Wendy Sulca y artistas latinoamericanos/as se suman a campaña a favor de los derechos de las mujeres

Wendy Sulca y artistas latinoamericanos/as se suman a campaña a favor de los derechos de las mujeres

Bajo el nombre de #PoderElegir, 20 países de la región hacen fuerza común a través del lanzamiento del videoclip de una canción que busca generar conciencia sobre el derecho de las mujeres a optar libremente.
Nuestro país también está presente en la iniciativa con la participación de la popular cantante Wendy Sulca

Lima, miércoles 25 de noviembre de 2015. En el marco del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, hoy, 25 de noviembre, se lanza a nivel latinoamericano el video de la canción #PoderElegir, la cual forma parte de la campaña del mismo nombre que defiende el derecho de las mujeres a poder decidir frente a un embarazo no deseado, sin ser criminalizadas y garantizando su derecho a la vida y salud.

“Poder Elegir es un llamado para que todas las mujeres puedan decidir en libertad. Es también para que ninguna mujer tenga que asumir un embarazo producto de una violación. Es un llamado en el marco de este 25 de noviembre a cambiar la realidad recordando que en Perú, miles de niñas y adolescentes se ven forzadas a tener al hijo de su violador”, afirmó Susana Chávez, directora general de Promsex.

Músicos de 11 países participaron de esta iniciativa que busca llegar a toda Latinoamérica con un mensaje centrado en que las leyes de nuestros países deben reconocer a las mujeres la capacidad plena de poder tomar decisiones sobre su sexualidad y reproducción y deben erradicar la criminalización hacia las mujeres que deciden interrumpir un embarazo no deseado o forzado.

Los artistas La Yegros, de Argentina; Vero Pérez, de Bolivia; Garotas Suecas, de Brasil; Dënver y Gepe, de Chile; Magdalena, de Colombia; Guardarraya, de Ecuador; Amparo Sánchez (Amparanoia), de España; Rebeca Lane, de Guatemala; Ana Prada, de Uruguay y por nuestro país, Wendy Sulca prestaron su talento para formar parte de este mensaje que busca calar en 20 países de la región.

Asimismo, el proyecto contó con la partición de 7 músicos invitados de Perú y España: Gisella Giurfa, Batería y percusión; Natalia Vajda y Nicolás Soldevilla en las guitarras; Alejandra Pizarro, trompeta; Claudia Medina, saxo; Daysi Jiménez, trombón y Estebe Ribera (La Trocamba Matanusca) en el acordeón.

Situación en el Perú

Estudios sobre violaciones sexuales y datos oficiales del Poder Judicial, revelan que cada año se reciben en promedio 7 mil denuncias por violación sexual. Esto a pesar de que se estima que solo el 5% de los casos son denunciados y el 90% de casos de violación a menores de 17 años queda impune.

Diferentes instancias internacionales de las Naciones Unidas le han recomendado a Perú despenalizar el aborto en casos de violación (Comité contra la tortura y Cedaw – Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer), sin embargo, a vísperas de celebrar el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la Comisión de Constitución del Congreso decidió archivar el proyecto de ley que buscaba cambiar la situación en el país.

El video está disponible en el siguiente linkhttps://youtu.be/a6FLUemLrnM

Contacto prensa en Perú:
Renzo Torres Calderón
E-mail: renzo@lacontra.pe
Teléfonos: (511) 940-637-659 / 247-2295

 

Source: Noviembre 2015

Investigación sobre aborto en América Latina y El Caribe: una agenda renovada para informar políticas públicas e incidencia

Investigación sobre aborto en América Latina y El Caribe: una agenda renovada para informar políticas públicas e incidencia

Esta publicación es un estado del arte que reúne el conocimiento disponible, producido en América Latina en el período 2009 a 2014. Aborda diversos aspectos de los temas más relevantes de la investigación sobre aborto inducido, desde una revisión crítica de resultados y metodologías, que apunta a identificar tendencias y resultados notables en cada temática, así como a reseñar sugerencias que podrían fortalecer el enfoque o el abordaje del tema, a identificar los vacíos o las lagunas de conocimiento en cada temática y, sobre todo, a ofrecer insumos para la elaboración de una agenda de investigación en la región, la cual oriente el trabajo de la comunidad de investigadores/as y activistas y responda a la demanda de producción de información confiable basada en evidencias, lo cual fortalecerá acciones de incidencia informada.

Descargar Archivo (Publicación Completa)

Resumen Ejecutivo (Español e Inglés)

CAPITULOS:

Capítulo 1 Mujeres y aborto

Capítulo 2 Varones y aborto

Capítulo 3 Profesionales de la salud y aborto

Capítulo 4 Actores políticos y aborto

Capítulo 5 Aborto e iglesias

Capítulo 6 Opinión pública y aborto

Capítulo 7 Normativas y aborto

Capítulo 8 Estigma y aborto

Capítulo 9 Objeción de conciencia y aborto

VIDEOS:

Investigación sobre aborto en América Latina y el Caribe 


Varones y Aborto | Investigación sobre aborto en América Latina y el Caribe

Aborto e iglesias | Investigación sobre aborto en América Latina y el Caribe

Aborto y estigma | Investigación sobre aborto en América Latina y el Caribe

Este video contiene testimonios acerca de la publicación: “Investigación sobre aborto en América Latina y El Caribe: una agenda renovada para informar políticas públicas e incidencia”.

Source: Noviembre 2015

La doble moral en el debate del aborto en Venezuela

La doble moral en el debate del aborto en Venezuela

Al inicio no sabía mucho sobre el tema del aborto, ni porqué era una de las banderas de los movimientos de mujeres en el mundo. Coincidí con varias compañeras feministas en espacios de lucha sexodiversas, ellas me explicaron y pude conocer más sobre esta lucha. Ahora soy un militante convencido del derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo. 

En mi proceso de búsqueda, conocí la historia de Giovanna Mérola, una de las pioneras por el derecho al aborto en el continente. Ella murió hace muchos años, pero varias feministas me contaron de su vida, y de un libro que ella publicó en 1979. Se llamaba “En defensa del aborto en Venezuela”. Imagínense ese título hace más de 30 años. Incluso ahora, estoy seguro que levantaría roncha.

El cuento es que cuando trabajé en el diario, me propuse meter en sus páginas el debate sobre el aborto en Venezuela. Mi jefa de la sección de Ciudad le gustó la idea y me asignó un trabajo para la página “Ser mujer”. 

Así nació la nota de abajo. En este primer texto, yo quería hacer énfasis en el aspecto social del aborto. Las mujeres ricas van a una clínica privada, les hacen un aborto y se lo cobran como un “curetaje” y listo. Las pobres no pueden pagar un aborto en condiciones higiénicas y en la mayoría de los casos terminan muriéndose. 

Una anécdota detrás del texto. La primera diseñadora que me asignaron para la página era todo un personaje: floja, conflictiva y mediocre. Ella se negó a hacer el diseño que le pedía. Yo ya había trabajado como diagramador en ese mismo diario, así que sabía que lo que yo pedía sí se podía hacer.

