AI pide a El Salvador derogar la prohibición del aborto

AI pide a El Salvador derogar la prohibición del aborto

San Salvador, El Salvador – La organización humanitaria Amnistía Internacional (AI) pidió este miércoles al presidente salvadoreño, Salvador Sánchez Cerén, que se derogue la prohibición del aborto en este país, en un pliego respaldado por 300.000 firmas, informó una fuente de la agrupación.

“Tuvimos un diálogo abierto sobre todas las preocupaciones que recoge la petición, haciendo un llamado al Estado de El Salvador para que remedie la situación que ha provocado la prohibición total del aborto”, declaró a la AFP la directora del programa regional para América Latina de AI, Erika Guevara.

Guevara indicó que espera que se adopten “medidas concretas” frente a la petición de Amnistía y de otras organizaciones.

Tras reunirse con Sánchez Cerén, la delegada de Amnistía se dirigió al Congreso y a la Corte Suprema de Justicia donde también presentaría la petición.

Según AI, las mujeres salvadoreñas sufren desde hace dos décadas las consecuencias de una “legislación draconiana desfasada”, la cual además de “cruel y discriminatoria” no tiene ningún lugar en la sociedad moderna donde las mujeres y niñas deberían tener el control de sus decisiones sobre salud y reproducción.

La ley salvadoreña castiga hasta con 40 años de cárcel a mujeres que aborten por complicaciones en sus embarazos, lo que ha empujado a otras “a someterse a peligrosos abortos clandestinos que suelen causarles la muerte”, destaca AI.

Por su parte, la Secretaría de Comunicaciones de la Presidencia informó que durante la reunión se abordaron las políticas de gobierno hacia la mujer.

“En materia de salud sexual y reproductiva, se destacaron los esfuerzos para facilitar el acceso a este derecho, con lo cual El Salvador ha logrado la reducción de la mortalidad materna y superar la meta establecida en el Objetivo de Desarrollo del Milenio”, consignó la Presidencia.

En tanto, las organizaciones civiles y cristianas agrupadas en Red Familia, pidieron al mandatario salvadoreño “hacer caso omiso de una petición (la de AI) que surge gracias a una campaña mentirosa y millonaria que ataca la imagen de El Salvador”.

La agrupación dijo en un comunicado que Amnistía Internacional lo que busca es “el asesinato de salvadoreños no nacidos protegidos por la Constitución de la República”.

Dato  
En América Latina y el Caribe, el aborto es legal sin restricciones en Cuba, Puerto Rico, Guyana, Guayana Francesa y Uruguay, además de Ciudad de México.

Tomado de tiempo.hn

Source: Abril 2015

Human Rights Watch insta a Ecuador a despenalizar el aborto en casos de violación

Human Rights Watch insta a Ecuador a despenalizar el aborto en casos de violación

Ecuador debería despenalizar el aborto “al menos” en los casos de violación, incesto y serias malformaciones del feto, como recomendó en marzo la ONU al país suramericano, indicó hoy la organización Human Rights Watch (HRW).

En una carta enviada al presidente de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado de la Asamblea Nacional de Ecuador, Mauro Andino, HRW pidió al país adoptar las recomendaciones sobre el aborto emitidas en marzo por el Comité de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de la Discriminación contra las Mujeres (CEDAW).

El Código Orgánico Integral Penal de Ecuador prohíbe el aborto y solamente prevé excepciones en los casos en que representen un peligro insalvable para la vida o salud de la mujer embarazada, y cuando el embarazo sea consecuencia de la violación de una mujer que padezca discapacidad mental, según recordó HRW en un comunicado.

Lea más: ONU pide a Ecuador despenalizar el aborto en casos de violación

“Todas las demás mujeres o jóvenes, incluso aquellas embarazadas a causa de una violación sexual o cuyo embarazo sea inviable, no pueden acceder a abortos legales y podrían recibir penas de hasta dos años de prisión si recurren a esta práctica”, añadió HRW.

“Estas restricciones al acceso al aborto vulneran diversos derechos humanos de la mujer, incluidos los derechos al goce del más alto estándar de salud, a la vida, a no ser discriminada, a la integridad física y a no ser sometida a tratos crueles, inhumanos o degradantes”, señaló la organización en su carta a Andino.

El mensaje, firmado por Daniel Wilkinson y Liesl Gerntholtz de HRW, “insta respetuosamente” a Ecuador a cumplir con la recomendación de la CEDAW, y a “impulsar una reforma del Código Orgánico Integral Penal para despenalizar el aborto, al menos en casos de violación, incesto y malformaciones graves del feto”.

Comunicado

En el comunicado de HRW, Gerntholtz, que es directora de derechos de la mujer en la organización humanitaria, subrayó que las mujeres de Ecuador “deberían poder obtener atención médica sin temor a ser encarceladas”.

“La Asamblea Nacional no debería permitir que siga vigente una ley que perjudica a víctimas de violación sexual y a las mujeres que enfrentan la durísima realidad de un embarazo inviable; eso es cruel y no respeta los derechos humanos de las mujeres”, agregó.

Según HRW, muchas mujeres y jóvenes embarazadas ecuatorianas recurren a abortos clandestinos e inseguros, “poniendo en riesgo su vida”, por lo que el aborto es “la segunda causa de morbilidad femenina (enfermedades, discapacidades o lesiones) y una causa significativa de mortalidad materna en Ecuador”.

En un informe publicado en 2013, HRW dijo haber hablado con varios médicos ecuatorianos que aseguraron que “habían negado atención integral médica luego de un aborto a víctimas de violaciones, algunas de apenas 12 años, debido a que la ley les prohibía brindar servicios de aborto”. (I)

Tomado de eluniverso.com

Source: Abril 2015

[Perú] Exigen argumentos jurídicos y no religiosos sobre despenalización de aborto en menores de edad

[Perú] Exigen argumentos jurídicos y no religiosos sobre despenalización de aborto en menores de edad
El próximo martes se reanudará la exposición de argumentos sobre delicado tema.

El debate sobre el proyecto de ley que permite la despenalización del aborto en caso de violación, ocurrida ayer por la tarde en el Congreso de la República, debió ser técnico y jurídico y no basado en argumentos de fe, así lo dijo Gladys Vía Huerta, coordinadora de Católicas por el Derecho a Decidir, una de las organizaciones que impulsa esta postura. 

“Queremos que haya una clara separación de los que son las posiciones de fe, que son personales e íntimas, de lo que son los derechos de las personas y la salud pública”, comentó la representante a la Agencia Andina.

Para Vía Huerta, la postergación del debate se produjo, porque los legisladores tienen una posición conservadora sobre las mujeres que son víctimas de violación, y es que consideran que no tienen la capacidad de decidir.

“El embarazo por violación vulnera doblemente a las mujeres: en el momento que se produce el ultraje y cuando se les obliga a continuar con un embarazo no deseado”, manifestó.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Justicia del Congreso, Juan Carlos Eguren, aseguró que durante la exposición no hubo posturas de fe. “La argumentación es 100% jurídica, allí están los audios, videos y ctas que pueden demostrar que nadie habla de religión, ni en fe ni de verdad revelada”, indicó.

Comentó que el próximo martes se retomará la sesión y que será así los subsiguientes, hasta agotar la discusión y se aprobará un dictamen.

DATOS

-Según Católicas por el Derecho a Decidir. cuatro de cada cinco de violación sexual corresponden a menores de edad, y 90 de 100 embarazos son por incesto.

-Los lugares donde más se producen estos actos son el hogar, el vecindario y el colegio.

Tomado de larepublica.pe

Source: Abril 2015

Taller Jurídico Regional 2015 – Perú

TALLER JURÍDICO REGIONAL
“INTERCAMBIO PARA LA INCLUSIÓN DE ESTÁNDARES DE DERECHOS REPRODUCTIVOS EN EL ESPACIO ACADÉMICO UNIVERSITARIO Y DE INCIDENCIA”
Lima, Perú – 19 y 20 de febrero de 2015

Con la celebración de este Taller Regional se quiso aumentar la capacidad de los y las docentes de Derecho en la enseñanza de los Derechos Reproductivos y, al mismo tiempo, enseñar a los estudiantes de este rubro a comprender, de manera particular, las dimensiones que abarca el derecho al aborto legal y seguro. Asimismo, se hizo énfasis en la integración de los contenidos del taller en los programas y cursos académicos de los y las participantes.

—- PRIMER DÍA —-

►Introducción de los y las participantes y dinámica de apertura

En este espacio, los y las participantes se presentaron y se les distribuyó post- its de colores para que escribieran los factores que, según ellos y ellas, facilitan y dificultan la implementación de la agenda de la salud y los Derechos Reproductivos. Posteriormente, se registraron sus respuestas para ser analizadas al día siguiente.

