Chile llama a parlamentarios a aprobar proyecto que despenaliza el aborto

Chile llama a parlamentarios a aprobar proyecto que despenaliza el aborto

Amnistía Internacional (AI) Chile instó hoy a los parlamentarios del país austral a aprobar el proyecto de ley para la despenalización del aborto en tres causales.

Amnistía Internacional (AI) Chile instó hoy a los parlamentarios del país austral a aprobar el proyecto de ley para la despenalización del aborto en tres causales que fue presentado por el Gobierno a principios de este año.

“Obligar a una mujer a continuar con un embarazo cuando se pone en riesgo su vida, hay inviabilidad del feto o éste es producto de una violación es un trato inhumano”, dijo a Efe el presidente de AI Chile, Roberto Morales.

Por este motivo, la organización lanzó este miércoles la campaña “Chile no protege a las mujeres. La criminalización del aborto viola los derechos humanos”, que anima a los parlamentarios a avanzar en la protección de los derechos sexuales y reproductivos de todas las mujeres y niñas y les anima a votar a favor del proyecto presentado por el Ejecutivo.

Asimismo, la campaña invita a la ciudadanía a firmar la petición que se encuentra en el sitio web de Amnistía Internacional.

“Creemos que la sociedad chilena está suficientemente madura para aprobar una legislación de este tipo. Todas las encuestas dicen que el 70 % de los chilenos apoyan la despenalización de la interrupción del embarazo en estas tres causales”, sostuvo el representante de AI.

En Chile, las mujeres que viven embarazos complejos y dolorosos y que toman la difícil decisión de interrumpirlos, se ven empujadas a viajar al extranjero o arriesgarse a abortos clandestinos e inseguros, poniendo en riesgo su vida y exponiéndose a la criminalización; o bien, se ven obligadas a continuar embarazos contra su voluntad.

De acuerdo a las normas de derechos humanos expuestas por la organización, el Estado tiene la obligación de derogar las leyes que criminalizan el aborto y los profesionales que lo practican, garantizar que cualquier mujer que sufra complicaciones derivadas de un aborto pueda ser atendida y garantizar el acceso a servicios seguros y asequibles a cualquier mujer embarazada producto de una violación.

Actualmente Chile es uno de los pocos países del mundo que mantiene una prohibición legal absoluta del aborto, junto con El Salvador, Nicaragua, Honduras, Haití, Surinam, Andorra, Malta y El Vaticano.

Según cifras proporcionadas por el Ministerio de Salud en 2012, en Chile se registraron un total de 30.000 abortos de los cuales 3.000 fueron practicados a niñas y adolescentes de entre 10 y 19 años.

En tanto, Amnistía Internacional se hizo eco hoy de estudios que cifran en 60.000 y hasta 160.000 los abortos que se practican en Chile cada año.

“Los datos demuestra que aunque el aborto esté criminalizado, sigue practicándose”, sostuvo la directora ejecutiva de AI en Chile, Ana Piquer, quien afirmó que, según estudios de la Organización Mundial de la Salud, el número de abortos que se practican en países donde éste está penalizado “no difieren demasiado de los países donde la interrupción del embarazo está legalizada”.

Asimismo, la criminalización del aborto, tiene, según Piquer, un “efecto discriminatorio”, pues mujeres con recursos pueden obtener servicios seguros o viajar al extranjero, y por tanto tienen la posibilidad de decidir, mientras que mujeres con menos recursos “se ven obligadas a continuar con un embarazo que las atormenta”.

Para Morales este proyecto de ley es un “acuerdo de mínimos” que queda lejos de la despenalización total, no obstante, el representante considera que “es un avance importante para el país”.

En Chile, una norma impuesta durante la dictadura de Augusto Pinochet en 1989, poco antes de dejar el poder, prohibió totalmente el aborto al modificar el artículo 119 del Código Sanitario de Salud, que desde 1931 permitía la interrupción terapéutica del embarazo.

Tras la modificación, el texto señala que “no podrá ejecutarse ninguna acción cuyo fin sea provocar el aborto”.

Tomado de la-razon.com

Source: Junio 2015

El aborto sí puede ser seguro [cuando es legal]

El aborto sí puede ser seguro [cuando es legal]

El Manual de Aborto Seguro se difundió el 28 de mayo del 2015 para conmemorar el Día Internacional por la Salud de las Mujeres. Este documento  –que fue publicado por el colectivo ecuatoriano Salud Mujeres y se puede descargar en la página web– enseña de forma científica y segura cómo interrumpir un embarazo tomando Misoprostol y siguiendo las indicaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Cuando se difundió esta información, los sectores más retardatarios del país advirtieron que este medicamento podría causar graves complicaciones e incluso la muerte a las mujeres que lo tomaran. Esas advertencias son falsas: lo comprobé en México, hace dos años, en un centro de salud que usa esta medicina y asiste a mujeres que quieren abortar sin riesgo.