Usé mis contactos con otros diagramadores y una compañera me montó esta belleza de página, en total sintonía con el sentido del reportaje.

La primera diseñadora intentó bloquearme el cambio de página, pero no pudo. Después intentó bloquearme la publicación de la foto de Giovanna Mérola en la página, por supuestas “razones técnicas”. Imagínense. Esa foto era importantísima. 

Yo, como buen periodista, me moví, fui a hablar directamente con el equipo de retoque fotográfico, y conseguí que me aprobaran la foto de Giovanna

Cuando iba saliendo de la oficina de retoque fotográfico, ¿a quién me encuentro? A la tipa conflictiva hablando con la jefa de ese departamento, diciéndole que no podía aprobarme la foto. Muy tarde para ella. Ya me la habían aprobado.  

Así nació esta página. Así conocí la vida de Giovanna Mérola

Después de ese trabajo, me propuse transcribir el libro de Giovanna “En Defensa del aborto en Venezuela” y ponerlo de manera gratuita en internet. Su madre y su viudo me dieron luz verde, pero no pude terminar ese trabajo. Es una tarea pendiente. 

Hoy comparto el texto que hice para el diario. Espero que les guste.

Últimas Noticias / 1 de agosto / Página Ser Mujer / Página 8 
Debate / Sólo en los hospitales de Venezuela, cada año se atienden 57 mil 648 casos
Las pobres no tienen acceso al aborto seguro

Caracas. En los cinco años que la médica obstetra Leonor Zapata estuvo trabajando en la sala de parto de la Maternidad Concepción Palacios, conoció casos terribles de mujeres que murieron por abortos mal practicados. “Supe de una joven que se puso un cable eléctrico a través del cuello uterino y se conectó a la corriente, la atendieron en el Pérez Carreño; tuve otra paciente que se hizo un lavado con permanganato, una sustancia abrasiva, y se quemó desde la vulva hasta la rodilla. No sobrevivió”.

“Algunas se hacen enemas de jabón azul que son mortales, porque producen insuficiencia renal. Otras usan tallos de perejil con el riesgo de perforarse el útero, muchas mueren, la mayoría son mujeres pobres”, expresa Zapata.

El 16% de las muertes maternas en Venezuela son por abortos clandestinos, describe Alba Carosio, directora del Centro de Estudios de la Mujer de la UCV.

Por eso, la doctora Asia Villegas considera que en este tema hay un componente de clase social. “Hay que levantar la sábana de la hipocresía que cubre el tabú del aborto. Las que pueden pagarse una clínica abortan en condiciones seguras; las pobres no tienen acceso a este servicio y muchas mueren por abortos hechos en condiciones inseguras”.

Leyes. En este país la interrupción del embarazo es ilegal, salvo cuando corra peligro la vida o la salud de la madre. El Código Penal establece prisión de seis meses a 2 años para la mujer que interrumpa su embarazo, y de uno a tres años para el que la ayude. 

A pesar de las leyes, diariamente cientos de mujeres se hacen abortos en centros de salud privados o clandestinos. La Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Venezuela impulsa un proyecto piloto que busca disminuir la mortalidad por abortos inseguros.

“Comenzamos en Zulia, Anzoátegui, Guárico y Lara porque tienen las cifras más altas en muertes por esta causa, pero la solución comienza hablando de este grave problema de salud pública que no puede seguir siendo un tabú”, comenta su vicepresidente, Rogelio Pérez. 

RECUADRO / Giovanna Mérola, pionera en América Latina
Teresa Sosa, coordinadora de Palabra de Mujer del Diario de Los Andes, recuerda que la batalla por la legalización del aborto en el país se inició en la década de los 70. “En 1979 nuestra compañera Giovanna Mérola (fotografía) publicó el libro En Defensa del Aborto en Venezuela de la Editorial Ateneo. Giovanna no sólo fue la pionera en nuestro país sino además en Latinoamérica y el Caribe. 
El otro hito histórico fue la XXXVI Reunión Ordinaria de la Asamblea de la Federación Médica Venezolana realizada en Maracaibo en 1981, cuyo tema oficial y único fue el aborto en Venezuela. Esta reunión fue impulsada desde la Maternidad Concepción Palacios por el Dr. Rosendo Castellano, director, y el equipo de planificación familiar dirigido por Elisa Jiménez”.

RECUADRO Las cifras
Cada día más de 150 venezolanas son atendidas en la red de hospitales por abortos espontáneos o inducidos, lo que no incluye las clínicas ni los lugares clandestinos.

13% de las muertes maternas en el mundo se deben a complicaciones por abortos clandestinos. Venezuela está por encima de la media con 16%.

Entre BsF 25 mil y BsF 50 mil puede costar una cápsula abortiva de Misoprostol, que se vende en farmacias clandestinamente al detal y sin récipe médico.

Tomado de http://papelesdsx.blogspot.pe/

Source: Noviembre 2015

La odisea de abortar en América Latina

La odisea de abortar en América Latina

En una era en la que muchos países de América Latina avanzan en políticas sociales progresistas (matrimonio gay en Chile, adopción por familias homoparentales en Colombia, legalización del consumo de marihuana en México), abortaren América Latina sigue siendo tabú.

Esta es la situación en algunos países del continente:

Brasil: marcha atrás

Actualmente, abortar es legal en Brasil solo en tres supuestos: violación, embarazo de riesgo para la mujer o malformaciones cerebrales del feto. En 2014, Brasil registró 1.613 abortos legales, el 94% de ellos por violación. Algunos activistas a favor del derecho a decidir alegan que cada año se practican casi un millón de interrupciones del embarazo clandestinas.

Las mujeres brasileñas llevan semanas en guerra contra un proyecto de ley que pretende dificultar aún más el acceso al aborto para víctimas de violación. El Parlamento, presidido por el ultraconservador Eduardo Cunha, aprobó recientemente la puesta en marcha un proyecto de ley (que aún deberá ser aprobado por la Cámara) que exige a la mujer denunciar la violación y someterse a un examen médico, además de pasar por varias entrevistas. La norma, que puede poner en duda la legalidad de la píldora del día después, ha sido elaborada por el grupo de diputados evangélicos al que pertenece el propio Cunha, y ha despertado la ira de movimientos feministas, que este jueves han salido a la calle por tercera vez en dos semanas en Río de Janeiro y São Paulo con el lema: “La píldora se queda, Cunha se va”.

Colombia: batalla para cumplir la ley

La Corte Constitucional colombiana reconoció en 2006 el derecho de interrumpir la gestación cuando es un peligro para la vida o salud mental y física de la madre, cuando el embarazo es producto de una violación o se determina malformación en el feto. Pero no ha sido fácil que la ley se cumpla.

En Colombia, el 60% de los embarazos son no deseados y las mujeres luchan para que las entidades de salud respeten la decisión de la Justicia. El pasado martes se realizó el primer foro en el país sobre al aborto, organizado por la ONG Women’s Link Worldwide y la Fundación Buen Gobierno. Allí, líderes de mujeres manifestaron su preocupación por la plaga de abortos ilegales, que se cobran la vida de un 10% de las gestantes, según datos de la organización Por el derecho a decidir.