►PONENCIA: “Implicancias de la jurisprudencia interamericana en la temática de los Derechos Sexuales y Reproductivos”

Ponente: Diego García-Sayán, Comisión Andina de Juristas / Perú

Durante su intervención, se explicó que la Corte viene dictando medidas provisionales de carácter vinculante para cada Estado de la región sin excepción, y que los tribunales nacionales vienen incorporando las sentencias de la CIDH, de manera libre o vinculante. Por otro lado, sobre la temática de los Derechos Sexuales y Reproductivos (DSR), hoy por hoy sólo han llegado a la Corte dos casos en términos sustantivos: el caso Artavia Murillo y el caso B. (medida provisional):

  • Caso Artavia Murillo vs. Costa Rica: este caso fue muy estudiado por la Corte, que tuvo muy en cuenta que su enfoque no podía ser de corte religioso. Concluyó que el embrión no podía ser tratado como una persona, y que no le alcanza la protección del artículo 4° de la Convención Americana, por lo que falló ordenando la reparación para las peticionarias y los cambios legislativos para toda la sociedad costarricense. Asimismo, la sentencia puede ser aplicada de manera directa por cualquier autoridad sanitaria.
  • Caso B. vs. El Salvador: llegó a la CIDH y se resolvió en 24 horas. Se sentenció que había que llevar a cabo lo que el grupo de médicos tratantes de la afectada había considerado necesario para su salud, sin persecución penal. De este modo, la Corte garantizó los derechos de la señora B. a través de los derechos de los médicos tratantes.

►CONFERENCIA MAGISTRAL: “Introducción a los Derechos Sexuales y Reproductivos: conceptos y controversias”

Conferencista: Alicia Ely Yamin, FXB Center for Health and Human Rights/Harvard School of Public Health / Estados Unidos

Comentarista: Paola Bergallo, Red Alas /Argentina

La conferencista mostró avances y retrocesos, desafíos permanentes y regresiones en la agenda global y regional de los DSR. En el campo de estos derechos, el objetivo es promover la “autonomía decisional y empoderamiento” en la esfera privada, pero también las políticas y bienes en las esferas públicas. Respecto a las fuentes de interpretación de los DSR, existen tratados, declaraciones (como la Declaración y Programa de Acción de El Cairo), casos, principios y resoluciones.

También se hizo un balance de los DSR en los últimos 20 años: ha habido avances en el cumplimiento de los ODM, pero se han beneficiado fundamentalmente las mujeres urbanas, ya que existen tremendas diferencias de clase. En definitiva, lo que ha quedado fuera de esta agenda global han sido las temáticas de aborto, violencia de género y los determinantes sociales, que son importantes para que las mujeres disfruten de sus derechos. Se necesita, por tanto, revalorizar los espacios y las estrategias de acción para el avance de los DSR.

[VER presentación] ► AQUI

PANEL: Jurisprudencia internacional en Derechos Sexuales y Reproductivos

Moderadora: Mónica Arango, Centro de Derechos Reproductivos

  • Panelista 1: Beatriz Galli, IPAS / Brasil. “La mortalidad materna como cuestión de derechos humanos: el caso Alyne da Silva Pimentel”

Este caso es un precedente histórico, ya que, por primera vez, la mortalidad materna fue considerada como una violación de los derechos humanos y las garantías de acceso a la salud de manera no discriminatoria, considerando la situación socio económica precaria de la víctima, que además era una mujer afrodescendiente: se consagra la salud como derecho humano y de responsabilidad del Estado, que debe garantizar el acceso sin discriminación.  Además del acceso a recursos legales eficaces cuando haya violaciones a los derechos, y que se pueden prevenir, hay una necesidad de capacitación a los proveedores de salud y a los administradores de justicia para que comprendan la naturaleza de la mortalidad materna; que se implementen las políticas que ya existen; y también los comités de mortalidad materna, que son los responsables de estudiar cada caso en cada servicio de salud.

[VER presentación] ► AQUI

  • Panelista 2: Brenda Álvarez, Promsex / Perú. “La negación del acceso al aborto terapéutico: el caso L.C. en Perú”

Para argumentar su defensa en este caso, el Estado peruano alegó que L.C. había sido expuesta al riesgo por parte de su familia, y que por eso había sido abusada sexualmente. También, que no había buscado de manera oportuna los servicios de asesoramiento en estos casos, ya que el Estado tiene una red de servicios, como son los Centros de Emergencia Mujer.

Asimismo, las recomendaciones que emitió el Comité CEDAW en torno al caso fueron las siguientes: que L.C., en su condición de adolescente mujer, no tuvo a su disposición ningún procedimiento legal eficaz; que la tardanza de las autoridades hospitalarias tuvo consecuencias nefastas para su salud: y que la penalización del aborto por violación desencadenó la situación de que el Estado no cumpliera con sus obligaciones. Así, impuso a Perú la obligación de indemnizar adecuadamente a la víctima y de repararla de forma integral para que se le garantizara la mejor calidad de vida posible. Como medidas generales, estableció la necesidad de crear un mecanismo para el acceso efectivo al aborto terapéutico, así como tomar medidas para que la Recomendación General N°24 sea conocida y aplicada en todos los servicios. Asimismo, que se revisara la legislación que penaliza los abortos por violación.

[VER presentación] ► AQUI

  • Panelista 3: Fernanda Doz, Amnistía Internacional /Argentina. “Precedentes regionales sobre el derecho a la autonomía reproductiva”

Existe un menor desarrollo sobre DSR en el sistema regional americano que en el universal, pero debe tratarse porque su desarrollo jurisprudencial impacta en el derecho nacional de la mayoría de países de la región.

  1. Caso Amelia 43-10 vs. Nicaragua (medida cautelar): una niña de 10 años embarazada y con cáncer que necesitaba tratamiento médico. La Corte ordenó al país que otorgara el tratamiento médico necesario a la menor, contestando este en 5 días anunciando que ya lo había hecho.
  2. Caso B. vs. El Salvador (medida cautelar): La Corte otorgó las medidas necesarias por unanimidad, al reconocer el daño en la salud física y mental de la mujer, la gravedad y la urgencia del caso, no solo por sus condiciones médicas, sino por su sufrimiento. Ordenó al Estado proteger a los médicos y que estos realicen su trabajo de acuerdo a su criterio. También que se le diera a B. el tratamiento médico necesario.
  3. Caso Artavia Murillo vs. Costa Rica: destaca la interpretación del artículo 4° de la Convención y la importancia del señalamiento de que las concepciones morales o religiosas de un grupo no pueden ser impuestas de manera generalizada. Además, destaca el derecho a la maternidad y, por lo tanto, a la no maternidad también.

[VER presentación] ► AQUI

PANEL: Jurisprudencia nacional en Derechos Sexuales y Reproductivos

Moderador: Eduardo Chía / Chile

  • Panelista 1: Agustina Ramón, CEDES / Argentina: “La implementación del marco jurídico de los derechos reproductivos en Argentina – El caso FAL en Argentina

Este caso llegó a la Corte Suprema de la Nación de Argentina, la cual debía pronunciarse sobre: a) la constitucionalidad del aborto, señalando que el derecho internacional de los derechos humanos noimpone una visión absoluta sobre la protección de la vida del embrión o feto tal que impida el aborto en todas las circunstancias; en cambio sí protege en forma explícita derechos fundamentales de las mujeres; y b) sobre el alcance de la causal violación propiamente dicha: es válida para cualquier mujer, no sólo para la que sufra de discapacidad mental. Señala además que se debe “privilegiar la interpretación legal que más derechos otorgue al ser humano frente al poder estatal”. “Por ello, debe adoptarse la interpretación según la cual no resulta punible la interrupción del embarazo proveniente de toda clase de violación porque una exégesis en sentido contrario -que reduzca la no punibilidad de esta práctica al caso de una incapaz mental- amplía sustancialmente el alcance del castigo penal”.

Destaca el derecho a la dignidad y a no ser instrumentalizada; y el hecho de que el aborto es parte de un componente de la atención integral de las mujeres víctimas de violación.

[VER presentación] ► AQUI

  • Panelista 2: Diana Bustamante, Universidad de San Buenaventura, Seccional Cali / Colombia. “Derechos sexuales y reproductivos: avances en la jurisprudencia constitucional colombiana”

En la Sentencia C-131 de 2014, sobre supuesta inconstitucionalidad de la norma que señala que los menores de edad no podrán tener derecho a la anticoncepción quirúrgica, la Corte Constitucional colombiana señaló que no existía discriminación, pues de lo que se trataba era de proteger el derecho a la progenitura responsable, teniendo los menores la opción de acudir a otros mecanismos para no llegar a un embarazo no deseado.

Además, la Corte citó una serie de Sentencias importantes sobre la temática, que consagran elconsentimiento informado sobre autonomía sexual; el derecho a contraer matrimonio (edad que equipara a hombres y mujeres, derecho de padres a desheredar si se casan sin consentimiento, inconstitucionalidad de la norma que establecía que la impúber embarazada no podía solicitar la nulidad de matrimonio); etc. También tuvo en cuenta Sentencias sobre personas con discapacidad: si bien es cierto que los menores de edad no pueden acceder al procedimiento de anticoncepción quirúrgica, salvo peligro de vida del menor o autorización de los padres, si tiene alguna discapacidad se va a respetar la autonomía sexual de la persona.