Este viaje de descubrimiento fue en octubre del año 2013 cuando asistí al III Congreso Latinoamericano Jurídico sobre derechos reproductivos, en Cuernavaca –México– y junto a una delegación de legisladoras y operadoras de salud del Ecuador nos invitaron a visitar una clínica Integral de Salud Reproductiva en el D.F. La Clínica “Marta Lamas” está en el primer piso del Centro de Salud México España, en la Colonia Anáhuac. Cuando llegué, el contraste entre las otras áreas del centro de salud fue evidente: de corredores y escaleras antiguas, oscuras y baldosas desgastadas, pasé a instalaciones de paredes blancas con varias ventanas y mucha luz, era el espacio donde funciona la Clínica de la Mujer. Cruzamos unas puertas dobles de vidrio catedral para entrar a una recepción limpia y llena de luz. Los pisos de porcelanato color crema estaban tan pulidos que reflejaban como un espejo. Después de la entrada había un escritorio y en él, una muchacha –alta, con uniforme blanco, de pelo corto negro– que nos recibió muy amable, casi alegre. Nos pidió esperar un poco a que llegue el Coordinador de Salud Reproductiva y Secretario Técnico del Comité de Mortalidad Materna y Perinatal. Mientras lo hacíamos, nos mostró las sillas transparentes de plástico verde claro, detrás de un panel de cristal. Del otro lado solo había una chica muy joven –blue jeans, camiseta, mascando chicle–, viendo algo en su celular. En este ambiente, hasta ahora tan amigable, había dos pantallas gigantes con información sobre el uso de unas pastillas –Misoprostol– y un par de mesas. Sobre ellas, folletos con información de los servicios de la clínica y grandes peceras de cristal llenas de condones. Más allá, otra mesita de café. Los condones, folletos y café eran gratis. Pregunté a la muchacha de la recepción por qué estaba tan vacía la sala y contestó que era medio día y que el tráfico más alto de pacientes era más en la mañana y en la tarde. La clínica atiende cerca de cien mujeres cada día, dos mil al mes. 

Cuando llegó el funcionario encargado de atendernos –unos cincuenta años, mediana estatura, delgado, pelo muy lacio castaño con algunas canas especialmente en el copete– se presentó como Patricio y dijo que estaba para aclarar nuestras dudas. Vestía camisa blanca y corbata verde brillante y no llevaba mandil: parecía más abogado que médico. Era ginecólogo obstetra y llevaba muchos años trabajando en este tema. En su oficina nos contó sobre la legislación mexicana y los detalles más relevantes de lo que ellos llaman ILE: Interrupción Legal del Embarazo. 

En DF, el 27 de abril de 2007 se reformó el Código Penal y se despenalizó el aborto hasta las doce semanas de embarazo. Se estableció que las instituciones de salud pública atenderían gratuitamente las solicitudes de interrupción de embarazo, proporcionando información para cerciorarse de que haya consentimiento informado de la mujer. La reforma tuvo una acción de inconstitucionalidad que llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y generó un complicado debate público. Mientras la jerarquía de la Iglesia católica lanzaba amenazas de excomunión y salía a las calles con estandartes con imágenes de la Virgen de Guadalupe cargando fetos en sus brazos, en otros espacios públicos sacerdotes jesuitas y dominicos hablaban a favor de la despenalización del aborto. Mientras los abogados católicos amenazaban con la debacle moral, Jesús Zamora Pierce –ex Presidente de la Academia Mexicana de derecho Penal– argumentaba en sus intervenciones en los medios de comunicación que el aborto no podía ser considerado un delito. La comunidad conservadora hacía procesiones contra las reformas, la comunidad científica y algunos intelectuales mandaban sus cartas de apoyo a las reformas a los principales diarios de la ciudad. Mientras las mujeres conservadoras rezaban en las capillas, las feministas gritaban en las marchas “quiten sus rosarios de mis ovarios”. Las organizaciones de mujeres fueron quienes más lucharon por la despenalización del aborto. Por eso, esta clínica lleva el nombre de una de las activistas feministas más destacada de México: Marta Lamas. El 28 de Agosto de 2008, la Suprema Corte de Justicia determinó que la reforma que despenalizó el aborto hasta las doce semanas en el DF –la ciudad que concentra el 7,8% de la población– era constitucional. Ese fue el relato que Patricio –con un colorido vocabulario muy mexicano y un desconcertante acento chileno por sus muchos años de estudio en ese país– nos contó.

Luego de su explicación, nos dijo cómo se realizan los abortos en el DF. De los ciento diez mil casos de interrupción legal del embarazo que hay al año en la ciudad de México –todos en mujeres que tienen hasta 12 semanas de gestación– el 86% son tratados con Misoprostol. Este fármaco provoca contracciones en el útero que hacen que una mujer expulse el producto de su embarazo. La seguridad y eficacia de los abortos con Misoprostol es muy alta y su uso es tan seguro que aparece en la lista de medicamentos esenciales de la OMS. Esta pastilla se administra por la vía sublingual y tiene un 98,2% de efectividad. En medicina, cualquier cosa que tenga una eficacia de más del 80% es altamente recomendable, nos dijo el médico. Por eso, en el 2015 en México, la mayoría de las interrupciones legales del embarazo ya no se hacen en el quirófano. El doctor dijo que era menos invasivo y mejor para la salud de cualquier paciente: “es una pinche maldad meter a una mujer a un quirófano si se le puede recetar medicamentos y mandarla a su casa a que tenga un aborto en paz, rodeada de su familia”. En veinticuatro horas el aborto se completa. 

