Parteras, mujeres que dan y salvan vidas

Solo el 22% de los países cuentan con un número suficiente de matronas, según el UNFPA
Los 73 países que concentran más del 90% de la mortalidad materna e infantil solo cuentan con el 42% de las parteras y personal médico y de enfermería del mundo.
El Fondo de Población de las Naciones Unidas advierte de que una atención de calidad en el parto reduciría en dos tercios el total de estas muertes.
La ugandesa Agnes Kasaigi y la bangladeshí Ponita Rana Raha comparten su experiencia con eldiario.es tras recibir en Praga el Premio a la Mejor Matrona del Mundo 2014.

Se llama Agnes Kasaigi y es la jefa de la Unidad de Maternidad del Hospital de Buwenge, en Uganda. Desde que era una niña tuvo bien claro a qué se iba a dedicar: ayudar a las mujeres a dar a luz. “Tenía una hermana matrona y era tan inteligente, amable y cariñosa que yo quería ser como ella, así que a los doce años decidí que ése sería mi trabajo”. Cuidar las nuevas vidas y, siempre que pudiera, salvarlas. Agnes acaba de recibir en Praga el premio a la Mejor Matrona del Mundo 2014, concedido por la Confederación Internacional de Matronas (ICM) y Save the Children.

“Nuestro trabajo es muy importante porque de él depende que sobrevivan muchos recién nacidos y muchas madres”. Agnes conversa por videoconferencia con eldiario.es desde la capital checa, donde estos días se ha celebrado el 30º Congreso Trienal de ICM. Junto a ella sonríe Ponita Rani Raha, una matrona de Bangladesh con más de 25 años de experiencia en sus manos y que desde hace cuatro, enseña en la facultad de Enfermería de Dhaka a las futuras parteras de su país. Ponita también ha sido reconocida este año como Mejor Matrona del Mundo. Sin poder ocultar la alegría, reconoce: “este premio me hace sentir una mayor responsabilidad, me anima a prepararme mejor para defender esta profesión y trabajar por los derechos de las madres y los neonatos, para ofrecerles una atención de la mejor calidad posible”. En Bangladesh, la figura de la matrona no ha existido específicamente como categoría profesional hasta el año 2012.

Ambas son conscientes de los grandes desafíos que entraña esta especialidad, independientemente del lugar donde se ejerza. En 2013, 289.000 mujeres murieron debido a complicaciones en el parto, alrededor de tres millones de recién nacidos fallecieron durante el primer mes de vida y 2,6 millones nacieron muertos. Además, una mujer tiene 100 veces más probabilidades de morir durante embarazo o el parto en el África subsahariana que en un país industrializado. Son datos del informe El Estado de las Parteras en el Mundo 2014, elaborado por el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), en coordinación con ICM y la OMS, en el que han colaborado una treintena de organismos de ayuda al desarrollo y que se ha presentado en Praga, coincidiendo con la reunión internacional de matronas.

El documento analiza el panorama de la partería en 73 países de ingresos bajos y medios de África, Asia y América Latina en los que se concentran el 96% de las muertes maternas mundiales, el 91% de los mortinatos (bebés que nacen sin vida) y el 93% de las muertes neonatales (recién nacidos que no llegan a los 28 días de vida). La primera llamada de atención es que estos 73 países, donde tiene lugar la práctica totalidad de las muertes, tan solo cuentan con el 42% de las matronas y personal médico y de enfermería que existe en el mundo.

El déficit de matronas con la adecuada capacitación es un problema evidente. En la actualidad, tan solo el 22% de los países cuentan con una cantidad suficiente de parteras preparadas para atender a mujeres y recién nacidos. Según el UNFPA, una inversión en atención de partería de calidad podría evitar aproximadamente dos terceras partes de las muertes maternas y neonatales, millones de vidas cada año. Sin ella, el mundo está todavía lejos de cumplir con esos Objetivos del Milenio.

“Necesitamos más matronas, sobre todo en zonas rurales”

Ponita Rani asistió un parto por primera vez cuando era una estudiante. “Estaba en cuarto año de Enfermería, era de noche y el bebé vino inesperadamente en la casa familiar. Yo todavía no tenía experiencia y me tocó conducir el parto, estaba muy nerviosa pero fue un momento muy emocionante para mí”, recuerda.

Es ese “momento dorado”, en palabras de Agnes Kasaigi, lo mejor de esta profesión que, escuchándolas, se advierte profundamente vocacional. “Cuando el bebé llora por primera vez, eso es lo más emocionante”, afirma esta mujer, considerada una experta a la hora de ayudar a respirar a los neonatos con problemas.

La unidad de Maternidad que dirige en el Hospital de Buwenge fue seleccionada para poner en práctica el programa Helping Babies Breathe (Ayudando a los bebés a respirar) un servicio de resucitación de bebés que ha ayudado a reducir el número de muertes. En su unidad reciben una treintena de mujeres al día y atienden unos cuarenta partos al mes. Un pequeño grano de arena en comparación con la totalidad. En Uganda, un país en el que el 87% de la población vive en zonas rurales, se contabilizan cada año cerca de dos millones y medio de embarazos mientras que el total de matronas ronda las 7.000, según el UNFPA.

Tanto Agnes como Ponita son conscientes de que los principales retos están en las zonas rurales. “Necesitamos más parteras, más conocimientos y habilidades y más equipamiento para poder salvar a más niños y madres, especialmente en las zonas rurales”, advierte Agnes. “Son esas las áreas que requieren de mayor ayuda. Se necesita más educación en temas de salud sexual y reproductiva, allí se desconocen muchas cosas como que las mujeres tienen que prepararse para el parto, saber reconocer las señales del cuerpo o identificar el momento en que deben acudir al hospital”, detalla.

En Bangladesh, 111 millones de personas –el 72% de la población- vive en zonas rurales. De ellas, 43,2 millones son mujeres en edad reproductiva. “Nuestro mayor desafío es la asistencia a madres en áreas rurales. No hay un número suficiente de matronas con la preparación adecuada, se necesita más formación, especialmente en el interior de estas comunidades. Es importante educar a nuevas matronas para que ayuden a las madres en los partos, sobre todo en aquellos lugares que carecen de facilidades de transporte”, apunta Ponita. “Necesitamos mejorar las condiciones de los partos que se producen en las casas, aumentar las habilidades para hacer frente a complicaciones que puedan surgir”, recalca.