[VER presentación] ► AQUI

—- SEGUNDO DÍA —-

CONFERENCIA MAGISTRAL: “El marco del derecho a la salud para la protección jurídica de los derechos sexuales y los derechos reproductivos”

Conferencista: Óscar Cabrera, O’Neill Institute for National and Global Health Law / Georgetown University Law Center / Estados Unidos

Moderadora: Beatriz Galli, IPAS

Se explicó que, a nivel internacional, la explicación de cómo se estructura el derecho a la salud se encuentra en la Recomendación General N°14, que aunque no es vinculante, sí tiene valor interpretativo. Asimismo, el derecho a la salud y los DSR en la región se han desarrollado desde libertades negativas: autonomía y libre determinación. Ello ayuda a superar las barreras legales, aunque se mantienen las barreras fácticas y la inequidad, más difíciles de superar. Por otro lado, existen movimientos para ayudar a recuperar la dimensión de las obligaciones positivas del Estado: acceso y coberturas. Por otro lado, el derecho a la salud, como parte de los derechos económicos, sociales y culturales (DESC), es un derecho de cumplimiento progresivo y no regresivo. Además, no es justiciable directamente, hay que vincularlo con otro derecho.

Se concluyó que hay nuevas posibilidades por explorar con el Comité DESC, que puede recibir casos individuales y a través de ellos, desarrollar mejor el derecho a la salud, en términos de contenidos y protección.

[VER presentación] ► AQUI

MESA REDONDA: “Experiencias teóricas y prácticas de intercambio y colaboración entre activistas y académicos”

Moderadora: Julissa Mantilla, Red Alas / Perú

  • Óscar Cabrera, O’Neill Institute for National and Global Health Law / Georgetown University Law Center / Estados Unidos. “Parecer jurídico sobre la decisión del Tribunal Constitucional de Bolivia No. 0206/2014; Grupos de Investigación en DSDR”

Desde el Instituto O’Neill se presentó un amicus curie para apoyar el proceso de despenalización en Bolivia. También se planteó lo que podía hacerse desde fuera, como por ejemplo, usar los estándares de derecho internacional; argumentar por la despenalización conectándolo con “salud pública” y el aborto inseguro; utilizar informes de los Relatores de la salud sobre el rol del derecho penal en el derecho a la salud, etc. Asimismo, al ser esta sentencia algo confusa, posteriormente se realizó en el Instituto un análisis de la misma sobre los avances y las limitaciones que supone, que fue presentado en un evento público.

  • Ana Paula Sciammarella, Universidad Fundación Getulio Vargas / Brasil. “La producción de datos de investigación jurídica sobre derechos reproductivos”

La ponente relató la experiencia de intercambio de datos entre una ONG y un grupo académico de investigación, con vistas a producir datos con rigor y metodología académica para realizar incidencia desde las organizaciones de la sociedad civil, además de involucrar y sensibilizar a docentes y estudiantes en la temática de DSR, especialmente el aborto.

La investigación de la ponente versó sobre las categorías jurídicas y no jurídicas que se movilizaban en los casos judicializados de mujeres criminalizadas por aborto en Río de Janeiro. Se extrajo como conclusión que, a pesar de la pequeña cantidad de casos existentes, había una tendencia al alza de la criminalización. Asimismo, aunque en la mayoría de los casos la pena era suspendida, la propia tramitación del proceso estigmatizaba a la mujer en la sociedad. También que, a pesar de la ausencia de condenas efectivas, existen restricciones para las mujeres.

[VER presentación] ► AQUI

  • Susana Chávez, Promsex /Perú. “La experiencia de los Congresos Jurídicos y su impacto para la promoción de los derechos reproductivos en los países de la región”

[VER presentación] ► AQUI

CLACAI – El Repositorio

[VER presentación] ► AQUÍ

PONENCIA: “Barreras al ejercicio de los DSDR: el rol del litigio estratégico”

Ponente: Paola Bergallo, Red Alas / Argentina

Moderadora: Marisol Fernández, Red Alas / Perú

La ponente expuso que existen muchas formas de llevar a cabo un litigio estratégico; siendo necesario crear capacidades legales, capacitar actores y generar discursos. También se hizo hincapié en que en la Argentina de 2004/2005, fue importante permitir que se pudiera hablar de aborto (por ejemplo, en el caso FAL, que fue un caso defensivo), ya que existían referentes distintos sobre el tema y había que cambiar la situación para “desclandestinizarlo”. En definitiva, había que generar diálogos, datos, argumentos, federalizar la conversación en torno a temas clave sobre aborto y DSR.

[VER presentación] ► AQUI

Discusión en grupos sobre: desafíos persistentes y estrategias legales para la garantía de los derechos sexuales y reproductivos

En este espacio, se organizaron cuatro grupos de trabajo para reflexionar en torno a cuatro temas: objeción de conciencia, violencia institucional, el deber de denunciar vs. el deber de confidencialidad y negación de información en salud sexual y reproductiva.

En todos ellos se presentó un caso hipotético y se plantearon a los y las participantes una serie de preguntas en torno a los derechos humanos violados en cada caso, las barreras de acceso y negación de derechos existentes, las estrategias jurídicas que podrían utilizarse para eliminar las citadas barreras y las medidas que adoptarían para mejorar la situación. 

Próximos pasos y clausura

Para finalizar el Taller, se pidió a los y las asistentes que reflexionaran e intercambiaran opiniones e ideas acerca de cómo podrían insertar las temáticas tratadas en los espacios de enseñanza y aprendizaje, con quién podrían contar en sus respectivos contextos y en qué espacios podrían desarrollarse estas acciones.

 

Source: Abril 2015

Taller Jurídico Regional 2015 – Perú

TALLER JURÍDICO REGIONAL
“INTERCAMBIO PARA LA INCLUSIÓN DE ESTÁNDARES DE DERECHOS REPRODUCTIVOS EN EL ESPACIO ACADÉMICO UNIVERSITARIO Y DE INCIDENCIA”
Lima, Perú – 19 y 20 de febrero de 2015

Con la celebración de este Taller Regional se quiso aumentar la capacidad de los y las docentes de Derecho en la enseñanza de los Derechos Reproductivos y, al mismo tiempo, enseñar a los estudiantes de este rubro a comprender, de manera particular, las dimensiones que abarca el derecho al aborto legal y seguro. Asimismo, se hizo énfasis en la integración de los contenidos del taller en los programas y cursos académicos de los y las participantes.

—- PRIMER DÍA —-

►Introducción de los y las participantes y dinámica de apertura

En este espacio, los y las participantes se presentaron y se les distribuyó post- its de colores para que escribieran los factores que, según ellos y ellas, facilitan y dificultan la implementación de la agenda de la salud y los Derechos Reproductivos. Posteriormente, se registraron sus respuestas para ser analizadas al día siguiente.

►PONENCIA: “Implicancias de la jurisprudencia interamericana en la temática de los Derechos Sexuales y Reproductivos”

Ponente: Diego García-Sayán, Comisión Andina de Juristas / Perú

Durante su intervención, se explicó que la Corte viene dictando medidas provisionales de carácter vinculante para cada Estado de la región sin excepción, y que los tribunales nacionales vienen incorporando las sentencias de la CIDH, de manera libre o vinculante. Por otro lado, sobre la temática de los Derechos Sexuales y Reproductivos (DSR), hoy por hoy sólo han llegado a la Corte dos casos en términos sustantivos: el caso Artavia Murillo y el caso B. (medida provisional):

  • Caso Artavia Murillo vs. Costa Rica: este caso fue muy estudiado por la Corte, que tuvo muy en cuenta que su enfoque no podía ser de corte religioso. Concluyó que el embrión no podía ser tratado como una persona, y que no le alcanza la protección del artículo 4° de la Convención Americana, por lo que falló ordenando la reparación para las peticionarias y los cambios legislativos para toda la sociedad costarricense. Asimismo, la sentencia puede ser aplicada de manera directa por cualquier autoridad sanitaria.
  • Caso B. vs. El Salvador: llegó a la CIDH y se resolvió en 24 horas. Se sentenció que había que llevar a cabo lo que el grupo de médicos tratantes de la afectada había considerado necesario para su salud, sin persecución penal. De este modo, la Corte garantizó los derechos de la señora B. a través de los derechos de los médicos tratantes.

►CONFERENCIA MAGISTRAL: “Introducción a los Derechos Sexuales y Reproductivos: conceptos y controversias”

Conferencista: Alicia Ely Yamin, FXB Center for Health and Human Rights/Harvard School of Public Health / Estados Unidos

Comentarista: Paola Bergallo, Red Alas /Argentina

La conferencista mostró avances y retrocesos, desafíos permanentes y regresiones en la agenda global y regional de los DSR. En el campo de estos derechos, el objetivo es promover la “autonomía decisional y empoderamiento” en la esfera privada, pero también las políticas y bienes en las esferas públicas. Respecto a las fuentes de interpretación de los DSR, existen tratados, declaraciones (como la Declaración y Programa de Acción de El Cairo), casos, principios y resoluciones.