A la voz de los grupos de feministas y defensores de mujeres se sumó la del Fiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre, que anunció que propondrá al Congreso que legisle para que el aborto sea despenalizado, en cualquier caso y sin ninguna restricción, durante las primeras 12 semanas del embarazo.

México, Estado por Estado

En México corresponde a cada uno de los Estados legislar sobre el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. La violación es la única causa legal aceptada en todos los Estados, aunque en muchos casos se establecen requisitos como interponer una denuncia o fijar un plazo máximo. La capital, Ciudad de México, es la única entidad donde la mujer puede interrumpir libremente el embarazo antes de las 12 semanas de gestación. La ley de plazos, una iniciativa del gobierno local del PRD (de izquierda), fue aprobada en 2007 y refrendada por la justicia un año después. Guerrero, uno de los Estados más pobres, intentó seguir la estela del DF, pero el proyecto fue rechazado por la oposición de los partidos de derecha. Guerrero tiene la tasa más alta del país en muertes de mujeres que son hospitalizadas tras realizar un aborto clandestino. Desde 1990, han fallecido en el país 30.000 mujeres por causas maternas.

México es profundamente católico -8 de cada 10 ciudadanos se consideran creyentes- y la influencia de la iglesia se aprecia en las leyes. El derecho al aborto está encajonado en las constituciones de 16 Estados que dictan que la vida comienza con la fecundación. En algunas entidades, se considera un delito castigado hasta con ocho años de cárcel. Al menos 22 mujeres están en prisión en México por este motivo.

Fuera de la capital, el resto de 31 Estados reconocen un reguero de excepciones en que la mujer puede abortar: la amenaza de muerte para la mujer (en 70%), la malformación del feto (50%), riesgo para la salud de la mujer (en 40%). Una de casa tres chicas mexicanas de 15 a 19 años es activa sexualmente. Más de la mitad de ellas han estado embarazadas, colocando a México en el primero de la OCDE en embarazos tempranos.

Argentina: muy restrictiva

Argentina solo permite interrumpir un embarazo en caso de violación o peligro para la vida de la madre. La ley, además, se aplica de manera aún más limitada en muchas provincias.

El país está entre los que tienen una mayor tasa de abortos por cantidad de nacimientos, según la OMS. Cada año hay unos 500.000 abortos, la mayoría clandestinos. Aunque no hay estudios oficiales, algunos informes hablan de un centenar de muertas anuales. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner es católica y contraria al aborto, y el asunto no está en la agenda del Gobierno.

Uruguay, una excepción

Abortar durante las primeras 12 semanas de gestación es legal en Uruguay desde 2012. La mujer debe pasar por una primera consulta de asesoramiento, una reunión con un psicólogo,  un asistente social y médico, un periodo de cinco días de reflexión y, finalmente, una sesión para recibir el tratamiento, normalmente con fármacos. En 2014 se practicaron 8.599 abortos en este país, aunque un 30% de los médicos uruguayos son objetores de conciencia y no practican el procedimiento.

Chile: prohibición total

Chile es uno de los pocos países del planeta donde las interrupciones del embarazo están prohibidas en todos los casos. El Gobierno de la socialista Michelle Bachelet intenta despenalizarlo en caso de violación, peligro de la vida de la madre y malformación fetal, pero todavía se encuentra en trámite en el Congreso. Aunque resolvería apenas un 5% de las 70.000 interrupciones voluntarias del embarazo que se producen en Chile anualmente, su aprobación no sólo solucionaría las situaciones de mayor gravedad sino, sobre todo, la modernización de legislación local a los mínimos éticos establecidos por los organismos internacionales.

Entre 2006 y febrero de 2015, aproximadamente medio millar de personas han sido acusadas por los delitos de aborto contemplados en el Código Procesal Penal, según datos de la Defensoría Penal Pública. Claudia Castelletti, abogada del Departamento de Estudios de la Defensoría Nacional, explica que la mayoría de las mujeres acusadas “se hace un aborto, empieza a sangrar, piensa que se van a morir y llega a un hospital público, donde las denuncian”. En Chile el sistema público de salud es utilizado por las clases más humildes, así que las castigadas por aborto suelen ser las más pobres, según la investigadora.

Paraguay: ni en caso de violación

La ley paraguaya solo autoriza la interrupción del embarazo cuando la vida de la embarazada corre un grave peligro y no lo permite excepciones en casos de agresión sexual, ni si el feto es inviable. Como consecuencia, más de 600 niñas menores de 14 años dan a luz cada año en este país. Uno de los últimos casos fue el de una niña de 11 años que fue violada por la pareja de su madre y dio a luz en agosto.

Tomado de http://internacional.elpais.com

Source: Noviembre 2015

Ministro de Salud de Colombia apoya legalización de aborto

Ministro de Salud de Colombia apoya legalización de aborto

Alejandro Gaviria dijo que la medida podría ayudar a reducir el número de abortos clandestinos

[Bogotá] El ministro de Salud de Colombia, Alejandro Gaviria, apoya el aborto legal en el país, donde sólo es permitido en casos de violación, malformación del feto o peligro para la madre, según dijo en una entrevista publicada este domingo.

“Yo estoy de acuerdo con el aborto legal. Creo además que el tema normativo está casi resuelto y la jurisprudencia de la Corte (Constitucional) es suficientemente amplia”, afirmó el ministro de Salud al diario El Tiempo.

Gaviria habló a propósito del anuncio esta semana del fiscal general, Eduardo Montealegre, de presentar un proyecto de ley para legalizar el aborto en Colombia para todos los casos, hasta las 12 semanas de gestación.

“Los obstáculos para el aborto legal no son normativos: tienen que ver con el desconocimiento de los derechos ya existentes, con los prejuicios culturales y con la falta de capacidades en el Estado”, enfatizó Gaviria, quien no coincide, sin embargo, con la iniciativa del fiscal.

“No creo que un proyecto de ley sea estrictamente necesario. Los obstáculos (…) son culturales y de falta de conocimientos”, insistió Gaviria.

El funcionario reveló además que en Colombia, donde el embarazo adolescente representa el 20% del total -con unos 150,000 hijos de mujeres entre 15 y 19 años que nacen anualmente- se practican “cientos de miles de abortos clandestinos”.

El aborto, una de las principales causas de mortalidad materna en Colombia, según Gaviria, fue despenalizado por la Corte Constitucional en 2006, en los tres casos excepcionales.

El ministro de Salud también habló del proyecto de decreto que estudia el gobierno para legalizar la marihuana medicinal. Su firma se daría esta semana, según dijo recientemente el presidente, Juan Manuel Santos.

“Hay interés de productores nacionales. Podrá existir también inversión extranjera”, aseguró Gaviria, quien indicó además que la administración Santos ve en su cultivo con fines terapéuticos “una oportunidad única para algunas comunidades del (departamento del) Cauca”, oeste, uno de los más afectados por el conflicto armado de más de medio siglo.