Las dos han visto morir a madres por acudir demasiado tarde al hospital. Según el informe, las cuatro causas principales de mortalidad materna son las hemorragias graves, infecciones, hipertensión durante el embarazo y abortos en condiciones de riesgo. Ponita guarda muchas experiencias en su memoria, pero recuerda una en especial. “Una noche estaba de guardia en el hospital. De madrugada, muy tarde, vino una mujer muy pobre acompañada de su madre, que era una señora anciana, de 85 años o más. La mujer llegó en un estado muy grave, se estaba muriendo. Había dado a luz en su casa pero tuvo una hemorragia postparto. Junto con todo mi equipo tratamos de ayudarla pero fue imposible, murió. Ver a su madre, tan mayor y desamparada, que había perdido a su hija y no podía siquiera trasladarla fue un shock. Aprendí lo importante que es que la gente sepa cuando debe ir al hospital y tengan facilidades para hacerlo. Si hubieran llegado antes habríamos podido salvar su vida”.

Los sueldos, entre los más bajos

La formación de nuevas parteras y la educación en salud sexual y reproductiva es fundamental. Pero existen otros factores a los que también se debe prestar atención y que suelen pasar más desapercibidos. “No podemos olvidar que hay muchas parteras que están abandonado la profesión y una de las razones fundamentales son los salarios”, revela Agnes, que pide más apoyo para paliar la pérdida de profesionales.

“El estatus y la identidad que confiere una profesión suelen influenciar su atractivo y esto, en parte, se ve reflejado en las tablas salariales de cada país”, establece el UNFPA en su informe. Las matronas no salen muy bien paradas. En los países más empobrecidos los sueldos de las parteras están entre los más bajos. Cobran, comparativamente, más de dos veces y medio menos que en países de ingresos medios.

Las matronas reclaman también una mejor percepción y aceptación de su trabajo ya que muchas veces éste se ve atravesado por sesgos de género. Según el UNFPA, entre las razones que explican por qué las mujeres no buscan los cuidados de una matrona figuran: creencias sociales, culturales o religiosas; la sobrecarga de trabajo de las parteras que, además de ser pocas en número, suelen tener que ocuparse de otras tareas no relacionadas con su labor; la falta de información o conocimiento del rol de una matrona; barreras geográficas o económicas; o una visión que minusvalora el trabajo de una matrona y lleva a la gente, en algunos países, a preferir pagar a un médico al considerarse su estatus social superior al de una partera.

En Praga, Agnes y Ponita han compartido preocupaciones con colegas de diferentes regiones del mundo. “Me he dado cuenta –rescata Ponita- de que las condiciones en que se desarrolla la partería son muy similares en muchos países muy distintos”. Mujeres como ellas han pedido a sus gobiernos y a la comunidad internacional un mayor reconocimiento de su trabajo. “Las matronas somos la voz de las mujeres embarazadas y sus bebés, somos las primeras personas que tocamos esa vida, creo que la gente todavía no comprende del todo lo que esto significa, lo importante que es, pero también pienso que algo está cambiando”, asevera la ugandesa.

Hace un par de años Agnes atendió un parto especial. Una mujer dio a luz a gemelos pero una de ellas nació muy débil, prácticamente no respiraba. Sin pensárselo dos veces, Agnes puso un pañuelo sobre la boca del bebé y comenzó a soplar hasta que la criatura recuperó la consciencia y se estabilizó. “La madre me dijo que gracias a mí su bebé había sobrevivido y la llamaron Agnes”. No es la única niña que, en su honor, se llama igual que esta matrona. Al fin y al cabo, dice complacida, “¡es un nombre bonito!”.

Fuentehttp://www.eldiario.es/

 

Source: Junio 2014

[Perú] Feministas rechazan protocolo de aborto terapéutico del Minsa

[Perú] Feministas rechazan protocolo de aborto terapéutico del Minsa
Postura. Organizaciones de mujeres señalan que documento no toma en cuenta observaciones de la OMS. Llevarán el caso ante la ONU en Suiza este 1 de julio.

Diversas organizaciones femeninas como Manuela Ramos, Demus, Promsex y Católicas por el Derecho a Decidir expresaron su rechazo al protocolo de aborto terapéutico propuesto por el Ministerio de Salud (Minsa), puesto que no cuenta con los estándares establecidos por la Organización de la Salud (OMS) y porque atenta contra el Código Penal.

Rossina Guerrero, directora general de Promsex, indicó que el referido protocolo del Minsa posee toda las fallas que la OMS rechaza en este tipo de documentos. Por ejemplo, la no necesidad de contar con un testigo para acceder al aborto, según la OMS y que el Minsa sí aprueba.

“La OMS señala que el procedimiento debe ser sencillo, pero el Minsa pone barreras en varios momentos distintos para que el embarazo avance y sea más riesgoso para que al final la mujer desista o muera”, dio como ejemplo Guerrero.

Expresó que solo en el 2013, 122 mujeres murieron por causas que pudieron evitarse con el acceso al aborto terapéutico y dijo que si se aprueba el protocolo del Minsa, más mujeres no tendrán oportunidad de salvaguardar su vida.

Otro punto a tomar en cuenta es que el Código Penal (artículo 119) permite la interrupción del embarazo cuando la vida de la madre se encuentra en peligro o para evitar un mal grave y permanente en su salud. Al respecto, Guerrero señala que De Habich se empeña en no cumplir la ley y que incluso está en desacato de acuerdo con lo recomendado con el Ministerio de Justicia.