Le pregunté cómo manejan el tema religioso porque México es un país mayoritariamente católico y Patricio me contestó –mirándome directamente con sus ojos azules muy claros, detrás de sus lentes–: “En México somos 85% católicos y 100% guadalupanos”. Dijo que es ateo pero abrió su billetera y nos mostró su estampita de la virgen. Nos dijo que a la clínica van las pacientes con sus madres, con sus hijas, hermanas y hasta abuelas, y cuando –por alguna complicación o condición médica– deben ingresar al quirófano, todas se ponen a rezar, incluso a veces de rodillas. Dijo que aunque son un país religioso, le parece una monstruosidad no darle ayuda a una mujer que ha decidido abortar, y que si no fuera legal, ellas se irían a mataderos a exponer su salud y su vida. “A mucha de esa gente autodenominada pro vida, les vale madres que niñas y mujeres se mueran en abortos clandestinos”. Es un tema ético, acá salvamos las vidas de nuestras pacientes.

Después de sus detallados relatos, nos llevó a conocer el resto de la clínica. Más allá de  la recepción y la sala de espera, hay dos consultorios con cama ginecológica y ultrasonido, dos baños, una sala de consejería, una de recuperación, y un quirófano al que no lo llaman así sino sala de procedimientos. Según Patricio, las mujeres que llegan de todas partes del país reciben en la clínica un trato amigable, más que eso, cariñoso, “acá tenemos prohibido usar lenguajes cabrones”. Los médicos y enfermeras atienden a las pacientes en todas sus necesidades ginecológicas: les explican cómo usar Misoprostol y cuáles son los síntomas que pueden sentir, les dicen cómo tratar sangrado, fiebre, náuseas y posible dolor, qué hacer en caso de complicaciones. Las consejeras están para explicarles a las pacientes el uso correcto de los métodos anticonceptivos y ayudarles a decidir cuál es el mejor sistema para cada una. También dan acompañamiento y apoyo a las mujeres que han sido víctimas de violencia de género. Todos los muebles de la clínica son de cristal o plástico transparente y diseño moderno: un ambiente elegante y cuidado. Patricio nos dijo que el diseño del sitio es también parte de la buena atención. Cuando pregunté por el síndrome de depresión post-aborto, Patricio –con un tono vehemente– dijo no existe la depresión o estrés post-aborto. Que es un mito sin ningún tipo de evidencia científica y que para muchas mujeres la decisión de practicarse un aborto suele ser muy difícil, pero que en su experiencia, la mayoría de las que él ha tratado sienten un enorme alivio una vez que sucede. 

Luego de que se legalizó la interrupción del embarazo hasta las doce semanas en DF, bajaron las tasas de muerte materna por aborto: pasó del 9.9% en 2007 a 3.8% en 2009, según la Agenda Estadística 2009 de la Secretaría de Salud del Distrito Federal. Y esto es resultado de una interrupción del embarazo en condiciones seguras e higiénicas en los hospitales y no con métodos clandestinos. En el 2009, también disminuyó considerablemente el número de mujeres que recibieron atención hospitalaria por aborto. Según Patricio, este es el efecto más positivo del Misoprostol. El doctor dice que sus pacientes son agentes de información sobre el medicamento, que salen de ahí con todo lo que tienen que saber sobre cómo obtener un aborto con pastillas. Se lo cuentan a sus amigas, a la comadre, a la hermana, a cualquier mujer que esté en esa circunstancia. Y abortan en sus casas, solo van a la clínica en caso de que se dé alguna complicación que es poco probable si siguen las instrucciones perfectamente. “El poder ha pasado directamente a las mujeres y esto está salvando sus vidas”. 

Este medicamento y procedimiento exitoso en México DF es precisamente el que promueve Salud Mujeres mediante su Manual del Aborto Seguro con Misoprostol. El colectivo lo único que quiere es conseguir que esta asesoría llegue a las manos de las mujeres que más lo necesitan.

Tomado de gkillcity.com

Source: Junio 2015

Las leyes sobre el aborto se endurecen a escala regional

Las leyes sobre el aborto se endurecen a escala regional

El registro oficial de abortos en el Ecuador muestra una disminución paulatina desde el 2011, cuando hubo 25 316 casos. Entre el 2013 y el 2014 los casos bajaron de 23 286 a 20 812, según el Ministerio de Salud Pública.

Esa última caída coincide con la aprobación en la Asamblea del Código Orgánico Penal (enero del 2014). Ahí, el aborto se establece como un delito que conlleva sanciones no solamente para el médico (entre siete y 10 años de cárcel si es un aborto consentido) sino también para la mujer que lo autoriza (prisión de seis meses a dos años).

