeña habitación, sola. “El bebé lloró una vez antes de morir”, dice Vásquez. Tres meses después, fue encarcelada por asesinato, sin haber escuchado ni una sola vez las pruebas que había en su contra. Tenía 18 años. “El médico del hospital estaba molesto conmigo. Un policía me dijo que si yo hubiese sido su esposa, me hubiera decapitado. El juez me trató con odio”, comenta.

El tribunal considerará si el Estado debería otorgar reparaciones a Vásquez por los años que ha estado en prisión, así como atender sus necesidades médicas, psicológicas y sociales. Ninguna de las mujeres liberadas en los últimos años ha recibido ningún tipo de compensación.

El tribunal está avalado por el Colegio de Abogados de Barcelona. También tratará el caso de María Teresa Rivera, de 33 años, que está cumpliendo una condena de 40 años de prisión por asesinato agravado. Rivera, que no era consciente de que estaba embarazada, tuvo un aborto espontáneo en noviembre de 2011. Fue condenada sobre la base de la demanda interpuesta por su empleador, que establecía que Rivera tenía conocimiento de que estaba embarazada desde enero de 2011 – lo que indicaría que tenía 11 meses de embarazado cuando sufrió el aborto.

El tercer caso es el de Teodora del Carmen Vásquez, de 32 años, que fue condenada a 30 años en 2007 después de experimentar un mortinato antes de la fecha programada para el parto. El juez la acusó de no haber hecho lo suficiente para salvar al bebé, a pesar de haberse quedado inconsciente después de llamar al servicio de emergencias.

El tribunal tendrá lugar en la Universidad Centroamericana de San Salvador, universidad jesuita, que posee un ilustre trabajo académico en torno a la historia de los derechos humanos. La universidad ha convocado varios Tribunales Populares para examinar casos de asesinatos, torturas y desapariciones forzadas durante la guerra civil que han escapado de la justicia debido a la ley de amnistía del país. El aborto y los derechos reproductivos forman parte de la agenda universitaria por primera vez – lo que es significativo, considerando el papel central de la Iglesia Católica en la promoción de la prohibición del aborto.

El panel emitirá fallos simbólicos y recomendaciones que serán enviados a las autoridades pertinentes. A pesar de calvario, Vásquez es optimista. Dio a luz a una niña sana este año y es muy feliz de ser madre.

FUENTES: The Guardian; Agrupación Ciudadana

Tomado de: International Campaign for Women’s Right to Safe Abortion: http://www.safeabortionwomensright.org/

Source: Abril 2016

No más procesamientos por aborto

No más procesamientos por aborto

Informe a la 49ª Comisión sobre Población y Desarrollo 2016 
11 de abril de 2016

El Día Mundial de la Salud fue el 7 de abril de 2016

Hoy, en apoyo a la salud de la mujer, decimos:

No más procesamientos por aborto

¡Aborto fuera del derecho penal!

  • Las mujeres están falleciendo todavía por complicaciones derivadas de abortos inseguros. A nivel mundial, se han estimado unas 43,684 muertes causadas por abortos inseguros en 2013, del total de 292,982 muertes maternas estimadas = 14.9% del total.
  • Desde la celebración de la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo (CIPD) en 1994, ~ un millón de mujeres han fallecido por someterse a abortos inseguros.
  • Los cuidados post-aborto por complicaciones derivadas de abortos inseguros se otorgan a 6.9 millones de mujeres cada año, lo que supone costos de alrededor de US$ 232 millones a los sistemas de salud. Los cuidados post-aborto nunca fueron la respuesta.
  • Las mujeres y/o los proveedores de servicios de aborto están siendo perseguidos y/o procesados en: Argentina, Brasil, Ecuador, El Salvador, Bolivia, Chile, Colombia, Dubai, Kenia, Malawi, Malaysia, México, Marruecos, Nicaragua, Nigeria, Nepal, Perú, Ruanda, Senegal, España, Tanzania, Tailandia, Uganda, Emiratos Árabes Unidos, Reino Unido, Estados Unidos.

Una de cada tres mujeres tiene un aborto en algún momento de su vida.
— o —
O todas somos criminales – o no lo somos ninguna.
— o —
En 1994, la CIPD señaló que el aborto inseguro era un serio problema de salud pública.
Todavía estamos esperando tu apoyo para hacer que todos los abortos sean seguros.
— o —
¡¡Haz que el Día Internacional por el Aborto Seguro – 28 de septiembre de 2016 sea oficial!!