“El año pasado, la ministra envió al Ministerio de Justicia la propuesta del protocolo, y Justicia le señaló los puntos que no debe incluir. Sin embargo, el Minsa ha hecho caso omiso a las observaciones”, criticó. Además, indicó que desconoce las motivaciones de la ministra, ya que aún no les ha dado apertura ni a las sociedades civiles y médicas para tratar el tema. A esta observación se unió el parlamentario andino Alberto Adrianzén: “Es lamentable, además, que la propuesta de protocolo del Ministerio de Salud no recoja lo señalado por el Ministerio de la Mujer y la Defensoría del Pueblo”. En tanto, Guerrero anunció que en representación de Promsex viajará este 1 de julio a Suiza, donde el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de la ONU evaluará el caso de L.C., una joven que quedó cuadrapléjica y se le negó el aborto terapéutico. “Exigiremos que el Estado peruano sea sancionado por no cumplir con esta joven y por querer aprobar un protocolo ilegal”, recalcó.

Claves

A las organizaciones feministas se unen también la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología, la Federación Latino Americana de Sociedades de Obstetricia y Ginecología y la Asociación Internacional de Salud Mental para Mujeres.

Se mostraron en contra de las trabas administrativas del protocolo y que debe estar ceñido a los estándares que establece la OMS.

Fuentehttp://www.larepublica.pe/

Source: Junio 2014

#España: Más de 170 organizaciones piden a la vicepresidenta que retire reforma aborto

#España: Más de 170 organizaciones piden a la vicepresidenta que retire reforma aborto

Un total de 176 organizaciones han enviado una carta a la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en la que solicitan la retirada del anteproyecto de la ley del aborto por considerar que éste “no respeta” las obligaciones que el Estado tiene contraídas en materia de derechos humanos.

Un total de 176 organizaciones han enviado una carta a la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en la que solicitan la retirada del anteproyecto de la ley del aborto por considerar que éste “no respeta” las obligaciones que el Estado tiene contraídas en materia de derechos humanos.

En la misiva, las organizaciones defienden que la aprobación definitiva de la reforma del aborto provocaría “múltiples” vulneraciones del derecho a la salud, a la vida y a la información de las mujeres y niñas “afectando de manera desproporcionada” a las que se encuentran en situación de vulnerabilidad.

Asimismo, consideran que la norma limitaría el derecho de las mujeres y las niñas a tomar decisiones “libres e informadas” por sí mismas.

Señalan que el anteproyecto introduce disposiciones penales que tendrían un “impacto negativo” en el trabajo de los profesionales de la salud “creando un clima de miedo” que, a juicio de las organizaciones, podría llevar al personal médico a rechazar casos y no poder informar adecuadamente a las mujeres.

“Pone bajo cuestión el juicio médico de los profesionales de la salud y limita su capacidad de proveer información, consejo y servicios médicos a sus pacientes”, destacan las organizaciones en la misiva.

También indican que “diversos mecanismos” de Naciones Unidas y el Consejo de Europa han recordado que las leyes restrictivas de acceso al aborto no consiguen reducir el número de interrupciones del embarazo , sino que incrementan el número de intervenciones ilegales y contribuyen al aumento de la maternidad materna.

En este sentido, afirman que las últimas recomendaciones de Naciones Unidas específicamente del Comité de derechos económicos, sociales y culturales instan al Gobierno español a garantizar la plena aplicación de la ley del aborto actualmente en vigor. 

(Agencia EFE)

Fuentehttp://noticias.lainformacion.com

Source: Junio 2014

[Chile] Aborto. Debatamos sin hipocrecía

[Chile] Aborto. Debatamos sin hipocrecía

Declaración de la Articulación Feminista por la Libertad de Decidir

El anuncio presidencial del 21 de Mayo sobre la despenalización del aborto en tres causales, ha desatado un debate que hacía falta y que por muchos años se pretendió silenciar desde los partidos políticos, el Parlamento y las jerarquías eclesiásticas, aun cuando el aborto inseguro realizado en condiciones de riesgo, durante décadas ha sido una realidad cotidiana que viven las mujeres en el país.

La AFLD ha venido sosteniendo el aborto libre seguro y gratuito como una libertad fundamental de las mujeres en el marco de los derechos humanos y se hace parte del debate puntualizando los siguientes aspectos.

  1. La gran mayoría de los abortos que ocurren en el país obedecen a diversas causas económicas, sociales y subjetivas; sólo un número muy limitado se debe a embarazos que implican peligro de vida para la mujer, inviabilidad post parto del feto, o que son producto de violación. Países con estadísticas en la materia informan cifras inferiores a 10%.  Por consiguiente, la propuesta del gobierno aborda la casuística excepcional y no responde al problema real que representa el aborto en el país, esto es, una vulneración de derechos humanos y libertades de las mujeres.
  2. Todo embarazo no deseado violenta los cuerpos y la emocionalidad de las mujeres impactando su bienestar físico, mental y social en sentido amplio. La libertad de decidir la interrupción de los embarazos no deseados es, primordialmente, una cuestión de derechos humanos, en especial derechos sexuales y reproductivos, pero también, del derecho a la salud, del derecho a vivir sin violencia y del derecho a no ser sometidas a tortura ni a tratos crueles, inhumanos o degradantes.
  3. Aunque en Chile todos los abortos se realizan de manera clandestina, el acceso a la interrupción del embarazo está determinado también por la condición social de las mujeres. Quienes disponen de recursos económicos pueden acceder a aborto médico o por aspiración, con seguimiento profesional. Las mujeres pobres abortan además en condiciones inseguras, en su mayoría sin apoyo profesional. Son ellas las que corren el riesgo de ser  delatadas y encarceladas cuando demandan atención en los servicios de salud públicos por complicaciones que hacen peligrar sus vidas.
  4. Los argumentos condenatorios de los sectores conservadores de dentro de la Nueva Mayoría y de la derecha tradicional, cuestionan la autonomía de las mujeres y su capacidad para decidir sobre sus vidas, objetando de facto su calidad de sujetas de derechos, imponiéndoles la obligación de ser madres y desentendiéndose de los acuerdos del 99% de la población mundial en materia de derechos humanos. No olvidemos que sólo el 1% de la población mundial comparte legislaciones punitivas como son las de Chile, Vaticano y Malta.
  5. Habitualmente, en el debate se considera que las voces autorizadas son las del Parlamento, profesionales de la salud y del derecho, así como las de jerarquías eclesiásticas. La voz de las mujeres está ausente, cuando lo que está en discusión tiene que ver con sus cuerpos, su sexualidad, su reproducción, sus derechos, sus libertades, su futuro.  Sus vidas están intervenidas desde el Estado y la sociedad.
  6. Una sociedad con el nivel de exclusión y desigualdad como la chilena, con un Estado que no garantiza la libertad de decidir, la protección del derecho de las mujeres a una maternidad voluntaria, a una vida libre de violencia y tortura, así como el derecho a la salud y al acceso universal a servicios de anticoncepción, si de verdad aspira a equipararse con los países más avanzados, requiere abrir el debate sobre el aborto más allá de las causales médicas, erradicar la cultura patriarcal y dar paso a una democracia efectivamente inclusiva, con igualdad de derechos y libertades entre mujeres y hombres.

