'Si el aborto fuera legal, mi hija estaría viva'

Rosaura, a la derecha, cuando tenía 13 años, posa con su madre.

Habla la madre de una embarazada que murió tras serle denegada la quimioterapia en República Dominicana, que aplica el Código Penal de 1884
Rosa ha demandado a su país, uno de los seis de América Latina que obligan a la mujer a dar a luz aunque peligre su vida o el embarazo provenga de una violación

«Desde España, se lo digo al mundo entero: si en República Dominicana el aborto fuera legal, mi hija estaría viva».

Rosa tiene 47 años y hace tres que habla con las cejas caídas. Lleva viviendo con ese rictus que dibuja la pena desde el 16 de agosto de 2012, el día en que su hija Rosaura murió por una leucemia que los médicos se negaron a tratar para no afectar al embrión porque el aborto estaba absolutamente prohibido. Hoy, tres años y una discusión constitucional después, República Dominicana mantiene la interrupción voluntaria del embarazo como delito total porque acaba de aprobar el regreso de un Código Penal que nació también en un mes de agosto: el de 1884.

Es, junto a El Salvador, Nicaragua, Honduras, Guatemala y Chile, uno de los seis países latinoamericanos que prohíbe íntegramente el aborto, sin excepciones. En República Dominicana hay 100.000 abortos inseguros al año y la mitad de los nacimientos de los últimos cinco años provinieron de embarazos no deseados. «El miedo a quedar embarazada», dice Rosa, nativa de un país con la tasa más alta de gestación adolescente, donde comprar la píldora es muy costoso y en el que millones de mujeres recurren a la esterilización.

Rosa Hernández recibe a EL MUNDO en la sede española de Women’s Link Worldwide (WLW), la ONG internacional que, junto al dominicano Colectivo Mujeres Salud, está tramitando las demandas contra el Estado y los médicos delHospital Semma de Santo Domingo.

«Se llaman provida, pero eso no quiere decir que puedan pisar los derechos humanos de las personas. La vida de mi hija no valió nada, sólo pensaron en el embarazo. Jamás nos escucharon. Voy a insistir en la justicia. No voy a parar hasta que esto no le pase a ninguna otra mujer». Habla Rosa gastando un pañuelo en los ojos, sollozando su discurso tras reunirse con Amnistía Internacional, que incluirá este caso en su próximo informe.

Es la historia de Rosaura Almonte Hernández, una chica de 16 años que movilizó a una nación durante su último mes de vida, y de Rosa Hernández, una madre que sólo vive para que su país despenalice algo que quizá hubiera salvado a su hija.

El 12 de julio de 2012 Rosaura fue al médico porque sentía dolores en el abdomen y tenía fiebre. El diagnóstico arrojó leucemia y un embarazo de siete semanas. «Inmediatamente pedimos que trataran a mi hija, pero los médicos nos dijeron que no podían porque la medicación fuerte afectaría al embrión».

Los días pasaron entre la angustia del avance del cáncer sanguíneo y la rabia de una quimioterapia prohibida. «Mi hija sentía muchísimo dolor y se fue deteriorando. Pero los médicos no hicieron nada por ella; sólo pensaban en el feto. Sólo unos días antes de morir le dieron algo de quimioterapia».

Rosaura no tuvo opción a decidir porque el aborto no pudo ser una opción. «Los médicos fueron crueles. Decían que obedecían la ley, pero si tienes dinero, te hacen el aborto, ni siquiera te dicen que estás embarazada. A mi hija le pusieron una psicóloga para que aceptara el embarazo. Pero era un embarazo enfermo. ¿A cuántas más les pasará esto?».

Con su hija ingresada en una cuenta atrás para la muerte, Rosa habló con el Colectivo Mujeres Salud, que organizó una movilización popular sorprendente. Se creó un banco de sangre sobre el que la gente fue donando plasma para salvar a Rosaura. Pero en la República Dominicana la sanidad no es pública, el seguro médico cubre la atención básica «y el cáncer es caro», sentencia Glenys de Jesús Checo, directora legal internacional de WLW.

Rosa tuvo que aflojarse el bolsillo que ya no tenía. Llegó a pagar 22.000 pesos (440 euros) por plaqueta, más que su sueldo de maestra. «Saqué todo lo ahorrado. Ayudaba a pagar el transporte a los desconocidos que venían a donar sangre para mi hija».

Pero ni todas las bolsas de un país evitaron que una hemorragia masiva se llevara la vida de Rosaura (y la de su embrión) el 16 de agosto de 2012, 35 días después de su hospitalización. «Se me fueron el dinero y la vida. Un mes de humillacionespara acabar no teniendo a mi hija».

Tras la muerte de Rosaura, esta madre ex madre decidió crecer. «Me armé de valor y pedí el expediente de mi hija. Luego puse una demanda contra el hospital y el Estado. Si yo trabajaba para el Estado, ¿qué no harán con otras mujeres?».

El caso Rosaura activó un debate, y en diciembre de 2014 el Congreso aprobó unnuevo Código Penal en el que se incluían como excepciones a la penalización del aborto tres supuestos similares a los de la ley española de 1985: malformación fetal, peligro para la salud de la madre o violación. El Congreso no envió el texto al Senado y aprobó el nuevo Código, que habría de entrar en vigor en diciembre de 2015. O sea, ahora.

Pero, en enero de este año, tres organizaciones «provida» presentaron demandas de inconstitucionalidad. «Adujeron que el Código se había aprobado de forma antidemocrática y que atentaba contra la vida humana», recuerda De Jesús Checo.

Durante este año, 33 colectivos y 600 políticos de varios partidos a nivel individual pidieron la despenalización del aborto.

Sin embargo, la semana pasada, el Tribunal Constitucional dominicano avaló las demandas prohibicionistas, declaró inconstitucional la reforma por cuestión de forma, no se pronunció sobre el fondo del aborto y dictó que vuelva a entrar en vigor el Código Penal de 1884, que castiga de forma absoluta la interrupción del embarazo.