Hasta ahora, la siembra de cannabis en Colombia, principal proveedor mundial de cocaína, es legal únicamente como autocultivo y siempre que no supere las 20 plantas.

El consumo de cannabis en la vía pública y su comercialización están prohibidos, pero la posesión de una dosis personal de 20 gramos está despenalizada desde 2012, cuando la Corte Constitucional ratificó una sentencia de 1994 sobre el tema.

pcp/ep

Tomado de http://www.elnuevoherald.com/

 

Source: Noviembre 2015

La violencia contra las mujeres en la agenda progresista latinoamericana

La violencia contra las mujeres en la agenda progresista latinoamericana

Las más recientes estimaciones de la Organización Mundial de la Salud confieren a la violencia contra las mujeres el rango de pandemia. Como fenómeno, la violencia contra las mujeres es prácticamente tan antigua como la humanidad. Sin embargo, algo ha cambiado en las últimas décadas, y lo ha hecho en forma acelerada: esa realidad ha sido reconocido como problema y ha sido progresivamente redefinido, de problema individual, privado y perteneciente a lo sumo a la “baja política”, a problema social, público y merecedor de atención a nivel global.

La cobertura periodística es indicativa de este cambio, no solo porque ha crecido exponencialmente en los últimos años, poniendo el tema sobre el tapete, sino también (y de modo más relevante) porque ha desplazado gradualmente su marco interpretativo, desalojando a la noticia de la crónica policial amarillista para presentarla, en notas de opinión y en espacios de “información general”, como parte de un problema social más amplio. Así, los medios han ido pasando (con distintas intensidades) de presentar los casos de violencia contra mujeres en el marco del relato del “crimen pasional” y de la anomalía conductual de individuos enfermos, a analizarla como un fenómeno emergente de una cultura sexista y violenta que somete y atraviesa los cuerpos de las mujeres.

Protagonismo de la sociedad civil

Estos cambios, signados por la inserción del problema en el marco de la narrativa de los derechos humanos, han sido el resultado de la labor sostenida a lo largo de décadas por organizaciones feministas y de promoción de los derechos de las mujeres en todo el mundo. Tal como lo hizo notar Jürgen Habermas, los movimientos sociales y organizaciones de la sociedad civil tienen la capacidad de funcionar como sensores de situaciones críticas. Anclados en el mundo de la vida, son más sensibles que los sistemas políticos y administrativos para percibir los nuevos problemas, identificarlos y proveer marcos interpretativos para ellos. De ahí que fueran ellos –y no los funcionarios públicos y líderes políticos- los que llevaron a la agenda pública todos los grandes temas de las últimas décadas.

Fueron, en efecto, las mujeres autoorganizadas las que le pusieron un nombre al problema, encontraron eco en una fracción del periodismo que, para la misma época, comenzaba a comprometerse en redes de promoción de agendas mediáticas no sexistas, se erigieron en voces autorizadas para interpretarlo, y cambiaron definitivamente el modo de pensarlo. Tanto éxito tuvieron en su empresa que lo que hasta no hace tanto fue un auténtico grito de guerra –”los derechos de las mujeres son derechos humanos”- integra hoy el acervo del sentido común de nuestras sociedades. La violencia contra las mujeres es hoy aprehendida como una violación de los derechos humanos, un delito a castigar, y un objeto legítimo de la política social.

Hay que recalcar que el movimiento de mujeres fue el artífice de cambios notables no solamente en nivel de la opinión sino también en el de las instituciones y las políticas públicas. Así lo demuestra el interesante artículo de Mara Htun y Laurel Weldon titulado, justamente, “Los orígenes cívicos del cambio político progresista: La lucha contra la violencia contra las mujeres en perspectiva global, 1975-2005” (American Political Science Review, 2012). Sobre la base del análisis de datos para setenta países a lo largo de varias décadas, las autoras sostienen que la labor de movimientos de mujeres fuertes, autónomos y feministas es la variable que da cuenta -en mucha mayor medida que factores políticos como la presencia de partidos de izquierda o de mujeres en el gobierno o factores económicos como el nivel de ingresos del país- del cambio progresista de las políticas para combatir la violencia contra las mujeres.

En suma, más allá de la efectividad de las políticas adoptadas, sobre la cual no existe suficiente información, el problema de la violencia contra las mujeres ha obtenido respuesta en el terreno de las políticas públicas ante todo por efecto de la presión del feminismo organizado, tanto en el espacio nacional como en redes trasnacionales. Ni siquiera en la comunidad del activismo por la justicia social o los derechos humanos el tema ha sido erigido en prioridad en ausencia de dicha presión.

Violencia contra las mujeres

A nivel global, la agenda de género tal como hoy la conocemos comenzó a tomar forma entre los años ochenta –cuando comenzó a ser ratificada en un país tras otro la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (conocida como CEDAW, por sus siglas en inglés), adoptada en 1979 por la Asamblea General de las Naciones Unidas- y los noventa, signados por el rol creciente de los movimientos feministas y de mujeres en la fijación de la agenda del sistema de Naciones Unidas –no solamente por su participación en la histórica Conferencia de Beijing en 1995 sino también, y sobre todo, por su capacidad para introducir la agenda de género en forma transversal en todas las demás conferencias globales de la década (sobre población, medio ambiente, derechos humanos, etc.). El primer gran hito en lo que se refiere al reconocimiento del problema de la violencia de género tuvo lugar, de hecho, dos años antes de Beijing, como resultado del esfuerzo del movimiento femenino por poner en los derechos de las mujeres el foco de la Conferencia Mundial de Derechos Humanos (Viena, 1993).

El debate en América Latina –en curso desde antes de Viena- cristalizó poco después en la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, mejor conocida como Convención de Belem do Pará (1996). Ratificada por los países de la región en los años subsiguientes, ella dio origen a una cascada de legislaciones sobre violencia contra la mujer -usualmente designada todavía como violencia intrafamiliar o doméstica- y fue acompañada por la implementación de diversos servicios de denuncia y asistencia a las víctimas. En los años siguientes, sin embargo, éstos tendieron a ser tildados de deficientes y problemáticos, y ello por razones no solamente de efectividad práctica sino también de índole conceptual –en la medida en que, por ejemplo, siguió siendo corriente la tipificación de la violación como delito contra la honra, solo aplicable entonces a las mujeres reconocidas como “honradas”. La legislación llamada “de segunda generación” recién se abriría paso en la década siguiente.

Al mismo tiempo, el problema de la violencia contra las mujeres permaneció en un lugar relegado de la agenda global. Así, por ejemplo, no figuró entre los Objetivos de Desarrollo del Milenio, formulados en el año 2000 con metas de cumplimiento fijado, justamente, para el 2015 que corre; en cambio, la lucha por la igualdad de género se centró casi exclusivamente en el cierre de las brechas educativas y laborales (a pesar de que el logro de este objetivo está fuertemente condicionado por el marco estructural de violencia). Esta omisión recién comenzó a ser explicitada en los últimos años, en particular en el marco del proceso de formulación de la llamada Agenda Post-2015. Para ese entonces ya se había ido instalando, en un principio en referencia exclusiva a los asesinatos de Ciudad Juárez y luego como marco interpretativo de un problema que se repetía con distintas intensidades en otras latitudes, el concepto de feminicidio (o el ahora más popular anglicismo femicidio), definido como el homicidio de una mujer por razones de género y progresivamente recogido por legislaciones nacionales y resoluciones de organismos internacionales.