Para Virginia Gómez, de la fundación de derechos humanos Desafío, el Código ha provocado que las mujeres se alejen de los servicios de salud.

“Así se explica la reducción de las estadísticas, que no dejan de ser un subregistro, porque al menos la mitad de abortos que se dan en el país no se registran o denuncian”.

El aborto, en el Ecuador, se aprueba únicamente en dos casos. Cuando está en riesgo la vida de la madre y como consecuencia de una violación, pero a una mujer con discapacidad mental.

El principio del Código guarda concordancia con la mayoría de leyes aprobadas en América Latina y el Caribe.

“Salvo Ciudad de México, Cuba, Puerto Rico y Uruguay, el resto de los países oscilan entre legislaciones prohibitivas, restrictivas y moderadamente restrictivas”, según un informe publicado en junio del 2014 por la Articulación Regional de Organizaciones de la Sociedad Civil. “La gran mayoría mantiene marcos regulatorios de casi 100 años de antigüedad, desfasados del reconocimiento de derechos”.

En Paraguay, por ejemplo, solo se considera el aborto si es para salvar la vida de la madre.

El país ha estado en la mira del mundo en los últimos días por el caso de una niña de 10 años con un embarazo de seis meses, supuestamente producto de la violación de su padrastro, quien se encuentra arrestado.

Las autoridades no han autorizado el aborto y varias organizaciones no gubernamentales como Amnistía Internacional (AI) han emprendido una batalla. “Forzar a una niña de 10 años violada a dar a luz y no darle la opción de un aborto seguro la convierten en víctima de tortura, una violación grave de derechos humanos”, dijo Guadalupe Marengo, directora adjunta para América de AI.

En los casos de Nicaragua, República Dominicana, El Salvador y Chile, el aborto está totalmente penalizado y las mujeres pueden enfrentar penas de cárcel, incluso si el aborto es espontáneo.

En Chile, a inicios de este año, la presidenta Michelle Bachelet presentó ante el Congreso el proyecto para despenalizarlo por violación, riesgo de vida de la madre y malformación fetal. “Las mujeres se encuentran desprotegidas, no les dan ninguna oportunidad de decidir sobre su cuerpo”, dice Claudia Dides, directora de la corporación Miles Chile.

Esta entidad ha sido blanco de críticas por una campaña en la cual mujeres muestran -de forma irónica- cómo causar un aborto (rodando por las escaleras o arrojándose a un carro). Al final de todos ellos se lee: “En Chile, un aborto accidental es el único aborto que no es un delito. Apoya la ley y termina con la discusión”.

En Colombia, en cambio, la Corte Constitucional despenalizó hace 9 años el aborto en tres condiciones específicas: violación, riesgo para la vida o la salud de la madre y malformaciones del feto incompatibles con la vida.

Sin embargo, Juan Carlos Vargas, director científico de Profamilia, asegura que aunque año tras año ha mejorado la aplicación de esta sentencia, las colombianas aún se estrellan con barreras que les impiden cumplir con este derecho.

En Ecuador, el Código Penal, que se discutió durante dos años, provocó una pugna entre grupos a favor y en contra del aborto. Solanda Goyes, del colectivo feminista Nosotras, recuerda que se buscaba que al menos se incluya la aprobación del aborto en casos de violación. “La solución al aborto no es la persecución. El Estado debe asumirlo como política de salud y educación”.

El Comité de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de la Discriminación contra las Mujeres reveló, en febrero pasado, que 58 personas fueron detenidas en el Ecuador por aborto y recomendó la despenalización.

Lo que dice la ley
En Ecuador,  la mujer que cause su aborto o permita que otro se lo cause será sancionada con cárcel de seis meses a dos años, según el art. 150 del Código Penal (COIP) vigente desde agosto del 2014. La sanción para un médico es de hasta 7 años.

No se sanciona el aborto, según el COIP de Ecuador, si se practica para salvar la vida o preservar la salud de una mujer o si el embarazo es consecuencia de una violación, siempre que la víctima sea una persona con discapacidad mental.

Tomado de elcomercio.com/

Source: Junio 2015

Del aborto y otros temas urticantes

Luis Bareiro

La palabra aborto volvió al debate mediático hace unas semanas cuando se presentó el caso de una niña grávida producto de una violación. Apenas se supo de la situación, aparecieron los grupos que abogaron porque se le permitiera interrumpir la gestación alegando que no se podía obligarla a traer al mundo a un ser engendrado a partir del abuso del que fue víctima, y menos aún si su propia vida corría peligro dada la inmadurez natural de su cuerpo.

Rápidamente se presentó el grupo contrario, el que basado en una convicción religiosa invoca el derecho a la vida de ese ser en gestación y condena cualquier pretensión de detener por métodos no naturales su estado de gravidez.

En medio de estas posiciones antagónicas aparecieron los médicos intentando explicar científicamente cuáles son los niveles de riesgo de la víctima y hasta qué tiempo es recomendable interrumpir el proceso sin que el aborto mismo pusiera en peligro de muerte a la menor.