También se hizo un balance de los DSR en los últimos 20 años: ha habido avances en el cumplimiento de los ODM, pero se han beneficiado fundamentalmente las mujeres urbanas, ya que existen tremendas diferencias de clase. En definitiva, lo que ha quedado fuera de esta agenda global han sido las temáticas de aborto, violencia de género y los determinantes sociales, que son importantes para que las mujeres disfruten de sus derechos. Se necesita, por tanto, revalorizar los espacios y las estrategias de acción para el avance de los DSR.

[VER presentación] ► AQUI

PANEL: Jurisprudencia internacional en Derechos Sexuales y Reproductivos

Moderadora: Mónica Arango, Centro de Derechos Reproductivos

  • Panelista 1: Beatriz Galli, IPAS / Brasil. “La mortalidad materna como cuestión de derechos humanos: el caso Alyne da Silva Pimentel”

Este caso es un precedente histórico, ya que, por primera vez, la mortalidad materna fue considerada como una violación de los derechos humanos y las garantías de acceso a la salud de manera no discriminatoria, considerando la situación socio económica precaria de la víctima, que además era una mujer afrodescendiente: se consagra la salud como derecho humano y de responsabilidad del Estado, que debe garantizar el acceso sin discriminación.  Además del acceso a recursos legales eficaces cuando haya violaciones a los derechos, y que se pueden prevenir, hay una necesidad de capacitación a los proveedores de salud y a los administradores de justicia para que comprendan la naturaleza de la mortalidad materna; que se implementen las políticas que ya existen; y también los comités de mortalidad materna, que son los responsables de estudiar cada caso en cada servicio de salud.

[VER presentación] ► AQUI

  • Panelista 2: Brenda Álvarez, Promsex / Perú. “La negación del acceso al aborto terapéutico: el caso L.C. en Perú”

Para argumentar su defensa en este caso, el Estado peruano alegó que L.C. había sido expuesta al riesgo por parte de su familia, y que por eso había sido abusada sexualmente. También, que no había buscado de manera oportuna los servicios de asesoramiento en estos casos, ya que el Estado tiene una red de servicios, como son los Centros de Emergencia Mujer.

Asimismo, las recomendaciones que emitió el Comité CEDAW en torno al caso fueron las siguientes: que L.C., en su condición de adolescente mujer, no tuvo a su disposición ningún procedimiento legal eficaz; que la tardanza de las autoridades hospitalarias tuvo consecuencias nefastas para su salud: y que la penalización del aborto por violación desencadenó la situación de que el Estado no cumpliera con sus obligaciones. Así, impuso a Perú la obligación de indemnizar adecuadamente a la víctima y de repararla de forma integral para que se le garantizara la mejor calidad de vida posible. Como medidas generales, estableció la necesidad de crear un mecanismo para el acceso efectivo al aborto terapéutico, así como tomar medidas para que la Recomendación General N°24 sea conocida y aplicada en todos los servicios. Asimismo, que se revisara la legislación que penaliza los abortos por violación.

[VER presentación] ► AQUI

  • Panelista 3: Fernanda Doz, Amnistía Internacional /Argentina. “Precedentes regionales sobre el derecho a la autonomía reproductiva”

Existe un menor desarrollo sobre DSR en el sistema regional americano que en el universal, pero debe tratarse porque su desarrollo jurisprudencial impacta en el derecho nacional de la mayoría de países de la región.

  1. Caso Amelia 43-10 vs. Nicaragua (medida cautelar): una niña de 10 años embarazada y con cáncer que necesitaba tratamiento médico. La Corte ordenó al país que otorgara el tratamiento médico necesario a la menor, contestando este en 5 días anunciando que ya lo había hecho.
  2. Caso B. vs. El Salvador (medida cautelar): La Corte otorgó las medidas necesarias por unanimidad, al reconocer el daño en la salud física y mental de la mujer, la gravedad y la urgencia del caso, no solo por sus condiciones médicas, sino por su sufrimiento. Ordenó al Estado proteger a los médicos y que estos realicen su trabajo de acuerdo a su criterio. También que se le diera a B. el tratamiento médico necesario.
  3. Caso Artavia Murillo vs. Costa Rica: destaca la interpretación del artículo 4° de la Convención y la importancia del señalamiento de que las concepciones morales o religiosas de un grupo no pueden ser impuestas de manera generalizada. Además, destaca el derecho a la maternidad y, por lo tanto, a la no maternidad también.

[VER presentación] ► AQUI

PANEL: Jurisprudencia nacional en Derechos Sexuales y Reproductivos

Moderador: Eduardo Chía / Chile

  • Panelista 1: Agustina Ramón, CEDES / Argentina: “La implementación del marco jurídico de los derechos reproductivos en Argentina – El caso FAL en Argentina

Este caso llegó a la Corte Suprema de la Nación de Argentina, la cual debía pronunciarse sobre: a) la constitucionalidad del aborto, señalando que el derecho internacional de los derechos humanos noimpone una visión absoluta sobre la protección de la vida del embrión o feto tal que impida el aborto en todas las circunstancias; en cambio sí protege en forma explícita derechos fundamentales de las mujeres; y b) sobre el alcance de la causal violación propiamente dicha: es válida para cualquier mujer, no sólo para la que sufra de discapacidad mental. Señala además que se debe “privilegiar la interpretación legal que más derechos otorgue al ser humano frente al poder estatal”. “Por ello, debe adoptarse la interpretación según la cual no resulta punible la interrupción del embarazo proveniente de toda clase de violación porque una exégesis en sentido contrario -que reduzca la no punibilidad de esta práctica al caso de una incapaz mental- amplía sustancialmente el alcance del castigo penal”.

Destaca el derecho a la dignidad y a no ser instrumentalizada; y el hecho de que el aborto es parte de un componente de la atención integral de las mujeres víctimas de violación.

[VER presentación] ► AQUI

  • Panelista 2: Diana Bustamante, Universidad de San Buenaventura, Seccional Cali / Colombia. “Derechos sexuales y reproductivos: avances en la jurisprudencia constitucional colombiana”

En la Sentencia C-131 de 2014, sobre supuesta inconstitucionalidad de la norma que señala que los menores de edad no podrán tener derecho a la anticoncepción quirúrgica, la Corte Constitucional colombiana señaló que no existía discriminación, pues de lo que se trataba era de proteger el derecho a la progenitura responsable, teniendo los menores la opción de acudir a otros mecanismos para no llegar a un embarazo no deseado.

Además, la Corte citó una serie de Sentencias importantes sobre la temática, que consagran elconsentimiento informado sobre autonomía sexual; el derecho a contraer matrimonio (edad que equipara a hombres y mujeres, derecho de padres a desheredar si se casan sin consentimiento, inconstitucionalidad de la norma que establecía que la impúber embarazada no podía solicitar la nulidad de matrimonio); etc. También tuvo en cuenta Sentencias sobre personas con discapacidad: si bien es cierto que los menores de edad no pueden acceder al procedimiento de anticoncepción quirúrgica, salvo peligro de vida del menor o autorización de los padres, si tiene alguna discapacidad se va a respetar la autonomía sexual de la persona.

[VER presentación] ► AQUI

—- SEGUNDO DÍA —-

CONFERENCIA MAGISTRAL: “El marco del derecho a la salud para la protección jurídica de los derechos sexuales y los derechos reproductivos”

Conferencista: Óscar Cabrera, O’Neill Institute for National and Global Health Law / Georgetown University Law Center / Estados Unidos

Moderadora: Beatriz Galli, IPAS

Se explicó que, a nivel internacional, la explicación de cómo se estructura el derecho a la salud se encuentra en la Recomendación General N°14, que aunque no es vinculante, sí tiene valor interpretativo. Asimismo, el derecho a la salud y los DSR en la región se han desarrollado desde libertades negativas: autonomía y libre determinación. Ello ayuda a superar las barreras legales, aunque se mantienen las barreras fácticas y la inequidad, más difíciles de superar. Por otro lado, existen movimientos para ayudar a recuperar la dimensión de las obligaciones positivas del Estado: acceso y coberturas. Por otro lado, el derecho a la salud, como parte de los derechos económicos, sociales y culturales (DESC), es un derecho de cumplimiento progresivo y no regresivo. Además, no es justiciable directamente, hay que vincularlo con otro derecho.

Se concluyó que hay nuevas posibilidades por explorar con el Comité DESC, que puede recibir casos individuales y a través de ellos, desarrollar mejor el derecho a la salud, en términos de contenidos y protección.

[VER presentación] ► AQUI

MESA REDONDA: “Experiencias teóricas y prácticas de intercambio y colaboración entre activistas y académicos”

Moderadora: Julissa Mantilla, Red Alas / Perú

  • Óscar Cabrera, O’Neill Institute for National and Global Health Law / Georgetown University Law Center / Estados Unidos. “Parecer jurídico sobre la decisión del Tribunal Constitucional de Bolivia No. 0206/2014; Grupos de Investigación en DSDR”

Desde el Instituto O’Neill se presentó un amicus curie para apoyar el proceso de despenalización en Bolivia. También se planteó lo que podía hacerse desde fuera, como por ejemplo, usar los estándares de derecho internacional; argumentar por la despenalización conectándolo con “salud pública” y el aborto inseguro; utilizar informes de los Relatores de la salud sobre el rol del derecho penal en el derecho a la salud, etc. Asimismo, al ser esta sentencia algo confusa, posteriormente se realizó en el Instituto un análisis de la misma sobre los avances y las limitaciones que supone, que fue presentado en un evento público.