Del dicho al hecho

La violencia contra las mujeres es hoy un tema de la agenda global, y en algunos (lamentablemente pocos) países ha llegado incluso a adquirir relevancia en la agenda político-electoral, con presencia creciente en los debates electorales, las promesas de campaña y las políticas públicas. Desafortunadamente, no parece ser el caso en América Latina. Tal como lo denuncian periódicamente organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres, la violencia de género sigue sin ser un tema prioritario en la agenda política latinoamericana. Entretanto, los cadáveres siguen apilándose.

En Argentina, epicentro de las recientes movilizaciones contra la violencia de género, había sido sancionada en 2009 la Ley de Protección Integral de Violencia contra las Mujeres, que el movimiento feminista ha considerado una conquista producto de sus luchas y que es catalogada como de segunda generación o de vanguardia tanto por su conceptualización amplia de lo que constituye violencia –ya sea física, sexual, psicológica, patrimonial o simbólica- y de los ámbitos –doméstico, institucional, laboral, médico, mediático, etc.- en los que ella tiene lugar, como por la batería de medidas que prevé para combatirla. Entre sus escasos defectos se destaca el hecho de que, un lustro después, esas políticas aún no han sido en su mayoría reglamentadas, implementadas y/o financiadas. Allí se concentró pues la acción de las organizaciones de mujeres, que ya desde hacía varios años suplían al Estado en la labor de cuantificar el problema.

La visibilidad que la difusión de cada nuevo conteo de víctimas de feminicidio acabó dándole al problema, preparó el terreno para la movilización. Ésta se estructuró en torno de un petitorio centrado en la implementación plena del Plan Nacional establecido por la ley, la provisión de garantías de acceso a la justicia y de protección efectiva, la elaboración de un registro único de víctimas y de estadísticas oficiales de feminicidios, y la implementación de un programa de capacitación docente y prevención a nivel escolar.

Nuevamente, la masiva movilización #NiUnaMenos, producida a principios de junio de 2015 en Buenos Aires y en decenas de localidades argentinas (con réplicas en otros países de la región, incluido Uruguay), tuvo sus orígenes en la sociedad civil. Lanzada en Twitter por un grupo de periodistas vinculadas con el movimiento feminista, la convocatoria encontró terreno fértil en un sociedad sensibilizada por la cascada de casos de feminicidios de los últimos meses, y se viralizó por Facebook bajo la forma de selfies con cartel de apoyo (a la vez que, sobre el terreno, era apuntalada por innumerables organizaciones sociales y políticas). La convocatoria virtual fue recogida por los medios impresos y audiovisuales, primero en sus versiones digitales y luego en tapas de diarios y programas de radio y televisión.

Si bien numerosos políticos y funcionarios buscaron tardía y oportunistamente acoplarse a ella, claramente la iniciativa se gestó por vías del todo ajenas a aquellos. De hecho, con las notables excepciones de cuatro o cinco mujeres políticas, insertas en diferentes partidos, casi no se habían escuchado pronunciamientos sustantivos sobre el tema en las primeras líneas de la política antes de que sobreviniera la catarata de adhesiones. Astutamente, los organizadores respondieron a estos ofrecimientos de apoyo con la contrapropuesta #DeLaFotoALaFirma, desafiando a políticos y candidatos a comprometerse públicamente a incluir el tema en sus campañas electorales y acciones de gobierno.

Consenso superficial

Lejos de ser solamente una maniobra oportunista intentada incluso por aquellos que, situados en posiciones de autoridad, hubieran podido pero no habían hecho gran cosa para impulsar la implementación de las políticas reclamadas, esta avalancha de apoyos reflejó un rasgo fundamental del consenso generado torno de este tema. Tal como es planteada, en efecto, la disyuntiva coloca a todos los actores en un solo bando, dejando desierto el lado opuesto del campo político. Pues ¿quién podría (declarar públicamente) estar de acuerdo con los asesinatos de mujeres? En ese sentido, el de la violencia contra las mujeres no podría ser más diferente de ese otro tema-estandarte del feminismo que es la legalización del aborto, que sí divide tajantemente a la opinión pública y se constituye en un campo de batalla en el cual miden fuerzas el movimiento feminista y el contra-movimiento autodenominado “pro-vida”.

En un sentido más profundo, sin embargo, ambas demandas abrevan de la misma fuente: el reconocimiento de las mujeres como sujetos en posición de igualdad, seres autónomos no necesitados de tutela. Así, si bien los alineamientos en torno de uno y otro tema varían, la violencia contra las mujeres y la prohibición del aborto se ubican en un mismo plano: el de la negación de la autonomía de las mujeres para tomar decisiones sobre sus cuerpos y sus vidas. Como bien lo señala Rita Segato, los actos de violencia de género son acciones disciplinadoras, moralizantes y aleccionadoras aplicables a aquellas que se han sustraído del lugar subordinado que les ha sido asignado, poniendo de ese modo en cuestión todo el sistema de jerarquías que otorga al hombre una posición dominante. Combatir desde la raíz la violencia contra las mujeres supone desafiar el privilegio masculino, objetar los roles de género y cuestionar las jerarquías a ellos asociadas. El “consenso” del #NiUnaMenos, sin embargo, dista de basarse en una convicción semejante. Quienes se oponen al aborto legal privilegian otras consideraciones por encima de la autonomía de las mujeres, y el resultado es una suerte de disenso honesto, sustentado en un combate entre principios. El consenso observado en torno del tema de la violencia contra las mujeres, en contraste, es de carácter superficial en la medida en que no se sustenta en un consenso sustancial en torno de los principios subyacentes.

Es allí, precisamente, donde anidan las dificultades de la izquierda latinoamericana para luchar contra una violencia que en muchos países exhibe aumentos que parecen ser reales, es decir, no atribuibles solamente a la disponibilidad de más y mejores mediciones sino también a una ola de reacciones protectoras de los roles tradicionales por parte de quienes se resisten al creciente empoderamiento de las mujeres latinoamericanas, potenciada por la impunidad de que han gozado los perpetradores hasta la fecha.