La discusión, que no es original ni nueva, desnudó una vez más nuestra incapacidad como sociedad para contrastar argumentos que nos permitan defender una posición sin insultar o satanizar a quienes sostienen la posición contraria.

El agrio debate sirvió además para establecer cuán lejos estamos aún de comprender cómo funciona un estado de derecho donde la ley debe contemplar necesariamente los diferentes puntos de vista sobre un mismo fenómeno, sin quebrantar jamás el criterio de justicia.

Con relación al caso de la niña, por ejemplo, en un estado de derecho nadie podría obligarla a interrumpir su embarazo. De igual manera, el Estado no podría impedirle abortar si decidiera hacerlo.

En un estado de derecho y laico, la ley no puede obligar a los creyentes a hacer aquello que consideren contra su fe, siempre que esa decisión no afecte a terceros. Ningún creyente puede recibir una transfusión de sangre si considera el procedimiento una lesión a sus creencias, ni está obligado a contraer matrimonio con una persona de su mismo sexo, ni a creer que el hombre es producto de la evolución y no de la creación.

Con igual criterio, en un Estado laico la ley no debería impedir que el no creyente se haga una transfusión, se case con alguien de su mismo sexo o interrumpa un embarazo producto de un abuso.

Resulta extraño que muchos creyentes quieran imponer a los que no lo son sus convicciones religiosas cuando la piedra angular de la mayoría de las confesiones es el libre albedrío. Si la acción no es voluntaria no tiene valor moral.

Igualmente, es absurdo que los no creyentes pretendan que las personas de fe dejen de actuar de acuerdo con esa convicción, en tanto ella no lesione el derecho de terceros.

Un estado de derecho es básicamente un paraguas legal bajo cuya sombra la gente puede convivir de acuerdo con sus creencias sin pretender imponérselas a los otros. Y ningún tema puede escapar a este tratamiento. El aborto tampoco.

Tomado de ultimahora.com/

Source: Junio 2015

De la clínica de las mujeres al Metro de Medellín

De la clínica de las mujeres al Metro de Medellín

En 2009 fue presentada la propuesta de construir la Clínica de las Mujeres de Medellín. En este espacio se brindaría atención integral en salud a las mujeres de la ciudad, partiendo de sus especificidades (tanto de sexo como de género). Bajo esta concepción, allí se daría cumplimiento a la Sentencia C-355 de 2006 que despenaliza el aborto en tres casos específicos: (1) cuando el embarazo es producto de violación o incesto, (2) si hay malformaciones del feto incompatibles con la vida extrauterina, o (3) en caso de que haya peligro para la vida o salud de la mujer embarazada.

El proyecto generó tal rechazo por parte de los grupos más conservadores de la ciudad que el alcalde Alonso Salazar decidió retirarlo. Al mismo tiempo, salieron del gabinete municipal las dos secretarias que tenían relación con el proyecto: Rocío Pineda-García (Secretaria de las Mujeres) y Luz María Agudelo (Secretaria de Salud).

La semana pasada sucedió un hecho que nos devolvió seis años atrás hasta ese momento: los mismos grupos conservadores se lanzaron contra el Metro de Medellín, por la difusión de la campaña “La decisión es tuya” de Profamilia. Iniciativa privada que pretende hacer difusión y garantizar el efectivo cumplimiento de la Sentencia C-355 de 2006.

Como es sabido, las sentencias de la Corte Constitucional son cosa juzgada, por tanto son definitivas e inmodificables. Es por esta razón que la estrategia de algunos sectores para que las mujeres no podamos acceder a este derecho es poner trabas a su aplicación (como en el caso de la Clínica) y a que las mujeres lo conozcamos (como en el caso de la Campaña “La decisión es tuya”).

Afortunadamente en la polémica actual hay un panorama más alentador que el que tuvo la Clínica de las Mujeres en su momento. El mismo día que surgió la solicitud de censurar esta publicidad, el Metro de Medellín dejó claro que esta iniciativa “cumple con los requisitos legales para anunciar en el Metro”, por tanto no será retirada como solicitaban los pro-vidas (o mejor llamados por una buena amiga: los anti-derechos).

Asimismo, Profamilia se ha ratificado en su decisión de continuar con la campaña. Esta entidad privada sin ánimo de lucro –que se ha convertido en la principal garante de los derechos sexuales y reproductivos en Colombia– tiene la gran ventaja de no verse obligada a ceder ante los postulados religiosos por cálculos electorales, tal como sí les toca a los políticos de este país.

Sin embargo, esto no debe hacer que se baje la guardia, pues los sectores en contra de los derechos de las mujeres tienen métodos muy eficaces para ponerle trabas a la Sentencia, entre ellos la desinformación.

Sobre la desinformación hay mucha tela para cortar. Entre las quimeras que más se difunden está que el aborto en nuestro país no es un derecho, o que si las mujeres sabemos que existe esta opción nos iremos en estampida a abortar.