¡Libertad de decidir!

¡Aborto ilegal, violencia estatal!

¡Aborto legal, seguro y gratuito!

Junio 2014

Source: Junio 2014

Mujeres demandan despenalizar aborto y endurecer penas por feminicidios

Mujeres demandan despenalizar aborto y endurecer penas por feminicidios

Santo Domingo.- Un grupo de mujeres, organizadas en el Foro Feminista, demandó hoy ante el Congresola despenalización del aborto, prohibido en el país, y que se endurezcan las penas contra los acusados de feminicidios.

El Foro denunció las supuestas intenciones de representantes de la Iglesia católica de impedir la despenalización del aborto terapéutico y la tipificación del feminicidio en el nuevo Código Penal, actualmente en discusión en el Congreso.

Señaló que esto es “inaceptable”, al tiempo que dijo que es deber del Estado “reconocer y proteger derechos humanos de las mujeres así como la voluntad y opinión de la ciudadanía”.

El grupo demandó la inclusión de lafigura del feminicidio en el nuevo Código Penal porque, según explicó, “al igual que otros delitos, como el infanticidio y el parricidio, la tipificación del feminicidio visibiliza la mayor peligrosidad y gravedad que conlleva dar muerte a una mujer mediando ideologías machistas y relaciones desiguales de poder del autor sobre la víctima, y éste es un mensaje dirigido a educar a la sociedad y reducir la comisión de estos hechos”.

Según el Foro Feminista, cada año, más de 150 mujeres en promedio pierden la vida en el país víctima de la violencia machista.

La República Dominicana, apuntó, es uno de los países de la región que presenta las más altas tasas de feminicidios, al llegar a 1.27 por cada 100 mil habitantes

Por otra parte, el Foro señaló que la República Dominicana es uno de los ocho países del mundo en que se criminaliza el aborto en todas las circunstancias.

“Este hecho, lejos de denotar una excepcional protección del Estado a los Derechos Humanos, nos ubica en la reducida lista de países que en siglo XXI aún no reconocen que la total penalización del aborto representa una flagrante violación de Derechos Humanos de las mujeres, entre ellos del derecho a la vida, a la salud, a la dignidad, a la integridad y a la no discriminación”, señaló. EFE

Fuentehttp://www.7dias.com.do

 

Source: Junio 2014

La ciudad con más violencia sexual contra la mujer en Colombia

La ciudad con más violencia sexual contra la mujer en Colombia

Según Medicina Legal, en Bogotá, cada tres horas es agredida sexualmente una mujer.

Hace poco más de un año, el caso de Rosa Elvira Cely conmocionó a todo el país y aunque no todos los abusos contra la mujer logran el mismo despliegue mediático, a diario, la capital de Colombia se despierta con cerca de ocho nuevas víctimas de violencia sexual.
 
Semana.com conoció un informe del Instituto Nacional de Medicina Legal (INML) que pone a Bogotá como la ciudad con más casos de violencia sexual contra las mujeres.
 
En todo el país, en el 2013, cada 13 minutos una mujer fue víctima de violencia de pareja. En Bogotá, cada día 17 mujeres son víctimas de ese tipo de violencia, mientras en Antioquia se registraron cerca de 14 mujeres y en Cundinamarca, aproximadamente 12.
 
Con respecto al 2003, este tipo de violencia ya ha crecido cerca del 16 %. La Serie de Estudio a Profundidad de la Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDS)  para la última década (2000-2010) dice que el 74,6 % de las mujeres han sido violentadas por su última pareja, y a pesar de esto, el 73 % no ha denunciado su caso.
 
En el caso de violencia sexual, cada hora dos mujeres fueron víctimas de violencia sexual, según cifras del INML. En Bogotá se registró el mayor número de casos: una mujer fue víctima de violencia sexual cada tres horas, seguido de Antioquia, con una mujer cada cuatro horas, y Valle del Cauca, una mujer cada seis horas.
 
Para el 2013, se muestra un aumento del 40 % de asesinatos a mujeres, por violencia intrafamiliar y por delito sexual, con respecto al 2011, según Medicina Legal. 
 
Este año el panorama sigue parecido. En Bogotá, según las cifras de la Secretaría Distrital de la Mujer, desde el 1 de enero y hasta el 30 de abril del 2014, se registraron 41 mujeres asesinadas, es decir, aproximadamente 11 mujeres al mes.
 
El 73 % de estas mujeres fueron asesinadas en espacio público, el 68 % con arma de fuego, el 58 %  de las víctimas tenían entre 18 y 39 años de edad y al 32 % las asesinaron los fines de semana.
 
Las cifras de presunto delito sexual registran que el 83 % de las víctimas son mujeres. Desde el 1 de enero hasta el 30 de abril del 2014 se han practicado 882 dictámenes sexológicos a mujeres en Bogotá, de los cuales el 84 % son víctimas menores de 18 años de edad; el 47 % son víctimas de familiares, pareja o expareja, y el 68 % de los casos se presenta en la vivienda de la víctima, del victimario o en otras viviendas.
 