En muchos países de la región, el espacio político de la izquierda está hoy ocupado por fuerzas que se reclaman de izquierda, pero que son ante todo populistas y muy luego de izquierda (o, dicho de otro modo, sustantivamente populistas y adjetivadas “de izquierda”). A diferencia de la izquierda post-comunista europea, ellas exhiben marcados rasgos de conservadurismo cultural. Puesto que la lucha a fondo contra la violencia de género requiere del reconocimiento y la promoción de la autonomía de las mujeres, el tema tiene tantas más probabilidades de ser incorporado en la agenda de la izquierda y de resultar en políticas efectivas allí donde la izquierda que gobierna tiene una tradición más liberal, como es el caso de Uruguay, o –tal vez en menor medida- en casos como el de Argentina, donde a decir de Maristella Svampa prevalece un anómalo “populismo de los sectores medios”. En todos los casos, sin embargo, las perspectivas de incorporación de la temática a la agenda política del progresismo seguirán dependiendo, aún más que de lo que haga la izquierda partidaria, de la continuidad de la acción eminentemente política –es decir, orientada a la ampliación los límites de lo posible- emprendida, en cada país y en el marco de redes regionales y globales, por movimientos de mujeres feministas y autónomos.

Fuente: http://www.sinpermiso.info/textos/niunamenos-la-violencia-contra-las-mujeres-en-la-agenda-progresista-latinoamericana

Tomado de http://www.rebelion.org/

Source: Noviembre 2015

[Argentina] Reclaman incluir el tema aborto en el debate presidencial

[Argentina] Reclaman incluir el tema aborto en el debate presidencial

La titular de la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer, Mabel Bianco, sostuvo que “independientemente de lo que piensan los candidatos, esperemos que entiendan que esto es algo para toda la población en la que hay quienes piensan distinto y sobre todo quienes en algún momento necesitan esta legislación”.

CAPITAL FEDERAL (ANDigital) Al ser consultado sobre el aborto por una alumna, en la Universidad Jaurretche de Florencia Varela, el candidato presidencial del oficialismo, Daniel Scioli, afirmó: “soy antiaborto pero es un tema muy sensible que se debe analizar en profundidad”.

Frente a esto, la titular de la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM), Mabel Bianco, remarcó: “celebramos que se le haya hecho esta pregunta al candidato a presidente y sería bueno que en el debate del próximo domingo se incluyera éste y otros temas que son de interés para las familias”.

“Las muertes maternas no son un problema solo de las mujeres, aunque son las que mueren, pero es toda la familia la que se ve afectada”, argumentó la dirigente.

En este sentido, advirtió que “es lamentable que en estos 12 años no se haya podido discutir en el Congreso una ley para ampliar la despenalización del aborto, ni siquiera se pudo aprobar por resolución en el Ministerio de Salud el protocolo para la atención del aborto no punible o permitido por la ley. Y esto fue responsabilidad del Poder Ejecutivo, o sea la Presidenta y los ministros”.

“Esperamos que independientemente de lo que piensan los candidatos a presidente, entiendan que esto es algo para toda la población en la que hay quienes piensan distinto y sobre todo quienes en algún momento necesitan esta legislación”, expuso Bianco.

Así las cosas, sostuvo que “obligan por omisión a toda la ciudadanía a no poder recibir una atención que necesitan y que puede implicar la enfermedad o muerte de madres, hijas, esposas, hermanas o simples ciudadana”. (ANDigital)

Tomado de http://www.andigital.com.ar/

Source: Noviembre 2015

Fiscalía de Colombia propone legalizar el aborto libre hasta las 12 semanas

Fiscalía de Colombia propone legalizar el aborto libre hasta las 12 semanas

El fiscal de Colombia, Eduardo Montealegre, anunció este martes que la próxima semana presentará un proyecto de ley que pretende legalizar el aborto libre hasta las 12 semanas, modificando así el actual sistema de supuestos que actualmente rige en el país.

“La propuesta es que se permita sin ningún condicionamiento el aborto durante las 12 primeras semanas del embarazo. ¿Qué pasa a partir de la semana 12? Entrarían a operar las causales de permisión del aborto”, dijo Montelagre en el Congreso.

Esos causales son los supuestos de riesgo para la salud de la madre, problemas genéticos que hacen “inviable” la vida del feto o si el embarazo es producto de una violación.

La iniciativa de la Fiscalía busca enfrentar el alto número de abortos ilegales que se practican con técnicas médicas arriesgadas que ponen en peligro la salud de las mujeres.

“Las cifras muestran que el aborto clandestino sigue en Colombia, que hay 200,000 casos de abortos ilegales con prácticas médicas riesgosas para la mujer. Eso muestra el fracaso del derecho penal como mecanismo de control”, apuntó el funcionario.

Montealegre consideró que el plazo de 12 semanas es adecuado a la luz del derecho comparado, puesto que otros países han adoptado tiempos similares, y reconoció que este proyecto de Ley tendrá un “camino difícil” en el Congreso, donde deberá ser debatido.

Sin embargo, dijo que de convertirse en Ley, esta iniciativa “profundizaría en las conquistas” que las mujeres obtuvieron en la Constitución de 1991, que según recordó establece el derecho de las colombianas a la autodeterminación sexual y reproductiva.

“Entonces de lo que se trata ahora también es de ampliar el campo de protección y de expansión de la teoría de los derechos fundamentales y de protección de ciertos derechos de la mujer a todo el ámbito de la vida social”, agregó.

Con independencia del recorrido de su propuesta, Montealgre consideró que es necesaria una “labor de pedagogía” por parte de las autoridades, ya que, indicó, muchas mujeres no están debidamente informadas sobre las causales que actualmente permiten abortar.

Tomado de http://www.elnuevoherald.com/

Source: Noviembre 2015

El aborto como fenómeno social

El aborto como fenómeno social

El fenómeno del aborto ha sido ampliamente debatido en el mundo. Ya en 1918 la mujer pionera en esta materia, Aleksandra Kollontai, impulsa la despenalización del aborto como una de sus tantas medidas respecto de los llamados “Derechos y libertades de las mujeres”. El sustento que había detrás de la despenalización del aborto era tan vigente entonces como lo es hoy en que se conmemora nuevamente su despenalización en América Latina y el Caribe –este 28 de septiembre–, es decir, el aborto como fenómeno social, no otra cosa sino como una de las formas materialmente existentes en que las mujeres podemos decidir sobre nuestra reproducción. Un derecho a decidir sobre la reproducción, sin la posibilidad de interrumpir el embarazo, no es tal. Derechos sexuales y reproductivos, sin aborto, no son tales.

La ciudadanía imperante es excluyente por esencia, y en la disputa por ser reconocidas, como mujeres solo nos convertimos en plenas ciudadanas cuando podemos gozar de derechos sexuales y reproductivos. El aborto, por supuesto, no es el único aspecto de este derecho. Lo es también la educación sexual, la anticoncepción, la expresión del género y el desarrollo de una sexualidad plena. Todos ellos apuntan a la aspiración suprema de la modernidad: la libertad para decidir.

En Chile nos encontramos debatiendo sobre su despenalización en tres causales. Los términos de la discusión pública han dejado de manifiesto que una de las claves del mantenimiento del orden patriarcal es la consideración de las mujeres, es decir, de la mitad de sociedad, como menores de edad, las cuales siempre necesitan de la tutela de un hombre que hable por ellas y de estructuras jurídico-políticas que, bajo el pretexto de su protección, reduzcan al mínimo su autonomía. De esta manera, cuando se habla de aborto, nos llevan a un debate sobre nosotras pero sin nosotras.