  • Ana Paula Sciammarella, Universidad Fundación Getulio Vargas / Brasil. “La producción de datos de investigación jurídica sobre derechos reproductivos”

La ponente relató la experiencia de intercambio de datos entre una ONG y un grupo académico de investigación, con vistas a producir datos con rigor y metodología académica para realizar incidencia desde las organizaciones de la sociedad civil, además de involucrar y sensibilizar a docentes y estudiantes en la temática de DSR, especialmente el aborto.

La investigación de la ponente versó sobre las categorías jurídicas y no jurídicas que se movilizaban en los casos judicializados de mujeres criminalizadas por aborto en Río de Janeiro. Se extrajo como conclusión que, a pesar de la pequeña cantidad de casos existentes, había una tendencia al alza de la criminalización. Asimismo, aunque en la mayoría de los casos la pena era suspendida, la propia tramitación del proceso estigmatizaba a la mujer en la sociedad. También que, a pesar de la ausencia de condenas efectivas, existen restricciones para las mujeres.

[VER presentación] ► AQUI

  • Susana Chávez, Promsex /Perú. “La experiencia de los Congresos Jurídicos y su impacto para la promoción de los derechos reproductivos en los países de la región”

[VER presentación] ► AQUI

CLACAI – El Repositorio

[VER presentación] ► AQUÍ

PONENCIA: “Barreras al ejercicio de los DSDR: el rol del litigio estratégico”

Ponente: Paola Bergallo, Red Alas / Argentina

Moderadora: Marisol Fernández, Red Alas / Perú

La ponente expuso que existen muchas formas de llevar a cabo un litigio estratégico; siendo necesario crear capacidades legales, capacitar actores y generar discursos. También se hizo hincapié en que en la Argentina de 2004/2005, fue importante permitir que se pudiera hablar de aborto (por ejemplo, en el caso FAL, que fue un caso defensivo), ya que existían referentes distintos sobre el tema y había que cambiar la situación para “desclandestinizarlo”. En definitiva, había que generar diálogos, datos, argumentos, federalizar la conversación en torno a temas clave sobre aborto y DSR.

[VER presentación] ► AQUI

Discusión en grupos sobre: desafíos persistentes y estrategias legales para la garantía de los derechos sexuales y reproductivos

En este espacio, se organizaron cuatro grupos de trabajo para reflexionar en torno a cuatro temas: objeción de conciencia, violencia institucional, el deber de denunciar vs. el deber de confidencialidad y negación de información en salud sexual y reproductiva.

En todos ellos se presentó un caso hipotético y se plantearon a los y las participantes una serie de preguntas en torno a los derechos humanos violados en cada caso, las barreras de acceso y negación de derechos existentes, las estrategias jurídicas que podrían utilizarse para eliminar las citadas barreras y las medidas que adoptarían para mejorar la situación.

Próximos pasos y clausura

Para finalizar el Taller, se pidió a los y las asistentes que reflexionaran e intercambiaran opiniones e ideas acerca de cómo podrían insertar las temáticas tratadas en los espacios de enseñanza y aprendizaje, con quién podrían contar en sus respectivos contextos y en qué espacios podrían desarrollarse estas acciones.

Dominicana: Especialistas exigen responsabilidad ante embarazo con malformaciones

Dominicana: Especialistas exigen responsabilidad ante embarazo con malformaciones

El Centro de Estudios de Género del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (CEG-Intec) llamó a las autoridades de Salud y a los legisladores de República Dominicana a actuar con responsabilidad frente a los casos de embarazos con malformaciones congénitas y consideró inaceptable la situación de dolor, angustia y tensión de la gestante que solicita ayuda para practicar un aborto, aun si se pone en riesgo su salud emocional por las condiciones en que se encuentra el feto, informa Mercedes Alonso (SEMlac) desde Santo Domingo.

SEMlac tuvo acceso al comunicado, emitido el pasado lunes 23 de marzo, en el cual se exponen ejemplos como el que describe el estudio diagnóstico de una mujer de 26 años, en el cual se reporta un “feto con múltiples malformaciones”, con Extrofia Hepática, Teratoma (cáncer) en la región pélvica y extremidades inferiores que no se visualizan.

“Esta situación pone en evidencia la necesidad de que el Congreso Nacional apruebe la ley que faculte la interrupción del embarazo por malformaciones congénitas, porque casos como este ponen en riesgo la vida de mujeres ante la ausencia de un instrumento legal que les permita resolver su situación en condiciones seguras”, asegura Lourdes Contreras, coordinadora del CEG-Intec.

Contreras argumenta que este es un problema frente al cual no hay que colocar a las y los profesionales del sector salud, “por lo que es urgente la elaboración de la ley especial que ordena la Ley 550-14 sobre el nuevo Código Penal”, explica a SEMlac.

Tras fuerte oposición

El 20 de diciembre de 2014, la prensa nacional se hizo eco de la promulgación del Código Penal, con determinadas observaciones efectuadas por el presidente de la República Dominicana, Danilo Medina, pese a la oposición de expertos constitucionales y representantes de las iglesias, partidos políticos y entidades de la sociedad civil, quienes formularon razones de forma y de fondo en lo señalado por el Poder Ejecutivo y el procedimiento legislativo.

No obstante, en dicho contenido legal se contempló la nueva Ley 550-14, firmada por el jefe de Estado y el rotativo Diario Libre publicó en esa fecha las consideraciones propuestas por Medina al Código Penal, referidas al aborto terapéutico, respaldado por 93 diputados de los 174 presentes; 69 votaron en contra y 12 se abstuvieron.

De esta manera se contemplaron tres excepciones para garantizar la seguridad jurídica de las mujeres y del personal que brinda asistencia médica:

  1. en caso de peligro de la vida de la madre;
  2. de violación o incesto;
  3. de malformación del feto incompatible con la vida.

La Constitución dominicana establece que “la cámara que hubiere recibido las observaciones las hará consignar en el orden del día de la próxima sesión y discutirá de nuevo la ley en única lectura. Si después de esta discusión, las dos terceras partes de los miembros presentes de dicha cámara la aprobaren de nuevo, será remitida a la otra cámara; y si esta la aprobare por igual mayoría, se considerará definitivamente ley y se promulgará y publicará en los plazos”.

También se añadió en la legislación lo concerniente a las muertes por violencia doméstica, las cuales serán castigadas con penas de hasta 40 años, y el secuestro, con condenas de 20 a 30 años de reclusión.

Precisar el protocolo

El CEG-Intec exhortó a las autoridades del sector salud a asumir la responsabilidad de propiciar las condiciones para la elaboración de la normativa que permitirá la estandarización de los procedimientos de atención integral de la mujer, en lo que respecta a la interrupción del embarazo por indicación médica.

“Hoy tenemos necesidad de hacer referencia al grave problema que sigue significando la mortalidad materna en nuestro país, y a cómo la falta de una normativa clara en este orden ha sido causa de muchas muertes; de ahí la importancia en la precisión del protocolo y la aprobación de una ley especial que puedan ser implementados aquí”, comentó Contreras.

La directora ejecutiva de la Colectiva Mujer y Salud, Sergia Galván, confesó a SEMlac que la ley 550-14, aunque establece que el nuevo Código Penal consigne la interrupción del embarazo por causa de violación, incesto o el originado en malformaciones del embrión incompatibles con la vida y clínicamente comprobadas, está sujeta a requisitos y protocolos que se establezcan mediante ley especial.

La activista apuntó que “no es que el aborto haya sido legalizado, ni despenalizado en su totalidad, sino que, con esas observaciones del presidente Medina, se dejan claros los casos en que no va a ser punible esta práctica.

“Donde el médico ni las mujeres irán presos por realizar ese procedimiento; o sea, cuando corre peligro la vida de la madre por un embarazo fruto de una violación o incesto (que afecta la salud moral, integridad física y psíquica), o cuando hay malformaciones que son incompatibles con la vida, no cualquier anomalía”, precisó.

“Si no tiene cerebro, la criatura es encefálica, a las pocas horas de nacer morirá, y ello es incompatible con la vida. Esos son los casos que el presidente entiende que hay que valorar”, expresó Galván.

Subrayó que todas las personas tienen derecho a garantizar su vida, “¿por qué entonces la mujer, cuando un embarazo la va a matar, hay que dejarla que pierda la vida, cuando esto es un acto cruel, inhumano y degradante?, preguntó.

“Reflexionar sobre el Código es muy necesario e implica hacer frente a un problema ante el cual la nación lleva muchos años intentando buscar una respuesta. El Código tiene 130 años y está de espaldas a la realidad”, concluyó Galván.

Contreras incitó a las y los legisladores a conocer el proyecto de ley sobre derechos sexuales y derechos reproductivos y el que crea un sistema integral de atención a la violencia contra las mujeres, ambos bajo estudio del Congreso Nacional desde hace varios años.