«Es una traición a las mujeres. Ese Código no reconoce nuestra dignidad, nos da la espalda. Es una bofetada. Este retroceso creará un efecto dominó en la región, donde se afianzarán legislaciones restrictivas en una zona ya muy dura contra las mujeres. Con Códigos como éste, la decisión sobre nuestros cuerpos les pertenece. Somos cuerpos reproductivos. Somos úteros, no personas en nosotras mismas», resume la letrada de WLW mientras la madre de esta historia recuerda a su hija como una forma de terminar por el principio: «Rosaura era inteligente y sociable. Se pasaba el día mirando carreras universitarias en internet porque quería serlo todo: abogada, doctora, fotógrafa… Un día le dije que a mí me gustaba la arquitectura y se enamoró de eso. Y me enseñó un plano que había dibujado con la casa que ella soñaba. Lo tengo guardado para siempre».

Tomado de http://www.elmundo.es/

Source: Diciembre 2015

Antes era por mí, un documental mexicano sobre embarazo adolescente y aborto

Antes era por mí, un documental mexicano sobre embarazo adolescente y aborto

Edith se embarazó a los 15 años y, con el apoyo de su madre, decidió abortar para no abandonar sus estudios. Claudia tiene 14 años y está a pocos días de ser mamá soltera porque su novio la dejó al saber que iban a ser padres. Ana Cristina pasó por la misma situación seis años atrás, cuando tuvo a su primer hijo a los 14. Karla y Giovanni, de 18 y 19 años, dejaron de estudiar hace algunos meses, al nacer sus gemelas. Sandra, de 17 años, pudo superar una infancia de abuso sexual y encara con amor la nueva familia que construye junto a su beba y su pareja, Gabriel, quien dejó las drogas para salir adelante.

Ser papás es muy bonito -dicen-, pero no es fácil. Su realidad es la de muchos: en México, uno de cada cinco embarazos es de adolescentes.

 

“Antes era ver por mí” es un documental de video sobre embarazo adolescente en la ciudad de México. Se realizó a pedido de Afluentes S.C. (www.afluentes.org) y el Instituto de las Mujeres del gobierno de la Ciudad de México. Tiene fines educativos y se difunde en secundarias y preparatorias públicas.
Corte: 17 min

Realización: Miguel Tovar, Paula Mónaco Felipe y Walter Shintani

México, 2015

Foto: Lucía Vela

Tomado de http://cosecharoja.org/

 

Source: Diciembre 2015

Perú discute la despenalización del aborto

Perú discute la despenalización del aborto

La Comisión de Constitución y Reglamento discutirá reconsiderar el proyecto de ley que despenaliza el aborto en casos de violación, que había sido archivado en noviembre.

Fredy Otárola, presidente de la Comisión de Constitución y Reglamento, informó que en la próxima sesión de la comisión se votará la reconsideración del proyecto de ley que despenaliza el aborto en casos de violación. El 24 de noviembre, la misma Comisión había votado archivar el proyecto, que planteaba autorizar un aborto con la sola declaración de una mujer de haber sido violada, librando al violador de la denuncia. Al archivarlo, se cierra la posibilidad de que el tema se debata en el actual parlamento unicameral, que cesa funciones en julio de 2016.

Otárola, uno de los cuatro legisladores que votó a favor de la ley, cree que se debe tomar en cuenta que el aborto clandestino pone en peligro la vida de las mujeres.

El viernes 4 de diciembre, luego de la decisión de archivar el proyecto de despenalización del aborto en caso de violación, y ante la amenaza de que el Congreso apruebe una modificación más represiva del Código Penal, se realizaron distintas manifestaciones en el centro de Lima. Gladys Vía Huerta, Coordinadora de Proyectos de Católicas por el Derecho a Decidir Perú (CDD Perú), consideró que la decisión de archivar el proyecto de despenalización “significa un hecho más de violencia hacia las mujeres, el no tener la claridad de las autoridades a determinar laicamente la capacidad de decidir moralmente de las mujeres sobre este tema”.

“Somos el primer país a nivel de Sudamérica y tercero en el mundo en los índices de violencia sexual” remarcó Gladys Vía. Según investigaciones de la Universidad Cayetano Heredia, 53% de la población católica está de acuerdo con el aborto en casos de violación.

En América Latina, solo en Uruguay, el Distrito Federal en México, y Cuba, se despenalizó el aborto. En 2014, Ecuador aprobó despenalizar la interrupción del embarazo cuando esté en peligro la vida de la madre y cuando es consecuencia de una violación a una mujer que padece discapacidad mental.

Argentina solo permite interrumpir un embarazo en caso de violación o peligro para la vida de la madre. Bolivia acepta la interrupción del embarazo en caso de violación.

Brasil permite abortar cuando hay riesgo para la vida o salud de la madre, malformación del feto o ante una violación, así como en Colombia, donde el fiscal general acaba de proponer la despenalización plena del aborto en las primeras 12 semanas de gestación.

En Chile, la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados aprobó el aborto terapéutico cuando peligra la vida de la madre, cuando el feto padece alteraciones que lo hacen inviable y en caso de violación.

Tomado de http://mundo.sputniknews.com/

Source: Diciembre 2015

Profesión de riesgo: Historias de defensoras de derechos humanos en las Américas

Profesión de riesgo: Historias de defensoras de derechos humanos en las Américas

Sara García, El Salvador: “Nos tildan de asesinas y terroristas”

Sara es miembro de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto en El Salvador, donde el aborto está prohibido en todos los casos, aun cuando el embarazo es producto de una violación o pone en riesgo la vida de la mujer. Al menos 19 mujeres están actualmente en prisión, acusadas de haberse inducido abortos después de haber perdido sus embarazos o haber sufrido emergencias obstétricas.

Desde que el código penal fue modificado en 1998, el tema del aborto se ha silenciado mucho en El Salvador. Hay mucho estigma para quienes trabajan esto y mucha autocensura. Estas leyes solo buscan controlarnos el cuerpo y la vida.