Sin embargo, la cuestión del control del Estado y las élites sobre el cuerpo de la mujer nunca ha sido un tema cultural, valórico o moral. Esta visión construye socialmente la idea de que el reproducirse es una decisión individual, así como el no hacerlo, pero que, sin embargo, debe ser controlada, ubicando a las mujeres como incapaces. En palabras de Silvia Federici: la penalización del aborto es “la caza de brujas del s. XXI”. Pero es importante entender que esto no es así. Es un tema económico, pues el capitalismo siempre ha necesitado al patriarcado y del control del cuerpo de las mujeres, pues así controla las fuentes de reproducción de la fuerza de trabajo: maternidad, crianza, cuidado, alimentación, educación, salud o, dicho de otro modo, todo aquello que se considera “doméstico”, lo cual se piensa es una primera riqueza que debe ser controlada para la acumulación de capital.

Y asimismo es una cuestión también política. La libertad a decidir que defiende la modernidad capitalista y el liberalismo son por ellos mismos mermados y cercenados cuando niegan la autonomía de la mujer a decidir su futuro y reproducción. Por ello, debemos entender el trabajo reproductivo, en dos aspectos: la reproducción de la vida y la reproducción del capital. En este sentido, la imposición de la minoría de edad para negar nuestra autonomía y decisión, es herramienta para mantener la desigualdad perpetua a la que nos han sometido para la reproducción del orden vigente.

No hay libertad sin igualdad. Y quiénes sino las mujeres hemos sabido históricamente reconocer y sobre todo cargar con las desigualdades que el patriarcado nos ha impuesto desde tiempos remotos, cuya lógica, como hemos señalado, el capitalismo ha aprovechado y potenciado con la división sexual del trabajo a la que ha dado lugar. ¿Cómo ser iguales en una sociedad que nos divide en clases, y a las mujeres nos relega a las funciones de reproducción social y cultural de roles que tienen su origen en el hecho de tener útero y parir: el rol de madre-esposa.

El aborto avanza en la línea de la igualdad. Otorga capacidad de decisión en esferas donde hoy solo ofrece cárcel y muerte. La penalización del aborto solo ha significado para las mujeres el cercenamiento de su sexualidad y la autodeterminación de sus proyectos de vida, y en el peor de los casos y de manera lamentable, la muerte por su realización en contextos de clandestinidad.

En este orden de ideas, el proyecto de despenalización del aborto en tres causales nos ha parecido relevante puesto que, si bien es insuficiente, permite poner el debate sobre la mesa y abrir una puerta que nos parece importante no permitir cerrar. Con ello nos referimos al camino hacia la plena autonomía de la mujer. No hablamos, por tanto, solo del derecho de las mujeres violadas o de las contempladas en las tres causales, hablamos de todas las mujeres, pues somos todas las que vivimos cotidianamente las consecuencias de la división sexual del trabajo al obligarnos a elegir entre desarrollo personal y maternidad, enjuiciándonos y dificultándonos cualquier decisión.

Pero esta dimensión no se ha sabido recoger en la discusión actual sobre el aborto. La discusión está enclaustrada en ideologismos morales y/o religiosos, que a nuestro juicio son de dudoso respeto hacia la humanidad y la condición de la mujer. No queremos decir que las legítimas creencias personales, en una sociedad democrática, no existan, sino que llevamos el cuestionamiento más allá, preguntando ¿en qué punto dichas creencias personales se convierten, en este sentido, en legitimadores de la desigualdad?

En la medida que ha ido avanzando la discusión legislativa, hemos podido ver con claridad los avances de los sectores que históricamente han negado nuestros derechos. La aprobación castrada de la causal de violación en señal de ello, pues rebajar las semanas para realizar la interrupción en el caso de las niñas, así como la idea de tutela pone cuesta arriba la decisión de menores de edad, y con ello el largo y pedregoso camino hasta la prestación de aborto. Estas limitaciones obvian el contexto de violencia, sometimiento e indeterminación de estas niñas y mujeres, que han sido cotidianamente sometidas al yugo de la voluntad de un hombre que, en su mayoría y sobre todo en el caso de menores, es cercano y/o responsable legal de estas. Estas regulaciones son una clara radiografía de la imposibilidad del gobierno de organizar a la Nueva Mayoría en favor de las mujeres.

Queremos dejar claro que no defendemos que se faculte al Estado a imponer una decisión más allá de la voluntad de la mujer, sino al contrario, que el Estado resguarde y fortalezca la autonomía de todas nosotras. Nuestros cuerpos no pueden seguir siendo instrumentos del Estado ni del mercado. Luchar por el derecho a decidir significa soberanía y democracia, por tanto el aborto y la reproducción no deben seguir siendo decisiones individuales, que atañen al mundo privado, sino que a la sociedad en su conjunto: a la libertad y derechos que concedemos a las mujeres, sacándolas de una desigualdad naturalizada e invisibilizada –que ha mantenido la reproducción del rol de género como mandato social– y construyendo soberanía colectiva y personal sobre nuestras vidas y sobre el país que queremos construir.

Para nosotras, es esencial que el Estado otorgue garantías y trate a la mujer como sujeto y no como objeto de poder, propio del modelo de control que han mantenido las elites, negando la situación política de las mujeres porque niegan la desigualdad como condición estructural del modelo. De ahí que la defensa a la autonomía abre camino a una lucha política que trasciende el objetivo de la ley, porque nos posiciona en la lucha contra la desigualdad. El camino por recorrer es largo si queremos establecer derechos sociales, civiles y políticos para las mujeres, y ciertamente los programas o promesas no han bastado ni bastarán para transformar esta condición. 

Por Cari Álvarez y Daniela López.

Tomado de http://mileschile.cl

Source: Noviembre 2015

Violencia obstétrica: Las crueles experiencias que viven cada día miles de mujeres

Violencia obstétrica: Las crueles experiencias que viven cada día miles de mujeres

Frustración, tristeza, decepción y rabia, lamentablemente son algunos de los sentimientos que se apoderan de muchas mujeres cada día al ser víctima de maltratos y abusos en el momento de dar a luz. Pese a lo importante que resulta ese momento para las madres, en algunos hospitales se cometen faltas éticas y morales contra las pacientes que convierten el parto en una verdadera pesadilla.

“No había agua tibia ni toallas limpias, así que me bañaron con agua helada y me secaron con una sábana. Después de algunos minutos, me di cuenta que la herida de mi cesárea sangraba demasiado: la habían cosido mal”, así relató Victoria a BioBioChile su experiencia al tener su primer hijo en el Hospital San Borja en 2013, luego de 25 horas en trabajo de parto en el que las enfermeras no limpiaban el vómito de la mujer, pese a sus súplicas.

“Luego me encerraron una hora en el baño sola para que defecara -si no lo hacía, no me dejaban volver a casa- y mientras lloraba nadie me acompañó”, agregó la joven que en ese entonces tenía 23 años. Además del sufrimiento físico -por una herida abierta de al menos 3 centímetros-, los médicos diagnosticaron sordera a su pequeña hija, lo cual fue sólo una equivocación.