El aborto en Colombia es un derecho fundamental. Así lo ha determinado la Corte Constitucional cuando consideró la despenalización de la IVE (Interrupción Voluntaria del Embarazo) como un derecho sexual y reproductivo, que hace parte de los derechos humanos y se encuentra relacionado directamente con el derecho a la vida, a la salud, a la integridad, a la autodeterminación y a la dignidad de las mujeres.

Ahora, el aborto no es un deporte o un hobbie que pueda ganar adeptas por simple diversión, mucho menos en los tres casos despenalizados por la Corte. No conozco la primera mujer que quiera ser violada, tener su vida en riesgo o saber que su futuro hijo presenta incompatibilidades con la vida fuera del útero, sólo por poder ir a abortar y vivir esta experiencia.

También es importante anotar que el aborto es un derecho no una obligación, una mujer que decida informada continuar con su embarazo, aún estando en los tres casos, lo puede hacer y el Estado tiene la obligación de protegerla. Incluso la misma campaña “La decisión es tuya” se centra precisamente en la capacidad de las mujeres de decidir; esto implica las opciones de abortar, tenerlo y quedarse con él o tenerlo pero darlo en adopción. Cualquier decisión que la mujer tome amparada por la Sentencia C-355 es válida, desde que se haga partiendo de la información y la autodeterminación.

Definitivamente quienes estamos a favor de este derecho tendremos que hacer mucha difusión y encontrar formas creativas para hacerla.

Y dentro de esta tarea hay que denunciar fuertemente la doble moral que se maneja en los grupos ultra conservadores. Si la consigna que posicionó el feminismo para denunciar la violencia contra las mujeres fue “¡Cuidado! El machismo mata”, en el caso del derecho a la IVE la consigna debería ser “¡Cuidado! La doble moral mata”; y no sólo a las mujeres, porque así como no permiten que una mujer aborte cuando su vida está en alto riesgo, son los primeros en salir a defender la guerra y a celebrar cuando un guerrillero muere.

Ésta y otras columnas puede leerlas en Bajo La Manga (www.bajolamanga.co)

Tomado de blogs.elespectador.com

Source: Junio 2015

Abortar en el DF, práctica que crece entre las guanajuatenses

Abortar en el DF, práctica que crece entre las guanajuatenses

Guanajuato ocupa en 2015 el lugar 11 en número de mujeres que interrumpen su embarazo en los hospitales del gobierno de la Ciudad de México.

La Secretaría de Salud del Distrito Federal reporta que en los primeros cuatro meses del año un total de 10 mujeres originarias del estado de Guanajuato acudieron a hospitales del gobierno de la ciudad de México para interrumpir sus embarazos de manera legal.

Año con año la cifra de mujeres guanajuatenses que van al DF a abortar se incrementa. Y es que mientras en 2013 lo hicieron 24, para el 2014 la cifra subió a 32. Lo anterior lo da a conocer el gobierno capitalino a través de una respuesta a una solicitud de acceso a la información hecha por UN1ÓN.

De enero a abril de 2015 un total de 6 mil 718 mujeres de prácticamente todos los estados del país han viajado a la ciudad de México para abortar legalmente en los hospitales del gobierno capitalino.

En el primer cuatrimestre del año los primeros 10 lugares los ocupan las del DF, Edomex, Puebla, Hidalgo, Morelos, Querétaro, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Tlaxcala. Mientras que en la posición 11 está Guanajuato.

Sin embargo, y de acuerdo con un estudio del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), si se toma en cuenta el número de abortos practicados en el DF desde que se aprobó la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) en 2007, las guanajuatenses ocupan el décimo lugar en interrupciones con un total de 261.

El GIRE indica que de 2007 al cierre de abril de 2015 un total de 139 mil 110 mujeres se han practicado un aborto en los hospitales del gobierno capitalino.

La misma organización indica que la mayoría de las que ha recurrido a la ILE son solteras con 53.2% del total, el 35.2% tienen como ocupación el hogar, el 47.3% tiene entre 18 a 24 años y el 61.9% tienen como religión al catolicismo.

Interrupción Legal del Embarazo DF 2015 ► CLIC aquí

Tomado de unionguanajuato.mx

Source: Junio 2015

Seis menores víctimas de abuso sexual están en cinta

Seis menores víctimas de abuso sexual están en cinta

Este año, seis menores de edad quedaron embarazadas tras ser víctimas de abuso sexual, develó ayer la Defensoría de la Niñez y Adolescencia del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz. Cinco de ellas ya dieron a luz. La última, que tiene seis meses de gestación, rechaza su estado.

La edad de las niñas y adolescentes madres oscila entre los 13 y los 16 años. En cuatro de los seis casos, los agresores son familiares cercanos. Los datos corresponden al periodo enero-mayo, tiempo en el que la repartición edil atendió 40 denuncias de violación a menores de edad.