En el 2009 surgió la Agrupación Ciudadana para dar respuesta a estos temas. Empezamos trabajando por el caso de Karina. Es una mujer que llegó al hospital público en el 2002 con una emergencia obstétrica que había tenido en su casa. En el hospital, el personal inmediatamente llamó a la policía, quien inmediatamente la acusó de haberse inducido un aborto la detuvo . Luego fue sentenciada a 30 años de cárcel. Pasó muchos años tras las rejas hasta que fue liberada pero ya está estigmatizada de por vida.

Lo que me inspira a seguir trabajando son las historias de mujeres como Katrina. Luego de ella vinieron muchas otras sufriendo los mismos problemas como resultado de estas leyes opresivas. En general son mujeres de bajos recursos que no tienen forma de conseguir una defensa efectiva.

Hasta las las defensoras de derechos humanos que trabajamos sobre temas de derechos sexuales y reproductivos en El Salvador sufrimos ataques. Nos tildan de asesinas, y terroristas, dicen que promovemos delitos.

Personas del gobierno y de grupos fundamentalistas nos han atacado y estigmatizado con mentiras horribles en los medios y en las redes sociales. Personas de grupos fundamentalistas ponían mi foto con la de otras compañeras en la web y decían: “Aquí están las líderes abortistas que usan dinero del tráfico de órganos”.

Quieren silenciarte al punto de que no puedas hacer nada. Invisibilizarte. Quieren inutilizarnos completamente. Que nadie quiera hablar con nosotras. Estigmatizando a una la usan como caso ejemplificador para darles miedo a otras mujeres y activistas.

El mensaje es: “cuidado que esto les puede pasar a ustedes también”.

Me da miedo pensar que en cualquier momento puedo encontrarme cara a cara con un fanático y que me haga cualquier cosa. Estos son los grupos que en Estados Unidos han matado doctores. La situación es muy grave.

Pero es la la fuerza del movimiento es lo que me da fuerza para avanzar y seguir. Cuando hablo con las mujeres afectadas, con las que tienen dificultad para reintegrarse en la sociedad y recibir reparación me dan fuerza para seguir.

Lilián Abracinskas, Uruguay: “Siempre estás bajo sospecha y siempre tenés que demostrar tu legitimidad”

Desde hace más de 30 años, Lilián trabaja defendiendo los derechos sexuales y reproductivos de miles de mujeres en Uruguay. A pesar de los enormes avances en las medidas legislativas sobre el tema e inspirada por una trágica experiencia personal y como líder de la organización Mujer y Salud, continúa promoviendo el acceso a la educación sexual y abortos seguros, entre otros derechos.

Una de las razones que me llevaron a meterme de lleno en este trabajo es ser sobreviviente de un aborto inseguro a los 17 años. La experiencia me marcó de por vida. Estuve cinco años sin hablar de eso y ahora trabajo para que ninguna mujer más tenga que pasar por situaciones que son de una inseguridad innecesaria y una justicia intolerable.

El aborto es legal en Uruguay en las primeras 12 semanas de embarazo en todas las circunstancias. Las mujeres deben enfrentarse a un grupo de profesionales que les ofrecen otras alternativas, incluyendo la adopción. Tras cinco días de reflexión obligatoria, tienen derecho a acceder a un aborto.

Las mujeres que han sido víctimas de violación pueden tener un aborto hasta las 14 semanas. Después de eso, las mujeres pueden acceder a un aborto sólo si el feto tiene una malformación incompatible con la vida o si hay riesgo para la salud o vida de la mujer.

El tema es que el aborto sigue siendo un delito en Uruguay (salvo en algunas circunstancias), tiene todo el peso de la ley y el estigma asociados. Y son las mujeres más pobres las que son más afectadas.

Muchas mujeres no cuentan con toda la información sobre sus derechos, que pueden acceder a abortos seguros. Las mujeres que tienen recursos transitan las barreras sin muchas dificultades porque pueden ir a un doctor privado. Pero las que no tienen dinero terminan en una situación de mucha vulnerabilidad.

Uno de los primeros casos en los que trabajamos fue en el 2004 (antes de las leyes actuales). Una chica de 16 años, que vivía en la más extrema pobreza en el campo, había tenido su primer hijo cuando tenía 14 años. Ella sospechaba que había quedado embarazada nuevamente como resultado de una relación abusiva y temía que su familia la echara de la casa. Desesperada, tomó veneno de rata para intentar abortar. La chica murió intoxicada y, trágicamente, cuando los doctores le hicieron la autopsia, resultó que no estaba embarazada. Nadie la había informado de sus derechos.

La falla del Estado de proveerle educación e información sobre sus derechos resultó en su muerte. Su hijo pequeño queso sin madre, al cuidado de un abuelo que apenas tenía para subsistir.

Lo que pasa en Uruguay no es comparable a lo que pasa en El Salvador o en Nicaragua (donde el aborto es ilegal en todas las circunstancias) pero las agresiones y el desprestigio hacia activistas que trabajamos el tema se está normalizando.

Los grupos religiosos y ultra conservadores nos atacan constantemente, dicen que defendemos el aborto porque con eso nos enriquecemos, que se venden los fetos a la industria farmacéutica o de investigación. Nos acusan de corrupción para desprestigiarnos.

Siempre nos siguen los grupos anti-aborto. Una vez en un noticiero una de esas personas me llamó asesina. Eso lo escuchó mucha gente. Ahí me di cuenta que mis hijos y mi familia también están en peligro.

Sigo trabajando a pesar de las amenazas. La profunda satisfacción que siento cada noche sabiendo que estoy trabajando para mejorar la vida de muchas mujeres significa que no hay otra opción para mí.

Tomado de https://www.amnesty.org/

Source: Diciembre 2015

Madres por justicia y dignidad

Madres por justicia y dignidad

Este fin de semana concluyó el Cuarto Encuentro de la Red Nacional de Defensoras. La diferencia con otros encuentros es que, como conclusión, las defensoras reunieron a las madres y familiares de personas desaparecidas, quienes por más de cuatro décadas caminan el territorio nacional en búsqueda de sus seres queridos.

Por un momento, la historia tuvo su lugar de encuentro en el auditorio del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, mejor conocido como el Centro Prodh, en la Ciudad de México, espacio que cobijó a madres y familiares de personas desaparecidas en México, incluidas las miles de personas de Centroamérica.