Tomado de http://www.safeabortionwomensright.org/

Source: Abril 2016

Comité DESC: Comentario General sobre el Derecho a la Salud Sexual y Reproductiva

Reunión del Comité DESC. Febrero 2016

Por Katy Mayall, Centro de Derechos Reproductivos

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas (Comité DESC) adoptó recientemente un Comentario General sobre el Derecho a la Salud Sexual y Reproductiva, el primero en centrarse exclusivamente en la salud sexual y reproductiva e indicativo de los grandes avances que nuestro movimiento ha logrado en la construcción del marco internacional de derechos humanos con miras a reconocer los derechos reproductivos como derechos humanos. En particular, el comentario general:

  • Establece como temas esenciales de la salud sexual y reproductiva la autonomía individual y la toma de decisiones en materia reproductiva.
  • Habla extensamente sobre la necesidad de cuidados para el aborto seguro y la eliminación de las leyes restrictivas del aborto, que no lo limiten únicamente a circunstancias específicas como, por ejemplo, en casos en que el embarazo supone un riesgo para la vida o salud de la madre o en casos de violación o incesto. Todo ello sigue la tendencia que ya se ha visto en el Comité de Derechos del Niño y, en menor medida, en el Comité CEDAW.
  • Incluye fuertes estándares en relación a la objeción de conciencia, haciendo un llamado a los Estados que permiten la objeción de conciencia a que exista derivación a un proveedor capaz y dispuesto a proveer servicios, además de excluir la invocación de la objeción de conciencia en situaciones urgentes o de emergencia.
  • Condena la amplia gama de barreras procedimentales existentes, incluyendo los periodos de espera obligatorios, las consejerías prejuiciadas y las autorizaciones de terceros (padres, esposo y juez/a).
  • Refuerza y fortalece las obligaciones de los Estados y de actores no estatales, como proveedores de salud, aseguradoras de salud y compañías farmacéuticas.

Vale la pena destacar que algunas partes del comentario general podrían haberse reforzado. Por ejemplo, varios de los elementos de las obligaciones principales que se establecen son un poco vagos, lo que a la larga debilita la exigencia de rendición de cuentas de los Estados en relación a estas obligaciones específicas. Además, aunque se establece cierto contenido en relación a la orientación sexual y la identidad y expresión de género, a grandes rasgos el comentario general podría haber sido mucho más potente y haber puesto mayor énfasis en este aspecto de la salud sexual y reproductiva.

Finalmente, el lenguaje utilizado en relación a la penalización del aborto es algo contradictorio. Aunque el comentario general reconoce en repetidas ocasiones la necesidad de que los Estados reformen las leyes que penalizan el aborto, solamente establece de forma explícita que la aplicación del derecho penal a las mujeres que se han sometido a una práctica de aborto constituye una violación del derecho a la salud sexual y reproductiva – evitando hacer un llamado a la despenalización total del aborto.

Tomado de http://www.safeabortionwomensright.org/

Source: Abril 2016

[HISTORIA] Gobierno peruano reconoce denegación de acceso a aborto, como violación a los DDHH por segunda vez

[HISTORIA] Gobierno peruano reconoce denegación de acceso a aborto, como violación a los DDHH por segunda vez

1 de abril de 2016

—– Primera parte —–

Un poco de historia… 
En 2011, el Comité para la Eliminación de la Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (Comité CEDAW) emitió dos decisiones emblemáticas. El caso L.C. vs. Perú, sobre una niña de 13 años víctima de violación a la que le fue negado un aborto terapéutico y a la que realizaron una intervención quirúrgica con varios meses retraso, dejándola con una discapacidad severa; establece que el Estado debe garantizar el acceso al aborto cuando la salud física o mental de la mujer esté en riesgo, despenalizar el aborto cuando el embarazo sea resultado de violación o abuso sexual, revisar su interpretación restrictiva sobre el aborto terapéutico y establecer un mecanismo que asegure que los derechos reproductivos se conocen y garantizan en todos los centros de salud. Estas recomendaciones están basadas en el análisis del Comité sobre las obligaciones internacionales de derechos humanos de los Estados parte de la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW).