Este es sólo un caso de las miles de injusticias y maltratos que el servicio público comete contra las mujeres que no tienen más opción que atenderse en el hospital más cercano. Es por eso, que un colectivo llamado “Basta de Violencia Obstétrica” pretende alzar la voz y dar a conocer cada caso particular de abuso contra las madres que son descuidadas durante su parto.

Basta de Violencia Obstétrica
Durante noviembre de 2014 la psicóloga Daniela Sanhueza, de 31 años, y Paola Pérez, fotógrafa independiente de 24 años, decidieron crear un proyecto que visibilizara la violencia obstétrica. Fue así como fundaron al año siguiente el colectivo para luchar por los derechos de las mujeres.

Lo anterior, surgió tras escuchar reiteradamente testimonios e historias de familiares, amigas y conocidas en torno a incomodidades, recuerdos dolorosos e incluso secuelas físicas de sus experiencias en el ámbito ginecológico, como visitas incómodas al médico ginecólogo o matrona, partos traumáticos y malos tratos totalmente gratuitos, contaron las mujeres. “Fuimos observando que esto se repetía en uno y otro caso, haciendo que nos preguntáramos ¿por qué estas manifestaciones de violencia se encontraban tan naturalizadas social y culturalmente?”.

En el marco del concepto de violencia obstétrica -entendido como “cualquier tipo de maltrato ejercido desde las instituciones y el personal de salud sobre el cuerpo y los procesos reproductivos de las mujeres, trayendo consigo pérdida de autonomía y capacidad de decidir libremente sobre sus cuerpos y sexualidad”, – el colectivo enumeró los distintos abusos que se consideran como maltrato.

  • Trato deshumanizado hacia las mujeres en la atención de salud pública o privada.
  • Abuso de medicación o negación de ésta cuando la paciente lo solicita o requiere.
  • Cualquier tipo de regaño, burla, ironía, amenaza, insulto o juicio subjetivo que no tenga que ver con ayudar al paciente sino más bien con humillarla, coartarla y/o minimizarla.
  • Limitar y manipular la información solicitada por la paciente; desde no aclarar los tipos de anticonceptivos existentes hasta su estado de salud, todo como expresión de un trato jerárquico que no permite a la mujer decidir libremente sobre su cuerpo.
  • Insensibilidad al dolor o a las enfermedades femeninas por parte de los sistemas médicos.
  • Omitir la atención oportuna y eficaz en las emergencias obstétricas.
  • Obstaculizar el apego precoz sin que existan razones médicas urgentes y justificadas.
  • Acelerar un parto de bajo riesgo sin una razón justificada o practicar una cesárea sin el consentimiento expreso de la mujer, existiendo los medios y condiciones para hacerlo de manera normal.
  • Realizar interrupciones de embarazo e incluso esterilizaciones, ambas de manera forzada.
  • Utilizar a la mujer como recurso didáctico sin antes aplicar el protocolo de consentimiento informado, entre otros.
  • Realización de Intervenciones sin el consentimiento de la mujer o sus cercanos y que pudieran atentar contra su salud y/o derechos humanos.

Más de un maltrato

Con sólo 20 años, Valentina Donoso fue al Hospital San José en Santiago, ubicado en Independecia, a dar a luz a su primer hijo en 2007. Pese a los cientos de intentos de pujar, la joven no podía parir por lo que el médico requirió de fórceps (tenazas obstétricas) para sacar al bebé.

Luego que el doctor se retiró, Valentina quedó a solas con la matrona de turno quien le dijo una serie de frases que la hirieron emocionalmente en ese momento. “No pudiste parir a tu hijo por ti misma, así que si quieres ser mamá de nuevo piénsalo” o “tu hijo no te hará caso porque no lo pudiste tener”, lo anterior sumado a un enfermero que durante la cambiaba de camilla le dijo “espero no verte acá el próximo año”.

Peor aún, cuando la joven madre solicitó ayuda para pararse, la enfermera le respondió “¿estás loca? yo no te voy a tomar en brazos”. Como si fuera poco, no dejaron a su pareja observar al bebé durante el parto, amenazándolo que si lo intentaba “lo echarían de la sala”.

Durante el proceso de pre-parto, los profesionales no explicaban nada a Valentina, ni siquiera le dirigían la palabra y además una decena de estudiantes tocaba su cuerpo sin su autorización. En ese momento fue cuando vio a otra mamá extranjera (al parecer, peruana) a quien la “trataban como perro”, según describió la joven.

Ahora, a sus 27 años espera su segundo hijo. “Me arrebataron el derecho de disfrutar mi primer parto. Estoy embarazada de una niñita ahora, tenemos 22 semanitas y ni locas iremos ahí de nuevo”, finalizó.

Otro tipo de maltrato, fue el que sufrió K.V. en el Hospital Claudio Vicuña en San Antonio en Valparaíso. “Estaba con la bolsa rota y dolores horribles, y las enfermeras sólo atinaron a acostarme en una camilla y a encerrarme con las luces apagadas mientras esperaba por una hora”, contó la mujer.

“Tuve que rogar por la anestesia”, confesó. En el momento del parte, K.V. fue atendida por una practicante, razón por la que expresó su temor de que “saliera algo mal”. Ni la matrona ni la estudiante le contestaron.

Luego la obstetra la revisó bruscamente sin explicarle nada sobre el procedimiento. Cualquier petición realizada por la mujer fue negada o ignorada por el personal. “Tenía miedo, estaba mareada y fatigada y la matrona sólo apagó las luces y me dejó sola para no escuchar mis quejas”, dijo K.V.

Violación de Derechos Humanos

El colectivo “Basta de Violencia Obstétrica” calificó estos casos como una violación a los Derechos Humanos, tal como en otros países, donde ya son sancionadas estas situaciones. “¿Por qué acá no?”, se preguntó el colectivo, agregando que “si bien Chile acepta los acuerdos internacionales en materia de violencia contra la mujer, no cuenta con leyes específicas ni se han creado hasta ahora mecanismos para garantizar la aplicación de dichos acuerdos en torno a la violencia obstétrica”.

“Así, difícilmente podemos esperar que se nos respete si no es una ‘obligación'” legal”, sentenció. “Por ello nuestra intención es alzar una voz de alerta, para que todas nos detengamos un momento a cuestionarnos si realmente debemos aceptar estas situaciones de maltrato, creemos en que hay que partir por despertar el deseo de hacernos respetar nosotras mismas para exigir nuestros derechos”, agregó el colectivo.

Actualmente, “Basta de Violencia Obstétrica” se encuentra trabajando en un proyecto para recoger testimonios de mujeres que han vivido alguna situación de violencia obstétrica, por lo que invitan a quienes quisieran participar a contactarse con Paola y Daniela mediante su página de Facebook o al correo electrónico colectivo.cvo@gmail.com

Tomado de http://www.biobiochile.cl

Source: Noviembre 2015