Durante dos horas, unieron sus historias de dolor e indignación. Todas con las fotografías en el pecho de sus seres queridos, con las historias a cuestas de la indiferencia gubernamental y con la convicción de seguir adelante.

En este encuentro, Doña Celia narró su andar desde hace 44 años en búsqueda de su marido, quien desapareció en Guerrero “por la defensa de la dignidad”, dice ella. Mujer sencilla que trajo para las madres de desaparecidos de este siglo XXI la historia del siglo pasado, la de la Guerra Sucia que hoy parece que se vuelve a editar.

Junto a Doña Celia estaba Amelia, quien desde 1978 busca a su hermano Juan Chávez Hoyos, joven estudiante del CCH Vallejo, quien fue secuestrado por la Brigada Blanca que operaba entonces. Ellas son las pioneras de la búsqueda de personas desaparecidas en este México. Mujeres que al lado de doña Rosario Ibarra de Piedra crearon el Comité Eureka, bajo la consigna “Vivos los llevaron, Vivos los queremos”.

En este siglo XXI se han sumado nuevas mujeres que, sin conocer la historia de las doñas del Comité Eureka, como se les conoce desde la década de los años 60, han seguido su mismo camino.

En la noche del sábado, los relatos se entrelazaron y se unió la historia pasada con la presente, se desvanecieron fronteras ante la solidaridad y la unión en búsqueda de paz con justicia y dignidad, como ellas lo expresan.

Apenas unos cuantos testimonios caben en esta líneas, como el de Yolanda Morán, de Coahuila, quien desde hace nueve años busca a su hijo desaparecido un 19 de diciembre del 2006.

Su testimonio de dolor y exigencia de justicia se une con el de todas las demás, con el de María y Cristina quienes llevaron la voz del resto de madres de los normalistas desaparecidos en 26 de septiembre de 2014; al de las madres de Ciudad Juárez, que siguen buscando a sus hijas; a las madres centroamericanas, quienes en caravana desde hace 11 años recorren el territorio mexicano en estas fechas en busca de sus familiares.

El recorrido de testimonios va del sur al norte y de regreso al sur, más allá de las fronteras mexicanas.

Con estas madres, se unieron Tania y Nadin, las hijas de los desaparecidos, quienes siguen buscando a sus padres, así como María, quien busca a sus primas Daniela y Virginia Ortiz, desaparecidas en julio del 2007 en la zona triqui de Oaxaca. Ellas se convirtieron en defensoras, en respuesta a la fuerza y la brutalidad.

Una a una repite: verdad y justicia. Dos palabras que para ellas y para la sociedad en su conjunto significan esperanza. Esperanza para que se aplique la ley a quienes desaparecieron a sus hijas e hijos, y para que un gobierno, desde el ámbito federal hasta el local, cumpla con su mandato de proteger la vida de la ciudadanía y sancionar a quienes atentan contra ella.

Pero sobre todo quieren verdad: saber qué pasó con sus familiares, dónde están, cómo están. Esa es la verdad que anhelan y que será el descanso para su largo peregrinar.

Estas madres alzan la voz, reclaman ser escuchadas y atendidas por las autoridades, no quieren huesos como respuestas, quieren a sus hijas e hijos vivos de regreso a casa, como todas queremos a nuestros seres queridos.

Este sábado una fuerza se fusionó, la de la esperanza para transformar este país y este mundo, sumidos en la guerra como sistema. Ochenta defensoras de derechos humanos sumaron sus voces y exigencia a la de las madres y familiares de desaparecidos, unieron sus causas con las de ellas, desde la defensa por la tierra y el territorio, la libertad de expresión, etc.

Ante la catástrofe que vivimos, producto de malos gobiernos, las redes siguen siendo esperanza, que se construye más allá de la región mesoamericana, con la articulación con defensoras de Líbano, Jordania y Yemen, quienes estuvieron presente en este encuentro de defensoras mexicanas, cuyo deseo de otro mundo posible se construye todo los días con las manos, la creatividad y la estrategia de las mujeres.

*Periodista y feminista, Directora General de CIMAC.
Twitter @lagunes28

 

Source: Diciembre 2015

[México] ¡No más violencia contra las mujeres y las niñas!

[México] ¡No más violencia contra las mujeres y las niñas!

“Es posible afirmar que la violencia contra las mujeres es un problema de gran dimensión y una práctica social ampliamente extendida en todo el país, puesto que 63 de cada 100 mujeres de 15 años y más, residentes en el país, ha experimentado al menos un acto de violencia de cualquier tipo, ya sea violencia emocional, física, sexual, económica, patrimonial, y discriminación laboral, misma que ha sido ejercida por cualquier agresor, sea la pareja, el esposo o novio, algún familiar, compañero de escuela o del trabajo, alguna autoridad escolar o laboral o bien por personas conocidas o extrañas”. (Inegi, datos 2011).

Aunque parezca extraño, esta afirmación no proviene de una organización de mujeres, sino del propio Inegi, cuyas cifras sobre esta pandemia son escandalosas y escalofriantes. ¡No más violencia contra las mujeres y las niñas!

En entidades como Chihuahua o Estado de México, la prevalencia de la violencia contra las mujeres es de 80 y 78 por ciento, respectivamente. Para el Distrito Federal las cifras son de 72 mujeres violentadas por cada 100. Las más expuestas son las jóvenes.

De acuerdo con el tipo de violencia y según Inegi, la de mayor prevalencia es la emocional, seguida de la violencia económica que afecta a más de un tercio de las mujeres (35.3 por ciento). El común denominador de estas violencias es la discriminación.

La violencia económica incluye: el control y abuso económico por parte de la pareja; el despojo por parte de otros agresores; la discriminación en el trabajo ocurrida en el último año, y la discriminación que en algún momento han enfrentado las mujeres al limitar sus posibilidades para ingresar o acceder a un trabajo requiriéndoles pruebas de embarazo como condición para ello.

Se estima que 26 de cada 100 mujeres sufren discriminación laboral. Ésta tiene un fuerte impacto en la economía de las trabajadoras y en su salud. Tanto la discriminación como la violencia económica han mostrado incrementos significativos, en la misma medida en que ha crecido la participación de la mujer en la vida pública.