De las seis que quedaron embarazadas, “cinco ya dieron a luz, y han pasado por un proceso interesante, porque han llegado a aceptar a sus bebés”, relató Inés Aramayo, jefa de la Unidad de Atención Integral a la Familia de la Defensoría de la Alcaldía. “Ante la carencia afectiva de sus familias, sus bebés se han vuelto su centro de atención. Eso nos muestra que a pesar de su corta edad llegan a madurar y defienden a sus hijos”, añadió.

Ley. “Es muy importante que las adolescentes reciban el soporte familiar, aunque hay familias que por alguna razón se parcializan con el agresor, y en este caso, ellas son derivadas a hogares especiales”, explicó Aramayo.

“Es muy común —añadió— que las familias quieran callar este tipo de hechos y solucionarlo internamente. Prefieren el silencio al bochorno público; sin embargo, a largo plazo es peor para la misma víctima”. La funcionaria llamó a las familias para que no oculten ni callen la agresión sexual, porque el agresor no solo es un peligro para la víctima, sino para todo el entorno familiar.

El artículo 266 del Código Penal dispone que cuando el aborto hubiere sido consecuencia de un delito de violación, rapto no seguido de matrimonio, estupro o incesto, no se aplicará sanción alguna, siempre que la acción penal hubiera sido iniciada y cuente con autorización judicial.

En noviembre de 2013, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas recomendó a Bolivia suprimir el requisito de la autorización judicial, que se constituye —dijo— en una traba, ya que mientras se lo tramita, el embarazo puede llegar a término.

Actualmente, la Defensoría edil ve el caso de una adolescente de 16 años, ultrajada por un familiar cercano, quien lamentablemente no pudo someterse al aborto. “Esta menor ha sido víctima de violación de un pariente muy cercano, eso le generó una decepción muy grande y un rechazo absoluto a su bebé, y su embarazo está muy avanzado para promover el aborto. Estamos esperando a ver qué sucede cuando nazca”.

Según Aramayo, la muchacha reveló la agresión sexual y el que estaba embarazada a los tres meses. La progenitora denunció al agresor, quien al momento se encuentra detenido. “Estamos solicitando la declaración de la víctima en Cámara Gessel, como anticipo de prueba, y la adolescente está recibiendo apoyo terapéutico, hasta que dé a luz, y se pueda ver cómo va a reaccionar”.

Problema y programa

Violación

Este año se han presentado 4 casos, en los que los progenitores son los agresores sexuales.

Información

La Defensoría tiene un programa, ‘Constructores del buen trato’, que informa a los adolescentes.

Tomado de la-razon.com

Source: Junio 2015

¿una forma de feminicidio?

¿una forma de feminicidio?

América Latina: Penalización del aborto, ¿una forma de feminicidio?

Condenadas por aborto. Menores violadas obligadas a tener el hijo. Suicidios adolescentes: plataformas de derechos humanos subrayan de cara a la cumbre UE-CELAC que la penalización del aborto es una forma de feminicidio.

El tema levanta polvoreda por todo el continente: las propuestas de Chile y República Dominicana para despenalizar el aborto son controvertidas. Aún está fresca la tinta del titular del caso de la niña paraguaya violada por su padrastro a quien no se le permite un aborto.Las 17 mujeres condenadas a 40 años en El Salvador han sido motivo de una intensa campaña internacional liderada por Amnesty International.

Sobre todos estos casos se ha pronunciado la Comisión Interamericana de Mujeres, que amparada en la Convención De Belem do Pará (1994), tiene un mecanismo que hace seguimiento a las obligación contraídas por los Estados de asegurar la integridad de las mujeres.

“Paraguay y Chile siguen estando en deuda. República Dominicana ha abierto posibilidades. Insistimos en la necesidad de que despenalicen el aborto por lo menos en cuatro supuestos: violencia sexual, peligro de vida de la madre, incesto e inviabilidad del embarazo”, explica a DW Luz Mejía, ejecutiva de la Comisión.

Si bien heterogéneos, la experta acredita avances sustanciales en cuanto a legislaciones protectoras. Pero “entre las legislaciones y las realidades del día en América Latina hay una brecha”, apunta.

Realidades agresoras

“En Perú sólo en 2013 hubo más de 17.000 denuncias de agresiones sexuales, el 70% son niñas y adolescentes. El 76% son agresores familiares. El embarazo involuntario es causa de del 56% de suicidios adolescentes y del 26% de muerte materna”, dice Liz Meléndez, de la plataforma Flora Tristán. Ésta promueve una ley -paralizada en el Congreso- que permitiría un aborto legal en caso de violación.

“En Guatemala, en 2014 nacieron 70.000 bebés de madres entre 10 y 19 años. 20.000 son de madres entre 10 y 14 años. Está considerado como delito, no obstante no hay ni una sola condena. Aunque el aborto terapéutico es legal, para esas niñas no aplica y no hay ningún programa que las apoye”, cuenta a DW Maya Alvarado, Directora de la Unión Nacional de Mujeres de Guatemala.

