El aborto como fenómeno social

El aborto como fenómeno social

El fenómeno del aborto ha sido ampliamente debatido en el mundo. Ya en 1918 la mujer pionera en esta materia, Aleksandra Kollontai, impulsa la despenalización del aborto como una de sus tantas medidas respecto de los llamados “Derechos y libertades de las mujeres”. El sustento que había detrás de la despenalización del aborto era tan vigente entonces como lo es hoy en que se conmemora nuevamente su despenalización en América Latina y el Caribe –este 28 de septiembre–, es decir, el aborto como fenómeno social, no otra cosa sino como una de las formas materialmente existentes en que las mujeres podemos decidir sobre nuestra reproducción. Un derecho a decidir sobre la reproducción, sin la posibilidad de interrumpir el embarazo, no es tal. Derechos sexuales y reproductivos, sin aborto, no son tales.

La ciudadanía imperante es excluyente por esencia, y en la disputa por ser reconocidas, como mujeres solo nos convertimos en plenas ciudadanas cuando podemos gozar de derechos sexuales y reproductivos. El aborto, por supuesto, no es el único aspecto de este derecho. Lo es también la educación sexual, la anticoncepción, la expresión del género y el desarrollo de una sexualidad plena. Todos ellos apuntan a la aspiración suprema de la modernidad: la libertad para decidir.

En Chile nos encontramos debatiendo sobre su despenalización en tres causales. Los términos de la discusión pública han dejado de manifiesto que una de las claves del mantenimiento del orden patriarcal es la consideración de las mujeres, es decir, de la mitad de sociedad, como menores de edad, las cuales siempre necesitan de la tutela de un hombre que hable por ellas y de estructuras jurídico-políticas que, bajo el pretexto de su protección, reduzcan al mínimo su autonomía. De esta manera, cuando se habla de aborto, nos llevan a un debate sobre nosotras pero sin nosotras.

Sin embargo, la cuestión del control del Estado y las élites sobre el cuerpo de la mujer nunca ha sido un tema cultural, valórico o moral. Esta visión construye socialmente la idea de que el reproducirse es una decisión individual, así como el no hacerlo, pero que, sin embargo, debe ser controlada, ubicando a las mujeres como incapaces. En palabras de Silvia Federici: la penalización del aborto es “la caza de brujas del s. XXI”. Pero es importante entender que esto no es así. Es un tema económico, pues el capitalismo siempre ha necesitado al patriarcado y del control del cuerpo de las mujeres, pues así controla las fuentes de reproducción de la fuerza de trabajo: maternidad, crianza, cuidado, alimentación, educación, salud o, dicho de otro modo, todo aquello que se considera “doméstico”, lo cual se piensa es una primera riqueza que debe ser controlada para la acumulación de capital.

Y asimismo es una cuestión también política. La libertad a decidir que defiende la modernidad capitalista y el liberalismo son por ellos mismos mermados y cercenados cuando niegan la autonomía de la mujer a decidir su futuro y reproducción. Por ello, debemos entender el trabajo reproductivo, en dos aspectos: la reproducción de la vida y la reproducción del capital. En este sentido, la imposición de la minoría de edad para negar nuestra autonomía y decisión, es herramienta para mantener la desigualdad perpetua a la que nos han sometido para la reproducción del orden vigente.

No hay libertad sin igualdad. Y quiénes sino las mujeres hemos sabido históricamente reconocer y sobre todo cargar con las desigualdades que el patriarcado nos ha impuesto desde tiempos remotos, cuya lógica, como hemos señalado, el capitalismo ha aprovechado y potenciado con la división sexual del trabajo a la que ha dado lugar. ¿Cómo ser iguales en una sociedad que nos divide en clases, y a las mujeres nos relega a las funciones de reproducción social y cultural de roles que tienen su origen en el hecho de tener útero y parir: el rol de madre-esposa.

El aborto avanza en la línea de la igualdad. Otorga capacidad de decisión en esferas donde hoy solo ofrece cárcel y muerte. La penalización del aborto solo ha significado para las mujeres el cercenamiento de su sexualidad y la autodeterminación de sus proyectos de vida, y en el peor de los casos y de manera lamentable, la muerte por su realización en contextos de clandestinidad.

En este orden de ideas, el proyecto de despenalización del aborto en tres causales nos ha parecido relevante puesto que, si bien es insuficiente, permite poner el debate sobre la mesa y abrir una puerta que nos parece importante no permitir cerrar. Con ello nos referimos al camino hacia la plena autonomía de la mujer. No hablamos, por tanto, solo del derecho de las mujeres violadas o de las contempladas en las tres causales, hablamos de todas las mujeres, pues somos todas las que vivimos cotidianamente las consecuencias de la división sexual del trabajo al obligarnos a elegir entre desarrollo personal y maternidad, enjuiciándonos y dificultándonos cualquier decisión.

Pero esta dimensión no se ha sabido recoger en la discusión actual sobre el aborto. La discusión está enclaustrada en ideologismos morales y/o religiosos, que a nuestro juicio son de dudoso respeto hacia la humanidad y la condición de la mujer. No queremos decir que las legítimas creencias personales, en una sociedad democrática, no existan, sino que llevamos el cuestionamiento más allá, preguntando ¿en qué punto dichas creencias personales se convierten, en este sentido, en legitimadores de la desigualdad?

En la medida que ha ido avanzando la discusión legislativa, hemos podido ver con claridad los avances de los sectores que históricamente han negado nuestros derechos. La aprobación castrada de la causal de violación en señal de ello, pues rebajar las semanas para realizar la interrupción en el caso de las niñas, así como la idea de tutela pone cuesta arriba la decisión de menores de edad, y con ello el largo y pedregoso camino hasta la prestación de aborto. Estas limitaciones obvian el contexto de violencia, sometimiento e indeterminación de estas niñas y mujeres, que han sido cotidianamente sometidas al yugo de la voluntad de un hombre que, en su mayoría y sobre todo en el caso de menores, es cercano y/o responsable legal de estas. Estas regulaciones son una clara radiografía de la imposibilidad del gobierno de organizar a la Nueva Mayoría en favor de las mujeres.

Queremos dejar claro que no defendemos que se faculte al Estado a imponer una decisión más allá de la voluntad de la mujer, sino al contrario, que el Estado resguarde y fortalezca la autonomía de todas nosotras. Nuestros cuerpos no pueden seguir siendo instrumentos del Estado ni del mercado. Luchar por el derecho a decidir significa soberanía y democracia, por tanto el aborto y la reproducción no deben seguir siendo decisiones individuales, que atañen al mundo privado, sino que a la sociedad en su conjunto: a la libertad y derechos que concedemos a las mujeres, sacándolas de una desigualdad naturalizada e invisibilizada –que ha mantenido la reproducción del rol de género como mandato social– y construyendo soberanía colectiva y personal sobre nuestras vidas y sobre el país que queremos construir.

Para nosotras, es esencial que el Estado otorgue garantías y trate a la mujer como sujeto y no como objeto de poder, propio del modelo de control que han mantenido las elites, negando la situación política de las mujeres porque niegan la desigualdad como condición estructural del modelo. De ahí que la defensa a la autonomía abre camino a una lucha política que trasciende el objetivo de la ley, porque nos posiciona en la lucha contra la desigualdad. El camino por recorrer es largo si queremos establecer derechos sociales, civiles y políticos para las mujeres, y ciertamente los programas o promesas no han bastado ni bastarán para transformar esta condición. 

Por Cari Álvarez y Daniela López.

Tomado de http://mileschile.cl

Source: Noviembre 2015