ASESINATOS Y FEMINICIDIO

El clímax de esta violencia son los asesinatos y por último, el feminicidio. Según Inegi en el país durante 2013 y 2014 fueron asesinadas diariamente siete mujeres, en promedio.

Las tasas más altas en homicidios de mujeres corresponden a: Guerrero, Chihuahua y Tamaulipas, entidades donde el crimen organizado sentó sus reales (2011-2013).

Y las entidades que presentaron el mayor aumento en la tasa de homicidios de 2012 a 2013 son: Guerrero, Zacatecas y el Estado de México.

Peor aún, las estadísticas sobre homicidios revelan que las mujeres son asesinadas con mayor violencia que los hombres. En los homicidios masculinos la mayoría son con armas de fuego.

¡Es el colmo!, este punto obliga a reflexionar acerca del tipo de cultura sexista que se ha creado y recreado, una cultura de violencia sexista que atenta contra los más elementales derechos humanos; los medios masivos de comunicación tienen una gran responsabilidad, fomentan esta situación y el Estado se mantiene omiso.

Una cuestión de vital importancia para la cultura patriarcal y machista es: ¿dónde se realizan los homicidios? De la información generada por Inegi se desprende que una proporción muy importante de los homicidios femeninos es en sus viviendas (29.4 por ciento), su casa es el lugar con mayores riesgos, porque las agresiones provienen básicamente de sus parejas.

En contraste, sólo el 10 por ciento de los homicidios masculinos son en casa, la mayoría son en la vía pública; para los hombres la vivienda particular sí es un espacio seguro. Sin embargo de 2006 a 2013 los homicidios femeninos en la vía pública han mostrado un importante incremento, pasaron de 28.8 a 37.9 para 2013, esta situación es particularmente creciente a partir de 2008 (ver gráfica).

Ahora las mujeres también están en la vía pública, y desde luego, también ahí corren grave peligro.

VER GRÁFICA AQUÍ

No hay espacio seguro para las mujeres, son violentadas y asesinadas brutalmente en sus casas y de manera creciente en la vía pública; en la misma medida en que crece su participación en la vida pública, ya sea en la esfera laboral o política, espacios per se masculinos.

UN ASUNTO DE ESTADO

Por eso la lucha contra la violencia hacia las mujeres es un asunto de Estado y de políticas públicas, un grave problema nacional e internacional que debe combatirse en todas sus manifestaciones.

Se debe respetar a las mujeres por el simple hecho de ser personas, garantizar su acceso a una vida libre de violencia como lo establece la ley y lo menciona el “Manifiesto a la Nación” publicado en los medios el 25 de noviembre –en ocasión del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer–, signado por muchas personas (hombres y mujeres), así como por diversas organizaciones del país.

En este Manifiesto se hace un llamado a todas las autoridades del país y a toda la sociedad a unirnos para poner fin a la impunidad y erradicar toda ofensa a la dignidad, integridad y vida de las mujeres y las niñas.

“Los feminicidios, la máxima expresión de violencia contra las mujeres, no son prevenidos, ni investigados, no hay acceso a la justicia para las víctimas, menos aún, se atienden las causas y consecuencias de esta violencia brutal en el tejido social y en la vida y seguridad de las mujeres y niñas”.

OCHO RECLAMOS PARA EL ESTADO

Como demandas al Estado mexicano se plantean ocho puntos, que contienen esencialmente propuestas y un sentido reclamo por su falta de compromiso en la solución de este grave problema de justicia social.

Dentro de esos ocho puntos destacan:

  • Evaluación, cumplimiento y revisión de Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, mediante un informe público con resultados comprobables de los recursos asignados para prevención, atención y sanción de la violencia
  • Campañas sistemáticas y masivas para informar a las mujeres de sus derechos y publicitar los servicios disponibles para su atención.
  • Juzgados, jueces y juezas especializados que aseguren el acceso a la justicia y la atención a todas las víctimas
  • Centros municipales especializados, procuradurías de defensa de las mujeres, refugios y casas de tránsito

Por su parte la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) anunció que el enfrentamiento de la violencia será uno de los principales temas de la XIII Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe de la Cepal, que tendrá lugar en 2016 en Montevideo.

¡ÚNETE PARA PONER FIN A LA VIOLENCIA DE GÉNERO!

*Economista especializada en temas de género 
Twitter: @ramonaponce

Source: Diciembre 2015

Las guerras del aborto en Estados Unidos

Un coche de policía aparcado frente a la clínica de planificación familiar de Colorado donde se produjo el atentado el viernes pasado.

Sólo dos de los 15 candidatos republicanos a las elecciones presidenciales de 2016 han condenado el ataque de Colorado
Desde 1977 ha habido 187 incendios, se han puesto 47 bombas y han intentado asesinar a 17 personas en centros de planificación familiar

“Quiérete. Protégete y cuídate”. Es el mensaje que da la bienvenida a las personas que acuden al centro Planned Parenthood de Brooklyn (Nueva York) nada más salir del ascensor. El siguiente saludo es de un guardia de seguridad, encargado de revisar bolsos y mochilas nada más pasar el detector de metales.

Con estas medidas de seguridades difícil de creer que al otro lado de la puerta esté la sala de espera un centro de salud y planificación familiar, donde la gente rellena formularios eternos con decenas de preguntas antes de pasar a consulta. Sin embargo, es el día a día de esta clínica que ofrece servicios de atención sanitaria -masculina y femenina-, orientación sexual, anticoncepción de emergencia, realiza pruebas de enfermedades venéreas y practica abortos.

Tras el tiroteo en una clínica de Planned Parenthood en Colorado Spring el pasado viernes, que causó 3 muertos, este lunes el centro contaba con más seguridad de la habitual. Una pareja de policías de la unidad antiterrorista estaba apostada en el portal del edificio siguiendo las medidas anunciadas por el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo. “Vamos a tomar las precauciones debidas y a hacer todos lo posible para evitar que tragedias similares ocurran en nuestro estado” señaló el político en un comunicado.