Diagnóstico de la OEA

“El Salvador no sólo lo prohíbe sino que su persecución virulenta lleva a casos como el de una mujer con aborto espontáneo que muere en la cárcel con cáncer uterino. Si bien en Nicaragua hay prohibición, tiene protocolo de atención. Hemos sido contundentes: las penas son desproporcionadas”, dice Mejía subrayando su trabajo con las organizaciones de mujeres que dan seguimiento a las correspondientes políticas estatales.

Ante la cumbre entre la Unión Europea y la CELAC, diversas plataformas activistas (European Women Lobby, Grupo Sur, CIFCA, Oxfam, Fundación Heinrich Böll) se dan cita en Bruselas para recordar que una de sus tareas es aunar esfuerzso “para eliminar todas las formas de violencia contra mujeres y niñas incluida la violencia sexual”.

“Con la UE y la CELAC se trata ahora de integrar el trabajo que hemos venido haciendo en la OEA, para que los Estados puedan dar respuestas a sus desafíos”, explica Mejía, en cuya opinión “en los países que existe total penalización del aborto, hay casos equiparables a la tortura. El comité contra la tortura de la ONU concuerda: es una clara violación al derecho a vivir en un mundo libre de violencia”.

Tomado de dw.de

Source: Junio 2015

Mientras las ricas abortan, las pobres mueren

Mientras las ricas abortan, las pobres mueren

La maternidad debe ser un acto libre y consentido, pero cuando es forzada por una cultura que glorifica a las mujeres como objetos de reproducción, o cuando viene de la desinformación, de la falta de acceso efectivo a métodos anticonceptivos y de la violencia, es una de las mayores injusticias de la democracia moderna.

Cuando hablamos de interrupción voluntaria del embarazo, hablamos de la liberación de la mujer para decidir autónomamente su plan de vida. Como lo recuerda Simone de Beauvoir en el Segundo sexo, “el control de la natalidad y el aborto legal permitirían a la mujer asumir libremente sus maternidades”.

Las mujeres en Colombia y en cualquier parte del mundo deciden sobre sus cuerpos e interrumpen sus embarazos todos los días, con o sin un marco legal que lo permita. Sin embargo, una legislación que criminaliza el aborto solo produce que se realice en el silencio. Casi 400.000 abortos fuera del sistema de salud al año ponen en riesgo la vida y la salud de las mujeres. La situación es incluso más alarmante si se considera que 1 de cada 26 mujeres se ha hecho un aborto en Colombia. Un procedimiento médico, como interrumpir un embarazo en condiciones inseguras puede exponer a las mujeres a situaciones de riesgo para la vida y la salud. Además, este delito tiene una marca de clase que se expresa muy bien en un lema feminista: “mientras las ricas abortan, las pobres mueren”. A pesar de la gravedad de la situación, quienes defienden la persecución penal de las mujeres presentan este asunto como exclusivo de mujeres irresponsables que quieren “cometer un asesinato”.

Hace nueve años, la Corte Constitucional despenalizó el aborto en tres circunstancias excepcionales: violación, riesgo para la vida o la salud de la mujer, y malformación del feto incompatible con la vida. Sin embargo, una legión de médicos, funcionarios públicos y procuradores, ponen barreras para evitar que el aborto sea realizado en estas circunstancias. Como lo ha evidenciado la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, este derecho tiene obstáculos que hacen que solo las mujeres más persistentes, valientes y mejor asesoradas accedan a un aborto legal.

El primer gran problema es el poco conocimiento de la sentencia de la Corte, la desinformación y la manipulación que producen los fanáticos, y la falta de acción del Estado para capacitar al personal de salud y judicial. A esto se le suma el intento de algunos hospitales, especialmente católicos, quienes alegan que pueden hacer objeción de conciencia institucional para practicar un aborto, cuando este es un derecho exclusivo de las personas. En relación con las causales de la salud de la mujer se niega a las mujeres el certificado médico, no se evalúan bien los riesgos, no se realizan valoraciones sobre la salud mental de las mujeres, o se evalúan tardíamente las malformaciones del feto. En relación con las mujeres víctimas de violencia sexual, se les piden documentos adicionales a la denuncia, se les estigmatiza o no se les cree.

Cuando una mujer tiene una causa legal para interrumpir su embarazo, las barreras continúan. El personal de salud la intenta disuadir de no hacerlo. La someten a dilaciones injustificadas, juntas médicas, o la EPS no tiene prestadores disponibles, o la mandan de hospital en hospital. A veces ni siquiera le reciben la solicitud o guardan silencio. Y pasan los días y las semanas, lo que produce que la edad gestacional aumente y la mujer corra más riesgo cuando se realiza un aborto, o que simplemente desista de tener un aborto dentro del sistema de salud. Esta es la gran paradoja: entre más se obstaculiza el derecho a un aborto legal, más clandestino se convierte.

Por todo esto, la campaña #LaDecisiónEsTuya de Profamilia no es solo justa y necesaria, sino que también debería estar en la televisión pública todos los días en el horario de mayor audiencia. Debemos romper el silencio ante una injusticia radical contra las mujeres, abandonar tanto escándalo injustificado y despenalizar totalmente el aborto.

Tomado de elespectador.com

Source: Junio 2015