En el mismo lapso se registraron 3.245 casos de violencia interpersonal contra mujeres, 479 mujeres violentadas por sus familiares y 2.441 mujeres violentadas por sus parejas, de acuerdo con los cálculos realizados por el Observatorio de Mujeres y Equidad de Género de la Secretaría Distrital de la Mujer (OMEG), a partir de los datos expuestos por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (CRNV).
 
Pero ¿qué está haciendo el Distrito para evitar que las escalofriantes cifras sigan en aumento? 
 
La Secretaría Distrital de la Mujer dispuso una ruta de atención para que los gritos de las mujeres no queden impunes.
 
Se trata del Sistema, Orgánico, Funcional, Integral, Articulador (SOFIA), la apuesta distrital para que las violencias contra las mujeres sean denunciadas, sancionadas como delitos, y los derechos de las víctimas sean protegidos y restablecidos de manera integral.
 
A través del Sistema Distrital de Protección Integral a las Mujeres Víctimas de Violencias, las mujeres de Bogotá pueden acudir a una ruta de asistencia especial en caso de ser víctimas de cualquier tipo de  violencia.
 
Este sistema fue creado por el Concejo de Bogotá del 2009 para fortalecer la coordinación intersectorial en materia de prevención de las violencias contra las mujeres y la atención integral a las víctimas.
 
La secretaria de la mujer, Martha Lucía Sánchez, le dijo a Semana.com que todos los servicios del Distrito para las mujeres que estén en riesgo de ser víctimas de violencia son gratuitos. 
 
“La información acerca de los derechos, los mecanismos y las rutas para hacerlos efectivos es gratuita en la ciudad; prestada por profesionales especialistas en diferentes tipos de violencias, que le indican cómo acceder a los servicios disponibles para la atención oportuna y la protección. La ciudadanía puede acudir a ellos a través de: casas de justicia, casas de igualdad de oportunidades, y líneas telefónicas”, explicó la funcionaria.
 
Hay varias líneas telefónicas destinadas sólo para estos casos, la 155, 195 y la 123, para orientación a las mujeres víctimas, información de trámites y servicios y de emergencias. Aunque las cifras en Bogotá han bajado este año con respecto a años anteriores, siguen siendo altas. La clave, según las autoridades en el tema, es denunciar cualquier tipo de agresión.
 
 

Source: Junio 2014

La urgente demanda del aborto en Chile

La urgente demanda del aborto en Chile

La demanda del aborto es una de las demandas por los derechos sexuales y reproductivos que buscan reestablecer los derechos básicos de la mujer. Ninguna de estas demandas son nuevas. Desde 1935 el Movimiento Pro Emancipación de la Mujer Chilena, MEMCH, ha planteado los problemas que conllevan el aborto clandestino, la prostitución, y la maternidad. Asimismo se planteó en su momento la necesidad de la igualdad salarial, el derecho a voto y participación política, la defensa de las trabajadoras obreras y sindicalización de las trabajadoras domésticas, entre otros[1]. La presencia histórica de estas demandas no hace sino poner de relieve la lamentable vigencia y persistencia de muchos de estos problemas.

¿Cómo hemos llegado acá? Es necesario recordar que el aborto terapéutico fue regulado en el Código Sanitario de 1931, pero fue posteriormente derogado en 1989 por la Ley 18.826, siendo una de las últimas medidas de la dictadura militar. El escenario actual deja a Chile como uno de los siete países más hostiles respecto a la autonomía de las mujeres. El hecho de que en todos estos años no hayamos podido modificar la actual regulación, heredera de la dictadura, debe hacernos reflexionar no sólo sobre la violación de los derechos humanos de las mujeres,[2] sino también sobre el grado en que somos todavía hijos de un régimen constitucional que no ha sido sancionado democráticamente. La necesidad de volver a legislar sobre el aborto debe ser un paso a la democracia y a la libertad. La actual legislación se funda en un silenciamiento político de las necesidades básicas de la población, silencio que esconde profundas injusticias de género, de edad y de clase arraigadas en la sociedad chilena[3].

Cabe destacar, por ejemplo, que no se han cumplido los compromisos internacionales en relación a los derechos sexuales y reproductivos. En enero de este año, el país se sometió por segunda vez al Examen Periódico Universal (EPU) ante Estados miembros de las Naciones Unidas. En el primer examen realizado en 2009, ya se había instado a Chile a modificar las leyes relativas al aborto pero Chile rechazó expresamente dichas sugerencias[4]. En este nuevo examen 10 países recomendaron modificar legislación pero Chile nuevamente sólo tomó nota y la representante del SERNAM en la delegación reiteró que la Constitución protege la vida desde la concepción y que el aborto es un delito. Se recomendó instar a iniciar un debate público sobre el aborto en caso de necesidad médica diagnosticada y despenalizarlo en esos casos (recomendación 121.135 del Grupo de Trabajo EPU del informe del 30 de enero); tomar medidas para garantizar el total y efectivo reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos, en particular a través de la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo (121.137), entre otras similares. Asimismo sigue pendiente la ratificación de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), que fue reconocida por el Estado chileno en 2001 pero que desde el año 2004 se encuentra en el senado.

Que el aborto esté prohibido y que sea ilegal en todas sus prácticas, no significa que no ocurra. Reciente estimaciones hablan de entre 60.000  a 70.000 abortos por año [5].  En esa situación de clandestinidad, la práctica abortiva, lejos de garantizar que su realización en condiciones seguras y dignas, genera una situación de suma vulnerabilidad para las mujeres en general y en particular aún más difícil para aquellas mujeres y familias que carecen de los medios económicos, culturales y sociales para procurarse esas condiciones de seguridad privadamente. La creciente desigualdad del país se traduce en el caso del aborto que sólo algunos pocos pueden acceder a un aborto realmente seguro y sin miedos; la autonomía de la mujer deja de ser un derecho y se transforma en un privilegio al que acceden quienes tienen dinero para comprarlo y las redes de contacto para mantener las apariencias. Esta doble discriminación, de género y clase, es quizás lo que más debe convocar nuestros esfuerzos.