Las medidas de seguridad no están de más. Hasta que cerró el pasado verano, la clínica de Planned Parenthood situada junto a la Casa Blanca, en Washington, tenía un ‘retén’ permanente de manifestantes pacíficos. El otro centro de esa organización sin ánimo de lucro en la capital estadounidense se encuentra en las afueras, en la ciudad de Silver Spring, del estado de Maryland. Ayer no había nadie frente al edificio de oficinas, acaso porque el día plomizo, frío y lluvioso, no invitaba a manifestarse. Pero eso no quiere decir que la clínica no haya habido incidentes en el pasado.

Las manifestaciones contra Planned Parenthood son tan habituales que hay hasta una página web con instrucciones acerca de cómo llevarla a cabo. “Es fácil. No tienes más que ponerte con unos amigos a la puerta y con unas pancartas. Basta con hacer una protesta silenciosa“, explicó este lunes por teléfono a EL MUNDO Theodore, una joven cristiana evangélica que ha participado en varias de estas protestas. “Lo importante no es ser agresivo. Se trata de despertar la conciencia de la gente que entra a practicar abortos”, concluía.

Pero no todos los opositores al aborto en EEUU son tan pacíficos como Theodore. Desde 1977 ha habido 187 incendios, se han puesto 47 bombas y han intentadoasesinar a 17 personas de Planned Parenthood. En 2009, un médico que trabajaba para la organización fue asesinado.

Sólo dos de los 15 candidatos republicanos a la Presidencia en 2016 han condenado el ataque del viernes. El asesino, Robert Louis Dear, declaró a la policía que no quería “más trozos de bebés”, en respuesta a las críticas a Planned Parenthood por vender partes de embriones. La expresión de Dear se corresponde a la de la candidata republicana y ex presidenta de la empresa Hewlett-Packard, Carly Fiorina, que afirma haber visto vídeos en los que aparecen fetos abortados vivos mientras personas adultas hablan de fondo acerca de cómo mantenerlos vivos para extraerles el cerebro.

Las clínicas de Planned Parenthood fueron fundadas hace casi siglo para “fomentar un enfoque sensato sobre la salud de la mujer y su bienestar”. Prestan servicios sanitarios a las personas con menos recursos y a los que no disponen de seguro médico; una situación en la que se encuentra el 14,9% de los estadounidenses, según la Oficina del Censo. Por eso, además del formulario personal sobre el historial médico también es necesario pasar otro ‘ test’ económico.

En 2014, Planned Parenthood tuvo más de 2,7 millones de pacientes en los cerca de 700 centros que existen en Estados Unidos. Según el informe anual presentado, los abortos representaron un 3% de los servicios ofrecidos frente a un 42% de pruebas para determinar si los pacientes tenían una enfermedad de transmisión sexual y un 34% relacionado con medidas anticonceptivas.

Tomado de http://www.elmundo.es/

 

Source: Diciembre 2015

[Argentina] El Senado trataría el polémico proyecto que prohíbe los abortos en Entre Ríos

[Argentina] El Senado trataría el polémico proyecto que prohíbe los abortos en Entre Ríos

Obtuvo despacho de comisión el proyecto de Ley que busca prohibir en la provincia “toda práctica médica que tenga por finalidad principal el aborto procurado de un ser humano desde su concepción hasta su nacimiento”, confirmó AIM. La iniciativa podría ser tratada la semana próxima. Organizaciones feministas y partidos de izquierda llaman a la movilización social para frenar su aprobación.

En la última sesión de la Cámara de Senadores ingresó el despacho de la comisión de Salud pública, medio ambiente humano y drogadicción sobre polémico proyecto del senador del departamento Islas, César Melchiori, relacionado con el Opus Dei, que busca generar trabas para la práctica del aborto no punible y refuerza el principio reaccoinario de “el niño por nacer”.

La iniciativa, podría ser tratada en la última sesión del Senado y generó fuerte polémica, ya que va en contra del fallo de la corte Suprema de Justicia de la Nación, en cuanto al artículo 86 del código Procesal Penal, que regula el aborto no punible.

El objetivo de la propuesta es generar mayor burocracia a la hora del aborto, ya que determina que “cuando un médico decrete la necesidad de realizar la práctica interruptiva de embarazo porque peligra seriamente la vida o la salud de la madre se conformará un gabinete en el que participarán diferentes especialidades médicas. Se resolverá en conjunto por opinión fundada”.

En ese marco, conforma un gabinete interdiciplinairo y un comité de bioética que dictaría una “resolución al hospital”. Además, obliga a que “el profesional de la salud que realice la práctica tiene el deber de procurar el nacimiento con vida y arbitrar todos los medios para preservar la vida del concebido”.

Asimismo, permite la llamada “objeción de consciencia”, por lo que “ningún profesional de la salud podrá ser obligado a efectuar las prácticas interruptivas del embarazo bajo ninguna circunstancia”.

Llaman a la movilización para evitar que el proyecto avance

En ese marco, desde el MST- Nueva Izquierda rechazaron el proyecto, ya que explicaron a esta Agencia que los senadores entrerrianos “intentan avanzar con un proyecto que busca prohibir el derecho al aborto no punible en la provincia”.

En ese sentido, apuntaron que el despacho de comisión “abrió la puerta para su tratamiento en la próxima sesión de la cámara”, por lo que expresaron su rechazo y llamaron a la movilización para evitar su avance.

Nadia Burgos, referente de la agrupación Juntas y a la izquierda  dijo a esta Agencia que el proyecto “es reaccionario y medieval, ya que responde a los intereses de los sectores más retrógrados de la provincia”.

“Su articulado va claramente en contra de lo establecido por el fallo de la Corte Suprema de la Nación sobre el aborto no punible. Dicho fallo buscaba despejar toda duda en cuanto a la interpretación del Artículo 86 del Código Penal, permitiendo la interrupción voluntaria del embarazo en casos de violación o de peligro para la vida o la salud de la persona gestante”, remarcó.