L.C. vs. Perú es un caso acerca de una joven procedente de una zona de bajos recursos del Perú. A lo largo de cuatro años, L.C. fue violada en repetidas ocasiones por un hombre de su vecindario. Cuando en el año 2006, a la edad de 13 años, descubrió que estaba embarazada, desarrolló un grave cuadro de estrés y angustia que le hizo decidirse a lanzarse desde el tejado de un edificio, pero su intento fallido de suicidio provocó que fuera llevada al hospital de urgencia. Al día siguiente, le diagnosticaron un grave riesgo de padecer una parálisis permanente. El jefe del departamento de neurocirugía del hospital recomendó que se le realizara una realineación inmediata de su columna vertebral, pero el cirujano que estaba disponible en ese momento se negó a realizar la operación debido a que estaba embarazada. El consejo directivo del hospital se negó a realizarle un aborto, a pesar de que la ley peruana lo permite cuando la vida o la salud de la mujer está en riesgo. Únicamente después de que L.C. abortara espontáneamente, a los tres meses de ingresar al hospital, los doctores estuvieron dispuestos a realizar la necesaria cirugía. La enorme demora disminuyó de forma drástica el éxito de la intervención y, a consecuencia de ello, L.C. quedó parapléjica.

La familia de L.C. emprendió acciones legales, pero no consiguió obtener ninguna reparación o compensación adecuada al caso en las cortes nacionales. No existía ningún protocolo en ese momento que les permitiera demandar al personal médico y a las autoridades por no haber garantizado su acceso a un aborto legal dentro del periodo de tiempo permitido en las circunstancias citadas.

Por esa razón, Promsex en Perú, junto con la familia de L.C. y con el apoyo del Centro de Derechos Reproductivos, tomaron el caso y lo elevaron al Comité CEDAW, utilizando lo que se conoce como el procedimiento de comunicaciones, de acuerdo a la Convención. Este procedimiento permite a individuos, grupos de mujeres o adolescentes que creen que han sido víctimas de violaciones de los derechos protegidos por la Convención, presentar casos contra los Estados que han ratificado el Protocolo Facultativo a la Convención.

Acceso al aborto legal y seguro en casos de violación y riesgo para la salud de la mujer
Los tratados de derechos humanos, los órganos de seguimiento de los tratados de Naciones Unidas y las cortes regionales y nacionales han ido reconociendo y produciendo jurisprudencia creciente que establece que respeto, protección y cumplimiento de los derechos sexuales y reproductivos obliga a los Estados a:

  • Garantizar que el aborto sea legal en los casos en que la salud y la vida de la mujer esté en riesgo y/o cuando el embarazo resulte de una violación sexual e incesto; y que, en esos casos, los Estados garanticen que la mujer pueda acceder a servicios de aborto seguro.
  • Modificar las leyes que criminalizan los procedimientos médicos solicitados únicamente por mujeres y/o que penalizan a las mujeres que se someten a tales procedimientos.
  • Brindar un acceso rápido y oportuno a cuidados post-aborto, independientemente de que exista o no acceso al aborto legal.

En el caso L.C., el Comité CEDAW reforzó los estándares ya mencionados, haciendo un llamado a Perú para:

“Revisar su normatividad con miras a establecer un mecanismo para el acceso efectivo al aborto terapéutico, en condiciones que protejan la salud física y mental de las mujeres e impidan que en el futuro se produzcan violaciones similares a las del presente caso; y revisar su legislación con vistas a despenalizar el aborto cuando el embarazo tenga como causa una violación o un abuso sexual”. (Párr. 9 (b) (i) y (iii)).

[Ver: STOP PRESS: Peru compensates woman in historic UN human rights abortion case. 19 January 2016: http://conta.cc/1T12Mkw]

¿QUIERE LEER LA HISTORIA COMPLETA? HAGA CLICK AQUÍ ► http://goo.gl/WDiTMC

Source: Abril 2016

Perú reconoce ante la ONU violaciones a los DDHH contra adolescente que sobrevivió a violación sexual

Perú reconoce ante la ONU violaciones a los DDHH contra adolescente que sobrevivió a violación sexual

Gobierno peruano reconoce públicamente violaciones a los DDHH contra adolescente que sobrevivió a violación sexual, como parte de un caso de emblemático de aborto ante la ONU

El Ministro de Justicia de Perú, Aldo Alejandro Vásquez Ríos, reconoció públicamente el pasado 29 de marzo la comisión de violaciones a los derechos humanos sufridas por L.C., una adolescente que sobrevivió a una violación sexual a quien no solo le fue denegado un aborto, sino también una intervención quirúrgica de emergencia en su columna vertebral cuando estaba embarazada, lo que la dejó gravemente discapacitada de por vida.