Inquieta…

El 20 por ciento de las muertes maternas en República Dominicana ocurren en adolescentes. Con el objetivo de reducir esta tasa, el Instituto Nacional de Salud (Insalud) presentó el 4 de marzo el Observatorio de Mortalidad Materna, publicado por el multimedios DominicanosHoy.

Según la fuente, Giselle Scanlon, directora ejecutiva de dicha institución, lo califica de “un espacio ciudadano, autónomo, interinstitucional e intersectorial, con el propósito de establecer la participación y el diálogo entre la sociedad civil, medios de comunicación, academia, agencias de cooperación y el Estado, para dar seguimiento a las iniciativas y prioridades de políticas públicas e incidir en la reducción de la mortalidad materna”, dijo.

A fin de indagar cuál es la situación que presenta el Hospital de Maternidad Nuestra Señora de la Altagracia, ubicado en la capital dominicana, y en el que se reciben parturientas de todas las provincias del país y de Haití, SEMlac entrevistó a su director, el doctor Víctor Calderón.

El galeno expresó preocupación por el alto número de mujeres, sobre todo adolescentes, que llegan con abortos incompletos, a veces en estado grave de salud.

Aseguró que jovencitas, cuyas edades biológicas no les permiten estar aptas para un embarazo, asisten a la maternidad: “En la mayoría de los casos su útero no está en capacidad de permitir el desarrollo del niño, lo que ha contribuido al incremento de las cesáreas”, recalcó.

Además, hay un mayor número de niños desnutridos; “sin hablar de que, pese a que una alta proporción de los partos son atendidos en centros de salud y por personal especializado, al igual que el control prenatal, las causas más frecuentes de mortalidad materna son hipertensión arterial, hemorragias, abortos y complicaciones del puerperio. En el caso de las madres adolescentes, se suma la diabetes gestacional”, afirmó Calderón.

Análisis y debates prosiguen. Organizaciones feministas, junto a hombres y mujeres sensibilizados con el tema, opinan que aún queda mucho por hacer, sobre todo si se tiene en cuenta que por cada 100.000 nacidos vivos, 150 mujeres mueren en República Dominicana, cifra que coloca al país en el cuarto lugar con la mayor tasa de mortalidad materna en América Latina y el Caribe, solo superada por Bolivia (190), Guyana (280) y Haití (350), de acuerdo con el Informe de Desarrollo Humano (IDH) 2013 del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

Tomado de http://periodistas-es.com/

Source: Abril 2015

Durante 2014 se realizaron 240 abortos no punibles en Rosario

Durante 2014 se realizaron 240 abortos no punibles en Rosario

Desde el municipio informaron que el año pasado se realizaron más de 200 intervenciones en la ciudad, de acuerdo a la ley que permite a las mujeres interrumpir un embarazo que ponga en riesgo su salud o su integridad. Los casos se duplicaron en los últimos tres años.

El secretario de Salud de la Municipalidad, Leonardo Caruana, informó que durante el año pasado hubo 240 prácticas de abortos no punibles en los centros de salud, en los casos contemplados en la ley. También informó que las intervenciones se duplicaron en los últimos tres años.

“Este número refleja la cantidad de personas que demandó un derecho sostenido en el marco de la ley y el Estado se lo garantizó”, señaló el funcionario municipal. En tanto, las estadísticas de la Municipalidad indican que los casos de aborto no punible se duplicaron en los últimos tres años: en 2012 se registraron 55 casos; en 2013, 114; y el año pasado, llegaron a ser 240.

Sin complicaciones

Ignacio Gómez, a cargo de la dirección de Centros de Salud, destacó que ninguno de estos casos sufrió complicaciones. “Es importante saber que cuando un caso de aborto no punible es trabajado dentro del sector salud no corre riesgo de vida la mujer”, agregó.

Gómez consideró que el crecimiento exponencial de estos casos es el resultado de haber sostenido y priorizado la necesidad de las mujeres de acceder de manera segura a esta práctica. “Es un camino que tomamos hace años. Se trata de un combo: la decisión de tomarlo desde el Estado, la continuidad de esas políticas y la militancia de organizaciones de mujeres. Por eso el único caso de acceso real al aborto no punible es el de Rosario”.

“Casi la totalidad de los casos de aborto no punible ambulatorios los estamos trabajando desde los centros de salud. El Estado municipal compra misoprostol y lo distribuye de manera gratuita a los casos contemplados por la ley”, aseguró Gómez.

El Protocolo

Rosario tiene desde 2007 un Protocolo de Atención Integral para la Mujer en Casos de Aborto no Punible, que, entre otras cosas, contempla que estos casos no requieren intervención o autorización judicial o administrativa para resolver sobre la conveniencia, oportunidad o métodos a emplear para la irrupción del embarazo.

Según el Protocolo que sancionó el Concejo en 2007 también contempla el derecho a objeción de conciencia y que las maniobras dilatorias, el suministro de información falsa y la reticencia para llevar a cabo el tratamiento por parte de profesionales de la salud constituirán actos sujetos a la responsabilidad administrativa, civil y/o penal correspondiente.

La normativa tiene como base el Artículo 86 del Código Penal de la Nación, que manifiesta que el aborto es no punible en caso de que el embarazo ponga en peligro la vida o la salud de la mujer, y en caso de violación o atentado al pudor a una mujer con discapacidad mental.

Tomado de http://elargentinorosario.infonews.com/

Source: Abril 2015

Nicaragua no es un país para las mujeres

Nicaragua no es un país para las mujeres

Nicaragua es conocido por ser el país más seguro de Centroamérica, a pesar de encontrarse en una de las regiones más peligrosas y desiguales del mundo, también se recuerda por la revolución sandinista* del 79, las famosas fotos de guerrilleras y guerrilleros que lucharon contra la dictadura de Somoza dieron la vuelta al mundo, básicamente por montar una revolución socialista en el patio del imperio capitalista.

En los 90´s, después de la guerra de “baja intensidad” financiada por EEUU, el FSLN (Frente Sandinista de Liberación Nacional) perdió las elecciones e iniciamos 16 años de gobiernos neoliberales. Estos gobiernos de derecha representaron una dura batalla para el movimiento feminista, pues nos tocó pelear para no retroceder en los derechos de las mujeres reconocidos por el Estado.

Fue el 5 de noviembre 2006 cuando el FSLN ganó las elecciones presidenciales y volvió al poder en donde se mantiene hasta hoy. Sin embargo, este partido revolucionario de los 80’s subió al poder con una ideología conservadora promoviendo un modelo familista que afecta principalmente a las mujeres, una vez más, a las feministas nos toca luchar para no seguir perdiendo derechos humanos.

La entrada del FSLN al gobierno ha representado una continuidad de las políticas conservadoras de la derecha, dejando a las mujeres sin el derecho a decidir sobre sus vidas y cuerpos. Recuerdo con exactitud el 26 de octubre del 2006, 10 días antes de las elecciones presidenciales, el FSLN aliado con los diputados de derecha en el parlamento votaron para derogar la ley que permitía el aborto bajo causales de salud, malformaciones congénitas del feto y en casos de violación. Esta alianza con la iglesia católica le permitiría llegar al día de las elecciones sin la previa campaña antisandinista promovida por el poder católico, que tiene mucha influencia en la población y por tanto, capacidad negociadora con gobiernos y partidos políticos de este país.

Irónicamente, la ley que fue aprobada por los conservadores de 1870, se eliminó con los votos de los revolucionarios del FSLN, sin ellos no hubiese sido posible. Retrocedimos 136 años en el reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres a pesar de las múltiples manifestaciones de feministas, médicxs, abogadxs y organizaciones de la sociedad civil llamando al parlamento a recapacitar sobre el impacto que tendría la penalización del aborto en un país con altos índices de muerte materna, siendo la segunda causa el aborto inseguro.

Para muchxs se trataba de una estrategia electoral que le garantizaría al FSLN llegar al poder, muchxs personas pensaron que una vez en el poder se borraría ese grave error volviendo a la legalización del aborto terapéutico, sin embargo, dos años después se aprobó el nuevo código penal, incluyendo sanciones a médicxs y mujeres por hasta cinco años de prisión. Organizaciones civiles y el movimiento feminista interpusieron más de 60 recursos por inconstitucionalidad pidiéndole a la corte que declarara no aplicable la ley y enviara al parlamento la solicitud de restituir el derecho al aborto terapéutico, la corte debía fallar en un máximo de 60 días, llevamos ocho años de espera, tiempo en el que mueren mujeres pobres de este país por causas evitables. La penalización del aborto es violencia estatal en cualquier país del mundo y en regiones como la centroamericana, con el 25% de embarazos en niñas y adolescentes, altos índices de violencia sexual, poco acceso a métodos anticonceptivos, precaria atención en salud y ausencia de educación sexual, es un acto de misoginia deliberada.