Un caso interesante es el de la droga Misoprostol, diseñada para el tratamiento de úlceras gástricas, pero que provoca contracciones uterinas y de esta forma interrumpe la gestación. En Chile se ha comenzado a usar masivamente ya que es un método en que no se necesita la intervención de un tercero y es uno de los mejores y más seguros modos para provocar un aborto. La Organización Mundial de la Salud ha reconocido su uso ginecológico ya sea para acelerar el parto o interrumpir un embarazo de hasta 12 semanas de gestación[6]. En el país desde el año 2001 la compra de Misoprostol se restringió a receta retenida y hoy sólo se encuentra en el mercado negro. El uso del Misoprostol ayuda enormemente a reducir los riesgos asociados a otros tipos de abortos, pero de todas maneras equivocaciones en la cantidad de semanas y dosis utilizada puede causar complicaciones. La información de cómo utilizar el medicamento se encuentra en la red y existen colectivos feministas que entregan información telefónica y en la web sobre la realización del procedimiento y el marco legal del aborto en Chile[7]. Sin duda esto ha sido de una ayuda enorme. Sin embargo, por razones legales no pueden entregar información sobre dónde conseguirlo. Muchas mujeres se ven así expuestas a estafas y riesgos, además de que el acceso al medicamento es más fácil en sectores más acomodados, con mayor acceso a internet, contactos y dinero para costear las pastillas (el cual varía entre 40 a 200 mil pesos).

Otro caso es el de los hospitales públicos, del que provienen la mayoría de las denuncias[8].  Esto refuerza la idea que el aborto es un delito principalmente femenino[9] y la persecución y criminalización, recae con especial fuerza sobre mujeres pobres. Parte del personal de salud opta por acusar a las mujeres que llegan con rastros de haberse provocado un aborto y no reguardan la confidencialidad con su paciente, desvirtuando la relación de confianza que debiera existir. El resultado es que el personal de salud se transforma en un persecutor de las mujeres, contando con mayores privilegios para la interrogación que los propios fiscales, puesto que las mujeres que llegan a un servicio de salud por complicaciones y con temores se ven forzadas a confesar. El problema que llama la atención es que gran parte de lo/as médico/as o enfermera/os y matrona/os desconocen el instructivo sobre tratamiento humanizado a la mujer que aborta del Ministerio de Salud[10].

Por mucho tiempo en Chile no se habló de aborto ni de derechos sexuales y reproductivos. El silencio ha tenido como consecuencia no sólo que el aborto no haya sido un tema abierto a un debate real, sino también que muchas mujeres sientan profunda soledad y abandono al no tener con quién hablar o a quién recurrir en caso de estar embarazadas. Hacer del aborto un tema tabú genera profundos temores asociados a la vida, salud y a enfrentar un eventual proceso penal. La clandestinidad, asimismo, permite el maltrato: humillación y abuso por parte de operadores de justicia, policías y profesionales de la salud e igualmente por quienes realizan el aborto.

Una de las tácticas usadas por quienes están en posiciones en el poder es la supresión y silenciamiento de los grupos históricamente oprimidos. Tal como Luther King señala en su Carta desde la Cárcel de Birmingham, los poderosos no van a ceder sus derechos por puro gusto, y en ese sentido es fundamental que la presión social se organice y se ejerza.

De Uruguay nos llega una señal muy positiva con la aprobación de ley de aborto, vigente desde diciembre de 2012. Es un ejemplo para la región de cómo los colectivos sociales y en especial las feministas lograron posicionar, luego de 30 años de lucha, sus demandas y plasmarlas en cambios concretos en la legislación. De esta forma Uruguay se une a Cuba, Guyana y Puerto Rico en la aprobación del aborto en las primeras semanas de gestación sin necesidad de presentar un motivo determinado.

En Chile recién estamos rompiendo el silencio haciendo que las organizaciones cobren fuerza. La discusión del aborto en los debates presidenciales del 2013 pareció un avance de la discusión pública de las problemáticas del aborto, así como la propuesta del programa de Bachelet de despenalizar el aborto en tres causales parece ser un avance en políticas públicas más respetuosas de los derechos de la mujer.

Pero todavía hay mucho por andar, y por eso la labor de las nuevas redes de solidaridad, como las líneas de información sobre aborto, será crucial en un país donde el individualismo extremo pareció por mucho tiempo estancar toda idea de comunidad y donde el principio de igualdad en muchos casos no se traduce en ninguna relación humana real.

A través de los movimientos sociales se está buscando recuperar la participación política, la actividad cívica y un real acceso y ejercicio a los derechos. En este proceso, la perspectiva de género es fundamental. Se ha evidenciado una rearticulación del movimiento feminista, incorporando nuevas generaciones y agentes, y una de las demandas urgentes es la legalización del aborto. Recientemente se configuró la “Coordinadora Feminista” que está conformada por distintos grupos y colectivos que incluyen también representantes secundaria/as, universitarias, sindicatos y otras organizaciones sociales. La “Articulación Feminista” también ha incorporado distintos actores.

Los derechos sexuales y reproductivos comprenden no sólo el derecho de las personas a decidir libre y responsablemente sobre el número y espaciamiento de sus hijos, y tener la información, educación y medios para hacerlo, sino también el acceso a la información, los servicios y el apoyo necesarios para tener una vida sana, libre y plena en el ámbito de la salud reproductiva y sexual, sin discriminación de edad, género, raza, orientación sexual, estado civil, condición socioeconómica, etc.En este sentido, por cierto, para poder ejercer dichos derechos es necesaria una educación sexual no sexista, laica y accesible para todo/as, no sólo quiénes pertenecen a cierta clase social o un entorno determinado. Debe también garantizarse el amplio acceso a métodos anticonceptivos eficaces. Un régimen neoliberal que ha constantemente desbaratado el sistema público de salud, tiene como resultado la incapacidad de otorgar atención digna que fomente una sexualidad libre y responsable, lo que se agrava en la población adolescente. Como consecuencia, los embarazos adolescentes tienen números altísimos y un sesgo de clase: quienes se embarazan provienen en su gran mayoría de sectores más vulnerables lo que ayuda a perpetuar el círculo de la pobreza.[11]

La demanda del aborto es urgente porque la regulación actual sitúa a las mujeres en situaciones de vulnerabilidad y sufrimiento que son evitables.No puede ser que unos pocos privilegiados puedan costearse un aborto en una clínica privada o en el extranjero mientras quien no dispone de recursos deba exponerse a una serie de riesgos fácilmente evitables. La situación del aborto en Chile es también la expresión de nuestra paradójica condición de mujeres en un país que protege y garantiza la libertad económica y la propiedad privada sin permitir disponer autónomamente de nuestros cuerpos. Como la declaración del MEMCH ya señalaba en 1935: “La mujer tiene derecho a la maternidad consciente, o sea solamente voluntaria, en los casos en que su estado de salud y condiciones económicas se lo permitan.” Tenemos por delante el enorme desafío de hacer valer la autonomía reproductiva de las mujeres como agentes y ciudadanas para poder ejercer nuestros derechos civiles y políticos.