Un vecino de L.C. la violó repetidamente a lo largo de cuatro años. En 2007, cuando tenía 13 años, la adolescente se quedó embarazada. Desesperada, intentó suicidarse saltando desde un tejado, y por ello sufrió una grave lesión en la columna que requería intervención quirúrgica inmediata. Pero a pesar de que el aborto es legal en Perú cuando la vida o la salud de la madre está en riesgo, el médico que iba a realizar la operación se negó a ello al entender que podría poner en riesgo el embarazo de la joven.

L.C. finalmente sufrió un aborto espontáneo debido a las graves lesiones sufridas.  La intervención quirúrgica, retrasada cuatro meses, no consiguió evitar que quedara parapléjica. 

El Centro de Derechos Reproductivos y PROMSEX llevaron el caso de L.C. contra Perú ante el Comité para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (Comité CEDAW). En el 2011, dicho Comité condenó a Perú por haber violado los derechos humanos de L.C. 

“Lo que le ocurrió a L.C. es una farsa de la justicia. Obligar a una mujer a llevar a término un embarazo cuando éste amenaza su salud física y mental constituye discriminación porque pone su capacidad reproductiva por encima de su salud”, afirmó Susana Chávez, Directora de Promsex. “Teniendo en consideración que se trata de un procedimiento médico sólo para mujeres, la negación de un aborto practicado a tiempo constituye discriminación”.

El Comité CEDAW recomendó a Perú que modificara su legislación a fin de permitir el aborto en casos de abuso o violación sexual; garantizar la disponibilidad de los servicios de aborto y el acceso a servicios de aborto cuando la vida o la salud de la mujer esté en peligro – circunstancias bajo las cuales el aborto ya es legal en el país.

El Comité también recomendó que Perú tomara medidas para aumentar la sensibilización acerca de los derechos reproductivos en todos los centros de salud.

El caso L.C. es la segunda decisión tomada en estos últimos años por un órgano de monitoreo de uno de los tratados de derechos humanos de las Naciones Unidas que ha puesto el foco en la negación del acceso al aborto legal. En el 2005, el Comité de Derechos Humanos de la ONU estableció que Perú había violado el derecho a estar libre de penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes cuando a una joven de 17 años, K.L., se le negó la práctica de un aborto terapéutico a las 14 semanas de embarazo tras diagnosticarle anencefalia del feto, una anomalía muy grave. Se le obligó a llevar a término el embarazo y a amamantar a su bebé hasta que este murió, cuatro días después.

Esta decisión se convirtió en uno de los primeros precedentes en reconocer que la negación del acceso al aborto legal y seguro viola los derechos humanos de las mujeres. En enero de 2016, el gobierno peruano otorgó las debidas reparaciones a K.L.

A partir de las decisiones tomadas en los casos L.C. y K.L., el gobierno peruano ha adoptado un protocolo nacional para la provisión de servicios de aborto legal que arroja luces tanto a médicos como a pacientes. Sin embargo, a mediados de 2015, la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso peruano se negó a debatir la despenalización del aborto en casos de violación, a pesar de la existencia de una iniciativa firmada por 64,261 ciudadanos y de docenas de organizaciones a favor de esta cuestión.

En respuesta a esta situación, un pronunciamiento de Promsex estableció lo siguiente:

“Recordamos que el 75% de las víctimas de violación sexual son menores de edad, atacadas en su mayoría por alguien de su entorno cercano. El 34% ha resultado embarazada a causa de este hecho violento sin que el Estado les garantice las condiciones para que puedan decidir sobre esa gestación impuesta y, por el contrario, las obliga a sostenerla”.

Esta semana, en respuesta al reconocimiento del gobierno de las violaciones a los derechos humanos de L.C., Nancy Northup, Presidente del Centro de Derechos Reproductivos, comentó que: 

“Perú debe ahora tomar medidas para implementar guías claras que permitan a todas las mujeres y adolescentes el acceso a este servicio fundamental de salud reproductiva”.

¿Será ahora el momento en que Perú despenalice el aborto en casos de violación? Está por verse.

Para más información, contactar a:

Marge Berer, Coordinadora Internacional, Londres, Reino Unido
E-mail: info@safeabortionwomensright.org
Web: www.safeabortionwomensright.org
FB: safeabortionwomensright | TW: @safe_abortion

Nota de prensa tomada de http://www.safeabortionwomensright.org/

Source: Abril 2016