Una ley contra la violencia que no nos protege de la violencia

El aborto inseguro no es la única razón de muerte evitable para las mujeres de Nicaragua. Los suicidios en niñas y adolescentes con embarazos no deseados y los feminicidios* son otra muestra del estado de desprotección en el que nos encontramos. Ante este panorama, en el 2011 se aprobó la ley contra la violencia hacia las mujeres, promovida por organizaciones de mujeres y promulgada por la mayoría sandinista en la Asamblea, sin embargo, la jerarquía de las iglesias católicas y evangélicas junto con un grupo de hombres abogados alegaron por la inconstitucionalidad de la ley, pues argumentaban que también debía protegerse por igual a los hombres de la violencia de las mujeres, nada más lejano de la realidad.

Sin embargo, la demanda de líderes religiosos y hombres preocupados por la “igualdad” hizo eco en la Corte Suprema de Justicia, quien envió el anteproyecto de ley a la asamblea nacional donde aprobaron la reforma por mayoría sandinista y los votos de la derecha, en el que establecen la mediación voluntaria por agresiones leves, entendiendo por agresiones “leves” el maltrato psicológico si se provoca daño a su integridad psíquica, lesiones físicas leves, intimidación y amenazas, sustracción (secuestro) de hijos o hijas, violencia laboral, entre otras. Esta alternativa es equivocada en cuanto a violencia de género se trata, pues la mediación sólo puede darse entre iguales y no se está en condiciones de igualdad ante el agresor que nos violenta. Por el contrario, organizaciones feministas argumentaron que el 30% de los feminicidios ocurridos en el país han sido perpetrados por agresores que fueron denunciados y luego pasaron por el proceso de mediación. Ésta es la única ley que permite la mediación ante un delito, esa figura solamente se utiliza ante faltas o conflictos de carácter civil.

Además, la reforma desnaturaliza la ley, pues incluye el término “violencia intrafamiliar”, es decir que también se podrá denunciar a las mujeres y otros miembros de la familia por violencia, equiparando todas las relaciones sin tener en cuenta la condición de género. Luego de la reforma, el gobierno publicó el reglamento de la ley contra la violencia, en el que establecía como entes encargados de realizar la mediación a los gabinetes de la familia, comunidad y vida, grupos comunitarios integrados en su mayoría por militantes del FSLN. En el caso de que éste gabinete fallara y la mujer decidiera persistir en la denuncia, podía pasar a terapia de familia en el Ministerio de la Familia, de no funcionar (y sobrevivir), entonces podría establecer formal denuncia en la policía. Estos mecanismos representan un grave retroceso, primero para la vida de las mujeres que deciden romper con el ciclo de la violencia, pues todo el proceso las expone a peores situaciones con su agresor, además de ser largo, tedioso, emocionalmente desgastante y cansado. Por otro lado, representa darle carácter privado a la violencia de género, cuando ya se había logrado que se reconociera como un problema de salud pública en el que el Estado tiene total responsabilidad para la prevención, atención y sanción.

Sobredosis de Dios en una República Socialista

No sólo hemos visto un retroceso a nivel legal, sino también un constante intento por retroceder a nivel ideológico en materia de derechos humanos. Existe una flagrante violación al estado laico, reflejado en la celebración del cumpleaños del Cardenal como fiesta nacional, la celebración del día de la virgen María por todas las instituciones del estado y la constante referencia a Cristo, Dios, la Bíblia y demás símbolos cristianos en los discursos oficiales. Es tanto así que el lema oficial del gobierno dirigido por Daniel Ortega es “Nicaragua cristiana, socialista y solidaria”.

Las reformas a la ley contra la violencia y la penalización absoluta del aborto son el reflejo de una ideología evangelizadora que pretende abonar en terreno fértil la idea del poder divino, en el que “sólo dios quita y pone presidentes”, lógica ante la cual Ortega juega de mesías.

Una muestra es el discurso de Daniel Ortega en el 2008, que acompañado de líderes evangélicos, compara a las feministas con Herodes durante un acto en el día de la Bíblia: “Aquí anda Herodes en Nicaragua, buscando a los niños para matarlos (…)”. Por supuesto, esta alusión a las feministas tiene como antecedente la denuncia de Zoila América Narváez a Ortega por el delito de violación, proceso en el que la acompañaron integrantes del movimiento feminista. Esta denuncia no prosperó en Nicaragua y Daniel Ortega siguió presentándose a las elecciones presidenciales pese al escándalo que esto representaba.

Daniel Ortega es la personificación de la impunidad y pretende limpiarla con su campaña por la integración familiar, incluso cuando esto pase por encima de la vida de las mujeres. En la argumentación oficial sobre las reformas a la ley contra la violencia se promulgó que el principal objetivo sería la preservación de la familia, que según el código de la familia aprobado recientemente, se reconoce familia únicamente a la integrada por hombre y mujer para el cuidado de los hijos. Las familias nicaragüenses se parecen poco a la idea que promueve el código aprobado, pues la gran mayoría están integradas por familias monoparentales, en las que la mujer es la que asume la responsabilidad total del cuidado, educación y gran parte de los gastos económicos.

Por el contrario, el Estado está en la obligación de reconocer y establecer garantías a todas las familias, tanto las monoparentales, homoparentales y las diversas existentes. Insistir en preservar un ideal religioso de familia puede ser peligroso, sobre todo cuando más del 80 % de los casos de violencia sexual a las niñas y mujeres se dan por un familiar cercano. Como decía un letrero en una de las muchas marchas del movimiento feminista “lo que separa a las familias es la violencia, no la ley”.

Hace unos meses, el noticiero me despertaba con el titular “Nicaragua es el 6to País del mundo en términos de equidad de género, sólo por debajo de los países Nórdicos”. Este dato fue retomado del índice que elabora el Foro Económico Mundial. Visto así, cualquiera podría creer que habíamos alcanzado el País de las Mujeres que imagina Gioconda Belli en su libro. Después de leer las noticias relacionadas, sentía que algo no me calzaba, quizás se llame realidad, porque me rehúso a creer que un país que practica violencia de Estado contra las mujeres esté entre los primeros diez del mundo en materia de equidad de género.

Una de las principales variables que aplica el Foro Económico Mundial es el número de mujeres en cargos públicos. Efectivamente, Nicaragua tiene una ley que garantiza la paridad en la asamblea nacional. La llamada ley 50-50 promovida por el FSLN (Frente Sandinista de Liberación Nacional) asegura la representación de mujeres en el 50% de los cargos a elección, tanto en los gobiernos municipales como en el parlamento. De la misma forma el gobierno nombró entre sus ministerios a la mitad mujeres. Pero este gesto por la igualdad no se queda más que en eso, un gesto, porque las causas estructurales de la desigualdad han quedado intactas y en otras hemos empeorado en relación al pasado.

No se puede afirmar que un Gobierno es sensible al género por el número de mujeres que ocupan cargos públicos, sobre todo cuando esas mujeres no tienen posibilidad de decidir sobre su cuerpo, vida y destino. Evidentemente, estamos muy lejos de ser el país ideal para las mujeres.

Tomado de http://lassimones.org/

Source: Abril 2015

Católicas envían carta al Papa Francisco y señalan contradicciones de la Iglesia

Para la CDD, si realmente la Iglesia quiere una participación plena de las mujeres en ella es contradictorio que esté cerrada a abrir la discusión sobre su ordenación.

La Red Latinoamericana de Católicas por el Derecho a Decidir (CDD) envió una Carta al Papa Francisco en ocasión de los dos años de ministerio del Sumo Pontífice, que se cumplieron el pasado 13 de marzo. En el documento, la Red reconoce el empeño del Papa en promover la reestructuración de la Curia Romana, enfrentar la corrupción, estimular la vocación para el diálogo y participar de la intermediación en conflictos internacionales. “Valoramos que él esté contribuyendo a una mayor humanización de la figura papal”, se afirma en el documento. Sin embargo, la Red también alerta sobre algunas contradicciones que estarían presentes en el discurso papal. Temas como la participación femenina en el sacerdocio, la homosexualidad, el aborto y la pedofilia clerical serían todavía abordados de manera paradójica.

En entrevista con Adital, Yury Orozco, una de las coordinadoras de las CDD en Brasil, comenta sobre la repercusión y las expectativas del envío del documento y analiza los avances y desafíos de los dos años de papado.

Según Yury, después del envío de la carta, la organización recibió el apoyo de diferentes sectores sociales, incluso de religiosos, lo que indica una expectativa de que el Papa logre implementar los cambios deseados por la comunidad católica. Hay un reconocimiento mundial de la figura del Papa Francisco por sus gestos humanitarios de apertura y simplicidad, por su compromiso para que la Iglesia Católica busque internamente la coherencia evangélica de renuncia a la ostentación y a la riqueza. El Papa deja en claro su condena al sistema capitalista y demuestra una opción de lucha por la justicia, guiado por el principio de la misericordia. “La comunidad mundial, especialmente la católica, comienza a ver en este Papa señales de compromisos de una Iglesia que había perdido credibilidad”.