 *Esta columna fue publicada originalmente en marzo en  RED de Estudios para la Profundización Democrática

Notas

[1] Rescatado de http://www.dibam.cl/Recursos/Contenidos/Archivo%20Nacional/archivos/Declaración%20de%20principios.pdf

[2] La penalización vulnera el deber de garantía y protección de los derechos humanos de las mujeres a la autonomía; a la igualdad; a la integridad y seguridad personal; a la vida; a no ser sometido a un trato cruel, inhumano y degradante; a la privacidad; al debido proceso; y a la salud.

[3] Parte de la información presentada en esta columna es el resultado de una investigación del Informe Anual sobre Derechos Humanos en Chile 2013, del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales, realizada junto a Lidia Casas y otras colaboradoras. En dicha investigación se realizaron 61 entrevistas a mujeres que se habían practicado aborto, personal de salud y parejas o acompañantes en el proceso. La investigación completa se puede descargar en:http://www.derechoshumanos.udp.cl/wp/wpcontent/uploads/2013/10/libro_DD_HH_capitulo2.pdf.

[4] Examen Periódico Universal, Responses to recommendation, Chile, párr. 98, en http://www.upr-info.org/IMG/pdf/Recommendations_to_Chile_2009.pdf

[5] Datos proporcionados por Olav Meirik, Instituto Chileno de Medicina Reproductiva. La estimación se efectúa a partir de tasa global de fecundidad, mujeres en edad fértil y mujeres que usan anticoncepción, www.icmer.org

[6] Organizacion Mundial de la Salud (OMS), Safe Abortion: Technical and Policy Guidance for Health Systems, 2a ed., 2012, pp. 45-46.

[7] Desde el 2009 funciona el colectivo Red de Feministas y Lesbianas por el Derecho a la Información con Línea aborto seguro y desde este año funciona Línea aborto libre.

[8] Defensoría Penal Pública, Delitos de aborto e infanticidio: Delitos procesados en Chile, 2009, sin publicar.

[9] Cuando los hombres son perseguidos criminalmente, suelen serlo por realizar los abortos o por ejercer violencia en contra de una mujer causando la interrupción del embarazo.

[10] Ministerio de Salud, Ordinario A15/1675, 24 de abril de 2009.

[11] Un estudio de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flacso, que revela que la proporción de padres adolescentes en la comuna más pobre de Santiago era entonces 22 veces mayor que en una de las comunas más ricas de la capital.

Fuentehttp://www.sentidoscomunes.cl/

Source: Junio 2014

[México] Rechaza Congreso de Guerrero en comisiones ley por el derecho a decidir

[México] Rechaza Congreso de Guerrero en comisiones ley por el derecho a decidir

Con nueve votos a favor, una abstención y cinco en contra, los legisladores de las comisiones unidas de Equidad de Género, Justicia y Salud del Congreso de Guerrero aprobaron el dictamen que desecha la iniciativa de reforma enviada por el gobernador Ángel Aguirre Rivero que propone la interrupción legal del embarazo en la entidad hasta la semana 12 de gestación. 

Dicho dictamen está basado en la argumentación presentada por el legislador del Partido Acción Nacional, Jorge Camacho, quien señaló que “se habla de un humano cuya vida comienza desde la fecundación, un individuo que merece, sin duda, protección estatal de su derecho”.

El legislador aseguró durante su intervención que  “No ha habido prisa para abordar este tema, el Congreso recibió la iniciativa del gobernador Ángel Aguirre y lo abordó con seriedad, escuchó a diversas voces, especialistas en diversas ramas, incluyendo a la ministra Olga Sánchez Cordero.

Subrayó que fue la ministra Olga Sánchez Cordero, en una reunión con diputados, celebrada la semana pasada, quien precisó que con el fallo de la reforma en el Distrito Federal, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que corresponde a los Estados de la República, en pleno uso de su autonomía y soberanía legislar en materia de aborto, a favor o en contra.

Es por esta razón, dijo el diputado Camacho, tomar la decisión de desechar la iniciativa de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversos artículos del Código Penal del Estado y la Ley número 1212 de Salud del Estado de Guerrero, está apegada a derecho, pero sobre todo, responde a un proceso democrático y de libre expresión de soberanía popular

Por su parte, la diputada presidenta de la Comisión de Equidad de Género, Ana Lilia Jiménez Rumbo, indicó que en el dictamen se ponderaron las opiniones de la gente y “la mayoría rechaza la despenalización del aborto”.

En la próxima sesión del Pleno, el dictamen que rechaza todas las propuestas del Ejecutivo será votado por los diputados del Congreso local, lo cual podría ocurrir la próxima semana.

En caso de que la mayoría de los legisladores estén en contra del dictamen elaborado por las comisiones unidas, éste se regresará para una nueva propuesta.

Fuentehttp://www.notiese.org/

Source: Junio 2014

Aborto. El psoe denuncia que el gobierno pretende “encarcelar” a las mujeres que aborten clandestinamente

Aborto. El psoe denuncia que el gobierno pretende “encarcelar” a las mujeres que aborten clandestinamente

La secretaria de Igualdad del PSOE, Purificación Causapié, ha afirmado hoy que su formaciónpolítica no entiende cómo el Gobierno está dispuesto a “encarcelar” o “tener en hospitales” a mujeres que se hayan expuesto a abortos clandestinos.