El proyecto de Melchiori “va directamente contra este fallo, cuestionando la posibilidad de decidir y sometiéndola a la voluntad de un ‘Gabinete interdisciplinario’”, lamentó la activista, quien reclamó que “se dé marcha atrás con esta propuesta y Entre Ríos realice rápidamente la adecuación del protocolo de aborto no punible de la provincia a lo establecido por el fallo de la Corte Suprema”.

Luís Meiners, referente del MST – Nueva Izquierda, aseguró que “esto es una muestra más del pacto entre el gobierno y la iglesia contra los derechos democráticos y sociales de las mujeres y del conjunto de la sociedad”.

“Busca avanzar aún más en la prohibición del aborto que ya se lleva la vida de centenares de mujeres en nuestro país por abortos clandestinos, mientras se enriquecen las clínicas privadas con su práctica clandestina. Llamamos a organizar una gran movilización que derrote este proyecto y abra el camino para avanzar en la lucha por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito y la separación definitiva de la iglesia y el estado”, subrayó.

Tomado de http://www.aimdigital.com.ar/

Source: Diciembre 2015

Tres muertos en el ataque a tiros contra una clínica abortista en EE UU

La policía acompaña a dos mujeres en el exterior de la clínica

Nueve personas han resultado heridas de bala, cinco de ellas agentes de policía
El sospechoso resistió más de cinco horas atrincherado en el centro médico

Un agente de policía y dos civiles han fallecido este viernes a consecuencia de los disparos recibidos durante el asalto a tiros de un centro de planificación familiar en Colorado Springs, al sur de Colorado, Estados Unidos. Otras nueve personas, cinco de ellas policías, fueron heridas de bala y se encuentra fuera de peligro. El agresor, un solo hombre de raza blanca, se mantuvo atrincherado en el interior durante más de cinco horas y disparó contra la policía. El alcalde de Colorado Springs, John Suthers, informó a las cinco de la tarde locales de que el sospechoso había sido detenido. Hasta dos horas después no hubo confirmación de las muertes. El ataque fue contra una clínica del grupo Planned Parenthood, una organización denostada constantemente por el Partido Republicano en su campaña contra el aborto.

Los primeros disparos se escucharon a las 11.30 de la mañana. Un hombre entró con un arma larga en la clínica abortista después de disparar a los vehículos en el exterior de la misma, según relatos de testigos a la prensa local. A las cuatro de la tarde, la policía de Colorado Springs informaba de que la situación no estaba aún controlada. La portavoz de la policía local Catherine Buckley informó de que el sospechoso había disparado contra los agentes en el interior del edificio.

A esa hora aún no podía confirmar el número final de víctimas y advirtió de que los agentes investigaban también una serie de “objetos” que el atacante había dejado dentro de las oficinas, ante la posibilidad de que se tratara de explosivos. Durante esas horas de angustia, un equipo de operaciones especiales fue sacando personas de la clínica.

“Conseguimos meter agentes en el edificio”, explicó Buckley momentos después de confirmar la detención. “Pudieron gritar al sospechoso y comunicarse con él y entonces pudimos hacer que se rindiera y fuera detenido”.

Las primeras imágenes del detenido muestran a un hombre blanco de complexión fuerte, con barba blanca y gafas, en camiseta. Según la radio de la policía, citada por The Denver Post, el detenido dijo a los agentes que actuó solo. Dos horas después de la detención, el mismo diario identificó al sospechoso como Robert Lewis Dear, de 57 años, citando una fuente federal. La agencia Associated Press, citando una fuente de la investigación, confirmó el nombre y añadió que es de Carolina del Norte.

Pasadas las siete de la tarde, la policía local confirmó que había tres muertos, uno de ellos policía. “Aunque esta es una terrible tragedia, quiero recordar que habría sido peor si no fuera por la rápida intervención de las fuerzas de seguridad”, dijo el alcalde de Colorado Springs.

El agente pertenecía al cuerpo de policía de la Universidad de Colorado, se llamaba Garrett Swasey y tenía 44 años, confirmó la universidad.

Colorado Springs, unos 100 kilómetros al sur de Denver, es unbastión del partido republicano no solo en Colorado sino a nivel nacional. Con una gran población de veteranos del Ejército, es la sede del mando aéreo conjunto para América del Norte. También es la sede de influyentes grupos religiosos conservadores como Focus on the Family y es uno de los centros del republicanismo cristiano. El centro de Planned Parenthood en la localidad ha sido objeto de numerosas protestas, informa Reuters, y se mudó a la dirección actual a las afueras de la ciudad recientemente.

Planned Parenthood es una organización de planificación familiar que atiende a mujeres sin recursos para pruebas de embarazo, vacunas, mamografías o abortos. La organización recibe 500 millones de dólares al año del presupuesto federal. El Partido Republicano ha convertido el aborto en una cuestión central de su campaña, hasta el punto de que el pasado octubre hicieron de la financiación federal de esta organización la piedra de toque de la negociación sobre el presupuesto, amenazando con provocar el cierre de la administración.

Recientemente, la organización ha sido atacada con horas de vídeos grabados con cámara oculta en los que unos actores se hacen pasar por personas interesadas en comprar tejidos fetales. En los debates, los candidatos republicanos a la presidencia compiten en contundencia a la hora de prometer que retirarán todos los fondos públicos federales a la organización de planificación familiar. Los gobernadores de la carrera republicana presumen de haberlo hecho ya en sus estados. La candidata Carly Fiorina, durante un debate en California, dijo a la cámara que en los vídeos con cámara oculta de Planned Parenthood se podía ver fetos vivos mientras una voz decía que había que mantenerlos con vida para “criar su cerebro”. Tal episodio no existe, según quienes han visto los videos completos.

La presidenta de Planned Parenthood en la zona, Vicki Cowart, dijo en un comunicado cuando la situación aún no se había resuelto que no estaban seguros de que la clínica fuera el objetivo del ataque o los motivos del mismo. “Compartimos la preocupación de muchos americanos de que los extremistas están creando un ambiente envenenado que alimenta el terrorismo doméstico en este país. Nunca dejaremos de proporcionar la ayuda en un ambiente seguro en la que millones de personas confían y de la que dependen”, añadió en el comunicado.