Sin embargo, Yury señala que el Sumo Pontífice continúa con una postura conservadora en el campo de la moral. Aunque haya abierto espacios para discutir temas como la familia y haya opinado sobre la homosexualidad, esta misma preocupación no se encuentra en relación con el aborto, un asunto importante para la salud de las mujeres, ni en relación con el derecho de las mujeres a la ordenación sacerdotal. Por el contrario, el Papa ya habría afirmado que sobre esas cuestiones la Iglesia ya cerró una posición. “Nos preguntamos si de hecho hay una voluntad real del Papa para que la moral sexual católica deje de ser condenatoria e incorpore el derecho a la libre decisión que tanto desea gran parte de la Iglesia Católica en asuntos de moral sexual”.

“Un mundo en el que las mujeres son marginadas es un mundo estéril”

En el documento se señala que el Papa ha convocado a una mayor participación de las mujeres en los espacios de decisión eclesiales; sin embargo, ha cerrado las puertas para el sacerdocio y el diaconado femeninos, reforzando, en algunas declaraciones, “el estereotipo de la mujer sumisa, callada y madre como única opción”.

Para las CDD, es importante insistir para que la Iglesia sea democrática, justa y solidaria con todos sus integrantes. La forma excluyente en que la Iglesia trata a las mujeres involucra cuestiones de derechos humanos y de justicia. “Ellas han dado una contribución relevante a lo largo de la historia del catolicismo. No existen motivos teológicos o eclesiológicos que impidan la ordenación. Si fueron bautizadas, ¿por qué se les impide el derecho de recibir el sacramento de la orden sacerdotal? ¿Sólo por el hecho de ser mujeres? Eso es discriminación y es totalmente contrario al proyecto de comunión e igualdad de Jesús. Si realmente la Iglesia quiere una participación plena de las mujeres en ella es contradictorio que esté cerrada a abrir la discusión sobre su ordenación”, aclara Yury. A pesar de las señales de apertura, el Vaticano continuaría asumiendo un papel nada favorable a los derechos de las mujeres.

Uno de los objetivos de la Carta es llevar al conocimiento del Papa el pensamiento de las CDD y abrir la posibilidad de un diálogo sobre asuntos importantes para las mujeres en relación con la sexualidad y la reproducción, con la participación plena en los espacios de poder y decisión tanto en la sociedad como en la Iglesia.

“¿Y quién soy yo para juzgar a los gays?”

La Red espera que ocurran cambios efectivos y las autoridades eclesiales dejen de obstaculizar leyes que reconozcan los derechos humanos de la comunidad LGBT (Lésbicas, Gays, Bisexuales y Transexuales). Aunque no reconozca el matrimonio homoafectivo, la política papal es de acogida.

Yury afirma que hay un importante cambio de actitud del Papa al declarar que las personas homosexuales sean acogidas en la Iglesia con respeto y sin discriminación. Pero el desafío está planteado, es necesario que la práctica pastoral sea legitimada por el cambio en la normativa eclesiástica y en la política institucional para que se respeten los derechos humanos de las comunidades LGBT, así como los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y jóvenes.

El aborto y el derecho a decidir

La Carta aclara que para la mayoría de las mujeres el aborto no ha sido una rápida solución sino una decisión difícil. “Ninguna mujer aborta con alegría en su corazón.” La Red pide que el Papa permanezca con discursos de comprensión y misericordia cuando se refiera al aborto.

De acuerdo con Yury, todo el trabajo de la ética sexual cristiana se ha hecho sin referencia a las experiencias de las mujeres. La Iglesia no tiene en cuenta que las mujeres son agentes morales y con capacidad ética para decidir sobre su vida y contribuir a los grandes dilemas morales de la humanidad. La coordinadora de las CDD refuerza que es importante que la doctrina y las normas católicas dejen de ser el punto de partida para resolver los problemas humanos. En el caso del aborto, las mujeres deben ser el centro de las preocupaciones. “Los representantes de la iglesia deben escuchar sus motivos, dilemas y las razones profundas que las llevan a tomar la decisión de interrumpir el embarazo. Solidaridad y no condena es lo que precisan en ese momento”, destaca.

“No hay absolutamente ningún lugar en el ministerio para los que abusan de menores”

El documento pide más congruencia en las acciones de la Iglesia en relación con la pedofilia clerical. Las CDD reconocen la gran preocupación del Papa por el asunto y que se han dado pasos importantes como la creación de la Comisión para la Tutela de Menores. Sin embargo, ministros y obispos involucrados en el encubrimiento de sacerdotes pedófilos en el interior de la Iglesia Católica siguen siendo nombrados para ocupar posiciones de alto nivel dentro de la estructura eclesiástica. La Comisión, de carácter internacional, está formada por 12 personas y tiene por finalidad aconsejar a la Santa Sede en la protección de los niños y en la atención pastoral a las víctimas de los abusos.

La Red se preocupa por la falta de medidas efectivas para erradicar la pedofilia dentro de la Iglesia. De acuerdo con la institución, serían necesarios algunos cambios en el interior de la estructura eclesial y en el Código de Derecho Canónico para eliminar los encubrimientos de los delitos de abuso sexual y de la pedofilia clerical, promoviendo la atención a las víctimas y el castigo a los culpables de este delito atroz.

Tomado de http://site.adital.com.br

Source: Abril 2015

Carlos Gaviria, de catedrático receloso a magistrado reformador

Carlos Gaviria Díaz

Las tesis defendidas en la Corte Constitucional, enfocadas en los derechos humanos, le dieron amplio reconocimiento a Carlos Gaviria.

Cuando se gestaba el movimiento de la séptima papeleta para reformar la Constitución de 1886, el entonces vicerrector de la Universidad de Antioquia, Carlos Gaviria Díaz, era uno de sus contradictores.

Para él era inútil modificar la Carta, pues con un poco de voluntad política se podía dar vigencia a muchas normas constitucionales que sólo estaban en el papel. Pero la vida da muchas vueltas y en 1993 Carlos Gaviria se convirtió en el nuevo presidente de la Corte Constitucional, el organismo creado para salvaguardar la Carta Política de 1991.

Por esa contradicción, a primera vista parecería que Gaviria fuera uno de tantos oportunistas que abundan en Colombia en las épocas de crisis. Pero no. Su cambio de opinión es una de las cosas que más admiran quienes trabajaron con él. No es fácil que una persona que en ese momento alcanzaba los 60 años admitiera que estaba equivocado.

“Paulatinamente me fui dando cuenta de que la actual Constitución, que algunos dicen que es extensa, contradictoria y hasta mal escrita en algunos apartes, le llega mucho más al pueblo que la aparentemente breve y perfecta de 1886”, dijo Gaviria.

Lo cierto es que desde cuando fue nombrado magistrado de la Corte Constitucional en 1993, Gaviria demostró ser una de las personas que mejor conocían la nueva Constitución. Por eso en su momento no fue exagerado decir que si se reunían todos los constituyentes y tuvieran que elegir al presidente de la Corte, la mayoría se inclinaría por Carlos Gaviria.

Este abogado nacido en 1937, en Sopetrán, Antioquia, especializado en la Universidad de Harvard en jurisprudencia y teoría política, fue considerado uno de los magistrados de mayor avanzada de ese organismo. Gaviria entendió que la actual Carta es una de las más evolucionadas del mundo en lo que a derechos fundamentales se refiere. Pero creía que para cubrir ese campo se necesitan jueces que hagan prevalecer la realidad sobre el derecho.

Hay quienes le criticaron a Gaviria que era demasiado objetivo y analítico al tratar un tema. Pero eso, antes de ser un defecto, fue su mayor cualidad -que muchos terminaron aplaudiendo-, ya que ostentaba una condición de juez, una persona que toma decisiones que afectan a los demás.

Como magistrado, Gaviria libró varias batallas. La más reconocida fue la ponencia que al final permitió la aprobación de la dosis personal para el consumo de marihuana y cocaína. “Hay que ser comprensivos con las personas que consumen los estupefacientes”, le dijo Gaviria a Semana.com en diciembre del 2014.

Sus tesis políticas también fueron expuestas en la ponencia que buscaba la legalización de la eutanasia. Ante la urgencia en el tema, el entonces magistrado Gaviria presentó en 1997 una ponencia que fue aprobada por la mayoría de magistrados de la Corte Constitucional.

La misma permitió que la eutanasia fuera considerada una alternativa para quienes se encuentren en el estado terminal de una enfermedad y deseen morir voluntariamente. En el fallo se le solicitó al Congreso regular el tema de manera pronta. A la fecha y tras varios intentos, el Legislativo no ha reglamentado la llamada muerte digna.

El derecho al aborto fue otro de los temas que defendió el exmagistrado. Gaviria avaló y votó a favor de una ponencia en la que se declaró exequible el artículo 345 del Código Penal.

En el 2011 y en pleno debate por el intento de referendo de los integrantes del Partido Conservador de penalizar el aborto, Gaviria se convirtió en un abanderado en la defensa para mantener la despenalización en los tres casos. “Es un recorte de la autonomía del individuo” de decidir sobre su vida. “Es inconcebible dentro de la Constitución”, le dijo a SEMANA.

Los amigos, alumnos y colegas reconocieron en Gaviria a un hombre con ideas liberales que no se quedaron en el discurso, ya que fueron plasmadas en sus ponencias y en las votaciones en temas que afectaban las libertades de los ciudadanos.

Tomado de http://www.semana.com/

Source: Abril 2015