Así lo ha hecho saber en una rueda de prensa en la que los socialistas han valorado las últimas novedades sobre la reforma de la Ley del Aborto que prepara el Ejecutivo. “El Gobierno está causando conflicto donde antes no lo había. Hay enseñamiento contra las mujeres en forma de multas a aquellas que aborten fuera de los supuestos establecidos por la ley. Ello supondrá el encarcelamiento de mujeres pobres que hayan tenido que recurrir a abortos clandestinos”, explicó Causapié.

El PSOE considera que la nueva ley que el Ejecutivo quiere impulsar es contraria a los derechos y libertades de las mujeres y clasista, pues aboca a la clandestinidad a aquellas mujeres con menos recursos. Según datos recabados por los socialistas entre distintas organizaciones médicas, se seguirán haciendo los mismos abortos que hasta ahora, la mitad clandestinos, poniéndose en riesgo la vida de 20.000 mujeres.

Los socialistas denuncian que el Gobierno ha incluido el estudio de algunos informes sobre la reforma de la Ley del Aborto en el Consejo Interterritorial de Sanidad que se celebrará esta semana. 
“La misma ministra que impide que se estudien las consecuencias del impacto sanitario de esta reforma es quien permite el estudio de informes sesgados sobre el desarrollo de la misma”, denunció Causapié.

El PSOE reclama al Gobierno que envíe al Consejo de Estado, que ya avaló la ley de 2010, la propuesta de reforma del Ejecutivo.

Frente a esta situación, los socialistas anuncian un verano y un otoño “movidos” en el que encabezarán y se sumarán a movilizaciones junto con asociaciones sociales y organizaciones en defensa de los derechos de la mujer.

“El Gobierno pretende utilizar el verano para aprobar esta reforma. De este modo, impide que haya un debate sereno sobre la necesidad de su aprobación”, señaló Causapié.

En el terreno político, el PSOE utilizará las comunidades autónomas y los ayuntamientos para mostrar su descontento con la reforma, al tiempo que presentará en el Parlamento Europeo una iniciativa legislativa para garantizar los derechos sanitarios de las mujeres. 

(SERVIMEDIA)

Fuentehttp://noticias.lainformacion.com//

Source: Junio 2014

Aborto libre para mujeres libres

Aborto libre para mujeres libres

¿Cómo puede ser que un país democrático, que se considera a la cabeza de América Latina en materia social y de derechos, permita que se practiquen 160.000 abortos ilegales y siga estigmatizando a las mujeres que no quieren o no pueden ser madres en un momento determinado?

El proyecto de ley presentado por Bachelet, que contempla la despenalización del aborto en los supuestos de violación, riesgo vital para la madre o inviolabilidad del feto llegará al Parlamento el segundo semestre para ser debatido.

Sin obviar que es un claro avance social cabe preguntarse si es suficiente. Sobre todo porque la no legalización del aborto libre implica considerar que aquellas mujeres para las que se está legislando no están capacitadas para decidir por sí mismas si quieren o no traer un hijo al mundo. Y eso es muy grave.

Veamos primero algunos datos sobre el aborto en Chile

Desde el año 1931 y hasta 1989 el aborto terapéutico estuvo consagrado en la legislación chilena. A finales de la década de los 80 la Junta Militar aprobó su derogación sin consulta popular y así quedó reflejado en la Constitución.

Art. 344: La mujer que causare su aborto o consintiere que otra persona se lo causara será castigada con presidio menor en su grado máximo.
Si lo hiciere por oculta su deshonra, incurrirá en una pena de presidio menor en su grado medio.

Hoy  Chile es uno de los 34 países del mundo y de los 4 de América Latina donde el aborto está prohibido en todos sus supuestos.

Lejos de que esta situación prohibitoria arroje cifras bajas, se calcula que se practican unos 160.000 abortos ilegales al año en el país.

El método más usado para llevar a cabo la interrupción del embarazo clandestinamente es la ingesta de misoprostol, medicamento utilizado para la prevención y tratamiento de úlceras digestivas, ya que también provoca para la inducción del parto.

¿Cómo puede ser que un país democrático, que se considera a la cabeza de América Latina en materia social y de derechos, permita que se practiquen 160.000 abortos ilegales y siga estigmatizando a las mujeres que no quieren o no pueden ser madres en un momento determinado?

Les están robando la capacidad de decisión a las mujeres chilenas. ¿Acaso no son lo suficientemente inteligentes para saber si están preparadas, o si las condiciones en las que se encuentran son las adecuadas para ser madres?

En primer lugar falta educación sexual en el país. Falta información, falta romper el tabú y hablar más claramente de los métodos anticonceptivos y facilitarlos de forma gratuita si es necesario en centros habilitados para ello.

Y puede ser que, aún existiendo toda esa información y poniendo al alcance de los ciudadanos los métodos anticonceptivos necesarios, estos fallen. Porque no son implacables. O que llegado el momento la pasión haga que no se usen de la forma correcta.

Y nadie debería estar obligado a condicionar su vida por un error.

Ni las madres ni esos hijos no deseados que llegarían al mundo en muchos casos para que sus padres no les puedan brindar la estabilidad y el bienestar que merece cualquier ser humano.

¿O los que obligan a esa mujeres a parir les van a pasar una pensión mensual para que puedan atender de la forma correcta a sus hijos? ¿Los van a criar ellos acaso?

En vez de preocuparse tanto por un feto que todavía no siente ni padece, deberían preocuparse por los miles de niños que están en las calles, que pasan frío y hambre porque sus padres no estaban preparados para darles una vida digna y el estado no les permitió abortar.

También deberían preocuparse más por el trato dado a sus ciudadanas, indigno, a las que penan por elegir libremente lo que hacer con su vida.

Es el momento de dejar de tratar a las mujeres de este país como incompetentes y dejarlas hacer uso de su autonomía como ciudadanas de un país libre y democrático.
La maternidad es un derecho, no una obligación.

El Ciudadano

Fuentehttp://www.elciudadano.cl/

 

Source: Junio 2014