Tomado de http://internacional.elpais.com/

 

Source: Diciembre 2015

La prohibición total del aborto en El Salvador condena a menores y familias al trauma y la pobreza

Marìa Sánchez, madre de Teodora Vásquez en su habitación

La extrema legislación contra el aborto vigente en El Salvador está teniendo un efecto devastador en las vidas de decenas de niños y niñas cuyas madres, tras sufrir abortos espontáneos u otras emergencias obstétricas, permanecen entre rejas acusadas de haberse sometido a abortos ilegales. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional en un nuevo informe hecho público hoy.

Familias separadas, abrazos rotos revela de qué manera los hijos e hijas de mujeres encarceladas en virtud de la absurda legislación contra el aborto se enfrentan a menudo a dificultades económicas y se ven privados del contacto con sus madres.

“Cada vez que las autoridades de El Salvador encierran injustamente a una mujer por haber sufrido un aborto espontáneo o complicaciones relacionadas con el embarazo, condenan también a sus hijos e hijas a una vida de pobreza y trauma”, ha manifestado Astrid Valencia, investigadora de Amnistía Internacional sobre Centroamérica.

La ‘presunción de culpabilidad’ adoptada en El Salvador respecto a las mujeres que sufren complicaciones relacionadas con el embarazo ha costado decenas de vidas, ha enviado a mujeres a prisión para cumplir penas de hasta 40 años y ha generado un ambiente de pánico entre médicos y pacientes. Ya es hora de que El Salvador derogue esta obsoleta prohibición.”

Actualmente hay al menos 19 mujeres encarceladas en el contexto de la penalización total del aborto, declaradas culpables de delitos graves, como el homicidio, y condenadas a largas penas de prisión sobre la base de pruebas débiles o no concluyentes. La mayoría eran el principal sostén económico de sus hogares. Desde su encarcelamiento, su red familiar ha tenido que encargarse de mantener y cuidar a sus hijos e hijas, a menudo en condiciones extremadamente difíciles.    

La falta de recursos económicos y las largas distancias desde su casa a la prisión impiden a muchas de las familias visitar a estas mujeres encarceladas. En algunos casos, las mujeres pasan meses sin poder ver a sus hijos e hijas.

María Teresa Rivera, de 32 años, que cumple una pena de 40 años de prisión por “homicidio agravado” tras haber sufrido un aborto espontáneo, sólo ha visto cuatro veces a su hijo de 10 años desde que fue encarcelada en 2011.

El niño vive con su abuela a varias horas de distancia de la prisión, y el coste del viaje es prohibitivo. Sin los ingresos de María Teresa y sin apoyo oficial, su suegra lucha también por mantener a su nieto.

María Teresa fue detenida en un hospital después de que su suegra la encontrara en el cuarto de baño casi inconsciente y sangrando profusamente. El personal del hospital la denunció a la policía y la acusó de haberse sometido a un aborto.

Durante el juicio, uno de los jefes de María Teresa testificó contra ella, y dijo que le había comunicado que estaba embarazada en enero de 2011. Si eso fuera cierto, María Teresa habría estado embarazada de 11 meses cuando se produjo el aborto. Ese indignante testimonio fue una de las pruebas utilizadas para condenarla.

Al hijo de María Teresa le está resultando especialmente difícil aceptar el injusto encarcelamiento de su madre.

“Isabel”, suegra de María Teresa, describió a Amnistía Internacional las traumáticas visitas a la prisión: “La primera vez que el niño la vio fue duro. El niño lloraba abrazándola y yo también, y él no quería salir del penal. Dejé de llevarlo un tiempo, porque dije: ‘lo pongo mal y a ella también’.”

Berta (nombre ficticio) también pasó casi un año en la cárcel, procesada por homicidio tras sufrir una complicación relacionada con el embarazo. Durante la mitad del tiempo que pasó en prisión no pudo ver a su hijo de 10 años.

“Berta” fue detenida en julio de 2010 en un hospital local, donde había llegado con una fuerte hemorragia. Fue acusada de “homicidio agravado” pese a que no sabía que estaba embarazada. No conoció a su abogado defensor hasta el mismo día en que comenzó el juicio. El delito del que se la acusaba podía suponerle una pena de hasta 50 años de prisión. Berta fue declarada inocente casi un año después de iniciarse el proceso contra ella, cuando unos abogados del grupo local de derechos humanos Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto Terapéutico, Ético y Eugenésico presentaron nuevas pruebas sobre el caso.

Sin embargo, el juicio y el tiempo que tuvo que pasar encarcelada dejaron una huella indeleble tanto en la vida de Berta como en la de sus familiares.

Según contó a Amnistía Internacional, Berta aún sigue traumatizada por la experiencia, y no ha recibido ningún tipo de indemnización ni reparación. “a pesar de los años que han pasado, [el dolor] queda ahí penetrado”, dijo.

Hablando sobre el impacto que el injusto encarcelamiento de Berta tuvo en la familia, su madre dijo: “Para dormir no puedo cobijarme, porque en esos días, cuando ella estaba en la bartolina, yo me ponía a pensar que ella estaba aguantando frío, y entonces yo no me cobijaba, porque como que yo sentía el sufrimiento de ella. Y ya quedé con eso de que no me puedo cobijar aunque sienta frío, y entonces eso siento que me afecta. Ahora la almohada la siento como piedra. […] Uno ya no es como antes”.

En lugar de condenar a niños y niñas a este insoportable sufrimiento, las autoridades de El Salvador deberían centrar sus energías en revisar una legislación que sólo sirve para tratar a las mujeres como poco más que ‘recipientes humanos‘”, ha manifestado Astrid Valencia.

Tras una modificación introducida en 1998 al Código Penal, el aborto en El Salvador está prohibido en todas las circunstancias, incluso cuando el embarazo es consecuencia de violación o incesto o cuando la vida de la embarazada corre peligro. El cambio en la ley ha dado lugar a procesamientos erróneos y a una aplicación indebida del derecho penal en el que a las mujeres se las presupone inmediatamente culpables. La prohibición afecta especialmente a las mujeres con pocos recursos económicos.

Tomado de https://www.es.amnesty.org

 

Source: Diciembre 2015