Es mi parto. Son mis derechos

Es mi parto. Son mis derechos

El caso de Irma, mujer mazateca que dio a luz sin asistencia médica afuera del centro de salud de Jalapa de Díaz, Oaxaca, puso de manifiesto las omisiones del Estado en la prestación de servicios de salud a las mujeres embarazadas y resaltó las violaciones a los derechos humanos cometidas en contra de ella y de infinidad de mujeres, ahora y desde hace mucho tiempo, de manera sistemática.

La imagen de una mujer con su recién nacido en la intemperie convirtió un acontecimiento de la vida privada en asunto de interés público. Desde que la fotografía de Irma, mujer mazateca que dio a luz sin asistencia médica afuera del centro de salud de Jalapa de Díaz, Oaxaca, dio vuelta al mundo por el impulso de las redes sociales, el parto ha sido resignificado por distintas voces. Periodistas, médicos, políticos, académicos, funcionarios públicos y activistas han puesto la atención en un evento que había sido de incumbencia única para la mujer y su círculo familiar. Que el caso de Irma fuera contenido periodístico durante varios días dio visibilidad al parto como tema de derechos humanos, que genera obligaciones al Estado como garante de los derechos reproductivos de las mujeres en el ámbito de la atención del embarazo, parto y puerperio.

La queja que Irma, acompañada legalmente por GIRE, presentó ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos puso de manifiesto las omisiones del Estado en la prestación de servicios de salud a las mujeres embarazadas y resaltó las violaciones a los derechos humanos cometidas en contra de ella y de infinidad de mujeres, ahora y desde hace mucho tiempo, de manera sistemática; por lo tanto, la acción que emprendió Irma debe asumirse como una reivindicación de los derechos humanos de todas las mujeres y no como un caso de mala fortuna ampliamente explotado en los medios de comunicación: la falta de atención obstétrica especializada, oportuna y de calidad idónea puso en riesgo el derecho a la vida de Irma y su recién nacido, así como su integridad física; el derecho a la salud y a una maternidad sin riesgo no fueron garantizados y se violó el derecho a la igualdad y no discriminación en el acceso a servicios de salud materna por razón de género, origen étnico y condición socioeconómica, atentando contra la dignidad humana y menoscabando derechos y libertades de que son titulares, tanto ella como su hijo.

Considerar los derechos vulnerados en la atención del parto, a partir de un caso como el de Irma, y exigir la reparación del daño contribuye al fortalecimiento de una cultura de derechos humanos, empodera a las mujeres en su reconocimiento como titulares de derechos y las coloca en una posición distinta frente al personal de salud y otros servidores públicos: dejan de ser consideradas como meras beneficiarias de servicios otorgados de forma graciosa por el Estado.

Esta perspectiva permite que las autoridades responsables de legislar, diseñar e implementar política pública de atención al parto, así como las responsables de emitir recomendaciones y sentencias en casos de vulneración, pongan en el centro de sus obligaciones los derechos humanos de las mujeres. Lo cual implica, entre otras cosas, la incorporación del enfoque de género, el respeto de la interculturalidad, la utilización progresiva de recursos económicos y humanos, el acceso a información completa, veraz y objetiva, así como el acceso a mecanismos efectivos de impartición de justicia.

La incorporación de la atención del parto como un asunto de derechos humanos nos conviene a todas y todos, ya que permitiría que una diversidad de personas e instituciones (parteras, personal médico, organizaciones de las sociedad civil, comisiones de derechos humanos, comisiones de arbitraje médico, tribunales) tengan cabida, que diversas voces sean escuchadas, pero sobretodo implica que las mujeres puedan ejercer sus derechos reproductivos con la convicción de que serán respetadas y, en caso de que no sea así, serán reparadas de manera integral.

En el marco de la Semana Mundial por el Parto Respetado, que concluyó el domingo 25 de mayo, reconocemos que falta mucho para que lo anterior se logre; sin embargo, casos como los de Irma, abordados desde una perspectiva de derechos humanos, permiten que hechos tan indignantes que sufren a diario las mujeres en México no queden como notas de prensa, sino que autoridades responsables, ciudadanía y organismos internacionales (p.e. CIDH) nos hagamos cargo de estas situaciones como lo que son: violaciones a los derechos humanos de las mujeres. En este sentido, tal como GIRE ha señalado ya en el informe “Omisión e Indiferencia. Derechos reproductivos en México”, vale la pena fortalecer los sistemas de quejas y campañas de información al interior de los hospitales e instituciones de salud, de forma que las mujeres puedan denunciar prácticas violatorias de derechos humanos. Asimismo, es necesario monitorear los mecanismos de información que se establezcan para conocer el cumplimiento de las recomendaciones emitidas por las comisiones de derechos humanos, así como los tiempos y modalidades, con el fin de que se haga justicia a las mujeres tomando siempre en cuenta sus peticiones e informándoles del estado que guardan los procesos.

* Rebeca Ramos Duarte es investigadora Jurídica y Dunia Campos comunicóloga

Fuenteanimalpolitico.com

 

Source: Mayo 2014